Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía

El pleito al sol y la justicia de Almudévar

2012-03-06T00:16:00.004-08:00

El gaditano José María Sbarbi y Osuna (Cádiz, 1834 – Madrid, 1910) fue un sacerdote y musicólogo que se hizo muy popular en su época al crear una revista quincenal llamada El Averiguador Universal; un cuadernillo de dieciséis páginas que apareció el 15 de enero de 1879. En aquel primer número, el editor explicó cuáles eran sus propósitos: Publicar en sus columnas cuantos documentos, noticias, descubrimientos y novedades se relacionen con todo aquello que entrañe verdadero espíritu de curiosidad (…) parece no excluir de su jurisdicción materia alguna, con todo, se propone firmísimamente eludir de su competencia toda cuestión que trate de dogma religioso ó de política vigente, por razones que no pueden ocultarse á la penetración del más sencillo lector.

Durante tres años estableció un gran vínculo con sus lectores, que le escribían para consultarle sobre algunas tradiciones españolas que se repetían en extremos muy distantes de nuestra geografía; así sucedió con el llamado pleito al sol [la acentuación del texto te puede resultar extraña pero era la habitual a finales del XIX]. Se cuenta que en Almudévar (Huesca) pusieron pleito al sol, porque cuando iban á la ciudad les daba de cara, y cuando volvían por la tarde, también, lo cual era muy incómodo para los viandantes. Acudió una comisión, en nombre de éstos, á querellarse del sol, ante el Justicia mayor [precedente histórico de los defensores del pueblo] con la pretension nada ménos de que remediára tal desacato del rubicundo Febo; y despues de varios dias de consulta entre los jurados, y de revolver en busca de antecedentes, empolvados infólios, uno de los jurados dio este dictámen en forma de consejo: “Que los de Almudévar empréndan el viaje á Huesca por la tarde, y el de regreso á su pueblo por la mañana, y entónces el sol les dará de espaldas, en vez de darles de frente”.

Aunque la anécdota se repite en otros puntos de España, siempre que la capital provincial se sitúe al Oriente del pueblo de quien narra la historia –es muy conocida la versión de Palencia con varios pueblos de la comarca de Tierra de Campos– he querido reseñar el ejemplo de esta localidad oscense porque Almudévar también protagoniza otra leyenda jurídica y satírica relacionada con la historia de un crimen. Se dice que cuando el único herrero de la villa mató a su mujer, fue detenido, juzgado y condenado a muerte, pero al ir a ejecutarlo, sus vecinos pidieron que –en su lugar– ahorcaran a uno de los tejedores, porque en el pueblo había varias personas que ejercían este oficio pero sólo tenían un único herrero. Este sería el origen del dicho: La Justicia de Almudévar: que pague quien no deba.

Al recopilar estas narraciones, Sbarbi –todo un experto que llegó a publicar una monografía paremiológica [un tratado de refranes] en 1871– decía que se puede distinguir en ellas entre refranes (que, por lo regular, son dichos festivos), adagios (dichos doctrinales) y proverbios (dichos históricos). Uno de estos últimos es el proverbio griego de la elocuencia de Demóstenes y el juicio del asno, del que ya tendremos ocasión de ocuparnos en otro in albis.

¿Desde cuándo pueden usar toga los graduados sociales?

2012-03-05T00:10:00.004-08:00

El 15 de junio de 1989, la Junta General del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona aprobó sus nuevos Estatutos y los presentó al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña para que procediera a inscribirlos; sin embargo, el Colegio de Abogados de Barcelona los impugnó al considerar que no se adecuaban a la legalidad vigente porque empleaban la expresión “o toga” en su Art. 17.h). Contra esta decisión, los graduados sociales interpusieron un recurso contencioso-administrativo, por entender que aquella resolución administrativa vulneraba el principio de igualdad (Art. 14 de la Constitución); pero el 10 de octubre de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a los abogados y acordó rectificar los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona en lo referente al uso de la toga en los Tribunales laborales.

Se recurrió en apelación al Tribunal Supremo y su sentencia 216/1992, de 20 de enero, resolvió que aunque en la reglamentación de los graduados sociales, vigente en aquel momento, sólo se aludía al traje profesional, el problema radicaba en las funciones procesales que les reconocía la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Art. 440.3, al disponer que en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación podrá ser ostentada por Graduado Social colegiado y en la conexión de este precepto con el contenido en el Art. 187.1º LOPJ al ordenar que en audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango (donde no se citaba a los Graduados Sociales).

Por ese motivo, según este colectivo profesional, a la identidad de sus funciones procesales con las de los Procuradores en los concretos procesos para los que se les ha reconocido esta capacidad, igual también ha de ser su derecho –o incluso deber legal– a usar la toga. El Supremo reconoció que esa identidad funcional existía efectivamente pero concluyó que los intervinientes en el proceso que se citaban tenían un rasgo ordinario común a todas ellas, el de ser Licenciados en Derecho, porque, dentro de sus respectivas competencias y funciones, su cometido abarca la totalidad de los casos e incidencias jurídicas que puedan acontecer en cualquier clase de procesos; y que esta no era la situación de los graduados sociales. Su falta de titulación adecuada para intervenir en todos los procesos los colocaba en un plano de especialización motivada por la insuficiencia de la preparación jurídica que reciben para enfrentarse a los problemas generales del Derecho, lo que explicaba razonablemente, según esta sentencia, que el legislador no los hubiera incluido al expresar a quiénes se extiende el deber de usar la toga en las actuaciones forenses.

La conclusión que estableció el Tribunal Supremo sobre el derecho al uso de la toga fue que: no ofrece duda que el legislador podrá mantener su uso en el ámbito mencionado o ampliarlo a quien estime oportuno. Pero lo que no procede es extenderlo mediante una interpretación jurisdiccional no derivada de los términos precisos y claros de la norma y tampoco exigida por el Art. 14 de la Constitución.

Como una sentencia no podía extender ese derecho a los Graduados Sociales, hubo que esperar a un acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprobó el Reglamento 2/2005, de Honores, Tratamientos y Protocolo en los Actos Judiciales Solemnes para que su Art. 33 estableciera expresamente quiénes usarán toga: Fiscales, Secretarios, Jueces de Paz, Abogados del Estado y demás Letrados de Servicios Jurídicos de las Administraciones Públicas, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales en actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados.

Los 200 años de la Lotería Nacional

2012-03-04T06:38:00.002-08:00

A comienzos del siglo XVI, Génova –una de las cuatro Repúblicas Marineras italianas, junto a Venecia, Pisa y Amalfi– estaba gobernada por un Consejo de 120 ciudadanos que se iba renovando periódicamente, eligiendo de 5 en 5 a los nuevos representantes de los genoveses. En 1519, cuando llegó el momento de votar, el senador Benedetto Gentile ideó un sencillo juego que primero se denominó Gioco del Seminario; luego Lotto della Zitella [solterona] y, finalmente, tan solo Lotto –nombre que acabó haciéndose universal– y que consistía en apostar por los favoritos de la fortuna para renovar aquellos 5 escaños en liza. De esta forma surgió el antecedente histórico de la lotería, un juego de azar que rápidamente se extendió con éxito por toda Europa.

En España, el nacimiento de nuestra propia lotería tuvo que esperar hasta el reinado de Carlos III, cuando una Real Orden de 30 de septiembre de 1763 creó la Beneficiata –llamada así porque la recaudación se destinaba a obras de beneficencia– con premios en metálico –reales y maravedíes– para quienes acertaran la combinación de cinco números sacados a la suerte de entre noventa que se publicaban en la Gaceta; por ejemplo, el 27 de diciembre de 1768 se podía leer que en la extracción de la Real Lotería que se ejecutó el sábado 17 de este mes salieron los números 79, 66, 84, 77 y 34 repartiendo un premio de 175 reales de vellón.

Seis años más tarde, en Nueva España (actual México), el mismo monarca autorizó una nueva lotería pero con distinto formato: el valor de todos los billetes se distribuía entre cada uno de ellos, dividiéndolos en décimos. El primer sorteo se realizó en Ciudad de México el 13 de mayo de 1771 y tuvo tanta aceptación que mientras convivió con la anterior modalidad, para no confundirlas, la de México se llamó Lotería Moderna y la de los números –la Beneficiata– pasó a denominarse Lotería Primitiva.

La Moderna llegó a la España peninsular en plena Guerra de la Independencia. Las Cortes generales y extraordinarias de la nación enteradas del proyecto que les fue presentado de una lotería nominada nacional, igual á la que hace muchos años se halla establecida en Nueva-España celebraron una sesión el 23 de noviembre de 1811 y aprobaron –por unanimidad– la celebración de estos sorteos como un medio de aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes. Como resultado, quince días antes de que las Cortes se reunieran en Cádiz para decretar La Pepa (la Constitución Política de la Monarquía Española), se celebró en la capital gaditana el primer sorteo de la Lotería Nacional. Era un día como hoy pero de hace dos siglos: el 4 de marzo de 1812.

Al concluir la guerra, aquellos sorteos que durante el conflicto no habían tenido repercusión más allá de Cádiz, San Fernando y Ceuta, empezaron a popularizarse por todo el país. El 14 de agosto de 1813, la Gaceta de Madrid publicó la Instrucción de la Lotería Nacional de España establecida en Cádiz, un completo reglamento en el que ya se reguló que todos los billetes que resultaren sobrantes en cada sorteo jugarán a cuenta de la real Hacienda. Aquel año se introdujeron las bolas de madera en los cilindros, en lugar de utilizar cédulas de papel y, un año después, la sede del sorteo se trasladó definitivamente de Cádiz a la Plazuela de San Ildefonso, en Madrid.

La impertinente prueba del suero de la verdad

2012-03-02T03:24:00.004-08:00

El 23 de septiembre de 1995, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a tres procesados por asesinato, robo y delito contra la salud pública; pero, basándose en su derecho a valerse de todos los medios de prueba pertinentes y que sean necesarios para su defensa, uno de los condenados interpuso un extenso recurso ante el Tribunal Supremo. La parte recurrente solicitó (…) que se le tomase declaración bajo los efectos de alguna sustancia que, conocida vulgarmente como el suero de la verdad, facilitase la exploración del subconsciente y ayudase a determinar si ha existido fabulación en las declaraciones prestadas en la Comisaría de Policía y ante el Juez de Instrucción cuando afirma que no ha tenido participación en la precipitación al vacío de [la víctima]. Dicha prueba fue rechazada por la Audiencia Provincial.

La respuesta del Alto Tribunal español (STS 4435/1997, de 23 de junio) fue muy clara y tajante: esta Sala, en las sentencias de 28 de abril de 1992 y 26 de noviembre de 1991, ha manifestado que la confesión arrancada mediante torturas, hipnosis o sueros de la verdad está prohibida implícitamente por el Art. 15 de la Constitución; y añadió: tampoco es admisible cuando la solicitan los propios imputados ya que la dignidad humana y la libertad o autonomía de la voluntad no son negociables. El ordenamiento jurídico (…) ha de velar por estos valores explícitos en el texto constitucional. El imputado no puede invitar a que le torturen ni a que le inyecten fármacos que le lleven a una pérdida de su libertad. Si a ello se accede, el ser humano ha perdido no solo su libertad sino también su dignidad y grandeza.

En su segundo fundamento de derecho, la sentencia concluye afirmando que la persona a la que se le imputa la comisión de un hecho delictivo, tiene derecho a guardar silencio y a reservarse aquellos datos o hechos que considere perjudiciales a sus intereses, para lo que es necesario disfrutar de un absoluto dominio de la voluntad. Su declaración tiene el contenido que ha querido darle, sin que sea más o menos cierta por el hecho de que posteriormente realice otra bajo los efectos de los llamados sueros de la verdad. Si se admite científicamente, cosa discutible, que el suero de la verdad impide alterar la veracidad de lo declarado, tenemos que reconocer que la voluntad se encuentra cautiva y bajo los efectos enervantes de los fármacos suministrados. Ello nos lleva a considerar que si el resultado de la declaración fuera desfavorable para el imputado, sus consecuencias no podían ser aceptadas por el sistema, al ser el producto de su falta de voluntad para regular el contenido de lo declarado. En su consecuencia, es claro que la prueba solicitada carecía de pertinencia y, por tanto, debía ser rechazada como acertadamente hizo la Audiencia Provincial.

Esta sentencia es muy importante porque sentó una jurisprudencia que, desde entonces, ha sido invocada habitualmente al hablar del suero de la verdad; por ejemplo, en el auto 245/2010, de 15 de junio, de la Audiencia Provincial de Cádiz, el magistrado la cita expresamente: el inculpado se ofrece a declarar bajo los efectos del denominado suero de la verdad, que como es sabido, siempre se han rechazado de plano por la jurisprudencia (valga por todas, la STS de 23 de junio de 1997).

El suero de la verdad –como ha señalado Antonio L. Manzanero en su magnífico libro Memoria de testigos, Pirámide, 2010)– tuvo su origen en una solución al 2 por ciento de clorhidrato mórfico y al 0,1 por ciento de bromhidrato de escopolamina que el Dr. Robert House diseñó, en 1918, para inyectárselo a los sospechosos hasta alcanzar el automatismo onírico, que supuestamente vencería la resistencia a colaborar.

Palabras sueltas (X): sinalagmático, quirografario y ológrafo

2012-03-01T00:20:00.004-08:00

Las tres palabras sueltas de hoy nos remiten al Código Civil español y a otros tantos conceptos que tienen su origen etimológico en el idioma griego. En primer lugar, la expresión contrato sinalagmático se refiere a las obligaciones bilaterales y recíprocas que contraen, por ejemplo, quienes formalizan un contrato de compraventa (Art. 1445 CC) en el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente; es decir, la naturaleza esencial de este contrato es bien sencilla: dos partes celebran un acuerdo en el que se obligan recíprocamente, de modo que el vendedor tiene la obligación de entregar una cosa al comprador y éste de pagar su precio por ella. Desde la época de la Grecia clásica, esas obligaciones mutuas se denominan sinalagmas y de ahí lo de sinalagmático.

El segundo concepto se refiere a los acreedores quirografarios. Cuando dos personas firman un contrato “a mano” –quiro, en griego– sin que intervenga ningún notario, el crédito de estos acreedores no tendrá ninguna preferencia a la hora de poder cobrarlo. Recordemos que el Art. 1921 CC establece que los créditos se clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este capítulo se establecen (es decir, la prelación de créditos regulada en los Arts. 1926 CC y siguientes). El acreedor quirografario quedará englobado en el cajón de sastre del pago de los demás créditos y será uno de los últimos que pueda cobrar del remanente que vaya sobrando –si queda algo– tras haber satisfecho todas las demás deudas que sí que estaban garantizadas.

Por último, si el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos (Art. 667 CC) se denomina testamento, éste puede adoptar diversas formas que se engloban en testamentos especiales (militar, marítimo y realizado en un país extranjero) y comunes (abierto o cerrado –en función de si el testador revela o no su última voluntad ante quien lo autoriza– y ológrafo). Nos encontramos ante un testamento ológrafo cuando el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el Art. 688. Este precepto señala que sólo podrá otorgarse por personas mayores de edad y, para que sea válido, deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue; es decir, su última voluntad deberá estar escrita entera a mano, todo –olo, en griego– de su puño y letra.

¿Qué es el BlueStar?

2012-02-29T00:13:00.004-08:00

Al resolver un caso de violencia de género, uno de los antecedentes de hecho de la sentencia 33/2011, de 5 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mencionó que los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) realizaron una inspección ocular procediendo a aplicar reactivos químicos (Bluestar) al efecto de poder visualizar si había sangre, dando positivo e informando las médicos forenses que dicha cantidad de sangre era incompatible con la vida. Gracias a las series de televisión –y, en especial, a la franquicia de CSI en Las Vegas, Miami y Nueva York– nos hemos acostumbrado a ver cómo los departamentos de criminalística esparcen cantidades ingentes de luminol como reactivo para hallar restos biológicos de sangre. Entonces, ¿qué es el BlueStar? En el fondo documental del CENDOJ –en el que puedes consultar, gratuitamente, la jurisprudencia española– esta resolución del TSJ de Cataluña es la única sentencia que lo menciona.

Hasta ahora, en las pruebas orientativas para localización de manchas de sangre utilizamos principalmente dos: la bencidina y el luminol. Así se expresó un agente de policía durante un juicio en el que se demostró la profunda limpieza llevada a cabo por el acusado (en palabras de la sentencia 3316/2006, de 30 de mayo, de la Audiencia Provincial de Pontevedra). Los agentes que intervinieron en la inspección ocular testificaron –literalmente– que el famoso luminol tiene muchas interferencias con la lejía, la bencidina no tanto (…) no puede olvidarse, que la lejía ataca la sangre, la degenera, con lo que sí puede ser que existiera una mancha pero que hubiera sido tan degradada biológicamente que a la bencidina dé positivo, pero la mandes a ADN y te diga que no ha salido ADN (…) máxime cuando ello se ha aplicado sobre un material poroso como es una plaqueta, con lo que podría ser sangre, pero tan degradada, que aún con las técnicas actuales que son muy sensibles ya no se pudiera hacer nada.

Para evitar esas situaciones, el BlueStar –que, en sentido estricto, no deja de ser el nombre comercial de una marca registrada como BlueStar® Forensic– es un nuevo reactivo, basado en el luminol, que los investigadores forenses utilizan para revelar las manchas de sangre que hayan sido lavadas, limpiadas o que sean invisibles a simple vista. Según su fabricante, se basa en la quimioluminiscencia y no altera el ADN de la sangre revelada.

Si el origen del luminol se remonta a 1853; el del nuevo reactivo tiene apenas una década: en el año 2000, Loïc Blum, profesor de bioquímica de la Universidad Claude Bernard (Lyón 1, Francia) recibió el encargo de encontrar una nueva fórmula a partir del luminol que eliminara todos sus inconvenientes (que los cambios de temperatura no afectasen a los resultados, que detectara las manchas más diluidas, que necesitara menos tiempo de exposición para reactivarse, etc.). El resultado es el que ahora comienzan a utilizar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La esfera del agere licere

2012-02-28T00:14:00.004-08:00

Tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se puede decir que la libertad religiosa tiene una doble dimensión: interna y externa. Por un lado, esa libertad garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual (STC 177/1996, de 11 de noviembre); es decir, cada uno, en su fuero interno, puede creer o no en lo que quiera. Pero, a su lado, también existe una dimensión externa –el denominado agere licere (locución latina traducible, libremente, como: llevar a cabo [algo] con licencia)– que permite a los ciudadanos externalizar ese claustro íntimo, actuando con arreglo a sus propias convicciones y manteniéndolas frente a terceros (STC 137/1990, de 19 de julio). Ese reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere se complementa con su dimensión negativa: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Según otra sentencia del mismo órgano, la STC 101/2004, de 2 de junio, la dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso» (…) tales como las que se relacionan (…) con los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades.

Si no existiera esta esfera del agere licere –como señaló el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Sieira (voto particular en la STS 341/2009, de 11 de febrero)– y no pudiéramos mostrar públicamente nuestras convicciones y creencias, el Art. 16 de la Constitución, se vaciaría de contenido específico reduciéndolo sin más a una mera libertad de pensamiento y de expresión para difundir las propias ideas.

La dosis mínima psicoactiva

2012-02-27T00:23:00.002-08:00

El 24 de enero de 2003, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebró un pleno no jurisdiccional de unificación de criterios –para las resoluciones que dictasen relativas a los delitos contra la salud pública– en el que acordó dirigirse al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que fuese este organismo –que depende del Ministerio de Justicia– quien propusiera unos mínimos, científicamente considerados, como exentos de cualquier afectación a la salud de las personas; es decir, establecer el umbral toxicológico en el que las drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas afectan a las funciones físicas o psíquicas de una persona. El 13 de enero de 2004, una Comunicación del Servicio de Información Toxicológica del Instituto entregó al Supremo el cuadro con las dosis mínimas psicoactivas de las principales sustancias tóxicas que son objeto del tráfico de drogas y, seis días más tarde, la sentencia del Tribunal Supremo 126/2004, de 19 de enero, incorporó aquellos criterios en su fundamentación.

En el caso de la heroína, los datos señalaron que la dosis mínima psicoactiva ha de situarse en 0,66 miligramos de principio activo puro. Para la cocaína, otra sentencia del Tribunal Supremo –la 5134/2011, de 21 de julio– indicó que esa dosis se debe situar en 0,50 miligramos de principio activo puro. En cuanto a otras sustancias tóxicas, el cuadro que elaboró el Instituto Nacional de Toxicología también citó las siguientes dosis, tal y como ha señalado el reciente auto del Tribunal Supremo 12908/2011, de 15 de diciembre: 10 miligramos de hachís y 20 miligramos de MDMA (metilendioximetanfetamina o éxtasis).

Estas pautas fueron ratificadas en otro Pleno posterior, de 3 de febrero de 2005, en el que se acordó continuar manteniendo estos parámetros hasta que se produjera una reforma legal o se adoptaran otros criterios o una decisión alternativa (STS 1168/2009, de 12 de noviembre).

Las medidas legales de protección de testigos

2012-02-24T06:23:00.003-08:00

La Constitución española contempla el deber de colaborar con la Justicia en el Art. 118 cuando señala que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Asimismo, el Art. 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley. El problema surge cuando los ciudadanos se muestran reticentes a colaborar con la administración de Justicia en determinadas causas penales por miedo a sufrir represalias; temor que conlleva una importante consecuencia: que el proceso se celebre sin contar con su valioso testimonio y prueba, lo que perjudicaría la recta aplicación del ordenamiento jurídico-penal y facilitaría, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables.

Así se expresaba, a mediados de los años 90, el preámbulo de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de peritos y testigos en causas criminales; una norma que trató de hacer posible el equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y la tutela de los derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares (su cónyuge –o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad–, sus ascendientes, descendientes o hermanos).

Es el juez quien apreciará el grado de riesgo o peligro para aplicar todas –o alguna– de las medidas legales de protección previstas, cuando las considere necesarias. En este caso, el Art. 2º de la Ley Orgánica establece que el Juez instructor acordará motivadamente, de oficio o a instancia de parte (…) las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado, pudiendo adoptar las siguientes decisiones: a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave; b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; y c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.

El Art. 3.2º también prevé que, si la circunstancia del grave peligro se mantuviera una vez que ya hubiera finalizado el proceso, a los testigos y peritos se les brindará protección policial y, en casos excepcionales, incluso se les podrá facilitar documentos con una nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo.

Fuera de España, en el ámbito europeo, existe una breve Resolución del Consejo de la Unión Europea de 23 de noviembre de 1995 relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional. Como es habitual en la normativa comunitaria –algo que siempre resulta muy práctico– la Resolución comienza definiendo qué es un testigo: toda persona, cualquiera que sea su situación jurídica, que disponga de información o de datos considerados importantes por las autoridades competentes de las diligencias penales y cuya divulgación pueda poner en peligro a dicha persona. Entre otras orientaciones, el Consejo establece que: los testigos deberían estar protegidos contra cualquier forma de amenaza, presión o intimidación directa o indirecta; los Estados miembros deberían garantizar la protección adecuada y efectiva del testigo, antes, durante y después del proceso si así lo estiman necesario las autoridades competentes; esta protección debería también garantizarse a los padres, hijos u otros allegados del testigo en caso necesario, de forma que se evite cualquier forma de presión indirecta; por razón de extrema gravedad de una amenaza, cabría la posibilidad de autorizar al testigo y, en su caso, a las personas de su entorno a cambiar de identidad.

Asimismo, en el marco de la ONU, el Art. 13 de la Convención de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984, sobre la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes también señaló que: Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Medioambiente (V): los ecodaños puros

2012-02-23T00:18:00.002-08:00

El origen de este concepto se remonta a los años 90, cuando la doctrina alemana acuñó los términos Öko-Schäden (ecodaño) y Ökologischer Schäden (daño ecológico). A partir de aquel momento se empezó a distinguir entre los daños medioambientales que provocaban sus efectos en una persona determinada o en su patrimonio (lo que permitía individualizar al afectado) de aquellos otros daños que lesionaban a la generalidad del Medioambiente: las especies silvestres (flora y fauna), los hábitat, los suelos, las aguas (continentales, costeras y de transición) o las riberas de mar y de rías (de dominio público marítimo-terrestre, según la Ley de Costas). Pensemos, por ejemplo, en los peces de un río que mueren envenenados como consecuencia de un vertido tóxico; esa fauna no pertenece a nadie en concreto (por lo que estaríamos hablando de un daño ecológico puro); en cambio, si esa intoxicación afectara a los alevines de trucha criados en una piscifactoria, sí que podríamos individualizar los daños en el dueño de esa empresa (y, en este sentido, no se trataría de un ecodaño puro porque el perjudicado no habría sido el Medioambiente, como tal, sino la Piscifactoría X del Señor Z).

Para prevenir y reparar los daños ecológicos puros, la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental, estableció un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter ilimitado (quien causa un daño al medioambiente tiene la obligación de devolver los recursos naturales afectados a su estado original, sufragando el coste total al que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras) y objetivo (se le impone esta obligación con independencia de que su comportamiento fuera culposo, doloso o negligente). Este régimen –que se basa en los principios de prevención y de que quien contamina paga– se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. De esta forma –como señala la norma española en su preámbulo– se completó el marco legal de protección de los recursos naturales, pues los daños medioambientales con origen en la comisión de infracciones administrativas o penales ya estaban tipificados por las distintas normas sectoriales.

¿En qué se diferencian las organizaciones criminales y los grupos criminales?

2012-02-22T00:21:00.002-08:00

Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Kofi Annan –que por aquel entonces aún era secretario general de la ONU– se mostró así de elocuente en el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional; el acuerdo con el que la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial y que se firmó en Palermo –se me ocurren pocos lugares tan adecuados como la capital siciliana– el 13 de diciembre de 2000.

Las definiciones contenidas en su Art. 2º distinguen entre grupo delictivo organizado (un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material) y grupo estructurado (grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada).

Ocho años más tarde, para completar el importante trabajo realizado por las organizaciones internacionales, la Unión Europea aprobó la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada. En este caso, la norma comunitaria distinguió entre organización delictiva (asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material) y asociación estructurada (organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura desarrollada).

El objetivo europeo era mejorar la capacidad común de la Unión y de sus Estados miembros con el fin, entre otros, de luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza (…) mediante la armonización de las legislaciones. Como consecuencia, España tuvo que modificar nuestro Código Penal –mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio– para introducir los nuevos Arts. 570 bis, ter y quáter: De las organizaciones y grupos criminales.

El Art. 570 bis definió la organización criminal como: agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas. Por su parte, el Art. 570 ter señaló que, a los efectos de este Código, un grupo criminal es la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas.

La organización y el grupo criminal coinciden en la pluralidad de su elemento subjetivo (más de dos personas) y en su elemento objetivo (cometer delitos o faltas, reiterada y concertadamente). Entonces, ¿en qué se diferencian? La organización criminal requiere que esa agrupación tenga carácter estable (o por tiempo indefinido) y que actúe coordinadamente, repartiéndose las tareas o funciones (estructura jerárquica). Si no concurren estas dos circunstancias –estabilidad y jerarquía– nos encontraríamos ante un grupo criminal.

El derecho a ser olvidado

2012-02-21T00:08:00.001-08:00

El 29 de abril de 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa –la organización paneuropea que reúne a 47 países del Viejo Continente (es decir, todos excepto la habitual oveja negra: Bielorrusia)– decidió que, a partir de entonces, cada 28 de enero se celebraría el Día Europeo de la Protección de Datos. ¿Por qué esa fecha en concreto? Fue un homenaje al día en que se abrió a la firma (para ratificarlo) el Convenio nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que –según este organismo– ha sido la piedra angular de la protección de datos, tanto en Europa como en el resto del mundo, durante más de 30 años.

En 2012, el Parlamento Europeo –donde “sólo” están representadas las 27 naciones de la Unión Europea– aprovechó esta celebración para comentar algunos de los datos publicados en el Eurobarómetro (sondeo que analiza la opinión pública europea) relativo a la protección de datos. Las conclusiones más significativas fueron que: el 74 por ciento de los europeos considera que revelar información personal forma parte de nuestra vida moderna; que el 75 por 100 opina que deberían poder borrar la información y los datos personales que los sitios web almacenan sobre ellos y, finalmente, que el 67 por ciento de los europeos ni tan siquiera sabe que en su país existe una autoridad responsable de la protección de sus derechos relacionados con los datos privados (en España, la AEPD).

Con esta base, Europa tiene algunos deberes pendientes: actualizar la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, para adecuarla a los requisitos exigidos por la era digital, unificar los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros y –como ha señalado la eurodiputada Birgit Sippel– garantizar a todos los ciudadanos europeos el derecho a ser olvidados, de forma que sus datos sean borrados cuando desaparezcan las circunstancias para las que fueron almacenados.

Los minaretes y el polémico Art. 72.3º de la Constitución suiza

2012-02-20T00:58:00.004-08:00

El 1 de enero de 2000 entró en vigor la nueva Constitución Federal de la Confederación Helvética, de 18 de abril de 1999. Dentro del Título 3º se regulan la distribución de competencias entre la propia Confederación y los cantones que la integran y, en concreto, el Art. 72 establece el marco de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El primer párrafo reglamenta que esta materia es competencia cantonal, aunque el segundo párrafo puntualiza que, dentro de los límites de sus respectivas competencias, tanto la Confederación como los cantones pueden adoptar las medidas necesarias con el objeto de mantener la paz entre los miembros de las distintas comunidades religiosas. En 2009, el Art. 72 incorporó un insólito tercer párrafo: La construction de minarets est interdite; es decir, se prohíbe la construcción de minaretes.

A comienzos de 2005, en Suiza sólo existían dos minaretes casi, casi históricos: los de Zúrich y Ginebra. Aquel año, se levantó un tercero en Winterthur, tan solo un par de meses después de que la comunidad turca de Wangen solicitara a la administración la autorización para edificar uno pequeño, de apenas seis metros de altura, que se acabó convirtiendo en una auténtica odisea administrativa y judicial hasta que se pudo construir e inaugurar a mediados de 2009.

Durante los cuatro años que duró ese litigio, el ataque de un grupo islamista al metro de Londres (2005) y la enorme polémica que generaron las caricaturas de Mahoma (2006) en Dinamarca, en el resto de Europa y en todo el mundo, radicalizaron aún más los ánimos de quienes comenzaron a temer que el Islam empezaba a ser demasiado visible en el idílico paisaje suizo; por ese motivo, en 2007, dos partidos políticos presentaron en Berna una iniciativa legislativa popular para recabar apoyos y prohibir, constitucionalmente, la construcción de minaretes. Lograron 114.895 firmas y, dado que jurídicamente la propuesta era irreprochable, se convocó el referéndum a pesar de que el propio Gobierno federal se mostró en contra de esta iniciativa; igual que los grandes partidos suizos e incluso otras confesiones religiosas. Al final, el 29 de noviembre de 2009 se celebró una votación popular –que en este país son bastante habituales (tienen esa suerte; en España, la clase política debe considerar que ir a las urnas, cada 4 años, legitima una suerte de cheque en blanco para no volver a opinar sobre nada hasta la convocatoria de las siguientes elecciones)– y ganó la prohibición.

Según los argumentos del Comite d'initiative contre la construction de minarets (www.minarets.ch) su propuesta quiso prohibir un símbolo de político-religiosa que excluye la tolerancia para garantizar la libertad religiosa de todos. Recibieron el 57,5% de los votos de modo que, actualmente, esa prohibición ya forma parte de su Constitución. Otros autores –como el teólogo y jurista Erwin Tanner (Los minaretes de la discordia, 2011, Icaria)– opinan que, desde el punto de vista del ejercicio de la libertad religiosa, la inclusión de este precepto en la Carta Magna suiza se puede calificar de desproporcionada, innecesaria, irracional, intolerante, ilimitada, restrictiva, rígida, radical… y lo peor de todo es que se trató de una decisión que se adoptó democráticamente.

¿Puede haber partidos políticos que sean confesionales?

2012-02-17T07:26:00.000-08:00

Aunque en los últimos tiempos, la clase política y los partidos políticos se han convertido en uno de los principales problemas de los españoles, según los barómetros del CIS, la Constitución española de 1978 les confiere una gran importancia, como es lógico en un Estado democrático; de ahí que, en el Art. 6º, reconozca que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Posteriormente, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP), desarrolló este precepto constitucional enfatizando que los partidos deben ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y de legalidad (actuación sujeta a lo dispuesto en la Constitución y las leyes) y que ejercerán libremente sus actividades, respetando los valores constitucionales (expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos) y desarrollando sus funciones con pleno respeto al pluralismo.

En este ámbito, podemos decir que nuestra normativa consagra una triple vertiente del principio de libertad; es decir, se reconocen dos libertades positivas (de creación de partidos políticos y de afiliación) y una libertad negativa de pertenencia o participación (si la afiliación a un partido político es libre y voluntaria, nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en él).

Partiendo de esa base, el Art. 1º de la LOPP establece que los españoles podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley Orgánica; precepto que deja fuera, expresamente, a quienes no tengan la nacionalidad española. En cuanto a la capacidad para constituirlo, esta norma sólo exige que Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal [delitos contra la Constitución, el orden público, la comunidad internacional y traición]. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.

Respetando esas reglas de juego, ¿un español puede crear un partido político que sea confesional? Sí, no hay motivos que se lo impidan y, de hecho, existen numerosos ejemplos.

El 10 de diciembre de 2002 el Ministerio del Interior inscribió en el Registro de Partidos Políticos al partido Unión de Musulmanes de Ceuta; siete años después, el 23 de julio de 2009 se registró al Partido Renacimiento y Unión de España, con domicilio social en Langreo (Asturias). Según los Estatutos de este último, el PRUE –que también se autodenomina PRUNE– es un partido político de ámbito de actuación nacional, que se constituye para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, con arreglo a los siguientes fines específicos (…) desde la consideración del Islam como fuente de dichos principios. El PRUE tendrá en cuenta al Islam en su actuación política, considerándolo como factor determinante para la regeneración moral y ética de la sociedad española. Las prácticas usurarias en las transacciones comerciales y el interés bancario, entre otras cosas, no tendrán cabida en una sociedad gobernada por el PRUE. Asimismo actuará desde el más absoluto respeto y acatamiento de la Constitución Española y la normativa legal vigente.

Pero los partidos confesionales españoles no se limitan al ámbito musulmán; entre los 3.962 partidos registrados en el Ministerio del Interior desde 1979 hay 6 formaciones políticas que se autodefinen como cristianas: Cristianos para la Democracia (Málaga), Partido Cristiano Democrático de Huelva, Partido Español Cristiano (Madrid), Partido positivista Cristiano (Algeciras, Cádiz), Partido Social-Cristiano de Asturias y Partido Sociolaboral Cristiano (Zaragoza); además del PASE, el Partido de Acción Social Evangélica (Sabadell, Barcelona). No encontré ninguno que fuera judío, ortodoxo o de otras creencias.

Medioambiente (IV): Quien contamina paga [o el principio de las tres pes (PPP)]

2012-02-16T00:41:00.001-08:00

Como vimos ayer, la preocupación legal por el medio ambiente surgió hace relativamente poco tiempo, en los años 70 del siglo XX; en concreto, el año fetiche fue 1972, cuando la ONU estableció el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y se celebró la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano (donde se proclamó que los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma). A raíz de aquel intenso ejercicio, el proceso de reconocimiento y concienciación internacional fue imparable. Incluso España aprobó la Ley 38/1972, de 22 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, en la que –expresamente– se reconocía que la degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas capitales que la Humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo.

En ese momento, una recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –sí, también de 1972– formuló por primera vez el famoso principio de quien contamina paga que, tres años más tarde, se introdujo plenamente en el argot europeo como uno de los principios orientadores de sus políticas medioambientales. Según la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril: la prevención y reparación de los daños medioambientales debe llevarse a cabo mediante el fomento del principio con arreglo al cual "quien contamina paga", tal como se establece en el Tratado y coherentemente con el principio de desarrollo sostenible. El principio fundamental de la presente Directiva debe, por tanto, consistir en que un operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan daños medioambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades financieras. En el ámbito anglosajón, este principio es conocido por las siglas en inglés de polluter pays principle; es decir, el PPP.

Medioambiente (III): Los primeros antecedentes de la preocupación legal por el medioambiente

2012-02-15T00:28:00.005-08:00

Es triste reconocer que esta preocupación no ha cumplido ni tan siquiera medio siglo. Antes de los años 70 hubo algunos antecedentes que dejaban intuir cierto interés por el medioambiente pero siempre bajo un punto de vista más económico que ecológico; por ejemplo, cuando el Gobierno de los Estados Unidos denunció a la Fundición Trail, de Canadá –instalada en 1896 al otro lado de la frontera, junto al río Columbia– por las emanaciones de dióxido sulfúrico que contaminaban los campos de cereales del Estado de Wáshington, no lo hizo por amor al medio ambiente sino, simplemente, por los perjuicios económicos que aquellos gases estaban ocasionando a su agricultura. De igual forma, unos años más tarde, en 1902, doce países europeos firmaron en París la Convención Internacional para la Protección de las Aves Útiles a la Agricultura que, como resulta evidente por su elocuente denominación, protegía a los pájaros simple y llanamente porque resultaban de utilidad en las tareas agrícolas.

Junto a este factor puramente economicista, la época anterior a los años 70 se caracterizó porque los daños al medio ambiente se producían en actividades transfronterizas (así ocurrió con la protección de las focas del Mar de Béring, también en la frontera de EE.UU. y Canadá; o, más al Sur, con el largo conflicto que enfrentó a EE.UU. con México por la salinidad del río Colorado). En ambos casos, no se trataba de verdaderas cuestiones internacionales sino de problemas entre vecinos, que tenían un efecto dañino sobre su entorno medioambiental.

Lo más cercano a nuestro actual concepto de protección del medioambiente fue la creación de los parques de Yosemite y Yellowstone (EE.UU.) en 1864 y 1872, respectivamente; y, en el caso español, la Ley de creación de los Parques Nacionales publicada, el 8 de diciembre de 1916, con el exclusivo objeto de (...) respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora (...) evitando de este modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro ó desfiguración por la mano del hombre. Un texto casi pionero.

Con estos antecedentes podemos comprender que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948, no existiera ninguna referencia ni al medio ambiente ni a ningún otro derecho de los que ahora conocemos como tercera generación (solidaridad); porque, en aquel momento, el mundo aún se encontraba en una etapa anterior, proclamando los derechos civiles y políticos (primera generación: basada en el concepto de libertad) y los económicos, sociales y culturales (segunda generación: igualdad); y el medio ambiente apenas se reguló en la legislación de aquel tiempo o en alguna Constitución de la época –salvo honrosas excepciones como el Art. 9.2 de la Carta Magna italiana de 1947, al hablar de la tutela del paisaje; o el Art. 89 de la Constitución de Costa Rica de 1949, protegiendo las bellezas naturales de la República– porque nada más concluir la II Guerra Mundial –el conflicto más destructivo que ha conocido la humanidad, con 70 países implicados, más de 40.000.000 de muertos y una cifra similar de heridos y desplazados– las naciones estaban más preocupadas por reconocer el derecho a la vida, la integridad o la dignidad del ser humano que por velar por nuestro entorno. En los años 70 y, sobre todo, desde 1972, comenzó a surgir la preocupación legal por el medioambiente, como veremos en otro in albis.

El concepto legal de droga

2012-02-14T00:13:00.002-08:00

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, revisó el Código Penal español de 1995 para introducir algunos reajustes –según la expresión del propio legislador– en diversas materias como, por ejemplo, el tráfico de drogas, de acuerdo con la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Por ese motivo, se dio nueva redacción al tipo básico del narcotráfico, el Art. 368 CP: Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370.

En este delito, el bien jurídico que se protege es la salud pública y la conducta que resulta punible es promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; pero la normativa española no define legalmente ninguno de esos tres conceptos, de modo que debemos remitirnos al Derecho Internacional, como sucedió con la propia Decisión Marco europea de 2004, que también definió las drogas de acuerdo con los convenios de las Naciones Unidas.

Según el glosario de términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros tratados internacionales que se ocuparon del control de la producción y de la distribución de sustancias psicoactivas fueron dos conocidos convenios abolicionistas: la Ley General de Bruselas de 1889-1890 y la Convención de Saint Germain-en-Laye de 1912, sobre tráfico de licores en África durante la época colonial; pero el primer tratado que abordó las sustancias controladas fue el Convenio de la Haya de 1912. Sus disposiciones y las de otros tratados posteriores se consolidaron en dos convenios de la ONU:

En primer lugar, la Convención Única sobre estupefacientes de 1961 (enmendada por un Protocolo de 1972) –que entró en vigor en España en 1977– los define como cualquiera de las sustancias de las listas I y II, naturales o sintéticas (e incluye un extenso anexo: del acetimetadol a la trimeperidina, en el primer listado; y de la acetildihidrocodeína a la folcodina, en el segundo).

Y, en segundo lugar y manteniendo esa misma línea enumerativa, el Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas, de 1971 –vigente desde 1976– que las describe como cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de la Lista I, II, III o IV (por ejemplo: ácido lisérgico, anfetaminas, pentobarbital y fenobarbital, respectivamente).

Por último, en cuanto al tercer concepto –las drogas tóxicas– los doctores Marta Domínguez y Aitor Curiel (Manual de lucha contra la droga, Aranzadi, 2011) recuerdan la conocida definición que aprobó la OMS: Droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones (a drug is any substance that when taken into the living organism may modify one or more of its functions).

¿La celda de un recluso es inviolable como un domicilio?

2012-02-13T00:11:00.000-08:00

El Art. 18.2 de la Constitución Española de 1978 establece que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; es decir, que nuestra Carta Magna admite la entrada o el registro de un domicilio en tres situaciones: cuando lo consienta su propio titular, mediante resolución judicial o en caso de flagrante delito. Para el Tribunal Constitucional español, el contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio es fundamentalmente negativo: lo que se garantiza, ante todo, es la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro (STC 189/2004, de 2 de noviembre).

Mientras que para el Art. 40 del Código Civil, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual (para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles); a la hora de hablar de su inviolabilidad, el Constitucional ha ido ampliando el concepto de domicilio para incluir a las segundas residencias, los vehículos e incluso a la habitación que reservamos en un hotel. ¿Qué ocurre entonces con las celdas? La respuesta la encontramos en otra sentencia del Constitucional, la STC 89/2006, de 27 de marzo: la celda que ocupa un interno en un establecimiento penitenciario no es su domicilio en el sentido constitucional del término.

En su primer fundamento jurídico, esta resolución afirma que aunque sea innegable que la celda de un centro penitenciario sea un ámbito de intimidad para su ocupante, un "espacio apto para desarrollar vida privada" (STC 283/2000, de 27 de noviembre) en la medida en que la misma cabe en una situación tal de reclusión, también lo es que tal recinto no reúne las características de haber sido objeto de elección por su ocupante ni la de configurarse como un espacio específico de exclusión de la actuación del poder público. Bien al contrario, el ingreso en prisión supone la inserción del ciudadano en un ámbito de intenso control público del que resulta la imposibilidad de generar un domicilio en el sentido constitucional del término.

En esa misma línea, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ya se había manifestado en la STS 515/1998, de 6 de abril –como recuerda Tomás Montero Hernanz (Legislación Penitenciaria Comentada y Concordada, La Ley, 2012)– en su segundo fundamento de derecho: el recurrente sostiene que la celda constituye el domicilio del interno y que, por ello, cuando exista la sospecha fundada de actividades delictivas debe darse cuenta a la autoridad judicial, debiendo dictarse el pertinente auto para autorizar el registro de la celda, que debe practicarse a presencia del Secretario judicial. La argumentación del recurrente debe considerarse errónea por cuanto considera legales los registros y cacheos en las personas de los internos, periódicos y rutinarios, al amparo del Art. 23 de la LOGP, e ilegales los registros practicados en las celdas de los internos -sin autorización del Juez y presencia del Secretario judicial-, aun en los casos de investigación y prevención de actividades delictivas dentro del Centro Penitenciario, con olvido de que la propia Constitución -cuya vulneración aquí se denuncia- al establecer que "el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capitulo", añade expresamente que "a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciario", en la que se prevé la práctica de registros, cacheos y requisas (v. Art. 68 del Reglamento Penitenciario), disponiéndose expresamente que "las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad" (Art. 71 del Reglamento Penitenciario).

La esclavitud y el Islam

2012-02-10T06:25:00.001-08:00

En 1949, la Asamblea General de la ONU pidió al Consejo Económico y Social que estudiara el problema de la esclavitud; cuatro años más tarde, la resolución 475 (XV) del CES, de 27 de abril de 1953, acordó el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones que ejerció su antecesora –la Sociedad de Naciones– en virtud de la Convención sobre la Esclavitud, de 25 de septiembre de 1926. El Art. 1º de aquel tratado internacional definió la esclavitud como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos; estableciendo que la trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos.

No hay duda de que la esclavitud ha existido desde la antigüedad en todas las culturas del mundo (desde la Mesopotamia de Hammurabi hasta la Europa que se lanzó al mar a descubrir nuevos mundos); pero mientras los movimientos abolicionistas que surgieron a finales del siglo XVIII, fueron alcanzando sus objetivos en el mundo Occidental a lo largo del XIX, en el ámbito musulmán, en cambio, permanecieron hasta el siglo XX e incluso se mantienen hoy en día. De hecho, la República Islámica de Mauritania ha sido el último país de la Tierra que la abolió –por tercera vez tras un Decreto colonial francés de 1905 y la primera Constitución de 1960– mediante la Ordonnance d'abolition de l'esclavage, de 9 de noviembre de 1981; y, aun así, el 9 de agosto de 2007, su Asamblea Nacional tuvo que criminalizar esta práctica con penas de hasta diez años de reclusión y cuantiosas multas porque, en determinadas regiones, se continuaba practicando en pleno siglo XXI. Según la ONG SOS-Esclaves Mauritanie, se calcula que aún afecta a más de un 15 por ciento de la población mauritana, porque esta institución se encuentra muy arraigada en sus costumbres tradicionales.

En su libro Cien preguntas sobre el Islam (Encuentro, Madrid, 2003), Samir Khalil Samir –un islamólogo egipcio y cristiano que reside en el Líbano– dice que La charía [ley islámica] se fundamenta en una triple desigualdad: entre hombre y mujer, entre musulmán y no musulmán, y entre hombre libre y esclavo. Con excepción de esta última, que apenas se da ya en la realidad, las otras dos siguen siendo válidas todavía.

En la sura de las abejas, el Corán dice: Dios propone un símil: un esclavo, propiedad de otro, incapaz de nada, y un hombre a quien Nosotros hemos proveído de bello sustento, del que da limosna, en secreto o en público. ¿Son, acaso, iguales? (C 16, 75); de igual modo, en la que se titula De los bizantinos propone una parábola: ¿Hay entre vuestros esclavos quienes participen del mismo sustento de que os hemos proveído, de modo que podáis equipararos en ello con ellos y les temáis tanto cuanto os teméis unos a otros? (C 30, 28). Asimismo, la esclavitud aparece mencionada al prescribir la Ley del Talión en los casos de homicidio: libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra (C 2, 178) y al citar las normas de educación y de modestia: casad (…) a vuestros esclavos y esclavas honestos (…) Extended la escritura a los esclavos que lo deseen si reconocéis en ellos bien, y dadles de la hacienda que Dios os ha concedido. Si vuestras esclavas prefieren vivir castamente, no les obliguéis a prostituirse (C 24, 32-33). Con estos cuatro ejemplos, queda claro que el libro sagrado de los musulmanes acepta la esclavitud y que también enseña que sus dueños los traten con gentileza.

De la lectura del Corán –que no deja de ser la primera fuente del Derecho Islámico– parece deducirse que, legalmente, cualquiera podría seguir teniendo esclavos; no obstante, la 19ª Conferencia Islámica de Asuntos Exteriores promulgó, en 1990, la Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam; donde, su Art. 11, establece que el ser humano nace libre. Nadie tiene el derecho de esclavizarlo, someterlo, sojuzgarlo o explotarlo. No hay sumisión sino hacia Alá el Altísimo. Aunque todo el contenido de esta declaración impone el hecho religioso a los Derechos Fundamentales y parte de la idea de que el Islam es la religión indiscutible (Art. 10), su forma de abordar la abolición de la esclavitud es un buen ejemplo de que el Islam también puede ir cambiando.

La inmunidad soberana y el patrimonio cultural subacuático

2012-02-09T00:11:00.001-08:00

Si tenemos en cuenta que las aguas marinas cubren casi tres cuartas partes de la superficie de este planeta y que el ser humano lleva navegando por ese medio desde la más remota antigüedad, no es difícil suponer que, bajo los océanos, debe hallarse el mayor y más valioso museo del mundo. Esa riqueza histórica y artística, que se ha ido formando con los pecios de miles de naufragios, también forma parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad –en palabras de la UNESCO– y es un elemento de particular importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio común; por ese motivo, el Derecho Internacional debe protegerlo de la amenaza que supone la explotación y especulación comercial de los tesoros hundidos, sin tener en cuenta otro valor que no sea el meramente económico; un fin comercial absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio.

Para dar respuesta a ese problema, el 2 de enero de 2009 entró en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático –hecho en París, el 2 de noviembre de 2001– con el objetivo de protegerlo y preservarlo. En primer lugar, el Art. 1º define el concepto de patrimonio cultural subacuático como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como: 1) Los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; 2) Los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y 3) Los objetos de carácter prehistórico.

En el Art. 2º, la UNESCO establece que de conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional (…) nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades soberanas. Frente a las pretensiones e intereses privados de empresas como Odyssey Marine Exploration, que suelen recurrir a la justicia de EEUU para que ésta les reconozca la titularidad de los objetos hallados –y, por lo tanto, su propiedad– inclinando el pleito hacia la vía del Derecho Mercantil (privado) –el Admiralty Law de los anglosajones– en lugar de aplicar las normas de Derecho Internacional (público), la solución aceptada internacionalmente no admite recurrir a ninguna artimaña legal: no se trata de dilucidar en una sentencia quién es el legítimo dueño del patrimonio subacuático hallado porque, según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario, con independencia del tiempo que haya transcurrido o del lugar en que se encuentren los restos. Así lo acaba de reconocer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en relación con el tesoro de la Mercedes que Odyssey extrajo del fondo del mar en 2007.

El atraco que originó el Síndrome de Estocolmo

2012-02-08T00:10:00.000-08:00

Durante un permiso carcelario, el preso Jan Erik Olsson entró en la sede del Banco de Crédito (Kreditbanken), situada en la céntrica Plaza Norrmalmstorg –una de las zonas más comerciales y exclusivas de la capital sueca– el 23 de agosto de 1973 para atracar la sucursal, pero sonó la alarma, acudió la policía y, tras herir a uno de los agentes, el ladrón acabó haciéndose fuerte en el interior de la oficina bancaria con cuatro empleados y otro delincuente, Clark Olofsson, al que las autoridades permitieron entrar para que tratara de mediar con su amigo. Durante seis días, los atracadores se parapetaron con barricadas dentro del banco, mientras los rehenes –que llegaron a hablar por teléfono con el primer ministro Olof Palme– empezaron a temer por su integridad más por las consecuencias de una rápida intervención policial de rescate que por la reacción de los propios ladrones.

Finalmente, el atracó terminó el 28 de agosto cuando la policía logró realizar un agujero en el techo de la sucursal para acceder al interior tras lanzar gases lacrimógenos. Aunque otro agente resultó herido, se pudo detener a los atracadores y liberar a los cuatro empleados que, durante el posterior juicio, no dudaron en mostrar sus simpatías hacia los captores. Esta situación dio lugar a que el criminólogo sueco Nils Bejerot (1921-1988) acuñara el término de Síndrome de Estocolmo que, según el diccionario de la RAE, se define como la actitud de la persona secuestrada que termina por comprender las razones de sus captores.

El especialista sueco consideró que ese síntoma se puede manifestar también en cualquier otra persona que halla sido víctima de ciertos abusos; no sólo si ha sido tomada como rehén –el más famoso es el caso de Patty Hearst que, en 1974, fue secuestrada en febrero y, dos meses más tarde, ya participó en un atraco colaborando con sus captores– sino también, a quienes –por ejemplo– han sufrido abusos psíquicos, fueron hechos prisioneros de guerra o captados por una secta. La jurisprudencia española también se ha referido a este mecanismo de defensa que llevó a una joven a que interiorizase esa situación y la sobrellevara como algo no querido, no aceptado, pero inevitable (sentencia 3952/2010, de 19 de julio, del Tribunal Supremo).

Derechos y deberes de los voluntarios

2012-02-07T00:11:00.000-08:00

En España hay una abundante legislación que regula el voluntariado porque conviven una norma del Estado (la Ley 6/1996, de 15 de enero) y tantas leyes autonómicas como regiones (en 1992, por ejemplo, Aragón ya consideró voluntario a toda persona física que, por decisión propia, de forma desinteresada y responsable, y por motivaciones inspiradas en principios de solidaridad y participación, dedica parte de su tiempo libre a actividades de acción social, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral o funcionaria). En la normativa estatal, la definición se encuentra en el Art. 3 de la Ley del Voluntariado de 1996: el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: a) Que tengan carácter altruista y solidario; b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico; c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione; y d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos. De ahí podemos extraer sus notas características: es una actividad altruista, solidaria, libre y gratuita que se realiza a través de una organización pública o privada.

En este concepto, la ley española puntualiza que se excluyen del voluntariado las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad; y que la actividad de voluntariado en ningún caso podrá sustituir al trabajo retribuido; es decir, no se trata de una relación laboral (ni mercantil ni funcionarial). Como señaló la sentencia 427/2011, de 21 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos): el voluntariado social no se presume; está hoy rigurosamente regulado en la Ley 6/1996 de 15 de enero. Si a la prestación de servicios se une la contraprestación económica a favor del prestador de aquél, la relación laboral es evidente (…) El trabajador benevolente actúa por razones de satisfacción personal o altruismo en régimen de plena libertad personal, sin derecho a contraprestación económica suficiente y determinada.

Aun así, lógicamente, la incorporación de los voluntarios a las organizaciones se debe formalizar por escrito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso que, además de determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido siguiente que regula el Art. 9.1º de la norma estatal: a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley; b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar el voluntario; c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus funciones; y d) La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas partes.

Ese conjunto de derechos de los voluntarios está formado por (Art. 6): a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen; b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias; c) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación; d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente; e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades; f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario; g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquélla; y h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.

Y en cuanto a la otra cara de la moneda, sus deberes son (Art. 7): los voluntarios están obligados a: a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas; b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria; c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción; d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria; e) Actuar de forma diligente y solidaria; f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten; g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las actividades encomendadas; h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización; e i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las organizaciones.

Las escuchas ilegales (el caso Khan contra el Reino Unido)

2012-02-06T00:22:00.000-08:00

Sultan Khan llegó con su primo al aeropuerto de Mánchester (Gran Bretaña) el 17 de septiembre de 1992, en un vuelo procedente de Pakistán. En la terminal, ambos fueron registrados por los funcionarios de aduanas y su familiar fue detenido al incautársele heroína valorada en casi 100.000 libras esterlinas; mientras tanto, el señor Khan fue puesto en libertad sin cargos. Unos meses más tarde, el 26 de enero de 1993, Sultan fue a Shéffield a visitar a “B”, un hombre que estaba siendo investigado por narcotráfico desde hacía dos semanas, cuando el jefe de policía de South Yorkshire autorizó la instalación en su casa de un dispositivo de escucha. Como los dos sujetos desconocían la existencia de aquellos equipos de vigilancia policiales, durante la conversación, Khan reconoció abiertamente que había participado en el envío de aquel alijo por el que detuvieron a su primo. Con esa grabación, ambos fueron detenidos y juzgados.

¿Era admisible aquella prueba? El juez decidió que sí y Khan fue condenado a 3 años de cárcel por tráfico de drogas. En 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió su demanda alegando que el Reino Unido había violado el Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

La sentencia de la Corte de Estrasburgo llegó el 12 de mayo de 2000 y dio la razón al Sr. Khan al considerar que aquella injerencia arbitraria de la policía no había sido compatible con el imperio de la Ley porque, en el momento en que se cometieron los hechos (enero de 1993) aún no se había aprobado la Police Act de 1997 y, por lo tanto, ninguna ley nacional regulaba el uso de los dispositivos de escucha encubiertas en el momento pertinente. De ello se desprende que la injerencia en el presente caso no puede ser considerada como "de acuerdo con la ley", como exige el Art. 8. 2º de la Convención; es decir, que al emplear aquellos aparatos de escucha secretos, la policía utilizó las conversaciones del demandante que habían sido grabadas sin ninguna base que les diera cobertura en el ordenamiento británico, de modo que aquella intromisión en su vida privada contradecía el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no estar prevista por la ley.

Los 198 métodos de acción no violenta

2012-02-03T00:32:00.001-08:00

Gene Sharp (Ohio, EE.UU., 1928) –profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts y fundador de la Institución Albert Einstein– es el autor de un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación que, aunque se publicó en 2003, se ha convertido ahora en el manual de cabecera para los revolucionarios de medio mundo, inspirando a muchos de los movimientos de la denominada primavera árabe con sus recomendaciones para establecer sistemas democráticos duraderos que respeten las libertades humanas mejorando la sociedad. Sus propuestas se pueden resumir en tres grandes conclusiones: 1) Es posible liberarse de las dictaduras; 2) Para lograrlo se requiere pensarlo cuidadosamente y planificar una estrategia; y 3) Se necesita vigilar, trabajar duro y luchar con disciplina; a menudo, pagando un alto precio. A lo que añade: La tan citada frase de “La libertad no es gratuita” es cierta. Ninguna fuerza del extranjero vendrá a traer la libertad al pueblo oprimido que tanto la desea. El pueblo tendrá que aprender por sí mismo cómo liberarse. No será fácil.

En su Anexo I, el profesor Sharp reproduce un listado con los 198 métodos de acción no violenta –retomando los que formaron parte de otra publicación suya anterior: The Politics of Nonviolent Action. II - The Methods of Nonviolent Action (Boston, 1973)– para agruparlos en grandes bloques: Comienza con los métodos de protesta y persuasión no violenta [declaraciones formales (como discursos, recogida de firmas para un manifiesto o realizar peticiones masivas), comunicaciones de mayor audiencia (mediante el uso de panfletos, carteles y medios de comunicación), representaciones colectivas (piquetes o simulacros de elecciones), actos públicos simbólicos (protestar desnudándose, exhibir retratos, usar símbolos, ondear banderas u ocupar edificios), presionar a los individuos (acosando a los funcionarios y realizando vigilias), mediante el drama y la música (realizando sátiras), procesiones, homenajes póstumos, asambleas públicas o recurriendo a las renuncias (dando la espalda, renunciando a honores o guardando silencio)].

A continuación, enumera los métodos de no cooperación social [ostracismo (usando el boicot), no colaborar en eventos sociales o costumbristas (suspendiendo actividades, desobedeciendo reglas sociales o convocando huelgas estudiantiles) o distanciarse del sistema (con protestas que pueden ser: quedarse en casa, fugarse, dejar el trabajo, irse de retiro, etc.)]; los métodos de no cooperación económica [boicot económico (política de austeridad, no consumir determinados bienes o no pagar los alquileres) y huelgas]; los métodos de no cooperación política [rechazando a las autoridades, boicoteando los ciudadanos al gobierno (no votar, quitar señales, irse de las instituciones, etc.), llevar a cabo alternativas (cumplir a disgusto o de mala gana, realizar sentadas, usar identidades falsas….) y obstruccionar la administración]; y, finalmente, emplear los métodos de intervención no violenta [psicológicas (huelgas de hambre, ayunos, quedarse a la intemperie u hostigar), físicas (ocupaciones e invasiones de lugares), sociales (discursear, atascar o sobrecargar instalaciones), económicas (sobretrabajar, ocupar tierras, provocar la caída de precios, etc.) y políticas (revelar identidades de agentes secretos, provocar el encarcelamiento, sobresaturar a las administraciones).

Sinceramente, ¿cuántas de todos estas acciones te resultan familiares porque las estamos viendo, cada día, en los informativos? De ahí la importancia de conocer este ensayo de Gene Sharp porque sus métodos se está poniendo en práctica en todos los ámbitos y no solo en la Plaza Tahrir de El Cairo sino mucho más cerca. Puedes descargártelo, en castellano, en pdf, pulsando en este enlace.

El control de armas y la enmienda Brady

2012-02-02T00:20:00.000-08:00

Desde 1791, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas; pero, tras los magnicidios de los hermanos Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King en un periodo muy breve de tiempo, entre 1963 y 1968, el presidente Lyndon Johnson puso en marcha una serie de programas –a los que denominó La Gran Sociedad– entre los que figuró la aprobación de una Ley de Control de Armas [The Gun Control Act (GCA)] de 1968, que prohibió la venta de armas a determinadas personas (prófugos de la justicia, drogodependientes, condenados a penas de prisión superiores a un año, enfermos mentales, etc.), limitó la venta en el caso de que el comprador careciera de licencia de armas y residiera en un Estado diferente al del lugar de adquisición y estableció la obligatoriedad de comprar cualquier arma en un distribuidor autorizado.

En los años 80, un nuevo intento de magnicidio frustrado volvió a poner de actualidad el debate sobre la posesión de armas. Ocurrió en 1981, cuando John Hinckley Jr. –obsesionado con la actriz Jodie Foster desde que la vio en Taxi Driver– trató de asesinar al presidente Ronald Reagan en Wáshington hiriendo a cuatro personas, entre ellos, al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, firme defensor de restringir la posesión de armas. Tras el atentado, se decidió retomar su polémica regulación pero el proyecto no salió adelante hasta doce años más tarde, durante el mandato de Bill Clinton; entonces, el apellido de aquel herido y activista del control de armas dio nombre a una enmienda a la GCA de 1968 que, desde aquel momento, se conoce como la Brady Act de 1993.

A grandes rasgos, la enmienda Brady estableció un periodo de espera de cinco días entre el momento de adquirir el arma y el de la entrega efectiva por parte del vendedor, para que el Gobierno pueda verificar los antecedentes del comprador en el National Instant Criminal Background Check System (NICS) controlado por el FBI; asimismo, la nueva norma amplió las circunstancias personales que se tenían en cuenta para prohibir que un individuo comprase un arma (si fue dado de baja en la Fuerzas Armadas por deshonor; si renunció a la nacionalidad estadounidense, etc.).

Palabras sueltas (XI): mandarín, yamen y canga

2012-02-01T00:14:00.001-08:00

El diccionario de la RAE recoge diversas acepciones para definir el portuguesismo mandarín; una de ellas lo describe del siguiente modo: En China y otros países asiáticos, hombre que tenía a su cargo el gobierno de una ciudad o la Administración de Justicia. Tradicionalmente, este importante cargo realizaba su trabajo en un edificio específico denominado yamen. Un lugar que, hoy en día, podría asemejarse a una delegación administrativa de usos múltiples, porque se trataba de una sede burocrática donde se concentraban desde las oficinas de la Hacienda provincial a los juzgados de lo civil y lo penal, la prisión local e incluso la vivienda del propio mandarín y su familia (que, según las normas de la dinastía Qing, debía ser originario de otra provincia para que pudiera juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sin injerencias locales).

Entre los castigos que solían imponerse en el ámbito criminal, la pena corporal más habitual era la flagelación con una caña de bambú, propinando latigazos al condenado en función del delito que hubiera cometido; la pena infamante más común consistía en soportar la canga: un yugo de madera que aprisionaba la cabeza y las dos manos del reo dentro de tres agujeros durante los días que el mandarín estimase oportunos. La dureza de este castigo no era tanto física como social, porque afectaba a la honorabilidad del sujeto en un país donde el concepto del honor siempre ha tenido mucha más importancia que en la cultura Occidental. Finalmente, en el yamen también se podía condenar a muerte a ladrones y homicidas; en este caso, la pena capital podía llevarse a cabo mediante la rápida decapitación o la llamada muerte lenta: el ejecutado iba recibiendo mil cortes por todo su cuerpo y, aunque ninguno era mortal de necesidad, la suma de todos ellos, sí que terminaba acabando con su vida.

El legado de Concepción Arenal: Abrid escuelas y cerraréis cárceles

2012-01-31T00:20:00.000-08:00

Si la infancia de Machado fueron recuerdos de un patio de Sevilla, la mía son diez veranos en la Pensión Bahía de Coruña, frente a Cuatro Caminos, en la calle Concepción Arenal. Hoy, 31 de enero, no se me ocurre mejor in albis que rendir homenaje a esta gran mujer que dio nombre al escenario de mi niñez. Concepción Arenal nació en Ferrol (La Coruña) otro 31 de enero, como hoy, pero de 1820. Hija de un militar liberal que pasó mucho tiempo recluido en prisión por defender unas ideas que eran incompatibles con el ambiente conservador de aquella época; su muerte marcó el carácter de aquella niña reservada, luchadora y reformista, preocupada por la dignidad del ser humano. En 1829 se trasladó a Madrid, con su madre y su hermana, a casa de su tío materno, el Conde de Vigo; y, aunque Concha comenzó a estudiar en los mejores colegios de la capital, aquella formación para señoritas no lograba satisfacer su innata curiosidad intelectual.

El posterior fallecimiento tanto de su abuela (en 1840) como de su madre (1841) dio libertad a la joven, de 21 años, para disfrazarse con ropa de hombre y poder acudir a clase en la Facultad de Derecho durante tres cursos académicos, aunque fuera sin posibilidad de examinarse, sólo como oyente, porque entonces las mujeres no podían matricularse en la universidad. Allí conoció al que sería su marido, el abogado y periodista Fernando García Carrasco, con el que se casó en 1848. Su esposo fue un verdadero estímulo para la escritora ferrolana; a pesar de ser quince años mayor que ella, el matrimonio se basó siempre en una relación de igualdad en la pareja, un hecho envidiable para mediados del siglo XIX. Tuvieron tres hijos antes de que Fernando falleciera nueve años después de la boda. Viuda y con dos niños pequeños (la hija mayor tampoco sobrevivió), Concha se trasladó a vivir a Liébana (Cantabria), origen de su familia materna, donde conoció al músico Jesús de Monasterio que acabaría convirtiéndose en su mentor, ayudándola a mantener firmes sus convicciones: practicar la caridad con los más desfavorecidos, abolir la esclavitud y luchar contra la imposición de la pena de muerte, socorrer a los heridos de las Guerras Carlistas, formar a las mujeres para que ejercieran la profesión que quisieran y mejorar las condiciones de los reos condenados a prisión.

A partir de 1860, comenzó a publicar numerosas obras literarias –desde poesía hasta ensayos– entre las que destacan: Cartas a los delincuentes (de 1865), Oda a la esclavitud (1866), El reo, el pueblo y el verdugo y La ejecución de la pena de muerte (1867), Estudios penitenciarios (1877) o El delito colectivo (1892). Su prestigio fue en aumento y, en 1864, Isabel II la nombró Visitadora de Prisiones de Mujeres. Tras la Revolución de 1868, Concha desempeñó diversos cargos –como Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres– hasta que se fue retirando de la vida pública para centrase en la literatura, reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Finalmente, esta precursora del feminismo y de las políticas penitenciarias –abrid escuelas y cerraréis cárceles, llegó a decir– falleció en Vigo (Pontevedra) el 4 de febrero de 1893.

En sus Cartas a los delincuentes, Arenal no dudó en afirmar que Se llama promulgar las leyes a imprimirlas en un papel o en un libro, donde las estudian los que han de aplicarlas, donde no las leen ni las oyen leer aquellos a quienes han de ser aplicadas (…) Debería formar parte de la educación el conocimiento del Código penal, principalmente para aquellas clases que están más expuestas a infringirle (…) los criminales son personas y no son cosas (…) sufren la pena impuesta por una ley, cuya letra, cuyo espíritu y cuya moralidad desconocen (…) Yo considero una prisión como un hospital, solamente que en vez del cuerpo tenéis enferma el alma, y que las dolencias son el resultado de los excesos del paciente (…) Muchos de entre vosotros han delinquido por dejarse arrebatar de una pasión, por un momento de ceguedad, por haber cedido a una tentación mala, por haber dado oídos a un mal consejo, por no haber sabido resistir al mal ejemplo, por aturdimiento, por no haber considerado la gravedad del delito ni lo fatal de sus consecuencias, y a veces por ir unidas a cualquiera de estas cosas la ignorancia, la miseria, la mala educación. Muchos de entre vosotros, la mayor parte, llegasteis por primera vez a la prisión culpados pero no execrables; extraviados, pero no perdidos. Al veros había mucho que temer, pero también había mucho que esperar.

La biblioteca virtual Miguel de Cervantes pone a tu disposición, gratuitamente, el texto íntegro de sus XXXV cartas así como acceso a muchas otras de sus magníficas obras.

¿Qué son los EPI?

2012-01-30T09:05:00.000-08:00

Además del simpático compañero de Blas en Barrio Sésamo, un EPI es el acrónimo de equipo de protección individual que, en los últimos años, se ha convertido en una palabra muy habitual al abordar cualquier aspecto relacionado con la prevención de riesgos laborales; una materia que, según el Art. 4º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se define por partes: la prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo; y los riegos laborales son la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

En ese contexto, el apartado 8º de ese mismo artículo establece que los EPI son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin; es decir, estamos hablando de multitud de equipos tan diversos como la variedad de distintas profesiones que se pueden ejercer: gafas de soldador, orejeras, tapones para los oídos, mascarillas, guantes, arneses, cinturones, tobilleras, zuecos, batas, impermeables, escafandras, trajes ignífugos, chalecos fosforescentes, etc.

Tres años antes, el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que reguló las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual –para adaptar nuestro ordenamiento a las exigencias europeas establecidas en las Directivas 89/656/CEE y 89/686/CEE– también nos dio su propia definición en el Art. 2: un EPI es cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

El Código IDS

2012-01-29T08:38:00.000-08:00

El 13 de enero de 2012, el naufragio del crucero italiano Costa Concordia frente a la isla de Giglio (Toscana) ha puesto de actualidad el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (el denominado Código IDS) que el Comité de Seguridad Marítima adoptó el 4 de junio de 1996. Una normativa que se aplica en todo el mundo desde que entró en vigor el 1 de julio de 1998 (España lo publicó en el BOE el 17 de noviembre de ese mismo año). Como señala en su preámbulo, el objetivo de este Código es proporcionar unas normas internacionales relativas a los dispositivos de salvamento de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974.

Por ese motivo, el capítulo II regula de forma muy concreta las especificaciones de los cinco dispositivos individuales de salvamento: 1) Los aros salvavidas [tendrá un diámetro exterior de 800 milímetros como máximo y un diámetro interior de 400 milímetros como mínimo y una masa mínima de 2,5 kilogramos; estará fabricado de material que tenga flotabilidad intrínseca (…); estará provisto de una guirnalda salvavidas (…) que irá sujeta en cuatro puntos equidistantes de la circunferencia del aro; con luces de encendido automático tales que el agua no las pueda apagar (…) de color blanco y podrán permanecer encendidas de modo continuo con una intensidad lumínica de por lo menos 2 cd en todas las direcciones del hemisferio superior o emitir destellos (destellos de descarga) a un ritmo de 50 como mínimo y de 70 como máximo por minuto]. 2) Los chalecos salvavidas: estarán fabricados de modo que (…) al menos un 75 por 100 de las personas que no estén familiarizadas en absoluto con ellos puedan ponérselos correctamente en un minuto como máximo sin ayuda, orientación o demostración previa. 3) Los trajes de inmersión (…) confeccionados con materiales impermeables, de modo que sea posible desempaquetarlos y ponérselos sin ayuda en dos minutos como máximo, teniendo en cuenta las otras prendas que haya que llevar, más un chaleco salvavidas si el traje de inmersión se tiene que llevar con chaleco salvavidas. 4) Los trajes de protección contra la intemperie (…) confeccionados de modo que si se lleva de la forma indicada, continúe ofreciendo suficiente protección térmica a la persona que lo lleve puesto para que, después de saltar al agua sumergiéndose totalmente en ella y permanecer en una corriente de agua tranquila cuya temperatura sea de 5º C, la temperatura corporal interna de dicha persona no disminuya más de 1,5º C por hora después de la primera media hora) y 5) Las ayudas térmicas (material impermeable confeccionado de modo que, cuando se utilicen para envolver a una persona, reduzcan la pérdida de calor del cuerpo por convección y evaporación).

A continuación, establece la regulación de las señales visuales: cohetes lanzabengalas, bengalas de mano y señales fumígenas flotantes; y las embarcaciones de supervivencia: botes de rescate y balsas salvavidas (inflables y rígidas; parcial o totalmente cerradas; y de caída libre).

Casualidades de la vida, la normativa aplicable a estos últimos –los botes salvavidas de caída libre– fue enmendada el 4 de diciembre de 2008 pero el BOE publicó su modificación justo un día después del naufragio del crucero italiano, el 14 de enero de 2012. La nueva norma establece que la capacidad de transporte de estos botes es el número de personas de una masa media de 82,5 kg que pueden disponer de un asiento sin que se obstaculicen los medios de propulsión o el funcionamiento del equipo del bote salvavidas. Asimismo, señala que cada asiento contará con un arnés adecuado cuyo cierre pueda soltarse rápidamente al aplicar cierta presión y que sujete el cuerpo del ocupante durante la puesta a flote y describe milimétricamente cómo debe ser cada uno de sus asientos: El ángulo que forman el asiento y el respaldo será de 90º como mínimo. La anchura del asiento será de 480 mm como mínimo. Frente al respaldo habrá una distancia libre (longitud entre la nalga y la rodilla) de 650 mm como mínimo, medida a un ángulo de 90º en relación con el respaldo. La altura del respaldo será de 1.075 mm como mínimo a partir del asiento. El asiento permitirá acomodar una altura de hombros, medida a lo largo del respaldo, de 760 mm como mínimo. El reposapiés estará orientado a un ángulo que no sea menor que la mitad del ángulo del asiento y tendrá una longitud de 330 mm como mínimo.

El problema es que todas estas normas legales internacionales se han quedado en mera teoría cuando, desgraciadamente, la práctica ha demostrado que, en un naufragio, rige una ley mucho más salvaje y antigua: el sálvese quien pueda.

Medioambiente (II): La prevaricación medioambiental

2012-01-27T06:47:00.001-08:00

Dentro de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el Art. 329 del Código Penal español establece –según la redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio– que: 1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el Art. 404 de este Código [pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años] y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Esta prevaricación –que se produce, según el Art. 404 CP, cuando a sabiendas de su injusticia (…) la autoridad o funcionario público (…) dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo– incluye tanto su conducta activa (por ejemplo, al conceder a una industria una licencia manifiestamente ilegal) como la conducta abstencionista u omisiva (si no realiza las inspecciones que eran obligatorias). Desde la reforma de 2010, este delito se castiga con inhabilitación, prisión y multa (la anterior redacción no empleaba la conjunción copulativa “y” sino la disyuntiva “o”: prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses; como señaló la sentencia 6996/2006, de 19 de octubre, del Tribunal Supremo).

Una de las últimas resoluciones de nuestro Alto Tribunal que ha tratado este asunto ha sido la sentencia 7591/2011, de 8 de noviembre; donde no hubo lugar a la casación que el Ministerio Fiscal y el acusado interpusieron en relación con un delito de medio ambiente y prevaricación que se produjo en el vertedero de El Garrut, en Vall de Uxó (Castellón), clausurado en 2004 porque, entre 1992 y 1999, no disponía de impermeabilización en su fondo, canalización de aguas pluviales, sistema de recogida de lixiviados, sistema de captación de biogas, cerramiento perimetral, control de acceso, puntos de recogida selectiva de residuos (…). En el mismo se vertían y depositaban residuos sin compactar, mezclados. De este modo, el Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 9 de diciembre de 2010 donde el condenado había sido declarado autor responsable de un delito contra el medio ambiente, en la modalidad prevista y penada en el Art. 325 del Código Penal, a la pena de trece meses y medio de prisión, inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la gestión de vertederos durante un año y multa de ocho meses con una cuota diaria de 12 euros. Absolviendo al alcalde y a dos concejales de los delitos contra el medio ambiente y de prevaricación medioambiental de los que venían siendo acusados.

¿En qué se diferencian el trafficking y el smuggling?

2012-01-26T00:48:00.000-08:00

En otros in albis hemos conocido algunos anglicismos penales relacionados con el acoso u hostigamiento en diversos ámbitos (stalking, mobbing, bullying, blockbusting y child grooming) hoy vamos a centrarnos en dos conductas delictivas (trafficking y smuggling) que aunque comparten un mismo elemento (el lucrativo negocio de la trata ilegal de personas) tienen sus propias características específicas en cuanto al consentimiento y la explotación del que son objeto sus víctimas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) distingue entre el human trafficking (trata irregular de personas, mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño, con el objetivo de explotarlos) y el migrant smuggling (tráfico ilícito de emigrantes –u otro tipo de entrada ilegal de personas en un Estado del que no son nacionales o residentes– que implica la obtención de un beneficio económico).

A partir de esas definiciones, podemos extraer sus notas características y diferenciadoras: El smuggling (literalmente, contrabando) es un delito que no atenta contra las personas sino contra las normas de inmigración de un Estado; de ahí que las medidas que se pueden adoptar para luchar contra esta práctica se encaminan a proteger la soberanía del país (mediante muros, alambradas, equipos de videovigilancia, radares, policías de frontera, etc.). En este caso, la relación entre el traficante coyote o el piloto de la patera y los espaldas mojada o subsaharianos –que han dado su consentimiento para emigrar clandestinamente a cambio de pagar un precio por ese servicio– suele concluir al cruzar la frontera o llegar a la costa, donde el sin papeles ilegal es libre para empezar a buscarse la vida por su cuenta. En cambio, el objeto del trafficking (tráfico) va más allá porque este comercio tan indigno se ve agravado con la explotación de esos seres humanos. Es una auténtica violación de los derechos más elementales de las víctimas que sufren, engañadas, ese tráfico ilegal (por ejemplo, la trata de blancas que recluta jóvenes extranjeras con el señuelo de venir a cuidar niños o realizar tareas del hogar, cuando en realidad van a ser prostituidas en burdeles); de ahí que las medidas que los Estados aprueban se encaminen a defender sus derechos humanos porque el vínculo entre el traficante y su víctima no es meramente comercial sino de explotación (sexual, laboral, etc.) y esa relación no termina al llegar a destino sino que es ahí donde, precisamente, la víctima comienza su calvario al descubrir que va a ser coaccionada a pagar un alto precio por la deuda que contrajo.

El desafío para todos los países –según la ONU– consiste en identificar a los criminales que explotan a personas desesperadas para proteger y asistir a las víctimas de la trata y contrabando de emigrantes, muchos de los cuales sufren penurias inimaginables en su lucha por alcanzar una vida mejor.

Los peores asesores de riesgos

2012-01-25T00:44:00.001-08:00

Esa mañana, te habías comprometido a llevar a tu hijo al colegio pero te llaman del bufete para que vayas rápidamente a una reunión urgente: uno de tus casos se ha complicado con nuevas pruebas de la acusación. Cambias de planes y, en entonces, tu mente valora los pros y los contras de cada una de las alternativas que tienes delante: que el niño vaya andando (el centro escolar sólo está a unos diez minutos a pie y es un barrio tranquilo, con una tasa de criminalidad muy baja); que coja el autobús y se baje dos paradas más tarde; que monte en su nueva bici y pedalee hasta clase haciendo ejercicio; o que lo acerquen tus vecinos, aprovechando que ellos también tienen matriculadas a sus hijas en el mismo colegio y que pueden llevarlo en su coche (aunque reconozcas que no te gusta nada su forma de conducir).

Sin conocer los estudios del Instituto Nacional de Estadística, lo más probable es que eligieras cualquiera de las opciones en las que tu hijo no tuviera que tratar con desconocidos y que, por ese motivo, prefirieses enviarlo con un vecino o que fuese andando o en bici antes de subirlo a un autobús público. Lo curioso es que, según el INE –con datos oficiales de 2008, correspondientes a zonas urbanas españolas– ese es el medio más seguro de todos los que te planteabas porque, en aquella anualidad, en España murieron 266 peatones, 123 pasajeros de coches, 11 conductores de bicicletas y tan solo 1 viajero de autobús.

Con este ejemplo está claro que –en cuestiones de seguridad– solemos demostrar que somos unos pésimos asesores de riesgos porque, generalmente, no existe ninguna correlación entre las estadísticas de mortalidad y los riesgos reales que asociamos con muchos peligros que nos asustan. Como dijo el consultor norteamericano Peter M. Sandman en un artículo que publicó en su web en 2001: The risks that kill people and the risks that alarm them are often completely different (con frecuencia, los peligros que matan a la gente son completamente distintos de aquellos que les asustan).

El baremo de lesiones, mutilaciones y deformidades

2012-01-24T07:02:00.000-08:00

El Art. 150 de la Ley General de la Seguridad Social –aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio– establece que las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de dicha Ley, serán indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la entidad que estuviese obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

Esta prestación por lesiones permanentes no invalidantes es una indemnización, a tanto alzado, que se le reconoce a los trabajadores que hayan sufrido lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo, causadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que, aunque no lleguen a constituir una incapacidad permanente, sí que suponen una disminución o alteración de su integridad física.

Si ese trabajador enfermo o accidentado está incluido en el Sistema de la Seguridad Social –o en situación asimilada–; ha sido dado de alta médica por curación y su lesión o mutilación está recogida en el baremo establecido en la Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril, se le tratará de compensar económicamente.

A iniciativa tanto del propio interesado como de oficio (por la Inspección de Trabajo o el Servicio Público de Salud) se puede iniciar el procedimiento ante la Seguridad Social; el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) formulará un dictamen-propuesta sobre el grado de disminución o alteración de la integridad física del trabajador y, finalmente, el Director Provincial del INSS dictará una resolución expresa indicando tanto las lesiones como la cuantía de la indemnización económica que se abonará de una sola vez.

En el anexo de aquella Orden del Ministerio de Trabajo y suntos Sociales (TAS) de 2005 se establece el baremo con las cuantías –en euros– de las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades; veamos algunos ejemplos del precio con el que se tasan algunos miembros: por perder una oreja, le corresponderán 1.510 €; por el sentido del olfato, 1.010 €; un pulgar, 1.870 € (mano derecha) o 1.510 (izquierda); un solo ovario, 2.370 € o el pene, 5.690 €.

El caso Roe versus Wade legalizó el aborto en EEUU

2012-01-23T07:09:00.000-08:00

La demanda de una mujer consiguió que todo su país tuviera que modificar la legislación sobre el aborto; demostrando, una vez más, la trascendental importancia de la jurisprudencia en los Estados Unidos. A comienzos de los años 70, Norma Leah McCorvey (Luisiana, 1947) era una mujer pobre, sin educación, ni cualificada, alcohólica y consumidora de drogas, que ya había entregado a dos hijos en adopción y que se encontraba de nuevo embarazada, tal y como la definen Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner (autores del recomendable libro Freakonomics). En aquel tiempo, el aborto era ilegal en Dallas (Texas) –donde ella residía con su madre– salvo que el embarazo se hubiera producido como consecuencia de una violación o un incesto; y, en el resto del país, sólo se autorizaba en Hawái, Nueva York, Wáshington, Alaska y California.

Aun así, la joven McCorvey quiso interrumpir su nueva gestación y puso el asunto en manos de Sarah Weddington y Linda Coffee –dos jóvenes y ambiciosas abogadas, como reconocería ella misma años más tarde– para defender su derecho a abortar ante los tribunales tejanos y modificar la legislación de ese Estado; de este modo se inició un largo proceso que concluyó el 22 de enero de 1973 cuando la Corte Suprema dictó sentencia (aunque, lógicamente, Norma ya había dado a luz a su tercer hijo, que también entregó en adopción).

Fue conocido como el caso Roe v. Wade porque durante los sucesivos juicios, la demandante siempre fue citada por el apodo legal de Jane Roe; mientras que la otra parte, era el apellido del demandado, el fiscal de Dallas, Henry Wade. Por mayoría, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que debía permitirse el aborto a aquellas mujeres embarazadas que, de continuar adelante con la gestación de aquellos niños no deseados, sufrirían angustia y daños psicológicos que afectarían a su salud. Como consecuencia, la legalización del aborto se extendió por todo el país. Paradojas del destino, con el paso del tiempo, Norma abandonó su fe en los Testigos de Jehová, se convirtió al catolicismo, se declaró lesbiana y se transformó en una gran activista de los movimientos pro-vida en contra del aborto.

Las presas de mar

2012-01-21T09:51:00.000-08:00

El 17 de noviembre de 1718, Felipe V aprobó la Ordenanza prescribiendo las reglas con que se ha de hacer el corso contra turcos, moros y otros enemigos de la Corona, causándoles todos los daños possibles para interrumpir su navegación; en la que prohibió a todos sus súbditos tomar despachos ò comisiones de ningunos reyes, príncipes o estados estrangeros, para armar navíos en guerra y correr la mar debaxo de su vandera, sino es que sea con permisso mío, so pena de ser tratados como pyratas. Unos años más tarde, en 1746, Félix José de Abreu publicó en Cádiz su curioso Tratado jurídico-político, sobre pressas de mar, y calidades, que deben concurrir para hacerse legítimamente el corso (reeditado por la editorial sevillana Extramuros, en 2007).

Según este caballero de la Orden de Santiago, una presa de mar es una justa ocupación de las naves y mercaderías que en ella se conducen, pertenecientes à los vassallos de el soberano á quien se ha declarado la Guerra, hecho por los súbditos de el soberano su enemigo, con legítima patente de corso; es decir, para que proceda este derecho, debe existir previamente una pública declaración de guerra entre dos países pues lo contrario sería faltar al derecho de las gentes y debe preceder causa justa para esa declaración pues no siéndolo, ni se puede en conciencia retener lo que se apressare, ni los prissioneros lo son legítimamente.

Abreu analizó los instrumentos con los que debía navegar todo buque mercantil: 1) El pasaporte: una licencia del soberano, del capitán o dueño del navío, para que este navegue (…) Es tan preciso y necesario que el navío que se hallare sin él, puede ser legítimamente apressado. 2) Las letras de mar: en este instrumento deben constar no solamente la carga del navío, sino también el lugar de su habitación, residencia y nombre, así del maestre y patrón como del navío mismo, para reconocer si lleva mercaderías de contravando. 3) El libro derrotero: donde el capitán o piloto apunta el día en que sale de puerto y sucesivamente va anotando los puertos, bahías y playas donde llega y quanto le passa en el viage. 4) La certificación o patente de sanidad que suele darse por los magistrados del puerto donde llega el navío en que certifican no haver allí mal contagio. 5) La pertenencia del navío que sirve para justificar ser de fábrica lícita. 6) El libro de sobordo que llevan el piloto o escribano del navío en que se sientan todas las mercaderías de su carga y lo demás que lleva, ya sea de lo comprendido en otros instrumentos o ya sean bienes del capitán, marineros o pasajeros. 7) La carta-partida es el contrato de fletamento que se celebra entre el mercante o cargador del navío y su maestre o capitán, que debe figurar por escritura. 8) El conocimiento o póliza: un recibo en que el capitán dize haber recibido las mercaderías de su cargo de Fulano o de cuenta de Sutano para entregarlas en tal parte, a quien se indique; y 9) La factura, la cuenta de mercaderías con expressión de su calidad, y cantidad; precios a que ha costado y demás gastos; indicándolas con quanta distinción sea posible.

Si en un navío no se hallaren dichos referidos instrumentos –en especial, el pasaporte, despacho que por si mismo estima el navío– se podrían apresar sus bienes y efectos.

Pensilvania y los dos grados de homicidio

2012-01-20T08:21:00.000-08:00

En 1793, durante el mandato de William Bradford como fiscal general de este Estado norteamericano, el entusiasmo de los pacíficos cuáqueros que se oponían a la ejecución de cualquier delincuente chocó con las filas de quienes defendían a ultranza la pena de muerte. El debate concluyó con una solución de compromiso: se mantendría la pena capital pero restringiéndola para castigar ciertos delitos (como matar a alguien con premeditación, asesinar a varias personas o acabar con la vida de un rehén) que se consideraron conductas más graves. Así surgió la clásica distinción estadounidense –tan famosa gracias al cine y a las series de TV– entre dos tipos penales: los homicidios en primer grado (first-degree) penados con la ejecución y los de segundo grado (second-degree) condenados con reclusión.

Posteriormente, cada uno de los demás Estados copió esta política criminal adaptándola a sus propias circunstancias; de modo que los condenados a muerte en primer grado podían ser ejecutados mediante una inyección letal (como en Arizona), electrocutados (Alabama), intoxicados con gas (Wyoming), ahorcados (Montana) e incluso fusilados delante de un pelotón (Utah).

Palabras sueltas (X): Coase, Calabresi y Becker

2012-01-19T11:26:00.001-08:00

El análisis económico del Derecho tomó prestadas las teorías de la Economía para aplicarlas en el ámbito legal, valorando tanto los elementos favorables (incentivos) como los desfavorables (desincentivos) que se producen cuando se adopta la normativa “A” en lugar de la “B”. Este original punto de vista –que surgió en Chicago (Estados Unidos) a mediados del siglo XX– suele tener más adeptos entre los economistas que entre los juristas; de ahí que, las tres palabras sueltas de hoy sean los apellidos de otros tantos expertos que han destacado en este campo.

El nóbel británico Ronald H. Coase (1910) fue uno de los primeros autores que se planteó llevar a cabo un análisis económico del Derecho. En su honor, el denominado Teorema de Coase se aplica, sobre todo, en los ámbitos civil (a la hora de reconocerle a alguien la propiedad de un bien o derecho) y mercantil (en los acuerdos y pactos de las sociedades) y viene a decir que, aunque intervenga la justicia para resolver un conflicto, las partes –de forma privada– pueden valorar los costes, negociar entre ellas y acordar otras reglas de juego que regulen sus relaciones, extrajudicialmente, de una manera más óptima y eficiente.

El abogado y juez italoamericano Guido Calabresi (1932) estudió las indemnizaciones por daños y perjuicios relacionadas con la responsabilidad civil y concluyó que se podía diferenciar entre los costes socioeconómicos y administrativos provocados por los accidentes y los costes relacionados con los daños personales y materiales que sufren los sujetos implicados (incluyendo el coste de prevenirlos) para tratar de minimizarlos y que resultaran menos gravosos para los bolsillos de todos.

Finalmente, el nóbel de Pensilvania (EEUU) Gary Stanley Becker (1930) analizó los delitos y las penas desde un novedoso punto de vista económico: según él, antes de actuar el delincuente valora si le compensa el beneficio que espera obtener cometiendo un acto delictivo comparándolo con el castigo que el Derecho Penal le impondrá en caso de ser descubierto. En función de esta teoría del comportamiento, el Estado también puede analizar los costes e imponer unas sanciones que disuadan a los posibles criminales. El ejemplo más clásico es el de la fábrica que prefiere seguir asumiendo las multas por contaminar el río con sus vertidos que invertir una fuerte suma en instalar una potabilizadora, porque le sale más barato indemnizar a los perjudicados que evitar el daño que produce. Si la norma previera que las multas se fuesen incrementando exponencialmente, llegaría un momento en que la compañía acabaría costeando las instalaciones necesarias para dejar de contaminar; y no por conciencia ecológica sino, simplemente, porque le saldría más rentable esta actitud.

¿Cómo se distinguen el hurto y el robo de otras conductas afines?

2012-01-18T01:52:00.000-08:00

La palabra hurto procede del latín furtum y significa acción de hurtar, que se define como tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. El Diccionario de la RAE también nos da su propia acepción jurídica como el delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo. En cuanto a este segundo delito –la acción y efecto de robar– llegó al castellano del latín vulgar raubare y éste del germánico raubôn (saquear, arrebatar) que deriva del alemán antiguo roubôn; de donde proceden las actuales voces rauben, en alemán, y reave, en inglés. La RAE también lo define, jurídicamente, como el delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.

A simple vista, sólo con leer estas dos definiciones, ya podemos apuntar la principal seña de identidad que caracteriza a ambas conductas delictivas –apoderarse de una cosa mueble ajena con ánimo de lucro– y el matiz que las distingue: emplear –o no– violencia o intimidación sobre las personas o fuerza en las cosas a la hora de sustraer ese bien.

¿Qué otras figuras que también atentan contra el patrimonio podrían confundirse con estos delitos? En primer lugar, la usurpación (Art. 245 y ss CP): mientras que en el hurto y en el robo, el ladrón se apropia de bienes muebles, el usurpador ocupa un bien inmueble (una vivienda, por ejemplo) o usurpa un derecho real inmobiliario (cultivar una tierra como propia) que pertenecen a otra persona. En segundo lugar, la estafa (Arts. 248 y ss CP): se caracteriza porque el estafador no toma directamente el bien que pertenece al estafado sino que éste, al ser engañado, se lo entrega. Y, finalmente, la apropiación indebida (Arts. 252 y ss CP): en este caso, el sujeto tiene el bien lícitamente para un determinado fin, pero dispone de ello para otro objetivo (por ejemplo, cuando has alquilado un coche para usarlo y lo vendes como si fueras su verdadero dueño).

El uso del otograma (huella de oreja) como prueba

2012-01-14T23:58:00.000-08:00

Al enjuiciar una serie de robos que se produjeron en Palencia, la sentencia 42/2002, de 8 de julio, de su Audiencia Provincial, estableció que (…) En diversos pisos de este inmueble (…) se constató la existencia de otogramas o dibujos, correspondientes a la presión ejercida al poner la oreja sobre la puerta, de las mencionadas viviendas. Estas huellas fueron objeto de un informe criminalístico realizado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. La conclusión a la que se llega en dicho informe es que la huella revelada (…) ha sido producida por la oreja izquierda de “G.”. Este informe resulta corroborado en el acto del Juicio Oral por los policías que lo elaboraron, manifestando respecto a la fiabilidad de la prueba referenciada, que su porcentaje era de un 99,99%. Asimismo resulta importante reseñar que la prueba se obtuvo comparando los otogramas de las viviendas con las impresiones de control obtenidas del condenado, que se encontraba en la prisión de Villanubla (Valladolid), obtenidas previa autorización legal.

Como han estudiado los expertos españoles Aitor Curiel, Miguel Ángel del Diego y Carlos L. Gobernado, esta fue una de las primeras resoluciones judiciales que, expresamente, mencionó el otograma en España. Desde entonces, diversos órganos judiciales –como las Audiencias Provinciales de Palencia, Asturias y Cantabria y algunos Juzgados de lo Penal (Gijón, Valladolid y Ávila)– han aceptado la validez de la huella de la oreja (earprint, según la terminología anglosajona; huella auricular, de acuerdo con la respuesta que dio la RAE a la consulta que Curiel y del Diego formularon a la Academia sobre cómo debían denominarla).

Una de aquellas pioneras sentencias palentinas acabó siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional que, finalmente, dictó el auto 499/2004, de 13 de diciembre, considerando –de nuevo– que fue determinante la prueba de cargo consistente en la práctica de otogramas mediante el contraste de la oreja indubitada del recurrente con las huellas dubitadas halladas en el lugar en el que el robo fue perpetrado y que fueron examinadas a partir de las muestras tomadas el día en que se produjo el hecho enjuiciado, dando dicho contraste como resultado, según el informe pericial ratificado en el acto del juicio oral con todas las garantías, a la conclusión de que tales muestras pertenecían a la oreja izquierda del demandante de amparo con un índice de fiabilidad del 99,9 por 100.

El estudio científico de las otohuellas como método de identificación tiene, sin embargo, un origen mucho más antiguo: se remonta al siglo XIX cuando el antropólogo francés Alphonse Bertillon consideró que la oreja era uno de los caracteres de mayor importancia en la filiación descriptiva por ser inmutable en sus formas y proporciones; y Louis Frigério publicó su estudio de antropología criminal titulado L'oreille externe, en 1888, desarrollando un sistema basado en la otometría. Actualmente, el policía californiano Alfred Victor Iannarelli es uno de los investigadores más destacados en este ámbito desde que presentó su sistema de Earology en 1964, afirmando que junto a las huellas dactilares, la oreja humana es uno de los mejores medios de identificación individual.

¿Tiene sentido seguir tipificando los estragos?

2012-01-11T00:15:00.001-08:00

Para el diccionario de la RAE, el término estrago tiene dos acepciones: 1. Daño hecho en guerra, como una matanza de gente, o la destrucción de la campaña, del país o del ejército. 2. Ruina, daño, asolamiento. Hoy en día, nuestro Código Penal lo tipifica dentro de los delitos contra la seguridad colectiva –en los Arts. 346 y 347 CP– estableciendo que los que, provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental incurrirán en la pena de prisión de 10 a 20 años, cuando los estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas.

Si no concurre este peligro, se castigará como daños (previsto en el Art. 266 CP) y si, además del peligro, se hubiere producido lesión para la vida, integridad física o salud de las personas, los hechos se castigarán separadamente con la pena correspondiente al delito cometido. Finalmente, si quien ha provocado el delito de estragos lo ha hecho por imprudencia, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años.

El origen de esta regulación se remonta a la Década moderada, cuando el liberalismo de talante conservador que gobernó España de 1844 a 1854 aprobó el Código Penal de 1848 –reformado en 1850– estableciendo un fuerte control del orden público; castigando severamente los delitos políticos (creando el desacato a la autoridad y la conspiración) y manteniendo la pena de muerte. Ese texto ha sido la base sobre la que se fueron elaborando gran parte de los códigos penales posteriores (cada uno, evidentemente, adaptado a su propia ideología, pero la base fue la redacción de 1848). En aquel momento histórico, el Código Penal introdujo los estragos en el Art. 471, junto al delito de incendio –que, en función de lo que se quemara, podía castigarse con cadena perpetua e incluso á la de muerte (si prendía un arsenal, astillero, parque de artillería o archivo general del Estado), cadena temporal (mieses, pastos o montes) o presidio correccional (el resto de incendios): Incurrirán respectivamente en las penas de este capítulo los que causen estragos por medio de sumersión ó varamiento de nave, inundación, explosión de una mina ó máquina de vapor y, en general, por la aplicación de cualquier otro agente ó medio de destrucción tan poderoso como los expresados.

Hoy en día, basta con echar un vistazo a la jurisprudencia española para comprobar que el delito de estragos se encuentra íntimamente relacionado con los fines terroristas [por ejemplo, la sentencia 5176/2011, de 21 de julio, los enmarca en el contexto de (…) medios violentos, expresados en asesinatos, estragos, extorsiones y amedrentamientos de los núcleos de población que mayoritariamente han optado por la democracia como medio pacífico de expresión de las ideas]. ¿Es necesario que nuestro Código Penal continúe tipificando este delito? ¿No sería más sencillo considerarlo terrorismo (si hubo peligro) o lesiones (cuando no concurra ese riesgo)?

El gobierno corporativo

2012-01-10T00:19:00.000-08:00

Aunque las grandes empresas del mundo anglosajón vienen hablando de las normas relativas al Corporate Governance desde los años 80, el debate sobre el gobierno corporativo alcanzó su mayor apogeo por culpa de los escándalos financieros que salpicaron a diversas compañías americanas (Enron o WorldCom) y europeas (Maxwell, Parmalat, Gescartera o Fórum Filatélico) en la última década del siglo XX y la primera del XXI; en un marco económico cada vez más globalizado. En el Reino Unido, un comité dirigido por sir Adrian Cadbury (presidente del grupo Cadbury Schweppes) redactó un informe (el Cadbury Report) en 1992 con el código deontológico que debían aplicar las sociedades mercantiles; un conjunto de normas y principios éticos que ha ejercido una notable influencia en todo el mundo. Por su parte, en Estados Unidos, Wáshington sacó adelante la iniciativa legislativa de dos senadores (el demócrata Paul Sabarnes y el republicano Mike Oxley) y aprobó la Sabarnes-Oxley Act, de 30 de julio de 2002, con la que endureció su legislación mercantil, mejorando tanto los controles de auditoría de las empresas que cotizaban en la Bolsa de Nueva York (NYSE) como la responsabilidad, civil y penal, de sus ejecutivos, protegiendo a los trabajadores de las empresas que actuaran fraudulentamente.

Así surgió la necesidad de que las compañías legitimaran todas sus actuaciones de acuerdo con unos códigos de buenas prácticas adoptados voluntariamente para autorregularse, cumpliendo la ley y, sobre todo, siendo transparentes. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un buen gobierno corporativo es indispensable para la integridad de las empresas, instituciones financieras y mercados y clave para la salud de nuestras economías y su estabilidad.

En el marco de la Unión Europea, el comisario holandés Jaap Winter presidió una comisión que elaboró el Informe Winter, también en 2002, donde abogó por generalizar uniformemente las prácticas de buen gobierno corporativo en todos los Estados miembros, dentro de un proceso más amplio de modernización del derecho de sociedades europeo. Como resultado, España –al igual que Alemania, Francia o Italia– aprobó muy rápidamente dos leyes, en 2002 y 2003, para reformar nuestro sistema financiero y reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, respectivamente. En concreto, la Ley 26/2003, de 17 de julio, modificó el Art. 116 de la Ley 24/1988, de Mercado de Valores para que las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo (…) que será objeto de comunicación a la CNMV.

Como ejemplos recientes, en diciembre de 2011, Iberdrola –el primer grupo energético de España– definió su Sistema de Gobierno Corporativo como el conjunto integrado por los Estatutos Sociales, las Políticas corporativas, las normas internas de gobierno corporativo y los restantes códigos y procedimientos internos aprobados por los órganos competentes de la Sociedad; y, por su parte, los informes del Banco Santander perciben el gobierno corporativo como una ventaja competitiva y un elemento estratégico, sustentado sobre dos pilares: los derechos de los accionistas –con un tratamiento equitativo desde la premisa de una acción, un voto, un dividendo– y la transparencia.

¿Qué es el delito de stalking?

2012-01-09T00:08:00.001-08:00

El Derecho Penal español ha ido incorporando a nuestro ordenamiento jurídico la incriminación de diversas figuras relacionadas con el acoso u hostigamiento en distintos ámbitos: laboral (mobbing), escolar (bullying), inmobiliario (blockbusting) y cibersexual a menores (child grooming) –de los que ya hemos tenido ocasión de hablar en anteriores in albis– pero no ocurre lo mismo con el denominado stalking (acecho, en inglés); una figura de origen anglosajón que empezó a ser considerada delito en los Estados Unidos a finales del siglo pasado y que, en lo que llevamos del siglo XXI, ya se ha tipificado en otros países de nuestro entorno como los Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Austria, Malta, el Reino Unido o Italia.

La sentencia 328/2009, de 8 de junio, de la Audiencia Provincial de Sevilla, es un buen ejemplo para aproximarnos a conocer en qué consiste este delito que, en España, carece de una tipificación expresa y específica: son (…) conductas tales como la realización de llamadas telefónicas repetidas al sujeto pasivo, el envío masivo de mensajes telefónicos de texto, los seguimientos o acechos en la vía pública y otros actos de similares características, que se engloban genéricamente en el término anglosajón stalking, no pueden subsumirse en el delito de coacciones, tanto por ausencia del elemento esencial de violencia o intimidación, que no puede adelgazarse hasta hacerle perder su sentido propio, como porque con ellos no se obliga en puridad al sujeto pasivo a hacer nada concreto ni se le impide propiamente hacerlo -pues la víctima no está forzada a recibir la llamada o a abrir los mensajes, como no está impedida de utilizar libremente su teléfono o de salir a la calle-, aunque pueda afectarse a su tranquilidad y a su sentimiento subjetivo de seguridad hasta hacerle modificar sus hábitos cotidianos.

A partir de ahí, podemos extraer las notas características del stalking: nos encontraríamos ante una serie continuada de actos de acoso, de distinta naturaleza (seguimientos, llamadas, allanamientos, agresiones, amenazas e incluso envío de regalos) que el stalker (acechador) realiza obsesivamente irrumpiendo en la vida de la víctima, sin su consentimiento, para hostigarla como un depredador, de forma que le provoca una sensación de ahogo e inseguridad que termina afectando a su comportamiento habitual.

En línea con la política criminal de los países europeos de nuestro entorno, lo más probable es que el Código Penal español acabe tipificando esta conducta que, ahora mismo, sufre un vacío legal.

¿Y si ocurre un delito en la Estación Espacial Internacional?

2012-01-05T00:20:00.000-08:00

En enero de 1984, Ronald Reagan –que, por aquel entonces era presidente de los Estados Unidos de América– encargó a la NASA desarrollar y colocar en órbita una Estación Espacial permanentemente tripulada e invitó a otros países [sobre todo a las agencias espaciales de Canadá (CSA), Japón (GOJ) y Europa (ESA)] a participar en su desarrollo y utilización y a compartir los beneficios que de ello se deriven. Aquel proyecto que recibió el nombre de Space Station Freedom (Estación Espacial Libertad) fue el origen de la Estación Espacial Internacional (más conocida por sus siglas en inglés: ISS); el enorme mecano que actualmente se construye en el espacio, a unos 400 km de la Tierra, por una veintena de naciones (entre ellas, España) y que se utiliza como laboratorio y base para que los astronautas puedan llegar a realizar otras misiones, como ir a la Luna.

Cuatro años después de que el presidente Reagan lanzase su propuesta, la NASA estadounidense, la CSA canadiense y la ESA europea –Japón y Rusia se unieron más tarde– suscribieron en Wáshington el Acuerdo relativo a la Cooperación sobre la Estación Espacial civil Internacional, conocido como el Intergovernmental Agreement (IGA), de 29 de enero de 1988.

Según su Art. 1º, el objeto de este Acuerdo es establecer un marco de cooperación internacional a largo plazo entre los Asociados, (…) para el diseño detallado, desarrollo, explotación y utilización de una Estación Espacial civil internacional permanentemente habitada, con fines pacíficos, de conformidad con el Derecho internacional (…) que intensificará la utilización científica, tecnológica y comercial del espacio ultraterrestre. Ese Derecho Internacional incluye el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, el Acuerdo de Salvamento, el Convenio sobre la Responsabilidad y el Convenio sobre Registro que ya hemos tenido ocasión de tratar en otros in albis.

A continuación, el Art. 5.2º establece qué jurisdicción se aplicará en la ISS: En cumplimiento del Art. VIII del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y del Art. II del Convenio sobre Registro, cada Asociado conservará la jurisdicción y el control sobre los elementos que registre (…) y sobre el personal de su nacionalidad que se encuentre dentro o sobre la Estación Espacial. El ejercicio de esta jurisdicción y de este control estará sujeto a cualesquiera disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, de los ME [Memorandos de Entendimiento suscritos entre las distintas agencias espaciales] y de los Acuerdos de Aplicación, incluidos los mecanismos de procedimiento pertinentes que se establezcan en ellos.

Teniendo en cuenta el carácter único, y sin precedentes, de este Acuerdo internacional, el tratado no dejó ningún cabo suelto y el Art. 22 reguló minuciosamente el protocolo a seguir en el caso de que hubiera que recurrir a la jurisdicción penal: 1. El Canadá, los Estados Asociados europeos, el Japón, Rusia y los Estados Unidos podrán ejercer jurisdicción penal sobre el personal que se encuentre dentro o sobre cualquier elemento de vuelo que sea nacional del país respectivo. 2. En los casos de conducta indebida en órbita que: a) afecte a la vida o a la seguridad de un nacional de otro Estado Asociado o b) se produzca dentro o sobre el elemento de vuelo de otro Estado Asociado o cause daños a dicho elemento, el Estado Asociado del que sea nacional el presunto autor, a solicitud de cualquier Estado Asociado afectado, celebrará consultas con este último en relación con sus respectivos intereses en iniciar una acción penal. Tras dichas consultas, cualquier Estado Asociado afectado podrá ejercer jurisdicción penal sobre el presunto autor siempre que, dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha de dichas consultas o dentro de cualquier otro plazo establecido de mutuo acuerdo, el Estado Asociado del que sea nacional el presunto autor material: 1) consienta en el ejercicio de dicha jurisdicción penal; o bien 2) no presente garantías de que someterá el caso a sus autoridades competentes a los fines de entablar una acción penal. 3. Si un Estado Asociado que condicione la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Asociado con el que no haya celebrado un tratado de extradición, el primero podrá, a su elección, tomar el presente Acuerdo como base jurídica para la extradición respecto de la supuesta conducta indebida en órbita. La extradición estará sujeta a las disposiciones sobre procedimiento y a las demás condiciones previstas en la legislación del Estado Asociado destinatario de la solicitud. 4. Cada estado Asociado, con sujeción a sus leyes y reglamentos nacionales, prestará asistencia a los demás Asociados en relación con las supuestas conductas indebidas en órbita.

Carlos III y el idioma único y universal

2012-01-04T00:19:00.000-08:00

Para evangelizar y civilizar a los indígenas de Hispanoamérica, el rey Carlos III retomó la labor iniciada por la anterior dinastía de los Austria en 1550 que pretendía que todos aquellos pueblos se expresasen en castellano; de modo que esta lengua fuese el idioma único y universal que se hablara en todos sus dominios. Con ese objetivo, una Real Cédula de 10 de mayo de 1770 ordenó a sus virreyes que construyeran escuelas en todos los pueblos de los indios para que aprendieran a leer, escribir y hablar en castellano, eliminado el conocimiento de las lenguas indígenas.

La jurisdicción de las Audiencias desarrolló la disposición real y se prohibió el uso de esos idiomas en los colegios, las iglesias, las casas de los españoles, los negocios… estableciendo un rígido catálogo de castigos (veinticinco pesos de multa por utilizar el quechua o el aymara para dirigirse a un sirviente) y de premios (preferencia de los hispanohablantes para acceder a determinados oficios).

Sin embargo, esta política tropezó con numerosos problemas para ser implantada: la escasez de recursos económicos, las evidentes dificultades geográficas por la extensión de los territorios, la deficiente formación de los profesores (que, generalmente, tampoco tenían salarios) o la oposición de muchos terratenientes españoles, para los que –como se decía entonces– un indio leído era un indio perdido.

¿Qué son las behetrías?

2012-01-03T00:19:00.000-08:00

Según el Diccionario de la RAE, antiguamente una behetría era una población cuyos vecinos, como dueños absolutos de ella, podían recibir por señor a quien quisiesen. No me parece que esta definición sea muy clarificadora para entender qué era esta institución jurídica medieval; así que, será mejor que tratemos de explicarla. Su origen se remonta al siglo IX, en las benefactrías del Reino de Asturias con las que un hombre libre suscribía un contrato con otro –que podía ser un campesino libre como él, un caballero villano o un militar– poniendo sus tierras bajo la protección de éste, de forma voluntaria, con el fin de que le hiciese el bien como benefactor y, por ejemplo, le protegiera frente a las razzias de los musulmanes, escaramuzas muy habituales en aquellos siglos en que el norte del Valle del Duero era una extensa tierra de nadie. A cambio, el vasallo trabajaba las tierras para su señor, le pagaba impuestos y tenía la obligación de alojarlo y alimentarlo (derecho de yantar) si aquel viajaba con su séquito por la behetría.

Nada más acceder al trono, el rey Pedro I de Castilla celebró unas Cortes en Valladolid en 1351 y, entre los asuntos que se debatieron, el monarca ordenó publicar el Libro Becerro de Behetrías con el objetivo de inventariar en qué estado se encontraba la propiedad de las tierras en más de 2.400 núcleos de población de las actuales regiones de Cantabria, La Rioja y Castilla y León. Aquellos terrenos podían pertenecer al rey (realengos), a un monasterio (abadengos), a un hidalgo (solariegos) o a los particulares que los vinculaban a otra persona mediante este particular régimen jurídico de las behetrías; sin embargo, la finalidad última de este inventario no era más que tratar de satisfacer los deseos de los hidalgos y que las behetrías desaparecieran, en su propio beneficio, para ampliar sus dominios con nuevas tierras solariegas (como auténticos señores feudales) y eso sólo lo podía conceder el rey.

El Libro Becerro –llamado así por la piel en la que se escribió– fue un auténtico registro oficial que documentó la titularidad de aquellas tierras de la Meseta Norte. Además de esta obra, el Archivo de Simancas, la Chancillería de Valladolid y otras entidades conservan numerosos documentos que registran aquellas behetrías firmadas en los siglos XI y XII.

Pollice verso (el signo del pulgar hacia arriba)

2012-01-02T00:12:00.000-08:00

Gracias a las películas de romanos y a las series de televisión sobre gladiadores, parece que todos conocemos el significado de mostrar un pulgar hacia arriba o hacia abajo: perdonar la vida o condenar a muerte a quien haya perdido un combate en la arena del Circo, respectivamente. Lo curioso es que este símbolo, tan aceptado en nuestra cultura occidental, originalmente tenía justo el sentido contrario: si el dedo pulgar (pólice, del latín pollex) señalaba al cielo, lo que la multitud quería indicar es que se enviara allí el alma del que iba a morir; es decir, el pollice verso (pulgar hacia arriba) condenaba a muerte a la víctima, no la salvaba. En cambio, el gesto de que este dedo señalara al suelo o se metiera en el puño de la otra mano, significaba envainar la espada y perdonar. ¿Cuándo surgió este error? En 1872, un gran cuadro al óleo del pintor francés Jean-Léon Gérôme (1824-1904) titulado así (Pollice verso) y realizado con su habitual realismo, fue el causante de popularizar este equívoco hasta la actualidad. Hoy en día, este magnífico lienzo se conserva en el Art Museum de Fénix (Arizona, EE.UU.).

El primer asesino en serie del cine

2012-01-01T06:52:00.000-08:00

En los años 70, el especialista del FBI Robert K. Ressler acuñó el concepto de asesino en serie (serial killer); pero el cine ya nos había mostrado los crímenes de Franz Beckmann cuarenta años antes. El director alemán Fritz Lang y su esposa, la escritora Thea von Harbou –autores de la maravillosa visión de un futuro llamado Metrópoli– se inspiraron en el caso real de los asesinatos cometidos por Peter Kurten y en el trabajo de investigación del periodista Egon Jacobson para crear el personaje de ficción interpretado por el actor Peter Lorre, en el clásico M (por la letra inicial de la palabra asesino –mörder– en alemán), de 1931, al que en España se le añadió el elocuente subtítulo de El vampiro de Dússeldorf.

Mientras la policía actúa bien pero sin obtener resultados; las bandas callejeras de la ciudad deciden perseguir a aquel asesino de niños porque la presencia de tantos agentes en las calles está interfiriendo en sus negocios. La consigna está clara, perseguido por ambos bandos, la policía no tiene pistas para dar con Beckmann y el hampa quiere apagarlo, como una vela. El resultado es una obra maestra del séptimo arte que se rodó con más imaginación que medios en aquella oscura Alemania de entreguerras, anterior al auge de Hitler y el nazismo, para mostrar por primera vez el retrato cinematográfico de un asesino en serie.

El affaire du foulard (el asunto del velo)

2011-12-30T07:06:00.000-08:00

Fue uno de los grandes titulares del mismo año en que Francia celebraba el bicentenario de su Revolución. En octubre de 1989, el director del instituto Gabriel-Havez, de Creil (una población del extrarradio al norte de París), llamó la atención a tres alumnas de origen magrebí –Fátima y Leïla, marroquíes, y Samira, tunecina– para que se quitaran los pañuelos de la cabeza o se les expulsaría de aquel centro de enseñanza secundaria. Los padres de las menores y la dirección del instituto llegaron a un acuerdo y las niñas pudieron regresar a clase quitándose el pañuelo mientras se encontraran dentro de las aulas, pero esta solución provisional fracasó antes de que pasara una semana, cuando intervinieron los responsables de varias asociaciones musulmanas, y el debate saltó a la opinión pública y a la clase política con una inusitada agresividad, al confrontar el libre ejercicio de las creencias religiosas con el enraizado principio francés de la laicidad, base fundamental de este país tras la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado, de 1905.

La controversia llegó al Consejo de Estado y, cinco años después, dio lugar a la Ley 2004-228, de 15 de marzo, sobre uso de signos y manifestaciones de pertenencia religiosa en escuelas, colegios y liceos públicos . En aplicación del principio de laicidad, se introdujo un nuevo Art. L141-5-1 en el Código de Educación estableciendo que En las escuelas, colegios y liceos públicos, el uso de signos o uniformes por los cuales los alumnos manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa está prohibido. Los reglamentos internos advertirán que la aplicación de un procedimiento disciplinario irá precedido por un diálogo con el estudiante. Dos meses más tarde, el Ministerio de Educación tuvo que dictar una Circular –de 18 de mayo de 2004– para precisar tanto su contenido, conjugando los principios de laicidad, neutralidad, no discriminación por motivos religiosos y tolerancia, como su aplicación tan sólo en los centros públicos, no en los privados. Asimismo, la norma ministerial permitió a los alumnos –excluyendo a los profesores– llevar signos religiosos siempre que éstos fuesen discretos –es decir, que no fueran ostentosos, señal que se identificaba con el proselitismo– y detalló cómo debía llevarse a cabo el diálogo con el alumno, antes de aplicar cualquier tipo de medida disciplinar.

En 2007, el Consejo de Estado francés tuvo que resolver los primeros casos que llegaron a su instancia y aplicar la nueva normativa para admitir que algunos colegios públicos hubiesen expulsado a una alumna musulmana de Tholy que utilizó una bandana como sustituto del hiyab y a tres alumnos sij por llevar puestos sus tradicionales turbantes. Hoy en día, el debate sobre el pañuelo islámico continúa abierto entre quienes lo consideran como un acto de provocación, un enaltecimiento de actitudes fundamentalistas, una ostentación proselitista, una cárcel de tela para oprimir al género femenino… o un símbolo religioso con el que esas mujeres muestran a los demás, abiertamente, su condición de musulmanas. Así de sencillo y así de complejo, a la vez

El Edicto Porcino

2011-12-29T06:48:00.000-08:00

El rey de Francia, Luis VI el Gordo (1081-1137) –hay que reconocer que el apodo suena mucho mejor en su idioma: Louis VI le Gros– tuvo ocho hijos con su segunda esposa, Adélaïde de Savoie; el mayor de todos, el príncipe Philippe, murió el 13 de octubre de 1131, con apenas 15 años, al caerse de su montura cuando el caballo se desbocó por culpa de un cerdo que se cruzó bajo los cascos del animal. Según los cronistas de aquel tiempo: ni Homero habría podido expresar el dolor y el sufrimiento del monarca y de la reina cuando enterraron al heredero del trono en Saint Denis, cuatro días después del mortal accidente.

Como consecuencia, Luis VI aprobó un edicto real prohibiendo que los cerdos continuaran andando con libertad por París, como era habitual en la Edad Media, cuando los cochinos hurgaban libremente, con una pequeña campana colgada al cuello, alimentándose de los residuos y desperdicios arrojados por la gente a las calles. El denominado Edicto Porcino sólo estableció una única excepción: los cerdos que fuesen propiedad de los monjes antoninos podrían seguir campando a sus anchas.

La responsabilidad de nuestra generación con las siguientes

2011-12-28T07:45:00.000-08:00

Teniendo en cuenta los valores y principios que consagran tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como los demás instrumentos del derecho internacional, la UNESCO aprobó la llamada Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras durante la 29ª reunión que celebró en París, el 12 de noviembre de 1997. Creo que es uno de los documentos internacionales que tiene el título más grandilocuente y pomposo que yo recuerde; pero, eso sí, con un noble objetivo: este organismo de la ONU se mostró preocupado por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales que plantea el actual milenio, donde el pleno respeto de los derechos humanos y los ideales de la democracia constituyen una base esencial para proteger las necesidades y los intereses de las generaciones futuras.

Según la UNESCO, las generaciones presentes tenemos la obligación moral de formular unas reglas de conducta abiertas al porvenir, que aseguren el mantenimiento y la perpetuación de la humanidad y el debido respeto a la dignidad de los seres humanos; por ese motivo, la declaración se proclamó para garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras; defendiendo que éstas puedan escoger libremente su sistema político, económico y social y preservar su diversidad cultural y religiosa.

Pone especial énfasis en cuestiones de carácter medioambiental: en la idea de preservar la vida en la Tierra, para legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la Tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la Tierra; luchando en pro del desarrollo sostenible y preservar las condiciones de la vida y, especialmente, la calidad e integridad del medio ambiente; pero también proclama la protección del genoma humano; que el progreso científico y tecnológico no perjudique ni comprometa de ningún modo la preservación de la especie humana ni de otras especies; que se utilice el patrimonio común de la humanidad sin comprometerlo de modo irreversible y, finalmente, que las generaciones actuales velen por que, tanto ellas como las futuras, aprendan a convivir en un ambiente de paz, seguridad y respeto del derecho internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los mapas de ruido

2011-12-27T07:31:00.000-08:00

Aunque la protección contra la contaminación acústica se podía englobar en algunos de los mandatos constitucionales como la protección de la salud (Art. 43 CE) o el medio ambiente (Art. 45 CE) e incluso en el derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1º CE), lo cierto es que, en España no tuvimos una norma general reguladora de ámbito estatal sobre el ruido hasta 2003; cuando se traspuso la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Su objetivo era prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. En ese contexto, su Art. 3.c) definió la contaminación acústica como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

Uno de los elementos más importantes que previó aquella Directiva comunitaria fue que cada Estado miembro elaborase mapas de ruido; una herramienta muy importante para disponer de información uniforme sobre los niveles de contaminación acústica en los distintos puntos del territorio, aplicando criterios homogéneos de medición que permitan hacer comparables entre sí las magnitudes de ruido verificadas en cada lugar; es decir, lo que se persigue con estos mapas es, sencillamente, poder evaluar los niveles de ruido a los que se expone una determinada zona, para que se puedan hacer predicciones y adoptar medidas correctoras adecuadas.

¿De qué lugares hay que elaborar mapas de ruido? La Ley de 2003 establece que de cada uno de los grandes ejes viarios [cualquier carretera con un tráfico superior a 3.000.000 de vehículos por año], de los grandes ejes ferroviarios [cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes por año], de los grandes aeropuertos [cualquier aeropuerto civil con más de 50.000 movimientos por año (tanto los despegues como los aterrizajes, con exclusión de los que se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras)] y de las aglomeraciones [municipios con una población superior a 100.000 habitantes].

El origen de la paga extra de Navidad

2011-12-24T07:47:00.000-08:00

Hace 67 años, el Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 1944 publicó una Orden del día 19 en la que, para conmemorar la Natividad del Señor, el Ministerio de Trabajo dispuso que se abonara una gratificación equivalente a la retribución de una semana, pagadera el día 23 de los corrientes. Un año más tarde, otra Orden del Director General de Trabajo del Gobierno franquista, José Antonio Girón de Velasco, aprobó que aquella paga extraordinaria tuviese carácter general e indefinido con motivo de las fiestas de Navidad; fue el 6 de diciembre de 1945.

En aquel momento de nuestra Historia, con España sumida en la dura postguerra y el mundo recuperándose de la II Guerra Mundial, aquellas órdenes del Ministerio de Trabajo se dictaron por razones fundamentales de justicia social, haciéndose extensiva también a las actividades reglamentadas cuyas normas no comprendan este beneficio en favor del personal, a la vez que se impone puntualizar que en el caso de que el trabajador lleve prestando servicios en la Empresa menos de un año se le reconozca el derecho a la parte proporcional de dicha gratificación.

¿Una empresa puede comercializar sillas eléctricas?

2011-12-23T03:35:00.000-08:00

En la Unión Europea, no. El ordenamiento jurídico comunitario lo prohibió expresamente en el Reglamento CE 1236/2005, de 27 de junio. Sea cual sea su origen, su Art. 3º prohíbe que los 27 Estados miembros de la Unión Europea exporten aquellos productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; en concreto, enumera las horcas y guillotinas, las sillas eléctricas, las cámaras herméticas (por ejemplo de acero y vidrio, diseñadas con el fin ejecutar a seres humanos mediante la administración de un gas o sustancia química letal) y los sistemas automáticos de inyección de droga diseñados con ese mismo fin mediante la administración de una sustancia química letal; asimismo, prohíbe exportar los productos diseñados para la inmovilización de seres humanos (como los cinturones de electrochoque que administren descargas eléctricas de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios).

Es más, la normativa comunitaria también exige una licencia de exportación para comercializar cualquier producto que pudiera ser utilizado para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y cita, como ejemplos, las sillas de sujeción y planchas de inmovilización; las esposas para tobillos, cadenas colectivas, grilletes, esposas y grilletes de muñeca individuales; las esposas para pulgares y empulgueras, incluidas las esposas dentadas para pulgares; los dispositivos portátiles para provocar descargas eléctricas (incluidos, entre otros, picanas, escudos eléctricos, armas aturdidoras y pistolas que disparan dardos eléctricos de una tensión en circuito abierto superior a 10 000 voltios) y las sustancias para su uso como material antidisturbios o de autodefensa mediante la administración o diseminación de una sustancia química incapacitante y el equipo portátil para su diseminación.

Bond… Thomas Bond (autor del primer perfil criminal)

2011-12-22T00:40:00.000-08:00

Con 47 años, este médico londinense se convirtió en el primer perfilador criminal de la Historia y lo hizo entrando por la puerta grande al analizar, nada más y nada menos, que a Jack el Destripador; así que, como diría el asesino de Whitechapel, vayamos por partes. El Dr. Bond nació en Somerset en 1841, estudió medicina en Southampton y Londres antes de servir al ejército británico en el frente de la guerra con Prusia. De regreso a la capital del Támesis, fue nombrado cirujano de la Policía Metropolitana en Wéstminster y se encargó de algunos de los casos más famosos de su época, como el del camarero francés De Tourville que, en 1875, fue acusado de cometer diversos crímenes para introducirse en la Alta Sociedad; el médico demostró que la suegra del detenido no murió fortuitamente al mirar los cañones de una escopeta y accionar el gatillo por accidente sino que falleció como consecuencia de un disparo que recibió por la espalda.

Trece años más tarde, el célebre Jack comenzó a matar mujeres. El 25 de octubre de 1888, uno de los responsables de aquella investigación, sir Robert Anderson (1841-1918), escribió al médico pidiéndole que examinara post-mortem uno de los cuerpos de las víctimas para analizar los posibles conocimientos quirúrgicos del hábil asesino. El 10 de noviembre de aquel mismo año, el Dr. Bond le respondió explicándole que, en su opinión: (...) No dudo que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En los primeros cuatro las gargantas parecieran haber sido cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a la considerable mutilación, es imposible señalar en qué dirección se hizo la cortada, aunque se hallaron rastros de la sangre arterial sobre la pared en forma de salpicaduras, muy cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Todas las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban recostadas y, en todos los casos, la garganta fue cortada en primer lugar. El asesino, en su apariencia externa, es muy probable que sea de aspecto inofensivo. Un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable. Puede tener el hábito de llevar capa o abrigo porque si no, la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención a los viandantes.

En 1901, aquejado de fuertes dolores, el Dr. Bond se suicidó arrojándose a la calle desde la ventana de su casa en Wéstminster, en un tercer piso. El mito de Jack el Destripador no sólo le sobrevivió sino que, hoy en día, continúa tan vivo como en 1888.

Medioambiente (VI): El Derecho a una noche estrellada

2011-12-21T00:26:00.001-08:00

Siendo conscientes de que la visión de la luz de las estrellas ha sido y es una inspiración para toda la Humanidad, y que su observación ha representado un elemento esencial en el desarrollo cultural y científico de todas las civilizaciones... ¿Tenemos derecho a un cielo nocturno sin contaminación lumínica que nos permita contemplar el firmamento? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sí; en concreto, la Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas –que se celebró en la isla canaria de La Palma, el 20 de abril de 2007– adoptó una declaración que persigue considerar el derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento, (…) como un derecho inalienable de la Humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales. La progresiva degradación del cielo nocturno ha de ser considerada como un riesgo inminente que conlleva la pérdida de un recurso fundamental.

Para lograr ese objetivo, la Declaración de La Palma señaló que debe plantearse un uso racional de la iluminación artificial, minimizando el resplandor que provoca en el cielo y evitando la nociva intrusión del exceso de luz sobre los seres humanos y el medio natural. Esta estrategia implica un uso más eficiente de la energía en consonancia con los acuerdos sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Y, en última instancia, se trata de promover una Declaración Universal del Derecho a la Luz de las Estrellas, como expresión del compromiso de protección de este patrimonio común de la humanidad.

En ese contexto, las reservas Starlight son “Reservas del Cielo Nocturno” dentro de espacios naturales protegidos –tal y como sucede con el cielo majorero, en Fuerteventura, por ejemplo– y se conciben como un factor clave en la estrategia de conservación de la biodiversidad y de las manifestaciones de la vida nocturna. Su función es preservar la calidad del cielo nocturno y de sus valores (culturales, científicos, astronómicos, paisajísticos o naturales). Esta iniciativa de “cielos limpios” se desarrolla en el marco de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO, por su carácter de laboratorios de la ciencia y el desarrollo sostenible y como referentes mundiales para poner en valor los recursos ambientales.

El antecedente legislativo de todas estas disposiciones lo encontramos en una norma española que se podría calificar de auténticamente pionera: la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias; en la que ya se establecieron -hace más de veinte años- un conjunto de medidas para garantizar la calidad astronómica de estos observatorios, incluyendo el alumbrado de exteriores.

La primera norma aérea

2011-12-20T00:46:00.000-08:00

Como sabemos, el ser humano lleva navegando desde la Antigüedad; de hecho, en otro in albis ya tuvimos ocasión de hablar sobre la Ley de Echazón que se practicó en la isla griega de Rodas, allá por el siglo VII a.C. Pero si el agua se conquistó con rapidez, el aire –en cambio– se resistió hasta finales del s. XVIII cuando los dueños de una empresa papelera –los hermanos Joseph y Étienne Montgolfier– consiguieron elevar un globo aerostático de papel recubierto con seda e inflado con aire caliente, sobre la Plaza del Mercado de su ciudad natal, Annonay (Ródano-Alpes, Francia), el 4 de junio de 1783. Aquel viaje sin tripulación fue la primera demostración en público de un invento que los Montgolfier descubrieron por puro azar, al acercar una llama al interior de una bolsa de papel y comprobar que ésta se elevaba.

A veces, la Historia de la Humanidad es cíclica y, del mismo modo que sucedería a mediados del siglo XX con el inicio de la carrera espacial, el primer vuelo tripulado tampoco lo disfrutaron los humanos sino un gallo, una oveja y un pato que el 19 de septiembre de aquel año se convirtieron en los primeros pasajeros del globo que voló sobre los jardines de Versalles ante la atenta mirada de los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta. Como el viaje animal se desarrolló sin incidentes, antes de que pasara un mes, el 15 de octubre, el profesor Jean-François Pilâtre de Rozier se subió a un globo amarrado a tierra y repitió la hazaña, esta vez en vuelo libre, el 21 de noviembre de 1783, junto al marqués de Arlandes; convirtiéndose en los primeros hombres que volaron.

El invento de la navegación aérea se puso de moda en París y Lyón y acabó siendo tan popular que el Jefe de Policía parisino, Jean Lenoir, tuvo que dictar una ordenanza municipal el 23 de abril de 1784 reglamentando aquella nueva actividad (en especial, el uso de materiales peligrosos) y prohibiendo la ascensión de cualquier globo si no contaba con su autorización previa. Fue la primera normativa aérea que se aprobó y, como consecuencia, los juristas empezaron a plantearse –tal y como ocurriría también años después con el Derecho Internacional del Espacio– si aquellas máquinas debían tener una normativa propia o regularse por el Derecho Marítimo; si los vuelos se autorizaban, ¿de quién era la responsabilidad en caso de siniestro: de la administración que dio su permiso o de los dueños de la aeronave? ¿Hasta dónde llegaba el espacio aéreo de cada país para ejercer su jurisdicción y soberanía? ¿Cuál era el límite vertical?

La primera obra jurídica que abordó este incipiente problema fue Le domaine aérien et le régime juridique des aerostats y se editó en París, en 1901; la escribió el profesor de Derecho Internacional Paul Fauchille, defendiendo la libertad del espacio aéreo frente a la soberanía de los Estados, a la hora de abordar el dominio aéreo y el régimen jurídico de los aerostatos. A partir de aquel momento, con el famoso vuelo de los hermanos Wright en 1903, nadie puso en duda el nacimiento de una nueva rama jurídica: el Derecho Aeronáutico o de la Aviación. Por cierto, esta es la entrada número 300 de este blog de anécdotas.

Los maltratadores que cobran pensiones de viudedad

2011-12-19T01:21:00.000-08:00

En los últimos días, diversos medios de comunicación españoles nos han dejado perplejos con noticias que llenaban de estupor, incredulidad y vergüenza ajena: El Estado pagó 40.000 euros por viudedad al asesino de su esposa (El País, 09/12/2011); El parricida de Laguna [de Duero, Valladolid] lleva cobrando la pensión de viudedad más de una década (El Norte de Castilla, 15/12/2011)… En ambos casos, dos hombres –condenados mediante sentencia firme por asesinar a sus respectivas esposas– están cumpliendo su condena en prisión y cobrando, al mismo tiempo, la pensión de viudedad causada por la fallecida (que, no olvidemos, murió porque el beneficiario de la pensión acabó con su vida). Si la situación no fuera tan indignante, sería cuando menos surrealista.

El problema es que nuestro ordenamiento jurídico ya previó este efecto, precisamente, para que no sucediera: El Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, reguló el Registro central para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, estableciendo un sistema de coordinación entre los secretarios de los juzgados y tribunales y aquellos puntos de coordinación designados por la Comunidad Autónoma para comunicarles las órdenes de protección de estas víctimas.

Aquella norma se modificó un año después con el Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, pero la evolución del fenómeno de la violencia doméstica y de género aconsejó profundizar en la protección de las víctimas; por ese motivo, se aprobó el Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo: en primer lugar adoptando las medias necesarias para evitar este tipo de actuaciones y en segundo lugar impidiendo que el maltratador pueda obtener un beneficio directo o indirecto de su actuación. Expresamente, este Reglamento ya señalaba que el intercambio de información y la coordinación entre el Registro de protección a las víctimas de violencia doméstica, la Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Hacienda pueden evitar efectos indeseables en la generación de pensiones u otros beneficios sociales.

Con esta última reforma, se dio nueva redacción al Art. 8º.4 de aquel Real Decreto que reguló el Registro central para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, en 2004, estableciendo que: El Encargado del Registro central de protección a las víctimas de la violencia doméstica comunicará al menos semanalmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos terminados por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho Registro por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o ex cónyuge o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Este es –en definitiva– el texto que nos interesa. La mencionada disposición adicional primera no puede ser más clara: Pensiones y ayudas: 1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del Sistema Público de Pensiones causada por la víctima, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. 2. A quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, no le será abonable, en ningún caso, la pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos dentro del Sistema Público de Pensiones, salvo que, en su caso, hubiera mediado reconciliación entre aquellos.

Es decir, tenemos todos los elementos jurídicos necesarios y la ley está muy clara; sólo resta pedir que esa coordinación administrativa funcione para que no vuelvan a repetirse estas auténticas aberraciones.

¿Quién forma parte de la Familia Real española?

2011-12-16T04:05:00.000-08:00

En otros in albis, ya hemos tenido ocasión de mencionar que el Título II de la Constitución Española de 1978 –dedicado a regular la institución de la Corona– representa uno de los legados más conservadores de toda nuestra Carta Magna al inspirarse, literalmente, en otros preceptos, en especial, de la Constitución de los Notables de 1876, en cuestiones relativas al orden regular de primogenitura y representación para suceder en el trono (que tan mal se conjuga con el principio de igualdad) o a la inviolabilidad del Rey. Ahora, el llamado Caso Urdangarín (por el apellido del yerno del monarca que se casó con la infanta Cristina) ha vuelto a poner de actualidad el tema de la Familia del Rey y la Familia Real.

Desde un punto de vista jurídico, el Art. 1 del breve Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, que regula el Registro Civil de la Familia Real, señala que en él se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible –se deduce que también los divorcios, aunque no se mencionen expresamente– con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona. Esos son los miembros de la Familia Real y, cualquier alteración que incluya o excluya a algún miembro, no la realiza el Rey sino el Gobierno (recordemos el famoso dicho de que el Rey reina, pero no gobierna).

Seis años más tarde, otro sencillo Real Decreto, el 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, lo detalló más al establecer que la Real Familia (sic) engloba al titular de la corona (sea Rey o Reina), a su consorte, al heredero (que tiene la dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias) y a los infantes (hijos del Rey que no tengan la condición de Príncipe o Princesa de Asturias así como los hijos de este Príncipe o Princesa) y a sus consortes, mientras lo sean o permanezcan viudos, que tendrán el tratamiento y honores que les conceda el Rey; es decir, que los yernos o nueras del monarca también son Familia Real.

Las disposiciones transitorias de este Reglamento también preveían que los padres de Juan Carlos I –ya fallecidos– tuvieran tratamiento de Alteza Real y honores análogos a los que corresponden al Príncipe de Asturias; mientras que sus hermanas serán infantas de España y conservarán el derecho al uso del tratamiento de Alteza Real vitaliciamente, pero no sus consortes ni hijos.

Más allá de esa Familia Real, como sucede con cualquiera de nosotros, el Rey tiene otros parientes, en distintos grados, más cercanos o lejanos; esa sería la Familia del Rey pero tan solo una parte de ella, es la Familia Real. Además, es importante destacar que esta Familia Real también se distingue porque sus miembros pueden llegar a representar al Jefe del Estado y, en mayor o menor medida, forman parte de la línea sucesoria que podría llegar a heredar el trono.

En algún momento –y esperemos que sea más pronto que tarde– algún Gobierno español se tendrá que plantear en serio la reforma del anacrónico orden sucesorio previsto en el Art. 57 de la Constitución y, de paso, no estaría mal aprobar una Ley Orgánica que regule un Estatuto de la Corona adecuado al siglo XXI en el que vivimos.

Cuando Xena pasó a ser Eris

2011-12-14T02:43:00.001-08:00

Aunque el Derecho Internacional del Espacio es fruto de cincuenta años de trabajo de las Naciones Unidas (en especial, del comité llamado COPUOS), muchos aspectos relacionados con el cosmos no dependen de la ONU sino de las resoluciones que acuerde la Unión Astronómica Internacional; por ejemplo, durante la XXVI Asamblea General que este organismo celebró en Praga (Chequia) en agosto de 2006, se degradó a Plutón al nuevo estatus de planeta enano olvidándonos de su anterior categoría de planeta, vigente desde 1930. Desde entonces, el equipo del Sistema Solar no solo no se incrementó a 12 jugadores (como se había propuesto) sino que se redujo a tan solo 8, empezando por Mercurio y terminando con Neptuno. Ese mismo año, también se dio nombre definitivo al fichaje más joven que se sentó en el banquillo de los suplentes: el planeta enano Eris.

Por unas fotografías que se hicieron en 2003, dos años más tarde se dio a conocer el descubrimiento del objeto llamado 2003 UB 313. La convención internacional de nomenclatura que se adoptó en 1925 para denominar a los nuevos cuerpos celestes que los astrónomos iban encontrando en el universo se puede traducir de la siguiente manera: año de descubrimiento (2003) + una letra del alfabeto (cada quincena del año se asigna con una; en este caso, la U se corresponde con la segunda quincena de octubre) + otra letra (que indica el número de objetos descubiertos durante esa quincena; es decir, si es una B es que fue el segundo) + un número subíndice (en este caso, el 313) porque, como actualmente se descubren muchos cuerpos, se señala el número de veces que se ha reiniciado la serie de la segunda letra (de la A a la Z, prescindiendo de la I, serían 25 letras; luego este planeta enano fue el segundo objeto que se halló en la 313ª vuelta de la serie correspondiente a la segunda quincena de 2003).

Aquel 29 de julio de 2005 que se anunció, oficialmente, el descubrimiento de 2003 UB 313, la opinión pública supo también de la existencia de otros dos nuevos planetas enanos situados más allá de Plutón (Haumea y Makemake) que se llamaron así siguiendo la costumbre de ponerles nombre de acuerdo con las antiguas mitologías de dioses; en este caso, de los Olimpos hawaiano y pascuense.

Lógicamente, la denominación de 2003 UB 313 debía recibir un bautismo análogo y, extraoficialmente, sus descubridores decidieron llamarlo Xena, en homenaje a la princesa guerrera que protagoniza la actriz Lucy Lawless (apellido que, para más inri, en inglés significa “ilegal”) en una conocida serie juvenil de televisión, pero la Asamblea de Praga votó por unanimidad que aquel objeto fuese Eris, por la diosa griega de la discordia. Un nombre muy adecuado para una reunión que vino a redefinir cuáles eran los planetas de nuestro Sistema Solar.

La Constitución de los monárquicos revolucionarios (1869)

2011-12-13T00:18:00.000-08:00

La llamada Revolución de Septiembre, de 1868, terminó con los gobiernos heredados del absolutismo y con el reinado de Isabel II que se exilió en Francia. De ahí surgió un gobierno formado por liberales y progresistas que inmediatamente convocó elecciones para formar unas Cortes Constituyentes que abrieron sus puertas el 11 de febrero de 1869 y, en apenas cuatro meses, el 6 de junio, aprobaron una nueva Constitución, de 112 artículos, que incluía el texto más completo y avanzado que España había tenido hasta el momento.

El Título I de la Constitución de la Monarquía Española de 1869, De los españoles y sus derechos, sentó las bases para establecer una auténtica declaración de derechos y libertades: amplió el derecho de petición; reconoció el derecho a reunirse y asociarse; la libertad de imprenta, de palabra y de cultos; la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; el derecho de propiedad, etc.

Aquella Constitución de los monárquicos revolucionarios, encabezados por Serrano y Prim, reafirmó tanto la soberanía nacional como la separación de poderes: el ejecutivo, que aunque residía en el rey, se ejercía por medio de sus ministros; el legislativo, con dos cuerpos colegisladores –Congreso y Senado– elegidos por sufragio universal, directo y masculino (las mujeres no pudieron votar hasta bien entrado el siglo XX), y el judicial, ejercido por los tribunales con juicio por jurados para todos los delitos políticos y para los comunes que determine la ley (Art. 93).

Curiosamente, esta Carta Magna –que estableció como forma de gobierno la monarquía– surgió del movimiento que destronó a Isabel II; por ese motivo, el Art. 1 de las disposiciones transitorias previó que una Ley tendría que elegir la persona del rey. Una búsqueda que resultó ser más complicada de lo que parecía en un principio y que recayó finalmente en Amadeo I de Saboya, un monarca que entró en Madrid el 2 de enero de 1871 y abdicó tan sólo dos años después. Su renuncia al trono español abrió las puertas a la I República y al nuevo proyecto constitucional federal de 1873.

El Toro de Falaris

2011-12-12T00:57:00.001-08:00

Para el filósofo griego Aristóteles (s. IV a.C.) la monarquía, la aristocracia y la democracia eran las tres formas de Gobierno puras que buscaban el bien común en función de si quien ejercía el poder era una única persona, unos pocos o todo el pueblo; a su vez, esta clasificación aristotélica se podía corromper, respectivamente, en tiranía, oligarquía y demagogia, cuando degeneraban y ya no perseguían el bienestar de la sociedad. En ese contexto histórico, pero casi dos siglos más tarde, debemos situar a uno de esos personajes que se mueven en el limbo de leyenda que separa la fantasía de la realidad: el rey Falaris, el tirano que gobernó la ciudad griega de Ákragas (actual Agrigento, en la isla italiana de Sicilia) durante la primera mitad del siglo VI a.C.

Los cronistas de su época nos han brindado una imagen tan distorsionada de él que oscila entre quienes lo consideraron un buen gobernante preocupado por modernizar Ákragas y quienes se quejaban de su excesiva severidad acusándolo de practicar el canibalismo. De un modo u otro, si su fama ha logrado trascender a su tiempo para llegar hasta el nuestro es por culpa de la escultura en bronce de un gran toro –al parecer, obra de Perillo de Atenas– donde el tirano encerraba a los condenados a muerte como si se tratara de un horno: encendía una hoguera bajo la estatua del animal para “cocinar” a la víctima mientras ésta ardía viva en su interior y sus gritos se dejaban oír por la boca-chimenea del astado; de esta forma, el Toro de Falaris se convirtió en uno de los instrumentos de tortura más crueles de la Historia donde acabaron pereciendo ajusticiados tanto el escultor que creó el animal como el propio tirano.

El champán y el cava

2011-12-09T03:40:00.000-08:00

Aunque parece que las vides suelen darse mejor en los soleados climas meridionales, los romanos descubrieron que el subsuelo calcáreo y las suaves colinas de aquella provincia de la Campania remensis (Campos de Reims; capital de la actual región francesa de La Champaña-Ardenas) proporcionaban unas características únicas a los vinos blancos que se producían en esos terrenos, excepcionalmente situados tan al Norte de Francia. Su ligera efervescencia natural empezó a ser valorada durante la Edad Media, gracias al saber hacer de los monjes-bodegueros de la archidiócesis de Reims –como el famoso Dom Pierre Perignon, de la abadía de Hautvilliers– que fueron reuniendo el saber hacer tradicional con innovaciones en el uso de corchos cónicos y el grosor de las botellas hasta conseguir que el vino fuese más equilibrado, jugando con sus dos variedades de uva principales: la gouais y la fromenteau. La característica pinot noir no se introdujo hasta mediados del siglo XVI y las demás uvas tradicionales (pinot meunier, chardonnay, arbanne y petit meslier) se plantaron a finales del XIX cunado la denominación se vio afectada por una plaga de filoxera.

En 1882, los productores champaneros crearon el Syndicat du Commerce des Vins de Champagne para hacer frente a bodegueros de otras regiones francesas y extranjeras que pretendían aprovecharse de su fama para comercializar sus propios vinos; cinco años más tarde, un tribunal de la ciudad de Angers (País del Loira) reconoció, por primera vez, en 1887, que el término Champagne era el indicativo exclusivo de los vinos producidos en esa región vitivinícola y que los angevinos no podían utilizar aquella denominación. Una Ley de 22 de julio de 1927 acabó señalando los límites exactos de La Champaña, sustituyendo la insatisfactoria reglamentación de 1908. El gran salto para regular su calidad llegó en 1935, cuando se creó la denominación de Appellation d’Origine Contrôlée y se aprobaron dos nuevos decretos: uno del 30 de septiembre para establecer las reglas de la vendimia; y otro de 28 de diciembre, que clasificó los pagos (crus) de La Champaña en función de la calidad de sus uvas, en Grands Crus, Premiers Crus y Crus Champenois.

En España –donde el término “champán” tampoco se puede utilizar para comercializar esta clase de vinos porque ese nombre, como hemos visto, es específico para los que se producen en la región francesa de La Champaña– los vinos espumosos empezaron a elaborarse a mediados del siglo XIX y se regularon en 1959 pero no fue hasta 1972 cuando una orden ministerial de 27 de julio estableció la elaboración, producción y comercialización del cava. El Reglamento de su Consejo Regulador se aprobó por una Orden de 14 de noviembre de 1991 y, a su vez, reserva la denominación “cava” a los vinos espumosos que cumplan los requisitos establecidos en esa norma, prohibiendo categóricamente la utilización de esa mención en la presentación o propaganda de otros vinos y productos del sector vitivinícola. Esta prohibición se extiende al empleo de nombres, razones sociales, expresiones o signos que tengan similitud fonética o gráfica con la misma. Pese a lo que pueda parecer, la región del cava no se limita a Cataluña; en realidad, está formada por 159 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Álava, Zaragoza, Navarra, Valencia y Badajoz. Fuera de esas localidades, por ley, no se elaborará ningún “cava” sino “vino espumoso”.

Los datos anonimizados

2011-12-07T00:16:00.001-08:00

Ya sé que este titular parece una mala traducción de un diccionario on line pero la anonimización de datos personales es una cuestión bastante más importante de lo que pueda parecer a simple vista. Veamos un caso reciente: Uno de los últimos reglamentos aprobados durante la IX legislatura española (2008-2011) ha desarrollado la normativa que regula los denominados biobancos (que ya se mencionaron en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica) y que el Art. 2º del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, define como aquel establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una o varias colecciones de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica, organizadas como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino, con independencia de que albergue muestras con otras finalidades.

Desde el punto de vista jurídico, tal y como señala su exposición de motivos, los derechos de los sujetos habrán de ser respetados siempre que se utilice su material biológico para obtener nuevos conocimientos científicos, confirmar hipótesis, o realizar actividades de adecuación tecnológica, controles de calidad, docencia, etc. Estos sujetos deben renunciar a cualquier derecho económico, patrimonial o potestativo sobre los resultados o potenciales beneficios que puedan derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo con la muestra que ha cedido para la investigación (aunque sí que se puede fijar una compensación económica por las molestias físicas, los gastos y otros inconvenientes que puedan derivarse de la toma de la muestra).

Uno de los aspectos más destacados de estas investigaciones se refiere a la llamada anonimización de las muestras biológicas de origen humano; es decir, el proceso por el que deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre una muestra biológica o dato de investigación y el sujeto al que se refieren (Art. 2.a). Ese proceso conlleva que el documento de consentimiento que debe firmar previamente el sujeto fuente para que se obtenga, almacene, conserve o utilice su muestra con fines de investigación biomédica debe contener –entre otra información– su derecho a revocar ese consentimiento (total o parcialmente y en cualquier momento) así como sus efectos, incluida la posibilidad de la destrucción o de la anonimización de la muestra y de que tales efectos no se extenderán a los datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo.

Más allá del ámbito biomédico, en el contexto más genérico de la protección de datos, la anonimización se ha convertido en una de las tareas más importantes –junto a la verificación, depuración, catalogación y carga informática– a la hora de gestionar cualquier dato de carácter personal (por ejemplo, al disponer públicamente el contenido de las sentencias que se pueden consultar en el CENDOJ o en la información accesible en el Censo, el Instituto Nacional de Estadística o el Centro de Investigaciones Sociológicas) que, antes de hacerse públicos, deben ser previamente anonimizados. Lo definió muy bien la Ley andaluza 11/2007, de 26 de noviembre, al establecer que un dato anonimizado es aquel dato no asociado a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda la información que identifica al sujeto.

El olvidado Estatuto de Bayona de 1808

2011-12-06T07:31:00.000-08:00

Hasta que se promulgó la actual Constitución española de 1978 -que hoy cumple su 33º aniversario- nuestra historia constitucional transcurrió entre otras trece normas básicas: constituciones, cartas otorgadas, proyectos, anteproyectos, estatutos y leyes fundamentales. Prefiero seguir un criterio, digamos, abierto, por que el contrario me llevaría a eliminar a trece de las catorce normas, salvando, tan solo, a la Carta Magna de 1978; la única que, verdaderamente, se puede calificar como tal, al ser la primera Constitución que fue redactada por una comisión plural donde estaban representadas diferentes ideologías y la única que el pueblo español ha ratificado en referéndum por mayoría.

Los otros textos fueron impuestos, en cada época, por el emperador de Francia, dictadores locales, monarcas absolutistas o el partido político de turno que gobernaba en aquel momento, pretendiendo imponer su propia norma al resto de los españoles, con independencia de que éstos pensaran de forma distinta. De ahí que nuestra historia constitucional siempre se haya caracterizado por una alternancia ideológica (a un texto conservador le seguía otro progresista y a éste, de nuevo, otro conservador), lo que motivó que, desde 1808, siempre haya existido una fuerza política contraria al texto constitucional vigente en cada momento: los liberales se opusieron al Estatuto de Bayona, el absolutismo a la Constitución de Cádiz, los progresistas al Estatuto Real, etc.

Por ese motivo, no me parece justo olvidarse del Estatuto de Bayona, como si fuese una deshonra y nunca hubiera existido; al fin y al cabo, también forma parte de nuestro legado constitucional.

El 6 de julio de 1808, Napoleón Bonaparte otorgó esta Carta a los representantes del clero y la nobleza españoles convocados en aquella ciudad francesa para jurar fidelidad a su hermano, el llamado rey intruso, José I Bonaparte. Aunque sólo sea por su papel histórico –sirvió de aliciente para que sus detractores se plantearan elaborar otra Constitución– merece la pena recordar algunos de sus puntos más destacados.

El Estatuto, que tenía 146 artículos, estableció un sistema bicameral formado por las Cortes o Juntas de la Nación (organizadas por estamentos: clero, nobleza y pueblo) y el Senado (vitalicio); reguló la independencia del orden judicial en el ejercicio de sus funciones, la existencia de un Tribunal de Contaduría General y la posibilidad de celebrar procesos por jurados. En cuanto a los derechos y libertades, el Título XIII incluyó, dentro de un apartado muy amplio sobre Disposiciones Generales, el Derecho del preso a solicitar el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de imprenta, la prohibición del tormento (la tortura) o la posibilidad de que los extranjeros obtuvieran el Derecho de vecindad.

Los levantamientos del 2 de mayo y la posterior guerra de la independencia impidieron que la Constitución de Bayona llegase a entrar en vigor.

¿En qué se diferencian un Real Decreto-ley y un Real Decreto legislativo?

2011-12-05T00:19:00.000-08:00

Aunque estos dos reales decretos son normas con rango legal –a todos los efectos, como si fuesen leyes– se trata de las dos excepciones a la regla general de que las leyes proceden del poder legislativo (ya sean las Cortes Generales o los diferentes parlamentos autonómicos) porque en estos dos supuestos, las normas van a surgir del poder ejecutivo: el Gobierno. Su diferencia es muy sencilla:

Un Real Decreto-Ley (regulado en el Art. 86 de la Constitución) se prevé para casos de extraordinaria y urgente necesidad en los que el Gobierno puede dictar normas legislativas provisionales. Un ejemplo muy reciente es el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro. Un texto prácticamente de Manual que demuestra que su contenido más habitual suelen ser las medidas que se adoptan para hacer frente a inundaciones o desastres naturales (terremotos, erupciones volcánicas, etc.) pero, como se trata de una medida excepcional porque el ejecutivo no debería tener capacidad legislativa, su actividad debe ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde que se promulgó. ¿Cuál es el problema? Que los Gobiernos –apoyándose en la certeza de que la mayoría de su partido en el Congreso va a convalidar a posteriori, sin problemas, sus decisiones– adoptan por esta vía rápida medidas políticas tan variopintas como algunas de las aprobadas en 2011 donde, por Real Decreto-ley, se ha reestablecido con carácter temporal el Impuesto sobre el Patrimonio, se han regulado las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico o se ha fomentado la rehabilitación de viviendas.

En cuanto a los Reales Decretos legislativos (Art. 85 CE), en este caso, como el Gobierno y la Administración cuentan con más medios y recursos que el Parlamento, el Congreso redacta una Ley de Bases donde indica la materia concreta y el plazo para que sea el ejecutivo quien pueda dictar una norma de rango legal, que refunda varios textos legales en uno solo o para que redacte un texto articulado (una norma que, por su carácter técnico, es más adecuado que lo lleve a cabo el Gobierno con su Administración). Durante 2011, el BOE ha publicado tres Reales Decretos Legislativos que han aprobado otros tantos textos refundidos: el 1/2011, de 1 de julio, la Ley de Auditoría de Cuentas; el 2/2011, de 5 de septiembre, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; y, finalmente, el 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley de Contratos del Sector Público.

Las sorprendentes erratas y errores del BOE

2011-12-02T04:17:00.001-08:00

Aún me hace gracia recordar un Real Decreto que reguló hace años la tasa de los juegos de azar, cuando leí en el Boletín Oficial del Estado que el pago de la tasa se realizará al presentar la declaración-liquidación de acuerdo con lo establecido en el número seis, artículo veinte, del reglamento general de recasudación (…). Volví a leer aquel Art. 7º y sí, efectivamente, el BOE hablaba de “recasudación”; un extraño concepto muy poco jurídico. Obviamente se trataba del Reglamento General de Recaudación, pero el desliz de la “s” provocó el nacimiento de una nueva palabra. No sé si fue una errata (cuando se equivocan en el Boletín al publicar la disposición) o un error (si la disposición que se publica ya llega al BOE con el texto equivocado) o incluso de los dos casos a la vez, porque –aunque son escasas (no recuerdo más de seis o siete ejemplos en lo que llevamos de siglo XXI)– también se ha dado alguna “corrección de erratas de la corrección de errores”, que ya es rizar el rizo.

En al menos otras cuatro ocasiones, el legislador ha sido creativo y ha regulado los “recocimientos médicos” y los “recocimientos de derechos”; pero mi favorita sigue siendo la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, cuando se dio nueva redacción al Art. 44 de aquella Ley Orgánica para establecer que El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cunetas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución. El famoso Tribunal de Cunetas que, si no me equivoco, debe depender del Consejo General de Arcenes ;-) En fin, errar es humano…. y, en ocasiones, divertido.

Maquiavelo y la razón de Estado

2011-12-01T02:24:00.001-08:00

Durante el Renacimiento italiano, el florentino Niccolò di Bernardo dei Machiavelli –más conocido por su nombre castellanizado: Nicolás Maquiavelo (1469-1527)– fue un personaje de fama tan singular y oscura que incluso, hoy en día, aún decimos que alguien astuto y pérfido es maquiavélico. Al parecer, él fue quien utilizó, por primera vez, el concepto jurídico-político de Estado, tal y como ahora lo entendemos, en su tratado El Príncipe (de 1513) al afirmar que todos los Estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados.

En aquella Europa que despertaba de la Edad Media dispuesta a descubrir medio mundo, el Estado surgió como un elemento nuevo en contraposición con los viejos reinos medievales donde la autoridad de los monarcas se superponía –y, la mayor parte de las veces, se enfrentaba– a una multitud de leyes, fueros, costumbres y jurisdicciones (real, feudal, nobiliaria, eclesiástica...) en detrimento de un verdadero Estado que tuviera un poder preeminente sobre cualquier otra razón.

Su obra El Príncipe fue el punto de partida para que otros autores empezaran a plantearse la llamada razón de Estado: por un lado, en 1589, el piamontés Giovanni Botero (1544-1617) reflexionó sobre los cambios que suponía el paso de una economía feudal a otra mercantil y cómo afectaba este cambio a la transformación de las pequeñas repúblicas y principados italianos (su administración de justicia, el gobierno municipal, los impuestos, el ejército, etc.) pero manteniendo una postura contraria a Maquiavelo, Botero defendía la recuperación de los valores éticos y religiosos para lograr el buen gobierno; y, por otro lado, el francés Jean Bodin [españolizado como Juan Bodino (¿1529?-1596)] también abogó por un Estado fuerte y absoluto, aunque –en función de quien tuviera el poder– se podían adoptar las siguientes formas de gobierno: monarquía (si la soberanía residía en un solo príncipe), aristocracia (si en ella participaba una parte del pueblo) y democracia (si participaba la mayor parte del pueblo). En su opinión, era el monarca quien debía gobernar, impartiendo justicia mediante sus propias leyes; no tendría ningún superior por encima de él, sería el titular de la soberanía (de ahí que a los reyes aún se les llame soberanos) y sólo estaría sometido a las leyes fundamentales que no podría infringir. Con este planteamiento, no es extraño que la monarquía francesa alcanzara su mayor apogeo con Luis XIV y aquella frase que se le atribuye al rey sol: El Estado soy yo.

Lógicamente, antes de que Maquiavelo, Botero o Bodino formulasen estas propuestas, los Estados ya existían sólo que no se les llamaba así ni nadie se había planteado este debate: las primeras ciudades-estado de Mesopotamia en torno a los ríos Tigris y Éufrates, las polis griegas y sus colonias por el Mediterráneo (Platón ya hablaba de las ciudades como la morada común de los hombres), el antiguo Egipto, el imperio azteca o la China de la dinastía Qin ya se estructuraban, en gran medida, de acuerdo con los tres elementos típicos de un Estado: 1) El pueblo (la población) como elemento humano; 2) El territorio, como elemento geográfico; y 3) El poder: como autoridad que se ejerce sobre el pueblo en aquel territorio; con el tiempo, este concepto enlazó con la idea de la soberanía que reside en el pueblo y que se ejerce por medio de sus órganos representativos.

El Ordenamiento de Menestrales

2011-11-30T00:25:00.001-08:00

Durante la Edad Media, los trabajadores por cuenta ajena, empleados y dependientes, que realizaban su oficio mecánicamente, se denominaban menestrales y su ocupación fue regulada el 2 de octubre de 1351 en las Cortes que la Corona de Castilla celebró en Valladolid. Aquella reunión fue la primera que convocó Pedro I, mal llamado el Cruel por la adversidad de las circunstancias históricas en las que le tocó reinar, entre 1350 y 1369, en medio de una Europa asolada por la peste negra y la Guerra de los Cien Años; y un reino de Castilla y León diezmado por las luchas encarnizadas para mantenerse en el trono frente a la familia de los Trastámara, sus hermanastros; en especial, el monarca que lo sucedería en el trono tras asesinar a Pedro, Enrique II el de las Mercedes, llamado así por los favores que concedía a todos para tratar de satisfacerlos.

La falta de mano de obra –debida a las altas tasas de mortalidad que provocaron las enfermedades y las continuas guerras– disparó los prescios desaguisados que cobraban los jornaleros por labrar y motivó que los caballeros fijosdalgos (nobles) y los prelados (religiosos) tuviesen que pedir a la Corona que pusiera coto a los salarios que debían pagar a los trabajadores por prestar determinados servicios en sus tierras, tasando los jornales por regiones y ordenando las horas de trabajo según cada estación; ese fue el principal objetivo del Ordenamiento de Menestrales de 1351 en que se regla el tiempo y jornal de los trabajadores y que, al mismo tiempo, condenó a los vagos y maleantes para que ningún labrador (hombre o mujer) ande baldío por el mío sennorío, nin pendiendo nin mendigando; sino que todos deben trabajar y vivir por lavor dessus manos.

Aun así, el problema de los salarios que cobraban los agricultores no se solucionó y Enrique II adoptó nuevas medidas intervencionistas en cuanto llegó al trono, en las Cortes de Toro de 1369, para contener –sin éxito– el alza de aquellos sueldos que volvieron a dispararse; finalmente, la Corona castellana decidió que la mejor solución era no meterse a tratar de resolver aquellos problemas económicos y que cada concejo (ayuntamiento) buscara una solución.

La abogada que vistió su pañuelo islámico en un juicio

2011-11-29T07:48:00.000-08:00

El Art. 37 del Estatuto General de la Abogacía Española –aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio– establece que: 1. Los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga [traje principal exterior y de ceremonia que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario] y, potestativamente, birrete [gorro armado en forma prismática y coronado por una borla que llevan en los actos solemnes los profesores, magistrados, jueces y abogados], sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia. 2. Los abogados no estarán obligados a descubrirse más que a la entrada y salida de las Salas a que concurran para las vistas y en el momento de solicitar la venia para informar.

De este segundo inciso deducimos, en sentido contrario, que desde que un abogado entra en la sala, donde se va a celebrar una vista, hasta que sale de ella, debe ir descubierto; igual que cuando se dirige al tribunal solicitando la venia. ¿Qué ocurriría entonces si una abogada musulmana vistiera con su habitual pañuelo islámico? ¿Podría defender en un juicio a su cliente? Parece un caso extremo pero, como la vida real suele ir por delante de la ficción, este hecho ya se ha producido. Sucedió el 29 de octubre de 2009 en la Audiencia Nacional.

La abogada Zoubida Barik Edidi –de nacionalidad española y origen marroquí (estudió Derecho en Rabat)– acudió a un proceso que se seguía por terrorismo islamista acompañando a otro letrado (ella no se encargaba de la defensa de ninguna de las partes), vestida con su correspondiente toga y el hiyab, a la Sala de lo Penal presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien le recordó que no se puede ejercer la abogacía ante un tribunal español con la cabeza cubierta. La abogada se marchó y presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del tercer poder del Estado– que fue archivada al no advertirse ninguna responsabilidad en la decisión del magistrado; por lo que interpuso un recurso que, finalmente, resolvió una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2010 (desestimándola por una cuestión de forma sin entrar al fondo del asunto: la recurrente no ha seguido el camino previsto legalmente para revisar las decisiones adoptadas por quien preside un tribunal de justicia en ejercicio de las potestades de policía de estrados) y un posterior auto del mismo órgano de 31 de enero de 2011, en el que se había promovido un incidente de nulidad de actuaciones (que tampoco hubo lugar y condenó a la abogada a hacerse cargo de las costas).

La demandante declaró a los medios de comunicación que en Ceuta y Melilla no existían este problema con el velo en los órganos judiciales (algo que no es cierto, tal y como he tenido ocasión de consultar a diversos juristas ceutíes: allí también está prohibido) y que aquella decisión vulneraba su libertad religiosa; poniendo como ejemplos comparados el turbante de los abogados sij en el Reino Unido o el de la kipa judía en Estados Unidos. En la fundamentación jurídica del Tribunal Supremo, el auto considera que no parece que la recurrente haya sufrido indefensión pues ha obtenido respuesta a sus pretensiones, aunque, claro está, no fue la que deseaba. Sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener una resolución favorable sino una resolución fundada en Derecho y debidamente motivada. Por su parte, la especialista en comportamiento ante los tribunales, Purificación Pujol, afirmó en relación con este caso que en aplicación del Art. 37 del Estatuto de la Abogacía y de las normas de buena educación que imperan en nuestra sociedad, si algún abogado entra en Sala cubierto, será el propio juez quien deberá conminarlo a que se descubra.

Las condiciones leoninas

2011-11-28T00:55:00.000-08:00

Según el Diccionario de la RAE, se dice que una cláusula o condición de un contrato es leonina cuando resulta ventajosa para una sola de las partes. El origen de esta expresión es tan antiguo que se remonta a la Grecia del siglo VI a.C.; en concreto, a la fábula titulada Las partes del león, de Esopo, presunto autor –porque muchos expertos dudan de que realmente existiera– de otros didácticos relatos breves muy famosos, tan moralizantes como el de la cigarra y la hormiga o el de la zorra y las uvas.

Esta fábula cuenta la historia de un extraño grupo de cazadores formado por un león, un oso y un zorro. Cuando finalizó el día de caza, los tres animales se reunieron junto a las piezas y el león encargó al enorme plantígrado que se encargara él del reparto de los trofeos. El oso puso tanto empeño en hacer una división equitativa que no vio acercarse al hambriento felino y el león lo mató; después, éste miró al zorro y le pidió que hiciera él el reparto de todas las piezas abatidas. Silenciosamente, el astuto animal amontonó todos los cuerpos junto al oso excepto una pequeña liebre que se quedó para comer él. El rey de la selva lo miró y dio por bueno el reparto, preguntándole: ¿Quién te ha enseñado a dividir así? A lo que el zorro le respondió que acababa de aprenderlo de su amigo el oso.

Con esta moraleja se hace alusión a aquellas situaciones en las que una de las partes de un contrato impone su criterio al otro; según la legislación mercantil española, estas condiciones leoninas se consideran cláusulas abusivas y son nulas.

La trascendencia del Caso Barrios Altos

2011-11-25T03:50:00.000-08:00

Con esta sentencia de 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –ubicada en San José (Costa Rica)– resolvió el llamado Caso Barrios Altos reabriendo la investigación judicial sobre aquella masacre; reparando los daños morales y materiales a los familiares de las víctimas y, sobre todo, derogando la Ley peruana nº 26479 que concedió una amnistía general a personal militar, policial y civil que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995; así como la Ley 26492 que la desarrolló para entorpecer la labor de la Justicia.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 al 4 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas –miembros de un “escuadrón de eliminación” del ejército– llegaron al vecindario de Barrios Altos, en Lima, montados en dos coches policiales todoterreno; entraron en una casa donde se estaba celebrando una pollada (fiesta para recaudar fondos para reparar el edificio), obligaron a los asistentes a tumbarse en el suelo y abrieron fuego contra ellos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras 4 antes de huir con las sirenas de sus coches encendidas. Se encontraron 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre procedentes de ametralladoras.

El procedimiento abierto por los tribunales se topó con la jurisdicción militar que reclamó su competencia para procesar el caso; pero, finalmente, el Congreso peruano aprobó en 1995 una Ley de Amnistía aplicable a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos; lo que supuso el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y evitó la responsabilidad penal de los autores de la masacre.

Tras un gran debate interno que enfrentó a los tres poderes del Estado, una jueza, Antonia Saquicuray, decidió no aplicar aquella amnistía en los procesos penales que aún estuvieran pendientes en su juzgado, por lo que el Congreso enmendó la primera ley con una segunda para que ningún juez pudiera pronunciarse sobre su legalidad; el Caso Barrios Altos acabó en la Corte Interamericana gracias a una denuncia presentada el 30 de junio de 1995 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en contra de Perú por otorgar la amnistía a los agentes estatales responsables de aquellos asesinatos.

Su trascendente sentencia de 2001 consagró la nulidad de las leyes de autoamnistía así como el fin de la impunidad de los crímenes cometidos por los Estados. El juez Cançado Trindade resumió perfectamente el sentido de esta resolución en su voto particular: No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. El Estado existe para el ser humano, y no viceversa. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos.

¿Quiénes fueron los violentos Mohocks?

2011-11-24T00:24:00.001-08:00

Durante la segunda mitad del siglo XVII –mientras la Europa continental aún temblaba por el avance de los turcos del Imperio Otómano– Inglaterra restauró la monarquía de Carlos II, poniendo fin al breve régimen republicano de Cromwell; pero no logró la plena estabilidad constitucional hasta que Jacobo II, su sucesor, huyó a Francia y su hija, María II, accedió al trono con su esposo, el príncipe holandés Guillermo III de Orange-Nassau. A partir de ese momento, se instauró una monarquía parlamentaria y el país alcanzó una gran prosperidad económica que le llevaría a convertirse en la primera potencia mundial de su tiempo.

En ese contexto histórico de la llamada Restauración, un grupo de jóvenes londinenses tomó como referencia a los fieros indios Mohawks que habitaban al Este de la región de los Grandes Lagos entre Canadá y Estados Unidos, para agredir sexualmente a mujeres y desfigurar la cara de los hombres (generalmente, cortándoles la nariz y haciéndoles rodar después por las aceras para que se desangraran); atacando en grupo, de noche y de manera indiscriminada, en aquel Londres de comienzos del XVIII. Fueron la banda de los Mohocks.

Hoy en día, se cree que esta violenta pandilla callejera fue, en un primer momento, una invención del poeta John Gay que, en 1712, publicó su primera obra (la breve, irónica, satírica y poco conocida The Mohocks; en la que los delincuentes proclaman, en la escena III: nuestra voluntad es la Ley) pero, lamentablemente, unos aristócratas ociosos parece que decidieron convertirla en realidad. Otros célebres escritores –como Jonathan Swift (autor de Los viajes de Gulliver) y Daniel Defoe (el novelista de Robinson Crusoe)– se hicieron eco de sus ataques en Diario para Stella y Moll Flanders, respectivamente.

Aunque se detuvo a algunos miembros de esta violenta banda, las crónicas de la época cuentan que ninguno llegó a ser juzgado gracias a la notable influencia y el poder de sus familias. Tampoco fueron los únicos; en aquel tiempo, diversas “gangs” aterrorizaron Londres, como los Muns, los Nickers o los Hawkubites. Para combatirlas, Scotland Yard –como tuvimos ocasión de ver en otro in albis– no se llegó a crear hasta 1829.

Secuestrar no es lo mismo que raptar

2011-11-23T00:20:00.000-08:00

Según el diccionario de la RAE, secuestrar es retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines; mientras que raptar se refiere a secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. Leyendo el diccionario, ambos términos parecen sinónimos, pero no lo son; al menos, desde un punto de vista jurídico. Los Arts. 163 a 172 del Código Penal español de 1995 regulan los delitos contra la libertad: detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones. En ese título se establece que encerrar o detener a otra persona, privándole de su libertad, se castiga con una pena de prisión de 4 a 6 años; secuestrar a alguien exigiendo alguna condición para ponerla en libertad (matiz que diferencia al secuestro de la detención ilegal, donde no se exige nada a cambio de la liberación) conlleva de 6 a 10 años de reclusión.

El rapto –que tiene un componente sexual que no se da en el secuestro (mujeres libres llevadas por la fuerza, que decía el Fuero Juzgo)– ha perdido su carácter específico y ya no se tipifica actualmente en España porque su regulación se remite a las agresiones sexuales (de 1 a 4 años, con violencia o intimidación; de 6 a 12 años, si hubo acceso carnal). Históricamente, se solía raptar a las mujeres por la fuerza o seduciéndolas mediante engaños y halagos; en ambos casos, mientras que los romanos imponían la pena de muerte al raptor; las leyes medievales castellanas lo convertían en siervo de la mujer raptada o de su familia. Posteriormente, en Las Siete Partidas sólo se aplicaba la pena capital si el rapto había terminado en violación; en caso contrario, el delito se compensaba abonando una multa de 100 maravedíes.

El vacío (legal) de los vuelos suborbitales

2011-11-22T00:25:00.001-08:00

El 21 de junio de 2004, la SpaceShipOne se separó de la nave nodriza White Knight –con la que despegó del cosmódromo (¿o es mejor espaciopuerto?) de Mojave (California) – para realizar el primer vuelo espacial de un vehículo privado en la historia de la Humanidad, ascendiendo más allá de los 100 km de altura; la llamada Línea de Kármán que, aunque no sea oficial, suele considerarse el límite con el espacio exterior. Simbólicamente, la matrícula que esta nave llevaba escrita en su fuselaje era N328KF: la N es el indicativo de Estados Unidos y 328KF son los pies de altura que equivalen a 100 kilómetros.

Aquel viaje suborbital –que no llega a completar una órbita alrededor de la Tierra sino que despega y aterriza antes– abrió las puertas no solo al carísimo turismo espacial (hasta 200.000 dólares se pagan por un pasaje) sino a muchas otras posibles vías de explotación comercial: entrenamiento de astronautas, realización de experimentos con microgravedad e investigaciones científicas, lanzamiento de nanosatélites; etc. además de los evidentes usos militares.

En los próximos años, estos vuelos suborbitales comenzarán a ser habituales y, legalmente, nos encontraremos con muchos problemas porque, como ya hemos tenido ocasión de comentar en otros in albis, ningún Tratado Internacional de la ONU define la frontera del espacio exterior [ni tan siquiera se regula qué es un astronauta (para diferenciar a los “enviados de la humanidad”, como los considera el Art. V del Tratado de 1967, de los meros “tripulantes” o “participantes” de pago)] con el fin de saber si una actividad es aeronáutica o astronáutica y, por lo tanto, conocer qué leyes se deben aplicar a estos vuelos que ascienden verticalmente y se mantienen tan solo unos segundos en ingravidez para descender rápidamente y tomar tierra. El régimen de responsabilidad que se les podría exigir en caso de accidente, no sería el mismo porque, lógicamente, el Derecho Aeronáutico existe desde hace más tiempo y está mucho más desarrollado que el Astronáutico.

Por ahora, la mejor referencia legal se produjo el mismo año de aquel lanzamiento al espacio y el 23 de diciembre de 2004, Estados Unidos enmendó su Commercial Space Launch Act de 1984, para que esta Ley regulara también los vuelos de los llamados suborbital rocket. Dos años más tarde, la Administración Federal de Aviación (FAA) redactó unas leoninas instrucciones de seguridad para quienes participan en estos vuelos (exonerando al Gobierno de EEUU de cualquier responsabilidad, renunciando a reclamar al Estado, teniendo que firmar los pasajeros un consentimiento informado, etc.). Unas cláusulas, en definitiva, que nunca aceptaríamos para subir a cualquier avión.

El curioso origen de pagar bajo cuerda

2011-11-21T01:00:00.001-08:00

Junto a las penas corporales (mutilaciones y flagelaciones) y las penas infamantes (que se aplicaban cuando el honor era mucho más importante que la vida), históricamente han existido numerosos métodos para llevar a cabo la pena capital y ejecutar a un condenado a muerte: agarrotar, ahogar, aserrar, asfixiar, clavar, crucificar, decapitar, degollar, desangrar, descoyuntar, desentrañar, desmembrar, desollar, electrocutar, empalar, envenenar, escaldar, fusilar, lapidar, linchar, quemar, utilizar fieras o dejar morir de inanición; sin embargo, una de las formas más habituales en todas las culturas ha sido la horca.

Desde antiguo siempre ha existido la supersticiosa costumbre de perdonar la vida a aquel condenado a morir ahorcado que sobreviviera a la pena; lógicamente, esta tradición dio paso a la picaresca y cuando el reo pertenecía a la nobleza o a familias que tuvieran dinero, solían sobornar al verdugo para que éste preparase la cuerda con ciertos productos químicos de modo que, al soportar el peso del condenado, la soga se corroyera y acabara rompiéndose, oportunamente, librando al acusado de una muerte segura; porque, si se salvaba con el primer intento, no se repetía la ejecución.

Como escribió el historiador y antopólogo Julio Caro Baroja, al hablar de la inquisición, hasta el siglo XVIII (…) la gente acomodada (…) procuraba sobornar al verdugo, con el fin de lograr que la aplicación del castigo quedase reducido a un mero fingimiento. Desde entonces, aún decimos que se paga bajo cuerda –como lo define la RAE– al hacerlo reservadamente, por medios ocultos. A partir del siglo XVIII, la guillotina en Francia o el garrote vil en España e Iberoamérica, acabaron con aquellas horcas amañadas.

Legalmente, ¿qué es un mercenario?

2011-11-19T04:00:00.000-08:00

El 4 de diciembre de 1989 (en vigor, desde 2001) la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; su Art. 1 establece la definición legal: de mercenario como toda persona que: a) Haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado; b) Tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; c) No sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; d) No sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y e) No haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no sea Parte en conflicto.

Asimismo, también se considera mercenario a toda persona en cualquier otra situación: a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de: 1) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado, o 2) De socavar la integridad territorial de un Estado; b) Que tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal significativo y la incite a ello la promesa o el pago de una retribución material; c) Que no sea nacional o residente del Estado contra el que se perpetre ese acto; d) Que no haya sido enviada por un Estado en misión oficial; y e) Que no sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se perpetre el acto.

Quien reclute, utilice, financie o entrene mercenarios –tal y como se definen en ese Art. 1 de la Convención de 1989– comete un delito. Los Estados parte de este tratado se comprometen a prevenir estos delitos y a establecer penas adecuadas en sus ordenamientos jurídicos, que tengan en cuenta su carácter grave. Desde entonces, los distintos organismos que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas han aprobado más de cien resoluciones condenando el mercenarismo. A día de hoy –según los buscadores del BOE y de Naciones Unidas– España no ha ratificado aún la Convención contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios.

Aunque estos soldados de fortuna han existido desde la antigüedad, sus antecedentes jurídicos más inmediato fueron el I Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra (APGC77, de 8 de junio) y la Convención de la Organización de la Unidad Africana adoptada en Libreville (Gabón) el 3 de julio de 1977 para la eliminación del mercenarismo en África; probablemente, el continente más afectado por estos ejércitos privados y empresas de seguridad o de asistencia militar que, también han actuado en Centroamérica, el Cáucaso, Oriente Medio y los Balcanes.

Un triángulo de celos en la NASA

2011-11-17T00:27:00.000-08:00

Suele decirse que, en algunas ocasiones, la realidad supera a la ficción y es cierto; a veces los hechos reales resultan mucho más sorprendentes que el argumento de una de esas películas que ponen en televisión durante la sobremesa de los fines de semana. Uno de estos casos ocurrió el 7 de febrero de 2007, cuando la recién divorciada astronauta estadounidense Lisa Nowak –que en 2006 había participado en uno de los vuelos tripulados a la Estación Espacial Internacional (ISS)– fue detenida por intentar secuestrar a la actual pareja (la ingeniera Colleen Shipman) de un astronauta del Discovery (el capitán William Oefelein) con el que Lisa estuvo saliendo.

Las circunstancias del caso rozaron lo esperpéntico: Nowak condujo su coche desde Houston (Texas) hasta Orlando (Florida) –unos 1.500 km; algo más de la distancia que separa Huelva de Gerona– sin detenerse (llevó puestos los pañales “espaciales” para no tener que ir al baño), armada con una pistola y un cuchillo, un spray de pimienta, guantes, grandes bolsas de plástico, una peluca y una pala; según su testimonio, simplemente para asustar a su rival; aunque parecía evidente que trataba de asesinarla.

Durante el proceso, no se pudieron tener en cuenta las primeras declaraciones de la detenida porque el juez de Florida apreció que no se habían respetado sus garantías a un proceso justo (la famosa Declaración Miranda que ya tuvimos ocasión de comentar en otro in albis); finalmente, la acusada se declaró culpable de cargos menores y fue condenada a un año de cárcel. La NASA la expulsó del programa espacial y fue degradada del ejército. Por su parte, los otros dos protagonistas de este triángulo –Colleen Shipman y William Oefelein– se casaron en 2010. En cuanto a la Agencia Espacial norteamericana, a raíz de este suceso redactó un nuevo código de conducta para seleccionar a los candidatos que quieren ser astronautas.

La corrupción privada

2011-11-16T00:17:00.000-08:00

El 22 de julio de 2003, el Consejo de la Unión Europea adoptó una Decisión Marco para luchar contra la corrupción –activa y pasiva– en el sector privado, armonizando las regulaciones de los Estados miembros para prevenir este delito, que –como señaló el Consejo– beneficia a una minoría pero va en detrimento de toda la sociedad; por ese motivo, cada Estado tomó las medidas necesarias (Art. 2) para asegurar que los siguientes actos intencionados constituyan una infracción penal cuando se lleven a cabo en el transcurso de actividades profesionales: 1) Corromper a una persona: prometer, ofrecer o entregar, directamente o a través de un intermediario, a una persona que desempeñe funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, una ventaja indebida de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero, para que ésta realice o se abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones; y 2) Exigir una ventaja: pedir o recibir, directamente o a través de un intermediario, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, o aceptar la promesa de tal ventaja, para sí mismo o para un tercero, cuando se desempeñen funciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.

España debería haber incorporado esta norma europea antes de julio de 2005 pero –como suele ser habitual– la transposición no se produjo hasta cinco años más tarde, cuando la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificó el Código Penal incorporando al Derecho español la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio.

Para que exista una competencia justa y honesta hay que reprimir los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho (en el ámbito público) porque ese comportamiento rompe las reglas de buen funcionamiento del mercado. La nueva regulación prestó una especial atención a la corrupción en el ámbito deportivo, castigando todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que estas tengan carácter profesional.

Como resultado, se introdujo un nuevo Art. 286 bis en el Código Penal español: De la corrupción entre particulares, que ha quedado redactado de la siguiente forma: 1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 2. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de favorecer frente a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. (…) 4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales.

¿Qué es el régimen cerrado?

2011-11-15T00:38:00.001-08:00

El Art. 25.2º de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y que el condenado disfrutará de todos sus derechos fundamentales excepto de aquéllos que –como es lógico– se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. Al desarrollar esta normativa, el Art. 10 de la Ley General Penitenciaria [de 1979 (primera norma posterior a la Carta Magna de 1978 que se aprobó por unanimidad)] previó la existencia de establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada (…) El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine.

Ese desarrollo reglamentario se llevó a cabo en los Arts 89 a 95 del Reglamento Penitenciario (aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) donde se reguló que el régimen cerrado será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto (los otros dos tipos de régimen penitenciario que se aplican a los penados clasificados en segundo y tercer grado, respectivamente).

Este régimen cerrado se cumplirá en celdas individuales que, según dónde hayan sido destinados los internos puede ser en departamentos especiales (donde el preso permanece encerrado hasta veintiuna horas al día si se cumple con el mínimo de tres horas de salida al patio, que pueden llegar a ser seis; y, diariamente, se deberá registrar su celda y cachear al interno, pudiéndose recurrir al desnudo integral por orden motivada) o en módulos de régimen cerrado (en donde los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común); todo el régimen se caracteriza por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, exigiéndose, de manera especial, el acatamiento de cuantas medidas de seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento.

Al hablar de la clasificación de los penados, el Art. 102.5º de este Reglamento enumera los seis factores que se tendrán en cuenta –ponderar, según el Real Decreto– para calificar a un interno en el primer grado: a) la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial; b) la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos; c) la pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas; d) la participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones; e) la comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y sostenida en el tiempo; y f) la introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico.

Actualmente, se calcula que algo más de 1.000 personas permanecen en España encarceladas en este régimen de aislamiento que muchos funcionarios de prisiones consideran imprescindible para lidiar con los presos más peligrosos mientras que algunos sectores de la doctrina, como el magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño, no han dudado en considerarlo como una intolerable situación por los desórdenes psíquicos perjudiciales que provoca (como insomnio, ansiedad, paranoia, agresividad, etc.) y la inviabilidad de readaptar de este modo al delincuente.

El verdadero significado de Let's kill all the lawyers

2011-11-14T00:13:00.000-08:00

La famosa frase que dice el personaje de Dick, el Carnicero –un secuaz del pretendiente al trono Jack Cade, en la tragedia Enrique VI, de William Shakespeare– es: The first thing we do, let's kill all the lawyers que, según la edición publicada por Aguilar (2003) en las Obras completas del célebre dramaturgo inglés, se traduciría al castellano como: La primera cosa que tenemos que hacer es matar a todas las gentes de Ley (otras versiones, sustituyen el all the lawyers por a todos los abogados). A lo que el rebelde Cade le responde: ¡Pardiez!, eso es lo que me propongo hacer. El diálogo entre ambos personajes se desarrolla en la escena II del Acto IV de la segunda parte de El Rey Enrique VI.

Fuera de contexto estas palabras pueden dar lugar a una interpretación errónea; sobre todo en estos momentos cuando, a raíz del estreno de la película Anonymous (del alemán Roland Emmerich, 2011) se vuelve a poner de moda la tesis de que Shakespeare era un farsante y que no llegó a escribir ninguna de las obras que tradicionalmente se le atribuyen; en especial, la tragedia de Enrique VI que es uno de sus textos más cuestionados desde su estreno a finales del siglo XVI por su -dicen- menor calidad literaria.

En la misma escena, Cade ordena ahorcar a un monstruoso y villano escribano con su pluma y su tinta al cuello por el mero hecho de encabezar las cartas con su nombre, gestionar negocios y escribir documentos judiciales. El escritor de Stratford-upon-Avon situó estas frases en el marco de un diálogo entre el palurdo Jack Cade, hijo de un albañil y una comadrona que pretende llegar al trono presumiendo de la honorabilidad de su familia, y dos de los rebeldes de su grupo (Dick y Smith), afirmando que cuando él sea rey, no habrá más moneda; todos comerán y beberán a mis expensas, y vestiré a todo con una misma librea, a fin de que puedan todos entenderse como hermanos y honrarme como su señor. Cuando estos personajes hablan de matar a todas las gentes de la Ley se refieren a que si los jueces y los abogados hacen cumplir las normas, acabar con ellos significaría eliminar a quienes pueden evitar el triunfo del desorden; de modo que, en realidad, Shakespeare escribió un verdadero cumplido a todos los profesionales del Derecho que colaboran para impartir Justicia y lograr que no nos gobiernen indeseables.

El día que Botticelli perdió su estilo

2011-11-12T06:52:00.000-08:00

El 26 de abril de 1478, Giuliano de Medici murió desangrado tras recibir diecinueve puñaladas en la catedral de Florencia. Los autores fueron sus eternos rivales, los Pazzi, que contaban con el apoyo de la vecina República de Siena, los banqueros de los Estados Pontificios y el propio Papa Sixto IV, temerosos del poder que esta familia comenzaba a tener más allá de Florencia, por toda la Toscana. El hermano del fallecido, Lorenzo, logró sobrevivir al intento de golpe de Estado y recuperó el control de la ciudad, pero la muchedumbre decidió tomarse la justicia por su mano, linchando a todos los conspiradores, incluyendo al arzobispo Salviatti. Después de confiscar todos los bienes de los Pazzi, el Gobierno florentino ordenó a Sandro Botticelli (¿1444?-1510) que dibujara los cuerpos colgados de los traidores para decorar su Palacio Viejo.

El famoso pintor se llamaba, en realidad, Sandro Filipepi; como siempre fue un niño muy enfermizo, de pequeño se pasaba largas horas acompañando a su hermano mayor, Giovanni, de modo que muchos pensaban que aquel niño era su hijo y no su hermano pequeño; de aquel equívoco procede el origen de su apodo: como al recaudador Giovanni Filipepi lo llamaban el Botticello (tonelete, podría ser su traducción aproximada al castellano; por su complexión –bajito y fuerte– y su afición al vino) el pequeño Sandro pasó a ser el chico del Botticello; es decir, Sandro Botticelli.

Fiel a la familia Medici, el pintor vivió en primera persona el intenso proceso penal contra fray Girolamo Savonarola, un fraile muy polémico por sus mensajes desde el púlpito del convento de san Marcos, donde arremetía contra la corrupción, el lujo (la hoguera de las vanidades, que decía él) y la depravación tanto de Florencia como del Papado. Cuando el religioso dominico perdió la protección del rey francés Carlos VIII, fue excomulgado, torturado en un juicio celebrado a puerta cerrada y sin defensa y, finalmente, condenado a morir quemado varias veces en una hoguera el 23 de mayo de 1498 hasta reducir sus restos a ceniza.

Al presenciar aquella ejecución, la obra de Sandro perdió de pronto el elegante estilo juvenil de La primavera o El nacimiento de Venus y comenzó a reflejar la turbación de aquel martirio en grabados como El triunfo de la fe. Desde entonces, Botticelli nunca volvió a ser el mismo.

Los tribunales para niños (1918)

2011-11-10T11:38:00.001-08:00

La Gaceta de Madrid (precedente del BOE) de 11 de febrero de 1917 publicó un proyecto de ley que creaba los Tribunales para niños; con el que se pretendía dar la protección debida a los jóvenes abandonados, que tienen su natural complemento en la corrección de los viciosos y rebeldes y en al reclusión de los delincuentes. Para resolver este aspecto, se hace indispensable instituir organismos de carácter jurídico que en íntimo consorcio con las asociaciones tutelares (…) coadyuven a convertir a los mencionados jóvenes en hombres útiles para la sociedad y para la Patria. Su antecedente histórico más antiguo, en España, se remonta a una institución medieval valenciana –el Fuge et Pare d'Orfens (Curador y Padre de Huérfanos)– del s. XIV, creada por el rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso, en 1337.

Con ese fin reeducador, los tribunales para niños se establecieron en las capitales de provincia o en las sedes de partidos judiciales donde existieran instituciones protectoras de la infancia. El primero que empezó a funcionar fue el de Amurrio (Álava) en 1920 y el último que se creó, el de Segovia, en 1954. Los jueces podían ser personas ajenas a la carrera judicial siempre que se hubieran distinguido notablemente en el cuidado y protección de la juventud abandonada o delincuente, menor de 18 años. Su competencia también se extendía a conocer los delitos y faltas cometidos por los menores de 15 años pero, si de los hechos, resultaban cargos contra los padres, tutores o encargados de la custodia de los menores, tenían que remitir sus testimonios a la justicia ordinaria para que ésta depurase su posible responsabilidad civil o criminal.

El procedimiento para enjuiciar era muy similar a lo que hoy llamaríamos conciliación: no se sometía a ninguna regla de carácter procesal y tenía muy en cuenta las condiciones morales del menor, de su familia y de su entorno; asimismo, las sesiones se celebraban en locales aparte y a horas distintas de aquéllas en las que se celebraban los juicios, procurando que careciesen de toda solemnidad.

Finalmente, aquel proyecto se convirtió en Ley y se publicó en la Gaceta del 15 de agosto de 1918; desarrollándose mediante un extenso Reglamento de 13 de julio de 1919, con más de 150 artículos que incluso preveía la creación de un servicio estadístico para registrar los acuerdos definitivos de estos tribunales de niños.

La desigualdad de los esposos en Nicaragua

2011-11-09T00:26:00.000-08:00

El Código Civil español establece (Art. 44) que El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código; a continuación, el Art. 46 señala que no pueden contraer matrimonio Los menores de edad no emancipados (se refiere a los mayores de 16 años pero menores de 18); en esa franja de edad, el matrimonio produce de derecho la emancipación (Art. 316). Con esta regulación, los dos sexos se regulan por igual, sean hombres o mujeres.

En Nicaragua, sin embargo, el Art. 100 de su Código Civil establece que El varón de veintiún años o el declarado mayor, y la mujer de diez y ocho años cumplidos o declarada mayor –es decir, tres años menor– pueden contraer matrimonio libremente; asimismo, el siguiente precepto añade que Son hábiles para contraer matrimonio el varón que ha cumplido quince años y la mujer que ha cumplido catorce (Art. 101), pero La emancipación por el matrimonio producirá únicamente todos sus efectos legales, cuando el varón o la mujer tengan diez y ocho años (Art. 273).

Con esta normativa -y a pesar de que el Art. 27 de su Constitución establece que Todas las personas son iguales ante la Ley- muchas oenegés consideran que existe una clara desigualdad en los requisitos para contraer matrimonio basados en el sexo del contrayente y que, en el caso de las mujeres, el hecho de poder casarse antes que los varones supone que no puedan continuar con sus estudios ni llegar a plantearse una posible carrera profesional porque el propio Código Civil nicaragüense regula la obligación exclusiva de la mujer –no del hombre (Art. 152)– de seguirle dondequiera que [el marido] traslade su residencia.

Los agentes encubiertos

2011-11-08T02:00:00.001-08:00

La Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir en nuestro ordenamiento jurídico la figura del agente encubierto (Art. 282 bis LECr) en el marco de las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada; entendiendo que ésta se refiere a la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: a) Secuestro de personas (Arts. 164 a 166 del Código Penal); b) Prostitución (Arts. 187 a 189 CP); c) Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (Arts. 237, 243, 244, 248 y 301 CP); Delitos contra los derechos de los trabajadores (Arts. 312 y 313 CP); Tráfico de especies de flora o fauna amenazada (Arts. 332 y 334 CP); Tráfico de material nuclear y radiactivo (Art. 345 CP); Delitos contra la salud pública (Arts. 368 a 373 CP); Falsificación de moneda (Art. 386 CP); Tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (Arts. 566 a 568 CP); Terrorismo (Arts. 571 a 578 CP) y Delitos contra el patrimonio histórico (Art. 2.1.e de la ley de represión del contrabando).

La habilitación legal de lo que popularmente se conoce como topo posibilitó el otorgamiento y la utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la Policía Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior; permitiéndoles utilizar, bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de investigación.

Según el Art. 282 LECr, la Policía judicial tiene por objeto (…) averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Para lograr esos fines, desde 1999, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal [dando cuenta inmediata al juez] pueden autorizar a funcionarios de la Policía Judicial [aunque ninguno puede ser obligado a actuar como agente encubierto], mediante resolución fundada [obviamente, de carácter reservado, en la que se debe consignar tanto el nombre verdadero del agente como su identidad supuesta] y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir su incautación. Esa identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por un plazo de 6 meses prorrogables por períodos de igual duración, habilitándole legítimamente para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo esa identidad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta en conocimiento de quien autorizó la investigación a la mayor brevedad posible; asimismo, el agente encubierto está exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad y no constituyan una provocación al delito.