El 13 de enero de 1996, la niña Amber Hagerman –de tan solo 9 años– estaba montando en bici con su hermano Ricky cuando el niño decidió regresar a casa de sus abuelos, en Árlington (Texas, EEUU), donde la familia estaba pasando el fin de semana, mientras ella se alejaba un par de manzanas más para jugar en el aparcamiento de un almacén abandonado; fue allí donde un hombre la secuestró, metiéndola en su furgoneta. Cuatro días más tarde, el cadáver de la pequeña apareció degollado en una acequia y, a pesar de las investigaciones que llevaron a cabo la policía local y el FBI, nunca se pudo encontrar a su asesino.
Aquel crimen conmocionó no solo a su familia (era el segundo secuestro que sufrían, aunque el primero terminó bien) sino a toda la sociedad tejana; su madre dio una rueda de prensa frente al Capitolio, en Wáshington, pidiendo leyes más severas contra los delincuentes sexuales y la creación de una base de datos nacional de pederastas; al tiempo que muchos vecinos de los Hagerman llamaron a las emisoras de radio locales pidiendo que emitieran boletines informativos cuando se produjera algún secuestro infantil, de igual forma que ya avisaban en caso de riesgo de tornado.
Como resultado de todas estas iniciativas, aquel mismo año, las radios de Dallas y Fort Worth emitieron la primera Alerta Amber, en homenaje al nombre de la niña, para tratar de encontrar, entre todos y cuanto antes, a los niños que hubieran desaparecido. Con el tiempo, las alertas del Dallas Amber Plan, creado en julio de 1997, se fueron generalizando al resto de los Estados de la Unión; en Indiana, por ejemplo, se establecieron cuatro criterios para emitir esta alarma: 1) que el desaparecido fuese menor de 18 años; 2) que existieran indicios de que hubiera sido secuestrado y pudiera estar en grave peligro; 3) que existiera una buena descripción para que el aviso sirviera de ayuda y 4) que las autoridades pertinentes recomendasen llevar a cabo la alerta.
Teniendo en cuenta que –según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos– se estima que unos 4.600 niños son secuestrados en aquel país cada año, las alertas Amber han ayudado a recuperar al menos a 540 menores. Actualmente, la regulación federal de la Amber Alert se aprobó durante el Gobierno de George W. Bush, mediante la Protect Act (o Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act) de 30 de abril de 2003.
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