Virginia: las primeras ejecuciones de EEUU

La crónica de la pena capital estadounidense comenzó en Virginia cuando este territorio aún era una de las trece colonias británicas, al ejecutar al capitán George Kendall, uno de los pioneros que levantó el fuerte de Jamestown (el primer asentamiento estable de los británicos en América) en 1607 y que llegó a formar parte de su Consejo municipal; aun así, fue fusilado por un pelotón en el otoño de 1608, acusado por el herrero local –que gracias a delatarlo salvó su cuello de la horca– de conspirar en favor de España.

En 1611, el Gobernador virginiano, el comandante sir Thomas Dale promulgó un conjunto de normas extremadamente riguroso –el llamado Código Dale de leyes divinas, morales y marciales– basado en las normas castrenses de los Países Bajos, que castigaban con azotes al que no asistía a misa y consideraba delitos de lesa majestad, penados con la ejecución, algunos asuntos que podríamos calificar como menores: desde robar uvas a comerciar con los indios que habitaban la Coste Este norteamericana.

En ese contexto, el primer condenado por un tribunal a la pena de muerte fue un ladrón llamado Daniel Frank en 1622. Diez años más tarde se ejecutó a la primera mujer, Jane Champion, aunque se desconoce el delito que cometió; de ahí que también se cite a Margaret Hatch, colgada el 24 de junio de 1633 por asesinato.

Un siglo más tarde, el 12 de junio de 1776, los colonos aprobaron la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia –precedente histórico de las posteriores declaraciones de Derechos del Hombre– cuyo artículo VIII estableció que en todo proceso criminal, inclusive aquellos en que se pide la pena capital, el acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la acusación, a ser careado con sus acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor y a ser juzgado rápidamente par un jurado imparcial de doce hombres de su vecindad, sin cuyo consentimiento unánime no podrá considerársele culpable; tampoco puede obligársele a testificar contra sí mismo; que nadie sea privado de su libertad, salvo par mandato de la ley del país o por juicio de sus iguales.

Desde entonces, la pena capital no solo continúa en vigor en la Commonwealth de Virginia sino que es el segundo territorio que más condenados ejecuta –por detrás de Texas– entre los 34 Estados de la Unión donde aún se castigan con la pena de muerte algunos delitos estatales (regulados en el Código Penal de cada Estado); caso aparte son los delitos federales (como matar a un miembro del FBI), en este supuesto, el homicida puede ser condenado a muerte aunque el asesinato fuese cometido en uno de los 16 Estados abolicionistas.