El Art. 27 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo) establece que, anualmente, el Gobierno fijará el salario mínimo interprofesional, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta: a) El índice de precios al consumo. b) La productividad media nacional alcanzada. c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y d) La coyuntura económica general. Asimismo, este artículo prevé la posibilidad de que, si no se cumplen las previsiones sobre el IPC, aquel importe se revisará semestralmente; y que la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) es inembargable. En cumplimiento de ese mandato legal, el Ministerio de Trabajo, o de Empleo (según la denominación que utilice cada Gobierno), establece el SMI mediante un Real Decreto, a finales de cada año. Actualmente, aún se encuentra en vigor el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fijó el SMI para 2012: el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes.
Si realizamos una búsqueda en la base de datos del Boletín Oficial del Estado, encontraremos referencias al SMI en numerosos textos legales españoles; por ejemplo, el Art. 28.1 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, ya previó que el Estado garantizará un salario mínimo interprofesional suficiente en relación directa con los niveles alcanzados por el desarrollo económico nacional que permita, en todo caso, al trabajador y su familia una vida moral y digna. Anteriormente, el Art. 11.2 de la Ley 1/1969, de 11 de febrero, por la que se aprobó el II plan de Desarrollo Económico y Social, también reguló que, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, el Gobierno fijará cada año, con efectos de primero de abril, el salarlo mínimo interprofesional, teniendo en cuenta, entre otros factores, los índices oficiales del coste de la vida, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la Renta Nacional y la coyuntura general de la economía. Y podríamos retroceder mucho más porque el origen del SMI es más antiguo de lo que pudiera parecer y se encuentra, justo, en nuestras antípodas.
Desde el punto de vista laboral, el siglo XIX fue muy conflictivo en Nueva Zelanda: en 1821, los maoríes dejaron de trabajar para exigir que se les pagara con dinero y no en especie; en 1840, el carpintero inglés Samuel Parnell logró convencer al resto de inmigrantes para que sólo trabajaran ocho horas diarias (con la amenaza de que el obrero que hiciera horas extras, sin cobrarlas, sería arrojado al puerto de Petone Beach, cerca de Wéllington); en 1848, los trabajadores maoríes volvieron a declarase en huelga para cobrar el mismo sueldo que sus compañeros de otras etnias y, finalmente, en 1890 estalló una huelga general por el comercio marítimo con Australia.
Para solucionar estas conflictivas relaciones laborales, el Gobierno de los liberales recurrió a la tradición neozelandesa del arbitraje y, en 1894, aprobó la Industrial Conciliation and Arbitration Act, la ley que permitió resolver cualquier conflicto acudiendo a una Junta de Conciliación formada por árbitros seleccionados por representantes de la patronal y los trabajadores. Fue en ese marco negociador, y para evitar desigualdades entre los obreros, donde se determinó por primera vez el importe del salario mínimo interprofesional. Un sistema que pronto se implantó con éxito en la vecina Australia antes de llegar a Europa durante las primeras décadas del siglo XX.
Si realizamos una búsqueda en la base de datos del Boletín Oficial del Estado, encontraremos referencias al SMI en numerosos textos legales españoles; por ejemplo, el Art. 28.1 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, ya previó que el Estado garantizará un salario mínimo interprofesional suficiente en relación directa con los niveles alcanzados por el desarrollo económico nacional que permita, en todo caso, al trabajador y su familia una vida moral y digna. Anteriormente, el Art. 11.2 de la Ley 1/1969, de 11 de febrero, por la que se aprobó el II plan de Desarrollo Económico y Social, también reguló que, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, el Gobierno fijará cada año, con efectos de primero de abril, el salarlo mínimo interprofesional, teniendo en cuenta, entre otros factores, los índices oficiales del coste de la vida, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la Renta Nacional y la coyuntura general de la economía. Y podríamos retroceder mucho más porque el origen del SMI es más antiguo de lo que pudiera parecer y se encuentra, justo, en nuestras antípodas.
Desde el punto de vista laboral, el siglo XIX fue muy conflictivo en Nueva Zelanda: en 1821, los maoríes dejaron de trabajar para exigir que se les pagara con dinero y no en especie; en 1840, el carpintero inglés Samuel Parnell logró convencer al resto de inmigrantes para que sólo trabajaran ocho horas diarias (con la amenaza de que el obrero que hiciera horas extras, sin cobrarlas, sería arrojado al puerto de Petone Beach, cerca de Wéllington); en 1848, los trabajadores maoríes volvieron a declarase en huelga para cobrar el mismo sueldo que sus compañeros de otras etnias y, finalmente, en 1890 estalló una huelga general por el comercio marítimo con Australia.
Para solucionar estas conflictivas relaciones laborales, el Gobierno de los liberales recurrió a la tradición neozelandesa del arbitraje y, en 1894, aprobó la Industrial Conciliation and Arbitration Act, la ley que permitió resolver cualquier conflicto acudiendo a una Junta de Conciliación formada por árbitros seleccionados por representantes de la patronal y los trabajadores. Fue en ese marco negociador, y para evitar desigualdades entre los obreros, donde se determinó por primera vez el importe del salario mínimo interprofesional. Un sistema que pronto se implantó con éxito en la vecina Australia antes de llegar a Europa durante las primeras décadas del siglo XX.
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