La justicia de los Barangay de Filipinas

El 10 de octubre de 1991, el Congreso filipino adoptó la Republic Act No. 7160; ley a la que habitualmente se denomina Local Government Code of 1991 [salvando las distancias, el código que regula las entidades locales de esta República]. Basándose en los principios de descentralizar la administración e implementar políticas y medidas de autonomía local, en las provincias [provinces] se establecieron ciudades [cities], como Manila o Quezon City, y millar y medio de municipios [municipalities] que, a su vez, se subdividen en una unidad de gobierno local llamada barangay que podríamos asimilar con el concepto español de barrio o de distrito. Estos barangay son la unidad política básica –de acuerdo con la sección 384 del Código– que ayuda a implementar las políticas gubernamentales, así como sus planes, programas, proyectos y actividades comunitarias; sirviendo como foro en el que los ciudadanos acuden para dar su opinión y, sobre todo, donde las disputas pueden ser resueltas de manera amistosa.

 

Para lograr estos objetivos, la sección 17 le atribuye competencias en materias muy diversas relacionadas con la agricultura, la salud y el bienestar social, higiene y sanidad, infraestructuras (carreteras y puentes), dotaciones y equipamientos (deportivos, culturales y comerciales); mercados y, por lo que ahora nos atañe, el mantenimiento de su tradicional sistema de justicia local: el Katarungang pambarangay (KP).

 

El KP se administra en los barangay con el propósito de resolver las controversias, de forma amistosa, más rápida y económica, mediante tres métodos –la mediación, la conciliación o el arbitraje– sin necesidad de recurrir a los tribunales. Un claro ejemplo de justicia restaurativa.

 

En aquellos municipios donde estén empadronadas 2.000 personas –en la ciudades es a partir de 5.000 habitantes– se puede crear un barangay y, en concreto, dentro de ese distrito se establecerá una asamblea –llamada Lupong Tagapamayapa (o, simplemente, Lupon)– que estará integrada por un mínimo de 10 y un máximo de 20 vecinos, entre los que habrá un secretario, un tesorero y un presidente (Punong Barangay). En caso de que su propuesta de resolución no fructifique, su decisión puede someterse a un panel de conciliación formado por 3 miembros del Lupon, que recibe el nombre de Pangkat Tagapagkasundo (Pangkat).

 

Todo este sistema gira entorno a la consecución de cuatro grandes objetivos:

1. Promover una administración rápida de la justicia;
2. Minimizar la indiscriminada presentación de reclamaciones ante los tribunales;
3. Reducir la tasa de congestión de los órganos judiciales; y
4. Reconocer y perpetuar la tradición local que trata de resolver los problemas por cauces amistoso.

 

En un archipiélago como el filipino, con lugares de difícil acceso, el recurso a los Barangay se ha convertido en la única oportunidad para que las personas más desfavorecidas puedan acceder a la Justicia.