Tras dos décadas de negociaciones, el 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas [A/RES/61/295 (*)]. En su preámbulo, se mostró preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses; asimismo, reconoció la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. El texto fue aprobado con 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Los cuatro países que, en aquel momento, se opusieron fueron Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos.
En apenas un año, la ONU pudo constatar que, aun reconociendo la existencia de grandes desafíos para establecer la responsabilidad de los Estados, ya podían verse algunos ejemplos de naciones (como Belice, Surinam, Canadá, Japón o Bolivia) que habían desarrollado iniciativas en favor de sus comunidades indígenas; pero, sin duda, uno de los mayores exponentes de ese cambio de tendencia fue Australia.
A las 09h00 del miércoles, 13 de febrero de 2008, el Primer Ministro australiano, Kevin Rudd, se dirigió a la Cámara Baja del Parlamento de su país, la House of Representatives, en Camberra, para pedir perdón a los pueblos indígenas australianos [Apology to Australia’s Indigenous Peoples (*)].
En su emotivo discurso, Rudd quiso honrarles y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el maltrato que se les ocasionó en el pasado; en especial, por uno de los capítulos más sombríos que la historia de esta isla continente: las generaciones robadas [Stolen Generations]: Nos disculpamos por las leyes y políticas de los sucesivos Parlamentos y Gobiernos que han infligido un profundo dolor, sufrimiento y pérdida a estos nuestros compañeros australianos. Nos disculpamos especialmente por el secuestro de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de sus familias, sus comunidades y su tierra. Por el dolor, el sufrimiento y el daño de estas generaciones robadas, sus descendientes y sus familias que quedaron atrás, les pedimos disculpas. A las madres y los padres, a los hermanos y a las hermanas, por la separación de las familias y las comunidades, les pedimos disculpas. Y por la indignidad y degradación así infligida a un pueblo y una cultura orgullosos, pedimos disculpas.
En su discurso, el Prime Minister recordó que, por decencia, había que rectificar el error de que unos 50.000 niños indígenas fueran arrebatados de sus familiares, a la fuerza, en el periodo comprendido entre 1910 y 1970, en el marco de una política que abordó el problema aborigen con intención de “erradicar” sus características nativas en una quinta o sexta generación mediante su “inmersión” en la sociedad blanca. Esta política tuvo su origen en la Aboriginal Protection Act 1869 del Parlamento de Victoria [An Act for the Protection and Management of the Aboriginal Natives of Victoria]; el primer territorio de la colonia que, en el siglo XIX, promulgó un plan integral para regular la vida de los indígenas, otorgando poderes a la Junta de Protección de los Aborígenes [Board for the Protection of Aborigines] para controlar dónde podían vivir, qué tipo de trabajos debían realizar o con quién podían casarse.
Para finalizar su disculpa formal, Rudd propuso pasar página juntos, australianos indígenas y no indígenas, Gobierno y oposición, Mancomunidad y Estado, y escribir este nuevo capítulo en la historia de nuestra nación juntos. (…) aprovechemos esta oportunidad para crear un nuevo futuro para esta gran tierra, Australia.
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