lunes, 17 de abril de 2017

El Proceso de Kimberley y los diamantes de zonas en conflicto

En 1992, tras la ruptura de unos acuerdos de paz con el gobierno angoleño, [el líder rebelde Jonas] Savimbi envió a sus efectivos de UNITA [Unión Nacional para la Independencia Total de Angola] a apoderarse del valle del Cuango, en el norte del país, rico en diamantes. A lo largo de los siete años siguientes, gracias al esfuerzo de 100.000 mineros que trabajaban en condiciones casi de esclavos, extrajo 4.000 millones de dólares en piedras preciosas. Las consecuencias del acceso de Savimbi al dinero de los diamantes son hoy una evidencia flagrante [1]. Y todo esto ocurría a pesar de las sanciones impuestas por Naciones Unidas. Como reacción, los gobiernos sudafricanos productores de diamantes decidieron reunirse en Kimberley, Sudáfrica, en mayo de 2000 para abordar este problema [2].

De este modo surgió el llamado Proceso de Kimberley [Kimberley Process]. A finales de aquel mismo año, la resolución A/RES/55/56, de 1 de diciembre de 2000, de la Asamblea General de las Naciones Unidas –titulada: El papel de los diamantes en el fomento de los conflictos: romper el vínculo entre el comercio ilícito de diamantes en bruto y los conflictos armados, a fin de contribuir a la prevención y la solución de los conflictos– “acogió” con satisfacción la iniciativa de los países africanos productores de diamantes de emprender un proceso de consultas abiertas con los gobiernos, la industria y la sociedad civil, denominado Proceso de Kimberley, para ocuparse de esta cuestión.

Como resultado de las negociaciones establecidas entre diversos gobiernos, industrias (como el Consejo Mundial del Diamante) y algunas organizaciones sociales (en especial, el Partnership Africa Canada), en noviembre de 2002 se creó el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley [Kimberley Process Certification Scheme (KPCS)]. Su finalidad es la de impedir que el comercio ilegal de diamantes en bruto, llevado a cabo por movimientos rebeldes en algunos países africanos, sirva para financiar la adquisición de armas para dichos movimientos, minando al mismo tiempo los ingresos legítimos de los países productores de diamantes. Este Sistema Internacional de Certificación consiste básicamente en un certificado a prueba de falsificaciones, expedido y validado por las autoridades competentes de un país participante en el Proceso, en el que se califica la conformidad de una remesa de diamantes en bruto con las exigencias del sistema, y en una serie de comprobaciones y controles en los países exportadores e importadores participantes [3].

De modo que los 81 Estados representados (incluyendo a los 28 de la Unión Europea) no pueden importar diamantes en bruto a menos que éstos vayan acompañados de un certificado validado por una autoridad competente de otro Estado participante y que haya sido transportado en un contenedor sellado e inviolable. Por ejemplo, en 2014 se levantó el embargo a la exportación de diamantes procedentes de Costa de Marfil, cuando este país respetó las reglas y procedimientos del Proceso de Kimberley, hasta ese momento, el Gobierno marfileño no pudo comercializar sus diamantes con ningún país que formara parte del KPCS.


Hoy en día, aunque el proceso ideado en aquella ciudad sudafricana se ha consolidado como el sistema internacional de certificación para los diamantes en bruto [4], el órgano plenario de la ONU aún reconoce que el flujo ilegal de los “diamantes conflictivos” [conflict diamonds] –también llamados “diamantes de sangre” [blood diamonds]– sigue siendo motivo de profunda preocupación a nivel internacional y puede estar directamente vinculado con los conflictos armados, las actividades de movimientos rebeldes para debilitar o derrocar a gobiernos legítimos y el tráfico ilícito y la proliferación de armamentos, en especial de armas pequeñas y armas ligeras (…) con consecuencias devastadoras para la paz y la seguridad de los habitantes de los países afectados, al perpetrarse violaciones sistemáticas y manifiestas de los derechos humanos [5].

Un buen ejemplo de estas atrocidades fueron los crímenes de guerra que cometió el expresidente de Liberia, Charles Taylor, juzgado por la Sala II del Tribunal Especial de Sierra Leona que, el 26 de abril de 2012 lo declaró culpable, entre otros delitos (terrorismo, asesinato, violaciones, mutilaciones, esclavitud sexual, etc.), por financiar a los rebeldes durante una década, adquiriendo armas y municiones que financiaba gracias a la venta ilegal de los diamantes extraídos de las minas por menores reclutados como niños soldados. Durante el proceso judicial tuvo que testificar la supermodelo Naomi Campbell por recibir alguna de esas joyas.

Citas: [1] COCKBURN, A. "Diamantes. Su verdadera historia". En National Geographic España, vol. 10, nº 3, marzo 2002, pp. 22-28. [2] PALACIÁN DE INZA, B. Los diamantes de conflicto: el Proceso de Kimberley. Documento de análisis del IEEE 01/2011. [3] Preámbulo de la Orden EHA/1646/2005, de 31 de mayo. [4] Reglamento (CE) nº 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre. [5] A/RES/71/217, de 2 de febrero de 2017.

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