La adhesión de España al Consejo de Europa

Probablemente, esta organización internacional debe ser una de las que más veces habré citado en los años que llevo subiendo in albis a este blog, pero aún no le había dedicado una entrada específica. El Consejo de Europa es una organización paneuropea –con sede en Estrasburgo (Alsacia, Francia)– que reúne prácticamente a todos los países del Viejo Continente, 47 con las excepciones de Bielorrusia -que, en el marco del Parlamento Europeo, un eurodiputado definió como el único punto negro en el mapa europeo de los sistemas democráticos, pues carece formalmente de un sistema político con elecciones libres (*)-; Kazajistán (cuyo carácter europeo es muy discutible) y la Santa Sede (por la propia idiosincrasia de la Ciudad del Vaticano); ni.tampoco aquellos territorios que -como la República Turca del Norte de Chipre o Kosovo- no han logrado un reconocimiento pleno a su soberanía.

El marco legal del Consejo de Europa lo estableció un Estatuto que se aprobó en la capital inglesa el 5 de mayo de 1949, con el objetivo de consolidar la paz en Europa tras la II Guerra Mundial que había finalizado tan solo cuatro años antes. Aquel Tratado de Londres se basó en las ideas de la Justicia y la Cooperación para preservar la sociedad humana y la civilización –como reconoce su preámbulo– reafirmando su adhesión a los valores espirituales y morales que son patrimonio común de sus pueblos y la verdadera fuente de la libertad individual, la libertad política y el imperio del derecho, principios sobre los cuales se funda toda auténtica democracia [España aprobó el instrumento de adhesión al Estatuto del Consejo de Europa el 22 de noviembre de 1977 (publicándolo en el BOE de 1 de marzo de 1978)]. Hoy en día, sesenta y tres años después, el Consejo de Europa continúa siendo una institución modélica, pionera y muy dinámica, con más de 200 tratados y multitud de recomendaciones.

Teniendo en cuenta que uno de los medios que utilizó para alcanzar la unión de todos sus Estados miembros era la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales, un año más tarde de su creación, el 4 de noviembre de 1950, se suscribió el Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) en Roma que, desde que entró en vigor en 1953, ha sido modificado y ampliado por diversos protocolos. Esta Convención –como ha señalado la jurisprudencia de la Corte europea– pretende proteger derechos que son concretos y efectivos, no teóricos o ilusorios.

La garantía de que todos esos derechos van a ser protegidos con eficacia recae en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Corte de Estrasburgo o TEDH) que se constituyó en 1959 como el órgano competente para resolver las demandas individuales o estatales que se basan en la violación de los derechos proclamados en el CEDH. Desde 1998, funciona de forma permanente y los particulares pueden dirigirse a él directamente. El hecho de que sus sentencias sean obligatorias para los Estados miembros ha supuesto que su jurisprudencia se haya convertido en un instrumento muy útil para consolidar una sociedad democrática en Europa.

En cuanto a España, el Congreso de los Diputados celebró un pleno el 16 de noviembre de 1977 para aprobar, por unanimidad, la propuesta formulada y tramitada por la Comisión de Asuntos Exteriores respecto de la adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa, lo que en aquel momento se consideró un primer paso para avanzar hacia la Europa solidaria y popular que se está constituyendo entre todos. Esto sucedió cuando tan solo habían transcurrido seis meses desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas, del 15 de junio de 1977; sin que se hubiera proclamado la nueva Constitución de 1978 y siendo conscientes de que para el Consejo de Europa era muy claro que hasta que no tuviera una democracia política, España, a pesar de su voluntad europea, de su participación plena en la Europa cultural y social, no podía formar parte de este concierto de naciones libres, porque no disfrutábamos de las libertades esenciales.

A pesar de ello, una semana más tarde, como recuerda el Ministerio de AA.EE. (*): Aquel 24 de noviembre de 1977, la lluvia y el frío no deslucieron el solemne acto en el que el ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, entregó los instrumentos de ratificación de los Estatutos del Consejo de Europa. Posteriormente, fue izada por primera vez la bandera de España en la entrada del Palacio de Europa, al son del himno de nuestro país. Ese día, España se convirtió en el vigésimo estado miembro de esa organización paneuropea.

La singularidad de la adhesión española con respecto, por ejemplo, al paralelismo que mantenemos con Portugal –incorporado el 22 de septiembre de 1976, el mismo año que proclamó su sexta Constitución (25 de abril)– radica en que el Gobierno de Lisboa tuvo que aprobar una ley fundamental antes de ser aceptado como miembro mientras que Madrid, por el contrario, recibió un voto de confianza de Estrasburgo y logró la adhesión al Consejo de Europa a falta de que transcurriera otro año más para que se adoptara nuestra ley fundamental en 1978.

Marcelino Oreja y Georg Kahn-Ackermann firman la adhesión de España

En el elocuente libro Por palabra de honor [Iberediciones, 1995], el que fuera primer embajador español ante el Consejo de Europa, el diplomático José Luis Messía Jiménez, narra que algunas decisiones políticas de la transición resultaron determinantes: desde el decisivo compromiso de Adolfo Suárez (Presidente del Gobierno), Fernando Álvarez de Miranda y Antonio Fontán (Presidentes del Congreso y del Senado) y Felipe González y Santiago Carrillo (como líderes del PSOE y el PCE); hasta la legalización del Partido Comunista o la celebración de las mencionadas elecciones.

Eso hizo posible que, aunque todavía no se hubiera aprobado la nueva Carta Magna, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) diera el visto bueno a la adhesión, por palabra de honor, el simbólico día 12 de octubre de 1977 (Recomendación 820).

Desde entonces, España ha aportado al Consejo de Europa un secretario general, Marcelino Oreja (1984-89), cuatro presidentes de la Asamblea Parlamentaria: José María de Areilza (1981-83), Miguel Ángel Martínez (1992-96), Lluís María de Puig (2008-2010), y Pedro Agramunt (2016- 2017), y el primer Comisario Europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles, entre otros cargos destacados.