El origen del Proyecto Inocencia

En 1985, un tribunal de Baltimore (Maryland, EE.UU.) condenó a muerte al marine Kirk Noble Bloodsworth (1960-) por la violación, asesinato y descuartizamiento de Dawn Hamilton, una niña de 9 años, ocurrido en la cercana localidad de Rosedale, el 25 de julio de 1984, a pesar de que él siempre proclamó su inocencia y de que no existía ninguna evidencia física que lo relacionara con aquel crimen si no, tan solo, una denuncia anónima y el testimonio de cinco testigos que lo situaron cerca del lugar del crimen. Nueve años más tarde, el 28 de junio de 1993, la justicia conmutó aquella pena capital al demostrar que su ADN no se correspondía con el del semen hallado en el cuerpo de la víctima, convirtiéndose en el primer preso del corredor de la muerte que lograba ser liberado gracias a la realización de esta prueba. Posteriormente, en la primavera de 2003, la defensa de Bloodsworth insistió en llevar a cabo un nuevo análisis de restos biológicos pero esta vez del ADN del compañero que había ocupado su celda contigua –el violador Kimberley Shay Ruffner– cuyo resultado fue concluyente: ese hombre había violado [matado y descuartizado] a la niña, por lo que fue condenado por asesinato. El éxito de aquella prueba fue posible gracias a la intervención del denominado Innocence Project que crearon los abogados Barry C. Scheck y Peter J. Neufeld en 1992.

El Proyecto Inocencia es una clínica de medicina legal, adscrita a la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo de la Universidad Yeshiva (Nueva York, EE.UU.) -en 2004 se convirtió en una organización sin ánimo de lucro de este centro universitario- cuyo objetivo es realizar pruebas de ADN para demostrar la inocencia de los presos que hayan sido juzgados y condenados. En estas dos décadas de trabajo, han conseguido liberar a cerca de 300 reclusos que habían sido encarcelados erróneamente, tras haber pasado una media de trece años recluidos en prisión. La fría estadística incluye a 17 personas que, como Bloodsworth, se encontraban en la milla verde esperando su ejecución.

La trascendencia de este proyecto alcanzó tal magnitud que, en 2001, el gobierno estadounidense de George W. Bush aprobó la Innocence Protection Act que acabó integrándose en el posterior Título IV de la Justice for All Act de 2004 para permitir que, en determinadas circunstancias, puedan practicarse los análisis de ADN si existe una probabilidad razonable de conseguir nuevos indicios, con el fin de que no se ejecute a ningún condenado sin haber valorado esta posibilidad que brinda la ciencia.