Del 16 al 18 de febrero de 2002, el Gobierno de México organizó la I Reunión de Países Megadiversos Afines en la turística localidad de Cancún (Quintana Roo); un encuentro en el que participaron representantes de los ministerios de medioambiente de Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela –Estados cuyo patrimonio natural representa alrededor del 70% de la diversidad biológica de todo el planeta– con el fin de crear el Grupo de Países Megadiversos Afines, que funcionará como mecanismo de consulta y cooperación para promover de manera justa y equitativa los beneficios derivados del uso de la biodiversidad y sus componentes, tal y como le informó por carta el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas al Secretario General de la ONU, el 5 de abril de aquel mismo año (*).
La reunión de la Riviera Maya concluyó con la adopción de la denominada Declaración de Cancún, basada en el reconocimiento de que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos, de conformidad con lo estipulado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y nuestro compromiso con el cumplimiento de sus objetivos, en especial los artículos 8 j), 15, 16 y 19.
Partiendo de ese marco legal y siendo conscientes de que los recursos de la diversidad biológica (…), tienen un enorme valor estratégico, económico y social, y ofrecen oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos y para la comunidad internacional, los países megadiversos firmantes de la declaración mostraron su preocupación por las limitaciones de los distintos instrumentos internacionales para proteger eficazmente los legítimos intereses de los países de origen de la biodiversidad.
Por ese motivo decidieron crear este Grupo de la megadiversidad con, entre otros, los siguientes objetivos: presentar una posición común en los foros internacionales relacionados con la diversidad biológica; promover su conservación en los países de origen; explorar conjuntamente vías para intercambiar información y armonizar sus respectivas legislaciones nacionales para proteger la diversidad biológica; establecer marcos regulatorios que generen incentivos para la conservación y el uso sostenible [sustentable, que se dice en Iberoamérica] de los recursos biológicos; e impulsar el desarrollo de un régimen internacional que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la diversidad biológica y de sus componentes. Finalmente, se exhortó a los países que aún no lo han hecho a que formen parte del Convenio sobre Diversidad Biológica, del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología y del Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático.
Desde entonces, el grupo LMMC –por sus siglas en inglés: Group of Like-Minded Megadiverse Countries– está integrado por 20 miembros: Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, la República Democrática del Congo, Ecuador, Etiopia, Filipinas, Guatemala, la India, Indonesia, Irán, Kenia, Madagascar, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela; y ha adoptado otros textos legales como la Declaración de Cuzco sobre el acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y los derechos de propiedad intelectual, de 29 de noviembre de 2002; o la Declaración Ministerial de Nueva Delhi, de 21 de enero de 2005, sobre el acceso y la distribución de beneficios.
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