La ley del Hijo de Sam [«Son of Sam law»]

Richard David Falco [David Berkowitz (por el apellido del matrimonio que lo adoptó siendo niño), El Hijo de Sam o el Asesino del Calibre 44] (…) admitió que asesinaba por odio a las mujeres. Matarlas le producía una gran excitación sexual. Después de disparar se masturbaba en su automóvil. Y cuando no mataba, regresaba a las escenas de crímenes anteriores, para revivir la fantasía. Se excitaba ante los restos de la sangre o la silueta de tiza en el suelo. Incluso tenía ganas de asistir a los funerales de las víctimas, aunque nunca se animó. Confesó todos los crímenes, pero los envolvió de una historia fantástica sobre que pertenecía a una secta satánica, relacionada con Charles Manson, y un demonio, Belcebú, que se reencarnaba en Sam, el perro de su vecino, y le ordenaba matar. Por ello se daba el nombre de Hijo de Sam. (…) El 12 de junio de 1978, el Hijo de Sam fue sentenciado a seis cadenas perpetuas y encerrado en el correccional [neoyorquino] de Attica. (…) En junio de 2005, demandó a su defensor, Hugo Harmatz, porque éste incluyó sus cartas en un libro que escribió sobre él, con el que ganó bastante dinero. El año siguiente, un juez decretó que el abogado debía entregar parte de sus ganancias, pero no al asesino, sino a una asociación de víctimas del crimen en el estado de Nueva York [1].

A finales de los años 70, aquel asesino en serie vendió la exclusiva de sus memorias a una editorial. Para evitar que pudiera enriquecerse comerciando con los detalles de sus crímenes, el Estado de Nueva York aprobó la New York Executive Law Section 632, conocida coloquialmente como Ley del Hijo de Sam [«Son of Sam law»] de modo que todos los beneficios que obtuviera como derechos de autor no fuesen destinados a él sino a un fondo para las víctimas gestionado por la New York Crime Victims Board.

Algunos juristas alertaron entonces de que esta normativa podría ir en contra de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos al coartar la libertad de palabra o de imprenta pero el debate no acabó en los tribunales hasta 1989. Tanto en primera instancia como en apelación ante la corte estatal, los órganos judiciales consideraron que la redacción de aquella norma era constitucional; sin embargo, en el recurso interpuesto en el Tribunal Supremo –en el caso Simon and Schuster v. Members of the New York State Crime Victims Board [502 U.S. 105 (1991)]– se estimó la demanda al considerar que la legislación neoyorquina violaba la libertad de expresión de los criminales.

Con el cambio de siglo, la actual redacción de esta sección (*) detalla con suma precisión, entre otras medidas, la notificación que deben recibir las víctimas cuando los “royalty” del asesino le reporten más de 10.000 dólares de ingresos por la explotación de sus obras.

Cita: [1] GAMBOA, E. Caminos Cruzados. Barcelona: Roca, 2010.

NB: si te resultó interesante este tema, quizá te apetezca seguir leyendo las entradas sobre la regla del asesino [«Slayer rule»], la doctrina del «felony murder», el subgénero del «whodunit» o la regla de los «three strikes».