Taiwán y la constitución de los cinco poderes [«yuan»]

Al analizar la cuestión de la representación china en la ONU ya tuvimos ocasión de comentar que, en 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas restituyó los legítimos derechos de la República Popular China como únicos representantes legítimos de China en esta organización internacional; lo que conllevaba reconocer a esta potencia de Extremo Oriente como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad; y que, desde aquella misma década, las autoridades de la República de China [Republic of China, RoC, Taipéi Chino o, simplemente Taiwán) -a la que Pekín aún considera que es su vigesimotercera provincia- han reiterado la solicitud de ser miembro de la ONU o, al menos, lograr un estatus de observador similar al de la Santa Sede o Palestina… sin conseguirlo.

La vigente Constitución de este peculiar territorio que apenas ha sido reconocido por una docena de naciones del mundo [Paraguay, Guatemala, Belice y diversos estados insulares del Caribe y el Pacífico; recordemos que España tampoco tiene abierta embajada en su capital, Taipéi, sino una Sección Consular dependiente del Consulado General español en Manila (Filipinas)] se adoptó el 25 de diciembre de 1946 por la Asamblea Nacional reunida en Nankín; el Gobierno la promulgó el 1 de enero de 1947 y entró en vigor el 25 de diciembre de ese mismo año. En 1949, después del triunfo de las fuerzas comunistas en la China continental, los nacionalistas fueron desplazándose por diversas ciudades hasta ser evacuados a la antigua isla de Formosa (actual Taiwán). Desde entonces, su norma básica ha sido revisada en siete ocasiones (1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000 y 2004).

Además de su famoso Art. 1 -La República de China, fundada en los Tres Principios del Pueblo, será una república democrática del pueblo, gobernada por el pueblo y para el pueblo [la denominada doctrina del “San Min Chu I” enunciada por el Dr. Sun Yat-sen, considerado el padre de la patria]- la Carta Magna taiwanesa cuenta con un preámbulo, 14 capítulos y un total de 175 artículos basados en la soberanía del pueblo, la garantía de los derechos humanos y las libertades y una división equilibrada de poderes entre el gobierno central y el sistema de autogobierno local (de provincias y condados; con un peculiar Art. 120 que salvaguarda el sistema de autogobierno en el Tíbet); es decir, los elementos que suelen caracterizar las leyes fundamentales del modelo democrático occidental pero con una peculiaridad: las habituales señas de identidad de ese constitucionalismo incorporan también las tradiciones chinas.

Por ese motivo, la separación de poderes –aquí llamados “yuan”– va más allá de la distinción formulada por el Barón de Montesquieu y, como señaló el investigador Juan Lu Chin Lin: (…) las funciones del Gobierno se dividen entre los cinco Yuanes. (…) El principio de la Constitución (…) es la separación de cinco poderes en el Gobierno y equilibrio entre los cinco Yuanes. (…) para el buen funcionamiento del Gobierno, la armonía entre el Presidente y los Cinco Yuanes es muy importante [1].

Sede del Yuan de Control de Taiwán

De este modo, junto al Yuan Ejecutivo (el más alto órgano administrativo del Estado, lo lidera un Primer Ministro nombrado por el Presidente, previo consentimiento del Yuan Legislativo), el mencionado Yuan Legislativo (órgano legislativo supremo del Estado, unicameral, compuesto por diputados elegidos por el pueblo) y el Yuan Judicial (competente para juzgar causas civiles, penales y administrativas y decidir sobre las sanciones disciplinarias impuestas a los empleados públicos; incluye la interpretación de la Constitución en el Art. 173)]; el sistema gubernamental taiwanés contempla otros dos poderes más: el Yuan de Examen (Arts. 83 a 89) competente para decidir sobre cuestiones relacionadas con el examen, empleo, inscripción, calificación de los servicios, escalas salariales, ascensos y traslados o asistencia financiera a la familia en caso de fallecimiento, jubilación y pensión de vejez); y el Yuan de Control (Arts. 90 a 106) al que se atribuye la facultad de investigar, imputar, censurar, proponer medidas correctivas y auditar, a efectos de asegurar la independencia en sus funciones y de supervisar al Gobierno de manera justa, objetiva y eficiente, convirtiéndose en un motor de la buena gobernanza, según los informes anuales que elabora este poder.

Asimismo, además de los mencionados cinco yuanes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de Exámenes y de Control) la estructura de la República de China y de su Constitución de 1947 contempla la existencia de un Presidente de la República y de una Asamblea Nacional que se reúne en la sede del Gobierno Central, para –entre otras funciones– elegir al Presidente y al Vicepresidente; reformar la Constitución y votar las propuestas de enmiendas constitucionales presentadas por el Yuan Legislativo mediante referéndum (Art. 27).

Cita: [1] LU, J. C. L. “El sistema de Gobierno chino”. En: Revista de estudios políticos, 1966, nº 149, pp. 111 y 112.