En ese contexto, los profesores Martorell y Juliá recuerdan que: (…) en octubre de 1950, la ONU revocó su resolución de diciembre de 1946 y en marzo de 1951, Stanton Griffis, nombrado meses antes embajador de Estados Unidos, presentaba sus credenciales en una ceremonia espectacular: la más grande de las democracias reconocía a España y le abría las puertas para su ingreso en la FAO, la Unión Postal, la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la UNESCO. Como culminación de esa intensa actividad, dos acontecimientos colmaron las expectativas del régimen: el 26 de septiembre de 1953, el Estado español suscribía un acuerdo con Estados Unidos por el que, a cambio de una ayuda económica, concedía el derecho de utilización de cuatro bases llamadas conjuntas en España; y, en fin, el 15 de diciembre de 1955 la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor del ingreso de España, junto a los de Polonia, Hungría y demás Estados comunistas [1]. A todo ello habría que añadir la firma del concordato con la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1953, para certificar que España volvía a formar parte de la esfera occidental.
Bajo el nombre de «Pactos de Madrid» de 1953 se agrupan los tres acuerdos bilaterales que retomaron las relaciones hispano-estadounidenses durante el mandato en la Casa Blanca del general Dwight D. Eisenhower: el Convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa entre los Estados Unidos de América y España; el Convenio sobre ayuda económica entre España y los Estados Unidos de América; y el Convenio defensivo entre los Estados Unidos de América y España. Todos ellos firmados en el madrileño Palacio de Santa Cruz -sede del Ministerio de AA.EE.- el 26 de septiembre de 1953, por James Clement Dunn, embajador de los EEUU en España, y Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores [2].
En el tercero de ellos: (…) el Gobierno de España autoriza al Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden, a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos Gobiernos como necesarias para los fines de este Convenio; (…) a cambio del suministro de material de guerra (…) a fin de contribuir, con la posible cooperación, de la industria española, a la eficaz defensa aérea de España y para mejorar el material de sus fuerzas militares y navales; es decir, las tropas estadounidenses pudieron emplazarse en la Base Naval de Rota (Cádiz) y las Bases Aéreas de Morón de la Frontera (Sevilla), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Zaragoza [téngase en cuenta que las fuerzas aéreas estadounidenses abandonaron la base madrileña en 1991 y la aragonesa en 1992; centrándose desde entonces en las dos andaluzas].
En opinión del investigador del CSIC, Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla: (…) Para el régimen de Franco, aquellos acuerdos significaban terminar con su cuarentena internacional gracias al respaldo norteamericano, aunque ello implicara la asunción de una fuerte hipoteca para la seguridad nacional. El desequilibrio aceptado en aquellos momentos, por una dictadura necesitada de la legitimación exterior del poderoso aliado americano, iba a pesar sobre las relaciones bilaterales por espacio de más de tres décadas [3].
Citas: [1] MARTORELL, M. y JULIÁ, S. Manual de historia política y social de España (1808-2011). Barcelona: RBA, 2012, pp. 239, 240 y 244. [2] PIÑEIRO ÁLVAREZ, Mª R. “Los convenios hispano-norteamericanos de 1953”. En: Historia Actual Online (HAOL), 2006, nº 11, p. 175. [3] DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. “Las relaciones culturales entre España y Estados Unidos, de la Guerra Mundial a los pactos de 1953”. En: Cuadernos de historia contemporánea, 2003, nº 25, p. 58.
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