El derecho a ser olvidado (I)

El 29 de abril de 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa –la organización paneuropea que reúne a 47 países del Viejo Continente (es decir, todos excepto la habitual oveja negra: Bielorrusia)– decidió que, a partir de entonces, cada 28 de enero se celebraría el Día Europeo de la Protección de Datos. ¿Por qué esa fecha en concreto? Fue un homenaje al día en que se abrió a la firma (para ratificarlo) el Convenio nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que –según este organismo– ha sido la piedra angular de la protección de datos, tanto en Europa como en el resto del mundo, durante más de 30 años.

En 2012, el Parlamento Europeo –donde “sólo” están representadas las 27 naciones de la Unión Europea– aprovechó esta celebración para comentar algunos de los datos publicados en el Eurobarómetro (sondeo que analiza la opinión pública europea) relativo a la protección de datos. Las conclusiones más significativas fueron que: el 74 por ciento de los europeos considera que revelar información personal forma parte de nuestra vida moderna; que el 75 por 100 opina que deberían poder borrar la información y los datos personales que los sitios web almacenan sobre ellos y, finalmente, que el 67 por ciento de los europeos ni tan siquiera sabe que en su país existe una autoridad responsable de la protección de sus derechos relacionados con los datos privados (en España, la AEPD).

Con esta base, Europa tiene algunos deberes pendientes: actualizar la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, para adecuarla a los requisitos exigidos por la era digital, unificar los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros y –como ha señalado la eurodiputada Birgit Sippel– garantizar a todos los ciudadanos europeos el derecho a ser olvidados, de forma que sus datos sean borrados cuando desaparezcan las circunstancias para las que fueron almacenados.