Junto a la Unión Europea (con sus 27 Estados miembro, tras la retirada de Gran Bretaña con el Brexit) y el Consejo de Europa (con 46, después de que se expulsara a Rusia por invadir Ucrania), en el Viejo Continente conviven otras organizaciones que también debemos conocer, aunque sea de forma breve. La primera de ellas es, probablemente, la más popular de todas. Bajo el acrónimo de los tres Estados que la integran, el BENELUX –BE, de Bélgica, NE de los Países Bajos (Nederland) y LUX por Luxemburgo– tuvo su antecedente en la Union Economique Belgo-Luxembourgeoise de 1922 y en la posterior Union douanière de las tres naciones, de 1948, cuando los gobiernos de Bruselas, Ámsterdam y Luxemburgo suprimieron los derechos de aduana interno para fomentar el comercio trilateral y aplicaron una misma tarifa uniforme con respecto a los bienes procedentes de terceros países. Finalmente, el Traité instituant l'Union Economique Benelux se firmó el 3 de febrero de 1958 y entró en vigor dos años más tarde. Con ocasión de su 50º aniversario, el 17 de junio de 2008 se adoptó en La Haya el nuevo Tratado Benelux, suscrito no solo por sus tres Jefes de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores, sino por los representantes federales belgas de Valonia, Flandes y Bruselas-Capital, entrando en vigor el 1 de enero de 2012. Cuenta con un Comité de Ministros, Consejo, Parlamento [Conseil Interparlementaire Consultatif du Benelux] y Corte de Justicia [Cour Benelux] propios.
Desde los años 40, los gobiernos de Copenhague, Estocolmo y Oslo fracasaron en su intento de lograr una unión aduanera similar a la del Benelux hasta que, el 13 de agosto de 1951, el Primer Ministro danés, Hans Hedtoft, propuso que las cámaras legislativas de los países nórdicos crearan un órgano consultivo interparlamentario –el Consejo Nórdico [Norden o Nordic Council]– que, finalmente, fue ratificado, en 1952, por cuatro Estados: Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, celebrando su primera sesión en el Parlamento danés el 13 de febrero de 1953; Finlandia se adhirió en 1955 y las tres regiones que poseen un régimen autonómico especial se fueron incorporando de forma sucesiva: las Islas Feroe, de Dinamarca, y las Aland, de Finlandia, en 1970; y Groenlandia, bajo soberanía danesa, en 1984. Desde los años 50, esta organización no se centró tan solo en los aspectos económicos y aduaneros sino que fomentó la integración laboral de sus habitantes, creando un mercado común de trabajadores en 1954 y, por ejemplo, un único pasaporte nórdico en 1958. Cuando algunos de sus miembros comenzaron a negociar su incorporación a otras organizaciones regionales –como la EFTA [Asociación Europea de Libre Comercio, creada por iniciativa de Londres el 4 de enero de 1960] o la CEE [Comunidad Económica Europea; precedente de la actual Unión Europea]– se fue haciendo necesario adoptar un acuerdo internacional que fortaleciera la integración nórdica en los ámbitos legal, cultural, social y económico, así como en los campos del transporte, las comunicaciones y la protección del medioambiente. Este convenio se ratificó en la capital finlandesa el 23 de marzo de 1962 y, por ese motivo, se le denomina el Tratado de Helsinki o “Constitución Nórdica” [nada que ver con el Acta Final de Helsinki, de la OSCE]. Hoy en día, el Consejo Nórdico está integrado por 87 miembros (20 por cada país excepto los 7 representantes islandeses) y se estructura en tres órganos: la Asamblea Plenaria, el Presidium y una Junta Permanente.
El denominado Grupo de Visegrado [V4 o Visegrad Group] se estableció el 15 de febrero de 1991 durante la cumbre que celebraron el Presidente de Checoslovaquia, Václav Havel; el Presidente de Polonia, Lech Wałęsa, y el Primer Ministro de Hungría, József Antall, en esta pequeña localidad húngara, con el mismo objetivo –intensificar la amistad y la cooperación mutua de estos países centroeuropeos, fortaleciendo su estabilidad– que un encuentro medieval que tuvo lugar en el mismo lugar, en el otoño de 1335, cuando se reunieron los monarcas Juan de Luxemburgo (rey de Bohemia), Carlos I de Anjou (rey de Hungría) y Casimiro III de Polonia. En 1993, con la desintegración checoslovaca, el Grupo pasó a estar integrado por sus cuatro actuales integrantes: Hungría, Polonia, Eslovaquia y Chequia (la República Checa). A diferencia de las demás organizaciones europeas, el V4 no se ha institucionalizado firmando ningún tratado internacional que le dé un marco legal y, simplemente, sus Jefes de Estado o de Gobierno se reúnen una vez al año y sus ministros, de forma periódica, cuando sea necesario. Podría decirse que este Grupo existe de hecho, pero no por derecho.
En 1992, estos cuatro Estados firmaron el Tratado de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA, por sus siglas en inglés) con el fin de preparar sus economías de cara a integrarse en la Unión Europea (hecho que ocurrió el 1 de mayo de 2004); curiosamente, el Tratado de la CEFTA se enmendó en 2006 y, en la actualidad, aquel acuerdo continúa en vigor para sus siete nuevos miembros: Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Por curiosidad, mientras que la EFTA se creó por los británicos como némesis de las Comunidades Europeas porque Francia se oponía a su ingreso en el club comunitario; la CEFTA nunca se planteó así sino, al contrario, como sala de espera para incorporarse a la Unión Europea.
En ese contexto, los dirigentes de tres de esos países de los Balcanes Occidentales [Albania, Macedonia del Norte y Serbia] dieron un paso más y formalizaron la iniciativa Open Balkan en la ciudad serbia de Novi Sad el 10 de octubre de 2019; y, ese mismo año, celebraron dos nuevas cumbres en Ohrid (Macedonia del Norte), el 10 de noviembre, y en Durrës (Albania) el 12 de diciembre; inspirándose en proyectos similares como el BENELUX o el Consejo Nórdico. Desde entonces, este incipiente proyecto de integración regional balcánica ha adoptado siete acuerdos y seis memorandos de entendimiento con el objetivo de desarrollar su economía basándose en las célebres libertades de circulación europeas: personas, bienes, capitales y servicios para “acelerar” su integración y que los estados miembro de esta iniciativa se adhieran a la Unión Europea lo antes posible.
Alemania y Dinamarca fundaron el Consejo de Estados del Mar Báltico [Council of the Baltic Sea States (CBSS)] en Copenhague, en 1992; desde entonces, otros nueve países ribereños del Mar Báltico (Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia) se han unido al CBSS para intensificar la colaboración y cooperación entre ellos (España, por cierto, es Estado Observador desde 2009).
Alemania y Dinamarca fundaron el Consejo de Estados del Mar Báltico [Council of the Baltic Sea States (CBSS)] en Copenhague, en 1992; desde entonces, otros nueve países ribereños del Mar Báltico (Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia) se han unido al CBSS para intensificar la colaboración y cooperación entre ellos (España, por cierto, es Estado Observador desde 2009).
En los prolíficos años 90, otras cuatro naciones que accedieron a la independencia tras el colapso soviético –Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia– comenzaron a incrementar sus relaciones para lograr un mayor grado de integración regional, en gran medida, alejándose de Rusia para acercarse al resto de Europa y a los Estados Unidos. Finalmente, el 10 de octubre de 1997 crearon esta organización para el desarrollo económico y democrático bajo el acrónimo de las iniciales de sus cuatro miembros –el GUAM– que, el 23 de mayo de 2006, aprobó la Carta donde establecieron sus seis grandes propósitos: promover los valores de un Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos, garantizar el desarrollo sostenible, fortalecer la seguridad y estabilidad de la región, profundizar en la integración europea para establecer un espacio de seguridad común, lograr el desarrollo social y económico de los Estados parte e intensificar su interacción política. Su sede se encuentra en Kiev (Ucrania) y, curiosamente, sus idiomas de trabajo son el ruso y el inglés (Art. 17 de la Carta GUAM). Durante tres años, esta organización se denominó GUUAM cuando contó con un quinto Estado –Uzbekistán– que tan solo formó parte de ella de 1999 a 2001.
La BESC [Black Sea Economic Cooperation] reúne a los países ribereños del mar Negro –Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Serbia, Rusia, Turquía y Ucrania– que suscribieron la Declaración del Bósforo en Estambul (Turquía), el 25 de junio de 1992, reuniéndose, posteriormente, en Bucarest (Rumanía), en 1995, y Moscú (Rusia), en 1996, hasta que dos años más tarde –el 5 de junio de 1998– adoptaron en Yalta (Crimea) los treinta y cuatro artículos de su Carta para fomentar su buena vecindad, el diálogo y la cooperación, prestando una especial atención al medioambiente de este mar.
El 3 de octubre de 2009, algunos de los países turcoparlantes (Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Turquía) suscribieron el denominado Acuerdo de Najicheván por el que se constituyó el Consejo Túrquico.
Por su parte, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán firmaron el 29 de mayo de 2014 el Tratado para formalizar la Unión Económica Euroasiática al que, posteriormente, se han incorporado Armenia y Kirguistán; (...) una suerte de Unión Europea de segunda fila, en palabras del reportero Tim Marshall [Prisioneros de la geografía. Barcelona: Península, 2017, p. 37]; y, por último, desde 2001, existe una Comunidad para la Democracia y los Derechos de las Naciones integrada por cuatro territorios que aunque se autoproclamaron independientes de Georgia, Moldavia y Azerbaiyán apenas han logrado que les reconozca la comunidad internacional: Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj [Alto Karabaj] y Transnistria.
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