El tribunal ateniense de la Heliea

En la Antigua Grecia, (…) la ley era parte esencial de la democracia, y los atenienses pusieron gran empeño en garantizar la justicia y acabar con la corrupción. El gran tribunal judicial de Atenas era la Heliea, en la esquina sudoeste del ágora. Conocía de todas las causas que no fueran de homicidio [que se juzgaban en el Areópago, sobre la colina de Ares; era su principal audiencia criminal, donde comparecían los acusados de homicidio premeditado (consumado o no), así como los de incendio provocado que pusieran en peligro vidas. Estaba facultado para imponer la pena de muerte por asesinato, o el destierro con confiscación de bienes en los casos de delitos menores] ni implicaran a funcionarios [procesados por sus iguales en el Consejo (Boulé)]. Los delitos muy graves contra el Estado se remitían a la Asamblea Popular (Ekklesía); asimismo, existían otros órganos judiciales: el Paladion, donde se procesaban el homicidio involuntario y la incitación al asesinato (la pena máxima que podía imponer este tribunal era un período de destierro); el Delfinion, presidido por el arconte rey (basileus) para los casos de homicidio que él considerara justificados o con circunstancias atenuantes; el Freatis, un tanto extraño, para procesar a ciudadanos que, encontrándose ya en el exilio por homicidio in voluntario, cometían asesinato en primer grado (el juicio se celebraba junto al mar y el acusado se defendía desde una barca); y el Pritaneo, un tribunal religioso, encargado de purificar al Estado de la deshonra que suponía cualquier asesinato de autor desconocido. Lo presidía el arconte rey y los diez «reyes» tribales [1].

Carl Haag (1858)
Acrópolis de Atenas desde la cárcel de Sócrates

En cuanto a la Heliea, fue creada por Solón y era un tribunal popular abierto a la plena participación ciudadana, igual que la Ekklesía. Las funciones que tenían eran de carácter legislativo y judicial [2]. (…) la palabra Heliea designaba en el lenguaje de los atenienses, tanto la reunión de los jueces llamados a pronunciarse sobre un asunto determinado, como el lugar en que se reunían estos magistrados. Algunos hacen derivar esta denominación de “sol”: la Heliea, en efecto, era un tribunal que actuaba al aire libre, bajo la luz directa del sol. Otros, en cambio, vinculan la palabra a la idea de asamblea [3].

Su seña de identidad, como tribunal popular, se debe a que en la Heliea tenía derecho a participar todo ateniense de más de treinta años en posesión de sus derechos cívicos. Anualmente eran designados por sorteo seis mil miembros, a razón de 600 por cada tribu, trámite llevado a cabo por los arcontes y su secretario, cada uno en su tribu. Aquellos que fueran designados por sorteo debían asumir el cargo para no verse perseguidos y castigados por su incumplimiento. Antes de asumir el cargo, los heliastas debían prestar un juramento en la colina de Ardeto por el que, si hemos de creer a un texto del siglo IV que aparece en el corpus demosténico, se comprometían a respetar la constitución y las leyes, a no fallar ni abolición de deudas particulares ni partición de tierras ni casas atenienses ni revocación ni imposición de exilios injustos, comprometiéndose además a no aceptar, como heliastas, ni personalmente ni a través de persona interpuesta, dones, a oír con plena imparcialidad tanto a acusador como a acusado y a votar en consecuencia. (…) La Heliea no se reunía más que excepcionalmente en sesión plenaria. La verdad es que, aunque cada sección era de 600 miembros, realmente se funcionaba en secciones de 501, pues el resto era para suplir ausencias. En los procesos importantes, fundamentalmente en los políticos, se reunían varias secciones para formar un tribunal (por ejemplo, para que Pericles rindiera cuentas se reunieron mil quinientos heliastas) [4].

François-Xavier Fabre | La muerte de Sócrates (1802)

Otro de los procesos judiciales más famosos que tuvieron que resolver en la Heliea, con una sección de 501 miembros, fue el juicio de Sócrates. Nacido en Atenas, donde vivió a finales del siglo V a. C., Sócrates llegó a ser el más sabio de su tiempo, según el oráculo de Delfos informó a su amigo Querefonte. Los diálogos de Platón y los escritos de Jenofonte recogen sus ideas. (…) En la «Apología de Sócrates», Platón narra cómo pasó Sócrates los últimos momentos de su vida antes de la ingestión de la cicuta que le causará la muerte, tras la condena de un tribunal que le juzgó por cargos falsos. En esencia, Sócrates fue acusado por desobedecer las leyes civiles, y se le condenó por su actitud frente a ellas, por no haber honrado a los dioses de la ciudad y por corromper a la juventud con sus ideas [5].

Citas: [1] CONNOLLY, P. & DODGE, H. La ciudad antigua. La vida en la Atenas y Roma clásicas. Madrid: Acento, 1998, p. 29. [2] HIDALGO DE LA VEGA, Mª. J. et al. Historia de la Grecia Antigua. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1998, p. 152. [3] LINARES QUINTANA, S. V. Tratado de la ciencia del derecho constitucional: Parte general. Teoría de la constitución. Madrid: Plus Ultra, 1977, p. 317. [4] RAMOS JURADO, E. Á. “Introducción”. En: PLATÓN, Apología de Sócrates. Madrid: CSIC, 2002, pp. XXVI y XXVII. [5] PÉREZ-BUSTAMANTE, R. Iustitia. La justicia en las artes. Madrid: Dykinson, 2007, p. 91.

La integración cercana de ZICOSUR

Entre avances y pausas, los procesos integradores de Sudamérica han dado lugar al nacimiento de numerosas organizaciones internacionales con otros Estados de la subregión, del resto de las Américas e incluso de otros continentes; sirvan como ejemplos MERCOSUR [creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mediante la firma del Tratado de Asunción, de 26 de marzo de 1991]; la Alianza del Pacífico [regulada en su Acuerdo Marco suscrito en Antofagasta, el  6 de junio de 2012, por Colombia, Chile, México y Perú]; la Comunidad Andina [Acuerdo de Integración Subregional o Pacto Andino, de 26 de mayo de 1969, en Bogotá, e integrada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú]; o el singular ZOPACAS [una “organización internacional” afroamericana que, desde el  27 de octubre de 1986, se enmarca en la estrategia de la ONU de Cooperación Sur-Sur]. En ese contexto, destaca la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) por su originalidad al tratarse de una iniciativa no estatal sino de entes regionales, creada en 1997 como una instancia que nace con el objetivo de lograr una inserción internacional competitiva de la región, promoviendo el desarrollo de infraestructura para la articulación de ejes de comunicación comunes.

Su precedente se remonta a 1973 cuando se constituyó el Grupo de Empresarios del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS) que reunió a representantes regionales del Noroeste de Argentina, el Norte de Chile, el Sureste de Bolivia y Paraguay en un foro donde intercambiar sus experiencias como regiones periféricas de sus propios Estados, por lo que compartían similares esperanzas e idénticas carencias. La situación política del Cono Sur motivó que este visionario proceso no se retomara hasta la década de los años 90 cuando se celebró en Antofagasta (Chile) el I Encuentro Internacional ZICOSUR Asia-Pacífico, del 7 al 10 de abril de 1997, que concluyó con la propuesta de relanzar aquella estrategia integradora a nivel regional.

Al año siguiente, el II Encuentro Internacional [Salta (Argentina), 1998] se estableció una Secretaría Pro Témpore para coordinar y diseñar programas de desarrollo compartido, políticas y acciones conducentes a la consolidación de la zona de integración; en el VII Encuentro Internacional [Tarija (Bolivia), 2004] se estableció un organismo ejecutivo en cada territorio (gobernación, estado, prefectura o intendencia, según el país) para crear redes de trabajo, coordinadas por una Secretaría Permanente de la ZICOSUR con sede rotatoria; y, de nuevo en la capital salteña, en 2005, el VIII Encuentro le brindó su institucionalidad definitiva con una estructura orgánica, mediante el «Protocolo de Campo Grande», de 21 de noviembre de 2005, en el que participaron Amambay, Antofagasta, Boquerón, Cochabamba, Chaco, Formosa, Mato Grosso do Sul, Santa Cruz y Tarija (es decir, los estados y regiones miembros de la Zona de Integración Centro Oeste Sudamericano).

Sus gobernadores, prefectos e intendentes se mostraron convencidos de que la integración regional constituye uno de los principales medios para que los miembros de la sub-región puedan acelerar el proceso de desarrollo económico-social para garantizar una mejor calidad de vida a sus habitantes; asimismo, reafirmaron su voluntad de sentar los cimientos necesarios para lograr una óptima inserción de la sub-región en el contexto internacional, desde el punto de vista competitivo y cualitativo; y se mostraron persuadidos de que la continuación de este procesos afianzará la construcción de un esquema de cooperación de tipo horizontal de las regiones comprometidas, consolidando los lazos de unión entre los pueblos.

Su Art. I definió el ZICOSUR como un foro de carácter internacional integrado por provincias de Argentina, estados de Brasil, departamentos de Bolivia y Paraguay, regiones de Chile, comprendidas en el centro oeste suramericano que han manifestado su voluntad de promover la integración regional con el fin de propender al desarrollo sustentable de la zona; organizado con un Plenario de Autoridades (integrado por los gobernadores, prefectos e intendentes regionales de ZICOSUR, como órgano superior al que le corresponde su conducción política y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de sus objetivos); el Comité Coordinador de Gobernadores (órgano que coordina la implementación de las decisiones o declaraciones adoptadas por el Plenario, con el sistema de troika: estará conformado por la autoridad que organizará el último, el actual y el próximo Plenario); y la Secretaria Pro-témpore Ejecutiva (órgano técnico de apoyo operativo, cuyo titular será designado por el Presidente del Comité). Por último, el Art. XII contempla la posibilidad de constituir las comisiones especiales de trabajo que se consideren necesarias.

Hoy en día, el ZICOSUR comprende más de 70 entidades subestatales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay con objetivos comunes que aglutinan en cinco grandes ámbitos:

1. Comercio, industria y producción (por ejemplo, para coordinar los esfuerzos productivos, de transporte y distribución, optimizando la capacidad de producción; o canalizar y facilitar los intercambios comerciales entre esos mercados y MERCOSUR).
2. Infraestructura, logística y servicios conexos (optimizando los pasos fronterizos, mediante la desburocratización y agilización de los organismos de control de fronteras en los países que integran la subregión; y desarrollar el transporte multimodal que potencie el ferroviario inmerso en el trazado y la utilización del Corredor Bioceánico Norte-Pacífico-Atlántico que se muestra en la imagen superior);
3. Medioambiente, desarrollo sostenible y cambio climático;
4. Turismo, cultura y patrimonio (incrementando el conocimiento geográfico, político, histórico y social de la región así como su puesta en valor); y
5. Educación, ciencia y tecnología (para, por ejemplo, fomentar la cooperación internacional para la formación de docentes e intercambios de experiencia en las nuevas problemáticas de niños y adolescentes).

Para la investigadora argentina Miryam Colacrai, el ZICOSUR representa el ejemplo más claro del crecimiento progresivo de vínculos de carácter subnacional, es decir, llevados adelante por gobiernos no centrales -locales, provinciales o regionales- [por el que] se han multiplicado las instancias de cooperación e integración en términos de comercio, cultura, turismo, etc. Se ha producido una dinámica donde se priorizan aspectos relativos a esa “integración cercana o más próxima” comparada con los grandes procesos de integración regional en los cuales se la percibe, muchas veces, desplazada o marginada [1].

Se trata, en definitiva, según el profesor Benedetti, de un ejemplo de regionalización como estrategia de cooperación entre entidades subnacionales [que] está integrada por unidades subestatales con carencias en infraestructura y lejanía de los centros de distribución y consumo. Por ello, son de doble periferia, ya que mantienen una posición subordinada y periférica dentro de un conjunto de países igualmente subordinados y periféricos. (…) puede señalarse que la ZICOSUR representa una reconfiguración geopolítica de los procesos de integración regional, por tratarse de una cooperación transfronteriza y entre instancias subnacionales [2].

Citas: [1] COLACRAI, M. “Cuando la frontera dialoga: Singularidades de la relación argentino-chilena en las últimas décadas”. En: Estudios Fronterizos, 2016, nº 17 (34), p. 92. [2] BENEDETTI, A. “Hegemonía, cooperación y disidencia. Regionalizaciones de América como sistemas de prácticas y relaciones de poder”. En:  Huellas, 2022, vol. 16, nº 1, pp. 113 y 114.

La ONU y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

La «Agenda 21» o «Programa 21» es un plan de acción exhaustivo que se adoptó el 14 de junio de 1992 durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro (Brasil), para abordar los problemas internacionales más acuciantes de aquel momento y preparar el mundo para los desafíos del siglo XXI. Dentro de esa planificación, el Capítulo 17 se dedicó a la protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, así como la protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos. En ese contexto, sus últimas secciones -de la 123 a la 135- se refieren en concreto a la situación de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo [PEID, en castellano; aunque se emplea más el acrónimo SIDS por las siglas en inglés de Small Island Developing States] al constituir un caso especial tanto para el medio ambiente como para el desarrollo y ser ecológicamente frágiles y vulnerables; tienen toda la problemática y las exigencias ambientales de las zonas costeras concentrados en una superficie terrestre limitada pero sin la cooperación y la asistencia de la comunidad internacional, los pequeños Estados insulares en desarrollo difícilmente podrán superar tales problemas.

Como consecuencia, a finales de ese mismo año, la resolución 47/189, de 22 de diciembre de 1992, de la Asamblea General de la ONU convocó la [I] Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; reconociendo que estas naciones, al igual que las islas que albergan a pequeñas comunidades, constituyen un caso especial tanto para el medio ambiente como para el desarrollo, que tienden a ser ecológicamente frágiles y vulnerables, que su pequeño tamaño, la limitación de sus recursos, su dispersión geográfica y su aislamiento de los mercados los colocan en situación de desventaja económica y les impiden obtener economías de escala, y que para los pequeños Estados insulares en desarrollo el medio oceánico y costero reviste importancia estratégica y constituye un valioso recurso para el desarrollo. Dos años más tarde, del 26 de abril al 6 de mayo de 1994, se celebraron las quince sesiones plenarias de la Conferencia en la capital barbadense, Bridgetown, donde se adoptaron tanto la «Declaración de Barbados» -para traducir la «Agenda 21» en políticas, acciones y medidas concretas que se han de adoptar en los planos nacional, regional e internacional con el fin de permitir a los pequeños Estados insulares en desarrollo lograr el desarrollo sostenible- como los quince capítulos del «Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo» con el que ayudar a estas naciones a encontrar soluciones a los desafíos ambientales y de desarrollo a los que se enfrentaban.

De acuerdo con el preámbulo de este último documento: (…) Muchas de las desventajas de los Estados insulares obedecen a su pequeño tamaño, pero el hecho de que muchos de estos Estados no sólo son pequeños sino que además están formados por un conjunto de islas pequeñas las aumenta. Entre esas desventajas se cuentan una gama limitada de recursos, que los obliga a una especialización excesiva; una dependencia excesiva del comercio internacional, que los hace vulnerables a los cambios que ocurren en el mundo; una elevada densidad de población, que hace aumentar la presión sobre recursos ya limitados; un uso excesivo de recursos que da lugar a su agotamiento prematuro; cuencas hidrográficas relativamente pequeñas, y suministros de agua potable amenazados; una administración e infraestructura pública costosa, incluidos los transportes y las comunicaciones; y una capacidad institucional limitada y un mercado interno demasiado pequeño para conseguir economías de escala importantes, mientras que su limitado volumen de exportación, a veces desde lugares remotos, eleva el costo de los fletes y reduce la competitividad. Las islas pequeñas suelen tener un grado elevado de endemicidad y altos niveles de diversidad biológica, pero el número relativamente reducido de especies acarrea un elevado riesgo de extinción y hace necesaria su protección.

Para examinar la ejecución de este Programa de Acción, la A/RES/58/213, de 23 de diciembre de 2003, convocó una segunda reunión internacional, del 10 al 14 de enero de 2005, en Port Louis (Mauricio) que concluyó con la aprobación de la «Declaración de Mauricio» -que volvió a reiterar la reconocida vulnerabilidad de estos países (muchos de los cuales habían sufrido las trágicas consecuencias del terremoto y el maremoto del 26 de diciembre de 2004 con el tsunami en el Océano Índico); subrayando que se debe prestar atención a las necesidades y preocupaciones propias de los pequeños Estados insulares en desarrollo en las esferas del comercio y del desarrollo a fin de permitirles que se integren plenamente en el sistema multilateral de comercio- y la «Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo» en la que se establecen medidas en 19 esferas prioritarias, incluidos los temas originales del «Programa de Acción de Barbados».

Según el Informe A/65/115, de 6 de julio de 2010, del Secretario General de la ONU [«Examen quinquenal de la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo»], los PEID se caracterizan por estas cinco notas comunes:

• a) Pequeño tamaño de la población: de por sí una limitación; normalmente, se traduce en una administración pública y una infraestructura desproporcionadamente onerosas y conlleva una capacidad técnica reducida, situación que se agrava por unas tasas elevadas de emigración;
• b) Lejanía geográfica; muchos de estos Estados se encuentran muy distantes geográficamente de los grandes mercados; además, los bajos volúmenes de transporte y comunicaciones se traducen generalmente en gastos elevados de fletes y comunicaciones;
• c) Vulnerabilidad frente a las crisis externas: tanto de la oferta como de la demanda al estar relativamente más expuestos que la mayoría de los demás países en desarrollo a los desastres naturales.
• d) Dotación limitada de recursos: cuentan con pocos recursos naturales para sustentar su desarrollo sostenible. Sus recursos de energía, agua, minerales y agricultura son relativamente escasos y su capacidad para extraer esos recursos suele agotarse rápidamente; y
• e) Exposición a los problemas ambientales mundiales: se enfrentan a amenazas singulares derivadas de los problemas ambientales mundiales, incluidos el cambio climático, el turismo, la pérdida de diversidad biológica, la contaminación por desechos, la escasez de agua dulce y la acidificación de los océanos.

Desde entonces los treinta y nueve PEID [Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cabo Verde, Comoras, Cuba, Dominica, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Granada, Guinea-Bisáu, Guyana, Haití, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Kiribati, Maldivas, Mauricio, Nauru, Niue, Palaos, Papúa-Nueva Guinea, República Dominicana, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Singapur, Surinam, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu (naciones, que ocupan menos del 0,5% de la superficie terrestre y se distribuyen en tres regiones: Caribe, Pacífico y Atlántico, Océano Índico y Mar de China Meridional)] celebraron la III Conferencia Internacional de los pequeños Estados insulares en desarrollo en Apia (Samoa) del 1 al 4 septiembre de 2014: donde los asistentes reconocieron la necesidad de apoyar e invertir en estas naciones -por ejemplo, en mejorar la cooperación, los intercambios y las inversiones internacionales en educación y formación; fomentar el espíritu empresarial y la innovación; crear puestos de trabajo locales decentes mediante proyectos públicos y privados; establecer marcos normativos y de políticas nacionales, según corresponda, que permitan a las empresas y la industria promover iniciativas de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad social empresarial; etc.- para que puedan lograr el desarrollo sostenible, como se reflejó en su declaración final «Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo» [o «Trayectoria de Samoa»].

Por último, a la hora de redactar esta entrada, la IV Conferencia [o «PEID4»]  ha tenido lugar en Saint John (Antigua y Barbuda) del 27 al 30 de mayo de 2024 [Año Internacional de los PEID], bajo el lema “Trazando el rumbo hacia una prosperidad resiliente”. Como en los encuentros anteriores, la reunión finalizó con la aprobación de la «Agenda de Antigua y Barbuda para los PEID» [«Antigua and Barbuda Agenda for Small Island Developing States» (ABAS)] que continúa el trabajo del «Programa de Acción de Barbados» (1994), la «Estrategia de Mauricio» (2005) y la «Trayectoria de Samoa» (2014), reconociendo que los próximos diez años son críticos para los PEID porque las amenazas económicas, sociales y ambientales, así como geopolíticas, al desarrollo de los PEID son tan grandes que solo pueden mejorarse mediante un entorno propicio revitalizado que da un efecto significativo a su desarrollo sostenible. Sin el pleno apoyo de la comunidad internacional, los PEID sufrirán consecuencias potencialmente de gran alcance.

PD: asimismo, además de los 39 PEID, hay otros 18 miembros asociados de las comisiones regionales de las Naciones Unidas: Anguila, Aruba, Bermudas, Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, Curazao, Guadalupe, Guam, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Martinica, Montserrat, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Puerto Rico, Samoa Americana y San Martín. Como curiosidad, en las primeras conferencias se consideró PEID a Baréin.

¿Cuándo se creó UNICEF?

Siguiendo la recomendación del Consejo Económico y Social (ECOSOC), durante el primer periodo de sesiones que la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró en el Central Hall de Westminster [Londres (Reino Unido)], los 51 miembros originarios de la ONU adoptaron la resolución A/RES/57(I), de 11 de diciembre de 1946, «Creación de un Fondo Internacional de Socorro a la Infancia» [en inglés, United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef)] para beneficio de los niños y adolescentes de los países que fueron víctimas de la agresión -en referencia a la II Guerra Mundial- y para ayudar a su rehabilitación. Aquel primer fondo se integró entonces con los bienes que la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación (UNRRA) puso a su disposición; además de los donativos monetarios, contribuciones y otras ayudas hechos por los Gobiernos, organismos de socorro voluntario, individuos u otras fuentes. La resolución también contempló que el Fondo del UNICEF fuese administrado por un Director Ejecutivo de acuerdo a las directivas trazadas por una Junta Ejecutiva. Cada 11 de diciembre se celebra el «Día de UNICEF».

Al finalizar aquella década se estableció el primer Comité Nacional de UNICEF en Estados Unidos, en 1947 -en España, por comparar, la Asociación de Amigos de UNICEF se creó en 1961- y mediante la A/RES/417(V), de 1 de diciembre de 1950, el órgano plenario de la ONU reiteró la nueva política del Fondo de destinar una mayor proporción de sus recursos al desarrollo de programas fuera de Europa para hacer frente a las necesidades de emergencia y a largo plazo de los niños y a sus necesidades permanentes, particularmente en los países insuficientemente desarrollados, con el propósito de hacer más eficaces allí donde tal cosa pueda estar indicada, los programas permanentes de defensa de la salud y del bienestar infantiles de los países que reciban asistencia.

El siguiente punto de inflexión se produjo tres años más tarde cuando la A/RES/802(VIII), de 6 de octubre de 1953 mantuvo el acrónimo UNICEF pero cambió su denominación por la de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia e, indirectamente, lo incluyó en el Sistema de las Naciones Unidas al pedirle al Consejo Económico y Social que continuara examinando periódicamente sus actividades, a la Asamblea General que le formule las recomendaciones pertinentes y al Secretario General que hiciera lo necesario para que los programas emprendidos por el UNICEF sigan siendo coordinados en forma eficaz con los programas ordinarios y los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

En los años 60, tras celebrarse la Conferencia de Bellagio (Italia), en 1964, UNICEF pasó a ser más que un simple fondo para convertirse en una agencia de desarrollo internacional con experiencia técnica en todas las cuestiones relacionadas con la infancia. Como resultado de su esfuerzo, en 1965 recibió el Premio Nobel de la Paz por cumplir las características de la voluntad de Nobel, la promoción de la hermandad entre las naciones y aparecer en el escenario mundial como un factor de gran importancia para la paz. Según el Comité noruego que se lo otorgó: UNICEF se ha dado cuenta de que los niños son la clave del futuro.

Hoy en día, UNICEF se autodefine como: la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia, y su misión es proteger los derechos de todos los niños y niñas, en especial de los más desfavorecidos y de aquellos a los que resulta más difícil llegar. Trabajamos en más de 190 países y territorios, y hacemos lo que sea necesario para ayudarlos a sobrevivir, prosperar y desarrollar todo su potencial.

En opinión de Maggie Black -escritora y editora que trabajó para este Fondo de 1977 a 1988- UNICEF sigue siendo la más entregada y la más eficaz en lo que se refiere a provisión de educación básica, agua, instalaciones sanitarias, sanidad y otros servicios. (...) UNICEF ostenta la única presencia internacional importante [y aunque] dista un buen trecho de ser políticamente inocente; durante décadas ha aprendido a ser políticamente astuta en defensa de las necesidades de los niños. También tiene mucha experiencia en la aplicación de programas y cuenta con el personal y los recursos adecuados [BLACK, M. Naciones Unidas. ¿Ayuda o estorbo? Barcelona: Intermón Oxfam, 2010, pp. 88 y 89].

NB: El Reino de España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un organismo subsidiario de las Naciones Unidas según lo establecido en la resolución de la Asamblea General n.º 57(1), del 11 de diciembre de 1946, firmaron un Acuerdo Marco, hecho «ad referendum» en Madrid el 25 de febrero de 2004, para impulsar las relaciones entre España y UNICEF con el fin de mantener una colaboración continua en la ejecución de programas de asistencia, proyectos y actividades de cooperación.

Las vírgenes juradas [«burrneshë»] de Albania

En el compendio de leyes tribales que conforma el «Kanun», un código medieval transmitido por vía oral de generación en generación, al menos desde el siglo XV y que aún se observa en las Montañas Malditas, una región en el norte de Albania que rodea el lago Skutari y tiene frontera con Kosovo, Montenegro y el Mediterráneo [1], el honor patriarcal y clánico es el espíritu primero y último que da consistencia a estas leyes. Para la escritora madrileña Alana S. Portero, su preservación justifica todo lo demás: herencias, matrimonios y derramamientos de sangre. (…) El papel que el Kanun ha reservado históricamente a las mujeres es el de siervas silenciosas que deben confiar en que el destino las bendiga con un marido algo menos dispuesto a ser un reyezuelo tiránico en su hogar. No tienen derecho a la herencia, ni a participar en las ágoras del clan en las que se toman decisiones, aunque hacen el trabajo pesado dentro y fuera del hogar [1]; esto se debe a que, en opinión de la profesora Yolanda Romano, el Kanun defiende un sistema patriarcal, regido por hombres donde el rol de la mujer es de mera sierva, de sumisión total a la voluntad del hombre [2]

Sin embargo, Portero nos recuerda que existe, en las regiones que responden ante el Kanun, una figura extraordinaria, la burrnesha o virgen jurada. Una mujer que tiene derecho a heredar, esquivar un matrimonio concertado y, en definitiva, ser más dueña de su propio destino, si jura públicamente mantenerse célibe y adoptar una identidad masculina hasta el fin de sus días. Es decir, ser un hombre a casi todos los efectos. Tal decisión no sólo no es vista con vergüenza alguna por las familias y los clanes, sino que es un evento que enorgullece a todo el mundo y que se celebra prácticamente como el nacimiento de un varón [1].

Son las ‘burrneshë’ -de burrë, hombre- mujeres de la Albania más profunda de las montañas obligadas por tradición o por necesidad a travestirse y vivir como hombres para sacar adelante a la familia [2].

A estas referencias, la antropóloga Berit Backer, les brindó una base jurídica: Las vírgenes juramentadas solo se mencionan en un párrafo del Kanun de Lekë Dukagjini, donde dice: §1228 (…) “Las vírgenes (mujeres que se visten como hombres): No se distinguen de las demás mujeres, salvo que tienen libertad para relacionarse con los hombres, aunque no tienen derecho a voz en la asamblea”. Por lo tanto, se las identifica como «aquellas que se visten como hombres». Al relacionarse con hombres, también se les permite circular libremente en espacios públicos; sin embargo, sus derechos están limitados en cuanto a la participación legal, incluyendo los derechos sobre la propiedad. Cualquier mujer que, por una u otra razón, prefiera no casarse y, a cambio, aceptar las tareas y cargas que suelen asignarse a los hombres, puede optar por el estatus de Virgen Jurada [3].

Citas: [1] PORTERO, A. S. "La frontera humana". En: DONES, E. Virgen jurada. Madrid: Errata Naturae, 2025, pp. 9 a 11. [2] ROMANO, Y. “Vergine giurata de Elvira Dones: el tercer sexo en Albania”. En: Revista Internacional de Culturas y Literaturas, 2011, p. 204. [3] BACKER, B. Behind stone walls. Changing household organization among the albanians of Kosova. Peja: Dukagjini Balkan Books, 2003, p. 104.

Organizaciones internacionales (XXXIV): la Organización Hidrográfica Internacional

De forma muy didáctica, los especialistas en Hidrografía [la parte de la geografía física que trata de la descripción de las aguas del globo terrestre (DRAE)] Gustavo A. Gómez-Pimpollo Crespo y Salvador Moreno Soba, han investigado que: (…) El 15 de abril de 1903, se efectuó en Alemania (concretamente en la ciudad de Wiesbaden) una primera reunión de expertos de diversos países, convocada y financiada por el príncipe Alberto I de Mónaco y denominada «Comisión de nomenclatura suboceánica para una carta batimétrica general de los océanos». Como resultado, en mayo de 1905 la Comisión publicó la primera edición de su carta mundial, dividida en 24 mapas. Cinco años más tarde, en el XI Congreso Internacional de Navegación, llevado a cabo en San Petersburgo en 1908, (…) varios países propusieron una conferencia internacional que reuniera a marinos e hidrógrafos con el objetivo de estandarizar símbolos convencionales y abreviaturas empleadas en las cartas náuticas, derroteros, libros de faros, balizas y boyas, principalmente. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial alejó toda ilusión de futuras reuniones de esa índole [1].

Durante el periodo de entreguerras, el soberano monegasco retomó su propuesta inicial, ofreció la sede del Principado y, finalmente, el Bureau Hidrográfico Internacional [Bureau hydrographique international] se estableció allí el 21 de junio de 1921 para contribuir, mediante el perfeccionamiento de las cartas marinas y de los documentos náuticos, a que fuera en el mundo más fácil y más segura la navegación; de acuerdo con el preámbulo del Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional, hecho en Mónaco el 3 de mayo de 1967. En este instrumento jurídico, el Bureau decidió cambiar su denominación por la actual que se hizo efectiva al entrar en vigor el tratado el 22 de septiembre de 1970 (España lo ratificó el 25 de abril de 1969). Con el nuevo siglo, su marco normativo fue reformado mediante el Protocolo sobre la modificación del Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional, hecho en Mónaco el 14 de abril de 2005 y vigente desde el 8 de noviembre de 2016.

Hoy en día, la Organisation hydrographique internationale o International Hydrographic Organization se autodefine en el preámbulo del convenio como una organización internacional (…) que coordina, a escala mundial, el establecimiento de normas para la producción de datos y el suministro de servicios hidrográficos y que contribuye a reforzar las capacidades de los servicios hidrográficos nacionales; con vocación de ser la autoridad hidrográfica mundial que incita activamente al conjunto de los Estados costeros y de los Estados interesados a mejorar la seguridad y el buen funcionamiento del sector marítimo y que apoya la protección y el uso sostenible del medio ambiente marino; y la misión de crear un entorno global en cuyo seno los Estados aportan datos, productos y servicios hidrográficos adecuados y oportunos en el tiempo, y garantizan su más amplia utilización.

Esta organización de carácter consultivo y técnico, comprende (Art. IV) cuatro órganos principales aunque prevé que se pueda crear cualquier órgano subsidiario. Son:

• La Conferencia: órgano principal de la OHI, compuesta por todos los Estados miembros (actualmente, 100), con plenos poderes; celebrará una reunión ordinaria cada tres años aunque, si lo aprueba la mayoría de los Estados miembros, podrá celebrar reuniones extraordinarias (Art. V);
• El Consejo: compuesto por una cuarta parte de los Estados miembros, pero no menos de treinta; se reúne al menos una vez al año (Art. VI);
• La Comisión Financiera: que se encarga de examinar las cuentas, las previsiones presupuestarias y los informes sobre cuestiones administrativas (Art. VII); y
• La Secretaría: que comprende un Secretario General, varios Directores, así como todo el personal que pueda necesitar la Organización (Art. VIII).

Su Art. VII enumera sus siete finalidades: a) promover la utilización de la hidrografía para la seguridad de la navegación, así como para cualquier otra actividad marítima, e incrementar la concienciación general sobre la importancia de la hidrografía; b) mejorar, a nivel mundial, la disponibilidad y la calidad de los datos, informaciones, productos y servicios hidrográficos, y asimismo hacer más fácil su acceso a ellos; c) mejorar, a nivel mundial, las capacidades, los medios, la formación, las ciencias y las técnicas hidrográficas; d) organizar y mejorar el desarrollo de normas internacionales para los datos, informaciones, productos, servicios y técnicas hidrográficos, y alcanzar asimismo la mayor uniformidad posible en la utilización de esas normas; e) asesorar con autoridad y oportunamente a los Estados y organizaciones internacionales acerca de cualquier tema relacionado con la hidrografía; f) facilitar la coordinación de las actividades hidrográficas de los Estados miembros; y g) acrecentar la cooperación en las actividades hidrográficas entre los Estados, sobre una base regional.

En el ámbito de las Naciones Unidas, la OHI recibió una invitación permanente para participar en calidad de observadoras en los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General.

Cita: [1] GÓMEZ-PIMPOLLO CRESPO, G. A. & MORENO SOBA, S. “La organización hidrográfica internacional y su representación española. Pasado, presente y futuro”. En: Revista general de marina, 2023, T. 285, nº 2, pp. 349 y 350.

¿Quién es el Rey de Jerusalén?

Al regular la institución de la Corona, el Art. 56 de la Constitución Española de 1978 dispone que: 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona (…); aunque, nuestra Carta Magna no especifica a continuación cuáles son esos otros títulos. En la siguiente década se aprobó el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes; y su Art. 1 -en línea con el Art.56.2 CE- volvió a señalar que: El titular de la Corona se denominará Rey o Reina de España y podrá utilizar los demás títulos que correspondan a la Corona, así como las otras dignidades nobiliarias que pertenezcan a la Casa Real. Recibirá el tratamiento de Majestad.

Los demás títulos (…) no son otros que los que figuran en el llamado título largo, recuerdo glorioso de la Monarquía Hispánica fragmentada que precedió al Estado unitario contemporáneo, y «las otras dignidades nobiliarias que pertenezcan a la Casa Real». En el título largo, a su vez, podemos distinguir:

• a) Los títulos históricos de soberanía, que son aquellos que llevan el nombre de territorios o ciudades sobre los que España ejerce una jurisdicción efectiva (Rey de Castilla, León, Aragón, Mallorca, Murcia, Sevilla, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya... );
• b) De pretensión, que reflejan una reclamación fundada en sólidas razones políticas (Rey de Gibraltar) y
• c) Pro memoria, que corresponden a territorios que España hace tiempo que dejó de administrar y se inspiran en el ius usus inocui y en razones de recuerdo histórico y sentimental (Rey de Jerusalén, Conde de Habsburgo…) [1].

En el ordenamiento jurídico español, la única disposición que explica por qué el Rey de España ostenta también el título de Rey de Jerusalén es el didáctico preámbulo del Real Decreto 1005/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares: Fruto de la presencia histórica de España en Tierra Santa y del intenso esfuerzo económico y diplomático que la Corona española llevó a cabo en el sostenimiento de los santuarios allí presentes, existe hoy en día adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, una institución singular en la Administración española como es la Obra Pía de los Santos Lugares.

Ya desde los siglos XIII y XIV los monarcas aragoneses envían las primeras embajadas al Egipto mameluco, para interceder ante el Sultán por los santuarios y sus moradores. En el año 1342 los reyes de Nápoles, Roberto y Sancha, obtienen del Papa Clemente la bula «Gratias Agimus», por la que adquieren los derechos de Patronato sobre algunos santuarios, derechos que con la incorporación de dicho reino a la Corona española, pasan a constituir la base de una reivindicación ininterrumpida de nuestros monarcas sobre los Santos Lugares. Ello se ve fortalecido por la bula de 1510 por la que el Papa Julio II reconoce a Fernando el Católico como rey de Nápoles, heredando por esta vía el título de Rey de Jerusalén que desde entonces han ostentado los reyes de España.

Por ese motivo, como recordaba el escritor y diplomático Luis Francisco Martínez Montes, el fallecido presidente de Israel Shimon Peres se refería al rey Juan Carlos I como el monarca de los Santos Lugares [2].

Citas: [1] GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA LOYGORRI, F. Los Títulos de la Casa Real: Algunas Precisiones Jurídico-Dinásticas. Madrid: Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1998, p. 12. [2] MARTÍNEZ MONTES, L. F. La gran aventura de la diplomacia española. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2019, p. 78.