El tratado por el que se celebra el «Día de la Cesión» [Transfer Day]

En el verano de 2019, Donald Trump -que, por aquel entonces, presidía el Gobierno de Estados Unidos- comentó que estaba valorando la posibilidad de comprar Groenlandia a Dinamarca, propuesta que -como era evidente- sorprendió a las autoridades de Copenhague. En el siglo XXI, este medio de adquirir la soberanía sobre un determinado territorio resulta completamente anacrónico pero lo cierto es que ese método forma parte de la propia conformación histórica de EE.UU. como nación. Recordemos, por ejemplo, que el 20 de junio de 1867 entró en vigor el Cession of Alaska Treaty; el acuerdo internacional firmado en Washington, el 30 de marzo de aquel mismo año, por William Seward, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, y Edouard de Stoeckl, consejero privado del zar de Rusia, Alejandro II, por el que se pagaron 7.200.000 dólares en oro a Moscú a cambio de transferir el dominio de aquel inmenso territorio que se hizo efectivo el 18 de octubre de 1867 (fecha que hoy en día aún se festeja como el Alaska Day).

Ese mismo año, el Gobierno de Washington comenzó a negociar con los daneses la adquisición no de Groenlandia sino de las Islas Vírgenes de Dinamarca -o Indias Occidentales Danesas- en pleno Mar Caribe por su estratégica situación; es decir, que cuando Trump se planteó adquirir la inmensa isla verde, ya existía un precedente anterior de compra con el mismo vendedor.

Todo comenzó el 24 de octubre de 1867 -apenas cuatro meses después de haber conseguido hacerse con Alaska- cuando el mismo Seward visitó este archipiélago situado a unos 80 km al Este de Puerto Rico y alcanzó un acuerdo para abonar otros 7.500.000 de dólares en oro al gobierno danés por la cesión de las islas de Santo Tomás y San Juan siempre que los lugareños se mostraran a favor; pero quiso el destino que ese mismo año concluyera con una larga sucesión de desastres naturales y ese primer acuerdo nunca llegó a ser ratificado… por parte de EE.UU.

Con el fin de la guerra hispano-estadounidense, el nuevo Secretario de Estado, John Hay, decidió retomar la negociación el 29 de enero de 1900 en un segundo intento de lograr la soberanía de aquellas dos islas caribeñas de Santo Tomás y San Juan así como una tercera, la vecina Santa Cruz, a cambio de 5.000.000 de dólares; pero, en esta ocasión, el sí del Capitolio de Washington no logró la ratificación del Parlamento Danés (que, por aquel entonces, «Borgen» aún era bicameral).

Tras los fracasos de 1867 y 1902 podría pensarse que ambas partes desistieron de la cesión pero, en 1914, el ruido de los cañones que llegaba de Europa, donde acababa de estallar la I Guerra Mundial, y la reciente apertura del Canal de Panamá brindaron un gran valor geoestratégico a aquellas pequeñas islas danesas. Washington subió la puja y ofreció 25.000.000 de dólares en monedas de oro por su soberanía. La diplomacia se puso a negociar un tercer acuerdo y, finalmente, el 14 de agosto de 1916, el ministro danés Constantin Brun y el secretario de Estado Robert Lansing lo firmaron en Nueva York. El Senado de Estados Unidos aprobó el Treaty of the Danish West Indies el 7 de septiembre de 1916 y el Rigsdag danés tres meses más tarde, el 21 de diciembre de 1916. El 17 de enero de 1917 se intercambiaron las ratificaciones y la cesión se hizo efectiva el 31 de marzo de 1917; fecha que, desde entonces, se celebra como el Transfer day of the Virgin Islands from Denmark to the United States. Hoy en día, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se enmarcan en el ámbito de los denominados territorios no incorporados a EE.UU.

Jacques Vergès: «El abogado del diablo» y la defensa de ruptura

En su interesante obra Justice et littérature [París: Presses Universitaires de France, 2011] el abogado Jacques Vergès afirmó que: Un expediente judicial es siempre el resumen de una novela, el argumento de una tragedia, la sinopsis de una película. Pero esa tragedia, esa novela y esa película permanecen inconclusas: a unas y a otras les falta un quinto acto, un epílogo o un desenlace; en definitiva, una coronación, aunque sea de espinas, para que el drama sea completo. Solo los abogados tienen el privilegio de ser a la vez espectadores de tal drama, confidentes del héroe y coautores, ya que acompañan al acusado a lo largo de todo el proceso y le ayudan a hacer frente al quinto acto de su tragedia, al epílogo de su novela, al desenlace de su película. Corresponde a los jueces encarnar al ciego destino. Puede que a algunos, este parentesco formal entre la obra judicial y la obra literaria les parezca un sacrilegio y, sin embargo, resulta evidente al comparar la tragedia de Antígona, concebida como proceso, y el proceso a Juana de Arco, que se desarrolla como una tragedia [1].

Junto al mito de Sófocles y el juicio a la Doncella de Orleáns, el didáctico ensayo de Vergès también analiza grandes casos que forman parte de la crónica negra no solo francesa sino europea como, por ejemplo, la intolerancia del «Caso de Jean Calas», la requisitoria contra Gustave Flaubert por la inmoralidad de su «Madame Bovary», la condena a muerte de Fiódor Dostoievski o la inclasificable historia de El asesinato considerado como una de las bellas artes (1827) escrita por el británico Thomas de Quincey.

Sin embargo, Jacques Vergès [Ubon Ratchathani (Tailandia), 5 de marzo de 1925 – París (Francia), 15 de agosto de 2013] no ha pasado a la posteridad como escritor sino por su labor como penalista, al decidir acompañar al quinto acto de su tragedia -según decía él mismo- a infames acusados de crímenes horrendos que acabaron valiéndole el sobrenombre de «abogado del diablo» [de hecho, en 2007, el director Barbet Schroeder estrenó la película documental L'avocat de la terreur (El abogado del terror) centrada en su vida procesal, en un intento de iluminar el misterio que se esconde tras esta enigmática figura].

A finales del siglo XX, Véronique Martin [2] lo entrevistó para publicar una biografía gracias a la cual sabemos que el letrado era hijo del médico e ingeniero criollo Raymond Vergès [cónsul francés en Oubône, por entonces Siam (extremo oriental del actual Tailandia)] y de Khang Pham Thi [su segunda esposa, ìnstitutriz originaria del Reino de Annam (Sur de Vietnam); una madre bonita y dulce que murió demasiado pronto]. Con apenas 3 años, su padre decide regresar con la familia a la isla de Reunión donde, en 1942, el joven Jacques se alistó en las Forces Françaises libres para combatir en la Resistencia durante la II Guerra Mundial con voluntarios llegados de todo el mundo mientras su padre obtenía el acta de diputado por aquella isla del Índico, junto a Madagascar. Esa infancia y adolescencia muestran, como apunta su biógrafa, a un niño euroasiático en una sociedad colonial, cuyos primeros recuerdos evocan inmediatamente un viaje en barco por el Mekong lejos de su tierra natal, y sitúa sus primeros descubrimientos en el corazón de la naturaleza tropical.

A partir de aquel momento, tras instalarse en la capital francesa, se afilió al Partido Comunista, estudió Derecho y se colegió como abogado en París. Para el letrado colombiano Abelardo de la Espriella [3], Vergès fue el creador de la defensa de “ruptura”, un método revolucionario y genial, que consiste en acusar a los acusadores de los mismos delitos imputados al procesado, buscando con ello justificar su conducta. Abogado de guerrilleros argelinos acusados en Francia de terribles actos terroristas; de Kieu Sampa, líder de los temidos Jemeres Rojos de Camboya; de El Chacal, el conocido terrorista internacional; del exoficial nazi Klaus Barbie, y del expresidente serbio y yugoslavo Slobodan Milosevic [aunque declinó aceptar su defensa], entre muchos otros peculiares personajes de los distintos espectros ideológicos. Vergés entendió desde siempre que el abogado defiende al ser humano y no al delito: era un humanista por excelencia.

Calvi | Jacques Vergès y Klaus Barbie (1987)

Al analizar el juicio por el atentado islamista contra la sala Bataclan el viernes 13 (V13) de noviembre de 2015, el escritor Emmanuele Carrère recuerda que la mencionada defensa de ruptura fue (…) teorizada en 1987, durante el juicio del oficial nazi Klaus Barbie, por el escandaloso y célebre abogado Jacques Vergès. De acuerdo, decía Vergès, Barbie torturó en Lyon, pero el ejército francés hizo lo mismo en Argelia. En consecuencia, cada vez que se hable de tortura en Lyon, la defensa invocará la tortura en Argelia [4].

Sus detractores no dudan en descalificar sus argumentos defensivos; por ejemplo, el cineasta camboyano Rithy Panh se indignó al ver el citado documental de Barbet Schroeder: (…) Jacques Vergès afirma sin pestañear que en la Kampuchea Democrática no hubo un crimen «premeditado»; que no hubo genocidio; ni hambruna organizada; y además, que no hubo tantos muertos como se pretende. ¿Estaba presente en el país en aquella época? ¿Tuvo acceso a información privilegiada  a través de su amigo de juventud Khieu Samphan, actualmente procesado en Phnom Penh, y de quien es abogado? ¿Y cómo se puede decir que «no hay más que ver las fosas que se han encontrado, no coinciden con el número de muertos de que se habla». Fijar una imagen no permite escribir la historia. Y según el Centro de Estudios de la Universidad de Yale, se han inventariado más de 20.000 campos de la muerte en el conjunto del territorio camboyano [5].

Se trata, en definitiva, de un abogado que incluso después de fallecer todavía ejerce una gran fascinación en Francia, por defender las causas más difíciles, las más insostenibles, a los ojos de la mayoría [6].

Citas: [1] VERGÈS, J. Justicia y literatura. Barcelona: Ediciones Península, 2013, p. 13. [2] MARTIN, V. Jacques Vergès. Envers et contre tous. París: Editions de Verneuil, 1999, pp. 5 a 18. [3] DE LA ESPRIELLA, A. “Adiós a Vergès”. En: Ambito Jurídico, 2013. [4] CARRÈRE, E. V13. Crónica judicial. Madrid: Anagrama, 2023. [5] PANH, R. & BATAILLE, C. La eliminación. Madrid: Anagrama, 2013. [6] OBARRIO MORENO, J. A. 1984 (George Orwell). Diálogos entre el derecho y la literatura. Madrid: Dykinson, 2021, p. 36.

Medioambiente (XLIX): el Tratado «KAZA TFCA»

La idea de establecer un gran área transfronteriza que permitiera vivir en libertad a los animales salvajes del suroeste africano surgió a finales del siglo XX pero no empezó a materializarse hasta el 24 de junio de 2003 cuando los ministros de medioambiente y turismo de Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue –cinco de las quince naciones que forman parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral [Southern African Development Community (SADC)]; organización establecida en Windhoek (Namibia) el 17 de agosto de 1992– firmaron un memorándum de entendimiento (MoU) en Katima Mulilo (Namibia) para desarrollar la conservación y gestión sostenible del ecosistema que forman las cuencas hidrográficas de los ríos Okavango y Zambeze en su territorio. Ocho años más tarde, durante la Cumbre que la SADC celebró en Luanda (Angola) el 18 de agosto de 2011, esas cinco naciones firmaron el Tratado que estableció el Área Transfronteriza de Conservación Okavango-Zambeze [Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area (conocido por su acrónimo anglosajón: KAZA TFCA)].

Este instrumento jurídico creó una nueva organización internacional –la KAZA TFCA; con sede en Kasane (Bostsuana) y personalidad jurídica propia– con el objetivo principal de armonizar las políticas, estrategias y prácticas de estas cinco naciones vecinas en todos los aspectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales y el patrimonio cultural de ese gran área transfronteriza que comparten –cerca de 520.000 km² (es decir, más grande que toda España y uno de los hábitats más extensos de todo el planeta que incluye tesoros como las Cataratas Victoria, la Franja de Caprivi o el Delta del Okavango)– para lograr beneficios socioeconómicos equitativos mediante un turismo que respete el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la protección efectiva del medio ambiente; medidas que, además, han de redundar en la calidad de vida de los pueblos indígenas nativos que deben estar representados en el desarrollo de los objetivos estratégicos del acuerdo.

En cuanto a su marco institucional, el Art. 10 del Tratado contempla cinco órganos: un Comité Ministerial que adoptará sus decisiones por consenso; un Comité de Altos Funcionarios; un Comité Directivo del Proyecto; una Secretaría; y un Comité Nacional en cada Estado parte. Asimismo, el Tratado ha creado un Fondo para desarrollar este nuevo paradigma del conservadurismo que le ha permitido recabar contribuciones de otras naciones (como Alemania, Suiza o Países Bajos), instituciones y ONG de todo el mundo. Finalmente, sus idiomas oficiales son el inglés y el portugués.

¿Qué fue la Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental (GEA)?

Como ya tuvimos ocasión de comentar en una entrada anterior de este blog, el origen de la emancipación asiática suele situarse en la guerra ruso-japonesa (1904-1905) que concluyó con el triunfo nipón y la firma del Tratado de Portsmouth (Estados Unidos) el 5 de septiembre de 1905. En el Lejano Oriente, este acuerdo de paz y amistad –suscrito por las delegaciones del Zar de Rusia y el Emperador del Japón– se interpretó como un punto de inflexión al comprender que el ejército japonés había sido capaz de derrotar a un imperio europeo (para la mentalidad japonesa, aunque el territorio ruso se extendía por todo el Norte de Asia, su capital, Moscú, se encontraba en el Viejo Continente y esa circunstancia lo convertía en parte de la civilización occidental). A partir de ese momento, intelectuales y políticos de China, Japón y, en menor medida, la India, comenzaron a formular diversas iniciativas panasiáticas, siguiendo la estela de la doctrina Monroe pero adaptada bajo la premisa de Asia para los asiáticos [Asia for Asiatics]; es decir, deseaban mantener el continente al margen de las injerencias tanto europeas como americanas. Aun así, no debemos olvidar que, a comienzos del siglo XX, aquellas relaciones interasiáticas se limitaban al ámbito de Extremo Oriente y que tampoco llegaron a plantearse en un plano de igualdad internacional sino bajo la hegemonía de las autoridades de Tokio y su nuevo orden: la Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental [The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere (GEA)] que extendió su influencia desde la isla rusa de Sajalín hasta Indonesia, pasando por Corea, Manchuria, la costa de China. Tailandia, Indochina, Filipinas e incluso el Indostán, apoyando al Gobierno provisional para una India libre; lo que le brindó los beneficios del poder y le granjeó la odiosidad y desconfianza de los países subordinados [1].

Debemos tener en cuenta, como señalaron el periodista Antoine Sfeir y el historiador Pierre Vallaud que: (…) La primera guerra mundial ha permitido a Japón adquirir en la región un considerable peso económico y político. Una vez terminada la guerra, (…) reafirman su presencia en Extremo Oriente con más fuerza aún, en particular a costa de la China continental. (…) La crisis económica mundial de 1929 acaba por empujar a Japón por la vía del militarismo. A partir de 1931 los militares toman las decisiones fundamentales. La afirmación de este militarismo se concreta en la conquista de Manchuria y la instauración de un Estado títere: Manchukuo. En 1937 empieza la guerra chino-japonesa, expresión -tras la guerra contra el Imperio ruso y antes de Pearl Harbor- de la voluntad de Japón de promover su desarrollo económico basándose en un mercado asiático y de excluir a los occidentales de una región que considera su espacio natural y su área de influencia [2].

En ese contexto, la Esfera de la GEA se basó en el concepto del kyōson-kyōei; un ideal que propuganaba lograr la autosuficiencia del área de influencia japonesa, liberándose de la represión impuesta por la raza blanca y formando un territorio donde sus naciones y pueblos alcanzaran la coexistencia y la prosperidad mutua, todo ello bajo los auspicios de Japón; de hecho, según el profesor Bill Swan, para muchos japoneses, en especial los de opinión conservadora, los ideales de la Esfera de Coprosperidad tienen mucha verdad. Para estas personas, Japón libró la guerra en gran parte para liberar a los asiáticos del dominio colonial blanco, y si Japón hubiera ganado la guerra podría haber implementado los otros ideales de coexistencia y coprosperidad. En lugar de ello, fueron víctimas de las exigencias de la guerra y Japón acabó siendo incapaz de demostrar sus verdaderas intenciones para el Este de Asia bajo su nuevo orden [3].

Como tal, el concepto de la Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental lo acuñó el Ministro de Asuntos Exteriores japonés, el diplomático Hachirō Arita (1884-1965), durante un mensaje radiofónico emitido el 29 de junio de 1940; aunque, realmente, se trató de una reformulación de la anterior política del Nuevo Orden de Asia Oriental anunciada oficialmente por el Príncipe Fumimaro Konoe (1891-1945) el 3 de noviembre de 1938, en aquel momento, Primer Ministro del Imperio. Arita la adaptó teniendo en cuenta la evolución de la II Guerra Mundial en Europa y sus consecuencias en las colonias francesas y holandesas situadas en Extremo Oriente. Esa misma década, la política regional de la GEA fue adornada por el enérgico Yasuke Matsuoka (1880-1946), que lo sucedió al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores [4]. Su propuesta acabó reflejándose en la convocatoria de la Conferencia de la Gran Asia Oriental [«Conferencia de Tokio»] que se celebró del 5 al 6 de noviembre de 1943 con asistencia de los gobiernos ocupados o meros títeres del Imperio Nipón.

Dos años más tarde, sin embargo, Japón estaba derrotado, los bombardeos aéreos se hacían cada vez más devastadores y el emperador no quería capitular sin obtener previamente garantías para el mantenimiento de su dinastía. (…) Las bombas [atómicas] cayeron sobre Hiroshima el 6 de agosto y sobre Nagasaki el 9 [5]. La rendición de Hiro Hito (1901-1989), proclamada el 15 de agosto de 1945, puso fin a la supremacía antes planteada. De ahí en adelante Japón perdió su cualidad bélica, transformándose en un país cuya política exterior se basaba en el dominio militar del Ejército Imperial a un país cuya política exterior se centró en el desarrollo económico (establecida por la Doctrina Yoshida) [1]. Hoy en día, los intereses del país giran en la esfera del mundo occidental.

NB: en cierto modo, la propuesta de autosuficiencia japonesa recuerda el periodo del «Sakoku» o aislamiento del país, cuando las autoridades de Edo (actual Tokio) expulsaron a todos los extranjeros y prohibieron a los japoneses salir del Imperio del Sol Naciente. Una larga etapa que se extendió más de dos siglos desde la adopción del Edicto de Cierre del País en 1635 hasta 1854, cuando se firmó con Estados Unidos el Tratado de Kanagawa que abrió los puertos japoneses al comercio internacional (por parte española, ambos países firmaron un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, el 12 de noviembre de 1868).

Citas: [1] TORO IBACACHE, L. La Política Exterior de Seguridad Japonesa. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2019, p. 14. [2] SFEIR, A. & VALLAUD, P. Atlas de las guerras del siglo XX. Barcelona: Parramón, 1992, p. 30. [3] SWAN, W. L. “Japan's Intentions for Its Greater East Asia Co-Prosperity Sphere as Indicated in Its Policy Plans for Thailand”. En: Journal of Southeast Asian Studies, 1996, vol. 27, nº 1, p. 139. [4] COLEGROVE, K. “The New Order in East Asia”. En: The Far Eastern Quarterly, 1941, vol. 1, nº 1, p. 5. [5] DE LAUNAY, J. La diplomacia secreta durante las dos guerras mundiales. Barcelona: Belacqua, 2005, pp. 252 a 254.

Sedes del poder (XII): El Capitolio Nacional de Palaos

Los Títulos VIII, IX y X de la Constitución de la República de Palaos de 9 de julio de 1980 (en vigor el 1 de enero de 1981) regulan, respectivamente, los poderes ejecutivo [El Presidente será el Jefe Ejecutivo del Gobierno nacional], legislativo [El poder legislativo de Palaos corresponderá al Olbiil Era Kelulau, que constará de dos cámaras, la Cámara de Delegados y el Senado] y judicial [integrado por un Tribunal Supremo, un Tribunal Nacional y los tribunales inferiores de jurisdicción limitada que establezca la ley]. La singularidad de los tres poderes de este archipiélago del Océano Pacífico formado por 340 islas, islotes y atolones que se independizó de los Estados Unidos de América el 1 de octubre de 1994 -aunque continúa siendo una de las tres naciones que firmó un Pacto de Libre Asociación o «Compact of Free Association» (COFA) con las autoridades de Washington- es que se decidió reunir sus tres sedes en un único edificio -el Capitol Building- construido sobre una colina en Ngerulmud, la nueva capital palauana (ciudad que se fundó en 2006 y que, gracias a sus poco más de 200 habitantes, es una de las menos pobladas de todo el mundo), en la costa oriental de la isla de Babeldaob que forma parte del Estado de Melokeok.

Vista aérea del Capitol Building de Palaos

Precisamente, entre las disposiciones generales previstas por el Título XII de su ley fundamental se preveía que: La capital provisional estará situada en Koror [hoy en día, la ciudad más poblada de la República]; a condición de que, a más tardar diez años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución, el Olbiil Era Kelulau designe el lugar en [la isla de] Babeldaob como capital permanente.

El OEK (las dos cámaras legislativas)

Para cumplir el mandato constitucional, en 2006 se completó la grandiosa nueva sede neoclásica del Capitolio Nacional palauano diseñado por el arquitecto hawaiano Joseph Farrell con evidentes reminiscencias a la capital federal estadounidense; de hecho, en 2019, la conocida revista de viajes Lonely Planet se preguntó con cierta ironía: ¿Washington DC? No, el centro político de Palaos. Este monumental edificio (…) es una réplica del capitolio estadounidense. Los visitantes a menudo se sorprenden por la imponente estructura de la cúpula y la escala del complejo, una construcción tan grande en una isla remota. Está flanqueado por alas judiciales, ejecutivas y legislativas conectadas a través de una plaza central abierta y corredores con columnas. La mayor parte del tiempo se siente inquietantemente vacío.

Palacio Gubernamental (Ejecutivo)

Ubicado en medio de nada, las dos cámaras legislativas del Olbiil Era Kelulau (OEK), con su característica cúpula, se yerguen en medio del edificio presidencial (situado a su izquierda) y el del poder judicial (a la derecha). La tradicional denominación del Parlamento se podría traducir al castellano como Casa de las Decisiones o Estrategias Susurradas y proviene de las leyes y costumbres tradicionales de Palaos. Cuando los jefes tradicionales se reúnen en un Bai, o casa de reuniones, para decidir cuestiones importantes, ninguna comunicación puede tener lugar más fuerte que un susurro. En lugar de comunicarse mediante discusiones o gritos, los jefes entregan mensajes y llevan a cabo negociaciones a través de mensajeros, manteniendo una atmósfera tranquila y calmada. El uso de este nombre para el Congreso Nacional de Palaos demuestra una continuación de esta tradición de respeto y formalidad.

Poder Judicial

En otras entradas de este blog ya hemos referido a algunos otros ejemplos -son escasos- de lugares donde se decidió concentrar los tres poderes de Montesquieu en un mismo edificio; como sucede en «Borgen» en Dinamarca o en el Capitolio de Nebraska (Estados Unidos).

Por último, recordemos que este archipiélago formó parte de la denominada Oceanía Española que vendimos a Alemania el 30 de junio de 1899, por 25.000.000 de pesetas.

Las dos reglas para luchar bajo la cúpula del trueno

Las normas existen incluso en un mundo tan postapocalíptico como el que ideó el exmédico australiano George Miller (1945-) cuando escribió el guión y dirigió Mad Max. Salvajes de autopista, en 1979 (primera parte de una saga que ya va por la quinta parte). Su conocido argumento narra cómo en un futuro cercano, la violencia de las bandas motorizadas campa a sus anchas por las inhóspitas autopistas australianas. Uno de sus pandilleros más emblemáticos, el Jinete Nocturno, muere en el transcurso de una virulenta persecución con la policía. El brazo ejecutor pertenece al agente de la ley Max Rockatansky, casado y con hijo. El resto de la banda no tardará en vengar la muerte de su líder Será entonces cuando Max, de repente viudo y solo, se transforme en Mad Max, el guerrero de la carretera [1].

Entrevistado por el crítico de cine francés Michel Ciment (1938-2023), Miller le contó el origen de aquella idea: (…) lo que me inspiró –y el recuerdo me surge precisamente ahora– fue un programa de una emisora de Melbourne, Nigth-watch, en el que un periodista radiofónico seguía a una patrulla de policías durante sus rondas nocturnas y entrevistaba a las víctimas de los accidentes de tráfico. Era horrible, pero no podía dejar de escucharlo. Un día descubrió muerto a su hijo. Entonces fue cuando se me ocurrió la idea de un hombre insensible a la violencia del entorno hasta que repentinamente le ocurre algo trágico a un allegado suyo (…). En aquella época yo trabajaba los fines de semana en el servicio de urgencias del hospital y recuerdo haber conocido a un padre cuyo hijo había muerto y cuya mujer –a quien yo había ido a ver– había quedado reducida al estado de un vegetal, ambos víctimas de un accidente de coche. Comparé mentalmente a este hombre y al observador profesional. Y pensé en el personaje de un poli. Así nació Mad Max y su historia de venganza [2].

Después de Mad Max 2. El guerrero de la carretera (de nuevo coescrita y dirigida por George Miller en 1981) llegó su nueva secuela cuatro años más tarde: Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno (en esta ocasión, codirigida con el fallecido actor George Ogilvie y recordada por el magnífico tema We Don't Need Another Hero cantado por Tina Turner).

Dentro de la Thunderdome que da título al film, se aplica la regla del Two Men Enter, One Man Leaves (coreada por la multitud en el doblaje al castellano como: dos hombres entran, uno sale) para resolver los conflictos interpersonales, siguiendo la tradición del juicio por combate [«trial by combat»] para que ambos contendientes se enfrenten en una lucha singular a muerte (buen ejemplo de autotutela como método para solucionar un problema). Una tradición ancestral, más habitual entre los pueblos germánicos de la Edad Media, pero conocida por diversas culturas.

Mad Max, el personaje interpretado por Mel Gibson, lucha con una motosierra, suspendido por unas gomas del techo, contra el Golpeador (Blaster) armado con una maza; logrando vencerlo gracias a la argucia de un silbato, porque el sonido le molesta a su oponente, pero se niega a matarlo, al descubrir que se trata de un discapacitado; sin embargo, su decisión rompe “el pacto” de que sólo uno de los hombres pueda salir vivo de la cúpula; por ese motivo, la multitud recurre a la segunda regla de Negociudad (Bartertown) cuando alguien incumple lo pactado: Bust a deal, face the wheel (Rompe un trato, afronta tu destino/suerte, según el doblaje al español). El expolicía tiene entonces que girar una ruleta de la suerte para saber cuál de las diez opciones será su destino por haber incumplido la primera regla: Death, Hard Labour, Acquittal, Gulag, Aunty's Choice, Spin Again, Forfeit Goods, Underworld, Amputation y Life Imprisonment (es decir: muerte, trabajos forzados, perdón, destierro al desierto, lo que decida el personaje de Tina Turner, gira de nuevo, confiscación de sus bienes, envío al submundo, amputación y cadena perpetua). La flecha se detuvo en gulag y Max fue deportado de Negociudad al desierto. Como decíamos al comienzo, incluso en ese mundo postapocalíptico existen ciertas normas y el sentido de la justicia prevalece más allá del caos de la III Guerra Mundial.

Citas: [1] SÁNCHEZ; S. Películas claves del cine de ciencia-ficción. Barcelona: Robinbook, 2007, p. 144. [2] CIMENT, M. Pequeño planeta cinematográfico. Madrid: Akal, 2007, p. 432.

¿Dónde se regula el procedimiento para la expedición de duplicados de los títulos universitarios extraviados?

Vamos a partir de dos disposiciones reglamentarias que, paradójicamente, ambas ya se han derogado: por un lado, el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios postgraduados; y, por otro, el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de títulos universitarios. En los años 80, estas dos decisiones de carácter normativo se desarrollaron por la Orden de 8 de julio de 1988 para la aplicación de los Reales Decretos 185/1985, de 23 de enero, y 1496/1987, de 6 de noviembre, en materia de expedición de títulos universitarios oficiales; que, a día de hoy, continúa estando en vigor, con las correcciones que llevó a cabo la posterior Orden de 24 de diciembre de 1988. Sus Arts. 9 a 16 son los preceptos que aún regulan el procedimiento para la expedición de duplicados. 

El extravío, destrucción o deterioro de un título oficial, por causas no imputables a la universidad, puede dar lugar a la expedición de un duplicado, a instancias del interesado, en la correspondiente unidad de títulos de la universidad. En esos tres supuestos, el importe de la tasa académica por expedición del duplicado correrá a cargo del interesado y, además, en el primer supuesto -el extravío- también será requisito previo e indispensable que se publique un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, mediante el cual se haga constar el supuesto extravío con objeto de propiciar, en su caso, las oportunas reclamaciones. Si estas no se hubieran producido en el plazo de treinta días a partir de la fecha de publicación del anuncio en el BOE, se iniciará el tramite para la expedición del duplicado correspondiente. La iniciativa para la publicación de los anuncios mencionados corresponderá a la unidad de títulos de la universidad correspondiente pero la tasa de publicarlo también deberá abonarla el interesado.

Por ese motivo, a efectos de lo establecido en la legislación vigente, es habitual encontrarse en la sección V del BOE [B. Otros anuncios oficiales] con, por ejemplo, el anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva sobre extravío de título universitario o el anuncio de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario…. Más de un centenar solo en lo que llevamos de 2024.

PD: por curiosidad: sobre los errores y erratas del BOE y su origen en «La Gazette de France».

El «Concordato de Worms» de 1122

Por un lado, como ya sabemos, en Derecho Canónico, un concordato es un acuerdo o tratado de naturaleza internacional entre la Santa Sede y un Estado o sujeto de derecho internacional que contiene el régimen jurídico de la Iglesia católica en la sociedad civil y regula otras cuestiones de interés común. Denominación abandonada a raíz del Concilio Vaticano II (DPEJ); sirvan como ejemplo los firmados con España en 1953. Y, por otro, Worms [/boms/] es una ciudad alemana de origen celta situada, en la actualidad, en el Estado de Renania-Palatinado, que desde la Edad Media fue sede de un importante obispado católico (en otra entrada de este mismo blog ya tuvimos ocasión de referirnos al célebre obispo Burcardo de Worms). Explicados ambos términos, el profesor italiano Giulio Sodano contextualiza la firma de este trascendental acuerdo en pleno medievo, cuando (…) Gregorio VII (ca.1030-1085, papa desde 1073), promulga en 1075 el Dictatus papae [se refiere a una recopilación de 27 sentencias donde, por ejemplo, el Santo Padre declaró lícito deponer al emperador], es inevitable un conflicto abierto con (…) Enrique IV (1050-1106) [soberano del Sacro Imperio Romano Germánico]. La querella de las investiduras es un enfrentamiento político cuyos protagonistas quieren imponer, cada uno, su autoridad universal; la lucha, sin embargo, tiene por efecto el debilitamiento de la idea de universalidad de ambas instituciones. (…) Los sucesores de ambos protagonistas de la querella de las investiduras, Enrique V (1081-1125, emperador desde 1111) y Calixto II (ca. 1050-1124, papa desde 1119), establecen en 1122 el Concordato de Worms, a manera de una tregua entre adversarios. Tanto el papa como el emperador aceptan el compromiso de la separación de sus respectivas obligaciones y derechos: el emperador pierde los derechos para elegir obispos en Borgoña y en Italia, pero en Alemania conserva la capacidad de presidir el acto de la investidura y hacer valer su voluntad. El concordato pone en acción una diferenciación entre las zonas germano-borgoñonas e Italia, donde el poder imperial comienza a ser marginado en las cuestiones eclesiásticas [1].

Para el filósofo colombiano Diego Landinez: (…) el Pactum Callixtinum, más conocido como Concordato de Worms (…) lejos de terminar el conflicto (…) figuró como el interludio de un enfrentamiento que se extendió hasta la concepción moderna del Estado y que terminó apartando completamente a la Iglesia, al menos de derecho, de los asuntos civiles. En términos generales, el poder eclesiástico llegó a su punto más alto con Inocencio III, y encontró en Inocencio IV al mayor defensor de la supremacía de la Iglesia sobre el Imperio, hasta que, entre los siglos XIV y XVI, teólogos y humanistas como Marsilio de Padua y Francisco de Vitoria radicalizaron, con base también en el pensamiento aristotélico,  las  tesis  en  torno  a  la  independencia  de  los  fueros  civil  y eclesiástico y, por lo tanto, en la total independencia y legitimidad del Estado frente a la Iglesia, cuyo poder se circunscribió a los asuntos relativos a la salvación de las almas [2].

Por su parte, el sacerdote español David Abadías Aurín pone de relieve que con este Concordato y su posterior ratificación en el I Concilio Laeteranense, de 1123, (…) quizás no se soluciona, pero sí se gestiona la lucha de investiduras, permitiendo establecer unas normas y reconociendo unos derechos y una praxis dentro del sistema feudal, que permitirán la convivencia de los poderes civiles y eclesiásticos durante más de setecientos años [3].

¿Qué trascendencia tuvo aquel tratado internacional del siglo XII? El politólogo estadounidense Bruce Bueno de Mezquita (…) sostiene que el Concordato de Worms, un acuerdo prácticamente ignorado y olvidado que se firmó el 23 de septiembre de 1122, así como sus precursores, suscritos por la Iglesia católica y los reyes de Inglaterra y Francia en 1107, son el pilar que permitió la mayor prosperidad de Europa del norte frente a la Europa del sur, que unas partes de Europa rompieran con la Iglesia católica cuando otras mantenían su adhesión a ella, que unos reinos europeos desarrollaran gobiernos responsables que destacaron por encima de otros, y que la ciencia arraigara y diera mejores frutos en algunas partes de Europa que en otras. En pocas palabras, el Concordato de Worms puso los cimientos que darían lugar en Francia a la creación de la excepcionalidad occidental y a la gradual dispersión hacia el norte de sus efectos para diseminarse después por todas partes. Esa excepcionalidad, esa tolerancia, prosperidad y libertad comenzaron a forjarse y a extenderse cuatrocientos años antes de Lutero y de la Reforma protestante [4].

Citas: [1] SODANO, G. “El Sacro Imperio Romano Germánico”. En: ECO, U. (Coord.) La Edad Media, II. Catedrales, caballeros y ciudades. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 70. [2] LANDINEZ GUIO, D. “Tensiones medievales entre Iglesia y Estado: una mirada desde Tomas de Aquino”. En: Quaestiones Disputatae-Temas en Debate, 2020, vol. 13, nº 26, pp. 23 y 24. [3] ABADÍAS AURÍN, D. Historia de los concilios. La Iglesia a través de sus concilios ecuménicos. Córdoba: Almuzara, 2023. [4] BUENO DE MESQUITA, B. La invención del poder. Reyes, papas y el nacimiento de Occidente. Madrid: Siruela, 2024, p. 15.

La regulación de la «Isla Pasaporte»

El Art. 60 de la CONVEMAR [Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982] dispone que: 1. En la zona económica exclusiva [recordemos que se trata del área situada más allá del mar territorial y adyacente a este que se extiende hasta las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base del mar territorial (DPEJ)], el Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo de construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de: a) Islas artificiales (…). 2. El Estado ribereño tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales, instalaciones y estructuras, incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración. 3. La construcción de dichas islas artificiales, instalaciones o estructuras deberá ser debidamente notificada, y deberán mantenerse medios permanentes para advertir su presencia. (…). 8. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no poseen la condición jurídica de islas. No tienen mar territorial propio y su presencia no afecta a la delimitación del mar territorial, de la zona económica exclusiva o de la plataforma continental.

Partiendo de esa base jurídica, una de las islas artificiales más singulares de todo el mundo es la denominada «Isla Pasaporte» situada en medio de los 25 kilómetros de la King Fahd Causeway [Calzada del Rey Fahd], la autovía que une Arabia Saudí con Baréin. La idea de conectar ambos reinos mediante un puente sobre las aguas del Golfo Pérsico surgió en 1954 cuando el monarca saudí, Saúd bin Abdulaziz, se lo propuso al jeque bareiní Salman bin Hamad Al Jalifa durante una visita institucional. En la siguiente década, en 1965 el rey Faisal ordenó que un comité saudí estudiara la viabilidad de la obra; finalmente, el 8 de julio de 1981, ambas naciones firmaron un acuerdo en Manama y el 11 de noviembre de 1982 se colocó la primera piedra del viaducto de doble calzada que se inauguró por ambas Casas Reales el 26 de noviembre de 1986.

La ubicación y las dimensiones del puente se habían dispuesto en un acuerdo bilateral -de 25 de noviembre de 1985- que, tras ser ratificado por dos decretos de cada país, creó la Autoridad que gestiona esta infraestructura internacional: la empresa pública King Fahd Causeway Authority (KFCA); un organismo con personalidad jurídica integrado por un consejo de administración (formado por ocho miembros) y una dirección ejecutiva encargada de la gestión administrativa, financiera y técnica de todas las operaciones relativas al puente.

Desde la costa de Al-Aziziya (Provincia Oriental de Arabia Saudí), al sur de la ciudad de Al-Khobar, los 536 pilares de hormigón que soportan la estructura de la calzada hasta llegar a la zona de Al-Jasra (Gobernación del Norte de Baréin) atraviesan la isla privada de Umm an Nasan y diversos terraplenes de piedras; uno de ellos acabó convirtiéndose en una isla artificial que sirve de aduana fronteriza; de ahí su nombre coloquial de «Isla Pasaporte». En sus 660.000 metros cuadrados se encuentra no solo la sede de la Autoridad sino diversos servicios (mezquitas, torres de vigilancia de los guardacostas, restaurantes, comercios y oficinas) y aparcamientos. Su forma se diseñó como si fuera un ocho con una parte saudí, otra bareiní y, en medio, la frontera en el istmo que une ambos territorios.

Las tres ciudadanías, según T. H. Marshall

De acuerdo con uno de sus biógrafos, el sociólogo británico Albert Henry Halsey (1923-2014), su compatriota y colega Thomas Humphrey Marshall [más conocido como: T. H. Marshall] nació en Londres, el 19 de diciembre de 1893. Su vida y obra coincidieron con el momento en que la Sociología alcanzó su pleno desarrollo en Gran Bretaña como disciplina académica. Aún era un colegial en la ciudad de Rugby cuando la London School of Economics (LSE) creó la primera cátedra de Sociología en 1907, silla que él mismo acabaría ocupando entre 1954 y 1956. Su carrera continuó en el Trinity College de Cambridge, como historiador, hasta que -en 1925- se incorporó al claustro de la LSE donde, cuatro años más tarde, comenzó a impartir clases de Sociología; asimismo, dirigió la División de Políticas Sociales de la UNESCO hasta su jubilación en 1960, lo cual no le impidió seguir fomentando la enseñanza sociológica y escribiendo de forma muy prolífica hasta su muerte, en esa prestigiosa ciudad universitaria, el 29 de noviembre de 1981 [1]; pero, sin duda, su mayor trascendencia la obtuvo a raíz de impartir dos conferencias tituladas Citizenship and Social Class, en el marco de un homenaje al economista británico Alfred Marshall (1842-1924) organizado en Cambridge, en febrero de 1949, porque allí fue donde propuso diferenciar entre las ciudadanías civil, política y social. Tres años más tarde, la editorial Cambridge University Press publicó el texto en el recopilatorio Citizenship and Social Class and other essays.

Sobre esa obra, el politólogo español Marcos Freijeiro Varela considera que: El influyente ensayo Ciudadanía y Clase Social, en el que Marshall desarrolla su teoría de la ciudadanía civil, política y social, admite dos tipos de lecturas.

• Aislado del resto de la obra del autor puede leerse como una hipótesis histórica que da cuenta del tránsito a la modernidad en Gran Bretaña desde el punto de vista de la evolución del estatus de ciudadanía. El punto de inflexión de este proceso lo sitúa Marshall en la universalización de los derechos civiles (derechos necesarios para la libertad individual) en el s. XVIII. A continuación, en el s. XIX los derechos políticos (derecho a participar en el poder político) se añadirían a los anteriores, si bien su versión universal no llegaría hasta comienzos del s. XX, coincidiendo con la inclusión de los derechos sociales (derecho a la seguridad, educación y un mínimo de bienestar económico). La ciudadanía, con sus dimensiones civil, política y social, sería así “aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad” que Marshall identifica con el Estado-nación. (…)
• Junto a ésta, otra lectura de la obra, ya no aislada, sino como parte de una propuesta más amplia que trata de elaborar un modelo de organización social, sugiere que Marshall formula un tipo ideal de ciudadanía con una finalidad normativa: garantizar la convivencia entre los dos sistemas que considera mejor responden a la naturaleza y necesidades de los individuos: la democracia política y el capitalismo de mercado. Marshall encararía así una de las debilidades de la teoría política liberal de la que forma parte: cómo conciliar la desigualdad social y la libertad individual9, es decir, cómo resolver la contradicción latente entre la igualdad política del sistema democrático y la libertad y persistente desigualdad económica del capitalismo de mercado. El estatus universal de ciudadanía y los derechos civiles, políticos y sociales que garantiza, sería su propuesta para resolver, o al menos contener, los efectos más negativos de esta contradicción (…) [2].

El propio Marshall explicó así su idea: (…) Pareceré un sociólogo típico si empiezo diciendo que propongo dividir la ciudadanía en tres partes. Pero el análisis, en este caso, está guiado por la historia más que por la lógica. Llamaré a estas tres partes, o elementos, civil, política y social. El elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual -libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia-. Este último es de una clase distinta a la de los otros porque es el derecho a defender y hacer valer todos los derechos de uno en términos de igualdad con otros y mediante los procedimientos legales. Esto nos demuestra que las instituciones asociadas más directamente con los derechos civiles son los tribunales. Con el elemento político me refiero al derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de los miembros de tal cuerpo. Las instituciones correspondientes son el parlamento y los concejos del gobierno local. Con el elemento social me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad. Las instituciones más estrechamente conectadas con estos derechos son el sistema educativo y los servicios sociales. Antaño estos tres hilos formaban una sola hebra. Los derechos se entremezclaban porque las instituciones estaban amalgamadas. (…) Tras separarse, los tres elementos de la ciudadanía en seguida perdieron el contacto, por decirlo coloquialmente. El divorcio entre ellos se consumó hasta tal punto que, sin forzar demasiado la precisión histórica, es posible asignar el período formativo en la vida de cada uno de ellos a un siglo diferente -los derechos civiles al siglo XVIII, los políticos al siglo XIX, y los sociales al siglo XX-. Estas épocas habrá que tratarlas, naturalmente, con una flexibilidad razonable, y existe cierto solapamiento evidente, especialmente entre los dos últimos [3].

Para los juristas, esa distinción de las ciudadanías civil, política y social nos recuerda, inexorablemente, a la ya superada distinción entre las tres generaciones de los Derechos Humanos, creada en 1979 por el diplomático checo Karel Vasák.

Citas: [1] HALSEY, A. H. “T. H. Marshall: past and present 1893 - 1981: President of the British Sociological Association 1964-1969”. En: Sociology, 1984, vol. 18, nº 1, p. 1. [2] FREIJEIRO VARELA, M. “Ciudadanía, derechos y bienestar: un análisis del modelo de ciudadanía de T.H. Marshall”. En: Universitas: Revista de filosofía, derecho y política, 2005, nº 2, pp. 65 y 66. [3] MARSHALL, T. H. “Ciudadanía y clase social”. En: REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1997, nº 79, pp. 302 a 304.

¿Qué es la diplomacia preventiva?

Según la propia ONU, por diplomacia preventiva se entienden las medidas diplomáticas adoptadas para evitar la escalada de las disputas hasta convertirse en conflictos y para limitar su propagación. Se realiza de maneras diferentes y en distintos foros, tanto públicos como privados, pero su expresión más común es el trabajo de los enviados diplomáticos desplegados en las zonas de crisis, cuyo objetivo es fomentar el diálogo, la avenencia y la resolución pacífica de las tensiones. También puede incluir los esfuerzos del Consejo de Seguridad, el Secretario General y otros agentes por disuadir del uso de la violencia en los momentos críticos (*). En esa misma línea, aunque su concepto no se limita tan solo al sistema de la ONU, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) lo define así: Conjunto de acciones desarrolladas por los órganos de las Naciones Unidas o por los organismos regionales para evitar que surja una controversia o para prevenir una escalada de un conflicto y limitar su expansión. Incluye medidas de fomento de la confianza, investigación de los hechos, alerta temprana, despliegue preventivo y establecimiento de zonas desmilitarizadas. O parafraseando el refrán castellano y aplicándolo del campo de la salud al de la diplomacia: más vale prevenir que curar.

Teniendo en cuenta que el Art. 99 de la Carta de las Naciones Unidas ya contempla, desde 1945, que el Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; por ese motivo, podría afirmarse, como señala el profesor Ramcharan, que: La idea de la diplomacia preventiva ha cautivado a las Naciones Unidas desde que el Secretario General Dag Hammarskjöld la formulara por primera vez, hace casi medio siglo [1]. Sobre el papel que desempeñó en este ámbito el que fuera segundo Secretario General de la ONU -de abril de 1953 hasta su fallecimiento en un polémico accidente de avión en septiembre de 1961- se refirió Michelle Bachelet, siendo Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, el 23 de septiembre de 2011, al pronunciar el elocuente discurso “El legado de Dag Hammarskjöld a favor de la diplomacia preventiva de la ONU en el siglo XXI”.

Según la política chilena: (…) En momentos en que el mundo estaba gobernado por la división de las superpotencias, Dag Hammarskjöld dio muestras de un valiente liderazgo guiando a las Naciones Unidas para que fuesen un mecanismo de empoderamiento de los gobiernos, permitiendo prevenir tensiones antes de que éstas escalasen y se convirtiesen en guerra (…). Hammarskjöld creía firmemente en un enfoque proactivo de la consolidación de la paz. Su compromiso con la diplomacia preventiva marcó un cambio profundo en las concepciones tradicionales de la paz y la seguridad. Nos enseñó que la diplomacia preventiva no es un arte abstracto de previsión. Una prevención y una resolución efectivas de un conflicto requieren un análisis meticuloso de las causas, los desencadenantes, las dinámicas y los modelos del conflicto, así como de los factores y la dinámica social que fortalecen la resistencia que tenga la comunidad al conflicto. Hacer un análisis temprano y un seguimiento continuo son esenciales para anticipar el conflicto y para transformar la dinámica del conflicto de modo que los grupos sociales comprometidos con la resolución no violenta del conflicto puedan ser asistidos (*).

Pero incluso antes del diplomático sueco, el noruego Trygve Lie (primer Secretario General desde febrero de 1946 hasta su dimisión en noviembre de 1952) ya hizo uso de sus atribuciones en virtud de ese Artículo [99 de la Carta] para reunir información sobre determinadas situaciones, establecer contactos con los interesados, enviar emisarios para que observaran de cerca las situaciones e hicieran lo que estuviera a su alcance para atajar o contener las crisis que suscitaban preocupación internacional [1]. Y esa labor preventiva la continuaron desempeñando los sucesivos Secretarios onusianos; por ejemplo, el birmano U Thant (de noviembre de 1962 –aunque ejerció el cargo en funciones desde un año antes– a diciembre de 1971), con la crisis de los misiles en Cuba; el austriaco Kurt Waldheim (enero de 1972 a diciembre de 1981), en Oriente Medio; el peruano Javier Pérez de Cuéllar (enero de 1982 a diciembre de 1991), al crear una dependencia encargada de recopilar y analizar información que lo ayudara a poner sobre aviso al Consejo de Seguridad acerca de situaciones que pudieran poner en peligro o quebrantar la paz y la seguridad internacionales [1]; o Boutros Boutros-Ghali (enero de 1992 a diciembre de 1996).

Durante el mandato de este diplomático egipcio se creó el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz [DAPCP] – (…) sin duda de las entidades menos conocidas de la Organización de las Naciones Unidas y sin embargo desempeña un papel fundamental en los esfuerzos de la Organización para prevenir y resolver conflictos en todo el mundo [2]- y, sobre todo, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución “Un programa de paz: diplomacia preventiva y cuestiones conexas” [A/RES/47/120A, de 18 de diciembre de 1992], reconociendo que la aplicación oportuna de la diplomacia preventiva es el medio mas sensato y eficiente para reducir las tensiones antes de que desemboquen en un conflicto; y que la diplomacia preventiva puede exigir medidas tales come el fortalecimiento de la confianza, la creación de un mecanismo de alerta temprana, la investigación de los hechos, y otras medidas en las que se combinen apropiadamente las consultas con los Estados Miembros, la discreción, la confidencialidad, la objetividad y la transparencia. Por último, se pidieron los recursos adecuados para apoyar las actividades de las Naciones Unidas en materia de diplomacia preventiva y se puso de relieve el importante papel que le corresponde a la Asamblea General en la diplomacia preventiva, juntamente con el Consejo de Seguridad y el Secretario General.

Para el analista Joel Djibom, aquella diplomacia preventiva que floreció en la búsqueda de un paradigma alternativo de seguridad con el fin de la Guerra Fría (…) ha evolucionado para abordar los problemas internacionales actuales; configurándose como una política proactiva más que reactiva diseñada para lograr la paz y la seguridad internacionales. La diplomacia preventiva se parece a la práctica diplomática tradicional y utiliza un repertorio similar de herramientas políticas y de gestión de conflictos mediante negociaciones oficiales (…), mediación de conflictos, asistencia humanitaria para el desarrollo sostenible y medidas de alerta temprana, fomento de la confianza y despliegue preventivo. En su opinión, la pregunta no es si involucrarse o no, sino cuándo y cómo [3].

Por último, retomando la definición más amplia del DPEJ, (…) es necesario mencionar que la Diplomacia Preventiva no solo puede ser realizada por la ONU, sino que existen maneras alternas para enmarcar este proceso. Por esto, la especialista en negociación Diana Chigas plantea tres vías de los intermediarios que participan en la mediación y resolución de conflictos de manera preventiva, también conocidos como Tracks de la Diplomacia. La primera vía, o Track I, es la que se da a nivel gubernamental y oficial –lo que realiza Naciones Unidas-, la vía más utilizada. La segunda, o Track II, se refiere a la intervención de organizaciones no oficiales con los actores del conflicto, es decir, aquellas que dada su experiencia e imparcialidad podrían influenciar de forma positiva en el proceso de resolución del conflicto. Y por último, la tercera vía, Track III, es la intermediación de actores no oficiales con otras partes de la sociedad, para construir y fortalecer las estructuras de las comunidades con el fin de consolidar la paz [4]. 

En la Unión Europea es un concepto habitual en los documentos preparatorios; por ejemplo, en la Recomendación del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2023, la eurocámara concibe la diplomacia preventiva de la Unión como herramienta de política exterior proactiva para prevenir conflictos con y entre terceros países y limitar las consecuencias cuando estallan conflictos.

Citas: [1] RAMCHARAN, B. G. “La diplomacia preventiva en las Naciones Unidas” (*). [2] COOK, D. “El Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Un trabajo discreto y efectivo”. En: AA.VV. Diplomacia preventiva. Recuperando el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. Bogotá: Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) para Colombia, Ecuador y Venezuela, 2012, p. 33. [3] DJIBOM, J. An Analysis of Hammarskjöld's Theory of Preventive Diplomacy. Nueva York: Peace operantions Training Institute, 2008, pp. 42 y 43. [4] AA.VV. Diplomacia preventiva. Recuperando el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. Bogotá: Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) para Colombia, Ecuador y Venezuela, 2012, p. 43.