lunes, 22 de julio de 2024

Los tapones de plástico ya van unidos al recipiente

Al regular el objetivo y la finalidad de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Art. 1 de esta norma dispuso que: 1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados. 2. Esta Ley tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo.

Esta norma transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente («Directiva sobre plásticos de un solo uso») y la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.


Desde un punto de vista práctico, a partir de julio de 2024, cualquier consumidor español se habrá dado cuenta de una de sus consecuencias para reducir la cantidad de residuos: los tapones de plástico tienen que ir unidos al recipiente. Su marco jurídico lo encontramos al regular los requisitos de diseño para recipientes de plástico para bebidas. El Art. 57.1 previó que: A partir del 3 de julio de 2024, solo se podrán introducir en el mercado los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte C del anexo IV cuyas tapas y tapones permanezcan unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de dicho producto. A estos efectos, las tapas y tapones de metal con sellos de plástico no se considerarán de plástico. Se considerará que los productos anteriores cumplen con lo establecido en este apartado si son fabricados conforme a las normas armonizadas que se adopten a nivel de la Unión Europea a tal efecto (…).

Por alusiones, el anexo IV enumera los productos de plástico de un solo uso que quedan regulados por las distintas disposiciones incluidas en el título V (Arts. 55 a 62). En concreto, la parte C se refiere a: Productos de plástico de un solo uso sujetos a requisitos de ecodiseño: Recipientes para bebidas de hasta tres litros de capacidad, es decir, recipientes utilizados para contener líquidos, como las botellas para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los envases compuestos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones (…); excluyendo: por un lado, los recipientes para bebidas de vidrio o de metal con tapas y tapones hechos de plástico; y, por otro, los recipientes para bebidas destinados y utilizados para alimentos para usos médicos especiales.

viernes, 19 de julio de 2024

El primer laudo arbitral de MERCOSUR

En otra entrada de este blog ya tuvimos ocasión de mencionar los instrumentos jurídicos adoptados por el Mercado Común del Sur -integrado por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay- para solucionar sus controversias; a grandes rasgos: el Protocolo de Brasilia (Brasil) de 7 de diciembre de 1991 y su Reglamento (Decisión del Mercosur 17/1998, de 10 de diciembre); el Anexo sobre Procedimiento general para reclamaciones ante la Comisión de Comercio del MERCOSUR del Protocolo de Ouro Preto (Brasil), de 17 de diciembre de 1994; y el Protocolo de Olivos (Argentina), de 18 de febrero de 2002 que reguló el funcionamiento y composición del Tribunal Permanente de Revisión (TPR), con sede en Asunción (Paraguay) (Art. 38), integrado por cinco árbitros (Art. 18) con disponibilidad permanente (Art. 19) y cuyos laudos son inapelables, obligatorios para los Estados partes en la controversia a partir de su notificación y tendrán, con relación a ellos, fuerza de cosa juzgada (Art. 26).

Con esa base jurídica, antes de que se estableciera el mencionado TPR, la resolución de controversias ya se solucionaba ante los denominados tribunales arbitrales ad hoc del MERCOSUR. El primero de ellos se constituyó el 1 de febrero de 1999 por los árbitros doctores Juan Carlos Blanco (presidente), Guillermo Michelson Irusta y Joào Grandino Rodas -nacionales respectivamente de Uruguay, Argentina y Brasil- que dictaron su laudo, por unanimidad, el 28 de abril de 1999 en Montevideo (Uruguay) [Controversia sobre Comunicados Nº 37 del 17 de diciembre de 1997 y Nº 7 del 20 de febrero de 1998 del Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX) de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX): Aplicación de Medidas Restrictivas al Comercio Recíproco] en relación con la disputa originada por los Comunicados DECEX 37/97 y SECEX 7/98, que clasifican y distinguen los productos y las operaciones sujetas a licencias automáticas y no automáticas [1].

La abogada Ana Laura Zaindenwerg lo resumió así: (…) Este régimen fue cuestionado por la Argentina en tanto el mismo habría significado un empeoramiento de las condiciones de acceso al mercado brasileño para una parte significativa de su oferta exportadora, señalando que los comunicados resultan ser incompatibles con los compromisos asumidos en el Tratado de Asunción para procurar la eliminación y no la producción de nuevas restricciones no arancelarias, como así también en sus normas derivadas. Por su parte, Brasil, alega en su defensa que las circulares en cuestión resultan ser manuales informativos que responden a los preceptos de transparencia que propugna la OMC (Organización Mundial del Comercio), remarcando que tales medidas no implican restricción alguna y que, en su caso, las mismas existían con anterioridad y no habrían sido identificadas como medidas o restricciones a eliminar. Asimismo alegó que el Tratado de Asunción y sus normas derivadas deben ser interpretadas conforme a la adecuación de políticas que realizaron las partes respecto del proceso de integración, según la cual, el objeto a alcanzar en el año 1994 era una unión aduanera y no un mercado común, como también señaló que las disposiciones del Tratado no son en su mayoría auto aplicables. (…) El objeto de la controversia de este primer caso que llega a arbitraje, era determinar la compatibilidad de las normas anteriormente mencionadas, que modificaron el régimen de licencias de importación, con los compromisos establecidos en el Tratado de Asunción y en la normativa del MERCOSUR.


(…) La resolución del laudo acoge parcialmente la reclamación a Argentina y condena a Brasil a ajustar su régimen de licencias de importación, a los criterios establecidos en el laudo, antes del 31 de diciembre de 1999. Decide que las licencias automáticas son compatibles con el sistema normativo del MERCOSUR en tanto no contengan condiciones o procedimientos y se limiten a un registro operado sin demora durante el trámite aduanero y que las licencias no automáticas solamente son compatibles con el sistema normativo del MERCOSUR en tanto correspondan a medidas adoptadas bajo las condiciones y con los fines establecidos en el Art.80 del Tratado de Montevideo de 1980, constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y siempre que estén efectivamente destinadas a los fines allí indicados y no configuren obstáculos comerciales, medidas que deberán ser armonizadas [2].

La abogada argentina María Blanca Noodt Taquela ha destacado, entre los muchos aspectos valiosos del laudo, que el tribunal comienza a elaborar lo que podríamos denominar construcción del principio de primacía o supremacía del derecho del MERCOSUR [3]; de hecho, en su tercera conclusión, los propios árbitros afirmaron que: Los instrumentos internacionales que configuran procesos de integración y las obligaciones que resultan de ellos han de ser interpretados en forma teleológica, teniendo en cuenta los fines, objetivos y principios del sistema de integración, aun en ausencia de normas de carácter supranacional.

Aquel laudo arbitral de 1999 marcó un hito fundamental en la historia del Mercosur [4]. El siguiente se dictó el 27 de septiembre de aquel mismo año en Asunción (Paraguay) para entender en la reclamación de la República Argentina a la República Federativa del Brasil, sobre subsidios a la producción y exportación de carne de cerdo.

Citas: [1] GONZÁLEZ, F. F. “Análisis del primer laudo arbitral del MERCOSUR”. En: Repositorio de la  Universidad Nacional de La Plata, 1999, nº 3, p. 6. [2] ZAINDENWERG, A. L. Tesis: Hacia la creación de un órgano judicial supranacional y permanente para la resolución de conflictos en el Mercosur. Universidad de Belgrano, 2003, pp. 37 y 38. [3] NOODT TAQUELA, Mª B. “La primacía del derecho del Mercosur en su primer laudo”. En: Revista Jurisprudencia Argentina, 1999, p. 4. [4] URIONO DE MARTINOLI, A. "Primer laudo arbitral del Mercosur". En: Anuario Argentino de Derecho Internacional, 1999, nº IX, p. 241.

miércoles, 17 de julio de 2024

¿Quiénes son «The Elders»?

La resolución A/RES/64/13, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 2009, designó el 18 de julio de cada año, a partir de entonces, como Día Internacional de Nelson Mandela para conmemorar la fecha en que nació el que fuera primer Presidente de la República de Sudáfrica tras el fin del régimen del apartheid: el 18 de julio de 1918 en la pequeña localidad sudafricana de Mvezo (el Premio Nobel de la Paz en 1993 falleció en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013). Desde entonces, esa fecha se observa cada año para reconocer la larga trayectoria de Nelson Rolihlahla Mandela como líder y promotor de la lucha por la liberación y la unidad de África, y su excepcional contribución a la creación de una Sudáfrica no racial, no sexista y democrática; asimismo, el órgano plenario de la ONU reconoció también: (…) los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas, y su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo.


Justo dos años antes de que se designara este Día Internacional, el 18 de julio de 2007 Mandela anunció en Johannesburgo la creación de un nuevo grupo independiente de eminentes líderes mundiales que ofrecen su influencia y experiencia colectivas para apoyar la construcción de la paz, ayudando a abordar las principales causas del sufrimiento humano y promoviendo los intereses compartidos por la humanidad. Se llamaron: «The Elders» [«Los Ancianos»]; sin embargo, la iniciativa no fue suya sino el resultado de una conversación informal que mantuvieron dos británicos -el empresario Richard Branson y el músico Peter Gabriel- en la que se plantearon si un pequeño grupo de ancianos independientes podría dedicarse a ayudar a resolver los problemas del mundo, aliviando el sufrimiento humano en una aldea global cada vez más interdependiente.


Buscaron sociedades donde se respetara la opinión de las personas mayores y, con ayuda de la política mozambiqueña Graça Machel y del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, terminaron en África proponiéndole la idea a Nelson Mandela. En su opinión, debía tratarse de un grupo formado por personas íntegras que se hubieran ganado el prestigio internacional y una reputación de liderazgo inclusivo y progresista con el fin de llegar a quienes más necesiten su ayuda, apoyar el coraje donde haya miedo, fomentar el acuerdo donde haya conflicto e inspirar esperanza donde haya desesperación.


Desde su creación en 2007, este grupo de sabios y experimentados ancianos -voces morales independientes en favor de la paz y el liderazgo ético- ha contado con la participación de grandes nombres propios del siglo XX: Martti Ahtisaari, Kofi Annan, Ela Bhatt, Lajdar Brahimi, Gro Brundtland, Fernando H. Cardoso, Jimmy Carter, Graça Machel, Mary Robinson, Desmond Tutu, Hina Jilani, Ernesto Zedillo, Ban Ki-moon, Ricardo Lagos, Muhammad Yunus, Ellen Johnson Sirleaf, Juan Manuel Santos, Zeid Raad Al Hussein, Elbegdorj Tsakhia, Denis Mukwege, Helen Clark y -de manera honoraria- Aung San Suu Kyi; y, entre otras iniciativas, han mediado en los conflictos de Chipre, Darfur (Sudán), Birmania, Zimbabue, Corea del Norte, Irán, Costa de Marfil u Oriente Medio y han puesto en marcha campañas para luchar por la igualdad de las mujeres y las niñas, eliminar el armamento nuclear, defender una cobertura sanitaria universal, contener la emergencia de la crisis climática o enfatizar la importancia de los derechos humanos [“Every Human Has Rights”]. En la actualidad, su forma legal es The Elders Foundation, una organización benéfica con sede en Londres (Reino Unido).

PD: otras entradas en la que también se habla de Nelson Mandela:

lunes, 15 de julio de 2024

Derecho diplomático (II): etapas históricas de la diplomacia

Al investigar la doctrina que ha estudiado el origen de la diplomacia, el embajador José Antonio de Yturriaga Barberán concluyó que muchos autores consideran que la Diplomacia ha acompañado a la Humanidad desde los albores de su existencia. (…) Sus inicios se sitúan en el momento en que un grupo de monos antropoides que habitaban en cuevas se dio cuenta de que sería provechoso llegar a algún tipo de acuerdo con los grupos vecinos para establecer los límites de sus respectivos campos de caza. Asimismo se dio cuenta de que una negociación no podía concluir satisfactoriamente, si los emisarios de cualquiera de los grupos eran asesinados nada más llegar al lugar de encuentro. De aquí surgió el primer principio que se estableció firmemente: la inmunidad diplomática [1]. En ese mismo sentido, Vladimir Potemkin reconoció que: (…) La diplomacia apareció en los tiempos más remotos. Su embrión se puede encontrar. ya en la sociedad gentilicia [2]; en referencia a la sociedad primitiva, la bárbara; una organización apoyada en la relación de consanguineidad tribal [3]. De hecho, ese origen ancestral lo reconoce incluso el preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961 (en vigor desde el 24 de abril de 1964) al afirmar que desde antiguos tiempos los pueblos de todas las naciones han reconocido el estatuto de los funcionarios diplomáticos. En otras entradas hemos hablado -por citar tres ejemplos- de las Cartas de Amarna, los animales del obelisco del rey asirio Salmanasar III  o la paiza mongola.

Aún así, el historiador ruso quiso puntualizar que: Sin embargo, en el verdadero sentido en que nosotros la entendemos, la diplomacia surge solamente con el desarrollo del Estado [2]; es decir, en el Renacimiento italiano y, en concreto, con el tratado El Príncipe (1513) del florentino Niccolò di Bernardo dei Machiavelli [Nicolás Maquiavelo (1469-1527)]. La misma conclusión a la que también llegaron otros autores como el embajador Ginés Vidal y Saura al señalar que la historia de la Diplomacia es la historia de las relaciones entre los principales países durante toda la Edad Moderna [4] que comenzó en tiempos de Maquiavelo; pero, según Yturriaga: Vidal tiene razón, aunque sólo en parte, pues, si bien es cierto que la Diplomacia moderna nació cuando las embajadas pasaron de ser itinerantes y ocasionales a residentes y permanentes a comienzos de la Edad Moderna, determinadas formas de Diplomacia existían ya, con otros caracteres, desde milenios atrás [1].

Con esas opiniones, el diplomático Miguel Ángel Ochoa Brun llegó a la siguiente conclusión: La Diplomacia puede tenerse por surgida tan pronto como los grupos humanos ejercieron un propósito de arreglo pacífico de sus controversias mediante la negociación encomendada a determinadas personas, su existencia es históricamente comprobable desde que se conocen los Estados en la Antigüedad, la Diplomacia moderna nació en el Renacimiento europeo con el establecimiento de las primeras misiones permanentes, y la profesional -como función atribuida a una carrera propia del Estado- a finales del siglo XVIII [5]. Con lo cual se podrían distinguir tres grandes etapas: la diplomacia antigua, la moderna (otros autores, como ahora veremos, prefieren denominarla clásica en contraposición a la actual) y la profesional.

Desarrollando esa clasificación -aunque no comparte los periodos de tiempo exactos de cada una de las tres edades- Yturriaga afirma que: (…) la Diplomacia ha ido evolucionando desde sus orígenes hasta nuestros días en sus funciones, en su organización y estructuras, y en sus protagonistas.

  • En la época antigua -hasta el siglo XV- trató de solucionar problemas concretos entre grupos humanos por medio de emisarios y Embajadas especiales y sus funciones primordiales fueron la representación y la negociación. Al tratarse de misiones ocasionales y temporales, su estructura era mínima y sus ejecutores eran miembros del clero, la nobleza o la milicia, no especializados en la materia, que tenían que formar sus propios equipos.
  • En la época clásica -del siglo XV a comienzos del XVIII- se introdujo la función de la protección de los intereses de los Estados y de sus ciudadanos y se abusó de la función de información, sustituida por el espionaje y la intromisión en los asuntos internos de otros Estados. Aunque subsistieron las misiones temporales, se crearon las permanentes, cuya estructura se fue desarrollando y ampliando, y el personal empezó a especializarse, aunque siguieran las jefaturas en manos de las élites de los Estados.
  • [Y en la etapa profesional] Durante la época comprendida entre el Congreso de Viena de 1815 y la I Guerra Mundial se reguló la función de información y se consolidó la de protección. Se establecieron normas sobre la organización y funcionamiento de las misiones y sobre el estatuto de sus miembros, que se profesionalizaron al convertirse en funcionarios del Estado mandante. En la época contemporánea -a partir de la Gran Guerra de 1914- se introdujo la función de la cooperación, que es llevada a cabo por las Misiones permanentes y temporales, y se incrementó la Diplomacia multilateral con la aparición de numerosas Organizaciones Internacionales. El personal se amplió, profesionalizó y tecnificó con la incorporación de expertos no diplomáticos de carrera, y se desarrolló -junto a la bilateral clásica- la Diplomacia multilateral, con el protagonismo no sólo del Estado, sino también de las Organizaciones Internacionales, las Organizaciones no Gubernamentales y las Corporaciones transnacionales [1].

Otra posibilidad consiste, sencillamente, en seguir la clasificación de la Historia que suele emplearse en Occidente; por ejemplo, al explicar el origen y evolución de la diplomacia, el profesor Eduardo Vilariño Pintos diferencia entre la Antigüedad [(…) que ofrece ya una gran riqueza de ejemplos], la Edad Media [(…) un continuo proceso de enriquecimiento y perfeccionamiento de la diplomacia que desembocará, junto a otros factores determinantes, en la diplomacia permanente], la Edad Moderna [(…) la diplomacia permanente (…) se presenta como la más idónea para atender adecuadamente a las necesidades que impone una nueva configuración de la sociedad internacional] y la Edad Contemporánea [(…) emergiendo un derecho diplomático que (…) alcanza su cristalización en el Congreso de Viena de 1815, en el que se aprobará el Reglamento sobre los agentes diplomáticos, y que servirá de base y punto de referencia para el desarrollo posterior de la diplomacia y del derecho diplomático, hasta la codificación de 1961] [6].

Por último, terminamos con la clasificación más sencilla de las etapas históricas en que podemos dividir la diplomacia. El 21 de febrero de 1956, la Secretaría de la Comisión de Derecho Internacional presentó su Memoria sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas [7]. Al llevar a cabo un examen global de las tentativas para resolver uniformemente el problema de las inmunidades y los privilegios diplomáticos, hizo suya la opinión que manifestó el profesor francés Paul Fauchille (1858-1926) -al que ya citamos como pionero del derecho aéreo- en su libro Traité de droit international [Rousseau & Cie: París, 1922]: La historia de la diplomacia se divide en dos períodos claramente distintos. El primero comprende la época de las embajadas accidentales y no permanentes; abarca la Antigüedad y toda la Edad Media, deteniéndose en el siglo XV. El segundo período es de las legaciones permanentes; nacidas en Italia y principalmente en Venecia, y que aparecen en el siglo XV (…). 

Citas: [1] DE YTURRIAGA BARBARÁN, J. A. Los órganos del Estado para las relaciones exteriores. Compendio de Derecho Diplomático y Consular. Madrid: Imprenta de la Oficina de Información Diplomática, 2015, pp. 27 y 30-31. [2] POTEMKIN, V. P. Historia de la diplomacia. Ciudad de México: Grijalbo, 1966, p. 5. [3] LABASTIDA, J. “Prólogo”. En: MORGAN, L. H. & BANDELIER, A. F. México antiguo. Ciudad de México: Siglo XXI, 2004, 2ª ed., p. XXXV. [4] VIDAL Y SAURA, G. Tratado de Derecho Diplomático. Madrid: Reus, 1926, p. 20. [5] OCHOA BRUN, M. Á. Historia de la Diplomacia Española (Tomo I). Madrid: Biblioteca Diplomática Española, 1990, pp. 27 a 29. [6] VILARIÑO, E. Curso de Derecho Diplomático y Consular. Madrid: Tecnos, 1987, pp. 59 a 75. [7] CDI. Documento A/CN.4/98, 1956, p. 132.

viernes, 12 de julio de 2024

Decálogo sobre el «Acuerdo BBNJ»

1. Denominación: el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional [Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction] se aprobó en Nueva York el 19 de junio de 2023, por consenso. Con esa extensión de título, es comprensible que en el ámbito anglosajón se le empezara a denominar «BBNJ Agreement» por la siglas en inglés de «Biodiversity Beyond National Jurisdiction», de ahí que -en castellano- se haya llevado a cabo una apropiación directa y se conozca como: «Acuerdo BBNJ» [con pronunciación castiza: /bebenejota/; no /bibienyei)]; aunque existen otras alternativas que han surgido en los medios de comunicación y las ong [«Tratado de Alta Mar» o «Tratado de los Océanos»] que veremos, con el tiempo, si se van consolidando.

2. Precedente: el 16 de noviembre de 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [UNCLOS o CONVEMAR, hecha en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982]; con el cambio de siglo, la Asamblea General de la ONU aprobó la A/RES/58/240, de 23 de diciembre de 2003 (“Los océanos y el derecho del mar”) donde invitó a los organismos mundiales y regionales competentes a, de conformidad con sus mandatos, investigar urgentemente los medios de hacer frente mejor, sobre una base científica –lo que incluye el ejercicio de precaución– a las amenazas y los riesgos que se ciernen sobre los ecosistemas y la biodiversidad marinos amenazados y vulnerables que existen en zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional (§52). Ese fue el inicio de una travesía que ha concluido tras dos décadas de negociaciones; por ese motivo, la embajadora singapurense Rena Lee -presidenta de la Conferencia Intergubernamental que veremos a continuación- anunció entusiasta que El barco ha llegado a la orilla (the ship has reached the shore) cuando se aprobó el Acuerdo. Momento que recoge esta imagen.

3. La Conferencia Intergubernamental: la resolución A/RES/69/292, de 19 de junio de 2015, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” reafirmó el compromiso que asumieron los Jefes de Estado y de Gobierno en virtud del párrafo 162 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012, que lleva por título “El futuro que queremos” y decidió establecer un comité preparatorio, antes de que se celebre una conferencia intergubernamental, que se reunirá como mínimo en dos períodos de sesiones de diez días laborables de duración cada uno en 2016. Al año siguiente, la resolución A/RES/72/249, de 24 de diciembre de 2017, tomó nota del informe del Comité Preparatorio y decidió convocar una conferencia intergubernamental, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de examinar sus recomendaciones. Tras celebrar una reunión de organización en Nueva York (EE.UU.), del 16 al 18 de abril de 2018, los diversos periodos de sesiones se llevaron a cabo -pandemia mediante- entre el 4 de septiembre de 2018 y el 3 de marzo de 2023; y, finalmente, la Conferencia Intergubernamental (CIG) finalizó su sesión en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas los días 19 y 20 de junio de 2023. En la primera fecha se adoptó el «Acuerdo BBNJ» y en la segunda se abrió el tratado a su firma. Foto de familia de la CIG.


4. Estructura del acuerdo: son 66 páginas con un preámbulo, XII partes [I. Disposiciones generales (Arts. 1 a 8); II. Recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa en los beneficios (Arts. 9 a 16); III. Medidas como los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas (Arts. 17 a 26); IV. Evaluaciones del impacto ambiental (Arts. 27 a 39); V. Creación de capacidad y transferencia de tecnología marina (arts. 40 a 46); VI. Arreglos institucionales (Arts. 47 a 51); VII. Recursos financieros y mecanismo financiero (Art. 52); VIII. Implementación y cumplimiento (Arts. 53 a 55); IX. Solución de controversias (Arts. 56 a 61); X. Terceros al presente Acuerdo (Art. 62); XI. Buena fe y abuso de derecho (Art. 63); y XII. Disposiciones finales (Arts. 64 a 76)] y, por último, dos anexos.

5. Entrada en vigor: su Art. 68 dispone que ocurrirá 120 días después de la fecha en que se haya depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión. A la hora de redactar esta entrada (*) lo han firmado 91 Estados (España incluida), territorios (como Palestina) y organizaciones regionales de integración económica (Unión Europea) -con ausencias tan significativas como la India, Japón, Perú, Rusia, Sudáfrica o Turquía- de los cuales tan solo 8 lo han ratificado (Belice, Chile, Cuba, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palaos y Seychelles). El deseo es que se encuentre vigente para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) que se celebrará en Niza (Francia) en junio de 2025; pero, hasta alcanzar las 60 ratificaciones que se precisan es posible que se necesite algo más de margen de tiempo (sirva como referencia que el Art. 308 de la CONVEMAR también previó su entrada en vigor 12 meses después de la fecha en que haya sido depositado el sexagésimo instrumento de ratificación o de adhesión; y acabaron transcurriendo doce años: de 1982 a 1994).

6. Objetivo y ámbito de aplicación: de acuerdo con su Art. 2, el objetivo del presente Acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional [ZFJN], en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y una mayor cooperación y coordinación internacionales. En cuanto a su ámbito, el Art. 3 contempla que: El presente Acuerdo se aplicará a las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional [el glosario de términos incluido en el Art. 1 define que las “zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” -es decir, las aguas internacionales- se entienden la alta mar y la Zona (aquí nos remitimos al Art. 1.1 de la CONVEMAR: por «Zona» se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional]. A continuación, el Art. 4 prevé la existencia de algunas excepciones; por ejemplo, el presente Acuerdo no se aplicará a los buques de guerra, las aeronaves militares o las unidades navales auxiliares.


7. Los cuatro elementos del «Package Deal»: en las partes II, III, IV y V del tratado nos encontramos con la quintaesencia de este Acuerdo, el paquete principal que en el argot onusiano se denomina «Package Deal» (término que no se cita en el convenio); son (con las definiciones del glosario):
  • a) Los recursos genéticos marinos, incluidas cuestiones relativas a la participación en los beneficios [los RGM se refieren a cualquier material de origen marino vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia con valor real o potencial];
  • b) Las medidas tales como los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas (AMP) [un mecanismo, incluida un área marina protegida, para una zona definida geográficamente, mediante el cual se gestionan uno o varios sectores o actividades con el fin de alcanzar determinados objetivos de conservación y uso sostenible de conformidad con el presente Acuerdo; siendo AMP: zona marina definida geográficamente que se designa y gestiona con miras a alcanzar objetivos específicos de conservación de la diversidad biológica a largo plazo y que puede permitir, cuando procede, un uso sostenible siempre que sea conforme con los objetivos de conservación];
  • c) Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) [proceso para detectar y evaluar los impactos potenciales de una actividad con miras a informar la toma de decisiones]; y
  • d) La creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina [incluye, entre otros elementos: información y datos, suministrados en un formato de fácil utilización, sobre las ciencias marinas y las operaciones y servicios marinos conexos; manuales, directrices, criterios, normas y materiales de referencia; equipo de muestreo y metodología; instalaciones de observación y equipo para observaciones, análisis y experimentos in situ y en laboratorio; computadoras y programas informáticos, incluidos modelos y técnicas de modelización; biotecnología conexa; y experiencia, conocimientos, aptitudes, conocimientos especializados técnicos, científicos y jurídicos y métodos analíticos relacionados con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina].

8. Los arreglos institucionales (Parte VI): hablando en plata, bajo esta denominación se establece la estructura funcional u organizativa. El Acuerdo crea una Conferencia de las Partes (Arts. 47 y 48) que examinará y evaluará la implementación del BBNJ (COP); un Órgano Científico y Técnico (Art. 49) integrado por miembros con cualificaciones adecuadas que actuarán en calidad de expertos y en el mejor interés del presente Acuerdo; una Secretaría (Art. 50), un Mecanismo de Intercambio de Información (Art. 51); es decir, una plataforma de acceso abierto, para que las Partes puedan acceder, proporcionar y difundir información relativa a las actividades realizadas en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo. Asimismo, en otros preceptos se contempla la existencia de tres comités: el Comité de acceso y distribución de los beneficios (Art. 15); el Comité de creación de capacidad y transferencia de tecnología marina (Art. 46); y el Comité de Implementación y Cumplimiento (Art. 55).

9. Solución de controversias: partiendo del principio de que las Partes cooperarán a fin de prevenir controversias (Art. 56), el Acuerdo estipula su obligación de resolver las controversias por medios pacíficos. Y añade: Las Partes tienen la obligación de resolver sus controversias relativas a la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o arreglos regionales u otros medios pacíficos de su elección; en línea con la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre, que incluyó la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El Art. 60 del Acuerdo -al regular el procedimientos para la solución de controversias- menciona expresamente que las partes pueden recurrir libremente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS); la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o un tribunal arbitral.

10. Coda: por alusiones, como el «Acuerdo BBNJ» es el tercer convenio internacional de aplicación que se aprueba en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conviene finalizar esta entrada refiriéndonos a cuáles fueron los dos primeros acuerdos de aplicación de la CONVEMAR:

  • 1) Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, hecho en Nueva York el 28 de julio de 1994 [Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982] en vigor desde 1997; y
  • 2) El Acuerdo sobre la aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 [The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Fish Stocks Agreement | UNFSA)] que entró en vigor en 2004.

miércoles, 10 de julio de 2024

La «Constitución del Reino de Araucanía y Patagonia»

(…) cuando a Europa llegó noticia alarmante de las turbaciones del Perú y de Chile, promovidas las primeras por la deslealtad del cruel Francisco Hernández Girón, y las segundas por el amor de los araucanos a la nativa independencia. Virey [sic] del Perú fue nombrado el marqués de Cañete, D. Andrés Hurtado de Mendoza, y Adelantado de Chile se hizo a Gerónimo de Alderete, varón afamado allí por su buen seso y por su arrojo. En Londres le conoció Ercilla, y entusiasmado con la relación de sus fatigas y aventuras y con la poética descripción de tan remotos países, anhelante por correr mundo, ansioso de lauro, e inducido por su enérgico temple a conseguirlo entre la agitación de las campañas, mejor que entre el ocio de las cortes, a ir en compañía del Adelantado se determinó por impulso propio; y obtenida licencia del rey Felipe, muy alegre se ciñó espada, y hacia el año de 1555 y desde la cubierta de un barco divisaba las costas españolas cada vez en más lejano horizonte, hasta perderlas de vista sin derramar llanto [1]. Así comienza la introducción del poema épico La Araucana que Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594) escribió ya en su patria de asiento y con insólito descanso tras poner en orden y pulir sus papeles sueltos y relativos a las proezas de sus compatriotas en las antárticas regiones; con el objetivo de narrar la Guerra de Arauco, en el actual Chile, donde combatió este soldado y poeta madrileño a mediados del siglo XVI.

La primera parte de su obra se publicó en 1570 y -como reconoció orgulloso el propio Alonso de Ercilla- fue perfectamente recibida en España y Europa y el Nuevo-Mundo, de manera de colocarle unos al nivel y otros por encima de Ariosto: nada vanaglorioso y modesto por demás en el común trato, a los que le conocían más de cerca produjo mayor asombro con su libro, no juzgándole capaz de brillar por la pluma como por la espada [1]. Con el paso de los años, entre sus muchos lectores, hubo un abogado francés al que sus aventuras en tierras chilenas le cambiaron la vida para siempre. Se llamaba Orélie Antoine de Tounens (1825-1878) y fue un extraordinario genio que siendo Procurador de los Tribunales de Perigueaux, concibió el establecimiento de una confederación de estados americanos, unidos a través de una monarquía constitucional, bajo la protección del Emperador Napoleón III [2].

El 28 de agosto de 1858, desembarcó en Coquimbo, al norte de Chile (…) de Tounens. Nacido en La Chaise (…) abogado de profesión, ejercía en Périgueux el cargo de Procurador ante el Tribunal de Primera Instancia en el Orden Comercial; además era miembro de la Logia Masónica de Périgueux, de la que recibió numerosos aportes de particulares para solventar el viaje, que junto a una venta de bienes le permitió reunir 25.000 francos. (…) entre otras actividades trabaja en el ferrocarril e invierte en el cobre, aprovecha todas sus habilidades intelectuales para aprender el idioma español como autodidacta al tiempo que utiliza esta experiencia para acrecentar sus conocimientos sobre la geografía de la Araucanía y la Patagonia, entretanto toma conocimiento de las costumbres indígenas. En octubre de 1860 viaja hasta las orillas del río Imperial, al sur de Valdivia, región en la que Quilapán -cacique de los Araucanos- por muerte de su padre, el Toqui Mañil, es dueño y señor. Los brujos de las tribus habían predicho que se obtendría la Independencia Araucana cuando apareciera como jefe de los indígenas un hombre blanco. Esta profecía le allanó los obstáculos a Tounens y le facilitó la amistad con Quilapán y otros jefes indios [3].


En ese contexto, no es de extrañar que en sus Memorias, escritas durante su obligado regreso a Francia, el propio Tounens afirmara que el pueblo araucano lo había aclamado cuando él se proclamó soberano de aquellas tierras sudamericanas con el nombre de Orélie-Antoine I y que esa era la incontestable razón de ser que justificaba la ley fundamental del gobierno que les decretó mediante la Constitución de 17 de noviembre de 1860  [4]. De este modo, el nuevo monarca dotó a su reino de una constitución que combinaba armoniosamente los principios de las monarquías tradicionales europeas con los principios de las monarquías constitucionales, adoptados por Montesquieu. La capital del Reino Unido de Araucanía y Patagonia tuvo como capital a Angol, una pequeña villa al sur de Chile [2]. Según él, su pretensión se basaba en que los territorios araucanos, nunca habían sido plenamente emancipados ni por España, ni por las nacientes repúblicas de Chile y Argentina [2], que habían logrado su independencia de la metrópoli española medio siglo antes.

(…) la Constitución de Araucanía y Patagonia se basaba en cinco principios: a) Un rey o una reina desarrollando el orden hereditario; b) Un grupo de ministros dependientes directamente del rey; c) Un Consejo de Privilegiados, compuesto por los nobles del reino; d) Un Consejo de Estado, que se encarga junto con los ministros de hablar en nombre del gobierno y, e) Un cuerpo legislativo elegido por sufragio universal. La Carta Constitucional poseía nueve títulos integrados por un total de 64 artículos [2].


El 25 de enero de 1862, el rey Aurelio-Antonio I fue secuestrado en el territorio Mapuche (cerca de la frontera con Chile) por soldados chilenos quienes habían cruzado la frontera fingiendo ser comerciantes. Después de un 'proceso judicial' y encarcelamiento fue expulsado a Francia (*) donde falleció el 17 de septiembre de 1878 en el exilio en Dordoña. Durante su arresto en la cárcel de Los Ángeles (Región del Bío Bío) -y teniendo en cuenta la previsión de los Arts. 23 y 25 de su ley fundamental- el soberano aún pudo redactar y aprobar una disposición adicional a la Constitución del 17 de noviembre de 1860 sobre la sucesión al trono y la regencia de la nación arauco-patagona, creando una dinastía que ha perdurado hasta la actualidad.

Citas: [1] DE ERCILLA Y ZÚÑIGA, A. La Araucana. Madrid: Imprenta Nacional, 1866, pp. XIII, XIV y XXIV. [2] OLANO GARCÍA, H. A. “La Constitución del Reino de Araucanía”. En: Estudios constitucionales, 2005, nº 2, pp. 365 y 368. [3] MÉNDEZ BAROZZI, R. “Orlie Antoine de Tounens, ¿Un aventurero o un agente de Napoleón III?”. En: Anuario de la Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario), 2019, nº 31, p. 159. [4] TOUNENS, O. A. Roi d'Araucanie et de Patagonie et relation écrite par lui-même. París: Librairie de Thevelin, 1863, p. IV.

lunes, 8 de julio de 2024

La diplomacia del Antiguo Egipto según las «Cartas de Amarna»

Al comentar las diferentes posturas doctrinales que han investigado el origen de la Diplomacia, el embajador José Antonio de Yturriaga Barberán menciona las «Cartas de Tell el-Amarna» citando la obra La evolución de la Humanidad: De los clanes a los Imperios [Barcelona: Cervantes, 1925] escrita por el egiptólogo Alexandre Moret y el sociólogo Georges Davy. En su opinión, los dos autores franceses (…) van aún más lejos al observar que, durante largo tiempo, hemos creído que la Diplomacia era una invención de los sutiles políticos del Renacimiento, pero esta ilusión se desvanece cuando se examinan los despachos cruzados entre los Faraones de Egipto y los Reyes de Babilonia, de Asiria, de Mittani   [Mitani] y de Khatti [Hatti], los tratados de alianza ofensiva y defensiva [recordemos que el Tratado de Qadesh del año 1279 a.C. fue el primer tratado de paz internacional que se firmó; en este caso, entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hattusili III con el fin de lograr la paz y finalizar el conflicto armado que enfrentó a las dos grandes potencias de aquel entonces: Egipto y Hatti], los convenios comerciales y los casamientos políticos. Tales son los expedientes de los archivos de El-Amarna y de Bogas-Keui, que nos descubren los secretos del concierto internacional en los siglos XV y XIV antes de nuestra era  [1]. Los mencionados «archivos de El-Amarna» también son conocidos con otros dos sobrenombres: Las «cartas de Tell el-Amarna» o, sencillamente, las «Cartas de Amarna».

Localización de Amarna | Faraón Amenofis IV

En 1987, el asiriólogo estadounidense William Lambert Moran (1921-2000) -un auténtico erudito en el estudio de esta correspondencia cincelada en arcilla- publicó su libro Les Lettres d'El-Amarna [París: Les éditions du Cerf] que, cinco años más tarde, se editó en ingles: The Amarna Letters [Londres: Johns Hopkins University Press (1992)]. Tomándolo como referencia, Moran nos introduce de este modo en su estudio: Las tablillas de Amarna toman su nombre de el-Amarna [en árabe: Tell el-Amarna], una llanura en la orilla oriental del Nilo, a unas 190 millas [algo más de 300 km] al sur de El Cairo. Este fue el lugar de Akhetaton [Ajetatón], la capital del antiguo Egipto durante un breve período en el siglo XIV a.C. Aketatón fue fundado por Amenofis IV, también conocido como Akenatón, uno de los reyes egipcios más famosos, más conocido como reformador religioso, a menudo llamado el "rey hereje" y el "primer monoteísta". Fue aquí, entre las ruinas antiguas, donde, probablemente en 1887, los nativos encontraron tablillas de arcilla con algunas escrituras y comenzaron excavaciones clandestinas. Hay relatos contradictorios sobre el descubrimiento, y nunca sabremos cuántas tablillas se pudieron encontrar y luego perderse o destruirse, ni todas las formas, tal vez muchas y tortuosas, por las que más de 300 tablillas llegaron a manos de anticuarios y comerciantes. coleccionistas privados. Finalmente, mediante compra, donación o confiscación, la mayoría de las tablillas llegaron a museos [2]; en Berlín, Londres, París o El Cairo.


Y añade: De las 382 tablillas, sólo 32 no son cartas (…). El contenido de este pequeño grupo es bastante diverso [mitos, epopeyas, silabarios, listados de dioses, cuentos, amuletos, etc.]. El resto, 350 fueron halladas en el mismo lugar: la «Casa de la Correspondencia del Faraón» en la ciudad de Ajetatón (actual Amarna). Moran, siguiendo la investigación del historiador noruego Jørgen Alexander Knudtzon (1854-1917) [Die El-Amarna-Tafeln. Leipzig: Hinrichs, 1915] dividió la correspondencia en dos partes.
  • La primera se refiere a las potencias extranjeras que trataron con Egipto más o menos sobre una base de igualdad. En un mapa, la disposición se mueve en sentido contrarreloj: Babilonia, Asiria, Mitani [Siria], Arzawa [Anatolia Occidental], Alasia [Chipre] y Hatti.
  • La otra parte, y con diferencia la mayor, se refiere a Siro-Palestina y sus diversos gobernantes locales, la mayoría de los cuales eran vasallos egipcios (…); por ejemplo, el príncipe Biryawaza de Musihuna [actual Líbano], tras un periodo en Egipto, habría regresado a Palestina para ejercer funciones políticas y militares por cuenta de la administración egipcia. Se trataría de un nuevo ejemplo de la práctica egipcia, atestiguada en otras cartas de El- Amarna, de educar en Egipto a hijos de reyes siro-palestinos con el fin de hacerlos regresar a sus reinos de origen como agentes locales del poder egipcio [3].

Aquellas manifestaciones de la "cultura cuneiforme" que compartió todo Oriente Medio en el siglo XIV a.C. [2] se cincelaron, en su mayoría, en acadio, el idioma de Babilonia; y la mayor parte del archivo consta de cartas recibidas [es decir, dirigidas al faraón], aunque un pequeño número fueron escritas en Egipto [2]. Para la egiptóloga Iria Souto Castro, esa correspondencia es una buena muestra de una incipiente diplomacia que llevaría al Egipto de su época a convertirse en un Imperio. (…) La política matrimonial junto a las alianzas político-militares fueron las principales formas de diplomacia de la época [4]. 

Para concluir, si en el primer párrafo citábamos la obra de Moret y Davy relativa a los archivos de El-Amarna y de Bogas-Keui; aunque solo sea por alusiones, vistas las «Cartas de Amarna» debemos referirnos a su némesis en el siglo XIV a.C. El historiador soviético Vladimir Potemkin lo explicaba así: Entre los numerosos monumentos de la diplomacia del Antiguo Oriente, los más interesantes son, por su volumen y por su valioso contenido, la correspondencia de Tell-el Amarna, y el Tratado del faraón Ramsés II con el rey de los hititas, Hattusili III (…). Complemento sustancial del archivo de Tell-el Amarna es el archivo del rey hitita Suppiluliuma en Bogaz-Koi (en las proximidades de lo que ahora es Ankara), lugar donde el Estado hitita tenía su capital [5]. El término municipal de la actual aldea turca de Bogazköy alberga los restos del sitio arqueológico de Hatusa, antigua capital del Imperio Hitita que, desde 1986, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad; según la UNESCO es excepcional por los vestigios del trazado y la organización de la ciudad, los tipos de construcciones conservadas –templos, mansiones reales y fortificaciones– y la riqueza ornamental de la Puerta de los Leones y la Puerta Real, así como por el conjunto de arte rupestre de Yazilikaya. En el segundo milenio antes de nuestra, esta ciudad tuvo una influencia considerable en Anatolia y el norte de Siria (*).

Citas: [1] DE YTURRIAGA BARBARÁN, J. A. Los órganos del Estado para las relaciones exteriores. Compendio de Derecho Diplomático y Consular. Madrid: Imprenta de la Oficina de Información Diplomática, 2015, p. 29. [2] MORAN, W. L. The Amarna Letters: Londres: Johns Hopkins University Press, 1992, pp. XIII a XIX. [3] VITA, J. P. “Reyes de Damasco en la época de El-Amarna”. En: Isimu: Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad, 2004, nº 7, p. 226. [4] SOUTO CASTRO, I. “La ruptura de Amarna: hechos, teorías, causas y consecuencias”. En: AA.VV. Construyendo la Antigüedad. Actas del III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo (CIJIMA III). Murcia: CEPOAT, 2017, p. 40. [5] POTEMKIN, V. Historia de la Diplomacia. Ciudad de México: Editorial Grijalbo, 1966, p. 9.

viernes, 5 de julio de 2024

La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

En la segunda mitad del siglo XX, a la sombra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París (Francia) el 10 de diciembre de 1948 [Resolución 217 (III) A], se fueron adoptando otros instrumentos jurídicos de carácter regional en los sistemas de Europa [el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 («Convenio de Roma» o «Convenio Europeo de Derechos Humanos») en el seno del Consejo de Europa; y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (compromiso político sin efecto jurídico) y 14 de diciembre de 2007 (ya vinculante con el mismo valor jurídico que los Tratados)]; América [el «Pacto de San José» (Convención Americana sobre Derechos Humanos) firmado en la capital de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969] y África [la «Carta de Banjul» (Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos) aprobada el 27 de julio de 1981, por la Organización de la Unidad Africana -actual Unión Africana- reunida en Nairobi (Kenia)]. Oceanía y Asía, como sabemos, no cuentan con declaraciones continentales análogas.

A partir de entonces, a nivel subregional también se aprobaron otros ejemplos significativos de esa misma tendencia como la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam que la Conferencia Islámica adoptó en El Cairo (Egipto) el 5 de agosto de 1990; la Declaración de la ASEAN sobre los Derechos Humanos adoptada, en Phnom Penh (Camboya) el 18 de noviembre de 2012; la «Declaración de Derechos Humanos del Golfo» en el marco del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo [Doha (Catar), 9 de diciembre de 2014]; o la Declaración Latinoamericana de Derechos Humanos [dictada en la XXV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, el 3 de diciembre de 2009].

En ese contexto subregional es donde también podemos encuadrar a la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CA) que los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron en el Consejo Presidencial Andino celebrado en Guayaquil (Ecuador) el 26 de julio de 2002. Su propio Art. 63 declara que esta Carta constituye la primera manifestación integral de la Comunidad Andina en materia de derechos humanos en el espacio comunitario, y complementa la normativa nacional, interamericana y universal en el tema. Los programas que se preparen dentro del marco de las disposiciones de la Carta se deberán coordinar con las actividades nacionales o que bajo cooperación internacional ejecuten los Países Miembros en la región andina.

Para los profesores Waldemar Hummer y Markus Frischhut: (…) La Carta Andina se caracteriza por una fuerte vinculación entre Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Esta concepción holística -es decir que parte de una íntima relación entre Derechos Humanos y Democracia como principio global- está establecida en el Art 4 CA, e imprime su carácter en la estructura total de la Carta Andina [1]. Dicho precepto dispone que: Dentro del marco de respeto los Derechos Humanos, reiteran la obligación y el compromiso de los países de la subregión con la preservación, protección y defensa de la democracia, tal como lo establecen entre otros instrumentos la Carta de Conducta de Riobamba [o "Doctrina Roldós", por el presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera; de 11 de septiembre de 1980], el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena “Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia [hecho en Oporto (Portugal), el 17 de octubre de 1998] y la Carta Democrática Interamericana [Lima (Perú), 11 de septiembre de 2001].

El texto incluye 96 artículos reunidos en XV partes [desde los principios generales a la disposición final, pasando por las secciones dedicadas a la discriminación e intolerancia, democracia y DD.HH., derecho al desarrollo, medio ambiente, pueblos indígenas o grupos sujetos a protección especial, como las mujeres, los niños, los adolescentes y los adultos mayores) en los que esas naciones sudamericanas proclaman de manera conjunta -como afirman en la exposición de motivos- los principios, objetivos y compromisos de la Comunidad Andina con la promoción y protección de los derechos humanos.

Aunque esta Carta es precursora y encarna un significativo avance para el proceso andino de integración (…) por cuanto constituye un instrumento comunitario especializado en derechos humanos dentro del proceso de integración andina que proporciona, con seguridad, un marco programático en la materia, pretendiendo orientar la acción individual y colectiva de los Estados andinos en la materia; lo cierto es que, según la profesora Olmos Giupponi, (…) estamos en presencia de un instrumento de carácter programático. En ella se contienen normas cuyo contenido ha de ser precisado por otras posteriores. Esto no quita que sea un instrumento que constituye un proyecto ambicioso tanto por la amplitud de los temas que aborda como por estar abierto a la inclusión de otros temas en el futuro. Como ha sido resaltado, «la Carta Andina de Derechos Humanos constituye la piedra fundamental de la consideración ordenada y sistemática de los temas de derechos humanos por parte de la Comunidad Andina de Naciones». No obstante, y como ya dijimos, «nos hallamos en presencia de un instrumento jurídico que ha adoptado la forma de Declaración presidencial, con lo que nos encontraríamos ante un instrumento jurídico de carácter recomendatorio». La ausencia de carácter vinculante que, en la actualidad, posee esta Carta no significa, en modo alguno, que no pueda adquirirlo en el futuro (…) [2].

NB: (…) los cinco Estados andinos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el 26 de mayo de 1969, en Santafé de Bogotá/Colombia, el Acuerdo de Integración Subregional, llamado comúnmente Pacto Andino. Con su Decisión 121, la Comisión del Pacto Andino dió a este Tratado el nombre formal de Acuerdo de Cartagena (AC). Éste entró en vigor el 16 de octubre de 1969, tras el depósito del quinto documento de ratificación. Venezuela había participado en las rondas de negociación del Pacto Andino, pero no llegó a suscribirlo hasta cuatro años después, y finalmente se adhirió el 13 de febrero de 1973. Otro Estado miembro, Chile, se retiró del Pacto Andino el 30 de octubre de 1976, tres años después de la caída de Salvador Allende, y de la toma de poder del régimen militar de Augusto Pinochet en otoño de 1973 (…) [1]. Finalmente, Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones en 2006; por lo que, en la actualidad, la CAN está integrada por tan solo cuatro miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Citas: [1] HUMMER, W. & FRISCHHUT, M.  “Diferentes concepciones de la protección de los derechos humanos en la integración europea y latinoamericana. La “Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos” (2002)”. En: Anuario Argentino de Derecho Internacional, 2004, p. 50, 54 y 55. [2] OLMOS GIUPPONI, Mª B. “El Tratamiento de los Derechos Humanos en el Espacio Andino de Integración”. En: Derecho y Sociedad, 2005, nº 24, pp. 330 y 331.

miércoles, 3 de julio de 2024

La «Constitución Meiji» [Japón (1890-1947)]

A comienzos del siglo XX, el abogado estadounidense George Arthur Malcolm (1881-1961) identificó las fechas que, en su opinión y hasta ese momento, destacan por encima de todas las demás en la historia del pueblo japonés. Son el año 660 a. C., cuando -según un relato legendario- el emperador Jimmu fundó el Imperio del Japón; 1853, cuando el comodoro Perry, con un escuadrón estadounidense, ancló frente a lo que hoy es Yokohama y provocó la apertura de Japón a las relaciones con el extranjero; 1867-1868, cuando se produjo una restauración de la monarquía, que marcó el inicio de la Era Meiji del Constitucionalismo; y 1889, cuando se promulgó la Constitución de Japón [1]. Antes de centrarnos en esta Carta Magna, conviene desarrollar las consecuencias de aquellas fechas siguiendo su mismo orden: Malcolm se refiere al 11 de febrero del año 660 antes de Cristo que, en la actualidad, aún se festeja como Día de la Fundación Nacional para conmemorar que el mítico emperador Jimmu [o Jinmu], rey del cielo y nieto del propio Sol, creó esta milenaria nación. No olvidemos que, en aquella época, para el inconsciente colectivo japonés, el emperador reinaba y gobernaba de forma absoluta por derecho divino heredado de sus ancestros [1]. Eso explica que la correspondencia internacional que el emperador Mutsuhito (Meiji) mantenía con otras cancillerías del mundo comenzara así: por la gracia del cielo, emperador del Japón, colocado en el trono imperial ocupado por la misma dinastía desde los tiempos más remotos [2]; más adelante retomaremos la figura de este soberano. 

En 1635, las autoridades de Edo (actual Tokio) expulsaron a todos los extranjeros y prohibieron a los japoneses salir del Imperio del Sol Naciente durante el periodo conocido como «Sakoku» o aislamiento del país [una larga etapa que se extendió más de dos siglos desde la adopción del Edicto de Cierre del País en 1635 a 1854, cuando -a iniciativa del decimotercer presidente de EE.UU., Millard Fillmore- el mencionado comodoro Matthew Perry viajó a Japón para que ambas naciones firmaran el Tratado de Kanagawa que abrió los puertos japoneses al comercio internacional (por parte española, también se suscribió un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, el 12 de noviembre de 1868)].

Toyohara Chikanobu (1887)
El Emperador Mutsuhito

Hasta 1867, puede decirse que Japón era un estado medieval; nominalmente existía un Emperador pero, en realidad, el sogún (shogun) ostentaba en la práctica la autoridad política y militar; situación que se invirtió cuando su poder se fue debilitando por enfrentamientos internos y el sogunato Tokugawa retrocedió la soberanía al monarca. El año 1868 introdujo en Japón una revolución radical de unas proporciones que el país no había conocido desde la incorporación de la cultura y de la religión del continente en el siglo VI [3]. En concreto, el 4 de enero de 1868, en el Palacio Imperial de Kioto, el citado emperador Mutsuhito (1852-1912) anunció a los soberanos de todos los países extranjeros y a sus súbditos que se ha otorgado permiso al Shogun Tokugawa Yoshinobu [1837-1913] para devolver el poder de gobierno de acuerdo con su propia solicitud. En adelante, ejerceremos la autoridad suprema en todos los asuntos internos y externos del país [4].

El último reducto antiimperialista fue la autoproclamada República de Ezo (1868-1869) -único ejemplo de esta forma de gobierno en la historia japonesa- que el almirante Enomoto Takeaki (1836-1908) -en la imagen superior- presidió en la actual isla norteña de Hokkaido, defendiendo efímeramente el poder del sogunato Tokugawa frente a la restauración imperial Meiji.

Y, en cuanto a la última fecha, como es tradicional en Japón, al fallecer el emperador Mutsuhito, el periodo que abarcó su reinado recibió la denominación póstuma de Era Meiji (o era de culto a las reglas que se desarrolló durante los cuarenta y cinco años de su gobierno) [5]. De ahí que a los 76 artículos estructurados en 7 capítulos de su ley fundamental vigente desde el 29 de noviembre de 1890 hasta el 3 de mayo de 1947 [6] se conozca con el apelativo coloquial de «Constitución Meiji». La norma que puso al país rumbo al progreso enviando un mensaje de esperanza a toda Asia [7].

Eisaku Wada (ca. 1959)
Ceremonia de promulgación de la Constitución 

Con el objetivo de preparar los cambios constitucionales prometidos para el año 1890 [cuando el emperador garantizó que se celebraría la primera sesión de la Dieta (Parlamento)], se envió una comisión de gira por Estados Unidos y Europa para estudiar sus gobiernos constitucionales, encabezada por Ito Hirobumi (posterior Príncipe Ito). Las ideas políticas de Ito recibieron su primera impresión durante su educación en Inglaterra. Pero en Alemania conoció y cayó bajo la influencia del príncipe Bismarck, entonces en el cenit de su poder. Con una elección prácticamente reducida a Inglaterra y Alemania, el hecho de que la Constitución británica no estuviera escrita y que una monarquía constitucional del tipo británico fuera políticamente imposible en Japón, hizo que Ito llegara a la conclusión natural de que Prusia, y no Inglaterra, o cualquier otro país, proporcionaría el modelo que mejor se adaptaría a las necesidades japonesas [1]. Recordemos que suele decirse que los japoneses tienen el don innato de mirar, de absorber, de “japonizar” todas las ideas procedentes del exterior [3].

Ito Hirobuni y el Emperador Mutsuhito (Meiji)

El abogado Malcolm no duda en atribuir al Primer Ministro japonés, el príncipe Ito Hirobumi (1841-1909), su condición de pilar fundamental de esta Carta Magna; pero, otros autores, como el profesor Kenneth Wallace Colegrove (1886-1975) -que asistió al general MacArthur tras la II Guerra Mundial para revisar la «Constitución Meiji» en la actual «Constitución de la Paz» o Sengo-Kenpo; sancionada por el Emperador el 3 de noviembre de 1946 y vigente desde el 3 de mayo de 1947 hasta la actualidad- no piensa de igual modo.

Goseda Horyu
Comisión para elaborar la Constitución (1926)

Por el contrario, para este prestigioso asesor: (…) La constitución japonesa de 1889 no es, como con frecuencia se supone, el resultado principal de los trabajos de Hirobumi Ito y sus secretarios quienes, en 1882-1883, estudiaron los sistemas constitucionales en Europa antes de redactar el texto de la ley fundamental que el emperador había prometido (…). La discusión sobre el progreso constitucional había comenzado ya en 1867 e, inmediatamente después de la restauración, los estadistas Meiji comenzaron la tarea de redactar proyectos de constitución. Okubo, Goto, Kido e Itagaki desempeñaron papeles destacados al instar a la adopción de una carta nacional, y cuando Okubo y Kido relajaron sus esfuerzos, Itagaki inició una campaña popular. Finalmente, en 1876, se nombró una comisión formal del Genro-in (Senado) para redactar una constitución, mientras que en 1880 su proyecto completo se presentó ante el Emperador. Este borrador proponía una forma de gobierno que tenía muchas características del sistema parlamentario británico [que] sentaron las bases para la redacción de la constitución sobre las que más tarde trabajó Ito [8]. Colegrove se refiere a los políticos y estadistas Okubo Toshimichi (1830-1878), Goto Shojiro (1838-1897), Koin Kido (1833-1877) e Itagaki Taisuke (1837-1919).

Adachi Ginko | Proclamación de la Constitución (1889)

Asimismo, el profesor estadounidense añade que el significativo día que el emperador Mutsuhito eligió para proclamar su Constitución (Kempo o Kenpo, en japonés) -el 11 de febrero  [como no podía ser de otro modo] de 1889- el soberano también decretó otras leyes de gran trascendencia: 1) la Ley de la Casa Imperial, relativa a la sucesión al Trono; 2) la Ordenanza Imperial relativa a la Cámara de Pares, que estableció la composición y el procedimiento de la cámara alta de la Dieta; 3) La Ley de las Cámaras, sobre la organización de ambas cámaras de la Dieta; 4) la Ley de Elección de los Miembros de la Cámara de Representantes; y 5) la Ley de Finanzas [8].

Página 3 de la Constitución con el sello imperial.

Aquella ley fundamental que rigió el Imperio Japonés de 1890 a 1947 fue el símbolo exterior de la transición de una forma de gobierno absoluta a una constitucional [1] y, aunque sus habitantes aún no eran ciudadanos sino meros súbditos del emperador (Arts. 1 a 17), ya contaban con una declaración de derechos y deberes (Arts. 18 a 32) que incluía la libertad de creencias religiosas, la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo. A continuación, los Arts. 33 a 54 regulaban la Dieta Imperial integrada por dos Cámaras (Cámara de Pares y Cámara de Representantes); los dos siguientes preceptos se referían a los Ministros de Estado y el Consejo Privado; el Capítulo V (Arts. 57 a 61) se dedicaba al poder judicial ejercido por los Tribunales de Justicia conforme a la ley, en nombre del Emperador; y, por último, la «Constitución Meiji» concluía con los Arts. 62 a 72 (finanzas) y 73 a 76 (disposiciones adicionales, sobre cómo modificar su ley de leyes, y derogatorias).

Citas: [1] MALCOLM, G. A. “The Constitution of the Empire of Japan”. En: Michigan Law Review, 1920, vol. 19, nº 1, pp. 62 y 63. [2] Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lima, 1905, pp. 176 y 177. [3] FAHR-BECKER, G. (Ed.). Arte asiático. Colonia: Könemann, 2000, pp. 568 y 570. [4] PALACIOS, I. J. Yukio Mishima. Vida y muerte del último samurái. Madrid: La Esfera de los Libros, 2020. [5] PRADO, A. Genealogía del monoteísmo. La religión como dispositivo colonial. Madrid: Akal, 2020. [6] QUIGLEY, H. S. “Japan's Constitutions: 1890 and 1947”. En: The American Political Science Review, 1947, vol. 41, nº 5, p. 865. [7] GRIFFIS, W. E. “Mutsuhito the Great”. En: The North American Review, 1912, vol. 196, nº 682, p. 337. [8] COLEGROVE, K. “The Japanese Constitution”. En: The American Political Science Review, 1937, vol. 31, nº 6, p. 1027.

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