lunes, 13 de julio de 2020

Normas efímeras (III): la tachadura de la causa de la muerte

La exposición de motivos de la breve Orden de 6 de junio de 1994 sobre supresión del dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción de defunción justificaba esta decisión de la siguiente forma: La Orden de 24 de diciembre de 1958 aprobó, entre los modelos oficiales del Registro Civil, el impreso número 3 de la inscripción de defunción en el cual consta, como uno de los datos de la misma, la causa inmediata y fundamental de la muerte. Este dato es ajeno a los fines de la institución registral porque, a los efectos de probar la defunción, sólo interesa a los particulares que esté acreditada la identidad del difunto y la fecha y lugar de la muerte. Además, la publicación y divulgación de la causa de ésta puede en ocasiones atentar a la intimidad personal y familiar si por cualquier motivo la expresión de dicha causa lleve en sí misma connotaciones negativas. Se estima, pues, oportuno eliminar aquel dato de la inscripción de defunción, sin perjuicio, claro es, de que el mismo conste en el certificado médico de defunción y también en los boletines estadísticos oportunos con lo que queda asegurado su conocimiento general, sin especificación de cada persona, a efectos estadísticos y sanitarios.

Por ese motivo, el Artículo 1 dispuso: En los libros de defunciones del Registro Civil, mientras no sean aprobados nuevos modelos, quedará en blanco y será cruzado con una raya el dato sobre la causa de la muerte; y, a continuación, el Art. 2 estableció que: A petición del interesado o antes de expedir una certificación cualquiera de la inscripción de defunción el encargado tachará de oficio, de modo que en lo sucesivo el dato sea ilegible, la causa de la muerte que figure en el asiento. Entró en vigor el 4 de julio de 1994.


Apenas tres meses más tarde, el mismo Ministerio de Justicia e Interior adoptó la nueva Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se modifica la de 6 de junio sobre la supresión del dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción de defunción. En la parte expositiva se explicaba la razón por la que se derogaba ese precepto de la efímera Orden anterior: Con la finalidad de evitar intromisiones en la intimidad personal y familiar, la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 6 de junio de 1994, ha suprimido la causa de la muerte como dato que deba constar en las inscripciones de defunción. Si esta supresión está plenamente justificada para lo sucesivo, no ocurre lo mismo con las tachaduras ordenadas por el artículo 2 de la Orden respecto de inscripciones ya extendidas, en cuanto que ello puede implicar, quizás, una alteración del Patrimonio Documental Español, protegido por la Ley 13/1985, de 25 de junio, sobre el Patrimonio Histórico. Sin necesidad de acudir a una medida tan radical, la protección de aquella intimidad puede lograrse mediante la aplicación, en su caso, de las normas reglamentarias sobre publicidad restringida, como lo establece la presente Orden.


Pinacografía: Nikolai Astrup | Funeral en Jolster (ca. 1908). Charles Sprague Pearce | Funeral en un pueblo de Bretaña (1891). Petrus van der Velden | El funeral holandés (1875).

viernes, 10 de julio de 2020

12 de julio: el Día del Abogado en México

A instancias del virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, el Príncipe de Asturias –futuro Felipe II– firmó la Real Cédula por la que estableció en la Ciudad de México una Universidad de todas las ciencias donde los naturales e hijos de los españoles fuesen instruidos en las cosas de nuestra Santa Fé Católica y en las demás Facultades [1]. Aquella disposición real que se adoptó en Toro (actual provincia de Zamora), el 21 de septiembre de 1551, en nombre del emperador Carlos I, fue el instrumento jurídico que estableció la Real y Pontificia Universidad de México.

Dos años más tarde, el día 5 de junio de 1553, "de 8 a 9 de la mañana", como testimonian los documentos históricos, en el turno primero de las actividades docentes, dictó la cátedra de Decretales, el doctor Pedro de Morones, quien fue así, el primer catedrático de la ciencia del Derecho en América, e inauguró con ello la docencia jurídica universitaria del Nuevo Mundo. Esto ocurrió en la tercera columna dedicada a la Facultad de Cánones [hoy diríamos, Derecho Canónico o Eclesiástico]; mientras en la Sexta Columna, pilar dedicado a la Cátedra de Leyes [se correspondería con el actual ámbito del Derecho Civil], "para enseñar a hacer recta justicia y observarla para el gobierno y régimen de las repúblicas; no hablar sin ley, ni obrar como si no las hubiera, dándoles noticias a sus discípulos" (…). Fue el 12 de julio de 1553 (…), el día y año en que se impartió por primera vez en la Real Universidad de México, la Cátedra de Leyes en las aulas de la Facultad del mismo nombre, a cargo del licenciado Bartolomé de Frías y Albornoz; inaugurándose de este modo, los cursos de la Facultad de Leyes para formar peritos en la jurisprudencia práctica [2].

Con esos precedentes históricos, en 1959, Rolando Rueda de León que era redactor de “El Diario de México” le propuso al fundador de este periódico, Federico Bracamontes Gálvez, dirigirse al Presidente de la República, Adolfo López Mateos, para que declarase aquella fecha tan representativa del 12 de julio como Día del Abogado. La propuesta fue bien recibida y, por decreto presidencial, desde 1960, en esa jornada se celebra el Día del Abogado en México.

PD: como curiosidad, otras naciones iberoamericanas han elegido otras fechas significativas de su historia; por ejemplo, Venezuela optó por los 23 de junio para recordar el nacimiento de su primer presidente, el abogado Cristóbal Mendoza; mientras que en Argentina cada 29 de agosto se rinde homenaje al jurista tucumano Juan Bautista Alberdi, «padre» de la vigente Constitución Argentina de 1853, para conmemorar también su fecha de nacimiento.

Citas: [1] PÉREZ SAN VICENTE, G. “Las cédulas de fundación de las universidades de México y Lima. Ensayo de interpretación”. En: Estudios de Historia Novohispana, 1970, vol. 3, nº 3, pp. 20 y 21. [2] MORENO COLLADO, J. “Cuatro siglos y medio de la enseñanza del Derecho en America y en México”. En: AA.VV. 450 años de Derecho en América. Ciudad de México: UNAM, 2003, p. 13].

miércoles, 8 de julio de 2020

¿Cuándo se creó la dignidad de «Príncipe de Asturias»?

El Art. 57.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que: El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. En ese mismo sentido, el Art. 2 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, establece que: El heredero de la Corona tendrá desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento la Dignidad de Príncipe o Princesa de Asturias, así como los demás títulos vinculados tradicionalmente al Sucesor de la Corona y los honores que como tal le correspondan. Recibirá el tratamiento de Alteza Real. De igual Dignidad y tratamiento participara su consorte, recibiendo los honores que se establezcan en el ordenamiento jurídico.

Aunque esta arraigada dignidad se constitucionalizó en el Art. 201 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 al disponer que: El hijo primogénito del Rey se titulará Príncipe de Asturias (cuatro años antes, el Estatuto de Bayona no incluyó ninguna referencia); su origen tiene más de seiscientos treinta años de historia y se remonta a finales del siglo XIV, precisamente, en un acuerdo que se ratificó en esa misma localidad francesa: El Tratado de Bayona suscrito por el rey Juan I de Castilla y Juan de Gante (John of Gaunt, Duque de Lancáster; que en aquella época se castellanizaba como Alencastre), para la paz y el casamiento de sus hijos, el infante Enrique y Catalina de Lancáster, el 8 de julio de 1388. Una de las estipulaciones que se regularon en aquel tratado fue que el infante Enrique –hijo y sucesor de Juan I– pasara a ostentar este reconocimiento, por primera vez, como primogénito del soberano antes de convertirse en Enrique III de Castilla (1379-1406).

El académico José Luis Sampedro (*) ha reflexionado al respecto afirmando que: La dignidad de Príncipe de Asturias fue creada, como es bien sabido, en 1388, a imitación del principado de Gales, propio del sucesor del trono inglés, cuando contrajeron matrimonio el futuro Rey Enrique III de Castilla, heredero de los usurpadores Trastámara, y Catalina de Lancaster, nieta del Rey Pedro I. Esta alianza matrimonial era un símbolo de reconciliación nacional en el reino castellano, pues la heredera del Rey destronado y asesinado por la rama bastarda en 1369, habría de dar continuidad al linaje Real, que de esta manera quedaba legitimado en la persona de su hijo, Juan II.

Junto al mencionado precedente del Príncipe de Gales –el primero fue Eduardo II en 1301 [precisamente, abuelo de Juan de Gante (el Duque de Lancáster)]– para denominar al heredero al trono inglés y, por extensión, al británico; hubo otras dos dignidades previas: el rey Carlos V el Sabio fue el primer “delfín” de Francia desde que, siendo príncipe, en 1349, recibió la provincia del Delfinado para gobernarlo; y en la Corona de Aragón, dos años más tarde, el 21 de enero de 1351, el rey Pedro IV creó el Principado de Gerona para su heredero: Juan I. Hoy en día, la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón lo incluye entre sus instituciones singulares (Rey, el Príncipe de Gerona, Cortes, Justicia Mayor, Diputación del Reino, Maestre Racional, los Municipios y Comunidades).

Ricardo Sanz | S.M. el Rey Felipe VI con
S.A.R. la Princesa de Asturias
(2019)

Por último, el breve Real Decreto 54/1977, de 21 de enero, sobre Títulos y Denominaciones que corresponden al Heredero de la Corona, aún contempla que: De acuerdo con la tradición española sobre títulos y denominaciones que corresponden al heredero de la Corona (…). Su Alteza Real don Felipe de Borbón y Grecia, Heredero de la Corona, ostentará el Título y la Denominación de Príncipe de Asturias. También le corresponden los otros Títulos y Denominaciones usados tradicionalmente por el Heredero de la Corona. Como sabemos, el príncipe se convirtió en el rey Felipe VI tras la abdicación de su padre [Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón]; de modo que su hija, Leonor de Borbón y Ortiz, es la actual Princesa de Asturias [así se cita, por ejemplo, en el Real Decreto 978/2015, de 30 de octubre, por el que se concede el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a Su Alteza Real doña Leonor de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias: (…) continuando la secular tradición observada en la Casa Real española de otorgar e imponer las insignias de la Insigne Orden del Toisón de Oro a quienes están llamados a suceder en la Corona de España].

lunes, 6 de julio de 2020

El régimen jurídico de la RAE: Estatutos y Reglamento

El 6 de julio de 1713 se celebró la primera Junta de la Academia Española, a instancias de su fundador y primer director, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, VIII Marqués de Villena [Marcilla (Navarra), 1650 – Madrid, 1725]. Aquel mismo año continuaron celebrando nuevas reuniones y sesiones académicas en la casa de este noble ubicada junto al Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid. En esas tertulias también participaban el padre Juan de Ferreras, Gabriel Álvarez de Toledo, Andrés González de Barcia, fray Juan Interián de Ayala, los padres jesuitas Bartolomé Alcázar y José Casani y Antonio Dongo Barnuevo (*); y tras la sesión que mantuvieron el 3 de agosto de aquel mismo año –la primera en la que ya se levantó acta– se incorporaron otros tres nobles eruditos: Francisco Pizarro, José de Solís Gante y Sarmiento y Vincencio Squarzafigo. Tras obtener el beneplácito del rey Felipe V, mediante una Cédula Real dada en El Pardo el 3 de octubre de 1714, el monarca acogió esta nueva institución bajo su protección y desde entonces se denominó Real Academia Española (RAE).

Hoy en día, el Art. 1 del Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio, por el que se aprobaron los actuales Estatutos de la RAE, dispone que: La Academia es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor. Para alcanzar dichos fines, estudiará e impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulgará los escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios, que juzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua.

Cuando esta reglamentación entró en vigor, el 31 de julio de 1993, se derogaron los anteriores Estatutos de la RAE aprobados por el Real Decreto de 24 de agosto de 1859 y modificados por los Reales Decretos 1774/1977, de 10 de junio, y 1810/1980, de 4 de julio. Desde entonces, en dos ocasiones se modificaron diversos aspectos, por el Real Decreto 1857/1995, de 17 de noviembre; y el Real Decreto 1554/2005, de 23 de diciembre. Con anterioridad, hubo otros dos Estatutos: los primeros, de 24 de enero de 1715 fijaron el número de miembros en 24, reglamentaron las obligaciones de los académicos y las funciones de los cargos de director y de secretario, además de determinar cómo debían desarrollarse las reuniones de su Junta; y los segundos, de 13 de marzo de 1848, vinieron a modificar los anteriores (por ejemplo, el número de académicos se incrementó de 24 a 36).

Como el Art. 43 de sus Estatutos de 1993 prevé que: La Academia establecerá un Reglamento interno y el plan de sus tareas; el segundo instrumento básico de su régimen jurídico es el Reglamento de la Real Academia Española. Tal y como dispone su Art. 1: 1. La Real Academia Española, fundada en 1713, se rige por sus vigentes Estatutos y por el presente Reglamento. En su funcionamiento tendrá en cuenta especialmente las prácticas y costumbres asentadas en la institución a lo largo de su historia. 2. Los Estatutos y el Reglamento deberán ser interpretados del modo más favorable a su suficiencia y autonomía normativa, en cuanto no se opongan a la legislación general, utilizando, para suplir lagunas, la voluntad expresada por el Pleno de la corporación.

El actual Reglamento lo adoptó el pleno de la RAE el 27 de junio de 2014; derogando el anterior de 24 de febrero de 1994.

viernes, 3 de julio de 2020

El tratado por el que se compró Alaska

El 20 de junio de 1867 entró en vigor el Cession of Alaska Treaty; el acuerdo internacional firmado en Washington, el 30 de marzo de aquel mismo año, por William Seward, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América (siendo Andrew Johnson su presidente), y Edouard de Stoeckl, consejero privado del zar de Rusia, Alejandro II, por el que se pagaron 7.200.000 dólares en oro a Moscú (Art. VI) a cambio de transferir el dominio de aquel inmenso territorio –más de millón y medio de kilómetros cuadrados– que se hizo efectiva el viernes, 18 de octubre de 1867 (fecha que hoy en día aún se festeja como el Alaska Day), en la localidad alaskeña de Sitka. Recordemos que con el cambio de soberanía no se convirtió inmediatamente en un nuevo Estado de la Unión; tuvo que transcurrir casi un siglo hasta que el presidente Dwight D. Eisenhower (“Ike”) firmó la Alaska Statehood Act el 7 de julio de 1958 para que el 3 de enero de 1959 fuese admitida como su 49º Estado federal (Hawái es el nº 50).

Los seis artículos del Tratado por el que Rusia cedió Alaska a los EE.UU. estipularon los límites entre ambas naciones, remitiéndose a las cláusulas previstas por un acuerdo anterior, firmado por los gobiernos de Moscú y Londres el 28 de febrero de 1825; asimismo, se contempló que la nueva soberanía conllevaba la propiedad sobre todos los edificios, barracones y fortificaciones de titularidad pública y que sus escasos habitantes tendrían tres años para elegir si regresaban a Rusia o preferían continuar en Alaska con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano estadounidense (en el caso de las “tribus no civilizadas” [sic], el Art. III estableció que debían regirse por la misma normativa adoptada por Washington para la población aborigen del resto del país).

Tras la firma del Tratado de Cesión de Alaska, el Senado estadounidense ratificó el acuerdo el 9 de abril de 1867; el zar el 3 de mayo y el presidente Johnson el día 28 de aquel mismo mes. En su momento, la nueva adquisición fue recibida con ciertas críticas que tildaron de loco al Secretario de Estado –cargo análogo a un Ministro de Asuntos Exteriores– pero, a finales del siglo XIX, la fiebre del oro contribuyó al desarrollo alaskeño y a mejorar la consideración de aquella adquisición.

Emanuel Leutze | Firma del Tratado de Cesión de Alaska (ca. 1868)

Como curiosidad, la actual frontera rusoestadounidense del Estrecho de Bering transcurre por medio de las Islas Diómedes; de modo que la isla mayor es de Rusia y la menor de EE.UU. Ahí se encuentra también la zigzagueante línea internacional de cambio de fecha.

miércoles, 1 de julio de 2020

Las cinco Zonas Libres de Armas Nucleares (ZLAN)

Los Estados Parte del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, hecho en Londres, Moscú y Washington el 1 de julio de 1968, firmaron este acuerdo al considerar las devastaciones que una guerra nuclear infligiría a la humanidad entera y la consiguiente necesidad de hacer todo lo posible por evitar el peligro de semejante guerra y de adoptar medidas para salvaguardar la seguridad de los pueblos; estimar que la proliferación de las armas nucleares agravaría considerablemente el peligro de guerra nuclear; y declarar su intención de lograr lo antes posible la cesación de la carrera de armamentos nucleares y de emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear. España publicó su Instrumento de Adhesión el 13 de diciembre de 1987.

El Art. VII de este acuerdo internacional dispuso (…) el derecho de cualquier grupo de Estados a concertar tratados regionales a fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus respectivos territorios.

Entre las declaraciones, reservas y objeciones que manifestaron los Estados al firmar el tratado, Egipto ya se mostró partidario de poner todo su empeño en crear una zona libre de armas nucleares (ZLAN) tanto en Oriente Medio como en África porque su establecimiento contribuirá a que el Tratado de No Proliferación logre sus fines y objetivos. Su iniciativa ya se había plasmado en la Declaration on the Denuclearization of Africa, que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana (actual Unión Africana) adoptaron durante la cumbre que celebraron en El Cairo del 17 al 21 de Julio de 1964; y se concretó tres décadas más tarde en el denominado Tratado de Pelindaba –por el nombre de la localidad sudafricana donde el Gobierno de Pretoria realizó pruebas nucleares– o Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en África [African Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Treaty of Pelindaba)] firmado en la capital egipcia el 11 de abril de 1996.




México –al igual que Egipto– defendió el establecimiento de la ZLAN en América Latina y el Caribe que ya se había constituido mediante el Tratado de prohibición de armas nucleares en Latinoamérica (Tratado de Tlatelolco), abierto a la firma en Ciudad de México el 14 de febrero de 1967.

Desde entonces –además de África y América Latina y el Caribe– se han establecido en el mundo otras tres zonas libres de armas nucleares:
  • Tratado sobre la Zona Desnuclearizada del Pacífico Sur o Tratado de Rarotonga [South Pacific Nuclear Free Zone Treaty] firmado en esta isla del archipiélago de las de las islas Cook el 6 de agosto de 1985;
  • Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares de Asia Sudoriental o Tratado de Bangkok [Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone] que se adoptó en la capital tailandesa el 15 de diciembre de 1995; y
  • Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en Asia Central [Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (CANWFZ)] firmado en Semipalátinsk (una antigua instalación soviética de pruebas nucleares situada en la estepa kazaja) el 8 de septiembre de 2006.


Finalmente, junto a estas cinco zonas libres de armas nucleares, en el mundo existen otras áreas que se han desnuclearizado, dentro y fuera del planeta:

  • El Art. V.1 del Tratado Antártico, hecho en Washington el 1 de diciembre de 1959, establece que: Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha región quedan Prohibidas.
  • El Art. IV del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, hecho en Londres, Moscú y Washintong el 27 de enero de 1967: Los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma.
  • Todo el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y subsuelo, hecho en Londres, Moscú y Washington el 11 de febrero de 1971.
  • Y, por ultimo, un caso peculiar: la resolución A/RES/55/33S de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 2000 reconoció la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia.

Pinacografía: serie de cuadros pintados por Charles Bittinger sobre explosiones nucleares, en 1946.

lunes, 29 de junio de 2020

La Constitución Política de Yucatán de 1841

En la primera mitad del siglo XIX, el territorio que hoy en día ocupa la parte mexicana de la Península de Yucatán –que por entonces se extendía no solo por el actual Estado homónimo sino también por los vecinos de Campeche, distrito que se separó de aquel en 1858; y de Quintana Roo, formado en 1901, al finalizar la Guerra de Castas (los indígenas mayas se rebelaron contra las familias de mestizos y blancos)– llegó a ser una República independiente en diversos periodos. En 1823, tras afirmar su independencia de España, la Diputación yucateca decidió incorporarse al joven México bajo la premisa de que se integraba en un proyecto federal con el resto de la nación. Ese arraigado sentimiento federalista volvió a manifestarse en una declaración de sus autoridades que, el 29 de mayo de 1823 proclamaron que: Yucatán jura, reconoce y obedece al gobierno de México, siempre que sea liberal y representativo; pero con las condiciones que siguen: 1ª. Que la unión de Yucatán será la de una república federada, y no en otra forma, y por consiguiente tendrá derecho a formar su constitución particular y establecer las leyes que juzgue convenientes a su felicidad (…). En diciembre de ese mismo año, se unió a México como una de sus repúblicas federadas.

Como consecuencia práctica, un año después de que se aprobara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 4 de octubre de 1824, Yucatán redactó su propia ley fundamental, la primera Constitución Política del Estado Libre de Yucatán, sancionada por su Congreso Constituyente el 6 de abril de 1825, donde se definió su Estado como soberano, libre é independiente de cualquiera otro (Art. 2) y republicano, popular, representativo federal (Art. 13).

En 1829, un grupo de militares procentralistas se hizo con el poder en Ciudad de México causando un gran malestar en el gobierno de Mérida, su capital. Dos décadas más tarde, un nuevo levantamiento militar, encabezado por el capitán Santiago Imán, restableció el federalismo y, como consecuencia, la vigencia de la Constitución General de 1824 y de la local de 1825; pero Yucatán no se limitó a reformar su Carta Magna sino que redactó y aprobó un nuevo y ambicioso texto: Santiago Méndez. gobernador del estado libre y soberano de Yucatán. a todos sus habitantes. sabed: que el congreso del mismo estado ha decretado y sancionado, la siguiente constitución política. Nos. el pueblo de Yucatán. reconocidos a la bondad Divina por habernos permitido organizar un gobierno cual demandan nuestras particulares necesidades, usando del derecho que a todas las sociedades humanas ha concedido el soberano Legislador del Universo. hemos decretado la siguiente constitución. Así comenzaba el preámbulo de la ley fundamental yucateca que se dio en el Palacio del Gobierno del Estado, en Mérida, el 31 de marzo de 1841; siendo escrita, en su mayor parte, por el jurista liberal Manuel Crescencio Rejón (1799-1849) y promulgada el 16 de mayo de aquel mismo año.


La Constitución Política de Yucatán de 1841 destacó por ser una ley fundamental que –para mediados del siglo XIX– incorporó en su articulado algunas innovaciones que conviene destacar:
  • División de poderes: El poder público del estado se divide para su ejercicio. en legislativo. ejecutivo y judicial. y jamás podrán reunirse los tres. ni dos de ellos en una sola corporación o persona (Art. 10). El poder legislativo se deposita en dos Cámaras. una de diputados y otra de senadores (Art. 11);
  • Elección popular: La eIección de los diputados será popular directa. y para facilitarla se dividirán las parroquias en seccicnes que consten de mil a dos mil almas (Art. 13) e igual sistema para elegir a los senadores (Art. 20).
  • Jurado: Las leyes determinarán el modo y forma en que debe establecerse el juicio por jurados. ensayándose primero en el conocimiento de determinados delitos. y extendiéndole después a otros y aún a los asuntos civiles. según las drcunstancias lo permitan. Entre tanto. la calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a un jurado popular (Art. 69);
  • Fuero: No habrá más que un solo fuero para los asuntos comunes, civiles o criminales. y no se podrá usar de medios coactivos temporales, ni aplicar penas de este género por las autoridades eclesiásticas (Art. 73);
  • Libertades: junto a las garantías individuales (Arts. 7 a 9) –como los principios de vinculación de No poder ser obligado a hacer lo que no le manda la ley y de No podérsele impedir hacer lo que las leyes no le prohíban– proclamó que se pudiera imprimir y circular sus ideas sin necesidad de previa censura o adquirir bienes raíces. rusticos o urbanos. y dedicarse a cualquier ramo de industria; asimismo, previó la libertad de culto: A ninguno podrá molestarse por sus opiniones religiosas, y tanto los que vengan a establecerse en el país. como sus descendientes, tendrán garantido en él el ejercicio público y privado de sus respectivas religiones (Art. 79); y, sobre todo,
  • Amparo: Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantidos por el artículo anterior. a los que les pidan su protección contra cualesquier funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados (Art. 8); De los abusos de la corte en sus juicios de amparo contra las leyes o decretos del congreso del estado, sólo podrán conocer las cámaras en las sesiones ordinarias del año siguiente a aquel en que hubiese dado los fallos porque se le trate de enjuiciar; necesitándose que la condenen ambas por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, para poderla sentenciar a las penas indicadas, cuando el congreso que la juzgue hubiese sido el autor de las providencias legislativas contra las cuales hubiese fallado (Art. 38). Procedimiento que volvió a mencionar en el Art. 62.1º al definir las atribuciones de la corte suprema de justicia: Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarias al texto literal de la constitución, o contra las providencias del gobernador, cuando en ellas se hubiese infringido el código fundamental en los términos expresados, limitándose en ambos casos, a reparar el agravio en la parte en que la constitución hubiese sido violada.

Las discrepancias entre las corrientes federalista y centralista llegaron a las armas en 1842. En diciembre del año siguiente se firmó un acuerdo que reconocía la excepcionalidad del autogobierno yucateco pero los sucesivos cambios en el Gobierno Federal hicieron inviable su desarrollo; de modo que, el 1 de enero de 1846, la República de Yucatán volvió a proclamar su independencia. El estallido de la mencionada Guerra de Castas dejó solas a las autoridades de Mérida, sin ningún apoyo internacional –ni España ni los EE.UU. quisieron intervenir– y el 17 de agosto de 1848 se incorporó definitivamente a México, para lograr su ayuda, poniendo fin a la vigencia de la Constitución de 1841.
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