lunes, 10 de diciembre de 2018

Las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya

El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos resoluciones –A/RES/57/228/A y A/RES/57/228/B– tituladas, en ambos casos, Procesos contra el Khmer Rouge [en referencia al régimen de los jemeres rojos, liderados por Pol Pot]. En la primera de ellas, recordó las graves transgresiones del Derecho de Camboya y del Derecho Internacional que se cometieron durante el período de la Kampuchea Democrática, entre 1975 y 1979; y que, en junio de 1997, las propias autoridades camboyanas pidieron asistencia internacional para hacer frente a aquellas graves transgresiones. Asimismo, el órgano plenario de la ONU observó con beneplácito que el Gobierno de Nom Pen hubiese promulgado la “Ley sobre el establecimiento de las salas especiales en los tribunales de Camboya para el procesamiento de los crímenes cometidos en el período de la Kampuchea Democrática” [Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea] el 11 de julio de 2001; norma en la que se previó una función para las Naciones Unidas.

En la segunda de las resoluciones se incluyó como anexo el acuerdo entre ambas partes –la ONU y Camboya– para procesar a los más altos dirigentes de la Kampuchea Democrática y aquellos a quienes incumbiera la mayor responsabilidad por los crímenes y graves transgresiones del derecho penal de Camboya, el derecho internacional humanitario y las normas consuetudinarias en la materia, así como los instrumentos internacionales en que Camboya es parte, cometidos en el período comprendido entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979.

Durante ese periodo, según ACNUR, el régimen de los Jemeres Rojos asesinó a más de un millón y medio de camboyanos en el llamado genocidio camboyano o “auto genocidio”, al ser gran parte de las víctimas de la misma etnia que sus responsables. Eran personas consideradas “enemigos del Estado” por el partido del poder. Los muertos sumaron una cuarta parte de la población total del país en uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. En menos de cuatro años, se estima que más de 14.000 personas pasaron por la prisión de Tuol Sleng, donde fueron interrogadas y torturadas. Casi todas ellas, murieron ejecutadas en los campos de exterminio (*).


Al igual que sucedió con el Tribunal Especial para Sierra Leona (de 2002) o el Tribunal Especial para el Líbano (2007), en el caso de este país del Sudeste asiático no se creó un órgano judicial ad hoc –como sí que ocurrió, en cambio, con el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (1993) o el Tribunal Internacional para Ruanda (1994)– sino que se prefirió constituir un tribunal de carácter híbrido, integrado por magistrados nacionales e internacionales, pero enmarcado dentro del poder judicial del país; de este modo se establecieron las denominadas Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya [Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) | Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)] compuestas por: a) Una Sala de Primera Instancia con tres magistrados camboyanos y otros dos magistrados internacionales; y b) Una Sala de la Corte Suprema que ejercerá las funciones de sala de apelaciones y de sala de última instancia, con cuatro magistrados camboyanos y tres magistrados internacionales (Art. 3.2).


A continuación, el Art. 9 del acuerdo reguló la competencia ratione materiae; es decir, qué crímenes son competencia de estas Salas Especiales: el crimen de genocidio según se define en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948; los crímenes de lesa humanidad según se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998; y las transgresiones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y los demás crímenes de esa índole tipificados en el capítulo II de la Ley sobre el establecimiento de las Salas Especiales, promulgada el 10 de agosto de 2001. Para todos ellos, la pena máxima por los delitos que pueden juzgar estas Salas Especiales es la reclusión a perpetuidad (Art. 10) porque la pena de muerte está prohibida por el Art. 32 de la Constitución de Camboya, de 1993.


Asimismo, el Art. 11 dispone que El Gobierno Real de Camboya no pedirá la amnistía ni el perdón para ninguna persona contra la cual pueda hacerse una instrucción o dictarse sentencia condenatoria por los crímenes a que se hace referencia en el presente Acuerdo. Todo el procedimiento habrá de ser conforme a la legislación de Camboya. Cuando la legislación de Camboya no regule una materia específica o haya dudas sobre la interpretación o aplicación de una norma pertinente de la legislación de Camboya o sobre la compatibilidad de tal norma con la normativa internacional, podrá acudirse en busca de orientación a las normas procesales de carácter internacional (Art. 12).


Por último, el Art. 13 enumera los derechos de los acusados consagrados en los Arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que habrán de ser respetados a lo largo de todo el juicio. Tales derechos comprenderán en particular: el derecho a una audiencia justa y pública; el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; el derecho a ser asistido por un defensor de su elección; el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; el derecho a que se le nombre defensor de oficio si carece de medios suficientes para pagar a su defensor y el derecho a interrogar o a hacer interrogar a los testigos de cargo.
 
El primer caso que enjuicio la ECCC -el llamado "Case 001"- procesó a Kaing Guek Eav, alias Duch, antiguo director de la prisión de Tuol Sleng (S-21)  por crímenes contra la humanidad. El 26 de julio de 2010 fue condenado a una pena de 35 años de reclusión (*).

NB: los cuadros que ilustran esta entrada fueron pintados por el  artista camboyano Vann Nath (1946-2011) que sobrevivió a las torturas en S-21 y pudo retratar su experiencia en aquella cárcel de los jemeres rojos.

viernes, 7 de diciembre de 2018

El origen inglés del «impeachment»

En los últimos años del reinado de Eduardo III de Inglaterra (1312-1377), se hizo cada vez más patente la debilidad de la dinastía de los Plantagenet, agudizada –entre otras causas externas e internas– por la Guerra de los Cien Años con Francia; el mal resultado de los negocios textiles en Flandes por culpa de las remesas de lana castellana; la muerte del heredero al trono, Eduardo de Woodstock, el llamado Príncipe Negro; la acusación de extorsión contra William de Windsor, representante real en Irlanda, que fue reprendido públicamente por su conducta; los estragos de la peste, la senilidad del rey o los esfuerzos reformadores de las dos cámaras del Palacio de Westminster, de forma que empezó a hablarse del Buen Parlamento [Good Parliament] en detrimento de la impopular imagen de la Corona. En ese contexto, muchos ingleses empezaron a solicitar la tutela judicial de los Comunes y los Lores en lugar de acudir al monarca.
 
Hasta 1376 –con el «impeachment» que condenó a Lord William Latimer– no se puede hablar, en propiedad, de un verdadero juicio político instruido por la Cámara de los Comunes (House of Commons) y enjuiciado por la Cámara de los Lores (House of Lords) –de forma análoga a la actual distribución de funciones entre la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses, dignos herederos de la tradición judicial anglosajona– pero sí que hubo algunos precedentes de diversas peticiones de justicia formuladas ante la sede parlamentaria, en la White Chamber, aunque después no se conservó ningún registro sobre su tramitación posterior.
 
Como precedentes, los historiadores suelen citar al grupo de comerciantes encabezado por Thomas le Brewere que, en noviembre de 1346, denunció a John Wesenham porque su mala gestión de un negocio de exportación de lana les había ocasionado una considerable pérdida de dinero. Al no lograr que los hechos se investigaran, el asunto acabó con una pionera petición al Parlamento. Otra iniciativa similar se produjo ese mismo año por los prestamistas afectados por la bancarrota de la empresa de Walter Chiriton [1] y en 1368 contra sir John Lee [2], un alguacil real, por haber engañado a un caballero de Dorsetshire, que sí que fue, presumiblemente, condenado por la Cámara de los Lores [3]. Incluso los comunes terminaron acusando a los miembros del Consejo Real ante los Lores por apropiarse de bienes de la Iglesia en beneficio de la nobleza [4].
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el primer «impeachment» que se haya documentado fue el juicio político contra el noble Lord William Latimer, el comerciante Richard Lyons y otros miembros de la Corte, incluida la amante del soberano, Alice Perrers. El proceso tuvo lugar durante la peor etapa del reinado de Enrique III, cuando se mostraba senil, era más impopular y estaba acuciado por las deudas de combatir a Francia, porque necesitaba el hostil apoyo parlamentario para conseguir financiar la contienda al otro lado del Canal de la Mancha. Bajo la presidencia de Peter de la Mare, portavoz de los comunes, en abril de 1376 se inició la instrucción del proceso político contra todos aquellos acusados de aceptar sobornos, falsear préstamos y quedarse con la recaudación de impuestos. Al final, Latimer fue condenado, multado, encarcelado y obligado a renunciar a todos los cargos reales que desempeñaba pero, en octubre de ese mismo año, el monarca lo indultó.
 
En los siguientes años, el caso más célebre ocurrió en 1386 cuando se procesó al conde de Suffolk y Lord Canciller, sir Michael de la Pole, por malversación de fondos, convirtiéndos en el primer funcionario destituido por un juicio político. Según la profesora Volcansek, hasta 1450 se ha documentado, al menos, otra decena de «impeachments» [5].
 
Citas: [1] LLOYD, T.H. The English Wool Trade in the Middle Ages. Cambidge: Cambridge University Press, 1997, p.202. [2] PLUCKNETT, T.F.T. “The origin of impeachment”. En: Transcritions of the Royal Historical Society. Cambidge: Cambridge University Press, vol, 24 (1942), p. 48. [3] BERGER, R. Impeachment: The Constitutional Problems. Harvard: Harvard College, 1973-1974, p. 20. [4] HOFSTÄTTER, H. H. y PIXA, H. Historia Universal Comparada. Barcelona: Plaza & Janés, 1972, tomo V, p. 50. [5] VOLCANSEK, M. L. “British Antecedents for U.S. Impeachment Practise”. En: The Justice System Journal, vol, 14, nº 1, 1990, p. 43.

miércoles, 5 de diciembre de 2018

¿Qué es una «Cámara de Gesell»?

A la hora de redactar esta entrada, más de una docena de resoluciones judiciales españolas se refieren a esta sala de observación creada por el pediatra y psicólogo estadounidense Arnold Lucius Gesell (1880–1961) para tomar declaración a los menores que hayan sido víctimas o testigos de alguna conducta delictiva de modo que puedan prestar su testimonio en una habitación segura y adecuada para ese fin, evitándoles el riesgo de revictimización; por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 2631/2018, de 16 de julio [1], declaró probados los hechos de un delito continuado de abuso sexual a un menor de dieciséis años por parte de su hermanastro mayor.

(...) Negó el acusado la comisión de los abusos de que se le acusaba, pero en el acto del juicio oral pudo practicarse prueba de cargo suficiente para estimarlos acreditados, prueba que, como ocurre en la mayor parte de estos delitos, se centra fundamentalmente en la declaración de la víctima, en este caso, un niño de 8 años de edad. Esa declaración se practicó en el caso de autos mediante la reproducción de la que previamente había prestado en fase de instrucción mediante el sistema de Cámara Gesell a presencia judicial y de las partes personadas. Sobre la eficacia probatoria de esta verdadera prueba preconstituida basta dar por reproducidas las consideraciones que se exponen en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29-05-2017 (…), tanto acerca de la legislación nacional e internacional como acerca de la jurisprudencia igualmente nacional y europea. Asegurada la contradicción y el derecho de defensa del imputado, evitan una segunda victimización de quien ya se ha visto implicado contra su voluntad en un hecho especialmente traumático (un abuso o una agresión sexual) y que por su menor edad resulta especialmente vulnerable a tales hechos.

La mencionada resolución del Tribunal Supremo fue la sentencia 2223/2017, de 29 de mayo [2]. En otro delito continuado de abusos sexuales a una niña (…) se preconstituyó la declaración de la menor, utilizando para ello la técnica llamada Cámara de Gesell, esto es, sirviéndose de una habitación acondicionada para permitir la observación no invasiva de las personas que se ubican en su interior, mediante un vidrio de visión unilateral o sistemas de retransmisión. En su práctica, destaca que la declaración de la niña fuera seguida de manera directa, tanto por el Juez instructor y el Letrado de la Administración de Justicia, como por las partes, incluyendo en este caso al propio acusado, a su letrado y una perito psicólogo propuesta por la defensa (…), que asistió a la diligencia, sin entrar tampoco en contacto con la declarante. En la declaración se facilitó a las partes la posibilidad de que las preguntas que quisieran formular a la menor, se cursaran a través de la psicóloga del EATP [Equipo de Asesoramiento Técnico Penal] que dirigía el dialogo con ella; documentándose en soporte digital, mediante grabación en vídeo, el contenido de la declaración, que se reprodujo en el acto del plenario.


En este caso, el Alto Tribunal español tuvo que pronunciarse sobre la verosimilitud de su testimonio; es decir, si el empleo de esta Cámara de Gesell comprometía la declaración del menor, condicionada por elementos externos, o si la niña se expresó de forma espontánea y propia; concluyendo que el contenido del interrogatorio se mostró neutro y que no aparecieron razones que objetivamente debilitasen esa valoración.

En su fundamentación jurídica, el Tribunal Supremo se refirió a jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [(…) la incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona (…) los derechos reconocidos en los párrafos 3 d) y 1 del Art. 6 del Convenio, siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral, y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado. En particular, exige que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar los testimonios de cargo e interrogar a su autor bien cuando se prestan, bien con posterioridad (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski; 15 de junio de 1992, caso Lüdi; 23 de abril de 1997, caso Van Mecheleny otros)]; como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [(…) en la Sentencia de 16 de junio de 2005, en el Caso Pupino, entendió que " el órgano jurisdiccional nacional debe poder autorizar que niños de corta edad que aleguen haber sido víctima de malos tratos presten declaración según unas formas que garanticen a dichos niños un nivel adecuado de protección, por ejemplo, fuera de la audiencia pública y antes de la celebración de ésta"].

Para la psicóloga costarricense María Antonieta Campos Badilla (*), la Cámara de Gesell es un dispositivo de experimentación que consiste en dos habitaciones, con una pared divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño, que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, pero no al revés. Aquí es posible replicar ciertos fenómenos de la realidad, pero de forma controlada, para realizar experimentos que permitan comprender mejor la psique humana.

Jurisprudencia citada: [1] ECLI:ES:APV:2018:2631. [2] ECLI:ES:TS:2017:2223

lunes, 3 de diciembre de 2018

Las monedas virtuales, según el Derecho Comunitario

La Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales, afirmó que: (…) si bien aún no se ha establecido una definición de aplicación universal, pero que a veces se hace referencia a las monedas virtuales como efectivo digital, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) entiende las monedas virtuales como una representación digital de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos; que las monedas virtuales se basan fundamentalmente en la tecnología de registros distribuidos (TRD), la base tecnológica para más de 600 sistemas de moneda virtual que facilitan los intercambios entre homólogos, y que la más destacada de ellas es por ahora el bitcoin; que, si bien fue emitida por primera vez en 2009 y actualmente su cuota de mercado entre las monedas virtuales basadas en la TDR asciende a casi el 90 %, y el valor de mercado de los bitcoins en circulación es de unos 5 000 millones de euros, aún no ha alcanzado dimensiones sistémicas.
 
Apenas dos años más tarde, en febrero de 2018, el Banco Central Europeo (*) explicó las implicaciones de las monedas virtuales, en general, y del bitcoin, en particular: (…) en esencia, es una unidad de valor digital que puede ser intercambiada electrónicamente. No tiene existencia física. Su creación y seguimiento se hacen mediante una red de ordenadores utilizando complejas fórmulas matemáticas, y no a través de una única autoridad u organización. El bitcóin es un activo especulativo. Dicho de otro modo, es una apuesta para obtener un beneficio, pero con el riesgo de perder lo invertido. (…) El BCE no tiene competencia para prohibir ni para regular el bitcóin ni otras criptomonedas. No obstante, considerando la falta de protección del consumidor, es importante tomar precauciones.
 
Pero ese mismo año, la Unión Europea ya se dotó de una definición legal en el Art. 1 de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, en la que se definieron las monedas virtuales –también llamadas criptomonedas o criptodivisas (por ejemplo: bitcoin, ethereum, ripple, cardano, NEM, litecoin, stellar, IOTA, TRON, NEO, monero, populous, etc.)– como una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.
 
En la parte expositiva de esta norma europea, las autoridades de Bruselas pusieron especial énfasis en que no se confundan las monedas virtuales con el dinero electrónico, el concepto más amplio de «fondos», el valor monetario almacenado en instrumentos exentos o las monedas de juegos que solo pueden utilizarse en el contexto específico de los juegos. Asmimismo, adviertieron de que: el anonimato de las monedas virtuales permite su posible uso indebido con fines delictivos (…). De modo que, para combatir los riesgos relacionados con ese anonimato, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales [en el caso de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)] deben poder obtener informaciones que les permitan asociar las direcciones de las monedas virtuales a la identidad del propietario de la moneda virtual. Además, debe analizarse más a fondo la posibilidad de que los usuarios efectúen, con carácter voluntario, una autodeclaración a las autoridades designadas (§9).

viernes, 30 de noviembre de 2018

Las estadísticas de cumplimentación obligatoria

El Instituto Nacional de Estadística español (INE) selecciona unas 70.000 viviendas cada trimestre, de forma aleatoria, para realizar la Encuesta de Población Activa (EPA) con el fin de obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados) así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). Cada uno de los hogares que es seleccionado al azar, a través de la relación de viviendas de cada municipio que forman parte del Censo de Población, representa, por término medio, a unas 200 viviendas. Los elegidos para llevar a cabo esta investigación por muestreo reciben entonces una carta certificada donde se les informa de la próxima visita de un encuestador del INE, debidamente acreditado, que les formulará las preguntas incluidas en esta encuesta oficial y que ellos deberán responder obligatoriamente. Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿dónde se regula que existen estadísticas de cumplimentación obligatoria y cuáles son éstas?
 
La exposición de motivos de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública indica que: Se establece el principio, en íntima conexión con las reglas constitucionales sobre reserva de ley que resultan de los Arts. 18.1 y 4 y 53.1, de que las estadísticas en las que se exijan datos de modo obligatorio han de estar reguladas, al menos en sus aspectos esenciales, por ley. A continuación, el Art. 7 dispone que: Se establecerán por Ley las estadísticas para cuya elaboración se exijan datos con carácter obligatorio. Además, en la recogida de datos, Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (Art. 10); y Cuando los servicios estadísticos soliciten datos, deberán proporcionar a los interesados información suficiente sobre la naturaleza, características y finalidad de la estadística, advirtiéndoseles, además, de si es o no obligatoria la colaboración, de la protección que les dispensa el secreto estadístico, y de las sanciones en que, en su caso, puedan incurrir por no colaborar o por facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o fuera de plazo (Art. 11).
 
 
El desarrollo legal se adoptó trece meses más tarde. La disposición adicional cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 –titulada, precisamente: «Estadísticas de cumplimentación obligatoria»– dispuso que: De conformidad con lo establecido en el Art. 7.º de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, se consideran estadísticas de cumplimentación obligatoria las [veintiséis] siguientes:
  • a) Censos de población y viviendas.
  • b) Censos de edificios y locales.
  • c) Encuesta industrial.
  • d) Indice de produccción industrial.
  • e) Indice de precios industriales.
  • f) Encuesta de coyuntura de la industria.
  • g) Estadística de edificación y vivienda.
  • h) Indice de precios de consumo.
  • i) Encuesta de salarios en la industria y los servicios.
  • j) Encuestas de transporte urbano de viajeros.
  • k) Encuestas de transporte interurbano de viajeros.
  • l) Encuestas sobre movimiento de viajeros en establecimientos turísticos.
  • m) Encuesta de Armadores de buques de transporte.
  • n) Encuesta de transporte de mercancías por carretera.
  • ñ) Encuesta del coste de la mano de obra.
  • o) Encuesta del comercio interior.
  • p) Encuestas de servicios.
  • q) Estadísticas de morbilidad, mortalidad, epidemias y vacunación.
  • r) Estadísticas de establecimientos sanitarios.
  • s) Estadísticas de finaciación y gastos de la educación
  • t) Estadística de la enseñanza.
  • u) Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico.
  • v) Estadística de Bibliotecas.
  • w) Estadística de producción editorial.
  • x) Boletines estadísticos de partos, nacimientos, defunciones, matrimonios, nulidad, separación y divorcio; e
  • y) Las estadísticas que formen parte del Plan Estadístico Nacional y específicamente según el Art. 45.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, aquellas cuya realización resulte obligatoria para el Estado español por exigencia de la normativa de la Unión Europea. Asimismo, las estadísticas que pudieran realizarse al amparo del Art. 8.3 de la citada Ley.

Esta última letra «y» fue añadida por la disposición adicional segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social [«Ley de Acompañamiento» de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997].

¿Y qué ocurre si el encuestado se niega a colaborar y, por lo tanto, incumple las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública, en relación con las estadísticas para fines estatales? El título V de esta norma establece tres tipos de infracciones que se sancionan –de acuerdo con el Art. 51– con multas de 60,11 a 300,51 euros (las infracciones leves; como el envío de datos incompletos o inexactos); de 300,52 a 3.005,06 euros (las graves; como la no remisión o el retraso en el envío de los datos requeridos cuando se produjese grave perjuicio para el servicio); y de 3.005,07 a 30.050,61 euros (las muy graves; por ejemplo: la resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas falsas en el envío de los datos requeridos, cuando hubiere obligación de suministrarlos).

miércoles, 28 de noviembre de 2018

El perdón noruego por los niños de la guerra [«krigsbarn»]

Según consta en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, [caso Werner Hermann Thiermann y otros contra Noruega, de 8 de marzo de 2007 (nº 18712/03)], todos los solicitantes –más de un centenar de personas agrupadas en cuatro grandes demandas– nacieron durante la ocupación de Noruega por las tropas nazis, en plena II Guerra Mundial, hijos de madre noruega y padre alemán; y muchos de ellos formaron parte del denominado Programa «Lebensborn» [fuente de vida] creado por Heinrich Himmler en 1935, con el fin de cuidar a las madres e hijos que, desde un punto de vista genético, se considerasen valiosos; de modo que a las jóvenes «racialmente puras» se les ofrecía la posibilidad de dar a luz a su bebé en secreto y entregárselo a las Schutzstaffel [las SS] para que esta organización velara por su educación y adopción. Se calcula que, entre finales de 1940 y mayo de 1945, nacieron de este modo en Noruega unos 10.000 o 12.000 «niños de la guerra» (krigsbarn).


Al finalizar el conflicto armado, muchas de aquellas madres y sus hijos fueron marginados durante la postguerra no solo por sus compatriotas, que los miraban con recelo, sino por el propio gobierno noruego [por ejemplo, el 9 de julio de 1945, el Ministerio de Asuntos Sociales llegó a nombrar un Comité de Niños de la Guerra (krigsbarnutvlaget) para revisar si era conveniente deportarlos a Alemania aunque, finalmente, se descartó esta posibilidad].


Según los solicitantes, las autoridades de su país fueron responsables de haber contribuido, de manera tanto activa como pasiva, a que sufrieran discriminación, hostigamiento y ostracismo a lo largo de su vida en un entorno social que los maltrató de forma despectiva.

La primera vez que el Gobierno de Oslo les pidió disculpas fue con ocasión del discurso de Año Nuevo que pronunció el Primer Ministro, Kjell Magne Bondevik, el 1 de enero de 2000: (…) No podemos dejar pasar el cambio de siglo sin tomar en cuenta la injusticia sufrida por muchos niños de la guerra durante la posguerra. En nombre del Estado de Noruega me gustaría pedir disculpas por la discriminación y la injusticia a que fueron sometidos.

Aun así, los demandantes decidieron acudir a Estrasburgo para solicitar una indemnización del Estado, alegando que Noruega había violado los Arts. 3, 8 y 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que entró en vigor en Noruega el 3 de septiembre de 1953. Esta fecha es importante porque todas las demandas –que, según el TEDH se presentaron de manera especialmente sucinta, con escasos detalles sobre el momento y el lugar de sus experiencias traumáticas y, a menudo, sin información específica sobre las instituciones públicas en cuestión o la identidad de los perpetradores individuales del presunto abuso– se referían a decisiones políticas y disposiciones anteriores a aquel año; es decir, cuando el CEDH aún no estaba en vigor en este país escandinavo y nada indicaba que, a partir de entonces, Noruega hubiera llevado a cabo alguna acción contraria a la Convención que afectara a los derechos de los demandantes.

Asimismo, la Corte consideró que para denunciar las supuestas experiencias de acoso y abuso, los afectados no habían agotado los recursos internos previos antes de acudir a la jurisdicción internacional, por todo lo cual, su petición fue desestimada.


Once años más tarde, aunque el Tribunal Europeo había dado la razón a las autoridades noruegas, el Gobierno de Oslo volvió a pedirles perdón. Ocurrió el 17 de octubre de 2018, durante un acto para conmemorar el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando su Primera Ministra, Erna Solberg, les pidió disculpas [Offisiell unnskyldning til «tyskerjentene» (*)]:

(…) ¿Cómo tratamos al enemigo que habíamos derrotado? ¿Cómo tratamos a los que habían traicionado a su país? Y, ¿cómo tratamos a las mujeres que habían mantenido relaciones con soldados enemigos en nuestro país durante la ocupación? La paz que llegó el 8 de mayo de 1945 no fue disfrutada por todos. En el período que siguió a la liberación de Noruega, muchas niñas y mujeres noruegas a las que se acusó de haber mantenido relaciones con soldados alemanes fueron tratadas con desprecio (…). Al haberse entregado voluntariamente al enemigo, muchas personas sintieron que aquellas niñas y mujeres habían regalado algo que no era solo suyo; sino que también pertenecía a la nación. Por eso habían traicionado a su país. En un contexto bélico, las relaciones cercanas con el enemigo, como las que tenían estas mujeres y niñas, eran mal vistas (…). Los niños han soportado la carga de la forma en que fueron juzgadas sus madres. La vergüenza y el secreto han sido parte del precio que han tenido que pagar.

(…) Ahora hemos revisado de nuevo cómo cumplieron con sus obligaciones las autoridades noruegas bajo el Estado de Derecho. Nuestra conclusión es que las autoridades noruegas violaron el principio fundamental de que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público.

En agosto de 1945, las autoridades modificaron la Ley de ciudadanía para permitir deportar a las mujeres que se habían casado con alemanes después del 9 de abril de 1940. Violando la Constitución, esta enmienda tuvo efecto retroactivo. Cuando se consideran a la luz de los principios fundamentales del Estado de Derecho, el tratamiento que recibieron estas mujeres es claramente inaceptable. Sobre esta base, hoy me gustaría pedir disculpas, en nombre del Gobierno, por la forma en que las autoridades noruegas trataron a las niñas y mujeres que tuvieron relaciones con soldados alemanes durante la II Guerra Mundial. Esta disculpa ha tardado mucho en llegar.

PD: otros dos ejemplos de justicia del perdón los encontramos en Australia y Canadá.

lunes, 26 de noviembre de 2018

Organizaciones internacionales (XIV): la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Al finalizar la II Guerra Mundial, los gobiernos europeos fueron asumiendo que ni las políticas migratorias nacionales ni los acuerdos bilaterales servían para resolver el problema de los miles de desplazados que había ocasionado aquel conflicto no solo en el Viejo Continente sino en todo el planeta. Para hacer frente a esa situación, Bélgica y EE.UU. convocaron una Conferencia Internacional sobre Migraciones, en Bruselas, el 5 de diciembre de 1951, que dio lugar al establecimiento de un primer Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa. Ese CIPMME se refundó, el mismo año, en el nuevo Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) regulado por una Constitución de 19 de octubre de 1953 que entró en vigor el 30 de noviembre de 1954 y que, muy enmendada, continúa siendo la ley fundamental de la actual OIM.
 
El objetivo esencial del CIME consistía en reubicar a los refugiados en lugares donde pudieran instalarse de forma definitiva y proporcionar a determinados países del mundo, como los de Sudamérica, una inmigración selectiva que contribuyera a su desarrollo socioeconómico. Aquel Comité Intergubernamental continúo sus actividades hasta 1980 en que se rebautizó como Comité Intergubernamental para las Migraciones –enmendando su Carta Magna el 20 de mayo de 1987– hasta que, en 1989, el CIM se reconvirtió en la actual Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El 24 de noviembre de 1998 se aprobaron nuevas enmiendas a la Constitución de 1953 y su vigente redacción entró en vigor en 2013.
 
Como reconoce la propia OIM, los cambios sucesivos de nombre (…) reflejan la transición de la Organización que a lo largo de medio siglo ha pasado de ser un organismo de logística a una Organización que se ocupa de todo lo referente a la migración (*). En todo ese proceso, su sede ha permanecido en Ginebra (Suiza).
 
 
En 1992, la A/RES/47/4 de la Asamblea General de la ONU, de 16 de octubre, invitó a la OIM a participar en calidad de observador en los períodos de sesiones y en los trabajos del órgano plenario de Naciones Unidas; cuatro años más tarde, el 25 de junio de 1996, ambas organizaciones establecieron un primer acuerdo de colaboración; y, finalmente, el 19 de septiembre de 2016 suscribieron el acuerdo de relación entre la Organización Internacional para las Migraciones y las Naciones Unidas, donde se le reconoció (Art. 2) su función de liderazgo a escala mundial en el ámbito de la migración como principal organización mundial en el ámbito de la migración. Aun así, no nos encontramos ante uno de los quince organismos especializados de la ONU ni tampoco forma parte del llamado sistema de las Naciones Unidas que reúne a sus órganos, agencias, programas, fondos y oficinas.
 
La Constitución de la OIM establece cuáles son sus cinco funciones en su Art. 1: a) Concertar todos los arreglos adecuados para asegurar el traslado organizado de los migrantes; b) Ocuparse de su traslado organizado; c) Prestar diversos servicios que faciliten su acogida e integración; d) Prestar servicios similares para la migración de retorno voluntaria, incluida la repatriación voluntaria; y e) Convertirse en un n foro para el intercambio de opiniones y experiencias y el fomento de la cooperación y de la coordinación de las actividades relativas a cuestiones de migraciones internacionales.
 
Para cumplir con esas tareas, el organigrama de la OIM se estructura en el Consejo (compuesto por todos sus Estados miembros) y la Administración (que comprende un Director General, un Director General Adjunto y el personal que el Consejo determine).
 
 
A la hora de redactar esta entrada, la Organización Internacional para las Migraciones está integrada por 172 Estados miembros y 8 observadores (Arabia Saudí, Baréin, Bután, Catar, Indonesia, Kuwait, Rusia y San Marino).
 
Por lo que respecta a España, nuestra vinculación con la OIM y sus organizaciones precedentes ha sufrido diversos altibajos: formó parte de pleno derecho del antiguo CIME entre 1958 y 1979, pasando desde entonces a ser miembro observador durante casi 30 años sin dejar de cooperar [con] la OIM hasta su reingreso como miembro de pleno derecho en 2006 [el 8 de junio] y la consolidación de relaciones a raíz del Acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2009, que establece el marco en el que se desarrolla la colaboración entre España y la Organización (*).
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