lunes, 16 de julio de 2018

El Tribunal Marítimo Central

El Decreto de Unificación de Fueros [de 1868] aumentó notablemente las competencias de la jurisdicción ordinaria, en detrimento de las jurisdicciones especiales, de las que solo quedaron la eclesiástica y la militar, ambas muy reducidas; pero, como recuerda el vicealmirante Pérez Ramírez [1], a pesar de la reducción de competencias de la jurisdicción de Marina en temas de derecho penal y civil, el Decreto en su Artículo 4º mantenía en dicha jurisdicción las de conocer «De las causas por delitos de cualquier clase cometidos a bordo de las embarcaciones mercantes, así nacionales como extranjeras, de las de presas, represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arribadas» [Art. 4.12º]. Al que habría que añadir que, de acuerdo con su 14º apartado, esta jurisdicción también era competente: De las infracciones de las reglas de policía de las naves, puertos, playas y zonas marítimas, de las Ordenanzas de Marina y reglamentos de pesca en las aguas saladas del mar.

Un siglo más tarde, la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, reguló los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos; avalando la atribución de estas materias a la Jurisdicción de Marina, por razones de índole práctica, ya que permite disponer de órganos especializados en la técnica náutica, indispensable para apreciar las circunstancias de hecho que concurren en cada caso y al mismo tiempo de un procedimiento rápido y gratuito que facilite a la modesta gente de mar, que preste la asistencia, el resarcimiento de los gastos realizados y el cobro de los premios, sin necesidad de acudir a litigios largos y costosos para el reconocimiento de sus derechos, estimulándose así los salvamentos en beneficio de la economía nacional. El Título II de esta norma preconstitucional aún continúa en vigor, como norma reglamentaria, de acuerdo con la disposición derogatoria de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Dentro del mencionado Título II, su Art. 31 creó uno de los órganos administrativos permanentes más desconocidos de España: el Tribunal Marítimo Central (TMC), dependiente del Ministerio de Marina –hoy en día, del Cuartel General de la Armada [Art. 1.g) de la Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio], del Ministerio de Defensa– y radicado en Madrid; constituido por un Presidente [Almirante, designado por Decreto, a propuesta del Ministro de Marina], cuatro Vocales [un Capitán de Navío, dos Coroneles Auditores de la Armada y un funcionario de la Subsecretaría de la Marina Mercante nombrado por el Ministro de Marina] y un Secretario Relator [un Teniente Coronel Auditor de la Armada]; y cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

A pesar de su denominación, este tribunal no forma parte del poder judicial –como también sucede con los Tribunales de Cuentas, el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, los Tribunales Económico-Administrativos o los Tribunales de Arbitraje [2]– ni tampoco de la jurisdicción militar aunque este órgano colegiado esté integrado por miembros del ámbito castrense.

El TMC comenzó a funcionar en 1963, resolvió su primer expediente administrativo el 18 de febrero de 1964 y, tres años más tarde, el Gobierno aprobó su desarrollo reglamentario mediante el Decreto 984/1967, de 20 de abril. Hoy en día, como recuerda una invariada jurisprudencia, sus componentes además de altamente especializados son ajenos a los intereses de las partes y destacan por la preparación técnica y especialización de sus miembros [sentencia 12514/2017, de 23 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ECLI:ES:TSJM:2017:12514)].

Citas: [1] PÉREZ RAMÍREZ, E. Tribunal Marítimo Central. 1963-2017. Madrid: Ministerio de Defensa, 2017, p. 54. [2] PÉREZ VAQUERO, C. Con el derecho en los talones. Valladolid: Lex Nova, 2010, pp. 221 y 222. [3] PÉREZ RAMÍREZ, E. Ob. cit., p. 90.

viernes, 13 de julio de 2018

Desastres naturales: ¿en qué se diferencia la asistencia humanitaria principal de la secundaria?

Al mismo tiempo que el mundo comenzó a demostrar cierta preocupación legal por las cuestiones medioambientales –en los años 70 del siglo XX– la agenda de Naciones Unidas también incorporó el debate sobre los desastres naturales y las situaciones de emergencia por las pérdidas cuantiosas de vidas y bienes que acarrean; sin olvidar, los sufrimientos que ocasionan y sus graves consecuencias económicas y sociales. Al fin y al cabo –como recuerda el preámbulo de la A/RES/2816 (XXVI), de 14 de diciembre de 1971las calamidades plantean nuevos problemas a la cooperación internacional y, por ese motivo, la ONU se mostró preocupada por la capacidad de la comunidad internacional para acudir en ayuda de los países afectados por un desastre; sin embargo, esta no fue la primera resolución que se aprobó en el marco de las Naciones Unidas sobre este tema.

En la década anterior, el órgano plenario de la ONU había adoptado la pionera A/RES/2034 (XX), de 7 de diciembre de 1965, sobre Asistencia en Casos de Desastres Naturales; gracias a ella, la Asamblea desarrolló la petición formulada por el Consejo Económico y Social [resolución 1049 (XXXVII), de 15 de agosto de 1964] en la que pidió que se estudiara la magnitud aproximada de recursos que se podían necesitar a la hora de prestar dicha asistencia y, llegado el caso, qué modalidades de ayuda podía brindar la organización.

Desde entonces, diversas resoluciones de la Asamblea General –sirva como referencia, por ejemplo, la A/RES/62/94, de 17 de diciembre de 2007, sobre Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas– han reafirmado cuáles son los principios que deben guiar la prestación de esta asistencia humanitaria: neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia [unos principios rectores que se desarrollaron, junto a la prevención y preparación, las capacidades contingentes y la transición del socorro a la rehabilitación y desarrollo en el anexo de la A/RES/46/182, de 19 de diciembre de 1991]. Todo ello, sin olvidar su carácter fundamentalmente civil y que el personal que acuda a asistir a la víctimas –ya sea de las Naciones Unidas o de las ONG– ha de actuar conforme a esos principios y a las obligaciones que les incumben con arreglo a las disposiciones pertinentes del derecho internacional y las leyes nacionales, siendo sensibles a las costumbres y tradiciones locales de los países en los que estén destinados.

En la mencionada resolución de 1991, Naciones Unidas reconoció que la asistencia humanitaria reviste una importancia fundamental para las víctimas de los desastres naturales y otras emergencias pero, aun así, ésta deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado y, en principio, sobre la base de una petición del país afectado (respetándose plenamente la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas).


Partiendo de esta base, el anexo de la A/RES/46/182 dispone que Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su territorio. Por lo tanto, corresponde al Estado afectado el papel principal en la iniciación, organización, coordinación y prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio.

De forma subsidiaria a esa asistencia humanitaria principal existe otra, secundaria, basada en la cooperación internacional y prestada por terceras naciones, organizaciones intergubernamentales y ONG, que actúan con fines estrictamente humanitarios, para fortalecer la capacidad de reacción del país afectado y complementar su esfuerzo. En esta resolución, la ONU exhorta a los Estados cuyas poblaciones necesiten asistencia humanitaria a que faciliten su prestación (especialmente, el suministro de alimentos, medicamentos, techo y atención médica).


Dejar sin esa asistencia a las víctimas de un desastre natural representaría una amenaza a la vida humana y un atentado contra la dignidad humana [A/RES/43/131, de 8 de diciembre de 1988].

Cuadros: Liu Xiaodong | Serie sobre desastres naturales (s. XXI).

miércoles, 11 de julio de 2018

¿La jurisprudencia es inamovible o puede cambiar de criterio?

Según el Diccionario del Español Jurídico (DEJ), la jurisprudencia es la doctrina establecida de forma reiterada por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, al interpretar la Constitución y las leyes. Suele entenderse que la misma doctrina tiene que haberse establecido en dos o más ocasiones para constituir jurisprudencia. En el siglo XIX, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (*) reconoció por primera vez su valor como fuente secundaria de derecho (Art. 1012: el recurso de casación puede fundarse en que la sentencia sea contra Ley ó contra doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales) y, unos años más tarde, el aún vigente Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publicó el Código Civil, dispuso que: La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho [que son las fuentes del ordenamiento jurídico español (Arts. 1.1 y 1.6 CC)]. Sentada esa base decimonónica, cabe preguntarse si, hoy en día, ¿se puede cambiar de criterio y rectificar una dirección jurisprudencial anterior o, por el contrario, ya sentada resulta inamovible, constante y monolítica?

La respuesta afirmativa la encontramos, por ejemplo, en el undécimo fundamento de derecho de la sentencia 5227/2008, de 10 de octubre [ECLI:ES:TS:2008:5227] donde la sala de lo civil del Tribunal Supremo rectificó su propio criterio sobre la inexigibilidad de la cantidad prestada para jugar y perdida por el jugador en un casino; al afirmar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el Art. 1.6 del Código Civil autoriza el cambio de criterio o modificación de la jurisprudencia siempre que obedezca a una nueva interpretación de la ley no arbitraria, razonable y razonada, para así garantizar la evolución y adaptación de la jurisprudencia a la realidad social y, con ellas, su función complementaria del ordenamiento jurídico (SSTS 22-7-94, 30-11-92 y 3-1-90 y SSTC 29/98, 269/93, 202/91, 144/88, 120/87, 125/86 y 199/87 entre otras, esta última indicando que el Tribunal Constitucional tampoco está vinculado a su doctrina anterior).

Otra sentencia del Tribunal Constitucional –la STC 179/2015, de 7 de septiembre– nos recuerda el criterio establecido al respecto por Estrasburgo: (…) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que las exigencias de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima de los litigantes no generan un derecho adquirido a una determinada jurisprudencia, por más que hubiera sido constante (STEDH de 18 de diciembre de 2008, caso Unédic contra Francia, § 74), pues la evolución de la jurisprudencia no es en sí contraria a la correcta administración de justicia, ya que lo contrario impediría cualquier cambio o mejora en la interpretación de las leyes (STEDH de 14 de enero de 2010, caso Atanasovski contra la ex República Yugoslava de Macedonia, § 38).

lunes, 9 de julio de 2018

La regulación del himno de Europa

Retomando la propuesta que realizó el conde Richard Coudenhove-Kalergi el 3 de agosto de 1955, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó la brevísima Resolución 492 (1971), de 8 de julio de 1971, sobre el European anthem [himno europeo] con el objetivo de continuar estableciendo los símbolos del Viejo Continente, tras la aprobación, por el Comité de Ministros, del diseño de la bandera europea, el 25 de octubre de 1955, y del Día de Europa, el 5 de mayo de 1964; siguiendo así el patrón establecido por los símbolos de nuestros Estados nacionales. Los miembros de la Asamblea decidieron que, a la hora de elegir esa composición, era preferible seleccionar un trabajo musical que representara el genio europeo y cuyo uso ya se hubiera convertido en una tradición en determinadas celebraciones europeas; por ese motivo, decidió proponer como himno el Preludio de la Oda a la Alegría, cuarto y último movimiento de la Novena Sinfonía, “Coral”, de Ludwig van Beethoven que el músico alemán estrenó en Viena en 1824, basándose en el poema escrito por su compatriota Friedrich von Schiller en 1785 para expresar sin palabras la fraternidad entre los seres humanos. Al año siguiente, el Comité de Ministros aprobó la Decisión CM (71) 187, de 12 de enero de 1972, que adoptó definitivamente aquella oda como himno europeo. Por último, en 1986, el Consejo de Europa autorizó a la Unión Europea para que ambas organizaciones emplearan el mismo himno tomado del «Himno a la Alegría» de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven y bandera (un círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul) como símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ésta, según la declaración § 52 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007.

viernes, 6 de julio de 2018

Tynwald: el parlamento en activo más antiguo del mundo

Ya tuvimos ocasion de comentar que, a partir del año 930, los noruegos que buscaron refugio en Islandia comenzaron a reunirse en la Roca de la Ley [Lögberg] donde un portavoz se sentaba para recitar, en voz alta, las leyes que estaban en vigor. En aquel lugar donde se trataban «todas las cosas» –de ahí su denominación: Althingi (en inglés: Althing, de All-Thing)– se redactaban las normas, se impartía justicia y se nombraba a sus dirigentes. Aquel lugar fue el origen histórico del actual parlamento islandés, una de las primeras instituciones legislativas de Europa que aún mantiene intactas sus funciones pero no es la más antigua de todas; ese honor le corresponde a su homólogo Tynwald: el singular parlamento tricameral de la Isla de Man (una de las Dependencias de la Corona británica); cuyo origen se remonta también a los asentamientos nórdicos del siglo VIII, de modo que –como recuerda esta asamblea– ningún otro parlamento en el mundo tiene un récord tan largo e ininterrumpido.

Junto a las sesiones ordinarias que se celebran en su sede de Douglas, la capital insular, desde hace más de mil años, los diputados maneses conservan la tradición de reunirse al aire libre, cada 5 de julio, en la colina de Tynwald [Tynwald Hill], a las afueras de la aldea de St. Johns, en el interior de la isla, para leer las leyes como señalamos en el caso isalndés. Hasta 1417, el procedimiento legislativo se basaba solo en la oralidad; pero, entonces, se adoptó al primera norma escrita, la Customary Laws Act.

Tynwald Day | 5 de julio

Otra peculiaridad de Man radica en su composición: si lo habitual es que los parlamentos adopten una estructura unicameral –la mayoría– o bicameral –como sucede en España–, el Tynwald está integrado por tres cámaras para elaborar las leyes, aprobar el presupuesto, debatir cuestiones importantes y controlar el Gobierno de la Isla de Man:
  1. La House of Keys, compuesta por 24 miembros o MHKs –dos por cada una de las demarcaciones o constituencies– elegidos directamente por los ciudadanos maneses, cada cinco años (uno de ellos ejercerá su presidencia como “speaker” o portavoz). Desde el siglo IX, los representantes del pueblo se denominan “Keys”;
  2. El Legislative Council (consejo legislativo que revisa las leyes aprobadas en la HK, está formado por once miembros o MLCs: el mencionado “speaker”, ocho diputados de la House of Keys, el Obispo de la Diócesis de Sodor (nombre que recibían las Islas Hébridas) y Man y un representante de la Corona británica, el Attorney-General, éste con voz pero sin voto); y
  3. La Tynwald Court (la suma de todos los anteriores) es la Cámara donde se firman las leyes, una vez que finalicen su tramitación en las otras dos asambleas, sancionando los proyectos de ley (Bill) en leyes (Act).
Por último, en 1881, este pequeño Parlamento tricameral vivió otro momento histórico: gracias a la aprobación de la House of Keys Election Act 1881 fue el primero del mundo que permitió el sufragio femenino en unas elecciones generales, siempre que las mujeres fueran residentes en la isla, mayores de 21 años y solteras o viudas (*).

miércoles, 4 de julio de 2018

La justicia sobrenatural de los fetiches de clavos [nkondi]

En el animismo [Creencia en la existencia de espíritus que animan todas las cosas (RAE)], uno de los objetos asociados a la magia y la protección son los denominados "nkisi nkondi" ("nkisi" espíritus de la tierra –en plural, minkisi– y "nkondi" cazador); figuras que se relacionan con el universo del poder sobrenatural. Para el Tesauro del Patrimonio Cultural de España (*), se trata de un fetiche de madera, con clavos incrustados y láminas de hierro, propio de los cultos congoleños (…), cuya función principal es la de proteger a la comunidad contra los embrujos y la de alcanzar acuerdos. Situados en la desembocadura del río Zaire, los kongo creen en un mundo invisible poblado de espíritus, los "nkisi", con poderes sobrenaturales. Las estatuillas pueden llevar en el cuello un collar de fibra vegetal y pigmentos. Contienen una carga mágica, disimulada a nivel del ombligo (receptáculo abdominal), bajo un trozo de espejo o de concha. Esta carga, más importante que la escultura en sí, está compuesta de arcilla blanca –asociada al mundo de los muertos–, hojas, sangre, cabellos, así como por diversos materiales naturales consagrados por el sacerdote, el "nganga". Éste, en tanto que mediador, [y experto en rituales] asegura su eficacia por medio de danzas, cantos y diversos objetos rituales, tales como silbatos y campanillas.
 
En Europa se dieron a conocer por la literatura de viajes en el siglo XVII y, especialmente, en el siglo XIX, a raíz de la brutal explotación del Congo llevada a cabo por orden del rey Leopoldo de Bélgica. En una exposición que se organizó en Bruselas –como recuerda el escritor neoyorquino Adam Hochschild [1]– se presentó (…) un tipo notable de escultura procedente del curso inferior del río Congo: estatuas de 90 centímetros de altura con el pecho y el cuello tachonados de cientos de clavos, puntas y cuchillas minúsculas como hojas de afeitar. Las estatuas parecen enanos hirsutos y torturados. (…) Cada clavo y cada cuchilla representan un juramento o una demanda de desquite contra una injusticia.
 
Para la especialista en arte africano Kathleen Bickford Berzock [2], el realismo bellamente retratado del rostro de esta figura –una boca expresiva, labios suavemente perfilados y ojos cubiertos de vidrio con pupilas pintadas– trasciende la violencia implícita en los clavos y las cuchillas que se clavan en su cuerpo y la cadena y el cordel que lo envuelve. La figura estaba hecha para contener una fuerza de otro mundo de la tierra de los muertos y para aprovecharla para el bien de la humanidad. Tales (…) "objetos de poder" (...) se especializaron en la caza y castigo sobrenatural de los malhechores (…). Los clavos y las cuchillas que se introducen en su abdomen, hombros y brazos representan los muchos problemas que se han tratado a través de los auspicios de la figura.
 
El poder que residía en esta escultura se invocaba cada vez que su dueño se consideraba afectado por una mentira, era acusado de haber cometido algún delito o sufría una agresión; entonces, clavaba un objeto puntiagudo en el fetiche para que los espíritus del más allá le protegieran, como víctima inocente, y provocaran una reacción violenta contra el malhechor, de modo que se hiciera justicia, resolviendo el enfrentamiento mediante la destrucción de su enemigo por medios místicos.
 
Este ritual también se empleaba para amedrentar a los sujetos de cualquier litigio: desde una pareja que quisiera divorciarse hasta la firma de un pacto militar entre dos tribus para que ambas partes no se agredieran.
 
 
 
Citas: [1] HOCHSCHILD, A. El fantasma del rey Leopoldo. Barcelona: Península, 2002, p. 434. [2] Bickford Berzock, K. “Power Figure (Nkisi Nkondi)”, en: Art Institute of Chicago Museum Studies, 2003, vol. 29, nº 2, p. 14.

lunes, 2 de julio de 2018

El atentado de Ibrahim Algerbí contra los Reyes Católicos

En otros in albis hemos tenido ocasión de comentar los cinco magnicidios de la España contemporánea (contra los presidentes Juan Prim, Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y Luis Carrero Blanco); así como otros atentados frustrados que sufrieron Fernando VII e Isabel II –al que, en 1847, se calificó como un hecho que desde los principios de la Edad Media no ha tenido lugar en España, porque ningún español desde aquella época turbulenta ha asestado sus tiros contra la sagrada persona del monarca; dato que resulta en parte erróneo porque, aunque no fuera con un arma de fuego, Juan de Cañamares intentó matar a Fernando II de Aragón y V de Castilla, el Católico, con una espada, en el Palacio Real de Barcelona, el 7 de diciembre de 1492–, así como Amadeo I, Alfonso XII, Alfonso XIII y el general Franco. Con esos precedentes, sólo quedaba pendiente referirse al atentado de Ibrahim Algerbí o El Guerbí contra los Reyes Católicos: Altos reyes poderosos de Castilla y de León, contra moros venturosos y en la santa guerra ansiosos, también Reyes de Aragón [en palabras del Cancionero del poeta aragonés Pedro de Marcuello, de 1502 (*)].

De acuerdo con la opinión que expuso José Enrique López de Coca Castañer –catedrático de Historia medieval de la Universidad de Málaga– en la lección inaugural que pronunció el curso 2008-2009, los hechos ocurrieron el 20 de junio de 1487 durante el sitio de Málaga, dos meses antes de que la ciudad –que, en aquel momento, formaba parte del Reino Nazarí de Granada– se rindiera definitivamente a las tropas cristianas.

Un hombre solicitó revelar a los soberanos cierta información confidencial sobre la asediada ciudad malagueña pero los soberanos no pudieron recibirlo y la guardia lo trasladó a la tienda de Dª Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, que en esos momentos departía amigablemente con don Álvaro de Portugal. El moro dedujo que se trataba del rey y de la reina. Sin pensarlo dos veces empuñó un arma blanca que inexplicablemente llevaba y arremetió contra don Álvaro, haciéndole una herida profunda en la cabeza. Acto seguido se volvió contra Dª Beatriz y le propinó una estocada sin herirla, pues el filo del arma resbaló sobre el pesado recamado de sus vestidos. Pero antes de que pudiera repetir el golpe, el magnicida fue acuchillado y muerto por algunos soldados [los que lo “hicieron pedazos” fueron Martín de Leceña, Luis Amar de León y Tristán de Ribera] que acudieron al oír los gritos de la marquesa. Sus restos mortales fueron lanzados sobre la ciudad mediante una catapulta [un trabuco o máquina de guerra que se usaba antes de la invención de la pólvora, para batir las murallas, torres, etc., disparando contra ellas piedras muy gruesas]. Los sitiados respondieron matando a un cautivo cristiano y echando su cuerpo fuera, atado a la grupa de un asno.

Con una amplia base documental, López de Coca considera que el comportamiento de Ibrahim Algerbí –un “santón” que, al parecer, procedía de la isla tunecina de Yerba aunque vivía de ermitaño en la ciudad granadina de Guadix– respondía al modus operandi de la secta ismailí que sembró el terror entre los gobernantes musulmanes y cristianos del Próximo Oriente en la época de las Cruzadas. En el ismailismo el crimen tenía un carácter ritual, casi sacramental. Los ejecutores usaban armas blancas, preferentemente dagas, en vez de veneno o proyectiles. Tenían que acercarse a sus objetivos y eran atrapados casi siempre porque no intentaban escapar. Antes de cometer sus crímenes se ganaban la confianza de las víctimas.

Sillería baja del coro de la catedral de Toledo con la escena del atentado.
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