miércoles, 21 de febrero de 2024

El «Derecho de Magdeburgo»

El Magdeburger Recht o Ius municipale Magdeburgense -en alemán y latín, respectivamente- fue un cuerpo legal que positivizó el derecho consuetudinario de ámbito municipal que se había desarrollado en esta ciudad alemana (hoy en día, Magdeburgo es la capital del estado de Sajonia-Anhalt) y que alcanzó su mayor notoriedad en el siglo XIII, sirviendo de base común -junto a las normas de Lübeck- a la legislación que rigió en la Alta Edad Media en la mayor parte de la Alemania septentrional [1] y en otras ciudades cercanas de Europa del Este: Bohemia (actual Chequia), Polonia. Hungría, Rumanía o Lituania [2]; por ejemplo, el 22 de marzo de 1387 se concedió a Vilna el privilegio de regularse de acuerdo con las leyes magdeburguesas, y -desde la capital lituana- su influencia se extendió a otras localidades de Ucrania (Leópolis y Kiev) y Bielorrusia (Minsk), donde su aplicación perduró hasta el siglo XIX, creando una verdadera “familia” de más de un millar de municipios que llegaron a recibir las normas de la ciudad matriz.

Mientras el primer libro de derecho alemán -el «Espejo Sajón» [Sachsenspiegel]- se centraba en dos grandes bloques temáticos [Landrecht o Derecho general de Sajonia y Lehnrecht o Derecho feudal] sin incluir referencias ni al derecho de las ciudades ni al ámbito mercantil. el «Derecho de Magdeburgo» compiló, precisamente, aquellas lagunas para brindar una mayor seguridad jurídica en el ámbito municipal y defender la autonomía del gobierno local y su estabilidad frente a los deseos de los poderes feudal y eclesiástico.

Aquella pequeña ciudad sajona situada a orillas del río Elba empezó a mencionarse en las crónicas medievales a comienzos del siglo IX y, desde entonces, siempre conservó una posición fronteriza que favoreció los intercambios comerciales de los pueblos alemanes con los eslavos; unas relaciones que le permitieron afianzarse como centro de poder, tanto canónico como secular, en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico [3]. En 1188, el arzobispo Wichmann concedió un privilegio especial a la ciudad que le otorgó diversas mejoras basadas en la simplificación de los procedimientos judiciales que libraron a sus habitantes de su rigor formal y asumió que los burgueses disfrutaban de un orden jurídico específico dentro de los límites urbanos que difería significativamente del derecho empleado en su entorno [4]; reconociéndose el ejercicio del libre comercio y, por ende, el derecho a adquirir la propiedad y transmitirla inter vivos o mortis causa al tiempo que se garantizaba su integridad personal.


Con el cambio de siglo, en 1294, el Arzobispado acabó reconociéndoles derechos municipales soberanos, de modo que el sello de los ciudadanos en Magdeburgo -que hoy en día continúa siendo el escudo de armas de la ciudad- pasó a documentar formalmente su capacidad jurídica. En la práctica, esa soberanía significó que ellos mismos eran quienes regulaban y administraban sus asuntos, basándose en sus propias costumbres, y resolvían sus litigios mediante instituciones como el colegio de jueces legos que incluso asesoró a las localidades extranjeras que obtenían el privilegio de emplear el «Derecho de Magdeburgo».

Citas: [1] LE BAS, P. Historia de la Alemania. Barcelona: Imprenta Nacional, 1841, p. 292. [2] DEKKERS, R. El derecho privado de los pueblos. Santiago de Chile: Canopus, 2023, p. 20. [3] LÜCK, H. “Magdeburger Recht als verbindendes europäisches  Kulturphänomen”. En: Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, 2015, nº 14, p. 220. [4] LÜCK, H. “Aspects of the transfer of the Saxon-Magdeburg Law to Central and Eastern Europe”. En: Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 2014, nº 22, p. 81.

lunes, 19 de febrero de 2024

¿Dónde se reguló la creación de la Comisión de Convivencia en las universidades?

El 22 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVa) aprobó la creación de la Comisión de Convivencia de la Universidad de Valladolid, integrada por seis miembros pertenecientes a los diferentes colectivos que integran la comunidad universitaria, procurando la composición equilibrada entre hombres y mujeres [dos miembros pertenecientes al personal docente e investigador; otros dos del personal de administración y servicios; y, por último, dos más del estudiantado, con sus respectivos suplentes, propuestos por sus representantes en el Claustro] que son nombrados por el Rector, por un periodo de cuatro años. Este acuerdo se adoptó casi cinco meses después de que entrase en vigor la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria que fue la norma que previó la creación en el seno de las universidades de una Comisión de Convivencia, con representación paritaria de los distintos sectores.

En concreto, su Art. 6 dispone que: Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios. Las universidades, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de dicha Comisión, así como en relación con el nombramiento e incompatibilidades de sus miembros y los motivos de abstención y recusación en los procedimientos en los que intervengan. A continuación, el Art. 22 desarrolla el procedimiento ante la comisión -a solicitud del miembro de la comunidad universitaria interesado- remitiéndose a lo dispuesto en la normativa de la universidad.

Todo ello se enmarca en el contexto más amplio de los medios alternativos de solución de los conflictos a los que se refiere la Ley de convivencia universitaria, basados en los principios de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, flexibilidad, calidad y transparencia. De ahí que, por ejemplo, la Comisión de Convivencia de la Universidad de Sevilla se defina así: el órgano colegiado que tiene como finalidad principal velar por la convivencia pacífica en la Universidad y garantizar el correcto funcionamiento del mecanismo de mediación y de la tramitación del procedimiento de mediación como medios de solución de conflictos de convivencia.

PD: la Ley 3/2022 derogó expresamente con la vigencia del Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional [calificado por el legislador como anacrónico y preconstitucional].

viernes, 16 de febrero de 2024

¿Qué eran los tratados de suzeranía?

Aunque resulte extraño, sobre este antiguo concepto jurídico es más fácil recabar información en libros de Teología e Historia que en los de Derecho Internacional; por ejemplo, cuando el profeta Moisés recibió las Tablas de la Ley de manos de Yahvé, en el Monte Sinaí, con el texto de los Diez Mandamientos, según el periodista, teólogo y pastor evangélico estadounidense Andy Stanley nos encontramos ante un buen ejemplo de tratado de suzeranía. En su opinión: (…) El contenido, la redacción y el arreglo de las instrucciones de Dios para Israel están en forma de contrato legal. Los eruditos se refieren a esta plantilla como tratado de suzeranía o tratado de suzeranía bilateral. Esta forma de acuerdo era usada por dos partes desiguales cuando definían los términos y condiciones de su relación. En un tratado de suzeranía, el poder mayor, el soberano, dicta los términos del poder inferior, el vasallo. En este caso, los acontecimientos del monte Sinaí señalaron la inauguración de una relación de pacto entre Dios y la nación de Israel [1]. La definición que nos brinda el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico también se mueve en ese sentido: En el pasado, condición preeminente atribuida a una comunidad política sobre otra, semejante en cierto punto al vasallaje. En ocasiones es identificada con la soberanía.

Por su parte, para el teólogo Roger Stronstad, el pacto mosaico -el de Moisés con Yahvé- sigue el modelo de los tratados de suzeranía internacional del segundo milenio y establece los parámetros fundamentales de la relación entre Dios y los descendientes de Abraham. En su opinión, el éxodo de Egipto se produjo a más tardar en el siglo XIII antes de la venida de Cristo (…). Esto proporciona una fecha para el denominado pacto mosaico en el último trimestre del segundo milenio antes de Cristo. Hacia esa época, en la historia del antiguo oriente próximo, se había desarrollado un patrón o forma de pacto para los tratados internacionales [la “plantilla” a la que se refería el pastor Stanley]. Los eruditos lo identifican como el "Tratado de Suzeranía Hitita”. Los ejemplos de estos tratados siguen un patrón séxtuple: 1) preámbulo, 2) prólogo histórico, 3) estipulaciones básicas y detalladas, 4) declaración, 5) testigos y 6) maldiciones y bendiciones [2].

En el Medievo, la suzeranía se identificó, especialmente, con la relación que estableció la Sublime Puerta [Imperio Otómano] con algunos de los estados vecinos [3]; era el caso de Egipto, por ejemplo. Como término, “suzeranía” es un galicismo, palabra españolizada de la francesa suzerain que significaba en la Edad Media la relación entre el vasallo y el señor feudal. La suzeranía es pues un estado medio transitorio entre el vasallaje completo y la soberanía [4].

Citas: [1] STANLEY, A. Irresistible. Reclamando lo nuevo que Jesús desató para el mundo. Miramar: Editorial Patmos, 2020. [2] STRONSTAD, R. Teología Bíblica Pentecostal. Desde Génesis hasta el Apocalipsis: puntos de inflexión en la historia de la redención. Miramar: Editorial Patmos, 2023. [3] RIVODÓ, B. Voces nuevas en la lengua castellana. Madrid: Garnier Hermanos, 1889, p. 124. [4] RODRÍGUEZ SARÁCHAGA, O. El derecho internacional público según el programa vigente en la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires: Real y Prado, 1885, p. 83.

miércoles, 14 de febrero de 2024

¿Dónde se regulan las compilaciones de derecho foral?

En España, junto al Derecho Común que se establece en el Código Civil (CC) [muy reformado pero aún continúa vigente el Real Decreto de 24 de julio de 1889] convive un conjunto de normas de derecho privado que se aplican, por razones de orden histórico, en algunas zonas del territorio español (DPEJ). Según el Art. 149.1 de la Constitución de 1978: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 8ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan (…); y de acuerdo con el Art. 14 CC: 1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. 2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad (…).

Es decir, si el Derecho Civil es aquella rama del derecho que se ocupa de las cuestiones que afectan a la persona privada, desde su nacimiento y relaciones familiares hasta el fallecimiento y sucesión; igualmente el régimen de su patrimonio, de las obligaciones y contratos, y la responsabilidad civil (DPEJ); debemos contar con que existen diversos derechos locales o propios existentes en algunas comunidades autónomas españolas, que tienen su origen en las cartas pueblas (cartas de población) y otros fueros y privilegios. Aquellas se otorgaban por los reyes y señores de la península ibérica al fundar poblaciones, y que funcionaban a modo de pacto entre la población y el rey o señor del lugar, con el objetivo de ordenar el territorio y regular las condiciones de asentamiento de los nuevos pobladores (DPEJ). En el ámbito foral suele emplearse el término “complilación” como sinónimo de “código” y, en defecto de ley o de costumbre foral aplicable, el Código Civil y las demás disposiciones generales regirán como derecho supletorio.

Respondiendo a la pregunta inicial, las compilaciones de derecho foral vigentes se regulan en las siguientes disposiciones autonómicas (salvo el caso navarro, que fue estatal), ordenadas alfabéticamente:

ARAGÓN: el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas se inicia reconociendo que: La instauración del Estado autonómico supuso la apertura de una nueva etapa para el Derecho foral aragonés, símbolo de nuestra identidad originaria. Aragón recuperaba su capacidad para legislar en materia de Derecho civil propio, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

CATALUÑA: a diferencia del resto de compilaciones autonómicas, los seis libros del Derecho Civil catalán se han ido adoptando por diversas normas: Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Cataluña; Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia; Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas; Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones; Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales; y Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

GALICIA: el preámbulo de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia afirma que: El derecho civil de Galicia es una creación genuina del pueblo gallego. Como derecho regulador de relaciones entre sujetos privados, surge a lo largo de los siglos en la medida en que su necesidad se hace patente, frente a un derecho que, por ser común, negaba nuestras peculiaridades jurídicas emanadas del más hondo sentir de nuestro pueblo. Es por ello un fruto de la realidad social y, como tal, cambiante a lo largo del tiempo, de forma que mientras unas instituciones pierden vigencia aparecen otras que tratan de acomodarse a la nueva situación. Esta tensión entre la realidad y la supervivencia de formas jurídicas que van siendo superadas fue dando, asimismo, nuevo sentido a nuevas instituciones, ya que pocas veces podrá encontrarse una relación funcional tan estrecha entre esas necesidades que las instituciones jurídicas intentan alcanzar y las realidades de cada momento histórico. Este proceso de creación consuetudinario y del derecho civil (…) se vio, ciertamente, interrumpido por el movimiento codificador uniformador surgido en el siglo XIX. Es, precisamente, el Código civil de 1889 el que coloca al margen de la legalidad vigente a una buena parte de nuestro derecho civil propio, sin que esta situación haya sido, ni mucho menos, resuelta con la promulgación, en 1963, de la Compilación del derecho civil de Galicia, fragmentaria, incompleta, falta de entidad propia de un sistema jurídico y, en consecuencia, en buena parte, de espaldas a la realidad social (…).

ISLAS BALEARES: el Art. 1 del Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la compilación del derecho civil de las Islas Baleares establece que: El Derecho civil de las Illes Balears se integra por los derechos civiles históricos de las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa [Ibiza] y Formentera, de acuerdo con la tradicional división por libros de esta Compilación; por las normas autonómicas que afecten a la materia de derecho civil, en el marco de las competencias estatutarias; por la costumbre y por los principios generales de derecho civil propio.

NAVARRA: la exposición de motivos de la preconstitucional Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra comenzaba recordando que con esa disposición culminaba la recopilación de los derechos forales de España, laboriosamente realizada a lo largo de los últimos veinticinco años. (…) superados los prejuicios que impedían el reconocimiento expreso de un hecho histórico tan notorio y natural corno es el de la variedad de unos derechos regionales armoniosamente integrados dentro de una perfecta unidad política nacional.

PAÍS VASCO: Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco: su preámbulo nos recuerda que: La Ley vasca 3/1992, de 1 de julio, fue la primera norma que, después del Fuero Nuevo de Bizkaia de 1526, constituyó una regulación del Derecho civil vasco redactada por juristas vascos y aprobada por un órgano legislativo vasco. Su Art. 8 dispone que: La presente ley se aplicará en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo aquellos preceptos en que expresamente se declare su vigencia en un territorio concreto [por ejemplo, los términos municipales alaveses de Aramaio (Aramayona) y Llodio].

¿Y la COMUNIDAD VALENCIANA? La sentencia 82/2016, de 28 de abril, del Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente de Gobierno contra la totalidad de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano. En los antecedentes, los magistrados de nuestro órgano de garantías recordaron que el Decreto de nueva planta promulgado el 29 de junio de 1707 supuso la definitiva abolición y derogación de los fueros de Valencia -que nunca se recuperaron, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios- (…). Aunque la reivindicación de la recuperación de una compilación de normas forales valencianas ha sido una constante histórica, en su recurso, el representante del Gobierno concluyó que tras casi tres siglos de vigencia del Derecho civil común en aquella Comunidad Autónoma, el Derecho civil valenciano que pueda estar vigente es exclusivamente de carácter consuetudinario, y vinculado esencialmente a costumbres de carácter agrario o pesquero, además de los arrendamientos históricos. Por ello, aunque la opinión doctrinal mayoritaria admite la posibilidad de recuperar esas costumbres, rechaza sin embargo la “recuperación romántica o indiscriminada” del Derecho foral valenciano.

En cuanto al resto de comunidades autónomas, la doctrina ya admite la existencia de lo que, para algunos autores, podría denominarse «Derecho civil autonómico no foral», esto es, un derecho civil promulgado no sobre la base de la existencia de un derecho civil foral o especial propio en el momento de entrar en vigor la Constitución Española de 1978 (…), sino, antes bien, de un derecho civil de nuevo cuño, formado con ocasión de la regulación sectorial de ciertas materias de competencia exclusiva de las CCAA, y por tanto al amparo del citado art. 148 CE y de los respectivos Estatutos de Autonomía (…) en un amplio abanico de materias o instituciones tradicionalmente identificadas como derecho civil. La ordenación del suelo y la vivienda, la protección al consumidor, agricultura, turismo,… [GARCÍA GARCÍA, J. A. “Algunas consideraciones sobre el «Derecho civil autonómico no foral»”. En: Anales de la Facultad de Derecho, 2005, nº 22, p. 110].

lunes, 12 de febrero de 2024

¿Qué es el Derecho Internacional Privado?

El profesor Alfonso Ortega Giménez justifica el fundamento de esta rama del ordenamiento de un modo muy didáctico: (…) El aumento de las relaciones jurídicas sujetas a diferentes ordenamientos jurídicos es la razón de ser del Derecho internacional privado. Las relaciones jurídico-privadas -entre particulares-, e internacionales -sometidas a más de un ordenamiento jurídico- han proliferado en los últimos tiempos, creando en el legislador la necesidad de incorporar normas que traten de hacer frente a esta nueva realidad socio-jurídica, que es el Derecho internacional privado; (…). Así, por ejemplo, cuando un ciudadano francés con domicilio en París formaliza un contrato de compraventa internacional de mercaderías con un ciudadano español establecido en Elche (Alicante), si surge un litigio derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las partes, y el comprador o el vendedor presenta ante los órganos jurisdiccionales españoles una demanda, las cuestiones a resolver serían varias: ¿son los órganos jurisdiccionales españoles competentes para conocer de este litigio?, y, en caso afirmativo, ¿qué ley aplicarían para resolverlo, la ley francesa o la ley española?, será el Derecho internacional privado la disciplina jurídica llamada a intervenir para dar respuesta a estas cuestiones. El Derecho internacional privado viene a ser, entonces, aquella rama del ordenamiento jurídico español que estudia las “situaciones privadas internacionales”, esto es, como decía la profesora Pérez Vera, las relaciones jurídicas que, o bien por las personas que intervienen, por el objeto sobre el que versan, o bien, por el modo en que se producen, no agotan sus consecuencias en una única esfera jurídica [1] y [2].

En ese mismo sentido, el profesor Esplugues Mota considera que: (…) La realidad social actual viene caracterizada por la movilidad y la interconexión. Nunca antes había existido un volumen de relaciones entre personas –físicas y jurídicas– pertenecientes a distintos Estados como el que se da en la actualidad. Y nunca con anterioridad estas relaciones se habían generado con la rapidez, constancia y habitualidad con que se manifiestan en nuestros días. Significativamente, estos conjuntos de relaciones tienen lugar en un mundo que, si bien desde una perspectiva económica aparece más integrado que nunca, desde un punto de vista jurídico mantiene un elevado grado de fraccionamiento. Este hecho afecta directamente a la continuidad de las relaciones jurídicas entabladas entre los particulares y, por lo tanto, a las expectativas de todo tipo de éstos, y se encuentra en la base misma de la existencia del Derecho internacional privado (…) [que] se presenta, así, como un sector del Derecho privado estatal cuya razón de ser, y objeto, es la regulación de las relaciones y situaciones privadas de carácter internacional generadas entre particulares, o sujetos que no siéndolo actúen como tales. Su finalidad es aportar una respuesta adecuada –y justa– a los problemas a que ellos se ven expuestos como consecuencia de la existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos independientes que, al aparecer vinculados a una concreta relación o situación jurídica, resultan potencialmente reguladores de la misma [3].



Y añade que: (…) A diferencia de lo que ocurre con otros sectores de la ciencia jurídica, la denominación “Derecho internacional privado” (DIPr) incorpora en su propia terminología diversos elementos susceptibles de generar una cierta confusión en torno al exacto significado de la disciplina cubierta por tal denominación. Nos referimos, en concreto, a los calificativos “internacional” y “privado”:
  • En primer lugar: (…) a pesar de contar en su denominación con el calificativo “internacional”, el DIPr participa de un origen principalmente nacional. Por el contrario, es el objeto del DIPr el que goza efectivamente de una naturaleza internacional: la regulación de las relaciones y situaciones privadas de carácter internacional generadas entre particulares. La “internacionalidad” del Derecho internacional privado no responde, pues, a su origen, sino primordialmente a su objeto. (…) Es éste último el que resulta “internacional” y lo caracteriza: la presencia en el planeta de un conjunto de ordenamientos jurídicos diferenciados da lugar a la posible existencia de relaciones y situaciones jurídicas que aparecen vinculadas, por motivos diversos, a más de uno de ellos. Son estas relaciones y situaciones en las que se hace patente la presencia de un “elemento de extranjería” que les pone en contacto con más de un ordenamiento jurídico, las que constituyen el objeto de la disciplina y las que determinan su carácter “internacional”.
  • Y en segundo lugar: El DIPr constituye un sector del Derecho privado estatal cuyo objetivo es la regulación de aquellas relaciones entre particulares –ya sean éstos personas físicas o jurídicas– que presenten un elemento de extranjería [3].

Por último, terminamos con la definición que nos brinda el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) que también lo contempla como el conjunto de principios y normas que establecen la respuesta jurídica para aquellas situaciones privadas internacionales que, por estar conectadas con dos o más sistemas jurídicos mediante ciertos elementos de extranjería, se hallan afectadas por la contradicción normativa existente entre dichos sistemas.

PD: sobre este tema también puedes consultar las entradas dedicadas al «Código Bustamante» [Código Americano de Derecho Internacional Privado (1928)] y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) [organización internacional intergubernamental que se propone unificar progresivamente las normas jurídicas nacionales sobre Derecho Internacional Privado de los Estados participantes].

Citas: [1] ORTEGA GIMÉNEZ, A. Código Universitario de Derecho Internacional Privado. Madrid: BOE, 2023, pp. 27 y 28. [2] PÉREZ VEGA, E. Derecho internacional privado. Vol. I., Madrid: UNED, 2002, p. 23. [3] ESPLUGUES MOTA, C. “El Derecho internacional privado: características generales”. En: ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J. L. & PALAO MORENO, G. Derecho Internacional privado. Valencia: Tirant, 2020, 14ª ed., pp. 89 a 95.

viernes, 9 de febrero de 2024

Los Estatutos de la «Academia de Cine»

El Instituto de España se creó por los Decretos de 8 de diciembre de 1937 y 1 de enero de 1938 como corporación nacional a título de máximo exponente de la cultura española en el orden académico («Senado de la cultura española»), cuyo objeto era mantener y estrechar la fraternidad espiritual de las ocho Reales Academias nacionales (la Española, la de Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y Políticas, la Nacional de Medicina, la de Jurisprudencia y Legislación, y la Nacional de Farmacia), auxiliándose y completándose entre sí para la mayor eficacia de sus tareas y actividades, formando la «superior» representación académica nacional en España y en el extranjero [preámbulo del Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, que lo regula en la actualidad]. En ese contexto, sería posible plantearse si la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) forma parte de dicho Instituto en un plano equiparable al de aquellas ocho Reales instituciones y su marco normativo lo aprueba el Gobierno… pero no es así; la «Academia de Cine» es una asociación de carácter no lucrativo de profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, con personalidad jurídica propia, constituida con carácter indefinido, y regida por los principios de democracia, pluralismo, transparencia y participación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1 de sus vigentes Estatutos, aprobados por la propia Academia -no por el Gobierno- el 12 de junio de 2023; porque, como estipula su Art. 2: Compete a la Academia la resolución de todo lo relativo a su gobierno y orden interno.

La «Academia de Cine» española se creó el 8 de enero de 1986 para cumplir con un decálogo de objetivos básicos: desde fomentar el progreso de las artes y de las ciencias relacionadas directa o indirectamente con la cinematografía o promover el intercambio de información científica, artística y técnica entre todos sus miembros hasta procurar el desarrollo y perfeccionamiento de las distintas especialidades relacionadas con la cinematografía, fomentar el intercambio de experiencias entre sus miembros, coordinar los diferentes aspectos de su actuación y analizar y resolver problemas comunes o facilitar a la Administración Pública los informes que sobre materias relacionadas con la cinematografía le sean solicitados, así como proponer a la misma las iniciativas que la Academia estime oportunas. Todo ello, excluyendo expresamente de sus fines los propios de un sindicato y es independiente de cualquier otro grupo político o ideológico (Art. 1).

Desde su domicilio en Madrid, la Academia está compuesta por miembros numerarios [que deben ser españoles, mayores de 16 años, y ejercer la profesión cinematográfica en alguna de las quince especialidades que enumera el Art. 6 o ser extranjero pero estar estrechamente ligado a la actividad cinematográfica en España]; miembros supernumerarios [los miembros que hubieran sido numerarios durante al menos cinco años pueden pedir este cambio a la Junta Directiva, por ejemplo, en caso de jubilación]; miembros de honor [caso de expresidentes de la Academia o los profesionales que hayan recibido un Goya de Honor] y miembros asociados [en calidad de colaboradores].

En cuanto a su organización, el órgano soberano de decisión de la Academia es la Asamblea General, que decidirá por mayoría simple de votos presentes o delegados (Art. 13); asimismo, existe una Junta Directiva compuesta por una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Vocales por cada una de las Especialidades que se indican en el Art. 6 de los presentes Estatutos, elegidos en las Elecciones a Comisiones de Especialidad y Junta Directiva (Art. 17). La misión de dichas Comisiones de Especialidad será consultiva y de enlace entre la Junta Directiva y el resto de los miembros de la Academia (Art. 17).

Finalmente, los Estatutos regulan su régimen económico (Arts. 27 a 29), disciplinario (Arts. 30 y 31) y se remite en todo lo no previsto en los presentes Estatutos, la Academia se regirá por la vigente Ley de Asociaciones y disposiciones complementarias (Art. 32); concluyendo con la previsión de que la Academia tuviera que disolverse y liquidarse (Arts. 33 y 34).

miércoles, 7 de febrero de 2024

Sobre el Registro de Matrícula Consular

El preámbulo del breve Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre, sobre inscripción de los españoles en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero resulta muy didáctico sobre su origen y función: Se ha cumplido un siglo y medio de la creación, en 1849, del Registro de Matrícula Consular. En su forma actual aparece con el Real Decreto de 5 de septiembre de 1871, que aprobó el Reglamento para el Registro de nacionalidad, estableciendo normas unitarias para la inscripción de los españoles en el extranjero. Introdujo la distinción entre españoles domiciliados y transeúntes en el extranjero, transplantando al ámbito consular la figura del transeúnte que había aparecido el año anterior en el ámbito municipal. Posteriores actualizaciones del Registro de Matrícula Consular (el Decreto de 14 de enero de 1955 y, más recientemente, el Real Decreto 136/1984, de 25 de enero), no modificaron sustancialmente la diferenciación entre residentes y transeúntes, ni la obligación para los españoles en el extranjero de pasar un año como transeúntes antes de acceder a la consideración de residentes.

Y añade: El Registro de Matrícula Consular así concebido ha perdurado hasta el día de hoy, cumpliendo de forma satisfactoria la función asignada de ser instrumento eficacísimo en nuestras Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares para extender la protección diplomática y consular de España a todos los españoles que se encuentren viviendo en el extranjero, bien sea como residentes permanentes, bien en una estancia provisional o temporal, pues, cuando se desata una catástrofe natural o un conflicto bélico o, simplemente, se produce un accidente o una situación personal digna de protección, todos los españoles tienen el mismo derecho a ser protegidos por nuestros agentes diplomáticos o consulares.

De acuerdo con su Art. 1: 1. Para el cumplimiento de sus funciones, las Oficinas Consulares y, en su caso, las Secciones Consulares de las Misiones Diplomáticas de España llevarán un Registro de Matrícula de los nacionales españoles que habiten en su respectiva demarcación consular, sean residentes habituales o se encuentren allí transitoriamente. 2. El Registro de Matrícula Consular incluirá dos categorías de inscritos: los residentes y los no residentes. 3. Tendrán la consideración de residentes los españoles que residan habitualmente en la demarcación consular y quienes trasladen allí su residencia habitual. Los inscritos como residentes causarán alta en el padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) y, los mayores de edad, en el correspondiente censo electoral de residentes ausentes (CERA) (…); es decir, se ha suprimido por completo la categoría y el contenido de la figura del hasta entonces transeúnte.

La vigente reglamentación derogó el mencionado Real Decreto 136/1984, de 25 de enero, de inscripción de españoles en Registros de Matrícula de Consulados en el Extranjero que, a su vez, dejó sin vigencia el anterior Decreto de 14 de enero de 1955 que fue la disposición que -en su momento- adaptó los antiguos preceptos del pionero Real Decreto de 5 de septiembre de 1871 que estableció este Registro en el ordenamiento jurídico español a las nuevas situaciones de nuestros connacionales. Hoy en día, los españoles que residan en el extranjero -sean o no residentes- tienen que inscribirse en el Registro de Matrícula Consular que les corresponda por su domicilio.

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