miércoles, 20 de noviembre de 2019

La excepcional sucesión «mortis causa» de un estanco

El Art. 45 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolló la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, y se reguló el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre, dispone que: 1. La transmisión de la titularidad de las expendedurías podrá realizarse mortis causa o por actos inter vivos. (…) 4. Cuando se trate de sucesión mortis causa no será obstáculo para la designación del sucesor el hecho de no ostentar éste la plena capacidad de obrar, que deberá ser completada por quien ejerza la patria potestad o, en su caso, mediante la constitución del organismo tutelar correspondiente, que habrá de tener lugar con anterioridad a la toma de posesión del designado como sucesor.

A continuación, el Art. 46 desarrolla el ejercicio del derecho a la transmisión de la expendeduría, señalando que: 1. (…) en caso de transmisión mortis causa de la titularidad de la expendeduría (…) El titular deberá solicitar autorización para la transmisión al Comisionado para el Mercado de Tabacos especificando la identidad de la persona propuesta para sucederle. La designación obligatoriamente habrá de realizarse en documento público donde conste el valor del bien transmitido. 2. En el supuesto de transmisión mortis causa el sucesor, que habrá de ser designado en testamento o documento público, deberá realizar idéntica solicitud a la prevista en el párrafo anterior en el plazo de seis meses siguientes al fallecimiento. (…) 3. El Comisionado para el Mercado de Tabacos, hasta tanto dicte resolución definitiva en el expediente de sucesión mortis causa, podrá autorizar, cuando lo estime conveniente para el servicio público, que el designado o propuesto como sucesor continúe atendiendo provisionalmente la expendeduría.

Este Reglamento de 1999 derogó el anterior Real Decreto 2738/1986, de 12 de diciembre, regulador de las actividades de importación y comercio mayorista y minorista de las labores de tabaco; que, a su vez, dejó sin vigencia la normativa previa: el Decreto 2547/1974, de 9 de agosto, sobre clasificación, provisión y transmisión de las expendedurías de tabacos y efectos timbrados.

Aquel mismo año también se había aprobado, un par de meses antes, el Decreto 2061/1974, de 27 de junio, sobre continuidad en el funcionamiento de las Administraciones de Loterías en caso de fallecimiento de sus titulares. Desde aquel momento, la transmisión de la titularidad de un estanco o de una administración de lotería tuvo un marco legal propio y específico; pero, hasta 1974, ambas compartieron una misma regulación: la Ley 168/1959, de 23 de diciembre, por la que se modificó el Patronato para la provisión de Expendedurías de Tabacos, Administraciones de Loterías y Agentes de Aparatos surtidores de gasolina que modificó la originaria Ley de 22 de julio de 1939 cuando, como recuerda su preámbulo, apenas terminada nuestra guerra civil fué dictada con el noble propósito de recompensar rápidamente a los héroes y a las víctimas de la Cruzada, ya directamente, ya a través de sus más próximos familiares, viudas e hijas.


Para lograr que las esas concesiones administrativas beneficiaran al mayor número de familias, su Art. 2.A) señaló el orden de prelación en el que: Tendrán derecho de preferencia a las Administraciones de Loterías y Expendedurías de la Compañía Arrendataria de Tabacos, las viudas y huérfanas solteras de los fallecidos en el frente de batalla o a consecuencia de heridas recibidas en el mismo; de los asesinados bajo la dominación marxista por su adhesión a la Causa Nacional; o de los que prestaron al Movimiento relevantes servicios.

Conociendo los motivos que originaron aquella disposición resulta más sencillo entender el carácter tan excepcional de la actual regulación del derecho de transmisión «mortis causa» de una Administración de Lotería o de una Expendeduría de Tabaco y que se mantiene frente al sistema común previsto por la legislación general en los Arts. 657 y siguientes del Código Civil: Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.


Sin embargo, como hemos visto, el titular de un estanco que quiera dejárselo en herencia a sus hijos, deberá solicitar una autorización para transmitirlo –en este caso, al Comisionado para el Mercado de Tabacos (organismo autónomo que fue creado por la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria para sustituir a la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos)– que es quien otorgará la autorización... o no.

Los profesores Javier Serrano García y Andrés Domínguez Luelmo calificaron estas situaciones anacrónicas como “sucesiones excepcionales” [1] porque en el testador concurren una titularidad administrativa de carácter formal, impuesta por una concesión administrativa, y una titularidad civil para que pueda disponer de sus bienes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confirmado esa interpretación: (…) en el supuesto de estancos, como en los similares de Administración de Loterías, que corresponden a la actuación monopolista del Estado, esta Sala de Casación Civil ha declarado que la titularidad que se atribuye a quien figura al frente del establecimiento es meramente administrativa, acomodada a la normativa especial que rige los estancos y por tanto se trata más bien de tipo formal impuesta por exigencias de la Administración, que no excluye la civil [2].

Otros autores se refieren a ellas como “sucesiones especiales mortis causa” porque requieren una concesión administrativa [3].

Citas: [1] DOMÍNGUEZ LUELMO, A. “Dos casos de sucesión "mortis causa" excepcional. Las administraciones de lotería y las expendedurías de tabaco”. En: AA.VV. Homenaje al profesor Francisco Javier Serrano García. Valladolid: UVa, 2004, pp. 193-216. [2] STS 5027/2005, de 20 de julio (ECLI: ES:TS:2005:5027). [3] GALIANO ESTEVAN, J. & JUÁREZ GONZÁLEZ, J. M. Todo Sucesiones 2008. Madrid: CISS, 2008, p. 84.

lunes, 18 de noviembre de 2019

El delito de solicitación

Al regular los delitos en el ejercicio de las funciones eclesiásticas, el canon 1387 tipifica que: El sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o pretexto de la misma, solicita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo, debe ser castigado, según la gravedad del delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones; y, en los casos más graves, debe ser expulsado del estado clerical. Este marco jurídico se completa, en Derecho Canónico, con lo dispuesto por el Art. 4.1.4 de las Modificaciones a las Normas de los delitos más graves que la Congregación para la Doctrina de la Fe promulgó el 21 de mayo de 2000: La solicitación a un pecado contra el sexto mandamiento del Decálogo durante la confesión o con ocasión o con pretexto de ella, de la que se trata en el can. 1387 del Código de Derecho Canónico y en el can. 1458 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales, si tal solicitación se dirige a pecar con el mismo confesor. Recordemos que el sexto mandamiento es: No cometerás actos impuros.

El profesor Alejandre define este crimen sollicitationis como la conducta errada del confesor que utiliza el sacramento de la Penitencia como instrumento ocasional o deliberado, para proponer, intentar o ejecutar con la persona penitente alguna acción libidinosa, concupiscente, lasciva; es decir, el sacerdote, en vez de ofrecer mediante el sacramento la purificación del alma, se aprovecha de él para proporcionar el veneno de su pasión carnal, lo que supone cometer un sacrilegio y una ofensa a la recta doctrina [1].

Este delito eclesiástico alcanzó su configuración definitiva en la Bula del Papa Gregorio XV «Universi Dominici Gregis» de 30 de agosto de 1622 [2]. Hasta el siglo XVII, se consideró una falta puramente técnica, punible sólo cuando podía tener relación directa con el sacramento, con el infortunado corolario de que en otro caso era una cuestión trivial, no merecedora de especial consideración [3]. Y cuando la solicitación no estaba acompañada de otros escándalos más notorios lo más habitual era que permaneciese oculta [4].

Citas: [1] ALEJANDRE, J. A. “El delito de solicitación en confesión”. En: MUÑOZ MACHADO, S. Los grandes procesos de la historia de España. Barcelona: Crítica, 2002, pp. 159-160]. [2] GALVÁN RODRÍGUEZ, E. “La praxis inquisitorial contra confesores solicitantes (Tribunal de la Inquisición de Canarias, años 1601-1700)”. En: Revista de la Inquisición, 1996, p. 106. [3] LEA, H.C. Historia de la Inquisición española, Vol. III, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1983, p. 478. [4] GOSÁLVEZ MACÍAS, A. “El delito de solicitación en el tribunal limeño”. En: AA.VV. Historia y humanismo: homenaje al profesor Pedro Rojas Ferrer. Murcia: Universidad de Murcia, 2000, p. 494. Cuadros: superior: John Opie | La confesión (s. XVIII). Inferior: Giuseppe María Crespi | La confesión (1712).

viernes, 15 de noviembre de 2019

La curiosa titularidad navarra de una carretera vasca

El rey Alfonso VIII de Castilla concedió el fuero de San Sebastián a la villa guipuzcoana de Hondarribia o Fuenterrabía –que, por aquel entonces, no era más que una aldea– el 18 de abril de 1203. Al incorporarse a la Corona castellana, el vecino Reino de Navarra perdió la salida al Mar Cantábrico por la comarca del Bajo Bidasoa –recordemos que, a finales del siglo XII, la costa navarra se extendía a lo largo del actual País Vasco hasta la frontera navarrocastellana en el puerto de la localidad cántabra de Castro Urdiales– pero el litigio sobre la soberanía de aquella plaza fuerte y su comarca continuó disputándose durante los años posteriores, de modo que en diversos periodos de los siglos XIII a XVI, la monarquía navarra pudo recuperarlas y volverlas a a perder fruto de tratados (como el que firmaron Alfonso X de Castilla y Teobaldo II de Navarra, en Vitoria, el 1 de enero de 1256, entregándole el Sabio a el Joven, el señorío vitalicio de Fuenterrabía), laudos arbitrales (por ejemplo, el de Londres de 16 de marzo de 1177) o conquistas militares (en especial, durante el reinado de Fernando II de Aragón, el Católico).

Tras lograrse la integración de toda España, en el siglo XVII, durante 15 años, de 1638 a 1655, Hondarribía dejó de asistir a las Juntas Generales de Gipuzkoa, porque estaba gestionando su reincorporación al Reino de Navarra. (…) Ante la negativa hondarribiarra a volver a integrarse en Gipuzkoa, las Juntas Generales de Gipuzkoa celebradas en Tolosa en abril de 1651, acordaron separar oficialmente a la ciudad de Hondarribia, que fue considerada desde entonces como pueblo extraño (…). Al cabo de 15 años de estar separada Hondarribia de Gipuzkoa, en las Juntas Generales celebradas en el mes de mayo de 1666 en la villa de Elgoibar, volvió a la hermandad de Gipuzkoa [1].

A comienzos del siglo XVIII, las Cortes de Navarra volvieron a intentar la reincorporación de Fuenterrabía e Irún al antiguo Reyno e incluso el presupuesto navarro llegó a costear algunas obras en el puerto hondarribiarra y, en 1853, a construir una carretera para mejorar las comunicaciones entre Irún y la localidad navarra de Santesteban (la actual N-121-A por la que se accede desde Pamplona hasta la frontera francesa de Hendaya).

Como resultado de su insistencia, el rey Carlos IV aprobó la Real Orden de 26 de septiembre de 1805: Movido el paternal ánimo del rey del estado de decadencia a que se halla reducida esa ciudad [Fuenterrabía], y deseoso de restablecerla promoviendo su mayor bien, se ha dignado acceder a sus antiguos, justos y repetidos deseos de unirse con su territorio al Reino de Navarra, en premio de sus señalados méritos y servicios [2]. De este modo, la ciudad de Fuenterrabía y la villa de Irún quedaron comprendidas dentro de los límites del Reino de Navarra. La Diputación guipuzcoana protestó por aquella excisión de su territorio y, finalmente, con el cambio de monarca y tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII firmó la Real Orden de 18 de agosto de 1814 por la que se reintegró la comarca del Bajo Bidasoa a Guipúzcoa. Hoy en día, la consecuencia evidente de todo aquel litigio histórico es que el trazado de la mencionada carretera nacional (Pamplona-Behovia, por el puerto de Velate) continúa siendo de titularidad navarra aunque una pequeña parte transcurra por Guipúzcoa.


En abril de 2004, los dos gobiernos forales acordaron que la Diputación de Guipúzcoa se encargue de la conservación, mejora y ampliación de esta infraestructura viaria que discurre junto al río Bidasoa, en los límites de su provincia; y que, en principio, en 2024, el Gobierno navarro le cederá la titularidad del tramo Endarlatsa-Irún de la N-121-A.

Citas: [1] URZAINQUI, T. & OLAIZOLA, J. Mª. La Navarra marítima. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, p. 288. [2] Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas. Tomo III. Guipúzcoa. Madrid, 1829, p. 494.

miércoles, 13 de noviembre de 2019

Los «Principios Ruggie» o Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

En el verano de 2005, poco antes de que ordenara disolver la Comisión de Derechos Humanos, el que fuera Secretario General de la ONU, Kofi Annan, decidió seguir sus indicaciones y nombró Representante Especial para los Derechos Humanos y las empresas transnacionales al profesor estadounidense John Ruggie. Durante seis años investigó la responsabilidad de estas compañías a la hora de proteger y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el desarrollo de su actividad; y, como resultado, el ya renombrado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución A/HRC/RES/17/4, de 6 de julio de 2011, en su sede de Ginebra (Suiza), haciendo suyos los Principios Rectores sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos [Guiding Principles on Business and Human Rights], denominados coloquialmente «Principios Ruggie» por el apellido de su autor, adjuntos al informe final que presentó al Consejo (A/HRC/17/31) el 21 de marzo de aquel mismo año.

En el parágrafo 6 del informe, Ruggie identificó los tres principios fundamentales que –en su opinión– conformaban el marco de las Naciones Unidas en este ámbito para "proteger, respetar y remediar":
  • El primero es la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.
  • El segundo es la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades.
  • El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

De acuerdo con el criterio del Representante Especial: Cada uno de estos principios constituye un elemento esencial de un sistema interrelacionado y dinámico de medidas de prevención y de reparación: el deber del Estado de brindar protección, ya que constituye la base misma del régimen internacional de derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, por tratarse de la expectativa social más elemental en relación con las empresas; y el acceso a vías de reparación porque ni siquiera los esfuerzos mejor coordinados pueden impedir totalmente que se cometan abusos.


En España, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado por la Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, se refiere a estos Principios Rectores, destacando tres elementos:
  • Son de aplicación a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, titularidad y estructura;
  • Nada en ellos puede interpretarse en el sentido de crear nuevas obligaciones de derecho internacional ni en el sentido de limitar o debilitar las obligaciones jurídicas que un Estado haya asumido o a las que esté sujeto de conformidad con las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos; y
  • Deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando particular atención a los derechos y a las necesidades de los individuos integrantes de grupos o poblaciones con un alto riesgo de vulnerabilidad o marginalización, y tomando debidamente en consideración los diferentes riesgos a los que hacen frente hombres y mujeres.

Asimismo, recuerda que dentro de los Principios Rectores se distinguen los llamados principios fundacionales, que enuncian y argumentan el deber, de los principios operacionales, que detallan las medidas a adoptar para poner en práctica los principios fundacionales; y que, desde su aprobación en 2011, los Principios Rectores han jugado un papel importante en el desarrollo de marcos de referencia similares de otras organizaciones internacionales y regionales, conduciendo así a la convergencia de estándares. Así, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refleja en la versión revisada en 2011 de las Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el capítulo de las Directrices sobre la Responsabilidad Social de la Organización Internacional de Normalización (ISO 26000) y en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial). Otra buena muestra de la trascendencia que está adquiriendo el Derecho indicativo o Soft Law.

Por último, en el Derecho Comunitario, las autoridades de la Unión Europea han aprobado diversos instrumentos jurídicos en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; por ejemplo, el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo.

lunes, 11 de noviembre de 2019

La regulación de la jornada laboral de ocho horas

En España, para hacer frente a las consecuencias de la huelga de trabajadores de la empresa eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, de Barcelona –conocida de manera coloquial como «La Canadiense» por pertenecer a un grupo originario de Toronto– el rey Alfonso XIII decretó la jornada máxima legal en todos los trabajos, a partir de 1.º de Octubre del año actual en ocho horas al día, o cuarenta y ocho semanales, en el breve pero significativo Real decreto de 3 de abril de 1919; siendo Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado Álvaro de Figueroa y Torres (primer Conde de Romanones). Su exposición de motivos, con el habitual tono laudatorio de hace un siglo, afirmaba que: Respondiendo el Instituto de Reformas Sociales a los requerimientos que el Gobierno le había dirigido, solicitando de su competencia las oportunas propuestas acerca de los problemas del trabajo que demandan solución más necesaria y urgente, viene realizando una labor tan intensa y meritísima, que es deber del Gobierno proclamarla, enaltecerla y señalarla a la pública consideración, singularmente de la clase trabajadora, para que de la obra legislativa, inspirada en los principios de justicia social, tenga exacto conocimiento y haga la debida estimación y aprecio.

Uno de los primeros frutos de aquella labor del Instituto de Reformas Sociales es su propuesta sobre la jomada del trabajo, cuyas bases fueron aprobadas por unanimidad en el Pleno de aquella Corporación, e íntegramente acepta el Gobierno, por considerarlas tan conformes con los principios de humanidad y de Justicia como congruentes y ajustadas a la unánime aspiración de los trabajadores, que de esta reforma hicieron siempre cuestión fundamental y esencialísima de sus reivindicaciones.

Aunque en el siglo XIX ya existieron propuestas similares –una de las más célebres es la famosa expresión de Eight hours labour, Eight hours recreation, Eight hours rest [«8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso»] acuñada por el filántropo galés Robert Owen– e incluso hubo algunos precedentes legislativos locales o sectoriales en diferentes rincones de América y Oceania, la primera regulación de las 8 horas se llevó a cabo en la antigua Unión Soviética. Tras la Revolución de Octubre, de 1917, las autoridades bolcheviques decretaron –entre otras medidas laborales– la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias [LEFÈVRE, C. “Note sur les notions de chômage et d'emploi dans les années 1920 et 1930 en URSS”. En: Cahiers du monde russe, vol. 38, n°4, 1997, p. 618].

Después del gobierno soviético, la segunda nación que implantó esta jornada laboral en todos los trabajos fue España con la mencionada Ley de abril de 1919 que se adelantó incluso al marco internacional de la OIT. Recordemos que el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (C001) por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, se adoptó en Washington, durante la primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 28 de noviembre de 1919 y entró en vigor el 13 de junio de 1921.

PD: se habla de trabajar 48 horas a la semana -lo que excluye los domingos- porque el descanso dominical ya se estableció antes, en el Art. 6 de la Ley acerca del trabajo de mujeres y niños, de 13 de marzo de 1900 y, de forma más genérica para todos los trabajadores, por la Ley de Descanso Dominical de 3 de marzo de 1904.

viernes, 8 de noviembre de 2019

La doctrina de la Junta Electoral Central

En España, la Administración Electoral está integrada por las Juntas Electorales (Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma), así como las Mesas Electorales; y tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad en los términos establecidos por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Dentro de esa Administración Electoral, la Junta Electoral Central (JEC) es un órgano permanente que tiene su sede en el Congreso de los Diputados y está integrado por 8 vocales magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y 5 vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Congreso de los Diputados. Para el ejercicio de sus funciones, las Cortes Generales ponen a disposición de la JEC los medios personales y materiales que necesite.

Entre sus competencias, el Art. 19.1 LOREG enumera las siguientes: (…) c) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales y, en su caso, de Comunidad Autónoma, en cualquier materia electoral. d) Resolver con carácter vinculante las consultas que le eleven las Juntas Provinciales y, en su caso, las de Comunidad Autónoma (…). f) Unificar los criterios Interpretativos de las Juntas Electorales, Provinciales y, en su caso, de Comunidad Autónoma en la aplicación de la normativa electoral. Esas instrucciones y los Acuerdos de la JEC que resuelven solicitudes, reclamaciones o consultas conforman la denominada Doctrina JEC.


El Art. 19 LOREG dispone que la resolución por parte de la JEC de las consultas que le eleven las Juntas Provinciales y, en su caso, las de Comunidad Autónoma, son vinculantes. A continuación, el Art. 20 LOREG concluye afirmando que contra sus resoluciones no cabe recurso administrativo o judicial alguno. La polémica redacción de este precepto fue recurrida y acabó siendo declarada nula la expresión "o judicial" por excluir de manera indiscriminada y absoluta la posibilidad de todo recurso judicial contra las resoluciones de las Juntas Electorales que contempla (sentencia 149/2000, de 1 de junio, del Tribunal Constitucional).

miércoles, 6 de noviembre de 2019

La fórmula de Blackstone ["Blackstone's ratio"]

En el Common Law anglosajón se denomina de este modo a una célebre máxima de Derecho Penal que el jurista británico William Blackstone (1723 – 1780) incluyó en su obra Commentaries on the Laws of England [tomo IV, p. 358] publicada en 1765: the law holds that it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer; es decir, la ley sostiene que es mejor que escapen diez personas culpables a que un inocente sufra. La ratio 10 a 1 es su representación más sencilla; sin embargo, Blackstone no fue el primero que se refirió a este principio.

Cuatro siglos antes, durante el reinado de Enrique VI de Inglaterra, su Canciller de Justicia, John Fortescue (1394 – 1479), publicó de forma póstuma un elogio de las leyes de su país [De Laudibus Legum Angliae] hacia 1543 donde ya manifestó esa misma idea: Indeed, one would much rather that twenty guilty persons should escape the punishment of death, than that one innocent person should be condemned, and suffer capitally [De hecho, uno preferiría que veinte personas culpables escaparan del castigo de la muerte, en lugar de que una persona inocente fuera condenada y sufriera la pena capital]. Posteriormente, otros autores retomaron la ratio de Blackstone como, por ejemplo, Voltaire o Benjamin Franklin.
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