miércoles, 8 de abril de 2020

El Código M49: la clasificación mundial de Naciones Unidas

En la Resolución A/RES/52/82, de 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los gobiernos a que cooperasen con la División de Estadística de la Secretaría para seguir preparando estadísticas e indicadores mundiales. Entre las distintas clasificaciones económicas y sociales internacionales que se han ido configurando en el seno de la ONU –por ejemplo, la CIE (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud) o la ICIDH-CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías) desarrolladas ambas en el marco de la OMS (Organización Mundial de la Salud)– también nos encontramos con otras menos conocidas, como el Código M49 (Códigos uniformes de países o zonas para usos estadísticos o Standard Country or Area Codes for Statistical Use) que elabora la mencionada División de Estadística de las Naciones Unidas [United Nations Statistics Division (UNSD)]; dependiente del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas [United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)] que, a su vez, forma parte de la Secretaría de la Organización. Se denomina M49 porque, cuando se publicó por primera vez en 1970 para clasificar los países del mundo en las publicaciones y bases de datos de la ONU coincidió que le correspondió ser la estadística nº 49 de la serie M. Posteriormente, continuó imprimiéndose en 1975, 1982, 1996 y 1999, momento en el que pasó a editarse ya solo on line.

El Código M49 asigna a cada país un código numérico de tres cifras, con fines de procesamiento estadístico, y un código alfabético de tres letras con el que le designa la Organización Internacional para la Normalización (ISO) que represente la identidad del "nombre" de esa nación o territorio; por ejemplo, en el caso de España: 724 y ESP, respectivamente.


Todos los países del mundo son agrupados por regiones geográficas que toman como base los cinco continentes aunque, desde la segunda revisión del Código en 1982, se dividió también en subregiones y regiones intermedias, según su población, para lograr una mayor precisión demográfica:
  1. África: Septentrional y Subsahariana (Central, Meridional, Occidental y Oriental);
  2. América: América Latina y el Caribe (Central, Sur y Caribe) y Septentrional.
  3. Asia: Central, Meridional, Occidental, Oriental y Sudoriental.
  4. Europa: Meridional (donde se encuadra España), Occidental, Oriental y Septentrional.
  5. Oceanía: Australia y Nueva Zelanda, Melanesia, Micronesia y Polinesia.

El criterio exclusivamente macrogeográfico supone, por ejemplo, que aunque Chipre forme parte de la Unión Europea, para el Código M49 está integrada en Asia Occidental; lo mismo que ocurre con otros países del Consejo de Europa como Armenia, Azerbaiyán o Georgia que son naciones asiáticas, estadísticamente hablando. Es importante reseñar que esta clasificación de la División de Estadística de las Naciones Unidas no presupone ni obliga a que los demás órganos, organismos especializados o programas que forman parte del sistema de la ONU deban compartir su mismo criterio; de hecho, retomando el ejemplo anterior, tanto Chipre como Armenia, Azerbaiyán o Georgia aparecen en el listado europeo de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y no en el de Asia.

lunes, 6 de abril de 2020

Medioambiente (XXXVI): La descatalogación de un espacio natural

En España, como precedente de la posibilidad de desproteger un espacio natural que con anterioridad estuvo catalogado podemos citar el Art. 12 de la derogada Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos, al prever que: Tratándose de Parques Naturales promovidos por personas físicas o jurídicas privadas será preciso, para acceder a su creación, que las fincas están inscritas en el Registro de la Propiedad y que conste en el expediente, mediante documento que tenga acceso a dicho Registro, la adscripción de los terrenos a los fines propuestos, mientras no se deje sin efecto por el Estado mediando causa justificada a petición de parte interesada la declaración de Parque Natural. No se refería a la descatalogación tal y como hoy la entendemos pero al menos contemplaba que se justificara la causa por la que se desclasificaban esos espacios naturales.

Aquella norma preconstitucional perdió su vigencia por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En opinión de la profesora Soro Mateo: la normativa básica postconstitucional sobre espacios naturales guardó silencio sobre el procedimiento inverso a la clasificación de espacios naturales, el cual supone sustraer de un régimen protector a un espacio previamente sometido al mismo, constituyendo ésta una de las lagunas más importantes de la normativa sobre espacios naturales [1].

En ese contexto, como la nueva normativa de 1989 no contemplaba la posibilidad de descatalogar un espacio natural, hasta que se aprobó la actual regulación –la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad– durante ese compás de espera, algunos legisladores autonómicos se plantearon esta cuestión en sus propias comunidades para hacer frente a esa laguna legal. Veamos tres ejemplos:
  1. El Art. 15 de la aún vigente Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprobó el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecieron medidas adicionales para su protección lo previó de manera indirecta, por primera vez en España, al exigir que: (…) 3. La modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en los parques naturales requerirá el informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente. 4. Asimismo, requerirá informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente la modificación de la clasificación del suelo afectado por el régimen de protección de monumento natural o parque periurbano, declarado en la forma prevista en la presente Ley. Esta disposición no estableció ninguna tramitación; con el cambio de siglo, el procedimiento de catalogacion, declaracion, revision y descatalogacion de Monumentos Naturales cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron su declaración, perdiendo su singularidad se reguló en el Art. 13 del Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía;
  2. El Art. 22 de la derogada Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón reguló la pérdida de la categoría de protección: 1. La pérdida de la categoría de un Espacio Natural como Protegido sólo podrá hacerse por norma de rango equivalente o superior a la de su declaración originaria. 2. La pérdida de la categoría sólo podrá realizarse si hubieran desaparecido los fundamentos que motivaron la protección y no fueran susceptibles de recuperación o restauración. En ningún caso procederá la descatalogación cuando la pérdida de los fundamentos que motivaron la protección se hubiera producido intencionadamente. 3. La pérdida de categoría de Espacio Natural Protegido, cuando ésta se produzca mediante Decreto, requerirá trámite de información pública e informe previo del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón; y, por último,
  3. El Art. 31 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura también reguló la Descalificación de Espacios Naturales Protegidos: 1. Un Espacio Natural Protegido o una zona del mismo sólo podrá ser descalificada, con la consiguiente exclusión automática de la Red, en virtud de una norma de igual o superior rango a la de su declaración, y de acuerdo con el procedimiento previsto para ésta. 2. La descalificación sólo podrá realizarse si hubieran desaparecido las causas que motivaron la protección y éstas no fueran susceptibles de recuperación o restauración, y siempre que la desaparición de aquellas causas no se haya originado por una alteración intencionada. 3. En todo caso, no se podrá proceder a la descalificación y posterior exclusión de la Red de un Espacio Natural Protegido que hubiese resultado devastado por un incendio forestal, durante los treinta años posteriores al acaecimiento de éste. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de descalificación y exclusión que contravinieren este precepto.


Un último precedente lo encontramos unos meses antes de que se aprobara la mencionada Ley 42/2007; el Art. 13.4 de la ya derogada Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, dispuso que: (…) Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación. El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable. Hoy en día, se regula entre las facultades del derecho de propiedad del suelo en el Art. 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de suelo (TRLS).

Y así llegamos al Art. 49 de la citada Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que desarrolló el “cambio de categoría” en el ordenamiento jurídico español regulando, por primera vez a nivel nacional, la desprotección de un espacio natural: La descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 solo podrá proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución natural, científicamente demostrada, reflejados en los resultados del seguimiento definido en el artículo anterior. En todo caso, el procedimiento incorporará un trámite de información pública, previo a la remisión de la propuesta a la Comisión Europea.

A continuación, el Art. 52 reafirmó ese criterio al regular la alteración de la delimitación de los espacios protegidos: 1. Sólo podrá alterarse la delimitación de espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. En el caso de alteraciones en las delimitaciones de espacios protegidos Red Natura 2000, los cambios debidos a la evolución natural deberán aparecer debidamente reflejados en los resultados del seguimiento previsto en el artículo 48. 2. Toda alteración de la delimitación de áreas protegidas deberá someterse a información pública, que en el caso de los espacios protegidos Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.

Aun así, la nueva normativa española no está exenta de polémicas. Según la profesora Revuelta Pérez: La Ley 42/2007 (art. 48) y el TRLS de 2008 (art. 8.4) sólo permiten proponer la desclasificación de los espacios Natura 2000 por cambios debidos a «evolución natural», pero este límite es contrario al Derecho de la Unión, conforme a la STJUE de 2 de abril de 2014 [asunto C-301/12], que ha establecido la obligación de los Estados de proponerla, previa solicitud de los propietarios, si los terrenos protegidos se han deteriorado definitivamente debido a una actuación antrópica legalmente autorizada. No otra cosa podía hacer el Tribunal de Justicia teniendo en cuenta que la Directiva de hábitats permite ejecutar planes y proyectos desfavorablemente evaluados que pueden dañarlos definitivamente (art. 6.4) y el derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 CDFUE, interpretado conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige un justo equilibrio ente las limitaciones al mismo y los fines de interés general perseguidos y vías procedimentales de defensa de este derecho [2].

Citas: [1] SORO MATEO, B. “La desclasificación de bienes culturales. Pérdida de valores, error o desviación de poder”. En: Revista Aragonesa de Administración Pública, 2013, nº 41-42, pp. 241-286. [2] REVUELTA PÉREZ, I. “La controvertida desclasificación de los espacios protegidos NATURA 2000”. En: Revista de Administración Pública, 2015, nº 198, pp. 219-255. Pinacografía: cuadros de Albert Bierstadt: Escenas de Sierra Nevada (1861 y 1862).

viernes, 3 de abril de 2020

El marco jurídico de la Cruz Roja Española

España, que con cierta frecuencia había perdido el tren de la Historia (revolución industrial, unificación de Europa, revolución tecnológica, etc.), esta vez iba a estar presente y sería protagonista de un hecho trascendental: la fundación de la Cruz Roja. Cuando el Comité de los Cinco [en referencia al grupo que impulsó este proyecto en Ginebra (Suiza): el comerciante Jean Henri Dunant, creador del Derecho Internacional Humanitario; el general Guillaume-Henri Dufour, el abogado Gustave Moynier y los doctores Theodore Maunoir y Louis Appia; cuya labor daría lugar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)] convocó la Conferencia de los días 26 al 29 de octubre de 1863, España fue una de las primeras en inscribirse junto a otras trece naciones [CLEMENTE, J. C. Historia de la Cruz Roja Española. Madrid: Cruz Roja Española, 1986, p. 39].

Apenas unos meses más tarde, bajo los auspicios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, la reina Isabel II declaró a la Cruz Roja Española “Sociedad de utilidad pública” mediante una Real Orden de 6 de julio de 1864 (fecha que se considera el momento de su fundación en España). Cuatro años después, otra Real Orden, de 31 de julio de 1868, adoptó sus primeros Estatutos; y en la posterior década de los años 70, comenzó a prestar sus servicios tanto en conflictos internacionales (guerra francoprusiana, donde realizó el primer envío de socorros a los países beligerantes) como nacionales (tercera guerra carlista: la batalla de Oroquieta, en Navarra, es considerada el bautismo de sangre de la Cruz Roja Española) [CLEMENTE, J. C. El cuaderno humanitario. Madrid: Fundamentos, 2001, p. 37].


Hoy en día, el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, contiene las normas de ordenación de Cruz Roja Española y la configura como una Institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado, como auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas en las actividades humanitarias y sociales impulsadas por las mismas; tal y como establece el preámbulo de la Orden SCB/801/2019, de 11 de julio, por la que se publica el texto refundido de los Estatutos de Cruz Roja Española.

De acuerdo con el Art. 1 de su vigente régimen jurídico: Cruz Roja Española, fundada el 6 de julio de 1864, de acuerdo con la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español ejercida a través del Consejo de Protección. Se rige por los convenios internacionales sobre la materia en los que sea parte España, por el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja Española, por la legislación que le sea aplicable, por los presentes Estatutos y por su Reglamento General Orgánico y demás normas internas.

miércoles, 1 de abril de 2020

El juicio por traición de Aaron Burr

La Tercera Sección del Art. III de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 17 de septiembre de 1787, dispone que: 1. La traición contra los Estados Unidos sólo consistirá en hacer la guerra en su contra o en unirse a sus enemigos, impartiéndoles ayuda y protección. A ninguna persona se le condenará por traición si no es sobre la base de la declaración de los testigos que hayan presenciado el mismo acto perpetrado abiertamente o de una confesión en sesión pública de un tribunal. 2. El Congreso estará facultado para fijar la pena que corresponda a la traición; pero ninguna sentencia por causa de traición podrá privar del derecho de heredar o de transmitir bienes por herencia, ni producirá la confiscación de sus bienes más que en vida de la persona condenada. A este precepto se le conoce como la Treason Clause (Cláusula de la traición) y es el único delito que se definió, de forma expresa, en la ley fundamental estadounidense. Tres años más tarde, el 30 de abril de 1790, el Congreso aprobó su primer código penal federal –la Act for the Punishment of Crimes– para castigar esta conducta, entre otras (como la piratería, la falsificación de moneda o el asesinato), con la pena capital, ejecutando al reo en la horca.

Con ese marco legal, tras los dos primeros mandatos de George Washington (1789-1797) y el de John Adams (1797-1801), el tercer inquilino de la Casa Blanca fue Thomas Jefferson que también dirigió el país durante dos periodos, entre 1801 y 1809. En el primero de ellos, el cargo de vicepresidente del Gobierno Federal y, por lo tanto, también presidente del Senado (Art. 1.3 de la Constitución) lo desempeñó el abogado Aaron Burr; uno de los personajes más controvertidos de la historia de este país porque, mientras ejercía su cargo, mató en un duelo a Alexander Hamilton –considerado como uno de los padres fundadores de EE.UU.– y porque terminó siendo juzgado, acusado de traidor, por sus presuntas conspiraciones secesionistas.

Como ha investigado el catedrático Fernández Segado: Aaron Burr, nacido en 1756 en Newark (New Jersey) (…) pertenecía al grupo elitista de jóvenes que parecían llamados a gobernar la joven República. Burr fue un joven intelectualmente precoz. Su abuelo, el Rvdo. Aaron Burr, fue el primer Presidente de Princeton, y en ese centro se graduó nuestro personaje con 16 años de edad tan sólo. Según la tradición familiar, estaba predestinado al clero (…) pero pronto constató que no estaba llamado a seguir las estrictas reglas del dogma calvinista, abandonando esos estudios en la primavera del siguiente año. En la Law School de Tapping Reeve, su cuñado, ubicada en Litchfield, Connecticut, comenzó a estudiar leyes, aunque la Revolución interrumpió sus estudios (…). Tras retornar al estudio de las leyes, Burr fue admitido como abogado en 1782, abriendo su despacho en Albany, trasladándose al año siguiente a Nueva York, y siendo elegido tan sólo seis meses después como miembro de la Asamblea estatal. Burr prontó se convirtió en uno de los líderes del Colegio de Abogados de Nueva York, teniendo en frente tan sólo a Alexander Hamilton, el líder del mundo jurídico newyorkino sin discusión. Aunque con una relación inicialmente amistosa, las radicales discrepancias políticas entre ambos (frente al conservadurismo de Hamilton, Burr aparecía como un liberal progresista, con tintes incluso revolucionarios) los enfrentarían mortalmente, y nunca mejor aplicado el término, pues Burr terminaría dando muerte a Hamilton en el duelo más famoso de la historia [1].

Ilustración anónima del duelo

Siendo vicepresidente de Estados Unidos, durante el primer mandato de Thomas Jefferson, (…) el fatal duelo de Weehawken, en el amanecer del día 11 de julio de 1804, donde se tomó la venganza sobre Hamilton, saldado con la muerte de éste, convirtió a Burr en un proscrito social, al margen ya de en un fugitivo de la justicia, al ser acusado en Nueva York de asesinato, no obstante tener lugar el duelo en un lugar cercano a Nueva York, pero en todo caso al otro lado del río Hutson [sic], en territorio del Estado de New Jersey, donde el duelo no estaba tan duramente castigado [1] sino que aún se consideraba un método aristocrático para resolver las diferencias personales entre caballeros [2].

El prestigioso analista politico William J. Bennet narra qué ocurrió a partir de aquel momento: Apenas dejó Burr el sillón del vicepresidente, comenzó a conspirar con el ministro británico que estaba en Washington. Lo que Burr quería era eliminar a los estados del oeste y al territorio de Louisiana de la Unión. Apeló a los británicos para que le dieran medio millón de dólares para formar una fuerza con la cual atacaría a las colonias españolas. Burr involucró en ese plan a su viejo amigo el general James Wilkinson, gobernador militar del territorio de Louisiana y además ex agente de un gobierno extranjero durante veinte años: el Agente 13, pagado por el rey de España. Burr recorrió el oeste, donde (…) los duelos no eran un problema, y tampoco les amedrentaba un plan para atacar a los españoles. Era obvio que Burr no le habría contado a sus amigos nuevos, como lo era el general Andrew Jackson, que confabulaba con los británicos para destruir la Union. Con agudeza, negaba que hubiera intentos de secesión mientras su conspiración proseguía, a lo largo de 1805 y 1806. Pero en diciembre de 1806 se descubrió el plan. El general Wilkinson traicionó a su cómplice y le escribió al presidente Jefferson, informándole de «una conspiración profunda, oscura, malvada y ya muy difundida» promovida por Burr con el fin de destruir a la Unión. Jefferson ordenó de inmediato el arresto de su ex vicepresidente, y Burr fue llevado de regreso a Richmond para ser juzgado, acusado de traición [3].

El caso United States v. Burr enfrentó sobre todo a dos grandes personalidades de aquel momento: por un lado, el mencionado presidente Thomas Jefferson, que proyectó todo el peso de la Administración detrás de la acusación [1] para lograr que su exvicepresidente fuera juzgado, condenado y ahorcado; y, por otro lado, su primo John Marshall que tuvo que presidir el Tribunal de Circuito de Richmond (Virginia) que juzgó a Burr.

Grabado anónimo del juicio a Burr

El juicio comenzó el 22 de mayo de 1807 y el jurado dictó su veredicto unos meses más tarde, el 1 de septiembre: No se ha demostrado por ninguna prueba presentada a nosotros que Aaron Burr sea culpable según esta acusación. Por lo tanto, le declaramos no culpable. El acusado salió libre por la falta de pruebas documentales y –sobre todo– porque no existió ninguna declaración de testigos ni la confesión ante el tribunal que exigía la Tercera Sección del Art. III de la Constitución, Marshall logró que Burr tuviera un juicio justo y Jefferson se sintió ultrajado [1].

Alejado de la política, Aaron Burr continuó ejerciendo la abogacía con gran prestigio hasta que falleció en 1836 en Staten Island.

PD: en la crónica negra de la Casa Blanca destaca otro singular duelo: el que fuera séptimo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson (1829-1837) también se batió en más de una ocasión antes de ser elegido para el cargo en Washington. En uno de ellos, en 1806, mató de un disparo a Charles Dickinson porque injurió a su esposa Rachel llamándola polígama.

Citas: [1] FERNÁNDEZ SEGADO, F. “Marshall versus Jefferson: el caso United States v. Burr (1807)”. En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2013, nº 17, pp. 112 y 113. [2] MELTON, B. F. Aaron Burr: The Rise and Fall of an American Politician. Nueva York: Power Plus Books, 2004, p. 56. [3] BENNET, V. J. América: La última esperanza. Volumen I: desde la edad del descubrimiento al mundo en guerra. Nashville: Grupo Nelson, 2010, pp. 196 y 197.

lunes, 30 de marzo de 2020

La Real Audiencia de los Confines

Cuando hablamos de los primeros pleitos americanos tuvimos ocasión de mencionar que el primer tribunal de justicia que se estableció en América fue la Real Audiencia y Chancillería de Santo Domingo de la Isla Española en las Indias, por una Real Provisión de 5 de octubre de 1511, firmada en Burgos por el rey Fernando el Católico y por Lope Conchillos, Secretario de la Reyna, ambos en nombre de la reina Juana I de Castilla. En las siguientes décadas del siglo XVI, conforme avanzaba la conquista del Nuevo Mundo, las autoridades españolas decidieron establecer nuevos órganos judiciales; en primer lugar, una Real Cédula de 13 de diciembre de 1527 creó la Real Audiencia de México para ejercer sus funciones en los territorios de Nueva España gobernados por Hernán Cortés (en 1528 se le otorgaron sus primeras ordenanzas pero fue inmediatamente suprimida, restituyéndose en 1530 con unas nuevas ordenanzas); y, en segundo lugar, una Real Cédula de 26 de enero de 1538 fundó la efímera Audiencia de Panamá con jurisdicción en un vasto territorio que se extendía desde Tierrafirme (litoral caribeño de Centroamérica) hasta las actuales Guayanas y Perú.

Como recuerda el Ministerio de Cultura español: (…) las audiencias americanas, aunque institucionalmente eran tribunales de justicia, funcionaron no solo como tales sino también como órganos asesores y de gobierno, y para ambas funciones tenían asignado un territorio más o menos extenso, siendo así la audiencia la división territorial indiana primera y más importante, ya que la clasificación en provincias mayores y menores que del territorio americano hacen las Leyes de Indias, responde a que en ellas haya instalada una Audiencia bajo el mando de un presidente gobernador, o simplemente correspondan a una gobernación (*).

Apenas seis años después de que se estableciera la Audiencia panameña se aprobó en Barcelona una Real Provisión el de 20 de noviembre de 1542, con el texto de las denominadas «Leyes Nuevas» [Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su magestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios]. Entre otros contenidos, se fundaban dos nuevas Audiencias que se repartieron la jurisdicción de Panamá –que desapareció como tal– entre las recién creadas Audiencias de los Confines de Guatemala y Nicaragua y de la Ciudad de los Reyes (Lima). De modo que a mediados del siglo XVI, España contaba con cuatro Audiencias en sus territorios americanos: Santo Domingo, México, Confines y Lima.

Palacio de los Capitanes Generales (Audiencia) | Antigua (Guatemala)

El desarrollo normativo para ejecutar las Leyes Nuevas en la Real Audiencia de los Confines se aprobaron al año siguiente, mediante las Reales Cédulas de 7 y 13 de septiembre de 1543, dadas en Valladolid. A grandes rasgos, porque los distritos americanos fueron objeto de numerosas modificaciones, su jurisdicción abarcaba desde el Sur del actual México (Yucatán, Cozumel y Tabasco) hasta Tierrafirme (Panamá) y su sede se estableció en el pueblo de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua (actual Honduras), de donde se trasladó temporalmente a la ciudad hondureña de Gracias a Dios (1544-1548) y, en 1549, a Santiago de los Caballeros de Guatemala (la actual ciudad de Antigua) que también era sede episcopal; estando al frente el licenciado Juan Martínez de Landecho.

Finalmente, por una Real Cédula de 30 de mayo de 1563 dada en Aranjuez, Felipe II envió al licenciado Francisco Briceño como nuevo juez de residencia y gobernador para sustituir a Landecho –que fue acusado de abuso de su poder por sus oidores (jueces)– y la Audiencia de los Confines se acabó trasladando a la ciudad de Panamá el 8 de septiembre de 1563, haciéndose efectiva la mudanza al año siguiente, con lo que se puso fin a la breve historia de esta Real Audiencia en 1564.

Hay que subrayar el hecho de que, desde el primer momento, la supresión de la Audiencia de los Confines y su traslado a Panamá fueron tenidas por medidas muy desacertadas. Así, de forma bien temprana, se lo expresaron a Felipe II mediante sendas cartas redactadas en la ciudad de México el 26-II-1564, el virrey Luis de Velasco, y los oidores de la Audiencia de la Nueva España (los doctores Pedro de Villalobos, Vasco de Puga, Francisco de Ceynos, Jerónimo de Orozco y Alonso de Villanueva), para quienes la existencia de una Real Audiencia en Guatemala resultaba absolutamente necesaria (…). El mismo gobernador de la provincia de Guatemala, y juez de residencia de la Audiencia de los Confines, el licenciado Francisco Briceño, no dejaría de reclamar la vuelta de aquella Audiencia a Santiago de Guatemala [VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. Mª. Estudios de Instituciones Hispano-Indianas. Madrid: BOE, 2015, pp. 60 y 61 (*)].

Aquel esfuerzo dio sus frutos y el Consejo de las Indias se mostró a favor de restablecer la Audiencia de Guatemala, ya bajo esta nueva denominación, mediante una Real Cédula de 15 de enero de 1568 que se hizo efectiva en 1570.

viernes, 27 de marzo de 2020

¿Dónde se regula la clasificación de los agentes biológicos?

En España, tal y como señala su exposición de motivos, el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo se estableció en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales; pero el Art. 6 de esa misma norma previó el desarrollo reglamentario de una serie de materias, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, para ir fijando y concretando los aspectos más técnicos de dichas medidas preventivas. En ese contexto, dos años más tarde, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo se adoptó el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Mediante esta disposición se establecieron las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral (Art. 1.2).
 
El Art. 2 define qué debemos entender por “agente biológico”: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad; y por “microorganismos”: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.
 
A continuación, el Art. 3 es el precepto que regula la clasificación de los agentes biológicos en cuatro categorías:
  1. Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
  2. Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
  3. Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
  4. Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
Finalmente, esta reglamentación enumera las obligaciones de los empresarios (por ejemplo, el establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo) y diversas disposiciones (como la remisión de documentación e información a las autoridades sanitarias o la notificación a la autoridad laboral si las empresas o centros de trabajo utilizan agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4, cuyo listado se detalla en una tabla del anexo II).
 
Joaquín Sorolla | Una investigación
o El Dr. Simarro en el Laboratorio (1897)
 
En el mismo sentido, como recuerda el Real Decreto 664/1997, hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la Unión Europea, se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. El legislador español se refiere a la derogada Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Actualmente se contempla en la vigente Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo [adaptada, con carácter estrictamente técnico, por la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión de 24 de octubre de 2019].

miércoles, 25 de marzo de 2020

La ley de la «crema Chantillí» y el «bulicidio» del Gran Vatel

En Francia, la dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes [“La denominación "crema Chantilly" se reserva para una crema batida que contiene al menos 30 gramos de materia grasa por cada 100 gramos y que no ha sido objeto de ninguna adición que no sea sacarosa (azúcar semiblanco, azúcar blanco o azúcar blanco refinados) y eventualmente preparados aromatizantes”]. Así lo establece el Art. 13 del Decreto n°80-313 de 23 de abril de 1980 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation [para la aplicación de la ley de 1 de agosto de 1905 sobre la represión de fraudes y falsificaciones en materia de productos o servicios con respecto a las cremas de leche destinadas al consumo], con la redacción que le dio el Décret n°2017-325, de 13 de marzo de 2017. Lo más singular de esta normativa francesa es que, en su esencia, mantiene en vigor la definición de la «crema Chantilly» que se adoptó por aquella legislación del verano de 1905.

El chantillí Nata batida, de consistencia esponjosa, azucarada o edulcorada y, a veces, aromatizada, utilizada en repostería (RAE)– recibe este nombre por el castillo homónimo –situado al Norte de Francia– en el que residía el príncipe Luis II de Borbón-Condé; y, tradicionalmente, su primera elaboración se atribuye al maestresala de aquel noble, François Vatel [en realidad, Fritz Karl Watel (1631-1671), de origen suizo], de modo que el origen de esta crema pastelera ha quedado inexorablemente unido al suicidio más famoso en la historia de la gastronomía: cuando Condé quiso organizar un suntuoso banquete de tres días para agasajar al rey sol, Luis XIV, el pescado no llegó a tiempo para ser servido y el agobiado maitre decidió poner fin a su vida clavándose una espada; un buen precedente de lo que ahora se consideraría bulicidio.

El periodista Néstor Luján [Historia de la gastronomía. Madrid: Debate, 2019] recuerda aquel suceso tal y como Marie de Rabutin-Chantal, marquesa de Sévigné, se lo narró por carta a su hija, la bella e insensible madame de Grignan:

Anónimo | El suicidio de Vatel (s. XIX)
(…) Es domingo 26 de abril de 1671; esta carta no partirá hasta el miércoles; pero no es una carta sino una relación que acaba de hacerme Moreuil para vos de lo que ha pasado en Chantilly con referencia a Vatel. Os escribí el miércoles diciéndoos que se había apuñalado. He aquí los detalles del hecho: el rey llegó le jueves por la tarde; la caza, las linternas, el claro de luna, la colación de un prado tapizado de junquillos, todo salió tal como se deseaba. Se cenó; en algunas mesas faltó asado porque no se había esperado a tal número de invitados. Esto afectó a Vatel; dijo varias veces: «He perdido mi honor, es ésta una afrenta que no soportaré». Dijo a Gourville: «La cabeza me da vueltas, hace doce noches que no he dormido; ayudadme a dar las órdenes». Gourville le asistió en lo que pudo. El asado que había faltado, aunque no en la mesa del rey, le volvió al magín. Gourville se lo dijo a monsieur le Prince -así se llamaba al gran Condé-, monsieur le Prince se llegó a su aposento y le dijo: «Vatel todo ha ido bien, no he visto nada más bello que la cena que hemos dado al rey». Contestóle: «Monsieur, vuestras bondades me abruman; yo sé bien que ha faltado asado en dos mesas». «¡En absoluto -dijo el príncipe-, no os preocupéis todo va bien». Llega la noche: los fuegos artificiales fracasan; fueron cubiertos por las nubes. Habían costado dieciséis mil francos. A las cuatro de la madrugada, Vatel todavía está despierto mientras todos duermen. Entonces llega un proveedor con sólo dos cargas de pescado fresco. Vatel le preguntó: «¿Eso es todo?». El proveedor le responde: «Si señor», porque ignoraba que Vatel había enviado gentes a todos lo puertos de mar. Vatel espera algún tiempo, pero los otros proveedores no acuden: se le calentó la cabeza y llegó a creer que no tendría más pescado fresco... Va en busca de Gourville y le dice: «Señor, no sobreviviré a esta afrenta; tengo honor y reputación que perder». Gourville se burla de él. Vatel sube a su habitación, pone su espada fija en la puerta y se la hunde en el corazón. Sólo acertó al tercer golpe, pues los dos primeros no eran mortales; cayó muerto. El pescado fresco llegó, sin embargo, de todas partes y buscaron a Vatel para distribuirlo. Se le encontró bañado en sangre y corrieron a decírselo a príncipe, que se sintió desesperado.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...