miércoles, 22 de mayo de 2019

La reforma tributaria de Alejandro Mon

A mediados del siglo XIX, tras aprobarse la Constitución de la Monarquía Española de 23 de mayo de 1845, se hizo evidente que el complejo sistema tributario del Antiguo Régimen necesitaba una reforma urgente porque, como resultado de la Guerra de Sucesión se suprimieron –entre 1707 y 1716– los organismos que administraban la Hacienda en la antigua Corona de Aragón (el Baile General y el Maestre Racional de la Corte, en cada reino aragonés) de modo que las instituciones hacendísticas tradicionales que pervivían al iniciarse el siglo XVIII eran castellanas: Consejo, Contaduría y Superintendencia; en referencia al Consejo de Hacienda, creado en 1523 y reformado profundamente en 1658; la Contaduría Mayor de Cuentas, creada en 1476; y la Superintendencia General de Hacienda, creada en 1687 (*). Un complejo sistema tributario que aún se basaba en la habitual preferencia de la Corona de Castilla por los impuestos indirectos, como la alcabala (salvando las distancias, el actual IVA) y determinados gravámenes al consumo.
 
La gran reforma se produjo en 1845 y fue obra del político y jurista asturiano Alejandro Mon y Menéndez; al instaurar la Hacienda española contemporánea que, a grandes rasgos, perduró hasta la transición a la democracia (una solidez similar a la que también tuvo entonces la reforma educativa de Claudio Moyano, capaz de mantenerse en vigor a pesar de los cambios políticos).
 
Nacido en Oviedo el 26 de febrero de 1801 –donde falleció el 1 de noviembre de 1882– a comienzos del siglo XXI, con ocasión de crear una Comisión Nacional para organizar los actos conmemorativos del segundo centenario de su nacimiento, la exposición de motivos de aquel Real Decreto 3455/2000, de 22 de diciembre, describió la decisiva acción fiscal de Mon del siguiente modo:
 
El Ministro de Hacienda García Carrasco nombró el 13 de diciembre de 1843 la Comisión que abrió paso a la llamada reforma tributaria de los moderados, que, en lo esencial, ha estado vigente hasta 1979, y que continúa viva en aspectos impositivos importantes. En esta Comisión se encontraban Javier de Burgos, Ramón Santillán y Alejandro Mon. Éste último, en 1845, convertiría en Ley [de 23 de mayo] los trabajos de la Comisión. Por eso, gracias a Mon se comenzó a poner orden en lo que llamaba entonces Jaime Balmes "el embrollo de la Hacienda". Ese esfuerzo, coordinado con los trabajos de la Comisión de García Carrasco, como ha señalado el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se hacía con la conciencia de que no se trataba de un enfoque impremeditado y ligero, sino pensado y ordenado tras varios años de esfuerzo.
 
 
Para el profesor Juan Cruz Alli (*), la reforma de 1845 –que se basó en los principios teóricos de reparto de la carga tributaria vigentes en Europa en aquél momento– tuvo un efecto positivo en la Hacienda pública ya que duplicó los ingresos, aunque esto no fue suficiente para cubrir el déficit presupuestario por la escasa potencia recaudatoria de los impuestos de producto (…). Con la refonna se absorbieron muchas rentas antiguas de escaso rendimiento, se crearon cinco nuevos impuestos, de los que sólo el de inquilinato era totalmente inédito, mientras que los restantes eran refundición de antiguos tributos. Nuestro primer sistema fiscal moderno era más general, justo y uniforme que el existente hasta 1845 y su éxito radicó en que se estableció un sistema tributario coherente, sistemático y general, sin alterar las tradiciones recaudatorias del país. Este sistema tributario cumplía el mandato constitucional de introducir los principios de generalidad (acabando con los privilegios fiscales y las fiscalidades paralelas), uniformidad territorial y sistematización que evitase el caos y duplicidades impositivas. La reforma de [Alejandro] Mon acabó con los principios tributarios del Antiguo Régimen [1].

Para Miguel Martorell y Santos Juliá, la reforma tributaria del 23 de mayo de 1845 -diseñada por Alejandro Mon y Ramón Santillán- cerró una larga etapa de caos asociada a la pervivencia del sistema impositivo del Antiguo Régimen, ineficaz y en plena descomposición. Siguiendo el modelo francés, Mon y Santillán simplificaron el sistema tributario que pasó de tener una profusión de pequeños tributos dispersos, muchos de ellos de ámbito local, a unos pocos impuestos grandes entre los que destacaban las contribuciones territorial e industrial y el impuesto de consumos. La reforma, vigente en sus trazas generales hasta finales del siglo XX, clarificó el mapa tributario que, por primera vez, fue común a todo el territorio nacional con excepción del País Vasco y Navarra [2].

Citas: [1] ALLI ARANGUREN, J. C. “La reforma fiscal de Mon-Santillán y su repercusión en Navarra”. Revista Jurídica de Navarra, 1995, nº 20, pp. 41-60. [2] MARTORELL, M. y JULIÁ, S. Manual de historia política y social de España (1808-2011). Barcelona: RBA, 2012, pp. 92 y 93. 

lunes, 20 de mayo de 2019

La pena de llenar la boca del ladrón de carneros con mierda de hombre

Tan escatológica condena se regulaba en el capítulo XVI del Título VII del Libro V del Fuero General de Navarra bajo el epígrafe: Qui pena ha qui furta carnero que traye cencerro. Manteniendo el castellano medieval, la norma afirmaba lo siguiente: Si algun furta en las oveyllas carnero que traye cencerro al pescuezo o canpanieyllo por amor que furte las oveyllas, et esto puede ser provado con bonos ombres, el ladron deve poner los dos dedos de su mano diestra, quiera o no, dentro en la canpaneta tanto quoanto entrar puedan. El baylle de seynor de la tierra deve fer tayllar tanto quoanto entridieren en la canpaneta dentro de los dedos; et encara puede iurgar en otra manera que fagan implir la canpaneta de mierda de ombre que sea rasa, et faga implir en la boca al ladron d’aqueylla mierda [1]. Para entenderla mejor, veamos la traducción y los comentarios realizados por diversos juristas.
 
En 1862, los abogados Amalio Marichalar y Cayetano Manrique señalaban al respecto que: En delitos de poca gravedad se encuentran penas muy originales y curiosas. El que hurtaba carnero entre ovejas, con cencerro ó campanilla, hurtando también ovejas, si fuere probado con buenos hombres, debia sufrir la pena de cortarle dos dedos de la mano derecha, tanto cuanto pudieren entrar en la campanilla, y el bayle del señor solariego hacia ejecutar la sentencia. Esta pena podia conmutarse, á elección del reo, con la de llenar la campanilla do escremento de hombre y vaciarla en la boca del ladrón [2].
 
Ya en el siglo XX, el abogado José Mª Iribarren afirmaba que: (…) nuestro Fuero de Navarra, que une a su gracia ingenua la dureza del medioevo, está lleno de alusiones pecuarias, de extrañas penas a los que hurtan animales (azores, gatos, bueyes, alanos). El que roba el morueco [“Carnero padre o que ha servido para la propagación” (RAE)] de las ovejas deberá devolver—dice un precepto del Fuero— otro carnero igual y nueve ovejas preñadas. Y al siguiente capítulo nos habla de la pena que tiene «qui furta carnero que trae cencerro». Es tan curiosa la sanción, que quiero transcribirla, pese a la crudeza de su arcaísmo: «Al que roba carnero que trae cencerro al pescuezo, le harán meter los dos dedos de su mano derecha, quiera o no, dentro del cencerro: Entonces—dice—el Justicia deberá tajarle los dedos tanto cuanto entraren en la campaneta». Y añade: «También pueden juzgar de otra manera. Y es que hagan implir (llenar) la campaneta de mierda de home hasta que esté rasa, y hagan implir en la boca del ladrón de aqueilla mierda» [3].
 
Citas: [1] JIMENO ARANGUREN, R. Los Fueros de Navarra. Madrid: BOE, 2016, p. 155. [2] Marichalar, A. y Manrique, C. Historia de la legislación y recitaciones del derecho civil de España. Madrid: Imprenta Nacional, 1861-1872, p. 331. [3] IRIBARREN, J. Mª. “Viñetas forales. Carneros y esquilas”. En: Revista Príncipe de Viana, 1941, nº 2, p. 167. [4] LANDA EL BUSTO, L. Historia de Navarra. Una identidad forjada a través de los siglos. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999, pp. 92, 93, 116, 117 y 200].
 
NB: sobre el Fuero de Navarra: Recién subido al trono Teobaldo I (1234-1253) (…) En 1238, se nombra una comisión de caballeros, eclesiásticos y ricos-hombres para redactar el Fuero Antiguo, primera constitución escrita del reino, donde el monarca queda subordinado a las leyes y fueros del reino, no pudiendo gobernar sin previo juramento del Fuero. (…) Le sucede en el trono, Teobaldo II (1253-1270) que, a sus catorce años, juró los fueros y prometió defender a todo el pueblo de Navarra. Los nobles consiguieron consolidar sus derechos no como privilegio, sino como exigencia constitucional, pero fueron marginados en las decisiones políticas. (…) Navarra se incorpora definitivamente a la Corona de Castilla el 7 de julio de 1515, decisión tomada en las Cortes castellanas, convocadas en Burgos (…) sin perder sus fueros y sus señas de identidad, encarnados en el escudo con las cadenas, que queda integrado en el emblema de España. (…) a partir del s. XVIII, los fueros representan para los navarros sus señas de identidad y les otorgan singularidad dentro de España. Porque los fueros no son un «puñado» de privilegios económicos, ni un pequeño reino de Taifas con su poder, sino una especie de cédula que conlleva honra, respeto y dignidad; es un distintivo, un patrimonio, una herencia, un status de todos y cada uno de los navarros. El Padre Isla (1746), con sorna, afirma que los navarros «veneran» a los fueros [4].

viernes, 17 de mayo de 2019

Callejero del crimen (X): la Torre de la Inquisición de Carcasona

Cuenta la tradición que Carlomagno (ca. 742-814), el emperador de los francos, sitió la ciudad mejor amurallada de la comarca del Languedoc –en la actual región francesa de Occitania– durante cinco años para expulsar a los sarracenos que la habían conquistado en la primavera del año 725; pero el monarca carolingio no contó con la astucia de Madame Carcas, viuda del emir Ballak que había ocupado la fortaleza. Se dice que esta mujer ordenó colocar muñecos de paja en los adarves del recinto defensivo para que, desde el exterior, diera la impresión de que aún contaban con suficientes tropas para resisitir y, a continuación, alimentó al único cerdo que había sobrevivido al asedio con los últimos granos de trigo que les quedaban y lo lanzó con una catapulta contra los sitiadores para que, al ver los restos desparramados del animal y los cereales, creyeran que aún disponían de suficientes víveres como para permitirse lanzárselos al enemigo. La treta funcionó, el emperador ordenó levantar el cerco y se firmó la paz con el consiguiente júbilo de la Dama que mandó hacer sonar las trompetas –Carcas sonne– dando nombre a la localidad: Carcassonne (Carcasona). Aunque es evidente que la leyenda medieval carece del menor rigor histórico, su relato forma parte del imaginario colectivo de sus habitantes y la imagen de la Dama Carcas aún preside el acceso al recinto por la Puerta de Narbona (en la fotografía superior).


El origen de la ciudadela que, hoy en día, continúa mostrándose como uno de los conjuntos medievales más impresionantes de toda Europa, se remonta a la Edad de Hierro. Desde entonces, esta árida colina situada en la margen derecha del río Aude, ha estado siempre fortificada por celtas, íberos, romanos, visigodos, musulmanes, francos... aunque su imagen actual se debe a la intervención del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, a mediados del siglo XIX, con una polémica restauración que añadió algunos elementos que no formaban parte de la estructura original, como los chapiteles de pizarra que coronan las torres, pero sin él es muy probable que no se hubiera conservado casi nada del conjunto porque sus piedras habrían sido empleadas para edificar la ciudad nueva [Basse-Ville] a los pies del promontorio.



En el siglo XII, Carcasona era un vizcondado que formaba parte del Languedoc, un territorio libre situado entre los reinos de Francia, al Norte, y de Aragón, al Sur; en aquella época, los conflictos no se resolvían ante ninguna autoridad real sino en un tribunal de prohombres sabios respetados por la comunidad (prud’homie, en francés; probi homines, en latín). Esta jurisdicción se ejercicio hasta que el joven vizconde Raimundo Roger Trencadel perdió la guerra contra los cruzados franceses y papales que le sitieron, combatiendo la herejía de los cátaros. Uno de los rincones más icónicos de la doble liza de sus murallas es la Puerta del Aude que da acceso al castillo y a la Torre de la Justicia, donde se hallan las mazmorras que se emplearon hasta el siglo XX, con los prisoneros alemanes capturados durante la I Guerra Mundial. A su lado, en la Torre de la Inquisición, se instaló el Tribunal del Santo Oficio en el siglo XIII.
 
Fue durante la restauración de Viollet-le-Duc cuando (…) en los sótanos de esta espeluznante torre, de planta casi circular, el arquitecto (…) pudo comprobar (…) que aquella terrible, oscura y lóbrega estancia fue la tumba de innumerables condenados a muerte que allí se olvidaron del mundo, abandonados a su suerte, sin comida ni agua; centenares de huesos humanos y detritos lo confirmaban (…). Al siniestro lugar solamente podía bajarse a través de una trampilla abierta en el suelo, por medio de una cuerda anudada o una escalera móvil; pero, sin lugar a dudas, el alzajón solo se levantaba para arrojar a las personas a su viaje sin regreso; puesto que, según los hallazgos, los cadáveres se fueron acumulando según iban falleciendo, bien por las torturas sufridas durante los interminables y severos juicios, o bien por la ausencia de alimento [ÁVILA GRANADOS, J. Mazmorras que han hecho historia. Barcelona: Planeta, 1993, pp. 45 y 46].

El editor de este blog, sentado en la Puerta del Aude (Carcasona)

miércoles, 15 de mayo de 2019

¿Qué es el «Tribunal Russell»?

Gran defensor de la razón, el controvertido filósofo y escritor británico Bertrand Russell [Trelleck, 1872 – Penrhyndeudraeth, 1970] obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1950 en reconocimiento a sus variadas e importantes obras en las que defendió los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento (*). En opinión de Laura Vaccaro: Suecia premió los afanes de Russell por la paz mundial, de acuerdo con el espíritu que Bertha von Suttner le imprimió al testamento de Alfred Nobel [1]. Esta profesora argentina ha contextualizado la entrega de ese prestigioso galardón con la Guerra de Vietnam; en aquel momento (…) Bertrand Russell creó el Tribunal Russell para juzgar a los Estados Unidos por su actuación en esa guerra al margen de todo derecho. El tribunal sesionó principalmente en Estocolmo, dado que el general De Gaulle no permitió que lo hiciera en París, a pesar de que su gobierno se opuso oficialmente a la guerra de Vietnam. Presidido por Jean Paul Sartre, ese tribunal determinó que Estados Unidos podía ser acusado en virtud del Estatuto de Nürenberg. En la guerra de Vietnam se violaron el Pacto Briand-Kellog, la Carta de la O.N.U. y los Acuerdos de Ginebra, se atacó a un pueblo que defendía su derecho a la autodeterminación, se bombardeó a la población civil, se experimentó con armas nuevas y se torturó a los prisioneros vietnamitas [1]. En el epílogo de su libro Crímenes de guerra en Vietnam [2].

Russell justificó la creación de este Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra [International War Crimes Tribunal] apelando a una cita del propio Fiscal General del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez Wilson, cuando en el Proceso de Nuremberg afirmó que: (…) Si ciertos actos o violaciones de tratados constituyen delito, son delito sea Alemania, sean los Estados Unidos quienes lo cometan. No nos proponemos sentar una norma de conducta criminal contra otros si no aceptáramos que, en su caso, se invocara contra nosotros.

Parafraseando esa opinión, el filósofo británico pidió que se constituyera este Tribunal en 1967 porque, una vez más, se han estado cometiendo crímenes de gran magnitud. Es de notar que nuestro Tribunal no se inspira en ningún poder estatal. No se ampara en un ejército vencedor. No pretende más autoridad que la autoridad moral (…) La autoridad del Tribunal y su prestigio de integridad se deriva precisamente de la personalidad de sus componentes y del rigor de su procedimiento.

Entre sus miembros –que actuaban en comisiones de instrucción, preparación de pruebas y examen del material documental– destacaron intelectuales como el mencionado filósofo francés Jean-Paul Sartre, que actuó como presidente, juristas (Lelio Basso, Kinju Morikawa o Mehmet Ali Aybar), historiadores (Günther Anders); escritores (Simone de Beauvoir, Julio Cortázar); científicos (Shoichi Sakata, Laurent Schwartz) o el político mexicano Lázaro Cárdenas. Por unanimidad encontraron culpable a EE.UU.

Posteriormente, el legado de Bertrand Russell se retomó por el profesor Basso al establecer en Roma, en 1973, el denominado Tribunal Russell II para investigar los crímenes cometidos por las dictaduras de Iberoamérica. Desde entonces, se han constituido nuevos Tribunales Russell sobre Iraq, Palestina y Ucrania; e incluso un Tribunal Permanente de los Pueblos [Permanent Peoples' Tribunal], con sede en Bolonia (Italia), en 1979.

Citas: [1] VACCARO, L. Premios Nobel de literatura: una lectura crítica. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007, p. 398. [2] RUSSELL, B. Crímenes de guerra en Vietnam. Madrid: Aguilar, 3ª ed., 1968, pp. 162 a 168.

lunes, 13 de mayo de 2019

El tributo del Halcón Maltés

Un plano secuencia sobre la ciudad de San Francisco, una animada música swing, el nombre de la agencia de detectives [1] … y así comienza uno de los grandes clásicos del cine negro –El halcón maltés [The Maltese Falcon]– dirigido por John Huston, en 1941, según la novela homónima que Dashiell Hammett había publicado por capítulos entre 1929 y 1930; y protagonizado por Humphrey Bogart en uno de sus papeles más icónicos, el personaje de Sam Spade, con el que inmortalizó el arquetipo del investigador privado: ese hombre duro que arrastra un pasado turbio, viste con sombrero y gabardina y habla mientras apoya un cigarrillo en la comisura de los labios.

Junto con Perdición [Billy Wilder (1944)], Laura [Otto Preminger (1944)] e Historia de un detective [Edward Dmytryk (1944)], esta película fue una de las mejores muestras del cine negro que Hollywood produjo durante la II Guerra Mundial. Cuatro ejemplos notables del llamado “Film noir” caracterizado porque compartían algunos rasgos comunes en cuanto a temática, atmósfera y estilo (…): la presencia del crimen, el tema de la violencia, la muerte, la ambigüedad moral de los personajes y lo confuso de sus móviles (…) para desorientar al espectador de los años 40, acostumbrado a ciertas convenciones y postulados [2].

En palabras del director francés Bertrand Tavernier: [El halcón maltés] constituye una notable versión de Hammett destilada por milagrosos comediantes [en referencia no solo al trabajo de Bogie sino a la inolvidable actuación de Peter Lorre y Sydney Greenstreet, crapulosa, enigmática y rídicula pareja] [3].

Como sabemos, el argumento gira entorno a la búsqueda de una mujer supuestamente desaparecida que, en realidad, oculta el robo de una figurilla esmaltada y enjoyada, la estatuilla de un pájaro negro –el valioso halcón maltés que da nombre a la película– hecha por los esclavos turcos del castillo de San Angelo para el rey de España, Carlos I, pero que nunca llegó a su destino en Madrid porque unos piratas asaltaron el barco y la robaron. Cuatro siglos más tarde, ofrecerán 5.000 dólares a quien logre recuperarla para devolvérsela a su legítimo propietario.

Más allá de la pantalla, lo cierto es que la historia que narra Hammett en su novela se basa en unos hechos reales que se remontan al 23 de marzo de 1530 cuando el mencionado emperador español cedió en usufructo y a perpetuidad las islas de Malta, Comino y Gozo, así como la fortaleza libia de Trípoli, a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén –que desde entonces pasó a llamarse Orden de Malta– con la sola obligación de tributar todos los años un halcón en reconocimiento de vasallaje (*) a la monarquía española: un ejemplar de este ave entrenado para la cetrería que, tradicionalmente, se entregaba al virrey de Sicilia en el día de Todos los Santos. En siglos posteriores se entregó directamente al rey en la corte de Madrid, como se constata en diversos documentos que se conservan en el Archivo de Simancas (*).

Aquel simbólico acuerdo, firmado en la localidad emiliana de Castello Franco (Italia), fue ratificado el 25 de abril de 1530 por una bula del papa Clemente VII.

Citas: [1] DUNCAN, P. y MÜLLER, J. (Eds.) Film Noir. 100 All-time Favorites. Colonia: Taschen, 2014, p. 92. [2] PAVÉS, G.M. El cine negro de la RKO. En el corazón de las tinieblas. Madrid: T&B Editores, 2003, pp. 328-329. [3] COURSODON, J. P. y TAVERNIER, B. Diccionario Akal de 50 años de cine norteamericano. Madrid: Akal, 2006, p.641.

viernes, 10 de mayo de 2019

La personalidad jurídica robótica, según la Unión Europea

El 31 de mayo de 2016, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo publicó su Proyecto de informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica [2015/2103(INL) (*)]. Entre sus considerandos, este documento se planteó que, cuanto más autónomos sean los robots, menos se los podrá considerar simples instrumentos en manos de otros agentes (como el fabricante, el propietario, el usuario, etc.); y que, debido a esto, la normativa general sobre responsabilidad resulta insuficiente y precisa de nuevas normas que se centren en cómo una máquina puede considerarse parcial o totalmente responsable de sus actos u omisiones; que, como consecuencia de ello, resulta cada vez más urgente abordar la cuestión fundamental de si los robots deben tener personalidad jurídica (§S).

Asimismo, señaló que independientemente del instrumento jurídico futuro que se escoja en materia de responsabilidad de los robots (§26), (…) el futuro instrumento legislativo debe prever, como regla general, la aplicación de la responsabilidad objetiva, lo que únicamente exige probar que se ha producido un daño y el establecimiento de un nexo causal entre el comportamiento perjudicial del robot y los daños causados a la persona perjudicada (§27); proponiendo que una posible solución a la complejidad de la asignación de responsabilidad por los daños causados por robots cada vez más autónomos, podría ser el establecimiento de régimen de seguro obligatorio, como ya ocurre, por ejemplo, con los coches; no obstante, observa que, a diferencia del régimen de seguros en materia de circulación por carretera, en los que el seguro cubre tanto las actuaciones humanas como los fallos, un sistema de seguros para robots podría basarse en la obligación del fabricante de suscribir un seguro para los robots autónomos que produce (§29).

Por todo ello, le pidió al ejecutivo comunitario que, cuando realice una evaluación de impacto de su futuro instrumento legislativo, explore las implicaciones de todas las posibles soluciones jurídicas, tales como: (…) f) crear una personalidad jurídica específica para los robots, de modo que al menos los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos, incluida la obligación de reparar los daños que puedan causar; la personalidad electrónico se aplicaría a los supuestos en que los robots puedan tomar decisiones autónomas inteligentes o interactuar con terceros de forma independiente (§31).

Para la abogada Ana Mª Aransay, (…) la admisión de esta personalidad jurídica digital se asimilaría a la figura, ya existente, de personalidad jurídica societaria del derecho mercantil que otorga reconocimiento público y jurídico al fenómeno de la empresa [ARANSAY ALEJANDRE, A. Mª. “Antecedentes y propuestas para la regulación jurídica de los robots”. En BARRIO ANDRÉS, M. (Dtor). Derecho de los Robots. Madrid: Wolters Kluwer, 2018, p. 101].

Finalmente, en línea con la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Resolución de 16 de febrero de 2017, del Parlamento Europeo, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica, terminó pidiendo lo mismo al ejecutivo (…) crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente [§59.f)] (*).


Por el contrario, tres meses más tarde, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad» (*), aprobado en el pleno del 31 de mayo de 2017, se mostró categórico al respecto: (…) El CESE está en contra de la introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para los robots o la IA [Inteligencia Artificial], puesto que socavaría los efectos correctores preventivos de la legislación en materia de responsabilidad, generaría un riesgo moral tanto en el desarrollo como en la utilización de la IA y daría lugar a un posible uso indebido (§1.12). (…) El CESE se opone a cualquier tipo de estatuto jurídico para los robots o sistemas de IA por el riesgo moral inaceptable que ello conlleva. La legislación en materia de responsabilidad tiene un efecto correctivo y preventivo que podría desaparecer en cuanto el riesgo de responsabilidad civil dejase de recaer sobre el autor por haberse transferido al robot (§3.33).

Concluyendo, en ese mismo parágrafo, que: La comparación con la responsabilidad limitada de las sociedades no es válida, puesto que el responsable en última instancia es siempre una persona física. A este respecto, hay que investigar en qué medida responden satisfactoriamente a este problema la legislación, la reglamentación y la jurisprudencia de la UE y de cada Estado miembro en materia de responsabilidad (sobre el producto y el riesgo) y atribución de culpa, y, en su defecto, qué soluciones legales se ofrecen.

Por último, este órgano consultivo de la Unión Europea remarca una idea básica: La IA no conoce fronteras. Por consiguiente, es importante examinar la necesidad de una reglamentación mundial, pues la normativa regional será insuficiente e incluso de efectos no deseados (§3.35).

En el otro extremo del mundo, el profesor Solaiman, de la Wollongong University (Australia), también se opone a comparar la situación jurídica de los robots con las sociedades mercantiles al considerar que: Los defensores de la personalidad de los robots se basan en la personalidad jurídica de las empresas, ignorando la consideración fundamental de que la personalidad corporativa es esencialmente un símbolo de las personas que están detrás de la entidad [Solaiman, S. M., “Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy”. Artificial Intelligence and Law, 2017, p. 36 (*)].

Por el momento, en el seno de la Unión Europea, este debate –aunque pueda sonar a derecho ficción– continúa abierto; pero no está de más recordar que, en España, hasta 2010 se aplicaba el conocido aforismo latino de Societas delinquere non potest y parecía imposible tipificar la responsabilidad penal de una persona jurídica… hasta que se aprobó la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal y, hoy en día, se regula de manera pormenorizada en el Art. 31 bis CP. Así que, todo es posible.

NB: Semana de Europa | Mayo es el mes del Viejo Continente y su fiesta se celebra el día 5 en el ámbito del Consejo de Europa (por el aniversario del Tratado de Londres de 1948 que lo fundó) y el 9 en la Unión Europea (para recordar la Declaración de Robert Schuman que dio lugar a la CECA).

miércoles, 8 de mayo de 2019

¿Qué es la Comisión Mixta para la Unión Europea?

El Art. 5 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas constituyó una Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado –las dos Cámaras Legislativas del Parlamento español (sistema bicameral)–, denominada Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, con el carácter y competencias que se le atribuyeron en dicho artículo. Unos días más tarde, el 1 de enero de 1986, España se convirtió en el 12º Estado miembro de las Comunidades Europeas; pero, con el avance en la construcción del proyecto europeo y, en especial, tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993, aquella primera Comisión Mixta se quedó obsoleta y fue necesario adecuar sus funciones.

Por ese motivo se aprobó la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se reguló la Comisión Mixta para la Unión Europea. En su exposición de motivos, esta norma afirmó que: (…) En la perspectiva de una unión cada día más estrecha entre los pueblos de Europa, reviste una singular importancia el fortalecimiento de la participación de los Parlamentos nacionales en este proceso, circunstancia referida en el propio Tratado de la Unión Europea, en el que se establece que «... los Gobiernos de los Estados miembros velarán, entre otros aspectos, porque los Parlamentos nacionales puedan disponer de las propuestas legislativas de la Comisión con la antelación suficiente para información o para que puedan ser examinadas».

Como consecuencia, de acuerdo con su Art. 1, se estableció una Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado, denominada Comisión Mixta para la Unión Europea, con el fin de que las Cortes Generales tengan la participación adecuada en las propuestas legislativas elaboradas por la Comisión Europea y dispongan, en general, de la más amplia información sobre las actividades de la Unión Europea. Definió sus competencias en el Art. 3, previó el procedimiento para que también intervengan los Parlamentos de las Comunidades Autónomas (Art. 6) y delegó su “puesta en funcionamiento” en la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995.

Posteriormente, como el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 amplió la participación de los parlamentos nacionales en los asuntos de la Unión Europea al entrar en vigor el 1 de diciembre de 2009; en España, aquella Ley 8/1994 se modificó por medio de otras dos –la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, y la Ley 38/2010, de 20 de diciembre– de modo que, por ejemplo, los miembros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ahora también pueden solicitar su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea (Art. 10). Asimismo, se aprobó una nueva Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de mayo de 2010, que reformó la anterior de 1995.
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