lunes, 19 de noviembre de 2018

¿Dónde se regulan las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos?

El Código Civil español [Real Decreto de 24 de julio de 1889] se refiere a procurar la igualdad de los herederos en la partición de bienes (Art. 832 CC); guardar la posible igualdad en la partición de la herencia (Art. 1061 CC); o considerar nula cualquier estipulación contraria a las Leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge (Art. 1328 CC), pero en ningún momento establece, de forma expresa, que las dos partes que firman un contrato deban estar en un plano de igualdad jurídica para que una de ellas no pueda imponerle su voluntad a la otra; aun así, ese equilibrio contractual se presupone de forma implícita cuando este cuerpo normativo establece que El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio (Art. 1254 CC); Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público (Art. 1255 CC) o, sobre todo, que La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (Art. 1256 CC) y que Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo (Art. 1265 CC).
 
Del tenor literal del Art. 1256 CC, se pretende en él, según la doctrina científica, la igualdad esencial de los contratantes que impiden que uno quede sujeto al convenio y el otro no, con lo que solo habría una voluntad expresada, un solo sujeto sometido, y la desigualdad seria manifiesta [ECLI:ES:APGR:2008:1843].
 
Frente a ese elemento de igualdad que caracteriza los contratos firmados entre particulares, en el Derecho Administrativo, en cambio, no ocurre lo mismo; de modo que por el mero hecho de celebrar un contrato con una Administración Pública, ésta disfruta de una serie de privilegios por razones de interés público. Son las prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos.
 
El Art. 189 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), regula la vinculación al contenido contractual, disponiendo que: Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.
 
Dichas prerrogativas se enumeran a continuación, en el Art. 190 LCSP: Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
 
Esta ley derogó la anterior regulación, más breve, del Art. 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: (…) el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. Precepto que tenía idéntica redacción que la anterior enumeración del también derogado Art. 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

viernes, 16 de noviembre de 2018

Hersch Lauterpacht y los crímenes contra la humanidad

El 6 de octubre de 1945, Robert H. Jackson, François de Menthon, Hartley Shawcross y Roman Rudenko –en representación, respectivamente, de los gobiernos de los Estados Unidos de América, la República Francesa, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)– fueron los fiscales que firmaron por cuadruplicado el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg para, aplicando los principios de justicia e inmediación, enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra del Eje Europeo (Art.1); juzgando a aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los países del Eje Europeo, cometieron los delitos que constan a continuación, ya fuera individualmente o como miembros de organizaciones (Art.6); de acuerdo con los principios de que el cargo oficial de los acusados, ya sean Jefes de Estado o funcionarios a cargo de Departamentos del Gobierno no les exonerará de las responsabilidades ni servirá para atenuar la pena (Art. 7); y que el hecho de que el Acusado actuara obedeciendo órdenes de su gobierno o de un superior no le exonerará de responsabilidad, pero podrá considerarse un atenuante al determinar la condena si el Tribunal estima que la justicia así lo exige (Art. 8).

Los tres actos que el Estatuto consideró crímenes bajo la competencia de este Tribunal Militar Internacional (Art. 6) eran:
  1. Crímenes contra la paz: a saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados;
  2. Crímenes de guerra: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes;
  3. Crímenes contra la humanidad: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron.

La inclusión de los “crímenes contra la humanidad” [crimes against humanity] en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg –enjuiciando estos delitos por primera vez en la historia judicial– fue posible gracias a la labor de quien acuñó ese término: sir Hersch Lauterpacht [nacido en Zolkiew (en aquel tiempo, una localidad de Galitzia, en el Imperio Austro-Húngaro), actual Zhovkva (Ucrania), el 16 de agosto det 1897; y fallecido en Londres (Reino Unido), el 8 de mayo de 1960], cuando formó parte de la delegación británica, preparando los discursos de sir Hartley Shawcross y redactando el mencionado Art. 6.

Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Viena, donde fue alumno de Hans Kelsen, Lauterpacht continuó su formación en la London School of Economics de la mano de su mentor, Lord Arnold McNair (juez de la Corte Internacional de Justicia y primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). En 1945 publicó una de sus obras más conocidas, An International Bill of Human Rights, que tanta influencia ejercería en el posterior Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en el seno del Consejo de Europa.

PD: aunque el concepto de genocidio –que había acuñado Raphael Lemkin, en 1944– no se utilizó en el proceso de Núremberg fue positivizado unos años más tarde en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. Ambos autores –Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin– protagonizan la novela Calle Este-Oeste. Sobre los orígenes de "genocidio" y "crímenes contra la humanidad", escrita por el abogado y profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres, Philippe Sands.

Asimismo, recordemos que todos los genocidios son crímenes contra la humanidad pero no todos los crímenes contra la humanidad constituyen un genocidio [éste se caracteriza por el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad (RAE)].

miércoles, 14 de noviembre de 2018

El acaparamiento de tierras, según la Unión Europea

Resulta sorprendente –por no decir excepcional– que en España no exista ninguna norma jurídica ni tampoco ninguna resolución judicial que se haya referido al concepto del «acaparamiento de tierras»; mientras que en la agenda europea, en cambio, nos encontremos ante más de 70 documentos sobre la grave amenaza que supone la alta concentración de tierras en manos tanto de grandes inversores no dedicados a la agricultura como de grandes explotaciones agrícolas, desde la pionera Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2011, sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria. Entonces, la eurocámara ya manifestó su preocupación por la aparición del fenómeno del acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad alimentaria en los países en desarrollo y el futuro de la agricultura y los agricultores; pidiendo a la Comisión que investigue esta situación en relación con la posesión de tierra y los recursos naturales.

Ese mismo año, una segunda resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria, consideró el nuevo proceso de acaparamiento de tierras agrícolas como un fenómeno que ya está adquiriendo hoy en día unas proporciones inquietantes en determinadas regiones del mundo.

En castellano, la expresión «acaparamiento de tierras» es una apropiación directa del inglés «Land grabbing» cuyo origen se atribuye –según las reflexiones del sociólogo Fernando Eguren para la FAO (*)– al alza de precios de los alimentos en 2007-2008 y la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad alimentaria que llevó a varios países a enfrentarla adquiriendo tierras en otros países; pero, ¿en qué consiste exactamente y cuál es su repercusión en los Derechos Humanos?

En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre «El acaparamiento de tierras: llamada de alerta a Europa y amenaza para la agricultura familiar», de 21 de enero de 2015, este órgano consultivo de la Unión Europea reconoció que: No existe una definición unitaria y reconocida internacionalmente del concepto de «acaparamiento de tierras». De manera general, por acaparamiento de tierras se entiende el proceso de adquirir a gran escala tierras agrícolas, sin consultar previamente a la población local u obtener su consentimiento. Como consecuencia de ello, las posibilidades de que la población local pueda gestionar una explotación agraria de manera independiente y la seguridad alimentaria se verán menoscabadas. Asimismo, el derecho a la utilización de los recursos (tierra, agua, bosques) y a los beneficios de su uso reside en el propietario. Un posible efecto colateral es que pueda renunciarse a la utilización agrícola que se hacía hasta ahora en favor de otras actividades que no tienen que ver con la agricultura (§2.2).


Según el CESE, este acaparamiento de tierras se concentra allí donde la tierra es relativamente barata en comparación con los países desarrollados y la media mundial (§2.6); en concreto, se calcula que afecta a África (56,2 millones de hectáreas, es decir, el 4,8 % de las tierras agrícolas del continente), seguido de Asia (17,7 millones de hectáreas) y América Latina (7 millones de hectáreas) (…). La mayoría de los inversores proceden de China, la India, Corea del Sur, Egipto, los Estados del Golfo, Brasil y Sudáfrica, aunque algunos de ellos también son originarios de los Estados Unidos y los Estados miembros de la UE (§2.8).

Entre los factores que desencadenan esta práctica, el dictamen citó: un mundo cada vez más globalizado y los principios de la libre circulación de capitales que le son inherentes, el crecimiento de la población y la urbanización, la demanda de alimentos y bioenergía que aumenta constantemente, la creciente demanda de recursos naturales, las vertientes negativas de la política medioambiental y la política agrícola, y la oportunidad de especular con el incremento del valor de la tierra.

Dos meses más tarde, el considerando I) de la resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, se refirió en particular a la cuestión del acaparamiento de tierras, al afirmar que: (…) las adquisiciones de tierras a gran escala pueden definirse con arreglo a la Declaración de Tirana de 2011 [adoptada en la capital albanesa por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra | International Land Coalition (ILC)] como «acaparamiento de tierras» cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes: cuando exista una violación clara de los derechos humanos; cuando el desplazamiento de las comunidades locales afectadas se lleve a cabo sin su consentimiento libre, previo e informado; cuando no se basen en contratos transparentes; y cuando, tras una evaluación, se haya determinado la existencia de un impacto social, económico y ambiental negativo. Como consecuencia, el europarlamento condenó firmemente el desplazamiento ilegal de comunidades rurales locales, la destrucción de sus pueblos y estilo de vida tradicional y la violación de sus derechos humanos básicos, incluido el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a una vivienda adecuada; reiteró que los derechos humanos y las normas que prohíben el acaparamiento de tierras deben integrarse en los acuerdos comerciales y de inversión de la UE, incluido el sistema de preferencias generalizadas; y pidió a la Comisión que presente al Parlamento un informe sobre los gastos en el marco de los programas de desarrollo y el presupuesto de la UE relativos a la gobernanza de la tierra, con el fin de garantizar que estos programas promuevan los derechos humanos y aborden los desafíos vinculados al acaparamiento de tierras.



Desde entonces, la eurocámara ha retomado esta cuestión en reiteradas ocasiones; entre otras:
  • La Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra? Tuvo en cuenta el dictamen del CESE y consideró que el fenómeno del acaparamiento de tierras se ve favorecido, entre otros aspectos, por la creciente globalización, el aumento demográfico, una progresiva demanda de alimentos y de materias primas naturales, y las repercusiones negativas de la política agrícola;
  • La Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países; para reiterar su preocupación ante la situación del acaparamiento de tierras resultante de las prácticas corruptas de empresas, inversores extranjeros, agentes estatales nacionales e internacionales, funcionarios y autoridades; subraya que la corrupción permite el acaparamiento de tierras, en muchos casos con desahucios forzados, entre otros medios garantizando a terceros el control desvirtuado de la tierra sin el consentimiento de la población que vive en ella; o
  • La más que elocuente Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, en el que subraya que el acaparamiento de tierras ha aumentado considerablemente en los últimos años en los países en desarrollo; considera que la lucha contra la explotación y el acaparamiento de recursos debe constituir una prioridad; condena las prácticas como el acaparamiento de tierras y el consumo indiscriminado de los recursos naturales; pide una intervención urgente de la Comisión Europea, en respuesta a lo solicitado por el Parlamento Europeo mediante sus numerosas resoluciones recientes sobre este asunto.

Otro órgano consultivo de las autoridades de Bruselas, el Comité Europeo de las Regiones, también emitió un dictamen el 9 de febrero de 2017 para apoyar a los jóvenes agricultores europeos en el que dedicó seis parágrafos (§§ 17 a 22) a esta cuestión, en el Viejo Continente, bajo el epígrafe “Acceso a la tierra y lucha contra el acaparamiento de tierras”, definiéndolo como la adquisición a gran escala de tierras agrícolas sin consultar previamente a la población local ni obtener su consentimiento. En última instancia, como consecuencia de esta práctica disminuyen las posibilidades de que dispone la población local para gestionar las empresas agrícolas de forma independiente.

Y como este fenómeno afecta en especial a países extracomunitarios, el 21 de diciembre de 2016, la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea celebró una sesión en Windhoek (Namibia) donde, entre otras cuestiones, también se tuvo en cuenta que los inconvenientes del acaparamiento de tierras superan los beneficios; que se han quemado y destruido asentamientos para dar paso a los promotores inmobiliarios, y los lugares de reasentamiento disponibles están normalmente lejos de las zonas comerciales centrales, lo que fuerza a los agricultores a residir lejos de su fuente principal de ingresos; por ese motivo, solicitaron a los Gobiernos (…) que suspendan o revisen todas las políticas y proyectos que fomenten y faciliten de forma directa el acaparamiento de tierras o que aumenten de manera indirecta la presión sobre la tierra y los recursos naturales, y que puedan desembocar en violaciones graves de los derechos humanos.

lunes, 12 de noviembre de 2018

150 años del Tratado de Amistad entre Japón y España

Según la embajada japonesa en Madrid (*), la larga historia de las relaciones bilaterales se remonta a la visita del misionero español jesuita San Francisco Javier a Japón en 1549 [sin olvidar la misión Keicho, una embajada nipona que viajó a la corte de Felipe III de España, de 1613 a 1620]. Sin embargo, el contacto entre ambos países se interrumpió durante más de 200 años, cuando el gobierno del shogunato de Edo ordenó el cierre del país y prohibió la entrada de barcos españoles en 1624. El mencionado periodo de Edo [antigua denominación de la actual Tokio] se inició con el sogunato de Tokugawa en 1603 y concluyó con el último sogún [título de los personajes que gobernaban el Japón, en representación del emperador (RAE)], Tokugawa Yoshinobu, en 1868. Fue una época que se caracterizó por el aislamiento del Imperio del Sol Naciente con respecto al exterior –la política sakoku– de modo que las autoridades niponas expulsaron a todos los extranjeros (en especial, a los comerciantes y a los misioneros católicos) y prohibieron salir del país a los japoneses.

El fin de aquella incomunicación se inició a finales de 1852, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry viajó a Japón, por iniciativa del decimotercer presidente de los EE.UU., Millard Fillmore, para lograr un acuerdo entre ambos países que abriera los puertos japoneses a los barcos mercantes norteamericanos, el Tratado de Kanagawa de 31 de marzo de 1854, que abrió las puertas a nuevos convenios con Rusia, Francia, Gran Bretaña… y España; ambos países firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, de 12 de noviembre de 1868, también en la prefectura de Kanagawa, por el que se establecieron las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Tokio y Madrid.

El instrumento de ratificación japonés se produjo el 8 de abril de 1870, con la rúbrica del Emperador Meiji, el sello del país y la firma del Ministro Sanemitu Sanjo; por parte de España, la Gaceta del 31 de enero de 1871 publicó la Ley autorizando al Gobierno para ratificar el tratado de amistad, comercio y navegación, entre España y el Japón (que fue revisado el 2 de enero de 1897, sobre la base de la equidad y del interés recíproco).


El Art. 1 del tratado hispanojaponés de 1868 dispuso que: Habrá paz y amistad perpetuas entre S. M. la Reina de las Españas y S. M. el Emperador [Tenno (literalmente, soberano celestial)] del Japón, sus herederos y sucesores, así como entre sus respectivos dominios y súbditos. Como consecuencia práctica (Art. 3), se abrieron al comercio y á los ciudadanos españoles todos los puertos y ciudades abiertos á los ciudadanos y al comercio de cualquiera otra nación. (…) Los límites dentro de los cuales podrán circular libremente los ciudadanos españoles en los puertos abiertos del Japón serán los mismos que hayan sido señalados para los ciudadanos de las demás naciones extranjeras. Pero todo español que traspase dichos límites sin autorización especial, será invitado por las Autoridades japonesas á volver atrás; y si se negare á ello, podrá sor conducido al Consulado español más inmediato, donde será castigado conforme á los reglamentos vigentes.

A continuación, el singular Art. 4 garantizó que: Los españoles residentes en el Japón tendrán el derecho de profesar libremente su religión. Al efecto podrán construir en el terreno señalado para su residencia los edificios necesarios para el uso y ejercicio de su culto. En cierto modo, este precepto bilateral de 1868 se adelantó a la redacción del Art. 21 de la Constitución Democrática de la Nación Española promulgada el 6 de junio de 1869 –la ley fundamental más completa y avanzada que España había tenido nunca hasta ese momento– donde se proclamó la libertad de cultos: La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Por último, los Arts. 6 y 7 regularon cómo resolver los litigios y delitos que se produjeran entre ambas comunidades: en el primer supuesto, si llegaren á suscitarse cuestiones entre españoles y japoneses, el demandante deberá dirigirse á la Autoridad de su país. Esta, en unión de la Autoridad de quien dependa el demandado, tratará de dar al asunto una solución equitativa; y en cuanto a los hechos delictivos, los japoneses acusados de algún delito cometido contra los españoles, serán reducidos á prisión y castigados por las Autoridades japonesas con arreglo á las leyes del país. Los españoles que cometan algún delito contra subditos japoneses ó de cualquiera otro país, serán juzgados y castigados por el Cónsul español ó por otra Autoridad española y según las leyes españolas. La justicia se administrará de una manera equitativa é imparcial, tanto por las Autoridades españolas como por las japonesas.

El tratado concluía con seis reglamentos comerciales y las tarifas de los derechos de importación.

viernes, 9 de noviembre de 2018

El bulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales

En estos tiempos de falsas noticias –las famosas fake news– el mundo jurídico no ha permanecido al margen de esa tendencia y también cuenta con sus propios bulos; probablemente, uno de los más difundidos es el relativo a una supuesta Declaración Universal de los Derechos del Animal, o de los Animales (*), que habría sido aprobada tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como por la propia ONU. Una de las dos versiones que circulan on line incluye un preámbulo y catorce artículos; en la parte expositiva se reconoce que todo animal posee derechos; se fundamenta el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales para que todas podamos coexistir en el mundo; y se llega a afirmar que el hombre comete genocidio –definido en el Art. 12.1 como Todo acto que implique la muerte de gran número de animales salvajes– y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. A continuación, la parte dispositiva reconoce una serie de derechos a los animales: igualdad (Art. 1); respeto (Art. 2); prohibición de malos tratos y crueldad (Art. 3); vida en libertad (Art. 4); determinadas condiciones laborales (Art. 7: limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo); etc. Concluyendo con la afirmación prevista en el Art. 14.2: Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre.
 
En realidad, la Universal Declaration of Animal Rights (UDAR) sí que existe pero sin ningún tipo de vinculación con los instrumentos jurídicos aprobados por la ONU o la UNESCO; de hecho, desde que se adoptó la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (*) en Londres, el 16 de noviembre de 1945, vigente desde 1946, este organismo especializado apenas ha aprobado catorce declaraciones: entre la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, de 4 de noviembre de 1966; y la más actual, a la hora de redactar esta entrada, la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático, de 13 de noviembre de 2017 (*). Ni rastro de una presunta Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
 
Como reconoce el preámbulo de la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia: Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando a instancias de organizaciones internacionales de protección de animales se aprobó en 1978 la declaración universal de derechos de los animales, si bien con escasa virtualidad jurídica en el ámbito del derecho internacional.
 
La organización que tuvo la iniciativa de adoptar esta declaración fue la Liga Internacional de los Derechos del Animal [International League of Animal Rights]; una entidad creada en Suiza en 1976 y que dirigió el antropólogo francés Georges A. Heuse, miembro de la Secretaría de la UNESCO. En su tercera reunión, celebrada en Londres, del 21 al 23 de septiembre de 1977 -coincidiendo con la década en que se desarrolló la preocupación legal por el medioambiente- esta Liga aprobó la mencionada Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
 
¿Cómo surgió entonces el falso equívoco de que había sido adoptada por una agencia de la ONU?
 
A. Durero | Lebrato (1502)
Lo explica muy bien el abogado Francisco J. Capacete (*): La presentación oficial de la Declaración se fijó para el día 15 de octubre de 1978 en la gran sala de la Casa de la UNESCO en París. Fue leída en inglés, en árabe y en francés. La ceremonia se celebró delante un amplio auditorio que incluía a los embajadores de 14 países. Concluyó con la entrega de la Declaración al Director General de la UNESCO, Mr. Amadou-Mahtar M’Bow, para que fuera tratada en la Conferencia General de 1980. Desgraciadamente, a partir de la presentación oficial comenzaron a levantarse voces y opiniones en contra de la Declaración. Algunos sectores industriales veían en ella un grave peligro para sus intereses. Los científicos no terminaron de ponerse de acuerdo en la redacción. La polémica tuvo como consecuencia que no se tuviera en consideración ni por la UNESCO ni por la ONU. (…) La realidad es que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue leída y proclamada en la UNESCO-París y no por la UNESCO. La ONU tampoco la ha aprobado ni acogido nunca. Quienquiera que busque en internet el texto íntegro de la Declaración se encontrará con dos versiones, la de 1978 y la de 1989. Aquella compuesta de catorce artículos y ésta de diez. Ambas son igualmente válidas como referencia, pero ninguna tiene validez jurídica ni legal. Esto no significa que el esfuerzo realizado por sus promotores haya sido en vano. Algunos de los derechos recogidos en ambos textos ya forman parte de la legislación de muchos países.
 
En definitiva, se trata de un documento privado –como también ocurre, por ejemplo, con la Declaración de Independencia del Ciberespacio [A Declaration of the Independence of Cyberspace] que John Perry Barlow formuló en Davos (Suiza), el 8 de febrero de 1996– sin trascendencia jurídica a pesar de que ambas han logrado una enorme repercusión mediática internacional.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

La despenalización de los métodos anticonceptivos

En plena transición española a la democracia, la Ley 45/1978, de 7 de octubre, modificó los artículos 343 bis y 416 del Código Penal de 1973 que se encontraba vigente en aquel momento [Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre]. En el primer caso, dio nueva redacción al precepto [Los que expendieren medicamentos de cualquier clase o medios anticonceptivos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de veinte mil a cien mil pesetas (antes sólo se refería, de forma más genérica, a expedir medicamentos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias)]; y en el segundo, suprimió la frase ab initio de (…) o de evitar la procreación (…) y eliminó sus apartados cuarto y quinto que se referían a realizar dos actos: (…) 4º La divulgación en cualquier forma que se matizare de los destinados a evitar la procreación, así como su exposición pública y ofrecimiento en venta. 5.º Cualquier género de propaganda anticonceptiva. De este modo, aquella breve ley de 1978 despenalizó los métodos anticonceptivos en España (un buen ejemplo de cómo nos afecta la política criminal de los gobernantes).

De acuerdo con el mandato legal previsto en su disposición adicional única [El Gobierno, en el plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente Ley, regulará, mediante Decreto, la expendición [sic] de anticonceptivos] se aprobó el Real Decreto 3033/1978, de 15 de diciembre, para establecer determinadas distinciones en la expendicion de los preparados o medios anticonceptivos, garantizando en todo caso el control sanitario sobre los mismos y determinar la debida adecuación de tales preparados o medios a las normas sanitarias especificas de publicidad.

Ese mismo año –el emblemático 1978– ya se había adoptado el Real Decreto 2275/1978, de 1 de septiembre, sobre establecimiento de servicios de orientación familiar, para adecuar todos los aspectos relacionados con la salud y las implicaciones que sobre la misma pueda tener la procreación, la familia y su entorno a la evolución de la sociedad española; facilitando la información y asesoramiento sanitario precisos, en materia de educación sexual y de procreación.

lunes, 5 de noviembre de 2018

El Comité Permanente entre Organismos [IASC]

Los quince organismos especializados de la ONU no trabajan como si fueran compartimentos estancos; por el contrario, en determinadas materias se prestan apoyo si comparten un mismo objetivo. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) unieron sus esfuerzos en 1963 con el fin de reunir las normas internacionales de los alimentos en el Codex Alimentarius; en el tercero de los cuatro pilares del Derecho Internacional Martímo –el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW) de 1978– fruto de la colaboración entre la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMI (Organización Marítima Internacional) para lograr una adecuada cualificación de las tripulaciones de los barcos; los acuerdos marco de financiación suscritos entre la OMS y el Banco Mundial, a raíz de la crisis del ébola en África, para sufragar sus operaciones y proyectos gubernamentales; el acuerdo al que llegó la OMS con la UPU (Unión Postal Universal), en 1999, para coordinar sus respectivas actividades; o el que estableció una cooperación a largo plazo entre la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la esfera de la hidrología y los recursos hídricos.

Esa misma iniciativa también se extiende al resto de programas, fondos y oficinas que conforman el llamado Sistema de las Naciones Unidas; de modo que, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OIT cooperaron para erradicar el trabajo infantil; la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) adoptaron medidas para combatir la contaminación medioambiental; la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) reforzó la iniciativa conjunta de seguridad contra el crimen transnacional y las actividades terroristas junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); o la FAO y la FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) han desarrollado acciones conjuntas con el Programa Mundial de Alimentos.

Con estos y otros precedentes, durante el 46º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se aprobó la resolución A/RES/46/182, de 19 de diciembre de 1991, sobre Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas. Entre sus medidas de coordinación, cooperación y liderazgo, el parágrafo 38 creó el nuevo Comité Permanente entre Organismos, más conocido por sus siglas en inglés: IASC (Inter-Agency Standing Committee) que entró en funcionamiento en junio de 1992 para resolver los problemas presentes y futuros en forma coherente y eficaz (§12).

Un Comité Permanente entre Organismos (…) en el que participarían todas las organizaciones operacionales. Tendrían una invitación permanente para participar en este comité el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional para las Migraciones. Se podría invitar a algunas organizaciones no gubernamentales a participar en el comité en casos especiales. El comité se reuniría a la mayor brevedad para responder a situaciones de emergencia (§38).

Hoy en día, según la FAO (*), este Comité puede definirse como un foro interinstitucional para la coordinación, el establecimiento de políticas y la toma de decisiones en el que participan los principales actores humanitarios, tanto de dentro como de fuera del sistema de las Naciones Unidas. (…) La Resolución 48/57 de la Asamblea General [de 14 de diciembre de 1993] reafirmó el papel del IASC como mecanismo básico para la coordinación interinstitucional de la asistencia humanitaria.

Sus principales objetivos son: 1) Elaborar y consensuar políticas humanitarias a nivel de todo el sistema. 2) Asignar responsabilidades entre los organismos en los programas de ayuda humanitaria. 3) Elaborar y convenir en un marco ético común para todas las actividades humanitarias. 4) Promover principios humanitarios comunes para las partes ajenas al Comité. 5) Determinar las esferas en las que existen lagunas en los mandatos o falta de capacidad operativa. 6) Resolver controversias o desacuerdos entre organismos humanitarios y acerca de ellos sobre cuestiones humanitarias a nivel de todo el sistema.

PD: Uno de los miembros del IASC es la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [conocida por sus siglas en inglés: OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)] que también tuvo su origen, como el Comité Permanente entre Organismos, en la A/RES/46/182, de 19 de diciembre de 1991 (§§33 y siguientes).
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