miércoles, 26 de febrero de 2020

La «Doctrina Chevron» y las agencias administrativas de Estados Unidos

La primera sección del Art. 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 17 de septiembre de 1787, dispone que: Se deposita el poder ejecutivo en un Presidente de los Estados Unidos. Desempeñara su encargo durante un término de cuatro años y, juntamente con el Vicepresidente designado para el mismo período (…). A continuación, en la segunda sección del mismo precepto se hace referencia a que el presidente podrá solicitar la opinión por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos con relación a cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos empleos. Como ha señalado el abogado Pérez Alonso: La Constitución federal no contiene precepto alguno que establezca o consagre la existencia de una Administración federal (…); es más, los únicos órganos ejecutivos que regula el texto constitucional son el presidente y el vicepresidente, siendo la única misión atribuida a este último el ostentar la presidencia del Senado [Art. 1.3ª.4]. La creación de los órganos administrativos (incluyendo en ellos los distintos departamentos o secretarías), su organización, funciones y potestades dependían y dependen, pues, enteramente del legislativo [1].

Las denominadas agencias administrativas [Administrative Agency o, simplemente, Agency] tuvieron su origen en la Interstate Commerce Act, una ley federal que se aprobó el 4 de febrero de 1887 y que, entre otras medidas, creó la pionera Interestate Commerce Commission que serviría de modelo a las futuras agencias al otorgarle una amplia autoridad para regular su ámbito competencial.

Desde entonces, nos encontramos ante la unidad organizativa básica de la Administración federal, establecida por una Enabling Act (Ley de Creación) que le dota de sus funciones (calificadas por la doctrina como cuasi-legislativas y cuasi-judiciales) y bajo la que puede adoptar una gran variedad tipológica (ejecutiva o independiente) y nominal (Department, Commision, Bureau, Board, Service, Administration, Office…) [2]; siendo tan conocidas en todo el mundo como la DEA, el FBI, la CIA o la NASA.

Dos son las modalidades básicas de actuación de las agencias administrativas en los Estados Unidos, a cada una de las cuales corresponde un diferente producto resultante conforme a la terminología acuñada por la APA de 1946 [se refiere a la Administrative Procedure Act o Ley de Procedmiento Administrativo, de 11 de junio de 1946], la actividad de aquélla puede consistir bien en rulemaking que dará lugar a la formulación, modificación o derogación de una norma reglamentaria o rule, bien en adjudication, de la que resultará una order o decisión [3]. Salvando las distancias y con un mero carácter didáctico podríamos asimilar las “rules” a una norma con rango de ley.


El 25 de junio de 1984, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que resolver el «caso Chevron» [Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.]. La sentencia Chevron, elaborada por John Paul Stevens y que contó con el voto unánime del Tribunal al obtener el apoyo de otros cinco magistrados, se enfrentaba al problema de si la interpretación que la agencia administrativa había realizado de un determinado concepto jurídico (en concreto, el término stationary source, introducido por la reforma operada en la Clean Air Act en el año 1977) era o no razonable [1]. Aquella resolución judicial dio lugar a la llamada Chevron deference o Chevron doctrine.

A partir de la doctrina Chevron se entiende que, dentro de ciertos límites, los jueces también deben ser deferentes con la interpretación del Derecho realizada por la autoridad administrativa. De acuerdo con esta jurisprudencia, cuando un tribunal controla la legalidad de una actuación administrativa, (i) debe preguntarse si la cuestión ha sido claramente resuelta por la ley, en cuyo caso debe aplicarla. (ii) Si la ley no resuelve la cuestión o es ambigua, el juez no puede imponer su propia comprensión, sino que debe limitarse a verificar si la interpretación de la Administración es razonable (…). En otros términos, la atribución a una agencia de la competencia para aplicar una ley comporta también la facultad de llevar a cabo un desarrollo normativo (reglamentario) y aplicar una determinada política, dentro del espacio de decisión que la ley permite (…). Así las cosas, el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que el desarrollo normativo (reglamentario) realizado por la autoridad administrativa era razonable. La función del juez es controlar, pero no suplir a la Administración en el ejercicio de sus tareas de gobierno.

Las delegaciones legislativas suelen estar hechas en términos amplios, por lo que los jueces reconocen a las agencias una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. Este es el aspecto que no debe olvidarse al valorar la jurisprudencia Chevron, que se enfrenta con el control de lo que podríamos llamar ejercicio de la potestad reglamentaria, que tiene naturaleza discrecional. Además, la jurisprudencia ha desarrollado efectivos parámetros de control de la actuación administrativa, como el deber de motivar sus actos, la prohibición de discriminación, así como la protección de las expectativas legítimas.. El resultado es que, en la mayor parte de los casos, los jueces llevan a cabo un control pleno de la decisión administrativa [4].

Citas: [1] PÉREZ ALONSO, J. “¿El ocaso de chevron?: auge y fracaso de la doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo”. En: Revista de Administración Pública, 2011, nº 184, pp. 325-348. [2] MORENO MOLINA, Á. M. La Administración por agencias en los Estados Unidos de Norteamérica. Madrid: Universidad Carlos III & BOE, 1995, pp. 29 y 30. [3] LAVILLA RUBIRA, J. J. La participación pública en el procedimiento de elaboración de los reglamentos en los Estados Unidos de América. Madrid: Civitas, 1991, p. 33. [4] LAGUNA DE PAZ, J. C. “El control judicial de la discrecionalidad administrativa”. En: Revista española de Derecho Administrativo, 2017, nº 186.

lunes, 24 de febrero de 2020

La prohibición de las armas que causaran un sufrimiento innecesario al enemigo (siglo XIX)

Teniendo en cuenta la creación de la Cruz Roja (Ginebra, 1863), la aprobación de las Instrucciones del Gobierno para los Ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla [más conocidas como Código Lieber por el apellido de su autor (Washington, 1863)] y la firma del Convenio para el amejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña (Ginebra, 1864), cuatro años más tarde, a propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, el 11 de diciembre de 1868 se firmó en la capital de los zares la denominada Declaración de San Petersburgo con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra. El loable fin que perseguía aquella pionera Comisión Militar Internacional era que, entre naciones civilizadas, no se agravaran inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, renunciando a que sus tropas de tierra o de mar emplearan cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado con materias explosivas o inflamables.

Según la profesora Joana Abrisketa: La importancia de esta declaración radica en que fue el primer acuerdo formal para prohibir el uso de un determinado tipo de arma en una guerra aunque sus efectos no quedaran garantizados por no constituir un tratado internacional con carácter vinculante [ABRISKETA. J. “Hitos del derecho de la guerra en el siglo XXI: se consolida y evoluciona”. En: Derechos y libertades, nº 26, 2012, pp 45-82].


Este compromiso, pese a no tener carácter imperativo, abrió el camino a una serie de tratados internacionales que lo fueron reafirmando en los años posteriores, como en el Proyecto de declaración concerniente a las leyes y costumbres de la guerra, hecho en Bruselas el 27 de julio de 1874 donde –al regular los medios de herir al enemigo– se proclamó que Las leyes de la guerra no reconocen a los beligerantes una autoridad ilimitada en la elección de los medios con que atacar al enemigo (Art. 12) y que, de acuerdo con ese principio, estaba especialmente prohibido, por ejemplo, el empleo de veneno y armas envenenadas o de armas, proyectiles o material calculado para causar sufrimiento innecesario (Art. 13).

Este proyecto se retomó en el II Convenio de La Haya de 1899 relativo a las leyes y usos de la guerra terrestre. Su preámbulo recuerda que se inspiró en la generosa y sabia previsión de la conferencia de Bruselas de 1874. En concreto, su Art. 23 dispuso que, además de las prohibiciones establecidas por Convenios especiales, queda particularmente prohibido: A) Emplear veneno o armas envenenadas (…) E) Emplear armas, proyectiles o materias destinadas a causar males superfluos.

Por último, en el marco de aquella Conferencia de 1899, las potencias reunidas en la ciudad holandesa también adoptaron dos declaraciones -inspirándose en los sentimientos expresados en la Declaración de San Petersburgo- para prohibir el empleo de balas que se ensanchan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano y el de proyectiles que tengan por único objeto el esparcir gases asfixiantes o deletéreos. 

PinacografíaVasily Sadóvnikov | Palacio de Invierno, Plaza del Palacio y la Columna de Alejandro Río Neva y la Fortaleza de Pedro y Pablo (1839).

viernes, 21 de febrero de 2020

La Constitución de Córcega de 1755

El 17 de septiembre de 1787, la Convención de Filadelfia aprobó la Constitución de los Estados Unidos de América que suele considerarse la primera ley fundamental del mundo; en el Viejo Continente, la Comisión Europea (*) atribuyó ese honor a la Constitución del 3 de mayo de 1791, adoptada por la Mancomunidad de Polonia y Lituana porque reflejó las influencias de la Ilustración, primando la razón, el Derecho y la libertad. Fue la primera constitución aprobada democráticamente en Europa y simboliza la transformación democrática y pacífica de un sistema político. Pero ambas tuvieron un precedente: antes de los Estados Unidos y de la República de las Dos Naciones [Unión de Lublin: Polonia-Lituania] la efímera República de Córcega (1755-1769) adoptó una Constitución [la Constitution de Corse o Custituzione di a Corsica] el 18 de noviembre de 1755, redactada en italiano por el ilustrado Pasquale Paoli (1725-1807) de acuerdo con los valores de la Ilustración, que estuvo en vigor catorce años y llegó a ser fuente de inspiración para los revolucionarios estadounidenses.

Según la historiadora británica Dorothy Carrington –una de las mayores expertas en historia corsa– aquel texto llegó a incorporar conceptos democráticos que ni siquiera previeron los revolucionarios de finales del siglo XVIII en Estados Unidos y Francia [CARRINGTON, D. “The Corsican Constitution of Pasquale Paoli (1755-1769)”. En: The English Historical Review, 1973, vol. 88, nº 348, pp. 481-503].

William Beechey |  Pasquale Paoli (ca. 1805)

Córcega siempre ha disfrutado de una privilegiada posición geoestratégica en el Mediterráneo occidental que, a lo largo de los siglos, no ha pasado desapercibida para romanos, vándalos, bizantinos, sarracenos, pisanos, genoveses, sardo-piamonteses… ni, finalmente, para las tropas del rey Luis XV que vencieron al ejército local en la batalla de Ponte-Novo, el 8 de mayo de 1769, anexionando la isla a Francia hasta la actualidad. Hoy en día, Córcega no es una región sino una collectivité territoriale unique que le reconoce un poder ejecutivo (le Conseil exécutif de Corse) y un parlamento propio (l'Assemblée de Corse).

A mediados del siglo XVIII, tras recuperar su libertad del despótico dominio genovés, la isla declaró su independencia. La Dieta Generale del Populo di Corsica –su órgano legislativo– se reunió en la que entonces era su capital, la ciudad universitaria de Corte, del 16 al 18 de noviembre de 1755, para proclamar una constitución en nombre de la soberanía de su pueblo, legítimamente dueño de sí mismo. Aunque Paoli reconoció la notable influencia que ejerció sobre él la obra Del Espíritu de las Leyes –publicada por Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en Ginebra en 1748– a la hora de redactar aquel texto constitucional (por ejemplo, al establecer la separación de los poderes legislativo y ejecutivo en dos cuerpos distintos pero interdependientes que operaban en equilibrio); también supo conjugar los nuevos valores ilustrados con las tradiciones de los gobiernos locales corsos, de origen medieval. En opinión de Carrington, aquella República Corsa se dotó de una ley fundamental para el bienestar de todos los ciudadanos, algo que los historiadores siempre habían supuesto que se asumió por primera vez por el pueblo de los Estados Unidos; de modo que se puede calificar como la primera constitución democrática de la Edad Moderna.

miércoles, 19 de febrero de 2020

La extinción de un contrato de trabajo por absentismo

Hasta el 19 de febrero de 2020, el Art. 52 del Estatuto de los Trabajadores [Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (LET o ET)] regulaba la extinción del contrato por causas objetivas; y, en concreto, la letra d) establecía que el contrato podrá extinguirse (…) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda. Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

La sentencia 118/2019, de 16 de octubre, del Tribunal Constitucional desestimó una cuestión de inconstitucionalidad presentada en mayo de ese mismo año por el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona contra dicho precepto. El órgano judicial catalán planteó la posible vulneración de los Arts. 15, 35.1 y 43.1 CE [derecho a la vida y a la integridad física y moral; deber de trabajar y derecho al trabajo; y derecho a la protección de la salud, respectivamente], en la medida en que el precepto legal cuestionado permite al empresario extinguir la relación laboral por causa de absentismo derivado de enfermedades intermitentes de corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes oficiales de baja médica.

Según el órgano de garantías español, esta regulación se acomoda a lo dispuesto como regla general en el art. 4 del (…) Convenio 158 de la OIT [se refiere al Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 22 de junio de 1982, sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, ratificado por España el 18 de febrero de 1985], conforme al cual cabe poner término al contrato de trabajo cuando exista causa justificada para ello, relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa. Entre ellas sin duda cabe incluir la defensa de la productividad, que puede verse comprometida por el incremento de costes directos e indirectos que han de soportar las empresas como consecuencia de las ausencias al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, acaecidas en un período determinado, conforme a las previsiones del art. 52 d) LET.

Asimismo, el Constitucional descartó que el precepto legal cuestionado resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima —evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo—, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). Se han ponderado los derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las señaladas excepciones a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, así como mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al trabajador en caso de que el empresario opte por la decisión extintiva, que en todo caso puede ser impugnada ante la jurisdicción social.

La sentencia no se dictó por unanimidad del pleno –compuesto por doce magistrados– sino que contó con cuatro votos particulares que, respetando la opinión de la mayoría reflejada en la sentencia, quisieron mostrar su posición discrepante, de acuerdo con la facultad que les confiere el Art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Howard Taft Lorenz | Despedido (1940) 

A partir del 20 de febrero de 2020, entró en vigor el nuevo Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se derogó el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  Según el legislador español, se procedió a la inmediata derogación de este precepto a efectos de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas, así como para evitar el riesgo de exclusión social de colectivos de especial vulnerabilidad.

lunes, 17 de febrero de 2020

Guinea Ecuatorial fue la primera "comunidad autónoma" española (1964-1968)

En el proceso que culminó con la declaración de independencia de Guinea Ecuatorial mediante el breve y atípico Decreto 2467/1968, de 9 de octubre, cinco años antes, el régimen de Francisco Franco dispuso la Ley 191/1963, de 20 de diciembre, de Bases sobre el régimen autónomo de la Guinea Ecuatorial. En el intervalo de tiempo que transcurrió entre la entrada en vigor de ambas disposiciones (1964–1968), aquellos territorios de Fernando Poo (incluyendo los islotes adyacentes y la isla de Annobón) y Río Muni (que abarcaba la zona continental así como las islas de Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico y los islotes adyacentes) gozaron de un régimen de autonomía regulado por la presente Ley de Bases que siendo sometido a plebiscito en el que participaron todos los nacionales y vecinos de aquellos territorios, mayores de veintiún años, ha sido aceptado por la mayoría de los mismos (como recordaba su preámbulo, en referencia al referéndum de autonomía de Guinea Ecuatorial que se celebró el 15 de diciembre de 1963). De modo que, con esos datos, puede afirmarse que aquellas provincias españolas del Golfo de Guinea, bajo el nombre de la Guinea Ecuatorial, fueron la primera autonomía.

La Base V estableció que: El gobierno y la administración de la Guinea Ecuatorial tendrá carácter representativo y estará encomendado a una Asamblea General y a un Consejo de Gobierno. A continuación, esta misma base especificó que: La Asamblea General estará constituída por la reunión conjunta de las Diputaciones de Fernando Poo y Río Muni; mientras que El Consejo de Gobierno estará constituído por un Presidente y ocho Consejeros, cuatro de Fernando Poo y cuatro de Río Muni.

La Base IX desarrollaba las competencias de la Asamblea –entre las que se encontraba: Elaborar, por propia iniciativa o a propuesta del Consejo de Gobierno, normas jurídicas aplicables al ámbito territorial, como complemento y desarrollo de las Leyes– y la X, de dicho Consejo. Finalmente, el poder judicial se organizaba en la Base XV: La Administración de Justicia estará exclusivamente a cargo de órganos judiciales, que actuarán con independencia absoluta de los gubernativos. Se establecerá un Tribunal Superior, que tendrá la competencia atribuida por las Leyes a las Audiencias Territoriales y al Tribunal Central de Trabajo, con el fin de que sus decisiones tan sólo sean impugnables, mediante los recursos procedentes, ante el Tribunal Supremo de la Nación.

Aquel régimen legal entró en vigor el 1 de enero de 1964 y se desarrolló mediante los 71 artículos del Decreto 1885/1964, de 3 de julio, por el que se aprobó la Ley articulada sobre régimen autónomo de la Guinea Ecuatorial (en la práctica, su “Estatuto de Autonomía”). Con ese marco se constituyeron las diversas Instituciones y se eligieron las Autoridades previstas, empezando a actuar el diez de julio de mil novecientos sesenta y cuatro el conjunto del Régimen Autónomo, que ha venido funcionando con plena normalidad a lo largo del período transcurrido del cuatrienio originalmente previsto. Así lo describió la exposición de motivos del Decreto-ley 3/1968, de 17 de febrero, que suspendió el proceso electoral previsto para 1968, manteniendo en el normal desempeño a los titulares de funciones representativas hasta que sea definitivamente aprobado el nuevo Estatuto político que debe regir en Guinea Ecuatorial; que, como vimos, concluyó aquel mismo año con su declaración de independencia.

NB: como curiosidad, el político Bonifacio Ondó Edu (1922-1969) fue elegido primer presidente de aquel Consejo de Gobierno. (…) el régimen colonial y el vicepresidente Carrero lo prefirieron frente a oros candidatos porque propugnaba una independencia sin corte radical con España [CARRASCO GONZÁLEZ, A. M. El reino olvidado: Cinco siglos de historia de España en África. Madrid: La Esfera de los Libros, 2012].

viernes, 14 de febrero de 2020

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)

Tomando como referencia el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, que se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/37/52, de 3 de diciembre de 1982; en la siguiente década, el Art. 13 de las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (A/RES/48/96, de 20 de diciembre de 1993) pidió a los Estados miembros de la ONU que reunieran (…) periódicamente estadísticas, desglosadas por sexo, y otras informaciones acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esas actividades de reunión de datos pueden realizarse conjuntamente con los censos nacionales y las encuestas por hogares, en estrecha colaboración con universidades, institutos de investigación y organizaciones de personas con discapacidad. Los cuestionarios deben incluir preguntas sobre los programas y servicios y sobre su utilización. Cuatro años más tarde, una nueva resolución del órgano plenario de Naciones Unidas –la A/RES/52/82, de 12 de diciembre de 1997– volvió a insistir a los gobiernos en que cooperasen con la División de Estadística de la Secretaría para seguir preparando estadísticas e indicadores mundiales que proporcionen una herramienta útil para describir y comparar la salud de la población en un contexto internacional.

En ese contexto, la Resolución WHA 29.35 de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA, en inglés) –el órgano plenario de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– aprobó una primera Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) o International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) en mayo de 1976 que fue inicialmente publicada por la OMS, con carácter experimental, en 1980. Con el cambio de siglo, una nueva resolución –la WHA 54.21, de 22 de mayo de 2001– adoptó una nueva versión que en principio se conoció como CIDDM-2 pero al “hacer suya” esta segunda edición, empleando el argot de la OMS, le cambió el título por el de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) [o International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)] reemplazando los términos "deficiencia", "discapacidad" y "minusvalía" para ampliar el ámbito de la clasificación y que se pudieran describir también experiencias positivas.

Como señala en su primer apartado, la CIF pertenece a la "familia" de las clasificaciones internacionales desarrolladas por la OMS, que pueden ser aplicadas a varios aspectos de la salud; como sucede con la CIE (abreviatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades) que proporciona un "diagnóstico" de las enfermedades, los trastornos u otras condiciones de salud; información que se ve enriquecida por la que brinda la CIF sobre el funcionamiento [término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud") y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)] y la discapacidad [término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud") y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)] asociados con las condiciones de salud. Según la OMS, la CIF ha pasado de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades" (versión de 1980) a una clasificación de "componentes de salud".

Claudia Parducci | Me away (2010)

¿Qué trascendencia tiene esta clasificación? En España, por ejemplo, los baremos regulados en el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, establecen las normas para la evaluación de las consecuencias de la enfermedad, de acuerdo con el modelo propuesto por esta clasificación internacional de la OMS; y, para "acomodarlo" a la nueva CIF, se modificó por el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. En su preámbulo, esta disposición reconoce que: La CIF es un referente internacional que proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes; aplicable en distintos ámbitos: política sanitaria, evaluación de la calidad asistencial y evaluación de consecuencias en diferentes culturas.

Nótese, como recuerda el propio Real Decreto 1856/2009 que se tomó la decisión de abandonar totalmente el termino «minusvalía» debido a su connotación peyorativa y de utilizar en su lugar el de «discapacidad», como término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Proceso análogo a lo que también ocurrió en el ámbito europeo.

miércoles, 12 de febrero de 2020

La primera referencia jurídica a la tauromaquia

El preámbulo de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, expone que: La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia. Las fiestas o espectáculos taurinos, incluyen no sólo a las corridas de toros sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro (…). A continuación, el Art. 1 define qué debemos entender por Tauromaquia, a los efectos de esta ley: el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma.

Como sabemos, el mencionado Código de las Siete Partidas –uno de los cuerpos legales más célebres del mundo– se redactó durante el reinado de Alfonso X de Castilla el Sabio poco tiempo después del Fuero Real. Se trata de uno de los llamados códigos universales, una obra que abarca todas las ramas del Derecho desde un punto de vista legal, práctico y doctrinal. Comenzó a ser escrita en 1256 y no se terminó hasta 1265; de modo que se necesitaron cerca de diez años para crear este cuerpo de leyes que intentaba dar unidad legislativa a un reino fraccionado en multitud de fueros.

Roberto Domingo | Sin título (1911)

Si vinculamos la afirmación de la parte expositiva de la Ley 18/2013 con las fechas en que se redactaron las Siete Partidas, estaríamos refiriéndonos a un texto legal de la segunda mitad del siglo XIII; en concreto, a la Ley LVII del Título V de la I Partida, dentro de la regulación de los perlados de santa eglesia que han de mostrar la fe et dar los sacramentos [sic]: Cuerdamiente deben los perlados traer sus faciendas como homes de quien han á tomar los otros enxiemplo, asi como desuso es dicho. Et por ende non deben ir a ver los trebejos, así como alanzar o bofordar o lidiar toros o otras fiestas fieras et bravas, nin veer los que lidian, nin otro si non deben jugar a las tablas, nin a los dados, nin a la pelota, nin a tejuelo, nin otros juegos semejantes destos por que hayan de salir de asesegamiento, nin pararse a verlos, nin atenerse a los que juegan; ca si lo meciesen después que los amonestasen los que lo han de facer, deben por ende ser vedados de su oficio por tres años: nin deben otrosí cazar por su mano ave nin bestia, et el que lo meciere después que gelo vedare su mayoral debe ser vedado de oficio por tres meses.

Literalmente, se establecía que los prelados –según el DRAE: Superior de un convento o comunidad eclesiástica; o Superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia, como el abad, el obispo, el arzobispo– no debían participar en festejos taurinos –entre otros espectáculos– so pena de ser primero amonestados y después sancionados si reincidían, impidiéndoles continuar con su oficio religioso durante tres años. Como en la Edad Media se pensaba que la tauromaquia tenía un carácter lúdico resultaba lógico para aquel tiempo que se reprobara la lidia taurina como los juegos de azar.

Édouard Manet | La corrida (1864)

En su libro Otra historia de la tauromaquia: toros, derecho y sociedad (1235-1854) [Madrid: BOE, 2017, pp. 152 a 158 (*)], la profesora Badorrey Martín se refiere a un documento anterior que, en principio, se expresaba en términos muy similares por lo que llegó a ser considerada la referencia legislativa más antigua a las fiestas de toros aunque circunscrita al ámbito del derecho canónico: Las constituciones sinodales que se adoptaron en el Sínodo de Segovia de 1216. Tras el Concilio de Letrán de 1215 –que tuvo dos objetivos primordiales: La reforma de la Iglesia universal y sobre todo la liberación de Tierra Santa– (…) la particularidad de este sínodo es que es el primero que se conoce en la Península Ibérica y uno de los primeros celebrados en Europa, tras el concilio Lateranense IV (…). El documento se encuentra en Cuéllar (Segovia), en el archivo parroquial de la iglesia de San Miguel. (…) El resultado del sínodo fueron 21 constituciones. Algunas tratan de poner en acción varias normas lateranenses mientras que otras afectan más directamente a lo que entonces se llamaba vita honestas clericorum, es decir, la vida cotidiana de los clérigos.

En ese marco, la quinta constitución establecía: «Quod nullus clericus ludat ad decios, nec assitat lude uribus»; y que, tradicionalmente se ha traducido del siguiente modo: «Que ningún clérigo juegue a dados, ni asista a juegos de toros»; sin embargo, la profesora Badorrey Martín no lo traduce ni interpreta así: La constitución quinta del concilio segoviano no parece referirse a la asistencia de los clérigos a los espectáculos de toros, sino al hecho de estar presentes allí donde se realizan juegos deshonestos o ilícitos. (…) debido a una transcripción errónea de la constitución quinta del Sínodo de Segovia de 1216 (…) se tradujo como «juegos de toros» lo que realmente significaba «a tales juegos». De este error se han hecho eco diversos autores, para quienes esta constitución establecería la prohibición de los clérigos de asistir a los juegos de toros en la diócesis segoviana.

Pablo Picasso | Corrida de toros (1934)

Con lo cual, parece que efectivamente era correcta la referencia de la Ley 18/2013 a las partidas alfonsinas del siglo XIII porque contemplaban y regulaban esta materia.

Como curiosidad, los toros no se mencionan tan solo en la Ley LVII del Título V de la I Partida sino en otras ocasiones; por citar otro ejemplo, la Ley IV del Título VI de la III Partida dispone: Cómo aquel que lidiare con bestia brava por prescio quel den non puede seer vocero por otri sinon por personas señaladas (es decir, se cuestiona la moralidad del abogado –el vocero– que haya sido capaz de cobrar por lidiar un toro porque podría engañar a todos durante un juicio).

Pinacografía (superior): Bernard Sandoz | Mosaik (1909).
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