lunes, 28 de septiembre de 2020

Las Constituciones del Ecuador

Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, en ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente Constitución de la República del Ecuador. Asi comienza la vigente ley fundamental ecuatoriana, de 28 de septiembre de 2008; donde el Art. 1 define al país como: un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

La actual Carta Magna divide el poder en cinco funciones:
  • La Función Legislativa que se ejerce por la Asamblea Nacional (Art. 118), unicameral, con sede en Quito;
  • La Función Ejecutiva, ejercida por la Presidenta o Presidente de la República como Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública (Art. 141);
  • La Función Judicial [con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley (Art. 172)] y justicia indígena [Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres (Art. 171)];
  • La Función de Transparencia y Control Social, para promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana (Art. 204); y
  • La Función Electoral que garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad (Art. 217).

En cuanto a la organización del territorio, el Estado se organiza en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales (Art. 242). Dicho régimen de las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas se desarrolla en el Art. 257 y, a continuación, el correspondiente al Archipiélago de Galápagos (Art. 258).

Por último, conviene recordar algunos aspectos singulares de su articulado que ya se han desarrollado en otros in albis de este blog como los derechos de la naturaleza, los tres principios éticos andinos, el derecho a la soberanía alimentaria o el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico.

Anónimo | Palacio de Carondelet (sede del Gobierno ecuatoriano) (s. XIX)

La vigente Constitución de 28 de septiembre de 2008 es el colofón de un amplio legado que se inició incluso antes de alcanzar su independencia; su precedente histórico fue la Revolución de 10 de agosto de 1809 [el «Primer Grito de la Independencia»] cuando se depuso al gobierno colonial; dos años más tarde, los Diputados de las ocho Provincias libres se reunieron en el Palacio del Reino de Quito para celebrar un Congreso Constituyente que adoptó el Pacto solemne de sociedad y unión entre las Provincias que formen el Estado de Quito (más conocido por el sobrenombre de Constitución Quiteña de 15 de febrero de 1812). Posteriormente, se aprobó la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 y vigente aún para todos los españoles de ambos hemisferios (Art. 1), incluyendo aquella parte de la provincia de la Nueva Granada (Art. 10); pero con el regreso del Antiguo Régimen a la metrópoli, el 9 de octubre de 1820 acabó estableciéndose la Provincia Libre de Guayaquil que se rigió por su propio Reglamento Provisorio de Gobierno, de 11 de noviembre de 1820; y tras la batalla de Pichincha, de 24 de mayo de 1822, los guayaquileños se unieron a los demás territorios de la antigua Audiencia de Quito en el Estado que hoy se conoce como la «Gran Colombia», integrado por el antiguo Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela [es decir, los actuales límites de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y la Región del Esequibo, en Guyana] que promulgó su ley fundamental en un Congreso General reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 30 de agosto de 1821 (por lo que se conoce como Constitución de Cúcuta).

Finalmente, la República del Ecuador optó por la secesión del Estado “grancolombiano” y declaró su plena independencia el 13 de mayo de 1830. Ese mismo año, los Departamentos del Azuay, Guayas y Quito [con los límites del antiguo Reino quiteño] quedaron reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador tal y como dispuso el Art. 1 de la Constitución del Estado del Ecuador de 23 de septiembre de 1830 que fue la primera Carta Magna estrictamente “ecuatoriana” [1], dada en el Palacio de Gobierno en Riobamba; donde el Estado se definió como popular, representativo, alternativo, y responsable (Art. 7); y la Religión Católica, Apostólica, Romana era la Religión del Estado. Es un deber del Gobierno en ejercicio del patronato protegerla con exclusión de cualquiera otra (Art. 8).

Durante el siglo XIX, Ecuador adoptó otras diez leyes fundamentales, las constituciones de 13 de agosto de 1835 (en la ciudad de Ambato); 1 de abril de 1843 (en Quito); 8 de diciembre de 1845 (Cuenca); 27 de febrero de 1851 (Quito); 6 de septiembre de 1852 (Guayaquil); 10 de abril de 1861 (Quito); 11 de agosto de 1869 (Quito); 6 de abril de 1878 (Ambato); 13 de febrero de 1884 (Quito); y 14 de enero de 1897 (Quito).


Y con el cambio de centuria, la historia ecuatoriana mantuvo esa tendencia de contínuas revoluciones y (…) numerosas constituciones que se redactaron con el fin de legalizarlas [2] incluyendo las de 22 de diciembre de 1906, 26 de marzo de 1929, 2 de diciembre de 1938, 6 de marzo de 1945, 31 de diciembre de 1946, 25 de mayo de 1967 y 15 de enero de 1978 (todas ellas aprobadas en la capital); además de la de 5 de junio de 1998 (en Riobamba) y la vigente de 28 de septiembre de 2008 (en Montecristi).

Una veintena de leyes fundamentales en menos de dos siglos –casi una por década– es debido a que las constituciones ecuatorianas se han caracterizado por ser, en palabras del historiador Juan Paz y Miño, elitistas y el reflejo de una lucha permanente por el poder (*).

Citas: [1] LANDÁZURI CAMACHO, C. “Los inicios del constitucionalismo ecuatoriano: las constituciones quiteñas de 1809 y 1812”. En: Anales de la Universidad Central del Ecuador, 2012, nº 372, p. 360. [2] MAIGUASHCA, J. (Ed.) Historia y región en el Ecuador: 1830-1930. Quito: CEN, 1994, p. 373.

jueves, 24 de septiembre de 2020

¿Qué es el Equipo UNITAD?

Como recuerda la propia web del UNITAD (*), entre junio de 2014 y diciembre de 2017, el autodenominado Estado Islámico en Iraq y el Levante (también llamado: EIIL, EI, ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, Islamic State in Iraq and the Levant, ISIL, Dáesh o Da’esh) capturó, controló y operó con total impunidad en grandes extensiones del territorio de Iraq, cometiendo graves abusos del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario, actos que pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra humanidad y genocidio. La posterior liberación de amplias zonas de Iraq del control del EIIL puso de manifiesto la magnitud de los crímenes infligidos a los habitantes de estos territorios. El testimonio de testigos reveló una plétora de abusos cometidos contra las poblaciones bajo el control del EIIL (…). Hasta la fecha, se han descubierto más de 200 fosas comunes que contienen los restos de miles de personas.

El 9 de agosto de 2017, el Gobierno iraquí envió una carta al Secretario General y al Consejo de Seguridad de la ONU solicitando la asistencia de la comunidad internacional para garantizar que los miembros del “Estado Islámico” rindieran cuentas por los delitos cometidos en Iraq, en particular los que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Un mes más tarde, el 21 de septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución S/RES/2379 (2017). En su parte expositiva, los 15 miembros de este órgano permanente recordaron que el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (…) constituye una amenaza mundial a la paz y la seguridad internacionales por sus actos terroristas, su ideología extremista violenta, sus ataques constantes, flagrantes, sistemáticos y generalizados dirigidos contra la población civil, sus violaciones del derecho internacional humanitario y abusos de los derechos humanos, especialmente los dirigidos contra las mujeres y los niños, y en particular los impulsados por motivos religiosos o étnicos, y su reclutamiento y adiestramiento de combatientes terroristas extranjeros cuya amenaza afecta a todas las regiones y Estados Miembros.



Tras condenar sus actos –que enumera: el asesinato, el secuestro, la toma de rehenes, los ataques suicidas con bombas, la esclavitud, la venta para contraer matrimonio o cualquier otra forma de matrimonio forzado, la trata de personas, la violación, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, el reclutamiento y la utilización de niños y los ataques contra infraestructuras vitales, así como la destrucción del patrimonio cultural, incluidos los yacimientos arqueológicos, y el tráfico de bienes culturales– el Consejo de Seguridad solicitó la creación de un Equipo de Investigaciones, dirigido por un Asesor Especial, para apoyar los esfuerzos nacionales encaminados a exigir cuentas al “Estado Islámico” mediante la recopilación, conservación y almacenamiento en Iraq de pruebas de actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por este grupo terrorista en Iraq (con pleno respeto a la soberanía iraquí y su jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio).

Para implementar dicho mandato, el 9 de febrero de 2018, Antonio Guterres presentó en primer lugar los denominados Términos de referencia [Terms of reference] que fueran aceptables para el Gobierno del Iraq a fin de que el Equipo de Investigaciones pudiera cumplir su mandato, y que se ajustasen a lo dispuesto en la resolución, en particular con respecto al funcionamiento del Equipo en el Iraq. En su opinión, estos términos de referencia permitirán al Equipo cumplir su importante mandato de conformidad con las normas de las Naciones Unidas y con las mejores prácticas; y, en segundo lugar, el Secretario General creó el Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Estado Islámico [United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL (UNITAD)] en vigor desde el 31 de mayo de 2018.



Un equipo que, desde su cuartel general en Bagdad y de acuerdo con el segundo de aquellos términos, ha de ser imparcial, independiente y fidedigno; actuando en consonancia con los presentes términos de referencia, la Carta de las Naciones Unidas, las mejores prácticas de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable, incluido el derecho internacional de los derechos humanos.

En cuanto a la estructura y composición del UNITAD, el abogado británico Karim Asad Ahmad Khan se convirtió en su “Special Adviser and Head of the Team” (asesor especial y jefe de equipo). Bajo su autoridad se integró a expertos internacionales y jueces de instrucción y otros expertos iraquíes en Derecho Penal, con inclusión de miembros experimentados de los servicios de fiscalía; todo ello financiado con cargo al presupuesto ordinario de la ONU aprobado por su Asamblea General.

En estos dos años y medio de actividad, Khan ya ha presentado cuatro informes [Report] ante el Consejo de Seguridad –en mayo y noviembre de cada año– con las pruebas que recopilan, preservan y almacenan contra el “Estado Islámico” con miras a asegurar el inicio de las actuaciones nacionales sobre la base de las pruebas reunidas por el Equipo.

miércoles, 23 de septiembre de 2020

Medioambiente (XXXVIII): el vacío legal del patrimonio arbóreo monumental

En 2016, Iciar Bollain dirigió la película El Olivo que, al año siguiente, fue galardonada con el Premio Goya (*) a la mejor actriz revelación por la interpretación de Anna Castillo en el papel de Alma; esta joven tiene 20 años y sobrevive trabajando en una granja de pollos en Canet, un pequeño pueblo en la provincia de Castellón. Su abuelo, que dejó para extraña sorpresa de todos de hablar hace años, es la persona que más le importa en este mundo. Ahora que el hombre ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con la idea de que lo único que puede hacer “volver” a su abuelo a su estado natural, vivaz y tierno, es recuperar el olivo milenario que la familia vendió contra su voluntad hace 12 años. Sin decir la verdad, sin un plan concreto, y sin apenas dinero, Alma embarca a su tío “Alcachofa”, de 45 años, arruinado por la crisis, a su compañero de trabajo Rafa, de 30, a sus amigas Wiki y Adelle y a gran parte de la pequeña comunidad de Canet en una empresa imposible: recuperar el monumental olivo, replantado en algún lugar de Europa, y traerlo de vuelta para plantarlo de nuevo en el olivar familiar.

El argumento de esta película gira en torno al valor etnobotánico de nuestro patrimonio arbóreo monumental y la importancia de su significado tradicional, social, histórico y simbólico.

A la hora de consolidar un marco adecuado para la protección y gestión de estos árboles que han dejado de ser meramente, y en esencia, árboles forestales, agrícolas u ornamentales, para pasar a ser las piezas únicas de un patrimonio natural y cultural formado por árboles monumentales vivos, el preámbulo de la pionera Ley 4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental (Comunidad Valenciana) reconoció que las legislaciones actuales en materia forestal, de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural exhiben un margen de vacíos jurídicos, por cuanto una parte sustancial del patrimonio arbóreo no puede adaptarse al concepto técnico de «flora silvestre» que regula las normas sobre conservación de la naturaleza (…) o bien excede del ámbito territorial de las regulaciones forestales, al crecer fuera de terrenos calificados como forestales (…).

Michalis Garoudis | Olivos II y III (2020)

Por ese motivo, se planteó que estos árboles, auténticos monumentos vivos (…) requieren de una protección legal específica. A continuación, el Art. 1.2 de esta norma autonómica valenciana define el patrimonio arbóreo monumental como el conjunto de árboles cuyas características botánicas de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, porte u otros tipos de acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos y a su legado, los haga merecedores de protección y conservación. Asimismo, aplica el concepto «arbóreo» a los ejemplares de plantas superiores, tanto angiospermas como gimnospermas, autóctonos o alóctonos que poseen uno o varios troncos suficientemente diferenciados. Este concepto afecta por igual a los árboles de crecimiento horizontal o rastrero, las palmeras, a determinados arbustos y a las formas de troncos gruesos de las lianas o plantas trepadoras; y abarca tanto a los ejemplares aislados, como a las arboledas o conjuntos que contengan varios especímenes arbóreos.

Por último, su Art. 10 incluyó una serie de prohibiciones con carácter general –como dañar, mutilar, deteriorar, arrancar o dar muerte de los árboles protegidos– y los Arts. 18 a 20 clasificaron las infracciones, estableciendo las correspondientes sanciones administrativas (entre 18.000 y 500.000 euros).

Diez años más tarde, la Asamblea Regional murciana adoptó la Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia con el objeto principal de garantizar que estos árboles permanezcan con vida el mayor tiempo posible entre nosotros por considerarlos auténticos monumentos vivos.

En esa misma línea también se enmarca la Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales (Cataluña). Su Art. 2 especifica a qué olivos se aplica esta norma: el olivo que tiene un perímetro de tronco igual o superior a 350 centímetros medido a una altura de 130 centímetros del suelo, o que tiene una edad igual o superior a 350 años. En el caso de olivos con un tronco fragmentado, el perímetro es el total obtenido reconstruyendo la forma teórica del tronco entero. La legislación catalana incluye un capítulo específico (Arts. 11 a 23) para regular la prohibición de actuaciones contra los olivos y olivares monumentales -en especial, su extracción y comercialización- y su régimen sancionador 

lunes, 21 de septiembre de 2020

El primer detective privado español: Daniel Freixa (DF)

Al comienzo de su libro Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe el periodista catalán José Luis Ibáñez afirma que: De la misma manera que la burguesía viajaba con rapidez por toda Europa, también lo hacían los delincuentes; el dinamismo de la globalización económica se contagió a las actividades ilegales. Surgieron organizaciones criminales transfronterizas y aparecieron nuevas formas de delito, como estafas y timos internacionales, contrabando a gran escala, expolio de obras de arte, etc. Daniel Freixa, antiguo jefe de policía y primer detective privado español, dio cuenta de estos cambios en su libro “La policía moderna”, publicado en 1893. Sostenía que la delincuencia española poseía un carácter rudo, poco sofisticado y proclive a la violencia. En el extranjero, en cambio, «habíase ya perfeccionado algo más el crimen». Frente al bandolero patrio de patilla, trabuco y navaja se alzaba «el pik-poket de Londres y el astuto y sagaz voleur francés». De las especialidades venidas de fuera, Freixa subrayó los delitos de guante y de cuello blanco [1]. Su forma de concebir a la delincuencia económica recuerda el punto de vista del penalista Luis Jiménez de Asúa (1889-1970).

Aquel primer detective privado español fue el inspector de Policía Daniel Freixa i Martí, nacido en Reus (Tarragona), en 1854, y fallecido en Barcelona, en 1910. A lo largo de su vida desempeñó diversas funciones como Subinspector del Cuerpo de Vigilancia; Jefe de Administración Civil; Inspector Jefe de Orden Público de las provincias de Tarragona, Oviedo, Madrid y Barcelona; agente de la propiedad industrial y comercial; director y propietario de El Proteccionista (periódico independiente, defensor de los intereses de la producción nacional); comendador de número de la Orden de Isabel la Católica… y pionero en la investigación privada.

Gracias a su experiencia profesional y a que cultivó hábilmente esta clase de narración [se refiere a la novela policaca] el magistrado Salvador Vázquez de Parga no dudó en comparar sus obras con las que iniciara el francés Eugène Vidocq –antiguo ladrón convertido en jefe de la Sûrete– con sus Memorias (1828) [1]. En concreto, los dos grandes títulos de Freixa fueron: El Mundo del crimen: reseña típico-histórica de la criminalidad moderna en todo cuanto abarca el código penal (publicado en Barcelona por la Imprenta de Luis Tasso Serra, en 1888) y el mencionado La policía moderna: secretos de la criminalidad contemporánea (Barcelona: Seix, 1893).

Un año antes, en 1892, su paisano, el diplomático Eduard Toda i Güell (1855-1941) escribió su Guía de España y Portugal con un singular apartado de Cronologías españolas que incluyó la siguiente reseña: El conocido jefe de Orden Público D. Daniel Freixa y Martí fundó en 1888, bajo el nombre de “La Vigilancia y Seguridad Mercantil”, un Centro general de informes comerciales que en pocos años ha ido adquiriendo grandísima importancia [3].

Litografía de Enric de Bobés (s. XIX)

Oficiosamente, aquella empresa que realizaba informes comerciales y gestionaba el cobro de créditos fue la primera agencia española de detectives privados; estaba situada en Barcelona, en el primer piso del edificio donde confluían las calles Jovellanos (nº 6) y Pelayo (nº 42), muy cerca de la Plaza de Cataluña.

El éxito de la nueva iniciativa empresarial de Freixa se extendió a Madrid, en 1898, al abrir en la calle Alcalá de la capital una delegación dirigida por la familia Cazeneuve [una conocida saga de detectives de origen francés que acabaría estableciendo Detectives Office en la ciudad condal con Enrique Cazeneuve (1888-1925) al frente]; y en otras tres localidades: Bilbao, Valencia y Sevilla.

NB: como curiosidad, Daniel Freixa identificaba su propio correo postal perforando los sellos para franquear los sobres; aquellos diminutos agujeros conformaban las dos letras de sus iniciales –DF– para que el destinatario pudiera conocer el nombre en clave del remitente.

Citas: [1] IBÁÑEZ, J. L. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. La extraordinaria aventura de los primeros detectives. Barcelona: Espasa, 2020, pp. 30 y 31. [2] VÁZQUEZ DE PARGA, S. La novela policaca en España. Barcelona: Ronsel, 1993, p. 21. [3] TODA, E. Guía de España y Portugal. Barcelona: E. López, 1892, p. XXII.

viernes, 18 de septiembre de 2020

La Sala de Tratados de la Casa Blanca y la paz entre España y EEUU

Théobald Chartran (1849 –1907) fue un pintor francés que logró cierto renombre gracias a las caricaturas que realizó para la revista satírica inglesa Vanity Fair. En 1899, el 25º presidente de los EE.UU., William McKinley –su tercer Jefe de Estado asesinado, tras Abraham Lincoln y James A. Garfield– le encargó que pintara el lienzo Firma del Protocolo de Paz entre España y los Estados Unidos, 12 de agosto de 1898 [Signature du Protocole de paix entre l'Espagne et les États-Unis le 12 août 1898 | Signing of the Peace Protocol Between Spain and the United States, August 12, 1898] para presidir la Sala de Tratados de la Casa Blanca, ubicada en el segundo piso, a la derecha del célebre Despacho Oval.

Aquel breve instrumento jurídico fue firmado por William R. Day, Secretario de Estado de los Estados Unidos (salvando las distancias, su Ministro de Asuntos Exteriores) y Jules Cambon, Embajador de Francia en Washington (que recibió plenos poderes del Gobierno de España; un buen ejemplo de la figura que, en Derecho Internacional, se conoce como potencia protectora). Los términos de aquel acuerdo para establecer la paz entre ambas naciones disponían, entre otras cuestiones, que España renunciaba a toda pretensión a su soberanía y a todos sus derechos sobre Cuba y que cedía a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás islas que actualmente se encuentran bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales, así como una isla en las Ladrones, que será escogida por los Estados Unidos. Aquel mismo año, España y Estados Unidos de América fimaron en París el Tratado de Paz, el 10 de diciembre de 1898, y seis meses más tarde, el 30 de junio de 1899, Alemania compró las islas del pacífico –las Carolinas, Marianas y Palaos– donde España apenas había ejercido la soberanía, y que quedaron fuera de su control tras la derrota. De este modo, España perdió los restos de su imperio colonial [MARTORELL, M. y JULIÁ, S. Manual de historia política y social de España (1808-2011). Barcelona: RBA, 2012, p. 186].


Hoy en día, el cuadro de Chartran aún preside este salón. El óleo muestra a William McKinley, de pie en el extremo izquierdo, supervisando la firma. A su derecha y sentados se encuentran los signatarios –William R. Day y Jules Cambon– y detrás, otros cuatro personajes, de izquierda a derecha, los subsecretarios John Bassett Moore, Alvey A. Adee y Thomas W. Cridler, por parte de la administración estadounidense; y Eugène Thiebaut, secretario de la embajada francesa. Cierra la escena una ventana con vistas al Jardín Sur de la Casa Blanca, dejando entrever la conocida galería de columnas del Pórtico.


La sala aún conserva el escritorio victoriano que Ulysses Grant empleó, originalmente, como mesa de reuniones del gabinete; y que los posteriores Jefes de Estado han continuado empleando como escritorio (en la imagen inferior, por ejemplo, el expresidente Barack Obama).


PD: curiosamente, antes de convertirse en la actual Sala de Tratados (denominación que recibió durante el mandato de John F. Kennedy que firmó aquí, en 1963, el Tratado de prohibición de pruebas con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua), esta habitación fue oficina presidencial, sala de espera del despacho oval, salón para jugar al bridge, despacho de las primeras damas… e incluso nevera donde se almacenó hielo con ventiladores para aliviar la agonía de James Garfield, tras haber sido disparado.

miércoles, 16 de septiembre de 2020

El río Atrato como «entidad sujeto de derechos»

Si hace un año tuvimos ocasión de comentar la sentencia T-970/14, de la Corte Constitucional colombiana, de 15 de diciembre de 2014, porque definía y clasificaba la eutanasia de forma muy didáctica; hoy volvemos a referirnos a otra singular resolución del órgano de garantías de Colombia: la muy extensa sentencia T-622/16, de 10 de noviembre de 2016: el Caso de comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y manifiestan afectaciones a la salud como consecuencia de las actividades mineras ilegales. El tribunal afirma que el desafío más grande que tiene el constitucionalismo contemporáneo en materia ambiental, consiste en lograr la salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza, las culturas y formas de vida asociadas a ella y la biodiversidad, no por la simple utilidad material, genética o productiva que estos puedan representar para el ser humano, sino porque al tratarse de una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones culturales, son sujetos de derechos individualizables, lo que los convierte en un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las sociedades. En síntesis, solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura, es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista (§ 9.27).

En ese contexto, para la Corte Constitucional resulta necesario avanzar en la interpretación del derecho aplicable y en las formas de protección de los derechos fundamentales y sus sujetos, debido al gran grado de degradación y amenaza en que encontró a la cuenca del río Atrato. Por fortuna, a nivel internacional (…) se ha venido desarrollando un nuevo enfoque jurídico denominado derechos bioculturales, cuya premisa central es la relación de profunda unidad e interdependencia entre naturaleza y especie humana, y que tiene como consecuencia un nuevo entendimiento socio-jurídico en el que la naturaleza y su entorno deben ser tomados en serio y con plenitud de derechos. Esto es, como sujetos de derechos (§ 9.28).

En este orden de ideas, los graves efectos que produce el desarrollo intensivo de actividades de explotación minera ilegal con afectación de múltiples derechos fundamentales en cuenca del río Atrato (Chocó) es un asunto que ha evidenciado claramente que son las poblaciones humanas las que son interdependientes del mundo natural -y no al contrario- y que deben asumir las consecuencias de sus acciones y omisiones con la naturaleza. Se trata de entender esta nueva realidad sociopolítica con el objetivo de lograr una transformación respetuosa con el mundo natural y su entorno, así como ha ocurrido antes con los derechos civiles y políticos (primera generación); los económicos, sociales y culturales (segunda generación), y los ambientales (tercera generación). Ahora es el momento de comenzar a tomar las primeras medidas para proteger de forma eficaz al planeta y a sus recursos antes de que sea demasiado tarde o el daño sea irreversible, no solo para las futuras generaciones sino para la especie humana (§ 9.29).



Entre esas medidas, la Corte colombiana resolvió reconocer al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, conforme a lo señalado en la parte motiva de este proveído en los fundamentos 9.27 a 9.32. En consecuencia, se ordena al Gobierno nacional que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río (a través de la institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó; de esta forma, el río Atrato y su cuenca -en adelante- estarán representados por un miembro de las comunidades accionantes y un delegado del Gobierno colombiano, quienes serán los guardianes del río. Con este propósito, el Gobierno, en cabeza del Presidente de la República, deberá realizar la designación de su representante dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia. En ese mismo período de tiempo las comunidades accionantes deberán escoger a su representante.

Al año siguiente, el reconocimiento de un río como entidad sujeto de derechos encontró un nuevo ejemplo al otro lado del mundo pero en el ámbito legislativo y no jurisdiccional: la Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017; una ley neozelandesa de 20 de marzo de 2017 que reconoció al río Whanganui como una entidad singular y viva [living], con personalidad jurídica y derechos que pueden reclamarse judicialmente, poniendo fin a las reclamaciones históricas del pueblo maorí de los Whanganui Iwi.

lunes, 14 de septiembre de 2020

Las técnicas legislativas de la UNCITRAL

El 17 de diciembre de 1966, la Asamblea General de la ONU aprobó la A/RES/2205 (XXI) para el Establecimiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional [“La Comisión”, CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés: United Nations Commission on International Trade Law]. En su parte expositiva, la resolución del órgano asambleario onusiano consideró que la cooperación entre los Estados en la esfera del comercio internacional es un importante factor para promover las relaciones de amistad y, por lo tanto, para el mantenimiento de la paz y la seguridad; asimismo, observó que los esfuerzos realizados por organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en favor de la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional mediante el fomento de la aprobación de convenciones internacionales, leyes uniformes, cláusulas contractuales modelo, condiciones generales de venta, términos comerciales uniformes y otras medidas (…) no habían guardado proporción con la importancia y la urgencia del problema, a causa de diversos factores, en particular la insuficiencia de la coordinación y de la colaboración entre las organizaciones interesadas, la limitación del número de sus miembros o de su autoridad, y el reducido grado de participación en estas actividades de muchos países en desarrollo.

Por todo ello, para coordinar, sistematizar y acelerar sustancialmente el proceso de armonización y unificación del derecho mercantil internacional –en materias como: la resolución de controversias, las prácticas contractuales internacionales, el transporte, el régimen de la insolvencia, el comercio electrónico, los pagos internacionales, las operaciones garantizadas, la contratación pública o la compraventa de mercancías– decidió establecer una Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional que tendrá como objeto promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. Convirtiéndose, desde entonces, en el órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional.

Sede de la UNCITRAL en Viena (Austria)


Los miembros de este órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU son seleccionados entre los Estados que forman parte de Naciones Unidas tratando de que estén representados los diferentes sistemas jurídicos y niveles de desarrollo económico que existen en el mundo. Actualmente, desde 2004, la Comisión está integrada por 60 miembros (originariamente fueron tan solo 29) que son elegidos para un periodo de seis años (para su renovación gradual, el mandato de la mitad de ellos expira cada tres años).

Al comienzo de cada periodo anual de sesiones, los miembros eligen la composición de la Mesa de la Comisión que junto a un Presidente, tres Vicepresidentes y un Relator conforman la Comisión. Este órgano se reúne, alternativamente, un año en Viena (Austria) y otro en Nueva York (EE.UU.) y adopta sus decisiones por consenso en la medida de lo posible, teniendo en cuenta también las observaciones formuladas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas que no sean de UNCITRAL, así como las organizaciones internacionales y regionales (incluidas las ONG) que asisten a las sesiones anuales o a los grupos de trabajo que se forman por temas.

Para lograr su objetivo, la Comisión elabora diversos textos legislativos:
  1. Convenios para unificar el derecho, estableciendo obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados signatarios: por ejemplo, la Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (de 1974); o la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (1995);
  2. Leyes modelo: a diferencia de las convenciones, son textos legislativos que se recomiendan a los Estados para que los incorporen a sus propios ordenamientos jurídicos; como la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (de 1985, con enmiendas adoptadas en 2006); o la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas (2001);
  3. Guías legislativas y recomendaciones: que se formulan cuando no ha sido posible alcanzar una convención o una ley modelo; por ejemplo, la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada (2000) o la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el régimen de la insolvencia (2004);
  4. Y disposiciones modelo que unifican y actualizan otros instrumentos jurídicos ya existentes; en 1982, por ejemplo, la UNCITRAL formuló una disposición modelo por la que estableció una unidad de cuenta universal de valor constante que podía utilizarse, especialmente en el ámbito de los convenios sobre los transportes internacionales y la responsabilidad, para expresar montos en términos monetarios.

Además de las técnicas legislativas, la Comisión también emplea otras de carácter contractual [con modelos de cláusulas o reglas para formalizar los contratos mercantiles internacionales; por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976, revisado en 2010) o el Reglamento de Conciliación de la CNUDMI (1980)] o, simplemente, técnicas explicativas (como paso previo antes de que puedan concretarse dichas reglas, en forma de guías, como la Guía Jurídica de la CNUDMI para la Redacción de Contratos Internacionales de Construcción de Instalaciones Industriales, de 1987).
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