lunes, 18 de junio de 2018

¿Cuál es el coste diario de un preso?

El origen del Proyecto SPACE [acrónimo procedente del francés Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe] se remonta a 1983, cuando el Consejo de Europa creó sus primeras estadísticas penales anuales [las Council of Europe Annual Penal Statistics]; en aquel momento, bajo la dirección del especialista en demografía Pierre V. Tournier. A partir de 1992 adoptaron su actual denominación y, desde 1997, se desglosaron en dos informes: 1) SPACE I que proporciona datos sobre el encarcelamiento y las instituciones penales en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa; y 2) SPACE II, con información sobre las sanciones y medidas no privativas de libertad. Hoy en día, esta investigación –encabezada, desde 2002, por el criminólogo Marcelo F. Aebi, profesor en la Universidad de Lausana (Suiza) y su equipo, integrado por Mélanie, M. Tiago, Léa Berger-Kolopp y Christine Burkhardt– se encuentra disponible en la página web de SPACE.
 
El último documento que se ha publicado on line, hasta el momento, –el SPACE I 2016– es el que tomaremos como referencia para conocer el coste diario de recluir a un preso en una institución penitenciaria del Viejo Continente.
 
Con datos de 2015, en España, según este informe, cada recluso cuesta 65,67 euros; por encima de la media europea (51 €) que oscila entre dos cantidades distanciadas por un abismo: de los apenas 6 euros que se invierten en Moldavia hasta los 707,92 euros de San Marino.
 
SPACE I nos deja algunas otras cifras muy significativas: en España tenemos 60.687 reclusos encarcelados; es decir, contamos con una ratio de 130,7 reclusos por cada 100.000 habitantes (la media europea es de 117,1). Tienen una media de edad de 40 años (36,4 de media europea); el 7,6% de los reclusos son mujeres (porcentaje superior a la media femenina en los Estados del Consejo de Europa: 5,3) y el 28,6%, extranjeros (más del doble de la media europea: 11,6%).
 
Cuadro: Armand Gautier | Henri Rochefort in Mazas Prison (1871).

viernes, 15 de junio de 2018

La “Ley de Vientres Libres” contra la esclavitud

El gaditano Segismundo Moret fue un prestigioso político liberal, abogado especializado en asuntos financieros y tributarios, escritor, diputado, secretario de la Asamblea que redactó la Constitución de 1869 –el texto más completo y avanzado que tuvo España hasta entonces porque sentó las bases para establecer una auténtica declaración de derechos y libertades– y, finalmente, Ministro de Ultramar en el Consejo presidido por el general Prim. Durante el ejercicio de este cargo, el 30 de mayo de 1870, la Gaceta de Madrid publicó el proyecto de ley para abolir la esclavitud que el propio Moret había leído en las Cortes dos días antes. Era la llamada Ley de Vientres Libres que se aprobó porque, como señaló la propia norma en su preámbulo, (…) Era imposible que mientras en la Península nos levantábamos al más alto grado de libertad política escribiendo la Constitución de 1869, allá, lejos de nosotros, en las hermosas provincias de América –se refiere a Cuba y Puerto Rico–, permaneciera en el fondo de una sociedad española, y como tal cristiana, abyecto y envilecido el pobre negro, reducido á la última de las condiciones á que puede conducir la negación de la libertad.
 
El objetivo que perseguía la nueva regulación era que, en España, no nacieran ni murieran esclavos y que quienes aún continuaran con algún tipo de servidumbre, la vieran (…) endulzada, contemplando nacer libres sus hijos; por ese motivo, el texto de Moret estableció en su Art. 1 que todos los hijos de madres esclavas que nazcan después de la publicación de esta ley son declarados libres; asimismo, también dispuso la libertad de los esclavos que hubieran servido a España durante la insurrección cubana –con el fin de contrarrestar el efecto de los movimientos revolucionarios– y a los que hubiesen cumplido 65 años.
 
Históricamente, ya en Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio –en el siglo XIII– se mencionaba la servidumbre como la (…) postura i establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la que los onbres que eran naturalmente libres se fazen siervos i se meten a señorío de otro; estableciendo las tres maneras de llegar a convertirse en siervo: los enemigos de la fe capturados en tiempos de guerra, los que nacen de las siervas y (…) la terçera es quando alguno es libre y se desea vender (IV Partida, Título XXI, Ley Primera).
 
Durante los siglos XV y XVI, al tiempo que se iban estableciendo algunos centros como la Casa dos Escravos en Lisboa en 1486 y, posteriormente, en Sevilla; la regulación de la trata también evolucionó de las primeras licencias reales, que establecían la introducción de esclavos mediante cupos, al triste comercio humano de los africanos capturados para trabajar en las minas y plantaciones de América, donde se les necesitaba porque la población autóctona había quedado diezmada, llegando a alcanzar una proporción de hasta siete esclavos por cada blanco que habitaba en la isla de Puerto Rico.
 
Los barcos negreros vivieron su momento de mayor esplendor a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces, se calcula que el mercado de hombres se llevaba de África cada año a unos 50.000 infelices desde los puertos de Ciudad de Piedra –en Zanzíbar (Tanzania)– y de la isla de Gorée, frente a las costas de Dakar (Senegal), donde los esclavos enfermos eran arrojados sin contemplaciones para alimentar a los tiburones del Atlántico.
 
A finales del XVIII, como consecuencia del espíritu revolucionario que surgió en los Estados Unidos y se extendió después a Francia, proclamando los Derechos de los Hombres, comenzaron a surgir las primeras voces abolicionistas en aquellos países y en otros lugares, como Gran Bretaña y Dinamarca.
 
Tras la Guerra de la Independencia española, las Cortes de Cádiz también debatieron un proyecto para abolir la esclavitud en Ultramar –en la metrópoli, de hecho, había desaparecido a mediados del XVIII– pero la propuesta fue rechazada. Uno de los abolicionistas más destacados de aquella época fue el aragonés Isidoro de Antillón; doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y un auténtico erudito (arqueólogo, astrónomo, geógrafo...) que, sin embargo, tuvo una desafortunada y corta vida. Cuando no prosperó su propuesta de abolir la esclavitud, continuó defendiendo sus ideas liberales hasta que fue apaleado por los absolutistas en 1813. Con el regreso al trono de Fernando VII, Antillón fue detenido –maltrecho y enfermo– para condenarlo a muerte un año más tarde, pero falleció poco antes de ser conducido a Zaragoza para ser ejecutado. Su memoria levantó tantas pasiones que, al finalizar el trienio liberal de Riego, en 1823, sus restos mortales fueron exhumados, se quemaron y aventaron sus cenizas.
 
A pesar de la abolición tácita, las presiones británicas y estadounidenses lograron que el 5 de marzo de 1837 se aprobara la abolición oficial de la esclavitud en la España metropolitana que, sin embargo, se mantuvo en las provincias americanas hasta que se aprobó la Ley de Vientres Libres en 1870. Después de la I República, la Regencia de María Cristina puso fin a esta cuestión decretando la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba y cumpliendo, por fin, el sueño de libertad de Segismundo Moret.

Cuadros: superior: Gustave Boulanger | Mercado de esclavos (1882); inferior: Federico Madrazo | Segismundo Moret (1855). 

jueves, 14 de junio de 2018

El mandato ministerial más breve

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 62 y 100 de la Constitución Española [al Rey le corresponde nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; y los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente, respectivamente] en el Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, se nombró Ministro de Cultura y Deporte al periodista y escritor valenciano Màxim Huerta Hernández, junto a los otros dieciséis miembros del Consejo de Ministros presidido por el séptimo Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; y, apenas una semana más tarde, el Real Decreto 417/2018, de 13 de junio, dispuso su cese agradeciéndole los servicios prestados. Sin entrar en consideraciones extrajurídicas, el breve periodo que media entre ambos reglamentos convierte su nombramiento y cese en toda una plusmarca de la democracia española.

miércoles, 13 de junio de 2018

Medioambiente (XXXIII): la fumigación con yoduro de plata (IAg) como defensa antigranizo

La Orden de 3 de agosto de 2000 estableció las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los agricultores agrupados para la defensa antigranizo en la campaña de aquel año. Mediante la aplicación de sistemas de defensa antigranizo se busca la reducción de los daños ocasionados por el pedrisco sobre las producciones agrícolas, lo que –según señala su preámbulo– beneficia al sistema de seguros agrarios, ya que tal aplicación reduce las tarifas de pedrisco aplicadas en estos Seguros disminuyendo el coste del seguro pagado por los agricultores. Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español: El objeto de la presente Orden es la regulación, en la campaña 2000, de la concesión de subvenciones para financiar las actuaciones dirigidas a la defensa antigranizo mediante sistemas que utilicen yoduro de plata (en lo sucesivo IAg), realizadas por agrupaciones de agricultores que no puedan ser financiadas totalmente, con los ingresos obtenidos por éstas, en base al pago de las cuotas por parte de sus agricultores.

Dichas agrupaciones debían cumplir con una serie de requisitos: tener personalidad jurídica propia; contar con la autorización para llevar a cabo actuaciones dirigidas a la defensa antigranizo, otorgada por la correspondiente Confederación Hidrográfica; disponer de previsiones diarias de riesgo de tormentas con granizo, elaboradas por el Instituto Nacional de Meteorología durante el período de duración de la campaña; y afectar a la zona geográfica defendida contra el granizo, con una extensión mínima de 100.000 hectáreas.

Como consecuencia, el 4 de diciembre de 2000, la europarlamentaria socialista María Sornosa Martínez (*) preguntó a la Comisión Europea ¿cómo pensaba intervenir para evitar el uso de este metal pesado altamente perjudicial para la agricultura y el medio ambiente comunitarios? En su opinión: La fumigación con yoduro de plata para evitar tormentas de granizo (a través de su diseminación en avionetas o con lanzamiento de cohetes a la atmósfera), no sólo está demostrado que tiene graves consecuencias para el medio ambiente, sino que puede producir una disminución de las precipitaciones como consecuencia de la cristalización del agua condensada en las nubes (datos del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona).

La respuesta del ejecutivo comunitario –el 1 de marzo de 2001– fue la siguiente: Según los conocimientos de la Comisión, el yoduro de plata está producido y es importado dentro de la Comunidad en cantidades inferiores a las 10 toneladas por año. Estas sustancias son objeto de una recopilación de información y de una evaluación de los riesgos individuales en el marco del Reglamento (CEE) 793/93 del Consejo de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes, es decir, las sustancias que estaban en el mercado de la Comunidad antes de septiembre de 1981 y que figuran en el catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances-EINECS). Dado el elevado número de sustancias que figuran en el catálogo (más de 100.000), el Reglamento ha introducido un orden de prioridades. Se han publicado cuatro listas de sustancias prioritarias para las que se ha realizado o se realizará una evaluación del riesgo. La Comisión puede informar a Su Señoría de que el yoduro de plata no figura en ninguna de estas cuatro listas (…). Por otra parte, el yoduro de plata utilizado contra el granizo no se considera un producto fitosanitarios (pesticida agrícola) según lo dispuesto en la Directiva 91/414/CEE(2) relativa a la comercialización de dichos productos.

El mencionado Reglamento (CEE) 793/93 se derogó por el actual Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y tampoco incluye el yoduro de plata entre las sustancias y preparados químicos previstos para su registro, evaluación, autorización y restricción.

Aquella Orden de 2000 que originó la pregunta de la política valenciana a la Comisión no fue la primera disposición española que concedió subvenciones a los agricultores para defenderse del granizo empleando IAg; por citar otros ejemplos, las órdenes de 31 de octubre de 1988, 1 de septiembre de 1992 o 22 de julio de 1999 también regularon esa concesión para aquellas campañas; pero, si echamos la vista atrás, una Hoja Divulgadora del Ministerio de Agricultura, de 1975, ya describía los procedimientos más comúnmente empleados para luchar contra el granizo: cohetes granífugos; cohetes portadores de ácido clorosulfónico; siembra de nubes con núcleos de yoduro de plata (mediante quemadores de carbón activado de yoduro de plata, generadores de yoduro de plata disuelto en acetona o empleando aviones que dejan en la nube el yoduro de plata); e instalación de redes -toldos de plástico- para evitar el impacto directo de la piedra de granizo sobre las cosechas.

En 2001, la eurodiputada socialista y su colega convergente, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, volvieron a interpelar al ejecutivo comunitario sobre esta sustancia que, según han denunciado colectivos agrarios y ecologistas, parece ser tóxica y altamente nociva para el medio ambiente y las cosechas, como planteó el político catalán. La respuesta de Bruselas insistió en la misma línea ya mencionada: El yoduro de plata no figura como sustancia prioritaria en las listas de referencia de la Comunidad. Esa sustancia no está regulada por la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, (en relación con los plaguicidas), puesto que no se considera producto fitosanitario [hoy en día, el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios –que derogó la Directiva de 1991– tampoco incluye el yoduro de plata].

Desde un punto de vista jurídico, en los últimos años cabe destacar la moción presentada por el senador de Compromís, por Castellón, Jordi Navarrete Pla, el 28 de marzo de 2017, por la que instó al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio [la Ley de Aguas], para la prohibición de autorizaciones y acciones dirigidas a la modificación del ciclo hidrológico del agua en fase atmosférica.

Bengalas antigranizo | Mendoza (Arg.)
En su moción señaló que: (...) Las avionetas contratadas en aeródromos privados estarían sembrando de yoduro de plata la atmósfera con cohetes antipiedra; todo esto, documentado con múltiples charlas a los agricultores y federaciones de agricultores y ganaderos, además de numerosos vídeos que han sido analizados a posteriori por pilotos expertos en vuelos rasos, conciben la idea de que seguramente se está lanzando algún tipo de producto químico a la atmósfera. A las avionetas se las ha visto en acción. La intención de sembrar ciertos metales pesados en las tormentas dificulta la lluvia y reduce el tamaño y el grosor del diámetro del granizo. Sé que algunos nos dirán que a finales de los noventa ya se prohibieron estos vuelos, pero pregúntenselo a los agricultores, pues, según ellos, siguen sufriendo ese problema. Y yo tengo tendencia a creer más a los agricultores —que están al pie del terreno— que a los técnicos, que lo niegan. Por otra parte, los cohetes de yoduro de plata son lanzados desde el suelo y tienen la misma finalidad que las avionetas. Y quien diga que estos no existen, que consulte al Seprona, que ha requisado diversas lanzadoras y cohetes en distintas operaciones. (...) en la Comunidad de Madrid hay un sistema de cañones antigranizo, gestionado desde 2002 por la Cámara Agraria de Madrid, que cubre 19.500 hectáreas.

(...) viendo los antecedentes, los informes y la falta de control, no sé si debemos creer que existen las avionetas y los cohetes, aunque es evidente que existen los cañones y los generadores sónicos. Y, ante estos tratamientos de modificación del ciclo hidrológico del agua, nos surgen las siguientes preguntas: ¿El control que lleva el Gobierno del Estado español al sistema antigranizo o la modificación del ciclo es efectivo, es exhaustivo? ¿Qué efectos tienen estos sistemas sobre el clima, tanto local como general? ¿En qué afecta a los agricultores del Estado español? ¿Qué efectos tiene esparcir yoduro de plata en la atmósfera, que luego precipita en forma de lluvia, que puede filtrarse en los acuíferos y puede ser perjudicial tanto para el hombre como para los animales? En la web del Senado puede accederse a la transcripción completa de su moción (*)

lunes, 11 de junio de 2018

¿Se admite el derecho de arrastre o cláusula “drag along”?

En la jurisprudencia española, apenas contamos con cuatro ejemplos de resoluciones que han fallado sobre el denominado derecho de venta conjunta, derecho de arrastre, cláusula de arrastre o drag along: dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia (SAP V 1864/2017, de 25 de abril) y de Madrid (SAP M 16788/2017, de 13 de diciembre) y otras dos del Tribunal Superior de Justicia madrileño (STSJ M 2240/2016, de 14 de marzo, y STSJ M 10512/2011, de 12 de septiembre) [1]. En el segundo fundamento jurídico de esta última encontramos una primera aproximación a este concepto: El derecho controvertido es el denominado tag along, carente de reconocimiento explícito y de regulación en nuestro ordenamiento jurídico, consistente en general en el derecho de un accionista minoritario a "acompañar" o participar conjuntamente en la venta que otro accionista, mayoritario, realiza de sus participaciones en la sociedad, en las mismas condiciones en que se efectúa esa venta. Existe también la cláusula de drag along, para el supuesto inverso, cuando es el accionista mayoritario el que "arrastra" o impone a los minoritarios la participación en la venta de acciones que aquél ha decidido llevar a efecto.

A falta de una legislación específica sobre esta cláusula de origen anglosajón y con tan escasa jurisprudencia conviene recurrir a la doctrina administrativa y, en concreto, a una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 4 de diciembre de 2017, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles I de Barcelona a inscribir la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de modificación de estatutos de una entidad.

Según el criterio de este centro directivo: (…) Entre las modificaciones convencionales admitidas se encuentra la consistente en cláusulas estatutarias por las que un socio que pretenda transmitir sus participaciones a un tercero obligue a los demás socios a transmitir también las suyas a ese tercero en las mismas condiciones o en las que los propios socios hubieren previamente acordado. Con este tipo de disposiciones estatutarias, denominadas de arrastre, o «drag along», se pretende facilitar la adquisición por un tercero de una cantidad significativa de participaciones frente a posibles conductas obstruccionistas de socios minoritarios. Su licitud es indudable habida cuenta de la posibilidad de pactos estatutarios que impongan la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas determinadas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos (Art. 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil).

(…) la «cláusula de arrastre» –próxima a la «clausola di trascinamento» [también llamada le clausole di covendita] como se la conoce en Derecho italiano (…)– tanto se considere que es un supuesto de imposición de obligaciones a los socios a que se refiere el Art. 291 de la Ley de Sociedades de Capital, como una causa estatutaria de exclusión del socio (Art. 351 de la misma ley), exige en su configuración estatutaria el consentimiento unánime de los socios, sin que pueda suplirse, dicho consentimiento unánime, atribuyendo un derecho de separación al socio que no hubiere votado a favor, por no ser una mera cláusula de restricción de transmisión de participaciones sociales (cfr. Art. 346.2 de la Ley de Sociedades de Capital). Ello no significa que el consentimiento de todos los socios deba ser necesariamente expresado en forma de acuerdo adoptado por unanimidad en la junta general en la que hayan estado presentes o representados todos los socios. Es suficiente el acuerdo mayoritario de la junta siempre que a tal acuerdo presten su consentimiento individual todos los demás socios, en la misma junta o en un momento posterior (así resulta del artículo 207.2 del Reglamento del Registro Mercantil, que para la inscripción de la introducción en los estatutos sociales de una nueva causa de exclusión exige que «conste en escritura pública el consentimiento de todos los socios o resulte de modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo social pertinente, la cual deberá estar firmada por aquéllos»).

Jurisprudencia: [1] Siguiendo ese mismo orden: ECLI:ES:APV:2017:1864, ECLI:ES:APM:2017:16788, ECLI:ES:TSJM:2016:2240 y ECLI:ES:TSJM:2011:10512.

viernes, 8 de junio de 2018

La composición paritaria de los jurados en la II República Española

La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, desarrolló la institución prevista por el Art. 125 de la Constitución española de 1978 para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. De acuerdo con su Art. 2.1, este tribunal se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá. A continuación, dispone que: Si, por razón del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente; y, por último, prevé (Art. 2.2) que al juicio del Jurado asistirán, además, dos jurados suplentes. En ningún momento, la normativa vigente establece algún tipo de porcentaje de paridad para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; de forma genérica, simplemente, su Art. 6 reafirma que la función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley. En cambio, este criterio para alcanzar una representación paritaria sí que formó parte de anteriores regulaciones de esta institución.
 
El 28 de abril de 1931, la Gaceta de Madrid –antecedente histórico del actual BOE– publicó el Decreto declarando restablecida la institución del Jurado, conforme a su ley orgánica de 20 de Abril de 1888 [Gaceta del 24], con las modificaciones que se establecen. Con esta medida, el Gobierno de Niceto Alcalá-Zamora recuperó el jurado, suprimido con disfraces de suspensión por la Dictadura [de Primo de Rivera] pero con reformas que, corrigiendo abusos observados en la práctica, denunciados por la opinión y señalados siempre en las Memorias de Fiscalía, no encontraron jamás el adecuado remedio.
 
Una de las modificaciones que introdujo la II República Española la encontramos en su Art. 10: En los delitos de parricidio, asesinato, homicidio o lesiones, de competencia del Jurado, en que el móvil pasional fuera el amor, los celos, la fidelidad o cualquier otro aspecto de las relaciones sexuales y en que agresores o víctimas fueren de distinto sexo, el Jurado se compondrá por mitad de hombres y de mujeres, procediéndose a sorteos distintos para cada grupo.
 
Cinco meses más tarde, la Gaceta del 24 de septiembre de 1931 publicó el Decreto disponiendo que los artículos que se mencionan de la ley del Jurado, promulgada en 20 de Abril de 1888, queden redactados en la forma que se indica; y, en este caso, la composición paritaria se estableció en el Art. 9 al regular las circunstancias necesarias para ser jurado: Las mujeres que reúnan las condiciones prestablecidas, en cuanto las fueren aplicables con arreglo a las leyes, podrán ser Jurados para conocer en los delitos de parricidio, asesinato, homicidio o lesiones de competencia del Jurado en que el móvil pasional fuera el amor, los celos, la fidelidad o cualquier otro aspecto de las relaciones heterosexuales, aunque agresores y víctimas fueren del misino sexo. En todos estos casos, que se determinarán en el momento procesal y forma que establece el artículo 41 de la presente Ley, el Jurado se compondrá por mitad de hombres y de mujeres, procediéndose a sorteos distintos para la designación de cuatro titulares y un suplente de cada sexo. Asimismo, el Art. 13 dispuso que: Las mujeres, además de invocar las excusas anteriores [por ejemplo, ser mayor de 70 años], podrán alegar las de maternidad próxima o reciente y la lactancia de hijos para excusarse de desempeñar las funciones obligatorias del jurado.
 
Cuadro: Alexander Utkin | Jury´s out (2016).

miércoles, 6 de junio de 2018

Sobre el delito de profanación de cadáveres

El Código Penal no protege como bien jurídico los cadáveres, a excepción del delito de profanación de cadáveres del Art. 526 (…) no existe otra figura típica en el que se señale al cadáver como especifico objeto de protección penal del Código Penal [sentencia 1502/2010, de 22 de marzo, del Tribunal Supremo]. En concreto, esta conducta –entre otras– se tipifica en el ámbito de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos: El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses [según la redacción que introdujo la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre; el texto original de este precepto –Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre– disponía una pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana y multa de tres a seis meses].

La jurisprudencia del Tribunal Supremo –entre otras sentencias, la STS 99/2016, de 26 de enero [ECLI:ES:TS:2016:99]– apunta hacia dos elementos concurrentes en este ilícito: un acto de profanación de un cadáver, y que tal acto de profanación ha de hacerse faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, no precisándose aquí del ánimo de ultraje que sí se exige, en cambio, a los daños en las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos. La mayor parte de la doctrina viene entendiendo que (…) la falta de respeto objetivo (…) debe vincularse al valor que la sociedad confiere a un cadáver en cuanto cuerpo de una persona fallecida. Adquiere así un marcado componente objetivo, independiente de la voluntad última de quien ejecuta el acto de profanación; que se concibe como un acto de deshonra o menosprecio directamente dirigido sobre el cuerpo sin vida de una persona.

(…) el Legislador –continúa la resolución de nuestro Alto Tribunal–, lejos de acoger un criterio cerrado que delimite «a priori» lo que debemos entender por profanación penalmente punible, opta (…) por ofrecer un concepto más amplio o difuso, cuya concreción deja en manos del juzgador, que será quien a través de los perfiles que presente el supuesto enjuiciado, es decir, atendidas las circunstancias concurrentes, determine si ha existido un acto de profanación que lesiona el respeto debido a la memoria de los muertos. En todo caso, deberán describirse en el hecho histórico aquellas acciones determinantes del acto de profanación. El estudio de la cuestión requiere, pues, del análisis caso a caso. Sólo en función de sus concretas características podrá determinarse si existió un acto de profanación que, por su entidad, vulnera el respeto requerido por los ciudadanos sobre sus congéneres fallecidos.

Esto significa, por ejemplo, que intentar descuartizar el cuerpo de la víctima después de asesinarla, tras haberle infligido una brutal paliza, no se considera un delito de profanación [STS 7043/2010, de 2 de diciembre (ECLI:ES:TS:2010:7043)]; sin perjuicio, lógicamente, de que el tribunal también valore esa circunstancia bajo un mayor reproche penal a la hora de individualizar la pena correspondiente al hecho previo de haberle dado muerte. Entonces, ¿qué conductas se considera que profanan un cadáver? Veamos tres ejemplos singulares:


  1. Tres hombres, mayores de edad, se trasladaron hasta las inmediaciones del Castillo-Fortaleza de la localidad de Enguidanos (Cuenca) que hasta el año 1926 estuvo dedicado [a] cementerio municipal, actualmente cerrado; uno de ellos, conocedor de la existencia en dicho lugar de restos cadavéricos por haber sido cementerio, cogió un antebrazo humano con una antigüedad de entre 20 y 100 años que encontró en las proximidades del castillo, sobre el suelo, al lado de unos matorrales y la guardó en su vehículo para gastar bromas. Fue condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra el respeto a los difuntos [sentencia 447/2000, de 16 de octubre, de la Audiencia Provincial de Cuenca (ECLI:ES:APCU:2000:447)].
  2. El gerente de una funeraria que conservaba, tanto en su empresa como en su propio domicilio, urnas sin etiquetar, cajas con restos cadavéricos con etiquetas identificativas correspondientes a personas cuyas cenizas figuraban como entregadas previamente a sus familiares, cajas con restos de dos cuerpos esqueletizados, etiquetada la caja con una identidad diferente de la de los restos descubiertos, acreditándose que corresponden a tres familias distintas, la correspondiente a la del nombre de la caja y las dos de los restos, y a los que en su día se les entregaron también las cenizas. Su conducta supone una ofensa al sentimiento de respeto que producen en la comunidad social los cadáveres, que es el bien jurídico protegido en el Art. 526 CP., bien jurídico titulado de carácter sociológico-social, en cuanto tenia como punto de referencia el respeto que inspira la memoria de las personas fallecidas [STS 9098/2007, de 12 de diciembre].
  3. Un asesino, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, realizó [actos de contenido sexual; según consta en la resolución judicial: una vez fallecida (…) le introdujo un consolador en la vagina, y la parte superior de una botella de plástico de un cuarto de litro en el ano, habiendo intentado antes introducirle en el orificio anal una berenjena] sobre el cuerpo ya cadáver de la persona a la que acababa de quitar la vida y que, como él mismo ha reconocido, estuvieron pérfidamente guiados, al igual que sus anteriores actos, por el mismo afán de hacerle el mayor daño posible, en despecho o venganza por la supuesta nueva relación sentimental y sexual que (en modo alguno acreditada, por cierto) que, según sólo su imaginación, la víctima habría empezado a tener con otro [sentencia 2319/2014, de 24 de octubre, de la Audiencia Provincial de Granada (ECLI:ES:APGR:2014:2319)].

Cuadros: superior: Jacques-Louis David | Héctor (1778); inferior: Franz Matsch | Aquiles arrastrando el cuerpo sin vida de Héctor (1892).
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