lunes, 24 de septiembre de 2018

El original Estatuto de Korčula de 1214

A comienzos del siglo XIII, una pequeña isla del Mar Adrático abolió con severidad la esclavitud; prohibió la importación de vino; dictó sorprendentes normas de urbanismo para reducir los efectos del viento y el sol y proporcionar a los ciudadanos unas viviendas confortables gracias a que las calles se diseñaron de acuerdo con la forma de la raspa de un pez; y logró que todos sus habitantes se involucraran en la resolución de cualquier delito al tener que colaborar con las autoridades para atrapar a los delincuentes. Hoy en día, la evolución histórica de Kórtchula (Kórchula, Korkula, Korčula o Curzola, según queramos transcribir su nombre al castellano) no se puede entender sin el instrumento jurídico que su gobierno local adoptó hace ya más de 800 años, aún bajo soberanía de Venecia. En su memoria, la angosta calle principal de la capital –la espina dorsal que discurre entre la puerta principal de las murallas y la plaza de san Marcos, pasando por la catedral– se denomina: Ulica Korčulanskog statuta 1214; es decir, calle del Estatuto de Korčula de 1214.
 
 
Los actuales korchulanos descienden de los ilírios que llegaron al litoral de Croacia durante el primer milenio a.C.; los griegos que la colonizaron en el siglo VI a.C. llamándola Corfú Negra [Korkyra Melaina], por su similitud con Corfú y su frondosa vegetación; los romanos que la incorporaron a su Imperio en el siglo III a.C.; y, con el cambio de era, sucesivamente, de los godos, bizantinos, croatas y venecianos.
 
En esa última época –que transcurrió entre los siglos X y XV– cuando Venecia era una de las dos grandes potencias de la región adriática, rivalizando con la cercana Ragusa (actual Dubrovnik), situada a menos de 50 millas, el Consejo General de la ciudad e isla de Korčula aprobó el texto en latín del denominado Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae [en croata: Korčulanski statut] que reguló la administración insular y reforzó su autonomía local frente al poder del Dux, convirtiéndose en uno de los textos jurídicos más antiguos del mundo eslavo. Aquel pergamino original con el texto manuscrito fue revisado en 1265 y, posteriormente, lo fueron adaptando otras localidades próximas como Dubrovnik (en 1272), Brač (1305), Split (1312) o Trogir (1322).
 
El estatuto reguló los derechos y obligaciones de sus habitantes en esferas muy diversas de su vida (sanidad, comercio, seguridad, salud, agricultura, ganadería, viticultura, pesca, tributos, planificación urbana, relaciones familiares o el sutil papel de la Iglesia en el nombramiento de cargos políticos), la organización del autogobierno local y la cooperación con otras entidades, aplicando la ley y el orden; algo que no deja de ser excepcional en un tiempo marcado –en el resto de Europa– por los regímenes feudales.
 
NB: como curiosidad, cuarenta años después de que se aprobara el Estatuto de Korčula, en esta misma ciudad –se dice– que nació Marco Polo.

viernes, 21 de septiembre de 2018

¿Qué es la lista consolidada de sanciones?

La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco (EE.UU.) el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de aquel año. Su Art. 7 estableció cuáles son sus seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Centrándonos en el segundo de ellos, el capítulo V de la Carta reguló su composición –está integrado por quince miembros, cinco de ellos (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) son permanentes; y otros diez, elegidos por la Asamblea General, tienen carácter no permanente–; sus funciones y poderes, la votación y el procedimiento para que pueda funcionar de forma continuada. En ese marco, el Art. 29 dispuso que el Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. Posibilidad que también se recoge en el Art. 28 del Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/96/Rev.7), adoptado en 1946 y revisado en 1982: El Consejo de Seguridad podrá nombrar una comisión, un comité o un relator para una cuestión determinada. 

Entre esos órganos subsidiarios –integrados por representantes de los quince miembros del Consejo– se encuentran los Comités de Sanciones. Su base legal es el Art. 41 de la Carta: El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

De conformidad con este precepto, desde 1966, el Consejo de Seguridad ha establecido treinta regímenes de sanciones en Rhodesia del Sur [actual Zimbabue], Sudáfrica, la antigua Yugoslavia, Haití, Iraq, Angola, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Eritrea, Etiopía, Liberia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Sudán, Líbano, Corea del Norte, Irán, Libia, Guinea-Bissau, República Centroafricana, Yemen y Malí, así como contra Al-Qaeda y los talibanes (*).

Según el propio Consejo de Seguridad, la finalidad de las sanciones obligatorias es ejercer presión sobre un Estado o entidad para que respete los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad sin recurrir al uso de la fuerza. Para el Consejo de Seguridad, las sanciones son pues un instrumento importante para hacer cumplir sus decisiones. Debido al carácter universal de las Naciones Unidas, el Consejo es un órgano especialmente apropiado para establecer y supervisar medidas de este tipo. El Consejo ha utilizado las sanciones obligatorias como instrumento para hacer respetar sus decisiones cuando se ha puesto en peligro la paz y ha fracasado la vía diplomática. Hay sanciones generales de tipo económico y comercial, y otras más específicas, como el embargo de armas, la prohibición de viajar o las restricciones financieras o diplomáticas (**).

Pero estas medidas no afectan tan solo a Estados o grupos terroristas sino también a personas físicas y a entidades sujetas a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, cuyos nombres son los que figuran en la lista consolidada de sanciones; por ejemplo, BUTEMBO AIRLINES (BAL) –una compañía aérea privada de la República Democrática del Congo– fue incluida en la lista el 29 de marzo de 2007 en virtud de las medidas establecidas en el párrafo 20 de la resolución 1493 (2003), de 28 de julio, porque sus vuelos comerciales se empleaban para transportar oro, raciones y armas del grupo rebelde FNI (Front des Nationalistes et Intégrationnistes) entre las localidades de Mongbwalu y Butembo, lo que constituía una “prestación de asistencia” a los grupos armados ilegales y violaba el embargo de armas. La versión de este listado, actualizada a 10 de abril de 2018, puede consultarse en el siguiente enlace (***).

miércoles, 19 de septiembre de 2018

La creación de la Escuela Judicial

Actualmente, el Art. 301.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), dispone que: El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. A continuación, el Art. 307 configura este órgano técnico –con un régimen jurídico semejante a la Secretaría General o el Servicio de Inspección– como un centro de selección y formación de jueces y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, [que] tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella. Dicha preparación incluye: un programa teórico de formación multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales y un período en el que los jueces en prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente (…). Los que superen el curso teórico y práctico serán nombrados jueces por el orden de la propuesta hecha por la Escuela Judicial.

De acuerdo con esta norma, su ámbito de actuación no se limita a formar a los futuros jueces que ingresarán en la carrera judicial sino que también desarrollará los programas e impartirá los cursos de formación que integren el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial (Art. 433 bis LOPJ); de este modo, el CGPJ garantizará que todos los Jueces y Magistrados reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante toda su carrera profesional (ídem). Junto a lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial, hoy en día, su marco jurídico se completa con los 46 artículos del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial.


Con esa regulación, el centro formativo del CGPJ inició su actividad el 26 de febrero de 1997 en la sede de Barcelona pero su origen se remonta a mediados del siglo XX.

La Ley de 26 de mayo de 1944 sobre creación de la Escuela Judicial justificó la necesidad de establecer esta institución porque se precisaba –según su preámbulo– que el instrumentó humano consagrado al servicio de la Justicia sea en función de su depurada cultura y elevada formación moral, espejo en cuya excelencias pueda hallar ejemplo el pueblo español por la fulgente gama de sus altas virtudes e insuperables abnegaciones. Su Art. 1 dispuso que: Para selección y formación profesional de los Licenciados en Derecho que en lo sucesivo hayan de ejercer las funciones judiciales y fiscales se crea la «Escuela Judicial Española»; dependiente del Ministerio de Justicia e incorporada a, la Universidad española.

En 1945 se nombró director a Manuel de la Plaza y Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo, y secretario a Isidro de Arcenegui y Carmona, Subdirector General de Justicia Municipal. Ese mismo año, un Decreto de 2 de noviembre aprobó su Reglamento y, en 1948, un nuevo Decreto de 4 de junio autorizó al Ministerio de Justicia para convocar oposiciones a ingresos en la «Escuela Judicial Española» –sesenta plazas– que, finalmente, comenzó su primer curso en 1950, en Madrid.

Aun así –como recuerda el CGPJ (*)– es posible encontrar sus precedentes remontándonos al siglo XIX, en un Real Decreto promulgado el 22 de septiembre de 1836 [que] creó una Junta calificadora para la selección de jueces y magistrados, y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia durante la II República, incluyó la creación de la Escuela Judicial entre sus proyectos. Ya en 1939, acabada la Guerra Civil, se redactó un Proyecto de Ley por el que se creaba la Escuela Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, aunque el Gobierno terminó retirando el texto y presentando uno nuevo que contemplaba la posibilidad de integración de la Escuela Judicial en la Universidad.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Las mociones municipales de contenido político y no local

El Art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales [Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre] define moción como la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el Art. 91.4 de este Reglamento [En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas]. Podrá formularse por escrito u oralmente.

Partiendo de esta facultad, de un tiempo a esta parte, no resulta extraño que los grupos municipales lleven al pleno de sus Ayuntamientos debates sobre cuestiones que, en principio, están más cerca de su definición ideológica que de los asuntos locales; en ese contexto, por ejemplo, en muchas corporaciones se han planteado mociones contrarias al Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), firmado por la Unión Europea y Canadá; se ha instado al Gobierno al cierre definitivo de las centrales nucleares; se ha declarado la solidaridad con la ciudadanía mexicana por la construcción de un muro entre Estados Unidos y México anunciada por Donald Trump, rechazando su política migratoria; o se ha instado a reconocer al Estado de Palestina al tiempo que se solicitaba el apoyo a una campaña de boicot, desinversión y promoción de sanciones internacionales contra Israel.

En la normativa municipal podemos encontrarnos tres alternativas:
  1. No entrar a regular esta posibilidad; como, por ejemplo, el Art. 87 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Cáceres, de 2012, que define moción y regula quiénes pueden presentarlas, sus formalidades y tipos (ordinarias y urgentes) pero no aborda su contenido;
  2. Preverla: el Art. 77.3 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, de 2004: Excepcionalmente, las mociones se utilizarán para que el Pleno, en representación del Ayuntamiento o de la ciudad, formule una declaración de ideas o de sentimientos, de contenido meramente político, respecto a un problema que considere que le afecta; o
  3. Excluirla: el Art. 77.1 del Reglamento Orgánico de Valladolid, del mismo año, expresamente dispone que: Las mociones deberán tener un contenido de carácter municipal o afectar a la Ciudad de Valladolid [lo cual no ha impedido que la capital del Pisuerga se declarase “municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones”].

El problema surge cuando la moción que quiere proponer a debate un grupo municipal choca con la negativa del alcalde a incluirla en el orden del día; potestad que le atribuye el Art. 78.2 del mencionado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, siempre que motive su decisión: La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada.


Esta situación se produjo el 24 de noviembre de 2016 cuando el alcalde del municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta no incluyó en el orden del día de la convocatoria de un pleno ordinario del Ayuntamiento determinadas propuestas de acuerdo y mociones presentadas por el grupo político "Juntos por Castilleja" que versaban sobre el "apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local presentada en el Congreso de los Diputados"; otra propuesta abordaba la "situación de la educación pública andaluza"; otra sobre las "unidades de Gestión Clínica (UGC) y Productividad"; y una moción sobre "Titulaciones Hipotecarias" [Diario de Sevilla, 06/11/2017 (*)].

El asunto acabó en los tribunales y el 2 de junio de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de los de Sevilla dictó sentencia en procedimiento para la protección de derechos fundamentales allí seguido con el número de registro 24/2017, cuyo fallo era del siguiente tenor literal: "Inadmito por extemporáneo el recurso objeto de esta litis. Impongo a la parte actora, el pago de todas las costas procesales". Contra dicha sentencia se formuló recurso de apelación por la parte demandante, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, alegando que aquella actuación municipal se había apartado del procedimiento legalmente establecido. La sentencia 9303/2017, de 27 de septiembre, del TSJ andaluz falló de nuevo a favor del Ayuntamiento porque procedió a su desestimación de forma motivada y amparada normativamente en las facultades que confiere el Art. 78.2º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (…). Cuestión diferente es que no se esté de acuerdo con dicha decisión.

viernes, 14 de septiembre de 2018

La jurisprudencia sobre autopsias psicológicas

A la hora de redactar esta entrada, las autopsias psicológicas –apropiación directa del inglés: Psychologycal Autopsy– se mencionan tan solo en cuatro resoluciones judiciales españolas; por ejemplo, en la sentencia 2242/2016, de 25 de mayo, de la Audiencia Nacional [ECLI:ES:AN:2016:2242], la demandante presentó un escrito de reclamación de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración porque su hijo, un Guardia Civil, se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria sobre las 17,15 horas del día 1 de octubre de 2010, cuando se encontraba en su habitación en el Pabellón del acuartelamiento en Villanueva de la Cañada (Madrid), perdiendo la vida; según consta en los hechos probados.

A instancias de la propia parte demandante –madre del fallecido– se recabó el informe de "autopsia psicológica de conductas suicidas", sumamente ilustrativo sobre las circunstancias concurrentes, en el que se llega a unos resultados tras "entrevista con familiares, compañeros y mando" y se hacen constar los posibles "factores desencadenantes y señales de alerta detectadas" en relación con la familia –padre, madre y pareja–, con los mandos directos y con los compañeros y amigos –hasta cinco guardias civiles–, efectuándose un análisis global y llegando a unas conclusiones en las que para nada se hace constar algún tipo de problemática laboral o relacionada con la prestación del servicio, sin que tampoco se advirtieran antecedentes ni factores que hicieran temer o, siquiera, sospechar, la idea suicida; desestimándose su recurso contencioso-administrativo.

Un segundo ejemplo lo encontramos en la sentencia 14326/2015, de 18 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [ECLI:ES:TSJM:2015:14326] cuyo tercer fundamento de derecho señala que: (…) el Informe de Análisis de Autopsia Psicológica elaborado por la Sección de Análisis de Conducta de la Comisaría General de Policía Judicial, debidamente ratificado en juicio, concluye que 'la muerte de XX no parece presentar los caracteres propios de la etiología suicida...; y que XX , por trabajar en el ámbito sanitario, gozaba de una mayor facilidad para acceder a medicamentos que pudiera utilizar para quitarse la vida, sin necesidad de acudir al medio lesivo del disparo... Finalmente, su marido fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asesinato.

¿Qué es una autopsia psicológica? A partir de los dos ejemplos que acabamos de comentar podemos deducir que se trata de: un procedimiento de reconstrucción del estado psicológico de una persona al momento de su fallecimiento. Para ello se vale de la recolección de la mayor cantidad de datos para reconstruir un perfil siguiendo, en principio, una serie de protocolos y procedimientos. Su realización se requiere una reconstrucción biográfica del fallecido que incluye aspectos de personalidad, estilo de vida y estado mental mediante un método diferencial; de acuerdo con la conocida definición acuñada por Teresita García Pérez en su libro Pericia en Autopsia Psicológica [Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 2007], citada por Damián Guillermo Ricardo (*).

En cuanto al origen de este concepto, la doctrina científica ofrece diversas versiones que lo sitúan a mediados del siglo XX –entre finales de los años 50 y comienzos de los 60– en la Universidad de Washington, el Centro de Prevención de Suicidios de Los Ángeles o el Departamento Forense de esa misma ciudad californiana, gracias a la labor desarrollada por los doctores Edwin Shneidman, Robert Litman y Norman Farberow.

Como han señalado los profesores Agustina Vinagre y Juan Enrique Soto, el objetivo de la autopsia psicológica es inferir si la supuesta conducta suicida tenía algún sentido dado el momento vital de la víctima o ha resultado tan sorprendente que, analizados todos los aspectos de su esfera personal, no es posible aventurar ninguna causa que explique su comportamiento [Vinagre González, A. y SOTO, J. E. "Autopsia psicológica y perfil victimológico de caso único. Dos procedimientos diferentes". En III Anuario de Criminología SECCIF. Valladolid: SECCIF, 2018, en edición].

miércoles, 12 de septiembre de 2018

¿Alguna vez se ha tipificado el suicidio como delito en España?

Desde un punto de vista jurídico, el primer delito vinculado con el término “suicidio” que se tipificó en España fue el pionero Art. 335 del Código Penal de 1848: El que prestare auxilio á otro para que se suicide, será castigado con la pena de prision mayor: si le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la pena de reclusión temporal en su grado mínimo. Esa norma decimonónica se correspondería con la actual redacción del Art. 143 del Código Penal de 1995: (…) 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
 
En ambos preceptos se castiga la cooperación al suicidio –sea ejecutiva o no– pero en ningún caso se persigue el hecho de quitarse voluntariamente la vida [acción y efecto de suicidarse, según la RAE] porque, desde una perspectiva jurídico-penal, no se prohíbe el acto voluntario por el que una persona pone fin a su existencia [DEJ]; es decir, matarse no es delito pero ayudar a que otro se suicide, sí lo es.
 
Esto ocurre hoy en día pero, tradicionalmente, suele admitirse la idea del suicidio como crimen, propia de la Edad Media y el Antiguo Régimen; en opinión del historiador Alejandro Marín [1]. De acuerdo con ese criterio, cabe plantearse si el legislador español dispuso, en algún instrumento jurídico, que suicidarse constituyera una figura delictiva.
 
El punto de partida para buscar ese documento en nuestro legado jurídico tenía que ser anterior el mencionado Código Penal de 1848 y, echando la vista atrás, el primer texto punitivo de España –el Código Penal de 1822– no incluyó ninguna mención expresa a ese comportamiento; pero, por aquel tiempo, ese mal que corroe las sociedades modernas y que cunde no solo en Madrid, sino también en las provincias como una plaga destructora, un azote mortífero [en palabras de la Gaceta de Madrid (precedente histórico del BOE) nº 956, de 15 de julio de 1837] sí que aparecía mencionado en otros instrumentos legales; por ejemplo, en una Circular del Ministerio de la Gobernación, de 1 de diciembre de 1837, se indicaba que en las partidas de defunción debía inscribirse: Si la muerte fuese por suicidio, por homicidio ó por pena capital, se expresarán estas circunstancias, y la causa y medios empleados en el primero y segundo caso, y el delito que motivó el tercero. Antes de aquellas fechas, ni una palabra sobre el suicidio.
 
La explicación de ese vacío es muy sencilla si partimos de una premisa básica: el término “suicidio” se incorporó al léxico castellano a finales del siglo XVIII –aunque ya existiera en el XVII en otras lenguas europeas– de ahí que no se encuentre esa palabra en ningún texto jurídico anterior a la época de la codificación porque, entonces, simplemente, aún no se hablaba de suicidas sino de desesperados que [se] matan a si mismos [desperatio]; concepto que proviene del ámbito teológico y reenvía el homicidio de sí mismo a un pecado gravísimo, el que se constituye cuando se desespera de la merced divina, lo que en última instancia implica una negación de los poderes de Dios así como de la vida eterna [2]. De modo que si queremos saber cómo se penalizó la conducta suicida en el Derecho histórico español hay que buscar su tipificación como “desesperamiento” y, así, las referencias legales son mucho más abundantes.
 
Casi al final del Código de las Siete Partidas –con el que Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, trató de dar unidad legislativa a un reino fraccionado en multitud de fueros, durante la segunda mitad del siglo XIII– nos encontramos el Título XXVII de la VII Partida bajo el epígrafe: De los desesperados que se matan a sí mismos o a otros por algo que les dan y de los bienes de ellos.
 
Su primera ley definió: Desesperamiento es cuando un hombre pierde la confianza y se desespera de los bienes de este mundo y del otro, aborreciendo su vida y codiciando la muerte. Y hay cinco maneras de hombres desesperados: la primera es cuando alguno ha hecho grandes yerros [delitos], que, siendo acusado de ellos, con miedo de la pena y con vergüenza que espera tener por ellos, mátase él mismo con sus manos o bebe hierbas a sabiendas con que muera. La segunda es cuando alguno se mata por gran cuita o por gran dolor de enfermedad que le acaece, no pudiendo sufrir las penas de ella. La tercera es cuando lo hace con locura o con saña. La cuarta es cuando alguno que es rico y poderoso y honrado, viendo que lo desheredan o lo han desheredado o le hacen perder la honra y el poderío que antes tenía, desespérase, metiéndose a peligro de muerte o matándose él mismo. La quinta es la de los asesinos y de los otros traidores, que matan a hurto a los hombres por algo que les dan [3].
 
¿Y qué pena impuso la VII Partida alfonsina a los desesperados que se suicidaban? En principio, la Ley II del Título XXVII estableció que los que se matan a si mismos por algunos de los yerros que diximos en la ley ante desta no deben haber pena ninguna; pero esa regla general tenía una excepción prevista en las acusaciones que se facen sobre los malos fechos en la Ley XXIV del Título I. En esta norma se indicaba al juzgador cómo debía continuar con un pleito si el acusado se mataba a sí mismo antes de que se dictase sentencia. En estos supuestos tan concretos, el suicida perdía todos sus bienes, debiendo tomar todo lo suyo para el rey, salvo que el “yerro” del que hubiera sido acusado no conllevara la muerte o si se mató por locura o por sufrir una enfermedad o un “gran pesar”, en estos casos, primero debían “fincar” (adquirir las fincas) sus herederos.
 
Por último, cabe pensar que a los suicidas se les castigara con la imposibilidad de recibir cristiana sepultura (Ley IX del Título XIII de la I Partida) como ya sucedía con los herejes.
 
Citas: [1] MORÍN, A. “Suicidas, apostatas y asesinos. La desesperación en la séptima partida de Alfonso el Sabio”. En: Revista Hispania, LXI/1, nº 207 (2001), p. 180. [2] MORÍN, A. “Sin palabras. Notas sobre la inexistencia del término 'suicida' en el latín clásico y medieval”. En: Circe, nº 12, 2008. [3] Las Siete Partidas. Valladolid: Lex Nova, 1988.
 
Cuadros (de superior a inferior): Jean-Paul Laurens | Muerte de Catón de Útica (1863); Leonardo Alenza | Sátira del suicidio romántico (1839); y  Édouard Manet | El suicida (ca. 1880).

lunes, 10 de septiembre de 2018

El marco legal de los secretos oficiales

El Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión proclamado por el Art. 20.1.d) de la Constitución Española de 1978 no es absoluto y, en su cuarto apartado, ese mismo precepto establece que dicha libertad de información tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Asimismo, el Art. 105 de nuestra ley fundamental también prevé una segunda limitación relacionada con los secretos oficiales: La ley regulará: (…) b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Junto a esas referencias constitucionales, otras tres disposiciones –dos leyes de 1968 y 1978 y un decreto de 1969– configuran el actual régimen normativo que regula los secretos oficiales.

El preámbulo de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales –que, modificada, continúa en vigor a pesar de haber sido parcialmente derogada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre– afirma que: si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Órganos del Estado, es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional. Destacan por su especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación y que constituyen los verdaderos «secretos oficiales» (…). En este aspecto existe una laguna en nuestra legislación, que, al contrario de lo que ocurre en los Estados caracterizados por la mayor libertad de información, no prevé una regulación de las medidas protectoras de los secretos oficiales Para remediar esta situación, la Ley establece un conjunto de medidas positivas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer secreto, señalando normas severas que impidan la generalización de calificaciones que tienen carácter excepcional.

Posteriormente, el Art. 3 del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollaron las disposiciones de la Ley 9/1968, dispuso que la clasificación de «secreto» se aplicará a todas las materias referidas en el artículo anterior que precisen del más alto grado de protección por su excepcional importancia y cuya revelación no autorizada por autoridad competente para ello, pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado, o pudiera comprometer los Intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional [diferenciándolas, a continuación, de los asuntos clasificados como «reservados»; aquéllos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos no comprendidos en el apartado anterior por su menor importancia, pero cuyo conocimiento o divulgación pudiera afectar a los referidos intereses fundamentales de la Nación, la seguridad del Estado, la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional].

Con esta legislación de secretos oficiales preconstitucional, el 15 de marzo de 2018, el diputado nacionalista vasco Aitor Esteban planteó una pregunta al gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy: ¿Considera normal que en un país de Europa occidental que se predica democrático sigamos con una Ley de Secretos Oficiales franquista cuya reforma ha sido aceptada a trámite por esta Cámara hace ya un año y medio y que el grupo al que usted pertenece [el Partido Popular] mantiene bloqueada? La respuesta del Exjefe de Gobierno fue que (…) esta es una cuestión sobre la que ya está trabajando la Cámara y el procedimiento está en marcha. En referencia a la tramitación de una Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, el 7 de septiembre de 2016. A día de hoy, casi dos años más tarde, continúa tramitándose en las Cortes de la XII legislatura.

NB: como curiosidad, a diferencia de lo que sucede en los países de nuestro entorno, en la normativa española no se regula ningún plazo para desclasificar los secretos oficiales (que en otras naciones suele oscilar entre los 10 y los 50 años posteriores a los hechos que se declararon secretos).

Cuadro: Markos Blatsios | La llave a un mundo secreto (2015).
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