viernes, 17 de enero de 2020

Organizaciones internacionales (XIX): la OPEP

El 14 de septiembre de 1960, los representantes de Iraq, Irán, Kuwait, Arabia Saudi y Venezuela celebraron una conferencia en la capital iraquí. Los cinco Estados participantes eran conscientes de que sus presupuestos nacionales se basaban, en alto grado, en los ingresos petrolíferos; que el petróleo era una riqueza perecedera; y que todas las naciones del mundo, para mantener y mejorar sus niveles de vida, tienen que contar casi por completo con el petróleo como fuente primaria de generación de energía. Partiendo de ese convencimiento, adoptaron dos resoluciones: una para estudiar y formular un sistema que asegurase la estabilización de los precios del barril de crudo, de modo que las compañías petroleras mantuvieran sus precios estables y libres de toda fluctuación innecesaria; y otra para hacer efectivas las previsiones de la anterior resolución nº 1, formando un organismo permanente llamado Organización de los Países Exportadores de Petróleo que coordinara y unificara las políticas de los miembros y sirviera para consultarse con regularidad. La firma de los representantes de aquellos de cinco países fundadores dio lugar al denominado Convenio de Bagdad por el que se estableció la OPEP; en inglés –su idioma oficial– la Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Al año siguiente, Catar entró a formar parte de esta organización permanente (hasta 2019); y le siguieron: Indonesia (entre 1962-2009 y enero-noviembre de 2016); Libia (desde 1962); Emiratos Árabes Unidos (1967); Argelia (1969); Nigeria (1971); Ecuador (1973-1992 y 2007-2020); Angola (2007); Gabón (1975-1995 y desde 2016); Guinea Ecuatorial (2017); y Congo (2018). Con la retirada del Gobierno de Quito, a partir de 2020, la OPEP cuenta con 13 Estados miembros donde conviven monarquías conservadoras, gobiernos dictatoriales, países inestables y desorganizados y repúblicas formales con una sola obsesión (…) defender los precios: cero política y proteger el negocio [RABASSA, J. El petróleo es un negocio. Blog, 2012 (*)]. Un buen ejemplo múltiple del derecho de retiro.

Esta membresía no ha estado exenta de conflictos armados internos, como recuerdan los profesores Krugman y Wells: dos miembros de la OPEP, Irán e Irak, estuvieron enfrentados en una sangrienta guerra en los años 80. Además, en 1990, Irak invadió a Kuwait, otro miembro de la OPEP [KRUGMAN, P & WELLS, R. Introducción a la Economía. Microeconomía. Barcelona: Reverté, 2017, p. 378]. Y, más recientemente, se ha visto afectada por el boicot a Catar de Arabía Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, entre otras naciones, con el que rompieron relaciones diplomáticas en 2017. 


Entre 1960 y 1965, la sede de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo estuvo en Ginebra (Suiza) pero el 1 de septiembre de aquel año se trasladó a Viena (Austria) hasta la actualidad.

Sus Estatutos se adoptaron en Caracas (Venezuela) en 1961 y, desde entonces, han sido enmendados en quince ocasiones. Su capítulo III es el que establece sus tres órganos: 1) La Conferencia (Arts. 10 a 16) es su más alta autoridad, se reúne dos veces al año, está integrada por los representantes de los Estados miembro y adopta sus decisiones por unanimidad para establecer la política de la OPEP; 2) La Junta de Gobernadores (Arts. 17 a 24) –nombre que reciben los representantes de cada Estado– pone en práctica las medidas que decide la Conferencia mediante la aprobación de resoluciones; y 3) el Secretariado (Arts. 25 a 34) es el órgano ejecutivo de la organización y su representante.

miércoles, 15 de enero de 2020

¿La doctrina del TEAC prevalece sobre el criterio de las consultas a la DGT?

El Art. 2 del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, dispone que: La Secretaría de Estado de Hacienda, bajo la superior dirección de la Ministra de Hacienda, realizará las actuaciones relativas a la orientación de la política fiscal, el diseño y aplicación del sistema tributario, la previsión y análisis de los ingresos tributarios y otros ingresos públicos, la dirección y ejecución de la gestión catastral, así como la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción, de las actividades de juego de ámbito estatal. A continuación, enumera los cinco órganos directivos que la integran, entre los que se encuentran tanto la Dirección General de Tributos (DGT) como el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), con idéntico rango de Dirección General.
 
En esa misma disposición, el Art. 4 desarrolla las funciones de la DGT que incluye: (…) La propuesta, elaboración e interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de Hacienda; mientras el Art. 6 se refiere a que el TEAC se regirá en cuanto a sus competencias, composición y funcionamiento por sus normas específicas [en referencia, por ejemplo, a los Arts. 228 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)].
 
La respuesta a la pregunta que nos planteábamos –si prevalece la doctrina reiterada del TEAC sobre el criterio de las consultas tributarias que se formulan a la DGT– se encuentra en el texto de la propia LGT.
 
El Art. 239.8 LGT dispone que: La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente.
 
 
Por su parte, el Art. 89.1 LGT establece que: La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, (…) para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, (…). Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.
 
Es decir, la doctrina reiterada que establece el TEAC vincula a todos los órganos que forman parte de la Administración tributaria del Estado (DGT incluida); pero la contestación de la DGT a las consultas tributarias no vincula a los tribunales económico-administrativos.
 
 
En este sentido, la Resolución del TEAC 7502/2015/00/00, de 8 de marzo de 2018, se refirió expresamente a esta cuestión: la vinculación de toda la Administración tributaria a la doctrina del TEAC establecida en el Art. 239 LGT, reiterando la fuerza vinculante del criterio sentado por la resolución del TEAC frente a las consultas vinculantes (…) dictadas por la Dirección General Tributos; y concluyendo que el efecto vinculante de las consultas desaparece tan pronto como el TEAC sienta doctrina (tal y como, por la otra parte, reconoció la propia DGT en su consulta vinculante V1156/2014, de 28 de abril).

lunes, 13 de enero de 2020

La primera regulación española de los derechos de autor

Hoy en día, el Art. 20.1.b) de la Constitución Española de 1978 reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; una materia que fue desarrollada por la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Según su Art. 5 se considera “autor” a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. La protección de estos derechos también la encontramos en el Art. 270 del Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre], que castiga los delitos relativos a la propiedad intelectual con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses; y los Arts. 428 y 429 del Código Civil [Real Decreto de 24 de julio de 1889] en los que se establece que el autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad; remitiéndose a la Ley sobre Propiedad Intelectual para determinar las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración.

¿Cuál fue su precedente normativo? En España tuvo lugar el primer reconocimiento de los derechos del autor en tiempos de Carlos III, quien decretó el carácter vitalicio de los derechos de autor y la potestad de éste de traspasar tales derechos a sus herederos. Los liberales de Cádiz, recogiendo el ejemplo revolucionario francés, decretaron el 10 de junio de 1813 que sólo los autores o las personas por ellos autorizadas podían imprimir sus obras, y sus herederos durante diez años. El 5 de agosto de 1823, en los momentos finales del segundo periodo constitucional, las Cortes lograron la sanción real para un proyecto que también reconocía el principio de la propiedad de los autores, aunque no se profundizó en las derivaciones de este derecho. Los acontecimientos políticos posteriores despojaron de cualquier efecto a esta ley [SÁNCHEZ GARCÍA, R. “La propiedad intelectual en la España contemporánea, 1847-1936”. En: Hispania, vol. 62, nº 212 (2002)].

Poco después, encontramos una de las primeras menciones a lo que entonces se denominaban “privilegios de los autores”. Se encuentra en el Art. 30 del Real decreto modificando el sistema de impresión, publicación y circulación de libros, de 4 de enero de 1834: Los autores de obras originales gozarán de la propiedad de sus obras por toda su vida, y será transmisible a sus herederos por espacio de 10 años. Nadie de consiguiente podrá reimprimirlas á pretexto de anotarlas, adicionarlas, comentarlas ni compendiarlas.

Leonid Pasternak | La pasión de la creación (s. XIX) 

Pero, la primera regulación española que, de forma específica, protegió los derechos de autor se adoptó durante el reinado de Isabel II; fue el Real decreto ordenando la ley sobre propiedad literaria, de 10 de junio de 1847. De acuerdo con su Art. 1: Se entiende por propiedad literaria para los efectos de esta ley el derecho exclusivo que compete á los autores de escritos originales para reproducirlos ó autorizar su reproducción por medio de copias manuscritas, impresas, litografiadas ó por cualquiera otro semejante. A continuación, el Art. 2 dispuso que: El derecho de propiedad declarado en el artículo anterior corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos legítimos ó testamentarios por él término de 50 años.

viernes, 10 de enero de 2020

Los precedentes de la PESCO: el Plan Préven y el Informe Davignon

Ya tuvimos ocasión de comentar que la actual Cooperación Estructurada Permanente –en inglés, Permanent Structured Cooperation (PESCO)– adoptada por la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, ha sido definida por las autoridades de Bruselas como un paso fundamental hacia el refuerzo de la política de defensa común; pero, hasta entonces, en la historia de la integración europea hubo otras iniciativas similares que, sin embargo, fracasaron en el intento de lograr una política de defensa común. Hoy veremos dos de esos precedentes.

El 24 de octubre de 1950, en plena Guerra de Corea y tan solo un año después de que se firmara en Washington el Tratado del Atlántico Norte (4 de abril de 1949), el presidente del Consejo de Ministros francés y exministro de defensa, René Préven (1901-1993), propuso la creación de la denominada Communauté européenne de défense (CED) a la Asamblea Nacional (el Parlamento de Francia); inspirada, como él mismo reconoció, en la Recomendación adoptada el 11 de agosto de 1950 por la Asamblea del Consejo de Europa que pidió la creación inmediata de un ejército europeo unificado para cooperar en la defensa de la paz con las fuerzas estadounidenses y canadienses.

El establecimiento de esta Comunidad Europea de Defensa no podía limitarse –según el Plan Préven– a ser el resultado del mero abrazo de unidades militares nacionales, que, en realidad, solo enmascararían una coalición del viejo tipo. A tareas inevitablemente comunes, solo pueden corresponder organismos comunes. Un ejército de Europa unida, compuesto por hombres de varias naciones europeas, debe, en la medida de lo posible, lograr una fusión completa de los elementos humanos y materiales que reúne bajo una única autoridad política y militar europea (*).

Como consecuencia de las negociaciones que se llevaron a cabo tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos, en el marco de la Alianza Atlántica, el 27 de mayo de 1952, los seis Estados de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero; integrada por la República Federal de Alemania, Italia, Francia y el BENELUX) firmaron en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa; pero, cuando este acuerdo empezó a ser ratificado por los seis parlamentos nacionales, llegó el turno a la propia Asamblea francesa que lo había impulsado y finalmente lo rechazó sin llegar a discutir el articulado, el 30 de agosto de 1954; de modo que aquel pionero ejército europeo integrado bajo un mando común nunca llegó a entrar en vigor.


Con el cambio de década, solo cabe destacar los dos borradores del Plan Fouchet que redactó el embajador francés Christian Fouchet (1911-1974), durante el gobierno de Charles de Gaulle, en noviembre de 1961 y enero de 1962. De nuevo, Francia tomó la iniciativa para que las incipientes instituciones europeas (CEE, CECA y EURATOM) se encaminaran hacia una unión que incluyera, entre otros ámbitos, la cooperación de los Estados miembros en materia de política exterior y de defensa. Como sucedió con el Plan Préven, las desavenencias entre los miembros del gobierno francés y los cambios políticos motivaron sus fracaso.

Tres años antes de que la integración del Viejo Continente avanzara con las primeras adhesiones a las Comunidades Europeas, en 1973 (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), en la Cumbre de Luxemburgo se presentó el denominado Informe Davignon, el 27 de octubre de 1970, sobre cooperación política; cuyo objetivo era conseguir que los por aquel entonces aún 6 miembros del club comunitario (recordemos: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania) se reunieran para tratar de negociar una postura común sobre cooperación política y hablarle al mundo con una sola voz acerca de los problemas internacionales más importantes.

La propuesta formulada por el ministro belga de Asuntos Exteriores que lo redactó, Étienne Davignon (1932), es considerada por Bruselas como el origen de la Cooperación Política Europea (CPE), lanzada de manera informal en 1970 antes de ser institucionalizada por el Acta Única Europea (AUE) en 1987. La CPE implicaba fundamentalmente la consulta entre los Estados miembros sobre las cuestiones de política exterior (*).

miércoles, 8 de enero de 2020

El Estatuto Albertino

Con esta coloquial denominación se conoce al Estatuto Fundamental de la Monarquía de Saboya [Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia, en italiano] que el rey de Cerdeña, Carlos Alberto de Saboya [Carlo Alberto di Savoia], otorgó en Turín, el 4 de marzo 1848. Esta Ley fundamental, perpetua e irrevocable de la Monarquía era, en realidad, una Carta Otorgada por el soberano sardo y no un verdadera constitución. Aun así, esta norma acabó convirtiéndose en la primera ley fundamental del Reino de Italia y, tras la unificación de 1871, se aplicó en todo el país –hasta entonces solo regía en el Reino de Cerdeña– perdurando, con algunas modificaciones poco sustanciales, incluso durante el régimen fascista de Mussolini, hasta que se adoptó la actual Constitución de la República Italiana de 27 de diciembre de 1947 que entró en vigor el 1 de enero de 1948.

El Statuto Albertino –de inspiración francesa (basada en su Carta Constitucional de 1814 y la Constitución de 1830) y española (por la Constitución de Cádiz de 1812)– es el origen del Derecho constitucional italiano [1] y se le considera el ejemplo arquetípico de flexibilidad constitucional (…) que reconocía dos centros de impulso político, Rey y Legislativo, aunque descompensaba convenientemente a favor del Monarca [2].


En los veintitrés primeros artículos, de carácter genérico, el monarca afirmó que la religión Católica, Apostólica y Romana era la única Religión del Estado (aunque se toleraban otros cultos); estableció un Gobierno Monárquico Representativo donde él mismo era el Jefe Supremo del Estado, ejercía solo el poder ejecutivo (sancionaba y promulgaba las leyes, hacía los decretos y reglamentos necesarios para su ejecución y nombraba a todos los cargos del Estado) y compartía el poder legislativo con un sistema bicameral integrado por el Senado y la Cámara de los Diputados. Su trono se heredaba según la ley sálica.

Los Arts. 24 a 32 proclamaban los derechos y deberes de los ciudadanos (igualdad ante la ley, libertad individual, inviolabilidad del domicilio, libertad de prensa, derecho de propiedad, etc.); a continuación, dedicó los Arts. 33 a 64 a regular las atribuciones de ambas cámaras. Para concluir, los Arts. 65 a 67 estipulaban que el monarca nombraba a los ministros; los Arts. 68 a 73 se ocupaban del poder judicial (los jueces eran nombrados por el propio soberano); y finalizaba con las disposiciones generales y transitorias.

Citas: [1] ÁLVAREZ CONDE, E. & FERRANDO BADÍA, J. Regímenes políticos actuales. Madrid: Tecnos, 1985, p. 376. [2] VERA SANTOS, J. M. La reforma constitucional en España. Madrid: La Ley, 2007, p. 70.

Pinacografía: Superior: Horace Vernet | Retrato ecuestre de Carlos Alberto (1834); inferior: Grabado anónimo | Firma del Estatuto Albertino (1848).

lunes, 6 de enero de 2020

El tipo penal del “skimming”

En el argot policial, se conoce con esta denominación a un método de falsificación de tarjetas de crédito que consiste en incorporar la banda magnética que identifica la legitimidad e integridad de una tarjeta de crédito, a otro soporte distinto del original y que permite su utilización subrepticia para la extracción de dinero o, en su caso, para el pago del precio de objetos adquiridos en establecimiento público. Así lo describió el Tribunal Supremo español en la sentencia 4982/2014, de 19 de noviembre. A la hora de redactar esta entrada, nuestro Alto Tribunal se ha referido al “skimming”, como sistema de clonación de tarjetas, en otras dieciséis resoluciones. Veamos un significativo auto, el ATS 2819/2019, de 21 de febrero.

El magistrado describe el llamado skimming como la manipulación de los datos de las pistas de la banda magnética de la tarjeta genuina una vez ha sido copiada, alterando los datos concernientes al nombre del titular para finalmente grabarlos a una tarjeta emitida originalmente por una entidad bancaria que coincida con el nombre de la persona que va a pasar la tarjeta. A este mismo modus operandi se referían los [autos] AATS 2653/2006, 21 de diciembre y 1135/2014, 26 de junio. Este último describía esa técnica como la alteración de los datos contenidos en la banda magnética de una tarjeta, de forma que los cargos correspondientes a las operaciones con ella realizadas se produzcan en la cuenta de titularidad de persona ajena a la que en ese momento la está utilizando.

A continuación, el fundamento segundo de esa misma resolución se refiere al tipo penal al que podemos asimilar esta estafa: Desde el punto de vista de su subsunción, la reciente STS 450/2014, 27 de mayo -con cita de la STS 560/2013, 17 de junio- indica que la falsificación de una tarjeta bancaria mediante el método conocido como skimming, según el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de fecha 28 de junio de 2002, se considera como una forma de falsificación de tarjetas, en aquel tiempo castigada, por asimilación, como falsificación de moneda, de acuerdo con lo dispuesto entonces en los Arts. 386.1 y 387 del Código Penal . Este criterio ha venido a consagrarse por la reforma de la LO 5/2010, 22 de junio, que en la actual redacción del Art. 399 bis apartado primero, castiga a quien "... altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito..."; mientras que la utilización ulterior de estas tarjetas, integra la comisión del delito de estafa, en relación de concurso medial (Art. 77.1 CP). Esta idea ya fue proclamada por la STS 366/2013, 24 de abril, cuando precisó que la alteración consciente de las tarjetas de crédito por parte del recurrente, bien ejecutada por él mismo, bien ofreciendo a otro los datos para la sustitución fraudulenta, integra el delito de falsificación del Art. 399 bis 1 del CP , ya sea en calidad de autor o como cooperador necesario. Si, además, esa manipulación está concebida para servir de instrumento para el engaño en establecimientos abiertos al público, induciendo al dependiente a un error que determina un desplazamiento patrimonial (Art. 248 CP), la relación entre el delito falsario y la estafa se ajusta a la que es propia del concurso medial (Art. 77.1 CP)".

viernes, 3 de enero de 2020

Las cartas de «perdón de cuernos»

En el Derecho de los Visigodos, el Fuero Juzgo es el nombre que recibe, desde el siglo XIII, el Liber Iudiciorum que el rey Recesvinto promulgó en el s. VII para revisar la anterior Lex Romana Visigothorum (más conocida como Breviario de Alarico, del s. VI). Fue el cuerpo de leyes que rigió en la Península Ibérica durante la dominación de aquel pueblo godo, estableciendo una norma de justicia común, tanto para los visigodos como para los hispanorromanos, que sometía por igual á los barones, cuemo a las mugieres, é a los grandes cuemo á los pequennos. Dentro de su amplio contenido dispositivo –abarca casi seiscientas leyes– hoy vamos a centrarnos en la regulación del adulterio contenida, por ejemplo, en las leyes 3 y 4 del Título IV; dentro del Libro III.

En estos preceptos se estableció que [sic]: A la adultera no aprehendida en el adulterio pueda acusar el marido ante el Juez por indicios, presunciones y otras cosas convenibles; y probándolo, se le entreguen ella y el adultero, para que haga de ambos lo que quisiere. A continuación, para que no quedara lugar a dudas, disponía que si el marido ó esposo matare á la muger y al adultero, nada pague por el homicidio; es decir, en esta legislación castellana de la Alta Edad Media se contemplaba que el hombre engañado por su esposa adúltera pudiera matarla y acabar con su amante sin que su crimen conllevara ningún tipo de responsabilidad penal.

A partir del siglo XIII, con las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, la codificación de la Corona de Castilla introdujo una nueva opción: el perdón del marido adúltero. La profesora Marchant Rivera ha estudiado que: En Las Partidas se siguen las líneas marcadas por el derecho justinianeo: se castiga sólo el adulterio de la mujer. La pena para la adúltera es la reclusión en monasterio y los azotes. Pierde su dote y arras y éstos deben ser del marido. No obstante, el marido puede perdonarla en el plazo de dos años, en cuyo caso le son devueltas la dote y arras y demás cosas comunes. Como se puede comprobar fácilmente, el adulterio de la mujer deshonra al marido, mientras que no sucede igual al contrario, ya que en el primer caso pueden venir hijos ajenos a compartir la herencia con los legítimos [1].

Edward Armitage | La mujer adúltera (s. XIX)

En este marco normativo, el Título XVII de la última Partida comienza con toda una declaración de intenciones: Uno de los mayores yerros que los hombres pueden hacer es adulterio,de lo que no se les levanta tan solamente daño, mas aun deshonra. A continuación, siguiendo el mismo criterio que el Fuero Juzgo, la Ley 13 dispuso que: El marido que hallare a algún hombre vil en su casa o en otro lugar yaciendo con su mujer, puédelo matar sin pena ninguna, aunque no le hubiese hecho la afrenta. Pero, en cuanto a la mujer, en opinión de la profesora Viña Brito, (…) los castigos impuestos aparecen más diversificados e incluso se introduce la posibilidad del perdón [2].

En los archivos históricos españoles se conservan diversos ejemplos de maridos engañados por sus esposas que acudieron a un notario para protocolarizar un documento ante el fedatario público que exculpara la conducta de su esposa e incluso del amante. Ese modelo documental recibió el elocuente nombre de «carta de perdón de cuernos».

La singular obra de Juan de Medina titulada Suma de notas copiosas muy sustanciales y compendiosas segun el vso y estilo que agora se vsa en estos reynos (*) –publicada en Valladolid, en 1538, con gran difusión por todo el país– le dedica la Fórmula XXV al perdón de cuernos. Según este modelo, el vecino fulano de tal, en presencia del escribano público y de los testigos, ante su esposa fulana y fulano el adúltero –recordemos que este peculiar estilo de redacción se debe a que Medina estaba poniendo a disposición de los interesados el borrador de un formulario– por su propia voluntad y por servicio a Dios y su bendita y gloriosa Madre, perdonaba a la dicha fulana su mujer el dicho adulterio y el delito y crimen que en ello cometió, renunciando a cualquier pena civil o criminal contra ella o sus bienes.

Vasily Polenov | Cristo y la adúltera (1887)

De este modo se ponía fin al adulterio, salvaguardando el sagrado vínculo del matrimonio al apelar el marido agraviado a que Jesucristo también perdonó a los que le ofendieron y a que la esposa, seguramente, había actuado de aquella manera inducida por otra persona.

Citas: [1] MARCHANT RIVERA, A. “Apuntes de diplomática notarial. La "carta de perdón de cuernos" en los protocolos notariales malagueños del siglo XVI”. Baética: Estudios de arte, geografía e historia, nº 25, 2003, pp. 455-468. [2] VIÑA BRITO, A. “La «carta de perdón de cuernos» en la documentación notarial canaria del siglo XVI”. Revista de Historia Canaria, nº 20, 2005, pp. 263-272.
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