lunes, 13 de agosto de 2018

La participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas

Tras reconocer la importancia que tiene la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales; recordar el precedente que supuso el Estatuto de la Comunidad Económica Europea en la Asamblea General –aprobado por la breve resolución 3208 (XXIX), de 11 de octubre de 1974, que permitió a la CEE participar en los periodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General en calidad de observadora–; tener en cuenta que la Unión Europea sustituyó a la Comunidad Europea [y] es parte en numerosos instrumentos concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas [única parte no estatal en más de cincuenta convenios de la ONU] y que actúa en calidad de observadora o de participante en la labor de varios organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas; y, por último, observar que los Estados miembros de la Unión Europea han confiado su representación en el exterior a diversos cargos institucionales (el Presidente del Consejo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Comisión Europea y las delegaciones de la Unión Europea) asumiendo la función de actuar en nombre de la Unión Europea… Con todos esos elementos, se aprobó la participación de la Unión Europea en la labor de las Naciones Unidas en la A/RES/65/276, de 3 de mayo de 2011.
 
El nuevo marco de las relaciones ONU-UE comienza con un rotundo párrafo que sienta las bases para cualquier devenir futuro al reafirmar que la Asamblea General es un órgano intergubernamental que solo puede estar integrado por los Estados que son Miembros de las Naciones Unidas [y “el club comunitario” aunque el Premio Nobel de la Paz reconociera, en 2012, su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa y el papel estabilizador que ha desempeñado en el Viejo Continente, no es un Estado sino, por el momento, la unión de 28].
 
Tras dejar clara esta premisa, el órgano plenario de la ONU sí que define –de conformidad con dicha resolución– que los representantes de la Unión Europea, con el fin de presentar las posiciones de la Unión Europea y sus Estados miembros por ellos convenidas:
  1. Podrán inscribirse en la lista de oradores entre los representantes de los grupos principales, para intervenir;
  2. Serán invitados a participar en el debate general de la Asamblea General con arreglo al orden de precedencia establecido en la práctica correspondiente a la participación de observadores y al nivel de representación;
  3. Podrán hacer que sus comunicaciones relativas a los períodos de sesiones y trabajos de la Asamblea General, así como a las sesiones y los trabajos de todas las reuniones y conferencias internacionales celebradas bajo los auspicios de la Asamblea y de las conferencias de las Naciones Unidas, se distribuyan directamente y sin intermediario como documentos de la Asamblea, reunión o conferencia;
  4. También podrán presentar oralmente propuestas y enmiendas acordadas por los Estados miembros de la Unión Europea; tales propuestas y enmiendas solo se someterán a votación a solicitud de un Estado Miembro; y
  5. También podrán ejercer el derecho de respuesta en relación con las posiciones de la Unión Europea, según decida la Presidencia; el derecho de respuesta estará limitado a una intervención por tema.
Finalmente, la Asamblea General de la ONU se compromete a asignar asientos a los representantes de la Unión Europea entre los observadores pero aquéllos no tendrán derecho de voto ni a copatrocinar proyectos de resolución o decisión; asimismo, tampoco podrán presentar candidaturas.
 
 
A simple vista, puede parecer que Bruselas y Nueva York mantienen un trato preferente pero, en realidad, el estatuto de observador permanente ante las Naciones Unidas también lo ostentan, por citar tan solo algunos ejemplos: la Liga Árabe [resoluciones 477 (V), de 1 de noviembre de 1950, y 36/24, de 9 de noviembre de 1981]; la Unión Africana [resolución 2011 (XX), de 11 de octubre de 1965, y decisión 56/475, de 15 de agosto de 2002]; el Consejo de Europa (resolución 44/6, de 17 de octubre de 1989); la Comunidad del Caribe [(CARICOM) resolución 46/8, de 16 de octubre de 1991]; la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos [(ISA) resolución 51/6, de 24 de octubre de 1996]; la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental [(ECOWAS) resolución 59/51, de 2 de diciembre de 2004]; o el Comité Olímpico Internacional [(COI) resolución 64/3, de 19 de octubre de 2009]... entre más de un centenar de Estados no miembros, entidades y organizaciones que han recibido una invitación permanente para participar en calidad de observadores en los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General.
 
Desde la otra perspectiva, la Unión Europea es una firme defensora del multilateralismo, uno de cuyos pilares centrales es la fuerza y la eficacia de las Naciones Unidas; de modo que, a lo largo de los años, la UE ha establecido una relación sólida con la ONU (*). De hecho, el Tratado de la Unión Europea menciona diecinueve veces a Naciones Unidas; por ejemplo, al proclamar que, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión (…) contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas (Art. 3.5 TUE); reafirmándolo en los Arts. 21 o 42.
 
Pero, sobre todo, insiste en este punto en el Art. 34 TUE: Los Estados miembros que también son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se concertarán entre sí y tendrán cabalmente informados a los demás Estados miembros y al Alto Representante. Los Estados miembros que son miembros del Consejo de Seguridad defenderán, en el desempeño de sus funciones, las posiciones e intereses de la Unión, sin perjuicio de las responsabilidades que les incumban en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando la Unión haya definido una posición sobre un tema incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados miembros que sean miembros de éste pedirán que se invite al Alto Representante a presentar la posición de la Unión.
 
¿Llegará la Unión Europea, como tal, a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU? Teniendo en cuenta que, desde 1945, la Carta de San Francisco se ha modificado tan solo en tres ocasiones, en más de 70 años de existencia; que la política exterior de los 28 miembros europeos no siempre coincide (pensemos en la polémica acogida de inmigrantes) y que si Bruselas consiguiera ese puesto habría que modificar la actual composición (al menos por lo que se refiere a Francia, si Gran Bretaña finalmente lleva a cabo el Brexit) y otras organizaciones internacionales (Unión Africana) y naciones (Japón, India, etc.) también pedirían el mismo trato… así que, parece muy complicado que se logre ese objetivo.

viernes, 10 de agosto de 2018

La delincuencia económica, según Rodríguez Sastre y Jiménez de Asúa

Durante la II República Española, el que fuera fundador y presidente del Cuerpo de Contadores Jurados (actual Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España), Antonio Rodríguez Sastre (1896-1986), impartió una conferencia titulada El delito financiero: su repercusión en el crédito y la economía, el 26 de marzo de 1934, en el Colegio Central de Titulares Mercantiles, que posteriormente se reprodujo en la Revista Española de Financiación y Contabilidad, en 1977 como homenaje a toda su obra (*). El jurista barcelonés se quejaba entonces de la marcha de algunas sociedades mercantiles, de modo que las empresas eran para unos pocos en perjuicio para los más, y lo hacía contando algunas anécdotas de su vida profesional; por ejemplo:
 
(…) Recuerdo un caso en el que intervine como abogado querellante, en el que al interrogar a los miembros del Consejo de administración hubo quien no tenía ni idea de lo que pasaba en la empresa ni de la legislación aplicable, no obstante figurar asistía a todas las sesiones celebradas por el Consejo y por lo que cobraba pingües dietas.
 
Rodríguez Sastre definió los delitos financieros como todos aquellos actos fraudulentos con el deseo de obtener un beneficio en perjuicio de tercera persona y los que atacan la fe comercial; asimismo, mostró su preocupación por la falta de preparación técnica de la administración de justicia para captar toda la maniobra financiera; al mismo tiempo que remarcaba la necesidad de aprobar nuevas leyes adaptadas a la hora en que vivimos y reivindicaba el papel de los técnicos que tiene España como hombres perfectamente preparados en ciencias (…) contables, a los que es forzoso recurrir. Un texto que, en gran medida, mantiene su vigencia cuando ha transcurrido ya casi un siglo desde que lo publicó por primera vez el Patronato de Intendencia e Intervención Militares, en 1934.
 
El autor catalán no quiso dejar pasar la ocasión de rendir un caluroso saludo al profesor Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) que, en su opinión, era una autoridad mundialmente conocida en la disciplina del Derecho Penal Financiero porque fue su amigo el encargado de prologar esta pequeña obra en la que el penalista madrileño incluyó su propia definición de la delincuencia económica que, hoy en día, aún se recuerda por su acertada y fina ironía:
 
(…) hace sesenta años, el español de presa, ansioso de despojar a otro de su fortuna o de sus ahorros, se echaba al monte, con clásico calañé y trabuco naranjero, escapando de sus perseguidores a lomos de la jaca andaluza. Hoy, crea sociedades, desfigura balances, simula desembolsos y suscripciones, y montado en la ignorancia de fiscales y magistrados, escapa sobre el cómodo asiento de su automóvil.
 
Manuel Barrón y Carrillo | Paisaje rondeño con bandoleros (1856)
 

miércoles, 8 de agosto de 2018

Sobre el delito de autoadoctrinamiento terrorista

Tras recordar diversas resoluciones de las Naciones Unidas, el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, que modificó el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, expone que las acciones del terrorismo internacional pretenden poner en riesgo los pilares en los que se sustenta el Estado de Derecho y el marco de convivencia de las democracias del mundo entero; en ese contexto, el terrorismo internacional de corte yihadista se caracteriza, precisamente, por haber incorporado esas nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como enemigos. Estas nuevas amenazas deben, por tanto, ser combatidas con la herramienta más eficaz que los demócratas pueden emplear frente al fanatismo totalitario de los terroristas: la ley.
 
Como esas nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual (…), el legislador español modificó el Capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre], dando nueva redacción a su Art. 575 para tipificar el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención al que se realiza a través de internet o de servicios de comunicación accesibles al público, que exige, para ser considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otro que estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. También se tipifica en este precepto el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar con una organización terrorista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero.
 
Y, en concreto, el Art. 575.2 CP prevé los hechos legalmente constitutivos de un delito de autoadoctrinamiento de carácter terrorista: Con la misma pena [se refiere a la prisión de dos a cinco años establecida en el Art. 575.1] se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.
 
Este último párrafo es el precepto que tipifica el delito de autoadoctrinamiento para capacitarse para la comisión de actos terroristas.
 
En la jurisprudencia española, las primeras resoluciones que condenaron a dos acusados por este adoctrinamiento pasivo fueron las sentencias 4267/2016, de 30 de noviembre [ECLI:ES:AN:2016:4267] y 4394/2016, de 7 de diciembre [ECLI:ES:AN:2016:4394], de la Audiencia Nacional.
 
La razón de ser de este nuevo tipo penal –de acuerdo con la sentencia 39/2018, de 16 de enero, del Tribunal Supremo [ECLI:ES:TS:2018:39]– es que, adelantando las barreras de protección al bien jurídico protegido en los delitos de terrorismo (…), la nueva redacción del Art. 575 del Código Penal (…) ha añadido la sanción del adoctrinamiento o adiestramiento pasivo, esto es, más allá de sancionarse a quien hace proselitismo respecto de la actuación terrorista, se ha venido a condenar también a quienes se coloquen como destinatarios de actividades dirigidas a expandir los postulados violentos del grupo terrorista o concebidas para adiestrar a cualquiera en métodos que faciliten la comisión de atentados, siempre que la participación como receptor en estas enseñanzas responda a una voluntad consciente de facilitar el terrorismo, y con independencia de que la instrucción sea directamente buscada o adquirida por el sujeto activo, o haya sido dispuesta y le sea pertrechado por otros.
 
Cuadro: Willem den Broeder | Brain Chain (2001).

lunes, 6 de agosto de 2018

Callejero del crimen (VIII): la Ruta del Esclavo, en Cartagena de Indias

Por iniciativa de Haití y de algunas naciones africanas, en 1994, la UNESCO –uno de los quince organismos especializados de las Naciones Unidas– puso en marcha el proyecto “La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimoniopara romper el silencio sobre la trata negrera y la esclavitud que implicaron a todos los continentes y provocaron trastornos considerables que modelaron en consecuencia nuestras sociedades modernas (…). Según el historiador francés Jean-Michel Deveau, la trata transatlántica y por lo tanto la esclavitud, que duró del siglo XVI hasta el siglo XIX, constituye una de las "tragedias más grandes en la historia de la humanidad en términos de su escala y duración". El comercio transatlántico de esclavos fue la deportación más importante en la historia y un factor determinante en la economía mundial del siglo XVIII. Millones de Africanos fueron arrancados de sus hogares, deportados hacia el continente americano y vendidos como esclavos.
 
Una de las acciones que ha impulsado este proyecto internacional –como recuerda la profesora Mosquera Rosero-Labbé– ha sido la creación del programa sitios de “Memoria de la Esclavitud”, cuyo objetivo es identificar espacios o lugares significativos en los que se reconozca y se rinda tributo a las miles de personas de origen africano que fueron esclavizadas y trasladadas a distintas partes del mundo a través del comercio por mar y tierra (…). Hay varios lugares en el mundo que han sido reconocidos como sitios de memoria de la esclavitud, entre ellos los Palacios Reales de Abomey, en Benín; el Centro Histórico de Salvador de Bahía, en Brasil; el Cafetal Angerona, en La Habana, Cuba; la Isla de Gorée en Senegal; la Cidade Velha, en Cabo Verde; la Citadela de Sans Souci, en Haití; las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo, en Panamá, y Colonia del Sacramento, Departamento de Colonia, en Uruguay.
 
En el Caribe colombiano, el inventario que forma parte de esa memoria de la esclavitud recala en el próspero puerto de Cartagena de Indias por ser el más grande mercado de esclavos africanos en las Américas (en palabras de Gabriel García Márquez, en El amor en los tiempos del cólera). Cartagena de Indias –por su localización en el norte de Suramérica, a orillas del mar Caribe, y su cercanía al istmo de Panamá– se convirtió en la principal plaza fuerte hispana y en un importante puerto para el comercio de esclavizados, especialmente a finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII (*).
 
Desde 1984, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a su “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental” justificándolo porque: Los españoles la dotaron del sistema de fortificaciones defensivas más extenso e imponente de cuantas ciudades fundaron en el Nuevo Mundo y construyeron, además, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del período colonial, plasmado en edificaciones civiles y domésticas, iglesias y claustros, calles y plazas que le dieron un carácter único a nivel mundial.
 
Iglesia de San Pedro Claver
 
En ese marco, el principal puerto esclavista de Colombia nos ofrece diversos lugares vinculados con la trata negrera transatlántica; por ejemplo:
  • La Bahía de la Ánimas: un estanque de miasmas y escombros de naufragios, según Gabo, que debe su nombre a los cuerpos de los negros fallecidos durante la travesía que eran arrojados por la borda antes de descargar en el muelle al resto de la mercancía humana que había logrado sobrevivir a la singladura desde África hasta el puerto cartagenero. Se calcula que en la segunda mitad del siglo XVIII, a finales de la década del setenta, uno de cada seis habitantes de la ciudad era esclavizado.
  • Islas de Tierra Bomba y Barú: los esclavos extraían la piedra de las canteras situadas en estas islas, donde se construyeron hornos para fabricar la cerámica que decoraba la cercana “ciudad heroica”.
  • Plaza de la Aduana: los esclavos –como cualquier otra mercancía con la que se comerciaba en aquel tiempo– eran comprados y vendidos aquí, ante la sede de la Antigua Real Contaduría.
  • Iglesia de San Pedro Claver y Convento de los Jesuitas: en memoria de aquel misionero catalán que defendió los derechos de los esclavos negros, retomando la labor del sacerdote andaluz Alonso de Sandoval para hacer frente a sus infrahumanas condiciones de vida y criticando la injusticia de sus penurias y el maltrato que padecían.
  • Plaza Benkos Biohó: los esclavos fugitivos recibían el nombre de cimarrones y solían agruparse en pequeñas comunidades de huidos llamadas palenques. Uno de sus líderes fue el guineano [Domingo] Benkos Biohó (imagen superior), convertido en un símbolo para los demás esclavos. Fue detenido por las autoridades coloniales, ahorcado y descuartizado el 16 de marzo de 1621.

viernes, 3 de agosto de 2018

La “Constitución de Antequera” de 1883 [la Constitución Federal Andaluza]

El preámbulo del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) afirma que: En los últimos 25 años, Andalucía ha vivido el proceso de cambio más intenso de nuestra historia y se ha acercado al ideal de Andalucía libre y solidaria por la que luchara incansablemente Blas Infante, a quien el Parlamento de Andalucía, en un acto de justicia histórica, reconoce como Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983. Ese ideal autonomista hunde sus raíces en nuestra historia contemporánea. El primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada en Antequera en 1883.

Se refiere a los 98 artículos del Proyecto de Constitución Federal para los Cantones Andaluces que el diputado por Alora (Málaga), Carlos Saornil, presentó a la Asamblea Regional del Partido Republicano Demócrata Federal para que se tomaran en consideración durante la reunión que celebraron en esta localidad malagueña, del 27 al 29 de octubre de 1883 [medio año después de que, en Haro (La Rioja), se hubiera aprobado un texto análogo: la Constitución Republicana Federal del Estado Riojano].

Partiendo de una concepción democrática, republicana, confederal, municipalista, laica e igualitaria, el proyecto antequerano destacó por algunas propuestas que –a finales del siglo XIX– solo podían calificarse como avanzadas para su tiempo; por ejemplo, adelantándose al sufragio femenino que se logró en 1926, los Arts. 14 y 15 no solo reconocían la independencia civil y social de la mujer, derogando toda subordinación que para ella establezcan las leyes, sino que les permitía ser electoras y ejercer un derecho electoral que era obligatorio (Art. 24.c); de acuerdo con la Constitución de 1869, su Art. 9 enumeraba los diecinueve derechos y garantías comprendidos en la autonomía individual –desde el derecho a la vida al derecho a la gobernación pública y a la intervención legislativa por medio del sufragio universal permanente– y en línea con la Ley de Vientres Libres, de 1870, el Art. 17 impedía todo tráfico o asociación contraria a la libertad o dignidad humana; entregando a los autores a los Tribunales de Justicia; asimismo, potenció sobremanera la autonomía municipal en el contexto de una administración organizada en cuatro esferas: nacional, regional (que permitía alianzas federativas con otros pueblos de la federación hispánica), cantonal y municipal, con sus propias atribuciones; y, al regular la Hacienda, el Art. 83 previó que: La ocultación presupone la pérdida de la riqueza no amillarada [regulada], otorgándose el quinto al denunciador.


Finalmente, diseñó un reparto de poderes, cuando menos, singular:
  • Legislativo [el Congreso de representantes (Art. 38)] que habría estado integrado por diputados de población, elegidos por los cantones por sufragio universal directo, en la relación de uno por cada veinte mil habitantes, y por diputados profesionales o de clase, designados por los respectivos gremios en función del número de gremiales que representara cada oficio;
  • Ejecutivo: residiría en el Consejo federal formado por siete consejeros pero careciendo de la figura de una presidencia especial (Art. 61) –es decir, sin un Jefe de Gobierno– de modo que las sesiones las presidiría el consejero más anciano; y
  • Judicial: denominado Tribunal Supremo de Justicia, compuesto por tres salas (civil, criminal y contenciosa), integrada cada una por cinco miembros que permanecerían en sus cargos diez años (Arts. 67 a 69).

Este proyecto, con el cambio de siglo, fue asumido como ley fundamental andaluza por las asambleas que el andalucismo celebró en Ronda (1918) y Córdoba (1919). Ambas aparecen mencionadas en el actual Estatuto de Autonomía: la primera porque en la Asamblea de Ronda de 1918 fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces; y la segunda, porque el Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna. En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso constitucional. Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española.

miércoles, 1 de agosto de 2018

La radicalización violenta, según el Derecho Comunitario

El 20 de octubre de 2004, en la Comunicación «Prevención, preparación y respuesta a los ataques terroristas» [COM (2004) 698 final], la Comisión Europea declaró que la lucha contra la radicalización violenta en nuestras sociedades y el propósito de impedir las condiciones que favorecen la incorporación de nuevos terroristas deben ser prioridades fundamentales en una estrategia para la prevención del terrorismo. Al año siguiente, una nueva Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la captación de terroristas: «Afrontar los factores que contribuyen a la radicalización violenta» [COM (2005) 313 final, de 21 de septiembre] daba una primera aproximación al concepto de la “radicalización violenta” como el fenómeno en virtud del cual las personas se adhieren a opiniones, puntos de vista e ideas que pueden conducirles a cometer actos terroristas, tal como se definen en el Art. 1 de la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo [en referencia a la derogada Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002; sustituida por la actual Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo].

Un año más tarde, el 19 de abril de 2006, una Decisión de la Comisión creó un grupo de expertos para asesorarla en materia de lucha contra la radicalización violenta. Según el órgano ejecutivo comunitario, la Unión Europea debe proporcionar a los ciudadanos un alto nivel de seguridad en un espacio de libertad, seguridad y justicia [de acuerdo con lo establecido en el Art. 3 TUE] y este objetivo se logrará luchando contra el terrorismo, incluida la dimensión exterior de esta amenaza, y afrontando los factores que contribuyen a la radicalización violenta.

Con el cambio de década, el Comité Europeo de las Regiones emitió el Dictamen «La lucha contra la radicalización y el extremismo violento: los mecanismos de prevención de ámbito local y regional» (2017/C 017/07), de 16 de junio de 2016, en el que afirmó que la radicalización violenta es un fenómeno internacional (§8) que constituye una amenaza para los ciudadanos de Europa y para los valores universales de Europa, que se basan en su herencia cultural y humanista (§5) y pidió a la Comisión Europea que intente llegar rápidamente a un acuerdo para elaborar una definición común del fenómeno de la radicalización violenta como punto de partida para adoptar un enfoque más coordinado por parte de los diferentes países, con la contribución de los entes locales y regionales, teniendo en cuenta, asimismo, que la experiencia de cada Estado miembro se ve profundamente determinada por elementos políticos, culturales y jurídicos específicos (§13); brindando, a continuación, su propia propuesta: dada la falta de una definición comúnmente aceptada de «radicalización violenta», entiende el concepto de radicalización como el fenómeno por el cual una persona considera legítimo el uso de la violencia o el recurso a la misma para lograr sus objetivos políticos, objetivos que subvierten el ordenamiento jurídico democrático y conculcan los derechos fundamentales en los que este se basa (§14).

Por lo que se refiere a España, en el contexto interno, la lucha contra el terrorismo figura entre los objetivos y líneas de acción estratégicas para los ámbitos de la Seguridad Nacional; en concreto: Neutralizar la amenaza que representa el terrorismo contra los ciudadanos y los intereses españoles dentro y fuera de las fronteras, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad y haciendo frente a los procesos de radicalización violenta. Para ello, el Consejo de Ministros español (*) aprobó un Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), el 30 de enero de 2015, elaborado en cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea de lucha contra la radicalización y el extremismo violento: Estrategia de Lucha contra el Terrorismo, de 2005, y Estrategia contra la Radicalización y la Captación de Terroristas, revisada y actualizada en junio 2014.

Ilustración: Cloe Cushman | The war on Radicalization (*).

lunes, 30 de julio de 2018

La presunción legal de que todos somos potenciales donantes de órganos

Los apartados dos y tres del Art. 5 de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos disponen que: (…) 2. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. 3. Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como consecuencia ulterior de éste se considerarán, asimismo, como donantes, si no consta oposición expresa del fallecido. A tales efectos debe constar la autorización del Juez al que corresponda el conocimiento de la causa, el cual deberá concederla en aquellos casos en que la obtención de los órganos no obstaculizare la instrucción del sumario por aparecer debidamente justificadas las causas de la muerte.

El desarrollo reglamentario de este precepto legal se produjo con el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad. En su Art. 9.1, a la hora de establecer los requisitos para la obtención de órganos de donante fallecido, este reglamento señala que: La obtención de órganos de donantes fallecidos con fines terapéuticos podrá realizarse si se cumplen los requisitos siguientes: a) Que la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la obtención de órganos. Dicha oposición, así como su conformidad si la desea expresar, podrá referirse a todo tipo de órganos o solamente a alguno de ellos y será respetada (…).

Esta misma presunción podemos encontrarla también en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos; en concreto, el Art. 8.1 indica que: La obtención de tejidos y células de personas fallecidas podrá realizarse en el caso de que no hubieran dejado constancia expresa de su oposición, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre [donde se regula el documento de instrucciones previas].

Con este marco normativo puede decirse que –al menos en teoríaen España, nuestra legislación considera potenciales donantes a todos los fallecidos salvo que se haya dejado constancia expresa de lo contrario, oponiéndose a la donación; es decir se presume el consentimiento del finado para la extracción de sus órganos y que puedan ser donados.

Cuadro: Albrecht Behmel | Corazones (2013).

viernes, 27 de julio de 2018

La doctrina de la responsabilidad de proteger

A finales del siglo XX, el genocidio de Ruanda y la violenta desintegración de la antigua Yugoslavia sacudieron la mala conciencia de la comunidad internacional y su indiferente falta de decisión ante unos conflictos que parecían propios de otros tiempos; como consecuencia, el mundo empezó a plantearse de qué modo debía reaccionar frente a una violación sistemática de los Derechos Humanos: ¿si cada Estado soberano tenía que resolver sus propios asuntos sin injerencias externas o, por el contrario, si las demás naciones debían desempeñar un papel más activo e intervenir, cruzando las fronteras con un fin humanitario, cuando –en opinión del exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan (*)– ya se hubieran transgredido todos los principios de nuestra humanidad común?

El elocuente llamamiento de Annan tuvo su reflejo en la denominada Declaración del Milenio (A/RES/55/2, de 13 de septiembre de 2000) donde los Jefes de Estado y de Gobierno mundiales reconocieron que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.

Como consecuencia, el Gobierno del Canadá, junto con un grupo de importantes fundaciones, anunció a la Asamblea General, en septiembre de 2000, el establecimiento de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE) que, en diciembre de 2001, presentó un extenso informe sobre la responsabilidad de proteger (*), conciliando dos objetivos: fortalecer, y no debilitar, la soberanía de los Estados y mejorar la capacidad de la comunidad internacional para reaccionar de modo decisivo cuando los Estados no puedan o no quieran proteger a su propia población.

A partir de entonces –como recuerda el embajador Menéndez del Valle (*)– entre 2001 y 2005 la Asamblea General, el secretario general, numerosas organizaciones pro derechos humanos y académicos de medio mundo intensificaron su actividad a favor de una institucionalización de la Responsabilidad de Proteger. El propio Annan impulsó la constitución de un Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio al que pide avance en la consideración y profundización del tema. Dicho Grupo presentó (2/XII/2004) el informe “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”.

Finalmente, el 16 de septiembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1, de 24 de octubre de 2005). En dos de sus parágrafos se formuló la doctrina de la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad:

138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana.
 
139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos.

El salto dado en 2005 por la RdP –continúa afirmando Menéndez del Valle– es enorme pues ese año pasó de una idea entusiasta defendida por la Comisión Internacional sobre la Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE) y un activo grupo de estos a convertirse en doctrina asumida oficialmente por la totalidad de los miembros de las Naciones Unidas.

Al año siguiente, la resolución 1674, de 28 de abril de 2006, del Consejo de Seguridad de la ONU [S/RES/1674 (2006)], ya se refirió, por primera vez, a esa responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.

miércoles, 25 de julio de 2018

¿Dónde se regulan los “fondos reservados”?

El Art. 1 de la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados los define de la siguiente forma: Tienen la consideración de fondos reservados los que se consignen como tales en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y que se destinen a sufragar los gastos que se estimen necesarios para la defensa y seguridad del Estado. Dichos gastos se caracterizan respecto a los demás gastos públicos por la prohibición de publicidad y por estar dotados de un especial sistema de justificación y control. A continuación, el Art. 4 especifica que: 1. Sólo podrán consignarse créditos destinados a gastos reservados en los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y en el Centro Nacional de Inteligencia dependiente del Ministerio de la Presidencia. Corresponderá exclusivamente a los titulares de estos Departamentos, de acuerdo con sus específicas características, determinar la finalidad y destino de estos fondos y las autoridades competentes para ordenar su realización. 2. Periódicamente, los titulares de los Departamentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán informar al Presidente del Gobierno sobre la utilización de los créditos para gastos reservados que se hayan consignado.
 
Ese es el marco legal nacional, pero ¿existen partidas presupuestarias para fondos reservados en las Comunidades Autónomas? Sí, cuando han asumido estas competencias; por ejemplo, en el País Vasco, la Ley 5/1997, de 30 de mayo, reguladora de utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. De acuerdo con su Art. 2, tienen esta consideración los gastos que figuren como tales en el estado de gastos de los correspondientes Presupuestos Generales de Euskadi, que serán destinados a sufragar la realización de actividades u operaciones confidenciales relacionadas con la prevención y represión de la criminalidad y la investigación de delitos.

lunes, 23 de julio de 2018

Italia tipificó la tortura en 2017

En el Viejo Continente, tanto el Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el marco del Consejo de Europa; como el Art. 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el seno de la Unión Europea, prohíben expresamente la tortura y las penas o los tratos inhumanos o degradantes al proclamar que: Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Italia, como sabemos, fue uno de los Estados miembros fundadores de ambas organizaciones paneuropeas.

Desde un perspectiva internacional, el Art. 4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -de 10 de diciembre de 1984- dispone que: 1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. 2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. En este caso, Italia es miembro de la ONU desde 1955 y el Gobierno de Roma ratificó la mencionada Convenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite en 1989. Bajo estas premisas, resulta muy singular que el Código Penal italiano no haya tipificado esta conducta delictiva [reato, en la lengua de Dante] hasta una fecha tan reciente.

La Legge [Ley] de 14 de julio de 2017 n° 110, G.U. [abreviatura de la Gazzetta Ufficiale (el BOE italiano)] nº 166, del 18, incorporó dos nuevos preceptos en el Codice Penale: los nuevos Arts. 613 bis y ter dentro de la sección de los delitti contro la libertà morale.

Por un lado, el nuevo Art. 613.bis establece penas que van desde la reclusión de cuatro a diez años en el tipo básico (cinco a doce años si se trata de funcionarios públicos) hasta la cadena perpetua si, voluntariamente, el que ha torturado a otra persona le termina ocasionando la muerte; y, por otro, el nuevo Art. 613.ter crea un tipo agravado para aquellos casos en que el torturador sea funcionario o trabaje al servicio de organismos públicos e instigue a otras personas para que lleven a cabo este delito, castigándose su instigación con penas de seis meses a tres años.
 

La modificación del Código Penal italiano –tras varios años de tramitación parlamentaria (la iniciativa fue presentada en el Senado de la República el 5 de marzo de 2014)– se produjo un par de semanas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a Italia en el asunto Bartesaghi Gallo y otros, de 22 de junio de 2017 (recursos 12131/13 y 43390/13). La resolución de Estrasburgo mencionaba expresamente que al carecer de un delito ad hoc en el sistema jurídico italiano, la violencia en cuestión [se refiere a la actuación policial para reprimir una manifestación contraria a la cumbre que celebró en Génova el G8] se había enjuiciado como delitos de lesiones personales simples o agravadas (§77).

NB: por establecer un paralelismo con España, la Ley 31/1978, de 17 de julio, modificó el Código Penal vigente en aquel momento [Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre] para tipificar el delito de tortura en el nuevo Art. 204.bis. Cuatro décadas antes que Italia.

viernes, 20 de julio de 2018

¿Cuál es el umbral para acogerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión?

Bajo el epígrafe “Tipo de gravamen para las entidades de reducida dimensión”, el Art. 19 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social –es decir, la llamada “ley de acompañamiento” de los Presupuestos Generales del Estado de aquel año– incorporó un nuevo Art. 127.bis en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con efectos para los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 1997: «Artículo 127 bis). Tipo de gravamen. Las entidades que cumplan las previsiones previstas en el Art. 122 de esta Ley tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de esta Ley deban tributar a un tipo diferente del general: a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 15.000.000 de pesetas, al tipo del 30 por 100. b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 35 por 100». Con esta redacción se introdujo el régimen especial de las “entidades de reducida dimensión” [ERD] en el ordenamiento tributario español.

De esta manera –según la sentencia 2519/2015, de 8 de junio, del Tribunal Supremo [ECLI:ES:TS:2015:2519]– se prevé una serie de beneficios fiscales específicos que suponen una minoración de la carga tributaria para determinados sujetos pasivos que se caracterizan en función de la llamada "cifra de negocios". Desde su implantación el legislador ha utilizado este concepto como único parámetro delimitador de la categoría, aunque ha ido elevando paulatinamente el límite máximo por debajo del cual podía tener la sociedad la condición de empresa de "reducida dimensión" a efectos del Impuesto sobre Sociedades [por ejemplo, el Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, fijó el límite de entrada en una cifra neta de negocios inferior a los 6 millones de euros, cuando hasta esa fecha el umbral se establecía en 5 millones de euros; pero, al finalizar aquella década, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, elevó el umbral que posibilitaba acogerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión, de 8 a 10 millones de euros].

En la actualidad –como ha recordado el Tribunal Constitucional en la sentencia 140/2016, de 21 de julio– el concepto de «entidad de reducida dimensión» está previsto en el Art. 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades [LIS]. En concreto, los Arts. 101 a 105 LIS regulan los incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión; régimen especial que se aplica a las entidades siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros; umbral que delimita el concepto de las ERD para que dichas entidades disfruten de una serie de beneficios que incluyen: libertad de amortización para las inversiones con creación simultánea de empleo, libertad de amortización para inversiones de escaso valor, amortización de elementos patrimoniales objeto de reinversión, amortización de elementos patrimoniales adquiridos mediante arrendamiento financiero, pérdidas por deterioro de créditos por insolvencia de deudores, tipo especial de gravamen, deducción para el fomento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y exoneración de determinadas obligaciones formales [STS 2519/2015].

miércoles, 18 de julio de 2018

El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa

En 1953, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa [la actual Asamblea Parlamentaria (PACE] creó una Comisión Especial de Asuntos Regionales y Municipales [Special Committee on Municipal and Regional Affairs], convirtiéndose en la primera organización internacional que integró a los representantes subestatales en sus trabajos y estructura organizacional [1]; dos años más tarde, solicitó la creación de una Conferencia de Autoridades Locales de Europa [Conference of Local Authorities of Europe] que celebró su primera reunión en Estrasburgo (Francia), el 12 de enero de 1957, bajo la presidencia de Jacques Chaban-Delmas. En 1975, añadió a su nombre la referencia regional; en 1983, se convirtió en la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales de Europa [Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe]; y, finalmente, en 1994, se transformó en el actual Congreso de Poderes Locales y Regionales [Congress of Local and Regional Authorities], regulado por la Resolución estatutaria (2000) 1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Como órgano consultivo de esta organización paneuropea, donde se hallan representadas las 200.000 regiones y municipios de sus 47 Estados miembros, desarrolla las siguientes funciones [2]:
  1. Proporciona un foro de diálogo privilegiado, en el que los representantes de los poderes locales y regionales entablan debates sobre problemas comunes, intercambian sus experiencias y exponen sus puntos de vista ante los gobiernos;
  2. Asesora al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre todos los aspectos de la política local y regional;
  3. Coopera estrechamente con las organizaciones nacionales e internacionales que representan a los poderes locales y regionales;
  4. Organiza audiciones y conferencias a nivel local y regional para poder llegar al público en general, cuya participación es clave para el establecimiento de una verdadera democracia;
  5. Redacta regularmente informes por países sobre la situación de la democracia local en todos los Estados miembros, así como en los Estados candidatos a la adhesión al Consejo de Europa, y vela en particular por la aplicación de los principios contenidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, y
  6. Ayuda a los nuevos Estados miembros de la Organización a realizar las tareas prácticas necesarias para el establecimiento de una auténtica autonomía local y regional.
Cada uno de los dos poderes del Congreso –el local y el regional– cuenta con su propia Cámara –la Cámara de Poderes Locales y la Cámara de las Regiones– integrada por 324 miembros cada una (de los cuales, 12 representan a las entidades locales y otros tantos a las comunidades autónomas españolas).

Entre las actividades que ha desarrollado durante estas seis décadas de vida destacan algunas iniciativas para hacer efectiva la participación regional y local en las políticas desarrolladas por el Consejo de Europa, en especial el Convenio-Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza (Madrid, 21 de mayo de 1980) o la Carta Europea de la Autonomía Local (el primer instrumento jurídicamente vinculante por los Estados miembros, adoptado en la capital alsaciana el 15 de octubre de 1985 y considerado el núcleo de las actividades del Congreso). Ambos instrumentos jurídicos conforman la base de la democracia local y regional no solo del Consejo de Europa sino de la Unión Europea. Como recuerda el propio Consejo: el Congreso contribuye, en los planos local y regional, a los objetivos fundamentales del Consejo de Europa, a saber, fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos.

PD: téngase en cuenta que, en el ámbito de la Unión Europea, las autoridades de Bruselas también cuentan con un órgano consultivo análogo –el Comité de las Regiones–cuyo origen se remonta al Comité de Política Regional que se estableció en 1975. El 13 de abril de 2005, ambas asambleas políticas firmaron un acuerdo por el que se estableció el marco jurídico para continuar desarrollando su cooperación.

Citas: [1] DE CASTRO RUANO, J.L. “La Cámara de las Regiones del Consejo de Europa, pionera de la representación regional diferenciada”. En: Azpilcueta. Nº 16, 2001, p. 65. [2] SEAT (Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales) (*).

lunes, 16 de julio de 2018

El Tribunal Marítimo Central

El Decreto de Unificación de Fueros [de 1868] aumentó notablemente las competencias de la jurisdicción ordinaria, en detrimento de las jurisdicciones especiales, de las que solo quedaron la eclesiástica y la militar, ambas muy reducidas; pero, como recuerda el vicealmirante Pérez Ramírez [1], a pesar de la reducción de competencias de la jurisdicción de Marina en temas de derecho penal y civil, el Decreto en su Artículo 4º mantenía en dicha jurisdicción las de conocer «De las causas por delitos de cualquier clase cometidos a bordo de las embarcaciones mercantes, así nacionales como extranjeras, de las de presas, represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arribadas» [Art. 4.12º]. Al que habría que añadir que, de acuerdo con su 14º apartado, esta jurisdicción también era competente: De las infracciones de las reglas de policía de las naves, puertos, playas y zonas marítimas, de las Ordenanzas de Marina y reglamentos de pesca en las aguas saladas del mar.

Un siglo más tarde, la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, reguló los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos; avalando la atribución de estas materias a la Jurisdicción de Marina, por razones de índole práctica, ya que permite disponer de órganos especializados en la técnica náutica, indispensable para apreciar las circunstancias de hecho que concurren en cada caso y al mismo tiempo de un procedimiento rápido y gratuito que facilite a la modesta gente de mar, que preste la asistencia, el resarcimiento de los gastos realizados y el cobro de los premios, sin necesidad de acudir a litigios largos y costosos para el reconocimiento de sus derechos, estimulándose así los salvamentos en beneficio de la economía nacional. El Título II de esta norma preconstitucional aún continúa en vigor, como norma reglamentaria, de acuerdo con la disposición derogatoria de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Dentro del mencionado Título II, su Art. 31 creó uno de los órganos administrativos permanentes más desconocidos de España: el Tribunal Marítimo Central (TMC), dependiente del Ministerio de Marina –hoy en día, del Cuartel General de la Armada [Art. 1.g) de la Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio], del Ministerio de Defensa– y radicado en Madrid; constituido por un Presidente [Almirante, designado por Decreto, a propuesta del Ministro de Marina], cuatro Vocales [un Capitán de Navío, dos Coroneles Auditores de la Armada y un funcionario de la Subsecretaría de la Marina Mercante nombrado por el Ministro de Marina] y un Secretario Relator [un Teniente Coronel Auditor de la Armada]; y cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

A pesar de su denominación, este tribunal no forma parte del poder judicial –como también sucede con los Tribunales de Cuentas, el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, los Tribunales Económico-Administrativos o los Tribunales de Arbitraje [2]– ni tampoco de la jurisdicción militar aunque este órgano colegiado esté integrado por miembros del ámbito castrense.

El TMC comenzó a funcionar en 1963, resolvió su primer expediente administrativo el 18 de febrero de 1964 y, tres años más tarde, el Gobierno aprobó su desarrollo reglamentario mediante el Decreto 984/1967, de 20 de abril. Hoy en día, como recuerda una invariada jurisprudencia, sus componentes además de altamente especializados son ajenos a los intereses de las partes y destacan por la preparación técnica y especialización de sus miembros [sentencia 12514/2017, de 23 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ECLI:ES:TSJM:2017:12514)].

Citas: [1] PÉREZ RAMÍREZ, E. Tribunal Marítimo Central. 1963-2017. Madrid: Ministerio de Defensa, 2017, p. 54. [2] PÉREZ VAQUERO, C. Con el derecho en los talones. Valladolid: Lex Nova, 2010, pp. 221 y 222. [3] PÉREZ RAMÍREZ, E. Ob. cit., p. 90.

viernes, 13 de julio de 2018

Desastres naturales: ¿en qué se diferencia la asistencia humanitaria principal de la secundaria?

Al mismo tiempo que el mundo comenzó a demostrar cierta preocupación legal por las cuestiones medioambientales –en los años 70 del siglo XX– la agenda de Naciones Unidas también incorporó el debate sobre los desastres naturales y las situaciones de emergencia por las pérdidas cuantiosas de vidas y bienes que acarrean; sin olvidar, los sufrimientos que ocasionan y sus graves consecuencias económicas y sociales. Al fin y al cabo –como recuerda el preámbulo de la A/RES/2816 (XXVI), de 14 de diciembre de 1971las calamidades plantean nuevos problemas a la cooperación internacional y, por ese motivo, la ONU se mostró preocupada por la capacidad de la comunidad internacional para acudir en ayuda de los países afectados por un desastre; sin embargo, esta no fue la primera resolución que se aprobó en el marco de las Naciones Unidas sobre este tema.

En la década anterior, el órgano plenario de la ONU había adoptado la pionera A/RES/2034 (XX), de 7 de diciembre de 1965, sobre Asistencia en Casos de Desastres Naturales; gracias a ella, la Asamblea desarrolló la petición formulada por el Consejo Económico y Social [resolución 1049 (XXXVII), de 15 de agosto de 1964] en la que pidió que se estudiara la magnitud aproximada de recursos que se podían necesitar a la hora de prestar dicha asistencia y, llegado el caso, qué modalidades de ayuda podía brindar la organización.

Desde entonces, diversas resoluciones de la Asamblea General –sirva como referencia, por ejemplo, la A/RES/62/94, de 17 de diciembre de 2007, sobre Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas– han reafirmado cuáles son los principios que deben guiar la prestación de esta asistencia humanitaria: neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia [unos principios rectores que se desarrollaron, junto a la prevención y preparación, las capacidades contingentes y la transición del socorro a la rehabilitación y desarrollo en el anexo de la A/RES/46/182, de 19 de diciembre de 1991]. Todo ello, sin olvidar su carácter fundamentalmente civil y que el personal que acuda a asistir a la víctimas –ya sea de las Naciones Unidas o de las ONG– ha de actuar conforme a esos principios y a las obligaciones que les incumben con arreglo a las disposiciones pertinentes del derecho internacional y las leyes nacionales, siendo sensibles a las costumbres y tradiciones locales de los países en los que estén destinados.

En la mencionada resolución de 1991, Naciones Unidas reconoció que la asistencia humanitaria reviste una importancia fundamental para las víctimas de los desastres naturales y otras emergencias pero, aun así, ésta deberá proporcionarse con el consentimiento del país afectado y, en principio, sobre la base de una petición del país afectado (respetándose plenamente la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas).


Partiendo de esta base, el anexo de la A/RES/46/182 dispone que Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su territorio. Por lo tanto, corresponde al Estado afectado el papel principal en la iniciación, organización, coordinación y prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio.

De forma subsidiaria a esa asistencia humanitaria principal existe otra, secundaria, basada en la cooperación internacional y prestada por terceras naciones, organizaciones intergubernamentales y ONG, que actúan con fines estrictamente humanitarios, para fortalecer la capacidad de reacción del país afectado y complementar su esfuerzo. En esta resolución, la ONU exhorta a los Estados cuyas poblaciones necesiten asistencia humanitaria a que faciliten su prestación (especialmente, el suministro de alimentos, medicamentos, techo y atención médica).


Dejar sin esa asistencia a las víctimas de un desastre natural representaría una amenaza a la vida humana y un atentado contra la dignidad humana [A/RES/43/131, de 8 de diciembre de 1988].

Cuadros: Liu Xiaodong | Serie sobre desastres naturales (s. XXI).

miércoles, 11 de julio de 2018

¿La jurisprudencia es inamovible o puede cambiar de criterio?

Según el Diccionario del Español Jurídico (DEJ), la jurisprudencia es la doctrina establecida de forma reiterada por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, al interpretar la Constitución y las leyes. Suele entenderse que la misma doctrina tiene que haberse establecido en dos o más ocasiones para constituir jurisprudencia. En el siglo XIX, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (*) reconoció por primera vez su valor como fuente secundaria de derecho (Art. 1012: el recurso de casación puede fundarse en que la sentencia sea contra Ley ó contra doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales) y, unos años más tarde, el aún vigente Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publicó el Código Civil, dispuso que: La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho [que son las fuentes del ordenamiento jurídico español (Arts. 1.1 y 1.6 CC)]. Sentada esa base decimonónica, cabe preguntarse si, hoy en día, ¿se puede cambiar de criterio y rectificar una dirección jurisprudencial anterior o, por el contrario, ya sentada resulta inamovible, constante y monolítica?

La respuesta afirmativa la encontramos, por ejemplo, en el undécimo fundamento de derecho de la sentencia 5227/2008, de 10 de octubre [ECLI:ES:TS:2008:5227] donde la sala de lo civil del Tribunal Supremo rectificó su propio criterio sobre la inexigibilidad de la cantidad prestada para jugar y perdida por el jugador en un casino; al afirmar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el Art. 1.6 del Código Civil autoriza el cambio de criterio o modificación de la jurisprudencia siempre que obedezca a una nueva interpretación de la ley no arbitraria, razonable y razonada, para así garantizar la evolución y adaptación de la jurisprudencia a la realidad social y, con ellas, su función complementaria del ordenamiento jurídico (SSTS 22-7-94, 30-11-92 y 3-1-90 y SSTC 29/98, 269/93, 202/91, 144/88, 120/87, 125/86 y 199/87 entre otras, esta última indicando que el Tribunal Constitucional tampoco está vinculado a su doctrina anterior).

Otra sentencia del Tribunal Constitucional –la STC 179/2015, de 7 de septiembre– nos recuerda el criterio establecido al respecto por Estrasburgo: (…) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que las exigencias de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima de los litigantes no generan un derecho adquirido a una determinada jurisprudencia, por más que hubiera sido constante (STEDH de 18 de diciembre de 2008, caso Unédic contra Francia, § 74), pues la evolución de la jurisprudencia no es en sí contraria a la correcta administración de justicia, ya que lo contrario impediría cualquier cambio o mejora en la interpretación de las leyes (STEDH de 14 de enero de 2010, caso Atanasovski contra la ex República Yugoslava de Macedonia, § 38).

lunes, 9 de julio de 2018

La regulación del himno de Europa

Retomando la propuesta que realizó el conde Richard Coudenhove-Kalergi el 3 de agosto de 1955, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó la brevísima Resolución 492 (1971), de 8 de julio de 1971, sobre el European anthem [himno europeo] con el objetivo de continuar estableciendo los símbolos del Viejo Continente, tras la aprobación, por el Comité de Ministros, del diseño de la bandera europea, el 25 de octubre de 1955, y del Día de Europa, el 5 de mayo de 1964; siguiendo así el patrón establecido por los símbolos de nuestros Estados nacionales. Los miembros de la Asamblea decidieron que, a la hora de elegir esa composición, era preferible seleccionar un trabajo musical que representara el genio europeo y cuyo uso ya se hubiera convertido en una tradición en determinadas celebraciones europeas; por ese motivo, decidió proponer como himno el Preludio de la Oda a la Alegría, cuarto y último movimiento de la Novena Sinfonía, “Coral”, de Ludwig van Beethoven que el músico alemán estrenó en Viena en 1824, basándose en el poema escrito por su compatriota Friedrich von Schiller en 1785 para expresar sin palabras la fraternidad entre los seres humanos. Al año siguiente, el Comité de Ministros aprobó la Decisión CM (71) 187, de 12 de enero de 1972, que adoptó definitivamente aquella oda como himno europeo. Por último, en 1986, el Consejo de Europa autorizó a la Unión Europea para que ambas organizaciones emplearan el mismo himno tomado del «Himno a la Alegría» de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven y bandera (un círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul) como símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ésta, según la declaración § 52 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007.
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