lunes, 15 de octubre de 2018

Las tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES)

El 15 de diciembre de 2010, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó tres reglamentos que compartían un mismo preámbulo: La crisis financiera de 2007 y 2008 puso de relieve graves deficiencias en la supervisión financiera, tanto en casos particulares como en relación con el sistema financiero en su conjunto. Los modelos de supervisión de ámbito nacional no han estado a la altura de la globalización en el ámbito financiero y de la situación real de integración e interconexión que caracteriza a los mercados financieros europeos, en que muchas entidades financieras operan a escala transfronteriza. La crisis puso al descubierto carencias en la cooperación, la coordinación, la coherencia en la aplicación del Derecho de la Unión y la confianza entre supervisores nacionales.

Para subsanar esas deficiencias y ofrecer un sistema que esté en armonía con el objetivo de estabilidad y unidad del mercado de servicios financieros de la Unión, enlazando a los supervisores nacionales para crear una potente red, Bruselas –amparándose en los Arts. 114 y 127.6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) – decidió crear el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) o European System of Financial Supervision (ESFS) vigente desde el 1 de enero de 2011. Según el Parlamento Europeo (*) se trata de un sistema de autoridades microprudenciales y macroprudenciales de múltiples niveles que incluye la Junta Europea de Riesgo Sistémico, las tres Autoridades Europeas de Supervisión y los supervisores nacionales. El SESF tiene como objetivo garantizar una supervisión financiera uniforme y coherente dentro de la Unión.

Las tres Autoridades Europeas de Supervisión a las que se refiere la Eurocámara son:


1) La Autoridad Bancaria Europea (ABE) [en inglés: European Banking Authority (EBA)] con sede, por el momento, en Londres (Reino Unido) hasta que, si llega el Brexit, se traslade a París (Francia). Fue creada por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre. De acuerdo con su Art. 1.5, su fin es proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas.


2) La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) [European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)] con sede en Fráncfort (Alemania). Se creó por el Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre. Su objetivo es contribuir a mantener la estabilidad del sistema financiero, garantizar la transparencia de los mercados y los productos financieros y proteger a los asegurados y a los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones.


3) La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) [European Securities and Markets Authority (ESMA)] tiene su sede en la capital francesa. La estableció el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre. Este órgano independiente tiene como objetivo mejorar la protección de los inversores y promover mercados financieros estables (consolidando el sistema financiero para que pueda resistir perturbaciones y resolver desequilibrios financieros, e impulsar el crecimiento económico) y ordenados (fomentando la integridad, transparencia, eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, así como una robusta infraestructura de mercado). Asimismo, también es responsable de la coordinación de las medidas adoptadas por los supervisores de valores o de adoptar medidas de emergencia cuando surja una situación de crisis.

Por último, el Art. 54 común a los tres reglamentos 1093/2010, 1094/2010 y 1095/2010, 24 de noviembre, estableció un Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión [Joint Committee of the European Supervisory Authorities] que funciona como foro en el que la Autoridad cooperará de manera regular y estrecha y asegurará la coherencia intersectorial con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Bancaria Europea, especialmente en lo que se refiere a: los conglomerados financieros, los servicios de contabilidad y auditoría, los análisis microprudenciales de las evoluciones, los riesgos y los puntos vulnerables para la estabilidad financiera de ámbito intersectorial, los productos de inversión minorista, las medidas contra el blanqueo de dinero y el intercambio de información con la JERS y el desarrollo de las relaciones entre esta y las AES. Dicho Comité Mixto está formado por los Presidentes de las AES (EBA, EIOPA y ESMA).


En cuanto a la supervisión macroprudencial, la mencionada Junta Europea de Riesgo Sistémico [en inglés: European Systemic Risk Board (ESRB)] –entendido éste como el riesgo de perturbación del sistema financiero, que puede tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y la economía real– tiene su sede en Fráncfort y fue creada en la misma fecha que las tres AES; en esta ocasión, por el Reglamento (UE) nº 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. de 24 de noviembre.

viernes, 12 de octubre de 2018

¿Cuáles fueron los primeros pleitos americanos?

El 17 de abril de 1492, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón firmaron las Capitulaciones de Santa Fe con el navegante Cristóbal Colón en el campamento militar que los Reyes Católicos habían instalado un año antes en plena vega granadina para culminar el asedio a la capital nazarí de la Alhambra. Una de las cláusulas de aquel acuerdo, suscrito ante el escribano Juan de Coloma, secretario de los monarcas, reconoció al almirante su capacidad para administrar justicia en el ámbito mercantil: Otrosí, que si, a causa de las mercaderías que él trajera de las islas y tierras que así como dicho es se ganaren o descubrieren o de las que en trueque de aquellas se tomaren acá de otros mercaderes, naciere pleito alguno en el lugar donde el dicho comercio y trato se tendrá y hará que, si por la preeminencia de su oficio de almirante le perteneciera conocer del tal pleito, pliega a Vuestras Altezas que él o su teniente y no otro Juez conozcan del tal pleito, y así lo provean desde ahora.
 
Cuando Colón regresó con éxito de su primer viaje a las islas e tierra-firme en la Mar Océana, los soberanos otorgaron una Carta Real en Barcelona, el 28 de mayo de 1493, confirmándole la atribución de potestad judicial al afirmar que podrá oir e librar todos los pleitos y causas civiles y criminales tocantes al dicho oficio de almirantazgo y de virrey y gobernador, según falláredes por derecho, e según lo acostumbran usar y ejercer los almirantes de nuestros reinos [1].
 
Como recuerda el Poder Judicial de la República Dominicana: Es por esto que el Almirante o sus delegados ejercieron la jurisdicción penal y la administrativa como se advierte en el Conflicto de las Lanzas Jinetas y en la Rebelión de Roldán, así como en los castigos a indios que fueron apresados por Alonso de Ojeda, y en otros casos como los colgados que encontró Bobadilla a su llegada [2].
 
Dióscoro Puebla | Primer desembarco de Cristóbal Colón en América (1862)
 
A continuación, el tercer poder dominicano explica ambos litigios:
  1. La primera infracción registrada en La Española se trata de un delito de “Lesa Magestatis”. Nos referimos a la Rebelión de Roldán (…). Francisco Roldán Jiménez, Alcalde Mayor de La Isabela desde 1496 (…) se rebeló junto a cincuenta hombres (…) contra la autoridad de los hermanos Diego y Bartolomé Colón (…). Los rebeldes se resistían a lo que consideraban tiranía de la familia Colón, pero se consideraban servidores de los Reyes Católicos. La paz se restableció con el reparto de tierras e indios y porque Bartolomé carecía de los refuerzos necesarios para enfrentarse al levantamiento.
  2. El primer pleito que se produjo en La Española fue el “Conflicto de las Lanzas Jinetas” desarrollado luego del Segundo Viaje de Colón en 1493, y que tiene sus antecedentes justo antes de embarcarse para La Española, pues los Reyes Católicos como manifestación de su autoridad y para ejercer cierto control militar enviaron en la expedición a veinte escuderos lanceros de la Santa Hermandad, especie de cuerpo policial de la época, y Colón hizo todo lo posible para que éstos no se embarcaran en la expedición, siendo presionado a ello por Juan Rodríguez de Fonseca, Obispo de Burgos, Arcediano de Sevilla y Miembro del Consejo Real. Parece que Colón no quería ninguna fuerza que contrarrestara sus poderes sobre la expedición. De este modo, en el primer memorial de Colón a los Reyes en 1494 el Almirante lanzó la hipótesis de que los caballos traídos no eran los mismos que habían hecho la exhibición de armas en Sevilla, y que por ende, había sido un fraude, lanzando también la conjetura de que el mejor de ellos no parece que vale 2.000 maravedís. Realmente lo que había sucedido es que los animales habían padecido mucho durante la travesía y no estaban en óptimas condiciones, también habían variado su régimen alimenticio. (…) El 24 de abril de 1494 el Almirante parte de La Isabela y deja al mando de la factoría a su hermano Diego Colón. (…) El hecho de que dos miembros de la familia Colón [Diego y Bartolomé] participaban en el gobierno de la colonia, sin mediar decisión de los Reyes, era concebido como un abuso de autoridad de esos extranjeros recién llegados que junto a las demás circunstancias motivó la rebelión de los hidalgos de La Isabela entre los que figuraban los escuderos o Lanzas Jinetas que fueron despojados de sus caballos para utilizarlos como bestias de tiro, en las construcciones y para otros servicios. Por eso, los lanceros sobrevivientes, 17 de los 20 originales que llegaron, regresaron a España (...) en algunas de las carabelas que había traído Bartolomé Colón. Al arribar al puerto de Cádiz, los escuderos reclamaron a la Corona sus armas y caballos, pues las armas se habían oxidado en el contacto con la humedad del trópico y los caballos habían sido dejados, considerándolos muertos. Los Reyes Católicos consideraron el hecho jurídico del despojo de los caballos como una confiscación, por tanto, sólo procedía otorgar la condigna indemnización. Encomendaron la solución del caso al licenciado Juan de Castilla, jurista que fue Rector de Salamanca. Finalmente, para no establecer un mal precedente, se puso el pago de las indemnizaciones a cargo de cada Capitanía de la Santa Hermandad a la cual pertenecía el escudero, salvando así a la Corona de Castilla y a la empresa colombina de dichas indemnizaciones [que ascendieron, en total, a 168.350 maravedíes].
 
Para concluir, recordemos que el 5 de octubre de 1511 por Real Provisión dictada en Burgos, firmada por el Rey Fernando [el Católico] y [por] Lope Conchillos, Secretario de la Reyna, ambos en nombre de doña Juana I de Castilla instituyen la Real Audiencia y Chancillería de Santo Domingo de la Isla Española en las Indias [2]. Fue el primer tribunal de justicia que se estableció en América.
 
Citas: [1] RUMEU DE ARMAS, A. Nueva luz sobre las capitulaciones de Santa Fe de 1492. Madrid: CSIC, 1985, p. 240. [2] La Función judicial en la Española.

miércoles, 10 de octubre de 2018

El Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la OMPI

En 1873, durante la celebración de la Exposición Universal de Viena, la capital austriaca también acogió un congreso internacional de patentes en el que muchos inventores pusieron de manifiesto su temor a presentar en público sus creaciones; tenían miedo de que otras personas les robaran sus ideas para explotarlas comercialmente en sus propios países. Con ese precedente, una década más tarde, Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, los Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza firmaron en París un convenio para proteger la propiedad industrial y constituir la pionera Unión Internacional. En su Art. 2, las once naciones se comprometieron a que: Los súbditos ó ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarán en todos los demás Estados de la Unión, en lo que se refiere á los privilegios de invención, los dibujos ó modelos industriales, las marcas de fábrica ó de comercio y el nombre comercial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en la actualidad ó concedan en lo sucesivo á los nacionales. Por consiguiente, tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier atentado á sus derechos; asimismo, se estableció el denominado derecho de prioridad (Art. 4) gracias al cual el solicitante de una patente contaba con el plazo de un año para efectuar su depósito en otro país que hubiera firmado aquel Convenio de París de 20 de marzo de 1883.

Antes de finalizar el siglo XIX se adoptaron otros dos nuevos instrumentos jurídicos: el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas –por iniciativa del escritor Víctor Hugo– y el Arreglo de Madrid de 1891. Dos años más tarde, las secretarías que administraban los convenios francés y suizo se fusionaron en las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI, por sus siglas en francés: Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle) con sede en Berna (Suiza) que permanecieron activas hasta 1970, cuando entró en vigor el Convenio que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) –en inglés: World Intellectual Property Organization (WIPO)– firmado en Estocolmo (Suecia), el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Los fines de esta organización son (Art. 2): fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones [en referencia a las Uniones Internacionales creadas por los convenios de París y Berna].

En 1974, la OMPI se convirtió en uno de los quince organismos especializados de las Naciones Unidas tras firmar un acuerdo con la ONU (en base a los Arts. 13 del Convenio de Estocolmo y 57 de la Carta de las Naciones Unidas) y, desde entonces, esta organización administra 26 tratados internacionales sobre protección, registro y clasificación de la propiedad intelectual, como el Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (de 1977), el Arreglo de Locarno que estableció una clasificación de los dibujos y modelos industriales (1979) o el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de 24 de junio de 2012.

En ese contexto, el 1 de octubre de 1994 entró en vigor el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la OMPI [en inglés, WIPO Arbitration and Mediation Center (AMC)] para ofrecer servicios extrajudiciales de solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas. Esta dependencia administrativa se autodefine como: un proveedor de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro que ofrece opciones rápidas y eficaces en función de los costos para la solución de controversias (nacionales o transfronterizas) sin recurrir a la vía judicial (…) en materia de propiedad intelectual y tecnología. El Centro de la OMPI también es el líder mundial en la prestación de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

El CAM –con sede en Ginebra (Suiza) y delegación en Singapur– emplea cuatro procedimientos para resolver las controversias que se pueden agrupar en dos categorías:
  1. No vinculantes: En una mediación, no se puede imponer una decisión a las partes. A diferencia del árbitro o el juez, el mediador no toma decisiones. La función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo sobre la solución de la controversia (*). Se regula por el Reglamento de Mediación de la OMPI, vigente desde 2016 (*).
  2. Vinculantes: a) Arbitraje: según el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, de 2014, las partes se comprometen a ejecutar sin demora el laudo del tribunal arbitral (integrado por tres árbitros). Los laudos internacionales son ejecutados por los tribunales nacionales en virtud de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras Hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (*); b) Arbitraje Acelerado: es una forma de arbitraje que se lleva a cabo en un lapso de tiempo reducido [por ejemplo: el escrito de demanda se debe presentar junto con la solicitud de arbitraje y no con posterioridad y por separado] y a bajo coste [las tasas de registro y administrativas son inferiores a las que se aplican a un arbitraje sustanciado conforme al Reglamento de Arbitraje de la OMPI] por un único árbitro; y c) La decisión de un experto: procedimiento por el cual una controversia o una diferencia de orden técnico, científico o comercial entre las partes se somete a uno o varios expertos que dictarán una decisión. La decisión de experto es vinculante, salvo que las partes decidan lo contrario. (En función de la elección de las partes, el proceso de decisión de experto podrá ser precedido por una mediación o seguido por un arbitraje [acelerado].
Por lo que se refiere a la temática de los asuntos resueltos por el Centro de la OMPI, destacan los acuerdos de financiación de producciones artísticas o de comercialización de arte; las disputas relativas a contratos de consultoría e ingeniería, derechos de autor; los acuerdos de distribución de productos farmacéuticos; acuerdos de tecnología de la información (incluyendo licencias de software, acuerdos de joint venture, infracciones de patentes, licencias de patentes, acuerdos de investigación y desarrollo); acuerdos de transferencia de tecnología; acuerdos relacionados con las telecomunicaciones; cuestiones de marcas (incluidos los acuerdos de coexistencia de marcas), derechos de distribución de TV así como casos derivados de acuerdos en litigios judiciales anteriores (*).

lunes, 8 de octubre de 2018

La lápida del abogado Marco Oppio

En 1933, el arqueólogo Casto Mª del Rivero publicó en Madrid una obra titulada El lapidario del Museo Arqueológico Nacional: Catálogo ilustrado de las inscripciones latinas (*). En su preámbulo [p. XI] recuerda que, en la Hispania romana, la división de la Península [Ibérica] en conventos jurídicos tenía carácter judicial, en cuyas capitales se reunía el tribunal correspondiente; como, por ejemplo, el convento cartaginense, ubicado en Cartago Nova [actual ciudad de Cartagena] e integrado en la provincia Tarraconense [con capital en Tarraco (Tarragona)]. Para del Rivero, el lugar del hallazgo de una inscripción era de tanta importancia que ese fue el criterio que le sirvió de fundamento para ordenarlas. Una de aquellas lápidas, la que reproduce en la pág. 85, es una piedra de jaspe gris procedente del Castillo de la Concepción, situado en la estratégica colina del mismo nombre que domina Cartagena y que inventarió con el número 16486 en los fondos del Museo Arqueológico Nacional (MAN).

La singularidad de dicha lápida funeraria –de 53,5 x 80 x 20 cm.– radica en las tres líneas de su texto: esta disposición gráfica –con letras de tamaño mucho mayor en la primera línea que en las otras dos– marca una separación clara entre la parte en prosa y la parte métrica de la inscripción [1]. Dice así: M. Oppius M. f. Foresis ars hic est sita, flet titulus se relictum [Traducido sonaría así: «Marco Oppio, hijo de Marco. El arte del foro aquí está enterrado. Llora la inscripción por haber quedado abandonada»] [2].

Es decir, nos encontramos ante el epitafio sepulcral de un abogado cartagenero que ejerció en el foro del convento jurídico de su ciudad hace veinte siglos (entorno al s. I d.C.) y que incluye su nombre, el elogio del difunto y el lamento por su muerte; la estructura habitual de una dedicatoria conocida como epigrama funerario. Probablemente, se trate de uno de los documentos españoles más antiguos que haga referencia a la profesión de la abogacía.

Cita: [1] HERNÁNDEZ PÉREZ, R. “El epitafio poético del abogado Marco Oppio (CIL II 3493, ad CLE 224: Carthago Nova). En Faventia, 19/2, p. 99. [2] Ob. cit. p. 98.

viernes, 5 de octubre de 2018

Los elementos del ensañamiento

Según el Diccionario de la RAE, el ensañamiento es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito. Mientras que para el DEJ se trata de un aumento deliberado e innecesario del sufrimiento de la víctima durante la comisión del delito. En esencia, ambas definiciones nos remiten a la quinta circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de acuerdo con el Art. 22 del Código Penal español [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre]: Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Este precepto no menciona el ensañamiento de forma explícita pero, sin duda, se refiere a él.
 
Donde sí que se contempla, expresamente, es en otros tres artículos posteriores:
  1. El Art. 139.1 CP castiga con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: (…) 3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido;
  2. El Art. 148 CP aumenta la pena de prisión de las lesiones, de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: (…) 2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía; y
  3. Entre los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, el Art. 337.2 CP castiga con la pena de tres meses y un día a un año de prisión al que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje, si hubiera mediado ensañamiento.
A partir de ese marco normativo, la profesora Alonso ha identificado tres elementos entorno a los cuales, en su opinión, gravita el ensañamiento:
  1. Aumentar el sufrimiento o el dolor de la víctima u ofendido con padecimientos innecesarios para la ejecución;
  2. Que ello se haga deliberadamente; e
  3. Inhumanamente; aunque no hay acuerdo sobre el contenido o alcance de tales elementos [ALONSO ÁLAMO, M. El ensañamiento. Granada: Comares, 2015, pp. 3 y 4].
Para una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo –entre otras, la STS 2379/2018, de 18 de junio (ECLI:ES:TS:2018:2379)– se requieren tan solo dos elementos para apreciar el ensañamiento: uno objetivo, constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima.
 
Cuadro: Nadia Vuillaume | Conflicto (2016)

miércoles, 3 de octubre de 2018

Los principios constitucionales del procedimiento de «impeachment»

El Art. 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787, dispone que se deposita el poder ejecutivo en un Presidente (…) que desempeñará su encargo durante un término de cuatro años y, juntamente con el Vicepresidente designado para el mismo período. A continuación, regula cómo se llevará a cabo su elección (sección primera), cuáles son sus atribuciones [secciones segunda (donde está previsto que su facultad para suspender la ejecución de las sentencias y para conceder indultos tratándose de delitos contra los Estados Unidos, excluya los casos de acusación por responsabilidades oficiales) y tercera]; y, finalmente, su cuarta sección donde se prevé que: El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.

A este juicio político se le denomina «impeachment» y, según el Diccionario del Español Jurídico, se puede definir como el procedimiento que permite en los sistemas anglosajones la imputación criminal y procesamiento de altos cargos. La competencia se atribuye ordinariamente a la Cámara Alta (*).

Por el característico sistema de contrapesos que define la separación de poderes estadounidense [checks and balances], en este proceso intervienen los tres poderes; así, el apartado 5 de la segunda sección del Art. 1 de su ley fundamental establece que: La Cámara de Representantes [salvando las distancias, se correspondería con el Congreso de los Diputados español] elegirá su presidente y demás funcionarios y será la única facultada para declarar que hay lugar a proceder en los casos de responsabilidades oficiales. El poder legislativo continúa su actuación en la Cámara Alta; según la sección tercera del Art.1: (…) 6. El Senado poseerá derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por responsabilidades oficiales. Cuando se reuna con este objeto, sus miembros deberán prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente de los EE.UU deberá presidir el del Tribunal Supremo. Y a ninguna persona se le condenará si no concurre el voto de dos tercios de los miembros presentes. 7. En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos; pero el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho; es decir, en un procedimiento de «impeachment» contra el presidente de los EE.UU. (poder ejecutivo), la acusación por un delito o falta grave la instruye la Cámara de Representantes y se juzga en el Senado (poder legislativo), bajo la presidencia del más alto representante del poder judicial.

Estos principios constitucionales han sido desarrollados tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado [al respecto, puedes consultar el documento An Overview of the Impeachment Process, de T.J. Halstead (*)].

El origen de este juicio político se remonta a la Inglaterra medieval cuando el Parlamento de Westminster lo implantó para que los consejeros del rey se responsabilizaran de sus malas conductas (por ejemplo, en 1376 ya se empleó contra el barón William Latimer, acusado de corrupción). Al otro lado del Atlántico, su inclusión en la Constitución de los Estados Unidos generó un gran debate sobre a qué conductas delictivas debía afectar y, finalmente, se impuso el criterio del Delegado de Virginia en la Federal Constitutional Convention –y cuarto presidente de los EE.UU.– James Madison.

Theodore R. DavisJohnson's impeachment trial in the U.S. Senate (1868)

Desde finales del siglo XVIII, la Cámara de Representantes ha iniciado más de medio centenar de procedimientos; el primero de todos ocurrió en 1797 contra William Blount, senador por Carolina del Norte, por instigar una insurrección de los indios que favorecía los intereses británicos (no fue condenado por aquellos hechos pero sí que se le expulsó de la Cámara Alta); aunque los dos «impeachment» más célebres han sido –sin lugar a duda– los que afectaron a dos presidentes: en 1868, a Andrew Johnson, y en 1998, a Bill Clinton (ambos del Partido Demócrata). En los dos procesos, el juicio se instruyó en la Cámara de Representantes pero fueron absueltos al ser juzgados por el Senado (Johnson por apenas un voto de diferencia). En cuanto a Richard Nixon (Republicano) dimitió en 1974 antes de que fuera reprobado en un juicio político por el escándalo del Watergate.

PD: en Puerto Rico, este procedimiento se denomina residenciamiento (Art. III, sección 21 de la Constitución de 1952): La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador.

lunes, 1 de octubre de 2018

La «cláusula del miedo»

El jugador Enes Ünal –cedido por el Villarreal al Real Valladolid– no pudo disputar el partido de LaLiga que enfrentó a estos dos equipos de la primera división española, el 30 de septiembre de 2018, porque al delantero turco se le aplicó la denominada “cláusula del miedo” prevista en su contrato de cesión. Ese mismo mes, otra situación análoga impidió al defensa Raúl Albentosa –que fue cedido por el Deportivo de La Coruña al Nàstic de Tarragona– que vistiera los colores de su nueva equipación al enfrentarse a los de Riazor. Se trata, por si alguien no está familiarizado con el giro, de una disposición por la cual se impide al jugador que cambia de aires enfrentarse a su anterior equipo, so pena de pagar una multa o compensación económica cuantiosa; según la crónica de la FUNDEU (*); es decir, si el club cesionario opta por alinear al jugador cedido tendrá que pagar al equipo cedente la indemnización que hubieran pactado (situación que, en España, por ejemplo, se produjo en 2015 cuando la Real Sociedad se comprometió a abonar 100.000 euros al Granada por poner bajo la escuadra al guardameta Oier Olazábal cedido por el club andaluz a los donostiarras).

Partiendo del principio de autonomía de la voluntad establecido por el Art. 1255 del Código Civil [Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público], la cuestión que se plantea aquí es dilucidar si estas cláusulas del miedo pueden ser contrarias a la normativa.

En principio, el Art. 43 del Estatuto de los Trabajadores [Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (ET)] sí que permite la cesión de trabajadores temporalmente a otra empresa pero condiciona esta práctica laboral de modo que solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan; sin embargo, el mundo del deporte representa una excepción a dicha generalidad.

El Art. 11 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, que reguló la relación laboral especial de los deportistas profesionales, estableció la excepción en caso de cesión temporal de deportistas: 1. Durante la vigencia de un contrato los clubes o entidades deportivas podrán ceder temporalmente a otros los servicios de un deportista profesional, con el consentimiento expreso de éste. 2. El club o entidad deportiva deberá consentir la cesión temporal del deportista a otro club o entidad deportiva cuando a lo largo de toda una temporada no hayan sido utilizados sus servicios para participar en competición oficial ante el público. 3. En el acuerdo de cesión se indicará expresamente la duración de la misma, que no podrá exceder del tiempo que reste de vigencia del contrato del deportista profesional con el club o entidad de procedencia (…).


A raíz de que el delantero Fernando Morientes –cedido por el Real Madrid al Mónaco en 2003– marcara dos de los tres goles que eliminaron a sus antiguos compañeros de la Liga de Campeones, dando el pase a los monegascos hasta la final de 2004, el club blanco comenzó a incorporar esta cláusula cuando cedía temporalmente a uno de sus jugadores a otro equipo, convirtiéndose en una práctica habitual en España e incluso en otros países (por ejemplo, le ocurrió al Chelsea en 2014 con el portero Thibaut Courtois, cedido en aquella época al Atlético de Madrid, cuando el sorteo de la Champions les emparejó con los colchoneros y los ingleses pretendieron exigir 5.000.000 de euros a los madrileños por permitirles alinear al cancerbero belga bajo su portería). La UEFA -como recuerda Laura Miró (*)- negó la validez de la cláusula del miedo en su competición.

Quienes consideran que esta práctica es ilegal porque atenta contra el derecho de los trabajadores a la ocupación efectiva [Art. 4.2.a) ET] se basan en el tenor literal del Art. 18.bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA: Ningún club concertará un contrato que permita al/los club(es) contrario(s) y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club [en principio, el ámbito de aplicación de este precepto se restringiría a la cesión de jugadores entre clubes de distintas asociaciones, o lo que es lo mismo, en competiciones de carácter internacional, pero el Art. 1.3.a) de dicho Reglamento incluye, expresamente, el Art. 18.bis entre las disposiciones que también son obligatorias en el ámbito nacional y que deben incorporarse sin modificación al reglamento de la asociación (en nuestro caso, aún está pendiente en la Real Federación Española de Fútbol)].

Para complicar más los efectos de esta polémica cláusula, la FIFA adoptó la Circular 1464, en Zúrich (Suiza), el 22 de diciembre de 2014, recordando a los miembros de la Federación que el mencionado Art. 18.bis entró en vigor el 1 de mayo de 2015.

A partir de esa fecha, aunque la FIFA podría imponer sanciones disciplinarias a los clubes que hayan hecho valer los contratos de cesión que contengan dicha cláusula –al menos, en teoría– en España, la realidad es que, en la práctica, continúa aplicándose.

viernes, 28 de septiembre de 2018

Las cuatro leyes de la escritura, de Solange Pellat

Aunque en el campo de la Grafología, este autor es considerado como un verdadero referente en la materia, lo cierto es que apenas se conocen datos biográficos de [Edmond] Solange Pellat; de modo que, por ejemplo, la Bibliothèque nationale de France (BnF) –que conserva dieciséis obras suyas (entre libros, actas y artículos)– tan solo menciona que nació en París en 1875 y que falleció el 17 de noviembre de 1931. Por la portada de su estudio L'écriture caressante (1903) sabemos que fue miembro del Consejo de la Societé de Graphologie y por otro volumen de 1906 que participó en el I Congrès international des sciences de l'écriture con una ponencia en la que defendió la ayuda que la grafología podía prestar a la educación. En España, el tomo 43 de la Enciclopedia Espasa-Calpe [Madrid (1966), p. 136] añade tres nuevos apuntes: que era hijo del físico y profesor de La Sorbona Joseph Solange Henry Pellat (1850-1909), que estudió en el Liceo Louis-le-Grand del Barrio Latino de París y que ejerció la profesión de perito calígrafo de los tribunales.
 
Entre la producción bibliográfica de Pellat destacan sus dos obras cumbres: Les lois de l'écriture (1927) y L´Universalité des lois de l'écriture (1928) donde desarrolló el concepto de que Les lois graphonomiques sont indépendantes des alphabets employés (las leyes grafonómicas son independientes del alfabeto empleado); una idea que acuñó en el artículo Le geste graphique, publicado en el tomo 80 de la Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, el segundo semestre de 1915 [p. 319].
 
En este punto conviene explicar que el término “Grafonomía” [graphonomie], acuñado por él mismo, se define como una de las ciencias de la escritura cuyo objeto de estudio es el examen científico de los elementos gráficos que componen la escritura manuscrita (presión, velocidad, espacio, forma…) y su interrelación en el proceso escritural, según la experta en pericia caligráfica Mª José Mártir Alario [El análisis grafonómico (2015). Almería: Círculo Rojo].
 
Siguiendo la investigación de Miguel Ángel Robles (*): La acción de escribir se descompone en una serie de gestos o movimientos que se fijan en el papel y se realizan de acuerdo con las leyes de la física y los principios de la fisiología; por lo que es lógico pensar que si puede individualizarse la escritura de cada persona es porque está sometida a unas determinadas leyes. Junto al principio de que estas leyes sean independientes del alfabeto que se emplea al escribir, Pellat formuló cuatro leyes generales:
  1. Ley del impulso cerebral: el gesto gráfico está sometido a la influencia inmediata del cerebro. El órgano que escribe [ya sean manos, pies, boca o incluso el antebrazo de un lisiado] no modifica la forma de aquél si funciona normalmente y está adaptado suficientemente a su función.
  2. Ley de la acción del yo: cuando uno escribe, el yo está en acción, pero el sometimiento casi inconsciente de esta actuación pasa por alternativas continuas de intensidad y debilidad. Adquiere el máximo de intensidad cuando tiene que realizar un esfuerzo, es decir, en los comienzos, y el mínimo cuando el movimiento de la escritura viene secundado por el impulso adquirido, o sea, en los finales. Observando que en ello hay un fenómeno que actúa de manera continua en las personas normales, que tienen conciencia de que escriben. Desaparece en los alineados, que trazan series de palabras a la manera de los autómatas. Y tiene consecuencias que explican las comprobaciones hechas desde hace mucho tiempo por los grafólogos, sin conocerlo.
  3. Ley de la marca del esfuerzo: No se puede modificar voluntariamente en un momento dado la escritura natural más que dejando en su trazado la señal del esfuerzo realizado para lograr el cambio. Añadiendo acertadamente –según Robles– que la marca del esfuerzo para obtener un cambio –detención brusca, gancho, aceramiento, brisado, desviación, etc.– puede confundirse a simple vista con la señal de una distracción, de una ligera interrupción de redacción o de una incertidumbre de ánimo, pero existe desde el momento en que hay una intervención momentánea de la voluntad.
  4. Ley de la permanencia de los caracteres: El que escribe en circunstancias en que el acto de escribir es particularmente difícil, traza instintivamente, o bien formas de letras que le son más habituales, o bien formas sencillas y fáciles de construir. Y añade que (…) esta ley es consecuencia del principio del mínimo esfuerzo, que ejerce notoriamente su influencia en personas que se ponen a escribir ocasionalmente con la mano izquierda, en las que añaden interlineados en un texto, en las que se encuentran en un vehículo en marcha y, en fin, en las que están enfermas en la cama. Esta noción tan sencilla no es, desgraciadamente, tenida siempre en cuenta por los que trabajan para la Justicia. Desempeña un papel importante en las peritaciones sobre anónimos, en escritos fraudulentos y en testamentos ológrafos, muchos de los cuales son redactados por personas muy debilitadas fisiológicamente.

miércoles, 26 de septiembre de 2018

¿Qué es la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN)?

En dos artículos de la Ley del Gobierno [Ley 50/1997, de 27 de noviembre] se dispuso que al elaborar un proyecto de ley (Art. 22.2) o un reglamento (Art. 24.1.a), ambas disposiciones irán acompañadas por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. De conformidad con esos preceptos, el Gobierno español aprobó el breve Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se reguló la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN), que deberá redactar el órgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de este (Art. 1.2) incluyendo, en un único documento, las memorias, estudios e informes que se contemplan en la Ley de Gobierno.

De acuerdo con su preámbulo: La finalidad última de la Memoria del análisis de impacto normativo será garantizar que a la hora de elaborar y aprobar un proyecto se cuente con la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios y agentes. Para ello, resulta imprescindible motivar la necesidad y oportunidad de la norma proyectada, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines que se buscan y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se derivarán para los agentes afectados, así como su incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias.

Aquel reglamento de 2009 fue derogado por el actual Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo para adecuarlo a lo previsto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modificó la Ley de Gobierno.

El nuevo desarrollo reglamentario de 2017 puso especial énfasis en que tanto la Unión Europea [se refiere a la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 16 de marzo de 2005, «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo de la Unión Europea» y al denominado «Paquete de Mejora Normativa» o «Better Regulation Package», publicado por la Comisión Europea el 19 de mayo del 2015] como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [en relación con la Recomendación sobre política normativa y gobernanza de 2012 y su informe de 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement»] defienden una regulación inteligente que permita dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas administrativas, siendo la evaluación ex ante, a través de las memorias del análisis de impacto de las normas uno de los instrumentos clave para alcanzar dicho objetivo.

El fin del nuevo Reglamento es desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias (Art. 1).

Cada MAIN debe contener diez apartados (Art.2):
  1. Oportunidad de la propuesta de norma que en todo caso identificará sus fines;
  2. Contenido y análisis jurídico, que resumirá las principales novedades introducidas por la propuesta de norma, incluirá una referencia a su engarce con el derecho nacional y de la Unión Europea y contendrá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la misma;
  3. Análisis sobre la adecuación de la propuesta de norma al orden de distribución de competencias, precisando el título o títulos competenciales en el que se basa la norma;
  4. Impacto económico y presupuestario (evaluando las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la propuesta de norma);
  5. La detección y medición de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia a las pequeñas y medianas empresas (el llamado “test pyme”);
  6. Impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia;
  7. Otros impactos que pudieran ser relevantes a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad;
  8. Análisis sobre coste-beneficio;
  9. Descripción de la tramitación y consultas que incluirá un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública; y
  10. Evaluación ex post que incluirá la forma en la que se analizarán los resultados de la aplicación de las normas.

lunes, 24 de septiembre de 2018

El original Estatuto de Korčula de 1214

A comienzos del siglo XIII, una pequeña isla del Mar Adrático abolió con severidad la esclavitud; prohibió la importación de vino; dictó sorprendentes normas de urbanismo para reducir los efectos del viento y el sol y proporcionar a los ciudadanos unas viviendas confortables gracias a que las calles se diseñaron de acuerdo con la forma de la raspa de un pez; y logró que todos sus habitantes se involucraran en la resolución de cualquier delito al tener que colaborar con las autoridades para atrapar a los delincuentes. Hoy en día, la evolución histórica de Kórtchula (Kórchula, Korkula, Korčula o Curzola, según queramos transcribir su nombre al castellano) no se puede entender sin el instrumento jurídico que su gobierno local adoptó hace ya más de 800 años, aún bajo soberanía de Venecia. En su memoria, la angosta calle principal de la capital –la espina dorsal que discurre entre la puerta principal de las murallas y la plaza de san Marcos, pasando por la catedral– se denomina: Ulica Korčulanskog statuta 1214; es decir, calle del Estatuto de Korčula de 1214.


Los actuales korchulanos descienden de los ilírios que llegaron al litoral de Croacia durante el primer milenio a.C.; los griegos que la colonizaron en el siglo VI a.C. llamándola Corfú Negra [Korkyra Melaina], por su similitud con Corfú y su frondosa vegetación; los romanos que la incorporaron a su Imperio en el siglo III a.C.; y, con el cambio de era, sucesivamente, de los godos, bizantinos, croatas y venecianos.

En esa última época –que transcurrió entre los siglos X y XV– cuando Venecia era una de las dos grandes potencias de la región adriática, rivalizando con la cercana Ragusa (actual Dubrovnik), situada a menos de 50 millas, el Consejo General de la ciudad e isla de Korčula aprobó el texto en latín del denominado Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae [en croata: Korčulanski statut] que reguló la administración insular y reforzó su autonomía local frente al poder del Dux, convirtiéndose en uno de los textos jurídicos más antiguos del mundo eslavo. Aquel pergamino original con el texto manuscrito fue revisado en 1265 y, posteriormente, lo fueron adaptando otras localidades próximas como Dubrovnik (en 1272), Brač (1305), Split (1312) o Trogir (1322).

El estatuto reguló los derechos y obligaciones de sus habitantes en esferas muy diversas de su vida (sanidad, comercio, seguridad, salud, agricultura, ganadería, viticultura, pesca, tributos, planificación urbana, relaciones familiares o el sutil papel de la Iglesia en el nombramiento de cargos políticos), la organización del autogobierno local y la cooperación con otras entidades, aplicando la ley y el orden; algo que no deja de ser excepcional en un tiempo marcado –en el resto de Europa– por los regímenes feudales.


El editor del blog, en la entrada de la muralla de Korčula

NB: como curiosidad, cuarenta años después de que se aprobara el Estatuto de Korčula, en esta misma ciudad –se dice– que nació Marco Polo. PD: esta ha sido la entrada número 1.600 del blog.

viernes, 21 de septiembre de 2018

¿Qué es la lista consolidada de sanciones?

La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco (EE.UU.) el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de aquel año. Su Art. 7 estableció cuáles son sus seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Centrándonos en el segundo de ellos, el capítulo V de la Carta reguló su composición –está integrado por quince miembros, cinco de ellos (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) son permanentes; y otros diez, elegidos por la Asamblea General, tienen carácter no permanente–; sus funciones y poderes, la votación y el procedimiento para que pueda funcionar de forma continuada. En ese marco, el Art. 29 dispuso que el Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. Posibilidad que también se recoge en el Art. 28 del Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/96/Rev.7), adoptado en 1946 y revisado en 1982: El Consejo de Seguridad podrá nombrar una comisión, un comité o un relator para una cuestión determinada. 

Entre esos órganos subsidiarios –integrados por representantes de los quince miembros del Consejo– se encuentran los Comités de Sanciones. Su base legal es el Art. 41 de la Carta: El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

De conformidad con este precepto, desde 1966, el Consejo de Seguridad ha establecido treinta regímenes de sanciones en Rhodesia del Sur [actual Zimbabue], Sudáfrica, la antigua Yugoslavia, Haití, Iraq, Angola, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Eritrea, Etiopía, Liberia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Sudán, Líbano, Corea del Norte, Irán, Libia, Guinea-Bissau, República Centroafricana, Yemen y Malí, así como contra Al-Qaeda y los talibanes (*).

Según el propio Consejo de Seguridad, la finalidad de las sanciones obligatorias es ejercer presión sobre un Estado o entidad para que respete los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad sin recurrir al uso de la fuerza. Para el Consejo de Seguridad, las sanciones son pues un instrumento importante para hacer cumplir sus decisiones. Debido al carácter universal de las Naciones Unidas, el Consejo es un órgano especialmente apropiado para establecer y supervisar medidas de este tipo. El Consejo ha utilizado las sanciones obligatorias como instrumento para hacer respetar sus decisiones cuando se ha puesto en peligro la paz y ha fracasado la vía diplomática. Hay sanciones generales de tipo económico y comercial, y otras más específicas, como el embargo de armas, la prohibición de viajar o las restricciones financieras o diplomáticas (**).

Pero estas medidas no afectan tan solo a Estados o grupos terroristas sino también a personas físicas y a entidades sujetas a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, cuyos nombres son los que figuran en la lista consolidada de sanciones; por ejemplo, BUTEMBO AIRLINES (BAL) –una compañía aérea privada de la República Democrática del Congo– fue incluida en la lista el 29 de marzo de 2007 en virtud de las medidas establecidas en el párrafo 20 de la resolución 1493 (2003), de 28 de julio, porque sus vuelos comerciales se empleaban para transportar oro, raciones y armas del grupo rebelde FNI (Front des Nationalistes et Intégrationnistes) entre las localidades de Mongbwalu y Butembo, lo que constituía una “prestación de asistencia” a los grupos armados ilegales y violaba el embargo de armas. La versión de este listado, actualizada a 10 de abril de 2018, puede consultarse en el siguiente enlace (***).

miércoles, 19 de septiembre de 2018

La creación de la Escuela Judicial

Actualmente, el Art. 301.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), dispone que: El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez se producirá mediante la superación de oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. A continuación, el Art. 307 configura este órgano técnico –con un régimen jurídico semejante a la Secretaría General o el Servicio de Inspección– como un centro de selección y formación de jueces y magistrados dependiente del Consejo General del Poder Judicial, [que] tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella. Dicha preparación incluye: un programa teórico de formación multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales y un período en el que los jueces en prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente (…). Los que superen el curso teórico y práctico serán nombrados jueces por el orden de la propuesta hecha por la Escuela Judicial.

De acuerdo con esta norma, su ámbito de actuación no se limita a formar a los futuros jueces que ingresarán en la carrera judicial sino que también desarrollará los programas e impartirá los cursos de formación que integren el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial (Art. 433 bis LOPJ); de este modo, el CGPJ garantizará que todos los Jueces y Magistrados reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de alta calidad durante toda su carrera profesional (ídem). Junto a lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial, hoy en día, su marco jurídico se completa con los 46 artículos del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial.


Con esa regulación, el centro formativo del CGPJ inició su actividad el 26 de febrero de 1997 en la sede de Barcelona pero su origen se remonta a mediados del siglo XX.

La Ley de 26 de mayo de 1944 sobre creación de la Escuela Judicial justificó la necesidad de establecer esta institución porque se precisaba –según su preámbulo– que el instrumentó humano consagrado al servicio de la Justicia sea en función de su depurada cultura y elevada formación moral, espejo en cuya excelencias pueda hallar ejemplo el pueblo español por la fulgente gama de sus altas virtudes e insuperables abnegaciones. Su Art. 1 dispuso que: Para selección y formación profesional de los Licenciados en Derecho que en lo sucesivo hayan de ejercer las funciones judiciales y fiscales se crea la «Escuela Judicial Española»; dependiente del Ministerio de Justicia e incorporada a, la Universidad española.

En 1945 se nombró director a Manuel de la Plaza y Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo, y secretario a Isidro de Arcenegui y Carmona, Subdirector General de Justicia Municipal. Ese mismo año, un Decreto de 2 de noviembre aprobó su Reglamento y, en 1948, un nuevo Decreto de 4 de junio autorizó al Ministerio de Justicia para convocar oposiciones a ingresos en la «Escuela Judicial Española» –sesenta plazas– que, finalmente, comenzó su primer curso en 1950, en Madrid.

Aun así –como recuerda el CGPJ (*)– es posible encontrar sus precedentes remontándonos al siglo XIX, en un Real Decreto promulgado el 22 de septiembre de 1836 [que] creó una Junta calificadora para la selección de jueces y magistrados, y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia durante la II República, incluyó la creación de la Escuela Judicial entre sus proyectos. Ya en 1939, acabada la Guerra Civil, se redactó un Proyecto de Ley por el que se creaba la Escuela Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, aunque el Gobierno terminó retirando el texto y presentando uno nuevo que contemplaba la posibilidad de integración de la Escuela Judicial en la Universidad.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Las mociones municipales de contenido político y no local

El Art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales [Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre] define moción como la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el Art. 91.4 de este Reglamento [En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas]. Podrá formularse por escrito u oralmente.

Partiendo de esta facultad, de un tiempo a esta parte, no resulta extraño que los grupos municipales lleven al pleno de sus Ayuntamientos debates sobre cuestiones que, en principio, están más cerca de su definición ideológica que de los asuntos locales; en ese contexto, por ejemplo, en muchas corporaciones se han planteado mociones contrarias al Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), firmado por la Unión Europea y Canadá; se ha instado al Gobierno al cierre definitivo de las centrales nucleares; se ha declarado la solidaridad con la ciudadanía mexicana por la construcción de un muro entre Estados Unidos y México anunciada por Donald Trump, rechazando su política migratoria; o se ha instado a reconocer al Estado de Palestina al tiempo que se solicitaba el apoyo a una campaña de boicot, desinversión y promoción de sanciones internacionales contra Israel.

En la normativa municipal podemos encontrarnos tres alternativas:
  1. No entrar a regular esta posibilidad; como, por ejemplo, el Art. 87 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Cáceres, de 2012, que define moción y regula quiénes pueden presentarlas, sus formalidades y tipos (ordinarias y urgentes) pero no aborda su contenido;
  2. Preverla: el Art. 77.3 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, de 2004: Excepcionalmente, las mociones se utilizarán para que el Pleno, en representación del Ayuntamiento o de la ciudad, formule una declaración de ideas o de sentimientos, de contenido meramente político, respecto a un problema que considere que le afecta; o
  3. Excluirla: el Art. 77.1 del Reglamento Orgánico de Valladolid, del mismo año, expresamente dispone que: Las mociones deberán tener un contenido de carácter municipal o afectar a la Ciudad de Valladolid [lo cual no ha impedido que la capital del Pisuerga se declarase “municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones”].

El problema surge cuando la moción que quiere proponer a debate un grupo municipal choca con la negativa del alcalde a incluirla en el orden del día; potestad que le atribuye el Art. 78.2 del mencionado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, siempre que motive su decisión: La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada.


Esta situación se produjo el 24 de noviembre de 2016 cuando el alcalde del municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta no incluyó en el orden del día de la convocatoria de un pleno ordinario del Ayuntamiento determinadas propuestas de acuerdo y mociones presentadas por el grupo político "Juntos por Castilleja" que versaban sobre el "apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local presentada en el Congreso de los Diputados"; otra propuesta abordaba la "situación de la educación pública andaluza"; otra sobre las "unidades de Gestión Clínica (UGC) y Productividad"; y una moción sobre "Titulaciones Hipotecarias" [Diario de Sevilla, 06/11/2017 (*)].

El asunto acabó en los tribunales y el 2 de junio de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de los de Sevilla dictó sentencia en procedimiento para la protección de derechos fundamentales allí seguido con el número de registro 24/2017, cuyo fallo era del siguiente tenor literal: "Inadmito por extemporáneo el recurso objeto de esta litis. Impongo a la parte actora, el pago de todas las costas procesales". Contra dicha sentencia se formuló recurso de apelación por la parte demandante, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, alegando que aquella actuación municipal se había apartado del procedimiento legalmente establecido. La sentencia 9303/2017, de 27 de septiembre, del TSJ andaluz falló de nuevo a favor del Ayuntamiento porque procedió a su desestimación de forma motivada y amparada normativamente en las facultades que confiere el Art. 78.2º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (…). Cuestión diferente es que no se esté de acuerdo con dicha decisión.

viernes, 14 de septiembre de 2018

La jurisprudencia sobre autopsias psicológicas

A la hora de redactar esta entrada, las autopsias psicológicas –apropiación directa del inglés: Psychologycal Autopsy– se mencionan tan solo en cuatro resoluciones judiciales españolas; por ejemplo, en la sentencia 2242/2016, de 25 de mayo, de la Audiencia Nacional [ECLI:ES:AN:2016:2242], la demandante presentó un escrito de reclamación de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración porque su hijo, un Guardia Civil, se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria sobre las 17,15 horas del día 1 de octubre de 2010, cuando se encontraba en su habitación en el Pabellón del acuartelamiento en Villanueva de la Cañada (Madrid), perdiendo la vida; según consta en los hechos probados.

A instancias de la propia parte demandante –madre del fallecido– se recabó el informe de "autopsia psicológica de conductas suicidas", sumamente ilustrativo sobre las circunstancias concurrentes, en el que se llega a unos resultados tras "entrevista con familiares, compañeros y mando" y se hacen constar los posibles "factores desencadenantes y señales de alerta detectadas" en relación con la familia –padre, madre y pareja–, con los mandos directos y con los compañeros y amigos –hasta cinco guardias civiles–, efectuándose un análisis global y llegando a unas conclusiones en las que para nada se hace constar algún tipo de problemática laboral o relacionada con la prestación del servicio, sin que tampoco se advirtieran antecedentes ni factores que hicieran temer o, siquiera, sospechar, la idea suicida; desestimándose su recurso contencioso-administrativo.

Un segundo ejemplo lo encontramos en la sentencia 14326/2015, de 18 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [ECLI:ES:TSJM:2015:14326] cuyo tercer fundamento de derecho señala que: (…) el Informe de Análisis de Autopsia Psicológica elaborado por la Sección de Análisis de Conducta de la Comisaría General de Policía Judicial, debidamente ratificado en juicio, concluye que 'la muerte de XX no parece presentar los caracteres propios de la etiología suicida...; y que XX , por trabajar en el ámbito sanitario, gozaba de una mayor facilidad para acceder a medicamentos que pudiera utilizar para quitarse la vida, sin necesidad de acudir al medio lesivo del disparo... Finalmente, su marido fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asesinato.

¿Qué es una autopsia psicológica? A partir de los dos ejemplos que acabamos de comentar podemos deducir que se trata de: un procedimiento de reconstrucción del estado psicológico de una persona al momento de su fallecimiento. Para ello se vale de la recolección de la mayor cantidad de datos para reconstruir un perfil siguiendo, en principio, una serie de protocolos y procedimientos. Su realización se requiere una reconstrucción biográfica del fallecido que incluye aspectos de personalidad, estilo de vida y estado mental mediante un método diferencial; de acuerdo con la conocida definición acuñada por Teresita García Pérez en su libro Pericia en Autopsia Psicológica [Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 2007], citada por Damián Guillermo Ricardo (*).

En cuanto al origen de este concepto, la doctrina científica ofrece diversas versiones que lo sitúan a mediados del siglo XX –entre finales de los años 50 y comienzos de los 60– en la Universidad de Washington, el Centro de Prevención de Suicidios de Los Ángeles o el Departamento Forense de esa misma ciudad californiana, gracias a la labor desarrollada por los doctores Edwin Shneidman, Robert Litman y Norman Farberow.

Como han señalado los profesores Agustina Vinagre y Juan Enrique Soto, el objetivo de la autopsia psicológica es inferir si la supuesta conducta suicida tenía algún sentido dado el momento vital de la víctima o ha resultado tan sorprendente que, analizados todos los aspectos de su esfera personal, no es posible aventurar ninguna causa que explique su comportamiento [Vinagre González, A. y SOTO, J. E. "Autopsia psicológica y perfil victimológico de caso único. Dos procedimientos diferentes". En III Anuario de Criminología SECCIF. Valladolid: SECCIF, 2018, en edición].
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