miércoles, 22 de mayo de 2019

La reforma tributaria de Alejandro Mon

A mediados del siglo XIX, tras aprobarse la Constitución de la Monarquía Española de 23 de mayo de 1845, se hizo evidente que el complejo sistema tributario del Antiguo Régimen necesitaba una reforma urgente porque, como resultado de la Guerra de Sucesión se suprimieron –entre 1707 y 1716– los organismos que administraban la Hacienda en la antigua Corona de Aragón (el Baile General y el Maestre Racional de la Corte, en cada reino aragonés) de modo que las instituciones hacendísticas tradicionales que pervivían al iniciarse el siglo XVIII eran castellanas: Consejo, Contaduría y Superintendencia; en referencia al Consejo de Hacienda, creado en 1523 y reformado profundamente en 1658; la Contaduría Mayor de Cuentas, creada en 1476; y la Superintendencia General de Hacienda, creada en 1687 (*). Un complejo sistema tributario que aún se basaba en la habitual preferencia de la Corona de Castilla por los impuestos indirectos, como la alcabala (salvando las distancias, el actual IVA) y determinados gravámenes al consumo.
 
La gran reforma se produjo en 1845 y fue obra del político y jurista asturiano Alejandro Mon y Menéndez; al instaurar la Hacienda española contemporánea que, a grandes rasgos, perduró hasta la transición a la democracia (una solidez similar a la que también tuvo entonces la reforma educativa de Claudio Moyano, capaz de mantenerse en vigor a pesar de los cambios políticos).
 
Nacido en Oviedo el 26 de febrero de 1801 –donde falleció el 1 de noviembre de 1882– a comienzos del siglo XXI, con ocasión de crear una Comisión Nacional para organizar los actos conmemorativos del segundo centenario de su nacimiento, la exposición de motivos de aquel Real Decreto 3455/2000, de 22 de diciembre, describió la decisiva acción fiscal de Mon del siguiente modo:
 
El Ministro de Hacienda García Carrasco nombró el 13 de diciembre de 1843 la Comisión que abrió paso a la llamada reforma tributaria de los moderados, que, en lo esencial, ha estado vigente hasta 1979, y que continúa viva en aspectos impositivos importantes. En esta Comisión se encontraban Javier de Burgos, Ramón Santillán y Alejandro Mon. Éste último, en 1845, convertiría en Ley [de 23 de mayo] los trabajos de la Comisión. Por eso, gracias a Mon se comenzó a poner orden en lo que llamaba entonces Jaime Balmes "el embrollo de la Hacienda". Ese esfuerzo, coordinado con los trabajos de la Comisión de García Carrasco, como ha señalado el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se hacía con la conciencia de que no se trataba de un enfoque impremeditado y ligero, sino pensado y ordenado tras varios años de esfuerzo.
 
 
Para el profesor Juan Cruz Alli (*), la reforma de 1845 –que se basó en los principios teóricos de reparto de la carga tributaria vigentes en Europa en aquél momento– tuvo un efecto positivo en la Hacienda pública ya que duplicó los ingresos, aunque esto no fue suficiente para cubrir el déficit presupuestario por la escasa potencia recaudatoria de los impuestos de producto (…). Con la refonna se absorbieron muchas rentas antiguas de escaso rendimiento, se crearon cinco nuevos impuestos, de los que sólo el de inquilinato era totalmente inédito, mientras que los restantes eran refundición de antiguos tributos. Nuestro primer sistema fiscal moderno era más general, justo y uniforme que el existente hasta 1845 y su éxito radicó en que se estableció un sistema tributario coherente, sistemático y general, sin alterar las tradiciones recaudatorias del país. Este sistema tributario cumplía el mandato constitucional de introducir los principios de generalidad (acabando con los privilegios fiscales y las fiscalidades paralelas), uniformidad territorial y sistematización que evitase el caos y duplicidades impositivas. La reforma de [Alejandro] Mon acabó con los principios tributarios del Antiguo Régimen [1].

Para Miguel Martorell y Santos Juliá, la reforma tributaria del 23 de mayo de 1845 -diseñada por Alejandro Mon y Ramón Santillán- cerró una larga etapa de caos asociada a la pervivencia del sistema impositivo del Antiguo Régimen, ineficaz y en plena descomposición. Siguiendo el modelo francés, Mon y Santillán simplificaron el sistema tributario que pasó de tener una profusión de pequeños tributos dispersos, muchos de ellos de ámbito local, a unos pocos impuestos grandes entre los que destacaban las contribuciones territorial e industrial y el impuesto de consumos. La reforma, vigente en sus trazas generales hasta finales del siglo XX, clarificó el mapa tributario que, por primera vez, fue común a todo el territorio nacional con excepción del País Vasco y Navarra [2].

Citas: [1] ALLI ARANGUREN, J. C. “La reforma fiscal de Mon-Santillán y su repercusión en Navarra”. Revista Jurídica de Navarra, 1995, nº 20, pp. 41-60. [2] MARTORELL, M. y JULIÁ, S. Manual de historia política y social de España (1808-2011). Barcelona: RBA, 2012, pp. 92 y 93. 

lunes, 20 de mayo de 2019

La pena de llenar la boca del ladrón de carneros con mierda de hombre

Tan escatológica condena se regulaba en el capítulo XVI del Título VII del Libro V del Fuero General de Navarra bajo el epígrafe: Qui pena ha qui furta carnero que traye cencerro. Manteniendo el castellano medieval, la norma afirmaba lo siguiente: Si algun furta en las oveyllas carnero que traye cencerro al pescuezo o canpanieyllo por amor que furte las oveyllas, et esto puede ser provado con bonos ombres, el ladron deve poner los dos dedos de su mano diestra, quiera o no, dentro en la canpaneta tanto quoanto entrar puedan. El baylle de seynor de la tierra deve fer tayllar tanto quoanto entridieren en la canpaneta dentro de los dedos; et encara puede iurgar en otra manera que fagan implir la canpaneta de mierda de ombre que sea rasa, et faga implir en la boca al ladron d’aqueylla mierda [1]. Para entenderla mejor, veamos la traducción y los comentarios realizados por diversos juristas.
 
En 1862, los abogados Amalio Marichalar y Cayetano Manrique señalaban al respecto que: En delitos de poca gravedad se encuentran penas muy originales y curiosas. El que hurtaba carnero entre ovejas, con cencerro ó campanilla, hurtando también ovejas, si fuere probado con buenos hombres, debia sufrir la pena de cortarle dos dedos de la mano derecha, tanto cuanto pudieren entrar en la campanilla, y el bayle del señor solariego hacia ejecutar la sentencia. Esta pena podia conmutarse, á elección del reo, con la de llenar la campanilla do escremento de hombre y vaciarla en la boca del ladrón [2].
 
Ya en el siglo XX, el abogado José Mª Iribarren afirmaba que: (…) nuestro Fuero de Navarra, que une a su gracia ingenua la dureza del medioevo, está lleno de alusiones pecuarias, de extrañas penas a los que hurtan animales (azores, gatos, bueyes, alanos). El que roba el morueco [“Carnero padre o que ha servido para la propagación” (RAE)] de las ovejas deberá devolver—dice un precepto del Fuero— otro carnero igual y nueve ovejas preñadas. Y al siguiente capítulo nos habla de la pena que tiene «qui furta carnero que trae cencerro». Es tan curiosa la sanción, que quiero transcribirla, pese a la crudeza de su arcaísmo: «Al que roba carnero que trae cencerro al pescuezo, le harán meter los dos dedos de su mano derecha, quiera o no, dentro del cencerro: Entonces—dice—el Justicia deberá tajarle los dedos tanto cuanto entraren en la campaneta». Y añade: «También pueden juzgar de otra manera. Y es que hagan implir (llenar) la campaneta de mierda de home hasta que esté rasa, y hagan implir en la boca del ladrón de aqueilla mierda» [3].
 
Citas: [1] JIMENO ARANGUREN, R. Los Fueros de Navarra. Madrid: BOE, 2016, p. 155. [2] Marichalar, A. y Manrique, C. Historia de la legislación y recitaciones del derecho civil de España. Madrid: Imprenta Nacional, 1861-1872, p. 331. [3] IRIBARREN, J. Mª. “Viñetas forales. Carneros y esquilas”. En: Revista Príncipe de Viana, 1941, nº 2, p. 167. [4] LANDA EL BUSTO, L. Historia de Navarra. Una identidad forjada a través de los siglos. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999, pp. 92, 93, 116, 117 y 200].
 
NB: sobre el Fuero de Navarra: Recién subido al trono Teobaldo I (1234-1253) (…) En 1238, se nombra una comisión de caballeros, eclesiásticos y ricos-hombres para redactar el Fuero Antiguo, primera constitución escrita del reino, donde el monarca queda subordinado a las leyes y fueros del reino, no pudiendo gobernar sin previo juramento del Fuero. (…) Le sucede en el trono, Teobaldo II (1253-1270) que, a sus catorce años, juró los fueros y prometió defender a todo el pueblo de Navarra. Los nobles consiguieron consolidar sus derechos no como privilegio, sino como exigencia constitucional, pero fueron marginados en las decisiones políticas. (…) Navarra se incorpora definitivamente a la Corona de Castilla el 7 de julio de 1515, decisión tomada en las Cortes castellanas, convocadas en Burgos (…) sin perder sus fueros y sus señas de identidad, encarnados en el escudo con las cadenas, que queda integrado en el emblema de España. (…) a partir del s. XVIII, los fueros representan para los navarros sus señas de identidad y les otorgan singularidad dentro de España. Porque los fueros no son un «puñado» de privilegios económicos, ni un pequeño reino de Taifas con su poder, sino una especie de cédula que conlleva honra, respeto y dignidad; es un distintivo, un patrimonio, una herencia, un status de todos y cada uno de los navarros. El Padre Isla (1746), con sorna, afirma que los navarros «veneran» a los fueros [4].

viernes, 17 de mayo de 2019

Callejero del crimen (X): la Torre de la Inquisición de Carcasona

Cuenta la tradición que Carlomagno (ca. 742-814), el emperador de los francos, sitió la ciudad mejor amurallada de la comarca del Languedoc –en la actual región francesa de Occitania– durante cinco años para expulsar a los sarracenos que la habían conquistado en la primavera del año 725; pero el monarca carolingio no contó con la astucia de Madame Carcas, viuda del emir Ballak que había ocupado la fortaleza. Se dice que esta mujer ordenó colocar muñecos de paja en los adarves del recinto defensivo para que, desde el exterior, diera la impresión de que aún contaban con suficientes tropas para resisitir y, a continuación, alimentó al único cerdo que había sobrevivido al asedio con los últimos granos de trigo que les quedaban y lo lanzó con una catapulta contra los sitiadores para que, al ver los restos desparramados del animal y los cereales, creyeran que aún disponían de suficientes víveres como para permitirse lanzárselos al enemigo. La treta funcionó, el emperador ordenó levantar el cerco y se firmó la paz con el consiguiente júbilo de la Dama que mandó hacer sonar las trompetas –Carcas sonne– dando nombre a la localidad: Carcassonne (Carcasona). Aunque es evidente que la leyenda medieval carece del menor rigor histórico, su relato forma parte del imaginario colectivo de sus habitantes y la imagen de la Dama Carcas aún preside el acceso al recinto por la Puerta de Narbona (en la fotografía superior).


El origen de la ciudadela que, hoy en día, continúa mostrándose como uno de los conjuntos medievales más impresionantes de toda Europa, se remonta a la Edad de Hierro. Desde entonces, esta árida colina situada en la margen derecha del río Aude, ha estado siempre fortificada por celtas, íberos, romanos, visigodos, musulmanes, francos... aunque su imagen actual se debe a la intervención del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, a mediados del siglo XIX, con una polémica restauración que añadió algunos elementos que no formaban parte de la estructura original, como los chapiteles de pizarra que coronan las torres, pero sin él es muy probable que no se hubiera conservado casi nada del conjunto porque sus piedras habrían sido empleadas para edificar la ciudad nueva [Basse-Ville] a los pies del promontorio.



En el siglo XII, Carcasona era un vizcondado que formaba parte del Languedoc, un territorio libre situado entre los reinos de Francia, al Norte, y de Aragón, al Sur; en aquella época, los conflictos no se resolvían ante ninguna autoridad real sino en un tribunal de prohombres sabios respetados por la comunidad (prud’homie, en francés; probi homines, en latín). Esta jurisdicción se ejercicio hasta que el joven vizconde Raimundo Roger Trencadel perdió la guerra contra los cruzados franceses y papales que le sitieron, combatiendo la herejía de los cátaros. Uno de los rincones más icónicos de la doble liza de sus murallas es la Puerta del Aude que da acceso al castillo y a la Torre de la Justicia, donde se hallan las mazmorras que se emplearon hasta el siglo XX, con los prisoneros alemanes capturados durante la I Guerra Mundial. A su lado, en la Torre de la Inquisición, se instaló el Tribunal del Santo Oficio en el siglo XIII.
 
Fue durante la restauración de Viollet-le-Duc cuando (…) en los sótanos de esta espeluznante torre, de planta casi circular, el arquitecto (…) pudo comprobar (…) que aquella terrible, oscura y lóbrega estancia fue la tumba de innumerables condenados a muerte que allí se olvidaron del mundo, abandonados a su suerte, sin comida ni agua; centenares de huesos humanos y detritos lo confirmaban (…). Al siniestro lugar solamente podía bajarse a través de una trampilla abierta en el suelo, por medio de una cuerda anudada o una escalera móvil; pero, sin lugar a dudas, el alzajón solo se levantaba para arrojar a las personas a su viaje sin regreso; puesto que, según los hallazgos, los cadáveres se fueron acumulando según iban falleciendo, bien por las torturas sufridas durante los interminables y severos juicios, o bien por la ausencia de alimento [ÁVILA GRANADOS, J. Mazmorras que han hecho historia. Barcelona: Planeta, 1993, pp. 45 y 46].

El editor de este blog, sentado en la Puerta del Aude (Carcasona)

miércoles, 15 de mayo de 2019

¿Qué es el «Tribunal Russell»?

Gran defensor de la razón, el controvertido filósofo y escritor británico Bertrand Russell [Trelleck, 1872 – Penrhyndeudraeth, 1970] obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1950 en reconocimiento a sus variadas e importantes obras en las que defendió los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento (*). En opinión de Laura Vaccaro: Suecia premió los afanes de Russell por la paz mundial, de acuerdo con el espíritu que Bertha von Suttner le imprimió al testamento de Alfred Nobel [1]. Esta profesora argentina ha contextualizado la entrega de ese prestigioso galardón con la Guerra de Vietnam; en aquel momento (…) Bertrand Russell creó el Tribunal Russell para juzgar a los Estados Unidos por su actuación en esa guerra al margen de todo derecho. El tribunal sesionó principalmente en Estocolmo, dado que el general De Gaulle no permitió que lo hiciera en París, a pesar de que su gobierno se opuso oficialmente a la guerra de Vietnam. Presidido por Jean Paul Sartre, ese tribunal determinó que Estados Unidos podía ser acusado en virtud del Estatuto de Nürenberg. En la guerra de Vietnam se violaron el Pacto Briand-Kellog, la Carta de la O.N.U. y los Acuerdos de Ginebra, se atacó a un pueblo que defendía su derecho a la autodeterminación, se bombardeó a la población civil, se experimentó con armas nuevas y se torturó a los prisioneros vietnamitas [1]. En el epílogo de su libro Crímenes de guerra en Vietnam [2].

Russell justificó la creación de este Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra [International War Crimes Tribunal] apelando a una cita del propio Fiscal General del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juez Wilson, cuando en el Proceso de Nuremberg afirmó que: (…) Si ciertos actos o violaciones de tratados constituyen delito, son delito sea Alemania, sean los Estados Unidos quienes lo cometan. No nos proponemos sentar una norma de conducta criminal contra otros si no aceptáramos que, en su caso, se invocara contra nosotros.

Parafraseando esa opinión, el filósofo británico pidió que se constituyera este Tribunal en 1967 porque, una vez más, se han estado cometiendo crímenes de gran magnitud. Es de notar que nuestro Tribunal no se inspira en ningún poder estatal. No se ampara en un ejército vencedor. No pretende más autoridad que la autoridad moral (…) La autoridad del Tribunal y su prestigio de integridad se deriva precisamente de la personalidad de sus componentes y del rigor de su procedimiento.

Entre sus miembros –que actuaban en comisiones de instrucción, preparación de pruebas y examen del material documental– destacaron intelectuales como el mencionado filósofo francés Jean-Paul Sartre, que actuó como presidente, juristas (Lelio Basso, Kinju Morikawa o Mehmet Ali Aybar), historiadores (Günther Anders); escritores (Simone de Beauvoir, Julio Cortázar); científicos (Shoichi Sakata, Laurent Schwartz) o el político mexicano Lázaro Cárdenas. Por unanimidad encontraron culpable a EE.UU.

Posteriormente, el legado de Bertrand Russell se retomó por el profesor Basso al establecer en Roma, en 1973, el denominado Tribunal Russell II para investigar los crímenes cometidos por las dictaduras de Iberoamérica. Desde entonces, se han constituido nuevos Tribunales Russell sobre Iraq, Palestina y Ucrania; e incluso un Tribunal Permanente de los Pueblos [Permanent Peoples' Tribunal], con sede en Bolonia (Italia), en 1979.

Citas: [1] VACCARO, L. Premios Nobel de literatura: una lectura crítica. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007, p. 398. [2] RUSSELL, B. Crímenes de guerra en Vietnam. Madrid: Aguilar, 3ª ed., 1968, pp. 162 a 168.

lunes, 13 de mayo de 2019

El tributo del Halcón Maltés

Un plano secuencia sobre la ciudad de San Francisco, una animada música swing, el nombre de la agencia de detectives [1] … y así comienza uno de los grandes clásicos del cine negro –El halcón maltés [The Maltese Falcon]– dirigido por John Huston, en 1941, según la novela homónima que Dashiell Hammett había publicado por capítulos entre 1929 y 1930; y protagonizado por Humphrey Bogart en uno de sus papeles más icónicos, el personaje de Sam Spade, con el que inmortalizó el arquetipo del investigador privado: ese hombre duro que arrastra un pasado turbio, viste con sombrero y gabardina y habla mientras apoya un cigarrillo en la comisura de los labios.

Junto con Perdición [Billy Wilder (1944)], Laura [Otto Preminger (1944)] e Historia de un detective [Edward Dmytryk (1944)], esta película fue una de las mejores muestras del cine negro que Hollywood produjo durante la II Guerra Mundial. Cuatro ejemplos notables del llamado “Film noir” caracterizado porque compartían algunos rasgos comunes en cuanto a temática, atmósfera y estilo (…): la presencia del crimen, el tema de la violencia, la muerte, la ambigüedad moral de los personajes y lo confuso de sus móviles (…) para desorientar al espectador de los años 40, acostumbrado a ciertas convenciones y postulados [2].

En palabras del director francés Bertrand Tavernier: [El halcón maltés] constituye una notable versión de Hammett destilada por milagrosos comediantes [en referencia no solo al trabajo de Bogie sino a la inolvidable actuación de Peter Lorre y Sydney Greenstreet, crapulosa, enigmática y rídicula pareja] [3].

Como sabemos, el argumento gira entorno a la búsqueda de una mujer supuestamente desaparecida que, en realidad, oculta el robo de una figurilla esmaltada y enjoyada, la estatuilla de un pájaro negro –el valioso halcón maltés que da nombre a la película– hecha por los esclavos turcos del castillo de San Angelo para el rey de España, Carlos I, pero que nunca llegó a su destino en Madrid porque unos piratas asaltaron el barco y la robaron. Cuatro siglos más tarde, ofrecerán 5.000 dólares a quien logre recuperarla para devolvérsela a su legítimo propietario.

Más allá de la pantalla, lo cierto es que la historia que narra Hammett en su novela se basa en unos hechos reales que se remontan al 23 de marzo de 1530 cuando el mencionado emperador español cedió en usufructo y a perpetuidad las islas de Malta, Comino y Gozo, así como la fortaleza libia de Trípoli, a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén –que desde entonces pasó a llamarse Orden de Malta– con la sola obligación de tributar todos los años un halcón en reconocimiento de vasallaje (*) a la monarquía española: un ejemplar de este ave entrenado para la cetrería que, tradicionalmente, se entregaba al virrey de Sicilia en el día de Todos los Santos. En siglos posteriores se entregó directamente al rey en la corte de Madrid, como se constata en diversos documentos que se conservan en el Archivo de Simancas (*).

Aquel simbólico acuerdo, firmado en la localidad emiliana de Castello Franco (Italia), fue ratificado el 25 de abril de 1530 por una bula del papa Clemente VII.

Citas: [1] DUNCAN, P. y MÜLLER, J. (Eds.) Film Noir. 100 All-time Favorites. Colonia: Taschen, 2014, p. 92. [2] PAVÉS, G.M. El cine negro de la RKO. En el corazón de las tinieblas. Madrid: T&B Editores, 2003, pp. 328-329. [3] COURSODON, J. P. y TAVERNIER, B. Diccionario Akal de 50 años de cine norteamericano. Madrid: Akal, 2006, p.641.

viernes, 10 de mayo de 2019

La personalidad jurídica robótica, según la Unión Europea

El 31 de mayo de 2016, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo publicó su Proyecto de informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica [2015/2103(INL) (*)]. Entre sus considerandos, este documento se planteó que, cuanto más autónomos sean los robots, menos se los podrá considerar simples instrumentos en manos de otros agentes (como el fabricante, el propietario, el usuario, etc.); y que, debido a esto, la normativa general sobre responsabilidad resulta insuficiente y precisa de nuevas normas que se centren en cómo una máquina puede considerarse parcial o totalmente responsable de sus actos u omisiones; que, como consecuencia de ello, resulta cada vez más urgente abordar la cuestión fundamental de si los robots deben tener personalidad jurídica (§S).

Asimismo, señaló que independientemente del instrumento jurídico futuro que se escoja en materia de responsabilidad de los robots (§26), (…) el futuro instrumento legislativo debe prever, como regla general, la aplicación de la responsabilidad objetiva, lo que únicamente exige probar que se ha producido un daño y el establecimiento de un nexo causal entre el comportamiento perjudicial del robot y los daños causados a la persona perjudicada (§27); proponiendo que una posible solución a la complejidad de la asignación de responsabilidad por los daños causados por robots cada vez más autónomos, podría ser el establecimiento de régimen de seguro obligatorio, como ya ocurre, por ejemplo, con los coches; no obstante, observa que, a diferencia del régimen de seguros en materia de circulación por carretera, en los que el seguro cubre tanto las actuaciones humanas como los fallos, un sistema de seguros para robots podría basarse en la obligación del fabricante de suscribir un seguro para los robots autónomos que produce (§29).

Por todo ello, le pidió al ejecutivo comunitario que, cuando realice una evaluación de impacto de su futuro instrumento legislativo, explore las implicaciones de todas las posibles soluciones jurídicas, tales como: (…) f) crear una personalidad jurídica específica para los robots, de modo que al menos los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos, incluida la obligación de reparar los daños que puedan causar; la personalidad electrónico se aplicaría a los supuestos en que los robots puedan tomar decisiones autónomas inteligentes o interactuar con terceros de forma independiente (§31).

Para la abogada Ana Mª Aransay, (…) la admisión de esta personalidad jurídica digital se asimilaría a la figura, ya existente, de personalidad jurídica societaria del derecho mercantil que otorga reconocimiento público y jurídico al fenómeno de la empresa [ARANSAY ALEJANDRE, A. Mª. “Antecedentes y propuestas para la regulación jurídica de los robots”. En BARRIO ANDRÉS, M. (Dtor). Derecho de los Robots. Madrid: Wolters Kluwer, 2018, p. 101].

Finalmente, en línea con la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Resolución de 16 de febrero de 2017, del Parlamento Europeo, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica, terminó pidiendo lo mismo al ejecutivo (…) crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente [§59.f)] (*).


Por el contrario, tres meses más tarde, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad» (*), aprobado en el pleno del 31 de mayo de 2017, se mostró categórico al respecto: (…) El CESE está en contra de la introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para los robots o la IA [Inteligencia Artificial], puesto que socavaría los efectos correctores preventivos de la legislación en materia de responsabilidad, generaría un riesgo moral tanto en el desarrollo como en la utilización de la IA y daría lugar a un posible uso indebido (§1.12). (…) El CESE se opone a cualquier tipo de estatuto jurídico para los robots o sistemas de IA por el riesgo moral inaceptable que ello conlleva. La legislación en materia de responsabilidad tiene un efecto correctivo y preventivo que podría desaparecer en cuanto el riesgo de responsabilidad civil dejase de recaer sobre el autor por haberse transferido al robot (§3.33).

Concluyendo, en ese mismo parágrafo, que: La comparación con la responsabilidad limitada de las sociedades no es válida, puesto que el responsable en última instancia es siempre una persona física. A este respecto, hay que investigar en qué medida responden satisfactoriamente a este problema la legislación, la reglamentación y la jurisprudencia de la UE y de cada Estado miembro en materia de responsabilidad (sobre el producto y el riesgo) y atribución de culpa, y, en su defecto, qué soluciones legales se ofrecen.

Por último, este órgano consultivo de la Unión Europea remarca una idea básica: La IA no conoce fronteras. Por consiguiente, es importante examinar la necesidad de una reglamentación mundial, pues la normativa regional será insuficiente e incluso de efectos no deseados (§3.35).

En el otro extremo del mundo, el profesor Solaiman, de la Wollongong University (Australia), también se opone a comparar la situación jurídica de los robots con las sociedades mercantiles al considerar que: Los defensores de la personalidad de los robots se basan en la personalidad jurídica de las empresas, ignorando la consideración fundamental de que la personalidad corporativa es esencialmente un símbolo de las personas que están detrás de la entidad [Solaiman, S. M., “Legal personality of robots, corporations, idols and chimpanzees: a quest for legitimacy”. Artificial Intelligence and Law, 2017, p. 36 (*)].

Por el momento, en el seno de la Unión Europea, este debate –aunque pueda sonar a derecho ficción– continúa abierto; pero no está de más recordar que, en España, hasta 2010 se aplicaba el conocido aforismo latino de Societas delinquere non potest y parecía imposible tipificar la responsabilidad penal de una persona jurídica… hasta que se aprobó la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal y, hoy en día, se regula de manera pormenorizada en el Art. 31 bis CP. Así que, todo es posible.

NB: Semana de Europa | Mayo es el mes del Viejo Continente y su fiesta se celebra el día 5 en el ámbito del Consejo de Europa (por el aniversario del Tratado de Londres de 1948 que lo fundó) y el 9 en la Unión Europea (para recordar la Declaración de Robert Schuman que dio lugar a la CECA).

miércoles, 8 de mayo de 2019

¿Qué es la Comisión Mixta para la Unión Europea?

El Art. 5 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas constituyó una Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado –las dos Cámaras Legislativas del Parlamento español (sistema bicameral)–, denominada Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, con el carácter y competencias que se le atribuyeron en dicho artículo. Unos días más tarde, el 1 de enero de 1986, España se convirtió en el 12º Estado miembro de las Comunidades Europeas; pero, con el avance en la construcción del proyecto europeo y, en especial, tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993, aquella primera Comisión Mixta se quedó obsoleta y fue necesario adecuar sus funciones.

Por ese motivo se aprobó la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se reguló la Comisión Mixta para la Unión Europea. En su exposición de motivos, esta norma afirmó que: (…) En la perspectiva de una unión cada día más estrecha entre los pueblos de Europa, reviste una singular importancia el fortalecimiento de la participación de los Parlamentos nacionales en este proceso, circunstancia referida en el propio Tratado de la Unión Europea, en el que se establece que «... los Gobiernos de los Estados miembros velarán, entre otros aspectos, porque los Parlamentos nacionales puedan disponer de las propuestas legislativas de la Comisión con la antelación suficiente para información o para que puedan ser examinadas».

Como consecuencia, de acuerdo con su Art. 1, se estableció una Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado, denominada Comisión Mixta para la Unión Europea, con el fin de que las Cortes Generales tengan la participación adecuada en las propuestas legislativas elaboradas por la Comisión Europea y dispongan, en general, de la más amplia información sobre las actividades de la Unión Europea. Definió sus competencias en el Art. 3, previó el procedimiento para que también intervengan los Parlamentos de las Comunidades Autónomas (Art. 6) y delegó su “puesta en funcionamiento” en la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995.

Posteriormente, como el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 amplió la participación de los parlamentos nacionales en los asuntos de la Unión Europea al entrar en vigor el 1 de diciembre de 2009; en España, aquella Ley 8/1994 se modificó por medio de otras dos –la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, y la Ley 38/2010, de 20 de diciembre– de modo que, por ejemplo, los miembros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ahora también pueden solicitar su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea (Art. 10). Asimismo, se aprobó una nueva Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de mayo de 2010, que reformó la anterior de 1995.

lunes, 6 de mayo de 2019

Las medidas restrictivas [«sanciones»] de la Unión Europea

Al regular la acción exterior, el Art. 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que: 1. Cuando una decisión adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea prevea la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas y financieras con uno o varios terceros países, el Consejo adoptará por mayoría cualificada, a propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión, las medidas necesarias. Informará de ello al Parlamento Europeo. 2. Cuando una decisión adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea así lo prevea, el Consejo podrá adoptar por el procedimiento establecido en el apartado 1 medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. 3. Los actos contemplados en el presente artículo incluirán las disposiciones necesarias en materia de garantías jurídicas.
 
En relación con ese precepto, el Tratado de la Unión Europea (TUE) incluyó una Declaración relativa al Art. 215 TFUE: (…) el respeto de los derechos y libertades fundamentales implica, en particular, que se preste la debida atención a la protección y al respeto del derecho de las personas físicas o de las entidades de que se trate a disfrutar de las garantías previstas en la ley. Para ello, y con objeto de garantizar un control jurisdiccional estricto de las decisiones por las que se impongan medidas restrictivas a una persona física o a una entidad, dichas decisiones deberán basarse en unos criterios claros y precisos. Estos criterios deberían ajustarse a la especificidad de cada una de las medidas restrictivas.
 
En la práctica, esto significa que las personas y entidades que se vean afectadas por la adopción de estas medidas siempre tienen la posibilidad de recurrir la Decisión del Consejo ante el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE).
 
Con ese marco jurídico, el Consejo considera que las “sanciones” [en el argot comunitario: medidas restrictivas] son un instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE [que] las utiliza dentro de un planteamiento político integrado y global que comprende el diálogo político, acciones complementarias y el recurso a otros instrumentos disponibles. Las sanciones pretenden producir un cambio en la política o la conducta de aquellos a los que van dirigidas, con vistas a fomentar los objetivos de la PESC. Pueden estar dirigidas a: Gobiernos de países no pertenecientes a la UE a causa de sus políticas; entidades (empresas) que ponen los medios para llevar a cabo las políticas objeto de las medidas; grupos u organizaciones, como los grupos terroristas; y personas que apoyan las políticas objeto de las medidas, personas implicadas en actividades terroristas, etc. (*).
 
El procedimiento de adopción es el siguiente: la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad formula una propuesta de “sanción” ante el Consejo en materia de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) que abre un debate en el que pueden intervenir otros órganos [el Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX). el Comité Político y de Seguridad (CPS), el Comité de Representantes Permanentes (Coreper II) o el Grupo responsable de la región geográfica a la que pertenezca el país afectado, según cada caso]. Aunque el Art 215 TFUE habla de “mayoría cualificada”, el Consejo adopta estas medidas restrictivas por unanimidad en una Decisión PESC que, si incluye la inmovilización de activos u otras sanciones económicas o financieras, conlleva que la Alta Representante y la Comisión presenten al Consejo un Reglamento que concrete su alcance y aplicación.
 
Veamos algunos ejemplos recientes de “sanciones” europeas:
  • Decisión (PESC) 2019/539 del Consejo, de 1 de abril de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia [se prohibió suministrarle o venderle armamento y material afín de todo tipo];
  • Decisión (PESC) 2019/468 del Consejo, de 21 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto [contra las personas que han sido identificadas como responsables de malversación de fondos públicos egipcios, que privan por tal motivo al pueblo de Egipto de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad y menoscaban el desarrollo de la democracia en ese país]; y
  • Decisión (PESC) 2019/415 del Consejo, de 14 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania [a raíz de la decisión del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea de celebrar un referéndum sobre su estatuto, contrario a la Constitución de Ucrania y, por consiguiente, ilegal, por el que se declaró independeinte y solicitó su anexión a Rusia].

viernes, 3 de mayo de 2019

Palabras sueltas (XXIV): KRUM, KRIM y KROM

Durante los convulsos años 60, en los países escandinavos surgieron algunos movimientos de intelectuales y profesionales preocupados por la situación de las cárceles y la política penitenciaria. Su punto de partida fue la celebración en Suecia de un foro nacional denominado El Parlamento de los Ladrones [The Parliament of Thieves] que se celebró en la ciudad de Strömsund, en 1966; en aquella reunión, presos que aún cumplían sus condenas y antiguos reclusos explicaron a la sociedad, los activistas y los medios de comunicación, de primera mano, cómo era vivir en una prisión, transmitiéndoles la idea de que los establecimientos penitenciarios eran inhumanos y que los detenidos debían desempeñar un papel más destacado para reformar estos centros y, en última instancia, abogar por la abolición del sistema carcelario (el abolicionismo penal fue una meta que, en aquel momento, causó una gran alarma).
 
A raíz de aquella preocupación, ese mismo año surgió en Suecia el KRUM (acrónimo de Kriminalvårdens Humanisering (Humanización de los servicios correccionales)] acompañada de otras dos organizaciones no gubernamentales similares que se establecieron, en 1967, en Dinamarca (KRIM), y el 27 de mayo de 1968, en el Museo Munch de Oslo, la Asociación Noruega para la Reforma Penal [Norsk forening for kriminalreform o simplemente KROM, palabra que –según el profesor Thomas Mathiesen, uno de sus impulsores, no significaba nada pero se asemejaba a las otras dos asociaciones ya existentes (*)].
 
Hoy en día, el KROM es la única de aquellas tres “Kas” escandinavas que continúa su actividad gracias al trabajo de abogados, criminólogos, detenidos, ex detenidos, profesionales del servicio penitenciario, etc. [1].
 
 
Los criminólogos han escuchado hablar del "Krom" noruego (…) y sus contrapartes escandinavos "Krum" (Suecia) y "Krim" (Dinamarca, Finlandia). Ellos saben que la abolición del trabajo forzado como sanción penal se le atribuye al Krom con la misma unanimidad con que se acredita a este pequeño grupo el evitar la instalación de casas de arresto para jóvenes. Han escuchado mucho sobre las actividades de Michel Foucault en el grupo abolicionista francés que se opone a la existencia de las cárceles y hasta tal vez sepan algo del "Krak" alemán y sus enfrentamientos con la represión en el ámbito de la justicia penal [2].
 
Medio siglo después de su establecimiento, KRUM, KRIM y KROM aún representan el movimiento de la descarcelación, de la antipsiquiatría, de los primeros pasos de la criminología radical [3].
 
Citas: [1] DE FOLTER, R. S. “Sobre la fundamentacion metodologica del enfoque abolicionista del sistema de justicia penal”. En: AA.VV. Abolicionismo penal. Buenos Aires: Ediar, 1989, p. 69. [2] SCHEERER, S. “Hacia el abolicionismo”. En: AA.VV. Abolicionismo penal. Buenos Aires: Ediar, 1989, p. 20. [3] SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, S. “Recordando a Louk Hulsman. Simple testimonio de un lector”. En: PÉREZ ÁLVAREZ, F. (Ed.). In memoriam Louk Hulsman. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2016, p. 45.

miércoles, 1 de mayo de 2019

Concepto y clases de eutanasia, según la Corte Constitucional de Colombia

De acuerdo con el parágrafo 4.1 de la sentencia T-970/14, de la Corte Constitucional colombiana, de 15 de diciembre de 2014: Las discusiones acerca de si se debía despenalizar la eutanasia se dieron en Colombia con mayor intensidad en la década de los años noventa. La Corte, luego de una demanda ciudadana de inconstitucionalidad, a través de la Sentencia C-239 de 1997, decidió la exequibilidad de la norma acusada. En aquella ocasión, no solo sostuvo que la eutanasia y otras prácticas médicas (…) bajo determinadas condiciones, no son delito, sino que también, reconoció que el derecho a morir dignamente tiene la categoría de fundamental. En su opinión, la Constitución no solo protege la vida sino también otros derechos. (…) los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles. El deber constitucional del Estado de protección de la vida debe ser compatible con otros derechos como la dignidad y la autonomía. De ahí que frente a aquellas personas que padecen una enfermedad terminal ese deber cede ante su autonomía individual y a su consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna (§ 4.11).
 
En la mencionada sentencia C-239 de 20 de mayo de 1997, la Corte despenalizó la eutanasia cuando quiera que (i) medie el consentimiento libre e informado del paciente; (ii) lo practique un médico; (iii) el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento. En esos eventos, la conducta del sujeto activo no es antijurídica y por tanto no hay delito. En caso de faltar algún elemento, la persona será penalmente responsable por homicidio. Además de eso, la sentencia reconoció que existe un derecho fundamental a morir dignamente (§ 4.13). Por ese motivo, la Corte despenalizó el homicidio por piedad siempre que se constataran las tres circunstancias descritas en dicha sentencia.
 
Catorce años más tarde, en la sentencia T-970/14, el órgano de garantías constitucionales de Colombia volvió a plantearse otro caso relacionado con este debate: la peticionaria padecía una enfermedad terminal que le causaba intensos dolores, motivo por el cual solicitó en varias ocasiones a su médico tratante que le practicara la eutanasia como única forma de dar fin a su sufrimiento (§ 7.1.3); en su fallo, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que en el término de 30 días, contados a partir de la comunicación de la mencionada sentencia, “emita una directriz y disponga todo lo necesario para que los Hospitales, Clínicas, IPS, EPS y, en general, prestadores del servicio de salud, conformen el comité interdisciplinario del que trata esta sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en esta decisión”.
 
 
Como consecuencia, se creó un grupo de trabajo y, teniendo en cuenta sus recomendacionbes, el Ministerio aprobó la Resolución 1216 de 2015 (de 20 abril) por medio de la cual se dio cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Desde entonces, en Colombia –como ya sucedía en Oregón (EE.UU.), los Países Bajos o Bélgica– se ha despenalizado la eutanasia siempre que concurran las situaciones ya descritas.
 
En la didáctica sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, la Corte de Bogotá define la eutanasia, enumera sus notas características, la distingue de otras situaciones cercanas y, por último, la clasifica en función de diversos criterios.
 
En primer lugar, reconoce que: (…) las definiciones sobre eutanasia son múltiples y actualmente no se cuenta con alguna totalmente aceptada. No obstante, lo que sí está claro es que en este procedimiento deben concurrir los siguientes elementos: (i) el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal; (ii) el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente quien, en todos los casos, debe ser un médico; (iii) debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes.
 
Asimismo, recuerda que la gran mayoría de autores coinciden en señalar que la procedencia etimológica del término eutanasia es heredado de las palabras griegas "buena muerte". En 1987, la Asociación Médica Mundial propuso que la eutanasia era el "acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente". Por su parte, en enero de 2002, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos sostuvo que este procedimiento consistía en la "conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones compasivas y en un contexto médico". La Organización Mundial de la Salud la definió como "aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente" (§ 3.2.2).
 
A continuación, clasifica la eutanasia:
  • Por su forma de realizarse: en activa o positiva (acción) cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona como suministrar directamente algún tipo de droga o realizando intervenciones en busca de causar la muerte; y pasiva o negativa (omisión) cuando quiera que, al contrario de la activa, la muerte se produce por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos (§ 3.2.3); y
  • Según su intencionalidad: en directa, cuando existe una provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente; e indirecta, cuando se origina sin la intención de causar la muerte de la persona (§ 3.2.4 y 5).
 
Por último, diferencia la eutanasia de otras situaciones:
  • La distanasia: esa práctica supone la prolongación de la vida por cualquier medio, incluso, causando efectos perversos en la salud, dignidad y vida del paciente (§ 3.2.7);
  • La adistanasia o antidistanasia: consiste en la omisión de medios extraordinarios o desproporcionados que mantienen con vida al paciente (§ 3.2.8);
  • El suicidio asistido: el sujeto activo y pasivo se confunde pues la intervención del médico no es directa, ya que es el mismo enfermo quien provoca su muerte. Ese es el caso en el que galeno proporciona todos los medios necesarios para que el enfermo termine por sí mismo con su vida (§ 3.2.9); y
  • La ortotanasia (cuidados paliativos): tratamiento médico que dignifica la vida de quienes inevitablemente van a morir, pero que su voluntad no es otra a que llegue la muerte de forma natural (§ 3.2.10).

lunes, 29 de abril de 2019

¿Qué es el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales?

Tomando como base el Art. 41 de la Carta de las Naciones Unidas y con el objetivo de luchar contra la impunidad de todos los responsables de crímenes internacionales graves, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó primero la resolución 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, para enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991, y estableció un Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia [International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY o TPIY)] con sede en La Haya (Países Bajos), que cesó sus actividades el 31 de diciembre de 2017; asimismo, un año más tarde, aprobó la resolución 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, por la que se creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) [International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)], con sede en Arusha (Tanzania), para enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, que también cerró sus casos el 31 de diciembre de 2015.

La estrategia de conclusión que Naciones Unidas se planteó para ambos órganos judiciales ad hoc era que el TPIY y el TPIR hubieran terminado todas sus investigaciones a finales de 2004, todos los procesos en primera instancia al acabar 2008 y toda su labor en 2010; plazos que no se cumplieron por lo que se dejaron algunas funciones residuales pendientes de modo que el Consejo de Seguridad decidió establecer el denominado Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales [International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)] mediante la resolución 1966 (2010), de 22 de diciembre de 2010 –aprobada por 14 votos a favor y 1 abstención (Rusia)–, para concluir la labor que estuviera pendiente en ambas cortes; con dos subvidivisiones que empezaron a funcionar en Arusha el 1 de julio de 2012 (en el caso de los asuntos pendientes relativos a Ruanda) y en La Haya el 1 de julio de 2013 (para la subdivisión yugoslava).


El “Mecanismo” continúa la competencia (material, territorial, temporal y personal) del TPIY y el TPIR así como su jurisdicción, derechos, obligaciones y funciones esenciales. Una de sus últimas decisiones se dictó el 20 de marzo de 2019 al elevar la condena por genocidio al político serbobosnio Radovan Karadzic, de 40 años a cadena perpetua, por la masacre de Srebrenica.

viernes, 26 de abril de 2019

Voto nulo vs voto en blanco

Al regular el escrutinio de las mesas electorales, el Art. 96 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) dispone que: 1. Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido. 2. Serán también nulos en todos los procesos electorales los votos emitidos en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado. 3. En el caso de elecciones al Senado serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran señalado más de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de dos en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y en las poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de las circunscripciones insulares. 4. Asimismo serán nulos los votos contenidos en sobre en los que se hubiera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores.
 
Todos esos votos nulos no son válidos. En las elecciones generales españolas del 26 de junio de 2016 (*) hubo 225.888 votos nulos (el 0,93% del total de sufragios emitidos).
 
A continuación, el Art. 96.5 LOREG regula el segundo supuesto: Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos.
 
En la misma cita con las urnas de 2016, hubo 178.521 papeletas en blanco –que en España son votos válidos, a diferencia de lo que ocurre con los nulos– que representaron el 0,74% (por tener un elemento para comparar, en esas mismas elecciones la abstención alcanzó el 30,16% –es decir, 3 de cada 10 ciudadanos no acudieron a votar aunque pudieran ejercer su derecho de sufragio (en España no es obligatorio)– y la participación de votantes llegó al 69,84%).
 
 
Votar en blanco significa ejercer el derecho al voto sin elegir alguna de las opciones ofrecidas por las fuerzas políticas [SAN ROMÁN DE LA TORRE, I. E. “El valor democratizador del voto nulo”. Apuntes electorales, nº 44, 2011, p. 43].
 
Por último, en España. la Junta Electoral Central (JEC) ha reiterado que también se computan como votos en blanco los emitidos en favor de candidaturas retiradas; por ejemplo, sucedió con la retirada de la candidatura presentada por Diàleg Republicà a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017. La JEC trasladó esa circunstancia a las Juntas Electorales Provinciales para informar a las de Zona, las cuales instruyeron a las Mesas de que los votos emitidos a favor de dicha candidatura se computarían, en su caso, como votos en blanco.

NB: en las elecciones generales de 2019, los porcentajes se elevaron mínimamente, hubo 275.410 votos nulos (1,04%) y 199.511 votos en blanco (0,76%); pero hay que tener en cuenta que existió una mayor participación: el 75,75%.

miércoles, 24 de abril de 2019

Los dos países donde el divorcio es ilegal

El Art. 52 del Código Civil filipino dispone que el matrimonio no es un mero contrato sino una institución social inviolable; partiendo de esa base, los cónyuges no pueden divorciarse sino intentar anular su enlace cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Art. 45 del Código de Familia de Filipinas (por ejemplo: si, por razón de su edad, uno de los contrayentes se casó sin la perceptiva autorización de sus padres, si alguno de los novios no dio libremente su consentimiento o hubo intimidación o violencia para que se comprometiera, si cualquiera de las partes no puede consumar el matrimonio por un problema físico incurable o si uno de ellos es portador de alguna enfermedad de transmisión sexual). En esas circunstancias, el matrimonio podría declararse nulo tras un largo proceso; fuera de esos supuestos, lo que Dios ha unido –en un país mayoritariamente católico– no lo separará el hombre.


El Art. 26 de ese mismo Código de Familia sí que prevé que si un ciudadano filipino contrae nupcias con un extranjero, mediante una ceremonia válidamente celebrada y, posteriormente, de acuerdo con la ley de ese otro país, la pareja se divorcia, el cónyuge filipino tendría capacidad para volver a casarse de acuerdo con la ley filipina. Asimismo, el Art. 33 abre la puerta al divorcio entre parejas de filipinos musulmanes si el enlace se solemniza de acuerdo con sus propias costumbres, ritos o prácticas.

Además de las Islas Filipinas, el segundo Estado que no permite el divorcio es la Ciudad del Vaticano.

NB: Malta estuvo en esa misma situación hasta el 28 de mayo de 2011; tras la celebración de un referéndum, los malteses decidieron –por escaso margen: 53% a favor frente al 47% en contra– “introducir la opción del divorcio” en su Derecho Civil.

lunes, 22 de abril de 2019

La jurisdicción de Saint-Émilion

En la región francesa de Nueva Aquitania, a 40 km al Noreste de Burdeos, su capital, se encuentra el pequeño municipio de Saint-Émilion, cabecera de una histórica jurisdicción de ocho localidades que la UNESCO incluyó en su lista de Patrimonio de la Humanidad en 1999 (la primera vez que una comarca vitivinícola obtenía este reconocimiento, abarcando además los viñedos de Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Hippolyte, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens y Vignonet).
 
El origen de Saint-Émilion se remonta al siglo VIII cuando un monje benedictino de origen bretón llamado Emiliano se retiró a una cueva en el bosque de Ascumbas; con la llegada de otros monjes, se fue ampliando aquella primera ermita con una iglesia y nuevas catacumbas dando lugar a una comunidad religiosa que perduró hasta el siglo XII bajo la regla del San Benito. A mediados de aquel siglo, en 1152, toda la región pasó a estar bajo dominio inglés por el matrimonio de Leonor de Aquitania con el rey Enrique Plantagenet, futuro Enrique II de Inglaterra (padres de dos célebres monarcas: Ricardo I Corazón de León y Juan I Sin Tierra).
 
Con este último soberano, los burgueses de Saint-Émilion firmaron un acuerdo el 8 de julio de 1199 (la «Charte de Falaise»): la ciudad le entregaba sus vinos a cambio de recibir la autonomía real, recuperando sus propias leyes y costumbres bajo la tutela administrativa y civil de la Jurade (gente de bien que velaba por los intereses comunales). Estos nuevos privilegios fueron confirmados en 1289 por Eduardo I de Inglaterra, que amplió las prerrogativas de la Jurade a las parroquías vecinas, formando los ocho actuales municipios de la Jurisdicción de Saint-Emilion que se gobernaban desde la Torre del Rey (una construcción anglonormanda del s. XIII). En el siglo XV, tras la batalla de Castillon, toda la comarca pasó de nuevo a ser administrada por la corona francesa; pero conservaron sus privilegios hasta la Revolución de 1789.
 
 
Hoy en día, de aquella jurisdicción sólo queda la tradición de que ciento cuarenta jurados vestidos con togas rojas adornadas con armiño suban a la Torre del Rey durante la vendimia, en septiembre, para renovar sus cargos, reconvertida la antigua Jurade en el actual Conseil des Vins de Saint-Émilion que se recuperó en 1948 bajo la divisa: À Saint-Émilion, toujours fidèle.

viernes, 19 de abril de 2019

El marco legal de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua

El 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua aprobó el texto de la Ley nº 800 con el objeto de desarrollar el régimen jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y crear la entidad denominada Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que representa al Estado en la creación y conformación de una Empresa para la construcción y operación de esta infraestructura. La trascendencia de este proyecto para el Gobierno de Managua quedó patente en la redacción de su Art. 2 al calificarlo de prioridad e interés supremo nacional y afirmar que constituye un patrimonio de la nación nicaragüense que por su naturaleza tendrá las características de total neutralidad y de servicio público internacional, cuyo funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna.
 
En menos de un año, el 13 de junio de 2013, el Parlamento nicaragüense adoptó la Ley nº 840, la Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a El Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas, que aprobó y autorizó la firma del posterior Acuerdo Marco de Concesión e Implementación (MCA) entre el Gobierno de la República, el inversionista EDGI y la compañía HKND, constituida en Hong Kong, que se llevó a cabo al día siguiente, el 14 de junio de 2013.
 
El Art. 2 de la Ley nº 840 describió la enorme dimensión de este proyecto que no se limitaba a trazar un nuevo canal tradicional para naves, uniendo los puertos de aguas profundas en el Caribe y litorales del Pacífico, sino que también incluía la construcción de los denominados “sub-productos”: puertos en ambas costas, un canal seco, un oleoducto, dos zonas de libre comercio y un aeropuerto internacional. Una ambiciosa infraestructura que contaría con un presupuesto estimado (Art. 9) de Cuarenta Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 40,000,000,000.00).
 
La norma incluyó diversos aspectos muy polémicos; por ejemplo, en lo relativo al procedimiento de expropiación, el Art. 12.h) disponía que: El (los) propietario(s) de la Propiedad Requerida no tendrán derecho de objetar la decisión, el tiempo, el alcance o cualquier otro aspecto de la expropiación que no sea el monto de Indemnización por Expropiación; y, a continuación, el Art. 13 impedía recurrir en caso de impago de dicha indemnización por ninguna vía (administrativa, civil o penal): No aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna Entidad Gubernamental, ni El Inversionista ni ninguna Parte de Sub-Proyecto estarán sujetos a las acciones civiles como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por El Inversionista o cualquier Parte de Sub- Proyecto en virtud de las disposiciones de esta Ley o los términos de El MCA (…). Ni El Inversionista ni ninguna Parte de Sub-Proyecto serán sujetos de acciones penales como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por El Inversionista o por cualquier otra Parte de Sub-Proyecto en virtud de las disposiciones de esta Ley o los términos de El MCA. Finalmente, para modificar o derogar esta disposición, su Art. 23 requería una mayoría cualificada del 60% de los diputados de la Asamblea Nacional.
 
 
 
Con todo este marco normativo ya en vigor, el 7 de julio de 2014 se anunció el trazado definitivo de esta obra de ingeniería interoceánica de más de 275km de largo por el Sur del país, uniendo las aguas caribeñas y las pacíficas a través del Lago de Nicaragua (La Mar Dulce o Cocibolca).
 
Por último, la Ley nº 854, de 29 de enero de 2014, reformó la vigente Constitución nicaragüense de 1987 para, entre otras modificaciones, dar nueva redacción al Art. 102 e introducir una mención específica del Gran Canal en su ley fundamental: Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera, bajo procesos transparentes y públicos. Dada la ventajosa posición geográfica del país, a través de Ley, el Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la construcción y explotación racional de un canal interoceánico, las cuales deberán considerar cuando se trate de inversión con empresas extranjeras, la conformación de consorcios con empresas nacionales para promover el empleo. Las leyes de la materia para su aprobación, reforma, o derogación, requerirán el voto del sesenta por ciento del total de Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
 
La tramitación de este proyecto canalero recibió numerosas críticas por su impacto medioambiental y, sobre todo –en opinión de Amnistía Internacional– porque pone en riesgo los derechos humanos de cientos de miles de personas sin una verdadera consulta genuina y en una silenciosa penumbra (*). La previsión era que se inaugurase en 2020; pero, a la hora de redactar esta entrada, parece que ya no cuenta con la necesaria fuente de financiación para que pueda llevarse a cabo.

PD: esta es la entrada 1.700 del blog.

miércoles, 17 de abril de 2019

Las leyes españolas en materia de divorcio

En 1978, el Art. 32 de la Constitución Española proclamó, entre los derechos y deberes de los ciudadanos, que: 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Aquel mandato constitucional al legislador se desarrolló en primer lugar por la Ley 30/1981, de 7 de julio, que modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil, así como el procedimiento seguido en las causas de nulidad, separación y divorcio.

Una reforma que debe enmarcarse en su contexto histórico; de modo que, aunque se admitió el divorcio como causa de disolución del matrimonio, también se concebía como último recurso al que podían acogerse los cónyuges y sólo cuando era evidente que, tras un dilatado período de separación, su reconciliación ya no era factible. Por ello, se exigía la demostración del cese efectivo de la convivencia conyugal, o de la violación grave o reiterada de los deberes conyugales, una suerte de pulso impropio tendido por la ley a los esposos, obligados bien a perseverar públicamente en su desunión, bien a renunciar a tal expresión reconciliándose. En ningún caso, el matrimonio podía disolverse como consecuencia de un acuerdo en tal sentido de los consortes (así lo reconoció el preámbulo de la posterior regulación de 2005, cuando el paso del tiempo puso de manifiesto tanto las carencias como las disfunciones provocadas por la norma de 1981).

La segunda regulación de la democracia fue la vigente Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificaron el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, con el fin de ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial; de modo que la separación y el divorcio se concibieron como dos opciones, a las que las partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su vida en común.

Con este marco normativo, cabe plantearse si el divorcio sólo se ha regulado en España tras la transición o si, por el contrario, llegó a regularse antes. La respuesta no solo es positiva sino mucho más antigua de lo que se pueda pensar:
  1. En el siglo XX destaca la Ley relativa al divorcio, de 2 de marzo de 1932, adoptada durante el gobierno republicano de Niceto Alcalá-Zamora para desarrollar lo estipulado por el Art. 43 de la Constitución de 1931: El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa [durante la Guerra Civil, la Ley de 1932 fue suspendida por un Decreto de 2 de marzo de 1938 y derogada por una Ley de 23 de septiembre de 1939];
  2. En el XIX, el divorcio también se reguló en el capítulo VII de la Ley provisional de matrimonio civil, de 17 de junio de 1870 –en línea con el carácter de la Constitución de 1869– pero en aquel entonces no se disolvía el matrimonio –al considerarse perpetuo e indisoluble (Art. 1)– sino que suspendía tan sólo la vida común de los cónyuges y sus efectos (Art. 83); siendo indispensable en todo caso el mandato judicial (Art. 84) y cuando concurrieran una serie de causas (Art. 85: adulterio, malos tratamientos, corrupción, prostitución, etc.);
  3. Pero, legalmente, incluso podemos retrotraernos hasta el siglo XIII, a las Siete Partidas del rey de Castilla y León, Alfonso X el Sabio. El Título X de la Cuarta Partida se dedicó al departimiento de los casados: Divortium en latín tanto quiere decir en romance como departimiento y es cosa que separa la mujer del marido o el marido de la mujer por imposibilidad que haya entre ellos, cuando es probado en juicio derechamente.
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