viernes, 20 de septiembre de 2019

La competencia por “ratione personae”, “ratione loci”, “ratione temporis” y “ratione materiae”

Al estudiar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los profesores Cecilia Medina y Claudio Nash (*) resumen que la competencia de un órgano se examina en relación con: (i) la persona que tiene el derecho de iniciar una comunicación (legitimación activa) y el Estado contra el cual la comunicación se dirige (legitimación pasiva) [es decir, “ratione personae”]; (ii) los derechos que se alega fueron violados (ratione materiae); (iii) la fecha en que se produjeron los hechos respecto de los cuales se reclama (ratione temporis); y (iv) el lugar en que se produjeron esos hechos, que debe estar bajo la jurisdicción del Estado que se alega es responsable (ratione loci).

Para desarrollar esos cuatro brocardos latinos vamos a tomar como referencia diversos preceptos de los textos básicos del sistema de protección de los Derechos Humanos pero en el ámbito del Consejo de Europa; en concreto, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Al regular las demandas individuales, el Art. 34 CEDH dispone que: El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Ahí encontramos la competencia personal (ratione personae) –tanto la legitimidad activa: quién puede interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): cualquier persona física, ONG o grupo de particulares que se consideren víctimas de una violación de sus derechos (el Convenio también prevé las demandas interestatales en su Art. 33); como la pasiva: el demandado ha de ser un Estado parte del Convenio– y la competencia material (ratione materiae): el objeto de la demanda tiene que invocar siempre la violación de alguno de los derechos proclamados tanto en el propio Convenio de Roma como en los protocolos posteriores que lo han ido actualizando desde mediados del siglo XX (el Art. 32.1 CEDH se refiere a que La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio y de sus Protocolos). Asimismo, el TEDH no admitirá ninguna demanda individual si es idéntica a otra que haya sido examinada por la Corte de Estrasburgo o en otra instancia internacional de investigación (Art. 35.2.b CEDH); pensemos, por ejemplo, si se encuentra sub iudice en la Corte Internacional de Justicia.

En cuanto a la competencia temporal (ratione temporis), al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva (Art. 35.1 CEDH); es decir, en España no se puede acudir a los magistrados de Estrasburgo si, por ejemplo, aún está pendiente recurrir el litigio ante el Tribunal Supremo o presentar un recurso en el Tribunal Constitucional. Asimismo, la jurisprudencia del TEDH ha reiterado al respecto que: De conformidad con los principios generales del derecho internacional (principio de irretroactividad de los tratados), las disposiciones del Convenio no vinculan a una Parte contratante en relación con cualquier acto o hecho anterior a la fecha de entrada en vigor del Convenio respecto a dicha parte, tampoco respecto a una situación que había dejado de existir antes de esta fecha [Caso Varnava y otros contra Turquía, de 18 de septiembre de 2009, § 130].


Por último, la competencia territorial (ratione loci) se deduce del Art. 34 CEDH: si se ha producido una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos, dicha violación tuvo que ocurrir bajo la jurisdicción de uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que han suscrito el CEDH (un Estado Contratante) o en un territorio controlado efectivamente por una de esas naciones europeas.

miércoles, 18 de septiembre de 2019

El laudo de Londres sobre la frontera castellano-navarra

En la Baja Edad Media, cuando un litigio territorial no se podía resolver mediante el uso de las armas solía recurrirse entonces al arbitraje. En una entrada anterior de este blog ya tuvimos ocasión de referirnos a la denominada sentencia arbitral de Torrellas de 8 de agosto de 1304 por la que tres “amigables componedores” –don Dionís, rey de Portugal; el infante Juan, el de Tarifa; y Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza– fueron convocados por los monarcas Jaime II de Aragón y Fernando IV de Castilla para acabar con las “discordias y guerras” existentes entre ambos reinos y poner fin al contencioso fronterizo castellanoaragonés en el Reino de Murcia tras ocho años de conflicto armado. Hoy veremos un nuevo ejemplo arbitral de la segunda mitad del siglo XII.

El 25 de agosto de 1176, Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI de Navarra acordaron por carta –redactada en algún lugar entre Nájera y Logroño (actual La Rioja)– someter sus diferencias sobre los límites territoriales, por ciertos castillos con sus tierras y términos, al arbitraje del rey Enrique II Plantagenet de Inglaterra (suegro del rey castellano porque en 1170 había contraído matrimonio con su hija, Leonor, hermana de Ricardo Corazón de León y de Juan sin Tierra). Como era habitual en aquella época, ambos monarcas pusieron diversas fortalezas en garantía de que se respetaría la tregua, de buena fe y sin mala voluntad, hasta que el soberano inglés dictara el laudo.

En la primavera del año siguiente, los representantes castellanos y navarros expusieron sus respectivas alegaciones ante Enrique II: Alfonso argumentaba que el rey navarro le había arrebatado de manera injusta y violenta, mientras era menor de edad y huérfano, castillos y tierras [Logroño, Navarrete, Entrena, Autol y Ausejo], con todas sus términos y pertenencias; por su parte, sin contradecir nada de lo expuesto, los representantes navarros aseguraban que era Alfonso quien había arrebatado injustamente a Sancho unos castillos [Leguin, Portilla y Godín].

Finalmente, el 16 de marzo de 1177, el árbitro inglés dictó su laudo, teniendo como testigos a los miembros de su Curia Regia, mandando a los dos soberanos ibéricos que firmaran la paz y que la observaran a perpetuidad; en cuanto a los castillos y términos objeto del litigio, determinó que se haga a cada una de las partes la restitución plena de todo lo que se solicitaba de acuerdo a Derecho y que Alfonso diera a Sancho tres mil maravedíes anuales durante un decenio que se le entregarán en Burgos.


En la práctica, como han estudiado Tomás Urzainqui y Juan Mª Olaizola, su laudo no satisfizo a navarros ni a castellanos y, para Navarra suponía, entre otras, la pérdida del territorio navarro de La Rioja y la Bureba [URZAINQUI, T. & OLAIZOLA, J. Mª. La Navarra marítima. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, p. 108]. El texto original del laudo se conserva hoy en día en el British Museum.

lunes, 16 de septiembre de 2019

El símbolo de la «Silla rota» [«Broken Chair»]

En la Plaza de las Naciones, delante de la delegación de la ONU en Ginebra (Suiza) –el mismo edificio que albergó la sede de la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras– se levanta una singular escultura de tamaño monumental, de 12 metros de altura y 5,5 toneladas de peso; diseñada en madera de abeto Douglas por el artista ginebrino Daniel Berset, siguiendo el proyecto ideado por Paul Vermeulen (cofundador de la ONG Handicap International). Representa una silla rota a la que le falta una de sus cuatro patas. Esta organización humanitaria –fundada en 1982 para asistir a los refugiados camboyanos que habían perdido alguna de sus extremidades– la instaló, provisionalmente, el 18 de agosto de 1997, en el marco de la campaña que inició para que los Estados parte de las Naciones Unidas firmaran la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción [la denominada Convención sobre la prohibición de minas antipersonales o Convención de Ottawa] que, finalmente, se adoptó en la capital canadiense el 3 de diciembre de 1997.


Pasada aquella fecha, la escultura permaneció en su lugar como símbolo, por un lado, en homenaje a las víctimas de las minas y otras armas explosivas y, por otro, para recordar a las delegaciones de los países el compromiso que asumieron al firmar la Convención de Ottawa; pero, en marzo de 2005, la Plaza de las Naciones se reformó y la «Silla rota» fue desmantelada. La presión popular y, en cierto modo, el destino, se confabularon para que en febrero de 2007 volviera a instalarse coincidiendo, esta vez, con las conferencias preparatorias de la Convención sobre municiones en racimo, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008. Aunque abandonó su ubicación inicial sobre el césped para situarse en el mismo eje que la avenida de los mástiles en la que ondean las banderas de los Estados miembro de la ONU.

viernes, 13 de septiembre de 2019

¿Cuál fue la primera norma sanitaria española?

A lo largo del siglo XIX ya contamos con algunos precedentes; el más remoto quizá sea el contenido del Art. 131.23º de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 [”La Pepa”] al disponer que, entre las facultades de las Cortes, se encontraba el aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino. Con esa atribución, durante el Trienio Liberal, hubo un proyecto de Código Sanitario de 1822 que se consideró el primer ensayo de poner al día las técnicas de intervención pública en los problemas de salud de la colectividad, cuya aprobación frustraron en su momento las disputas acerca de la exactitud científica de los medios técnicos de actuación en que pretendía apoyarse. Con este fracaso –según afirma el preámbulo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad– la consolidación de un órgano ejecutivo bien dotado y flexible, acomodado en cuanto a su organización a las nuevas técnicas de administración que tratan de abrirse camino en España en los primeros años de la pasada centuria, tiene que esperar hasta la aprobación de la Ley de 28 de noviembre de 1855, que consagra la Dirección General de Sanidad, creada muy pocos años antes. (…) el esquema organizativo de 1855 (cambiando por épocas el nombre de la Dirección General de Sanidad por el de Inspección General de Sanidad) [es] el que trasciende al siglo que lo vio nacer y se asienta en nuestro sistema con una firmeza sorprendente.

Como ha señalado el profesor Feria Lorenzo: La Ley Sanitaria de 1855 es fruto del contexto socio-sanitario, caracterizado por el azote de las enfermedades infecciosas, el anquilosamiento de las instituciones, la aparición de corrientes higienistas y de nuevos descubrimientos, y la implicación formativa de los profesionales sanitarios [1].


En dicha ley se mantiene y ratifica la incipiente estructura dependiente del Ministerio de la Gobernación; la Dirección General de Sanidad en su seno; el Real Consejo de Sanidad como órgano asesor; los jefes políticos provinciales como órgano administrativo y autoridad superior en la provincia; las juntas provinciales y municipales como asesoras de aquél; y los Subdelegados nombrados por el jefe político, pero sin sueldo fijo (…). El resto de la ley, del artículo 12 al 102, regula por primera vez funciones técnico-administrativas como verdadero reglamento o código sanitario que va a estar vigente durante todo el siglo en materia de: sanidad marítima (39 artículos); sanidad interior (28 artículos); medicamentos (11 artículos); facultativos forenses y de baños (5 artículos); de la higiene pública (1 artículo); de la vacunación (1 artículo) [2].


Citas: [1] FERIA LORENZO, D. J. “La primera regulación sanitaria española: La ley orgánica de 1855”. Revista de Historia das Ideias, vol. 33, 2012, p. 217. [2] VIÑES RUEDA, J. J. La Sanidad Española en el Siglo XIX a través de la Junta Provincial de Sanidad de Navarra (1870 - 1902). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2006, p. 75.

Cuadros (de arriba a abajo): Pablo Picasso | Ciencia y caridad (1897); Enrique Paternina García Cid | La visita de la madre al hospital (1892); y Luis Jiménez Aranda | Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe (1889).

miércoles, 11 de septiembre de 2019

El marco jurídico de las piscinas

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad no incluye ninguna mención expresa a las piscinas pero sí que establece, de forma más genérica, que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades (Art. 3); y, en ese contexto, dispone que las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, serán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, de acuerdo con la normativa básica del Estado (Art. 24). Sin duda, una de esas actividades es el uso recreativo del agua, en concreto las instalaciones de piscinas.

En aquel momento continuaba en vigor una Orden de 31 de mayo de 1960 sobre piscinas públicas que solo se modificó, al año siguiente, por otra Orden de 12 de julio de 1961, para “someter” a las piscinas privadas al mismo marco regulador con el que funcionaban las piscinas de carácter público.

Esa norma continuó en vigor medio siglo más hasta que fue derogada por el actual Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, que estableció los criterios técnico-sanitarios de las piscinas; en el que se fijan los valores paramétricos a cumplir en el agua de los vasos de estas piscinas y su frecuencia mínima de muestreo (…) con la finalidad de proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas.

Pero no solo deberá ser adecuada la calidad del agua sino también la calidad del aire en aquellas piscinas cubiertas, incluidos centros de hidromasaje y piscinas terapéuticas, por lo que se fijan una serie de parámetros básicos operacionales que sirvan al titular de la piscina, para tener una correcta calidad del aire que no produzca riesgos para la salud.


Desde un punto de vista jurídico, el Art. 2 del Reglamento de 2013 define “piscina” como la instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las construcciones complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento. Pueden ser descubiertas, cubiertas o mixtas.

A continuación, el Real Decreto 742/2013 especifica desde los productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso hasta la capacitación del personal para el desempeño de esta actividad; pasando por el número de controles de calidad y los puntos de toma de muestra de agua y remitiendo su régimen sancionado a lo establecido la mencionada Ley General de Sanidad de 1986 y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Probablemente, el aspecto más curioso de esta regulación sea el contenido de su anexo I con los parámetros indicadores de calidad del agua; por ejemplo, la piscina debe estar a una temperatura entre 24 y 30°C, con un pH de 7,2 – 8,0 y ≤ 5 UNF de turbidez. Asimismo, se establecen los porcentajes de cloro, bromo, ácido isocianúrico y otros desinfectantes.

Cuadros: David Hockney | A bigger splash (1967) y Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972).

lunes, 9 de septiembre de 2019

Un ejemplo del principio de «pacta tertiis nec nocent nec prosunt»

El litigio principal de este asunto –según dispone la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 25 de febrero de 2010 [ECLI:EU:C:2010:91]– tuvo su origen en una demanda de la empresa Brita GmbH. Esta firma alemana importaba dispensadores de agua con gas y sus accesorios y siropes fabricados por un proveedor israelí, Soda-Club Ltd, cuya fábrica se encuentra situada en Mishor Adumin (Cisjordania), al Este de Jerusalén. Durante el primer semestre de 2002, la demandante presentó más de 60 declaraciones aduaneras solicitando el despacho a libre práctica de las mercancías importadas porque el país de origen de esas mercancías era Israel, para que se le aplicara la preferencia arancelaria prevista en el Acuerdo de Asociación que la Unión Europea había firmado con el Estado Hebreo el 20 de noviembre de 1995.

Como la administración aduanera israelí no respondió al escrito de su homóloga alemana en el que se requería indicar si las mercancías habían sido fabricadas en los asentamientos israelíes de Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental o los Altos del Golán, las autoridades aduaneras alemanas acabaron por denegar el régimen preferencial –ya que no podía demostrarse con certeza que dichas mercancías estuvieran comprendidas en el ámbito de aplicación del Acuerdo CE-Israel– y, como consecuencia, en 2003, procedió a recaudar 19.155,46 euros en concepto de derechos de aduana.

Al comunicársele esta resolución, Brita apeló ante diversas instancias alemanas con el fin de anularla y, finalmente, recurrió al Finanzgericht Hamburg. En 2008, este Tribunal Económico-Administrativo de Hamburgo decidió suspender el procedimiento y plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo: ¿Debe concederse en cualquier caso el beneficio del régimen preferencial al importador de una mercancía originaria de Cisjordania, aun cuando sólo se presente un certificado formal del origen israelí de la mercancía, teniendo en cuenta que el trato preferencial está previsto en dos Acuerdos pertinentes –a saber, el Acuerdo de Asociación CE-Israel y el Acuerdo de Asociación CE-OLP [actuando la Autoridad Palestina por cuenta de Cisjordania y la Franja de Gaza]– para las mercancías originarias del Estado de Israel y de Cisjordania, respectivamente?

Para el TJUE, el ámbito de aplicación territorial del Acuerdo de Asociación CE-Israel está definido en su Art. 83 del siguiente modo: El presente Acuerdo será aplicable, por una parte, en los territorios en los cuales se aplican los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y con arreglo a las condiciones establecidas en dichos Tratados y, por otra, en el territorio del Estado de Israel. A continuación, el Art. 2.2. del Protocolo nº 4 anexo al Acuerdo de Asociación CE-Israel establece las reglas relativas a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa: (…) se considerarán productos originarios de Israel los productos enteramente obtenidos en Israel.

Como las Comunidades Europeas celebraron sucesivamente dos acuerdos de asociación euromediterráneos, el primero con el Estado de Israel y el segundo con la OLP, cada uno de estos dos acuerdos de asociación tiene un ámbito de aplicación propio: El Art. 83 del Acuerdo de Asociación CE-Israel dispone que se aplica al «territorio del Estado de Israel» y el Art. 73 del Acuerdo de Asociación CE-OLP dispone que se aplica al «territorio de Cisjordania y de la Franja de Gaza». De ello se deduce que el Art 83 del Acuerdo de Asociación CE-Israel debe interpretarse en el sentido de que los productos originarios de Cisjordania no están incluidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Acuerdo y, por tanto, no tienen derecho al régimen preferencial que éste establece.

En estas circunstancias, las autoridades aduaneras alemanas pudieron denegar la concesión del régimen preferencial previsto por el Acuerdo de Asociación CE-Israel a las mercancías importadas por Brita porque eran originarias de Cisjordania.

En consecuencia, si se interpretara el Art. 83 del Acuerdo CE-Israel en el sentido de que las autoridades israelíes estuvieran investidas de competencias aduaneras respecto de los productos originarios de Cisjordania, eso equivaldría a imponer a las autoridades aduaneras palestinas la obligación de no ejercer las competencias que les otorgan las disposiciones del Protocolo CE-OLP. Una interpretación que, al tener por efecto crear una obligación para un tercer sujeto sin su consentimiento, sería contraria al principio de Derecho Internacional de «pacta tertiis nec nocent nec prosunt» (los acuerdos no vinculan ni benefician a terceros) tal y como está codificado en el Art. 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969: Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.

viernes, 6 de septiembre de 2019

El concepto de «patria» en el ordenamiento jurídico español

Según el investigador del CSIC, José Luis González Quirós: Es común reconocer que las primeras apariciones de 'patria' se encuentran en los escritos de Cicerón, Horacio y Quintiliano. En estos autores latinos, la patria es la tierra de los padres, el lugar al que el hombre está ligado en virtud de su nacimiento; sin embargo, hoy en día, añade este autor, (…) la noción de patria nos transmite un aroma del pasado muy remoto, está ligada a conceptos e instituciones que tuvieron su vigencia en el mundo antiguo y que han pasado mal, entre otras, las aduanas de la modernidad, la ilustración y el romanticismo. (…) la noción de patriotismo se ha ido desdibujando en la teoría, y las virtudes, valores y sentimientos que había sido capaz de suscitar han ido desapareciendo, al menos aparentemente, del panorama político presente [GONZÁLEZ QUIRÓS, J. L. Una apología del patriotismo. Madrid: Taurus, 2002, pp. 17 y 23].

¿Qué ocurre en el ámbito jurídico? ¿Ha desaparecido el concepto de patria –entendida como esa tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos (DRAE)– del ordenamiento jurídico español? Si nos ceñimos a la legislación posterior a 1978, la presencia de esta voz –en la normativa española– es prácticamente testimonial.

La actual Constitución de 1978 solo emplea el concepto de “patria” en el Art. 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. A continuación, siguiendo la jerarquía del ordenamiento jurídico español –tras eliminar de la búsqueda los términos “patria potestad” y “repatriación”– el resultado es que “patria” se cita una única vez en una sola ley orgánica: el Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre]; en concreto, en el Art. 583.1 se tipifica que: Será castigado con la pena de prisión de doce a veinte años: 1º El español que tome las armas contra la Patria bajo banderas enemigas (…).

En el texto de las leyes ordinarias, las referencias son preconstitucionales y se limitan a: la formalización legal de la pluralidad jurídica de nuestra Patria (…) o la vitalidad de todos los ordenamientos forales como vía para un concertado progreso del derecho de nuestra Patria, que encontramos en la exposición de motivos de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra; junto a algunas referencias tangenciales a la ya sin vigor Ley 5/1976, de 11 de marzo, de Mutilados de Guerra por la Patria, que aparecen en diversas leyes de presupuestos.


Y si continuamos el rango jerárquico y analizamos otras normas con fuerza normativa de ley, entre los Reales Decretos legislativos hay dos menciones colaterales al Cuerpo a extinguir de Mutilados de Guerra por la Patria y al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, respectivamente, en el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado. Situación análoga a la que se da en los Reales Decretos leyes (por ejemplo, la referencia incluida en el Real Decreto-ley 42/1978, de 14 de diciembre).

Cuadros: Superior: Chen Long-Sing | La patria al atardecer (1994). Inferior: Su Hsin-tien | Montañas verdes, verdes aguas (1992).

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Los casos de premoriencia y comoriencia

Una cláusula testamentaria puede estipular lo siguiente: los beneficiados con lo dispuesto en este testamento serán sustituidos, caso de premoriencia o comoriencia, por sus respectivos descendientes; asimismo, es posible instituir a un hijo como heredero universal y, a continuación, prever su sustitución para los casos de premoriencia, comoriencia, renuncia o incapacidad, por los hijos del citado heredero por partes iguales y con sustitución vulgar, a su vez, de cada uno de ellos por sus descendientes de grado más próximo; o, finalmente, contener que ambos cónyuges se instituyen mutua y recíprocamente herederos universales en pleno dominio y libre disposición; la institución que antecede surtirá los efectos característicos del llamado "pacto al más viviente", por virtud del cual en caso de comoriencia de los testadores, o fallecimiento del sobreviviente sin haber dispuesto por cualquier título de todos los bienes, los que queden serán heredados, como herederos sustitutos, por quienes entonces sean más próximos parientes de ambos testadores, sucediendo cada rama familiar en los que hubieran pertenecido en su origen al respectivo testador.
 
El Diccionario del Español Jurídico define la premoriencia como la muerte de una persona que se produce antes de que tenga lugar la muerte de otra, con los consiguientes efectos sucesorios previstos por la ley; mientras que la voz “comoriencia” no figura ni en el DEJ ni en el DRAE y sólo aparece en el BOE dentro del temario de cuatro oposiciones. Por analogía, podría ser la muerte de una persona que se produce al mismo tiempo de que tenga lugar la muerte de otra.
 
Como ha señalado el profesor Lasarte: La determinación del momento de la muerte adquiere tintes de particular complejidad cuando fallecen simultáneamente dos o más personas que tuvieran recíprocamente derecho a heredar a las otras, como ocurriría en el supuesto típico de nuestros días: accidente aéreo, automovilístico, etc, en el que fallecen padres e hijos. En tales casos, tradicionalmente (desde el Derecho romano, pasando por las Partidas, hasta la aprobación del CC) [Código Civil] se solucionó el tema recurriendo a una serie de presunciones de forma tal que: Entre marido y mujer, se consideraba premuerta a ésta, atendiendo a su mayor debilidad. Entre progenitores e hijos, dependía de si éstos eran mayores de 14 años o no, estimándose que en el primer caso fallecerían antes los padres y en el segundo los descendientes impúberes. Nuestro CC introdujo, sin embargo, una regla distinta en el Art. 33 conforme al cual, en defecto de prueba en contrario, se reputa que los comorientes han fallecido de forma simultánea y, por ende, "no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro". El tenor literal de éste Art. parte de la base de que los comorientes son herederos entre sí, y, sin duda, fue redactado atendiendo a una muerte simultánea y por la misma causa (incendio, terremoto, etc) [LASARTE, C. Compendio de Derecho de la persona y del patrimonio. Madrid: Dykinson, 2011, p. 12].

Cuadro: Catherine Haggarty | Naturaleza muerta en el cementerio (1956).

lunes, 2 de septiembre de 2019

Los tres principios éticos andinos

Al redactar el módulo educativo sobre Ética, Participación Comunitaria y Gobernabilidad (*), sus autores –Ángel Ramírez Pitisaca y Verónica Zambrano– se refieren a los tres principios éticos de la cultura andina de la siguiente manera: Entre los consejos principales que nuestros abuelos y nuestros padres nos dan están los de no mentir, no robar, y no ser ocioso y/o perezoso. En épocas muy remotas había un ambiente de respeto en las familias y en toda la comunidad. Los mayores o sabios con su experiencia aconsejaban a los hijos/as sobre su comportamiento en la comunidad de la siguiente manera: Ama llulla- No mentir. Mentir desarmoniza la familia, comunidad, pueblo o nacionalidad. Ama Killa- No ser ocioso. La pereza nos hace vagos. Todos tienen la responsabilidad de trabajar, nadie debe disfrutar del trabajo ajeno. Ama Shuwa- No robar. La armonía entre los seres humanos se basa en el respeto a los bienes ajenos. Este principio exige que a las cosas de los demás se las cuiden, se las respeten.

Esos tres principios y valores del movimiento indígena andino –ama suwa (ama sua o ama shwa), ama llulla, ama qhilla (ama quella); es decir: no robar, no mentir, ni ser flojo (ocioso)– forman parte del Art. 83.2 de la Constitución Política de la República del Ecuador, de 2008, como uno de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos; y del Art. 8.1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 2009: El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Aunque estos fueron los principios sobre los que se desarrolló el Imperio Inca [Tahuantinsuyo], la ley fundamental peruana no los incluye de forma expresa.

NB: la diferente grafía a la hora de redactar estos tres principios se debe a que los incas no conocían la escritura y sus normas se transmitían de forma oral.

viernes, 30 de agosto de 2019

El caso Mortara

Entre las reflexiones que el político italiano Antonio Gramsci (1891-1937) escribió en sus célebres Quaderni del carcere, escritos durante su reclusión en la prisión de Turi [cerca de Bari (Puglia)] en los años 30 y publicados póstumamente en la siguiente década, incluyó un capítulo dedicado al sentimiento religioso en el siglo XIX con ejemplos de antisemitismo que se habían producido en la época del Resurgimiento (Risorgimento) de su país. Uno de ellos fue el “Caso Mortara”, que fue coetáneo del propio Gramsci: Se trata de un caso de "oblación" que tuvo amplio eco en la segunda mitad del siglo XIX ("oblatos" eran llamados los niños de familias "infieles", "ofrecidos" a la Iglesia en estado de inconsciencia contra la voluntad de los padres): el 24 de junio de 1858, en Bolonia, Edgardo Mortara, un niño judío de siete años, bautizado a escondidas por una sirvienta, fue sustraído a la fuerza a la familia por los gendarmes pontificios por orden del Inquisidor del Santo Oficio, y resultaron vanos todos los esfuerzos de los padres para obtener la restitución y ni siquiera para volver a ver al niño. En 1860, después de la liberación de Bolonia del dominio pontificio, el ex-inquisidor. Pier Gaetano Feletti, fue arrestado y procesado por el "caso Mortara", pero fue absuelto por haber actuado por orden superior. El niño Mortara, que entre tanto había sido llevado a Roma y rebautizado con el nombre de Pío [en homenaje al papa Pío IX], fue encaminado luego a la carrera sacerdotal; después de 1870, convertido en canónigo lateranense y predicador, fue transferido al extranjero (…) [1].

Por su parte, el historiador francés Georges-Jacques Weill narra los hechos ocurridos al anochecer del 23 de junio de 1858, cuando un destacamento de gendarmes pontificios liderados por un hombre vestido de civil llamó a la puerta de una casa en Bolonia habitada por una familia judía e informó a los cónyuges Solomon [Momolo] y Marianna Mortara. que tenía órdenes de llevarse a uno de sus hijos, Edgardo, de seis años y diez meses, porque había sido bautizado y criado en secreto en la religión católica [2] “in periculo mortis”. La diferencia de un día en la fecha que indican Weill y Gramsci se debe a que los padres convencieron al mariscal Lucidi que dirigía a los gendarmes para retrasar la entrega del niño hasta el día siguiente y permitirles hablar con el inquisidor boloñés, Pier Gaetano Feletti, pero fue en vano y la autoridad eclesiástica envió al joven a Roma donde recibió un nuevo bautismo.

Moritz Daniel Oppenheim | El secuestro de Edgardo Mortara (1862)

Según las razones oficiales del secuestro, conocido unos días después, la criada católica de Mortara, Anna Morisi, bautizó al niño a la edad de aproximadamente un año, durante una enfermedad. Pero el pequeño Edgardo había sobrevivido, y después de la muerte de uno de sus hermanos menores, la criada, arrepentida, habría confesado a un sacerdote que informó al arzobispo de Bolonia, el cardenal Viale-Prela. Este último, luego de seguir el consejo del Santo Oficio en Roma, dio la orden de aplicar la legislación vigente en los Estados Pontificios; es decir, educar al niño en le fe católica [2]. 

Recordemos que, en aquel tiempo, el precedente de lo que hoy es la Ciudad del Vaticano recibía la denominación de Estados Pontificios y se extendía por todo el centro de Italia, nación que aún no existía como tal.

El protagonista de este caso, Edgardo Mortara, nació en Bolonia el 27 de agosto de 1851; tras su secuestro –que provocó un aluvión de críticas anticlericales en toda Europa y Estados Unidos– el niño fue educado en Roma, pese a las promesas del cardenal Giacomo Antonelli de permitirle elegir su religión cuando cumpliera los 18 años; ingresó en la Congregación del Santísimo Salvador Lateranense (Canónigos Regulares de Letrán), en 1867, se ordenó sacerdote y tras la reunificación italiana, fue enviado a predicar al Tirol y a las ciudades de Maguncia y Breslavia (Imperio Alemán). Una vez ordenado, el Vaticano le encargó que trabajara en la conversión de los demás judíos. El papa creía que devolver un niño católico a su familia judía sería una traición al mandato de Jesucristo, que era la única verdad a la que se debía. Murió convencido de haber actuado con altruismo y coraje, como brazo de Dios en la Tierra para salvar un alma. Edgardo fue uno de los principales testigos en el proceso de canonización de Pío IX [3]. Finalmente, falleció cerca de Lieja (Bélgica), en la Abadía de Bouhaye, el 11 de marzo de 1940 sin ser consciente de la trascendencia que tuvo su vida ni las implicaciones jurídicas, teológicas, políticas y sociales que provocó su secuestro.

Para la doctrina científica, la intolerancia que demostró la Santa Sede facilitó la causa de la unificación italiana –frente a un Estado Pontificio que resultaba anacrónico en plena era del liberalismo y el racionalismo– y se vio favorecida por el apoyo de Napoleón III de Francia que consideró el caso Mortara como una violación escandalosa de las garantías más esenciales en las que se basa el respeto por el hogar y la autoridad paterna; la opinión pública salió en defensa de los derechos de la familia judía y se desarrolló un sistema legal secular que reafirmó los derechos de los ciudadanos frente a la Iglesia y el Estado [2].

Por último, en cuanto al padre Feletti –como señaló Gramsci– cuando Bolonia dejó de pertenecer a los Estados Pontificios, la familia Mortara logró que las autoridades lo arrestaran el 2 de enero de 1860 y que fuese juzgado por secuestro en el Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza de Bolonia. La instrucción del juicio se alargó hasta abril de aquel mismo año, siendo juzgado y absuelto el 16 de abril porque había ejecutado una orden que decía haber recibido de la Sagrada Congregación de Roma [4].

Citas: [1] GRAMSCI, A. Cuadernos de la cárcel. Puebla: Ediciones Era, 1999, p. 334. [2] WEILL, G.J. “L'affaire Mortara et l'anticléricalisme en Europe à l'époque du Risorgimento”. En: MARX, J. Aspects de l'anticléricalisme du Moyen Âge à nos jours. Bruselas: ULB, 1988, p. 103. [3] VERBITSKY, H. La mano izquierda de Dios (Tomo IV). Buenos Aires: Sudamericana, 2010. [4] Difesa del padre Pier Gaetano Feletti imputato come inquisitore del Santo Uffizio. Bolonia, 1860. Cuadro superior: Renny Tait | Bolonia (2017).

miércoles, 28 de agosto de 2019

Decálogo sobre el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)

La primera pregunta parece obvia: ¿qué es el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)? El Ministerio del Interior español lo define como la base de datos que aglutina los datos estadísticos de criminalidad proporcionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Contiene toda la información estadística de criminalidad y es del mismo de donde se extraen los datos que conforman los informes estadísticos que se publican. La unidad básica es la operación estadística, definida como el conjunto de actividades que llevan a la obtención de resultados estadísticos de criminalidad, a partir de datos recogidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

¿Cuándo se creó? La Orden INT/2783/2009, de 29 de septiembre, modificó la anterior Orden 3764/2004, de 11 de noviembre –para adecuar los ficheros informáticos del Ministerio del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal– y creó nuevos ficheros gestionados por dicho Ministerio. El primero de esos nuevos ficheros fue el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

¿Cuál es su fin? En virtud del Anexo I de dicha Orden –modificado por la Orden INT/3310/2009, de 1 de diciembre– la finalidad del SEC es: Tener un conocimiento más profundo de los factores que inciden en la seguridad ciudadana, derivado del caudal de información que genera la actividad delictiva e infractora, así como estructurar, de acuerdo con criterios rigurosos y técnicos, la obtención, explotación y difusión de datos estadísticos relacionados con las infracciones penales y contra las leyes de seguridad ciudadana.

¿Con qué uso? Para fines estadísticos, con objeto de articular en cada momento las políticas de seguridad más adecuadas y establecer los planes de acción preventivos que en cada ámbito territorial correspondan. ¿De qué personas o colectivos se pretende obtener esos datos? De denunciantes y víctimas de infracciones contempladas en las leyes penales y de protección de la seguridad ciudadana, así como las personas sobre las que, presuntamente, pudiera recaer alguna responsabilidad por las indicadas infracciones.

¿Cuál es el procedimiento de recogida de esos datos? Los datos procederán de las diligencias instruidas con ocasión de actuaciones policiales, reseñas de detenidos, denuncias recibidas a través de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diferentes Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales con las que se establezcan acuerdos de colaboración.


¿Qué datos personales se recogen? Datos de carácter identificativo (por ejemplo, el DNI o el pasaporte); datos de características personales (fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, lugar de residencia y estado civil); datos relativos a la comisión de infracciones penales contra las leyes de Seguridad Ciudadana (implicación y consumo de drogas y/o alcohol por parte de los responsables de la comisión de infracciones penales); datos académicos y profesionales (titulación académica y situación ocupacional o laboral); y datos de circunstancias sociales (respecto a los ciudadanos que no posean la nacionalidad española, su situación administrativa en España, medio utilizado para su entrada en territorio nacional y motivo de su estancia en España).

¿Se pueden ceder estos datos a terceros? A los solos efectos de tratamiento y elaboración de las informaciones estadísticas relacionadas con los hechos ilícitos registrados en el Sistema Estadístico de Criminalidad, se cederá a los respectivos servicios estadísticos de las Policías Autonómicas, con competencia integral en materia de seguridad, un número identificador –bien sea el DNI, NIE, Pasaporte u otro documento identificativo correspondiente a la víctima, el denunciante o el autor de los hechos objeto del referido registro.

¿Ante qué órgano administrativo responsable del fichero se pueden ejercitar los derechos ARCO? En la Secretaría de Estado de Seguridad, el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (Paseo de la Castellana, nº 64, 28071 Madrid).

Y, por último, ¿dónde se pueden consultar estos datos estadísticos? En el portal Estadísticas de Criminalidad del Ministerio del Interior; un espacio que pretende satisfacer de forma ágil, rápida y dinámica, la creciente demanda de información estadística relacionada con la actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

lunes, 26 de agosto de 2019

Tres ejemplos de policías administrativas especiales

En la conferencia “Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa” que el catedrático Fernando Garrido Falla impartió en el Instituto de Estudios Políticos, en 1953, señaló que: el concepto de policía toma su significación actual con el advenimiento del Estado de derecho (…). Antes de entrar en los linderos del siglo XX, se produjo ya una tal ampliación en los fines estatales y autorizaron las leyes tan considerable número de nuevas intervenciones administrativas, que junto a la policía de seguridad que, por antonomasia, siguió denominándose policía general, comenzó a hablarse de policías especiales, para comprender con tal denominación aquel conjunto de medidas limitativas de la actividad de los particulares que se dictaron en específicas materias; así surgió la policía minera, forestal, de aguas, etc.
 
Hoy en día, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Policía en sentido estricto– el modelo policial español también incluye las denominadas policías administrativas especiales a las que se reconoce el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y que mantienben el orden en sectores muy concretos; por ejemplo: el Art. 6.q) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, define a los agentes forestales como: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6.º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 
Además del Cuerpo de Agentes Forestales, podemos encontrar un segundo ejemplo de cuerpo de policía administrativo especial en el tercer libro del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Arts. 295 y ss.) donde se regula la policía administrativa de los espacios portuarios, la tipificación de infracciones y sanciones y el régimen de ejercicio de la potestad sancionadora (es decir, el Servicio de Policía Portuaria).
 
Por último, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SAV) también tienen el carácter de agentes de la autoridad y poseen, dentro de su competencia, las facultades y atribuciones previstas en las Leyes vigentes para los funcionarios encargados de la investigación y descubrimiento de las correspondientes infracciones (Art. 9 del Real Decreto 319/1982, de 12 de febrero).

viernes, 23 de agosto de 2019

La doctrina de la “costa seca”

La "costa seca" es la costa que no engendra mar territorial, puede darse, pero a título excepcional y en forma convencional. En la mayoría de los ríos contiguos que sirven para el trazado de límites internacionales, éstos siguen el thalweg [germanismo para designar la vaguada en un valle o la línea media en el cauce de las aguas], la línea media u otro límite convencional, pero rara vez una ribera "seca". En la mayoría de las delimitaciones lacustres los límites son líneas imaginarias que atraviesan el agua. Los pocos casos en la geografía africana donde el límite internacional sigue la orilla de algún lago, son obra de europeos en suelo africano: límites superpuestos [1]. De la opinión del embajador Kaldone G. Nweihed podemos deducir que esta doctrina, aunque sí existe, resulta excepcional y ha de ser pactada entre las dos naciones fronterizas. En cuanto a la referencia a África, un buen ejemplo lo encontramos en la delimitación del Lago Malaui entre este país y su vecina Tanzania.
 
Esta doctrina, como afirma el coronel Francisco Javier Ayuela [2], determina que la costa es la frontera y (…) constituye un caso singular en relación a los derechos de soberanía y de explotación de las aguas contiguas. Por su parte, el capitán Ángel Liberal –comentando el caso específico del límite entre ambas Alemanias hasta 1990, en plena Guerra fría, siguiendo el cauce del el río Trave, cerca de Lübeck– considera que estamos ante una “costa seca” cuando la costa es la frontera. En este caso, el territorio ribereño no puede ejercer soberanía ni explotación económica sobre las aguas adyacentes [3].
 
Costa seca de Tanzania frente Malaui
La base jurídica se deduciría del Art. 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982 al regular la delimitación del mar territorial entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente: Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial mas allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma.
 
En Iberoamérica, los problemas limítrofes han dado lugar a diversos pleitos sobre costas secas que han enfrentado a Venezuela y Colombia, Chile y Perú o Argentina y Chile (en este caso, el periodista chileno Arturo Fagalde la propuso como solución para el canal Beagle en 1905 pero un laudo arbitral británico de 1977 al que se sometieron los gobiernos de Buenos Aires y Santiago no tuvo en cuenta esta doctrina que habría afectado al puerto argentino de Ushuaia, como costa seca rodeada de aguas territoriales chilenas).
 
En España, sin ir más lejos, este planteamiento también es aplicable a la controversia que surge al interpretar el Art. X del Tratado de Utrecht; mientras las autoridades de Londres hablan de “aguas gibraltareñas” inherentes a cualquier territorio con costa, el Gobierno de Madrid no reconoce su existencia porque en ese precepto no se incluyó ninguna cesión al Peñón sobre la jurisdicción de las aguas adyacentes sino tan solo de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas. Para el profesor Remiro Brotons: En cuanto a las aguas del Peñón, juega a favor de Gran Bretaña la presunción de que las posee en la medida en que la soberanía sobre la franja del mar adyacente a la costa dimana naturalmente de la soberanía sobre dicha costa. Ciertamente no se trata de un principio imperativo y cabe, por lo tanto, limitar una cesión territorial al mero espacio terrestre, concebido como costa seca, pero se trata de una excepción que requiere prueba de que esa ha sido la voluntad de las partes [4].
 
Citas: [1] NWEIHED, K. G. Frontera y límite en su marco mundial: una aproximación a la "fronterología". Caracas: Insyituto de Altos Estudios de América Latina, 1992, 2ª ed., p. 48. [2] AYUELA AZCÁRATE, F.J. “Cartas al director”. En: Revista general de marina, 2018, vol. 275, p. 4. [3] LIBERAL FERNÁNDEZ, Á.. “Lübeck, el río Trave y la frontera interior de Alemania: un ejemplo consistente de «costa seca» en la segunda mitad del Siglo XX”. En: Revista general de marina, 2018, vol. 275, p. 45. [4] REMIRO BROTÓNS, A. “Regreso a Gibraltar: acuerdos y desacuerdos hispano-británicos”. En: Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 2004, nº 10, p. 170.

miércoles, 21 de agosto de 2019

El testimonio de los menores: ¿los niños son malos testigos?

La denominada “jurisprudencia menor” española –entendiendo como tal la que dictan las Audiencias Provinciales– nos brinda diversas resoluciones judiciales sobre esta pregunta con criterios muy diversos e incluso contrapuestos; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona se refirió a esta cuestión al señalar que (…) las dudas que tradicionalmente se han tenido respecto de la competencia del niño como testigo se han centrado en la atribución a los testigos infantiles de dos problemas de memoria, su capacidad limitada y su susceptibilidad a las preguntas sesgadas o sugerentes, pero ni uno ni otro de tales postulados pueden sustentarse con la certeza suficiente como para rechazar el valor probatorio que en los procesos judiciales pueden y deben desplegar los testimonios de los menores, sobre todo cuando (…) son ellos los únicos testigos por tratarse de hechos delictivos desarrollados en la privacidad y sin presencia de otras personas adultas que pudieran corroborarlos.

En efecto los resultados de los estudios y la experimentación que desde la psicología aplicada se han venido desarrollando en este terreno, han venido a desmontar aquellas dudosas afirmaciones, de modo que ni puede partirse de la incapacidad cognitiva del menor, para entender conocer y recordar fielmente los hechos acontecidos, ni asimismo puede afirmarse que el riesgo en ellos de sugestión sea tan elevado que impida partir de la verosimilitud y credibidilidad [sic] de sus afirmaciones. Antes al contrario se ha podido demostrar de un lado, que los menores son capaces de recordar con gran cantidad de datos y detalles, mostrándose igual de competentes que un adulto para recordar sucesos y acontecimientos pasados, y de otro lado que los niños muestran una gran resistencia a las preguntas sugerentes manteniendo los principales aspectos de los hechos, sobre todo cuando éstos les afectan personalmente, apareciendo mayor riesgo de sugestión cuanto menor sea el grupo de edad, por debajo de la preescolar normalmente. En todo caso es obvió que el mayor riesgo se encuentra en este segundo aspecto, es decir la susceptibilidad a la sugestión y su vulnerabilidad a las preguntas sesgadas o sugerente [1].

En ese mismo sentido, su homóloga navarra ha considerado que: (…) la Psicología ha llegado a la conclusión no sólo de que los menores son cognitivamente competentes, sino también que dicha ciencia dispone de procedimientos fiables que permiten evaluar tanto la madurez cognitiva de los testigos infantiles, como la medida en la que lo que exponen en sus testimonios es o no real [2].

En cambio, la Audiencia sevillana empezó a mostrar alguna reticencia: (…) si bien es verdad que la psicología del testimonio demuestra que los testigos infantiles tienden a cometer un mayor número de errores de identificación que los adultos y, sobre todo, presentan una mayor propensión a efectuar reconocimientos positivos en ruedas en las que no está presente el sospechoso, lo cierto es que los estudios experimentales que conoce el Tribunal se han efectuado con niños de corta edad –cinco y ocho años- y no podemos asegurar que sus resultados sean extrapolables a adolescentes de catorce y diecisiete años (…) [3].

Michael Abraham | Extinguising Feature (2019)

Por último, en el extremo contrario podemos destacar una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que ha mantenido una opinión divergente: Los Psicólogos y los críticos de la prueba están de acuerdo en que los niños son malos testigos, debido, principalmente, a su egocentrismo, su imaginación, que les conduce a una frecuente asociación de ideas, su falta de autocrítica para separar y distinguir, por tanto, lo percibido de lo meramente imaginado y eliminar así esas asociaciones de ideas y recuerdos. Estas condiciones malas para el testimonio permanecen con frecuencia hasta los doce años, si bien no puede señalarse una edad fija, porque, en todo caso, depende del diverso desarrollo físico y mental. (Mendelsohn: «Le viol en criminilogie», en Giustizia penale, 1940). Otras condiciones que se observan en los niños y que hacen deducir una falta de capacidad en su testimonio son las debidas al temperamento, carácter, mentalidad, timidez y sugestibilidad. Respecto a la competencia del niño como testigo, no parece haber duda en cuanto a que un menor posea las capacidades mnémicas (esto es, relativas a la memoria) necesarias para poder rendir un testimonio fiable, respecto de lo cual la psicología forense dispone hoy día de instrumentos adecuados para facilitar la solución de las cuestiones que pudieran plantearse en este campo relativos a la credibilidad del testimonio del menor [4].

Referencias: [1] SAP B 7914/2015, de 15 de julio (ECLI: ES:APB:2015:7914). [2] SAP NA 977/200, de 23 de julio (ECLI: ES:APNA:2010:977). [3] SAP SE 4775/2004, de 14 de diciembre (ECLI: ES:APSE:2004:4775). [4] SAP MA 3307/2013, de 9 de octubre (ECLI: ES:APMA:2013:3307).

lunes, 19 de agosto de 2019

Las fronteras de España [desde un punto de vista jurídico] (y II)

Si en la primera parte de esta entrada tuvimos ocasión de analizar los tratados internacionales firmados por España con nuestros Estados vecinos (Francia, Andorra, Portugal, Gran Bretaña y Marruecos) para delimitar las fronteras terrestres y trazar la línea exacta donde se encuentran los poderes soberanos de cada territorio; hoy vamos a concluir este singular repaso convencional centrándonos en los más desconocidos límites marítimos. Recordemos que, en el ordenamiento jurídico español, el Art. 8 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispone que: Son zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, además de las aguas interiores marítimas [“las situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial”], el mar territorial [“aquél que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura”], la zona contigua [“la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”] y la zona económica exclusiva [“la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura de aquél”].

Asimismo, el Art. 1 de una norma preconstitucional que aún se mantiene en vigor, la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial, es el que establece que: La soberanía del Estado español se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, al mar territorial adyacente a sus costas, delimitado de conformidad con lo preceptuado en los artículos siguientes. Dicha soberanía se ejerce, de conformidad con el Derecho Internacional, sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar, así como el espacio aéreo suprayacente.

Partiendo de esa normativa, España ha suscrito algunos acuerdos bilaterales –menos de los que pudiera pensarse– con los Estados vecinos pero con sorprendentes singularidades en un marco mucho más complejo de lo que podría parecer a primera vista:
  1. Convenio entre España y Francia sobre Delimitación del Mar Territorial y de la Zona Contigua en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gascuña), hecho en París el 29 de enero de 1974. Este breve acuerdo se aplica en el Golfo de Vizcaya, al Norte de la Bahía de Higuer, hasta el limite de doce millas a partir de las lineas de base francesas y españolas. En cambio, no han prosperado las negociaciones para delimitar el mar territorial entre ambos países en el Mar Mediterráneo debido a la oposición de Francia al principio de equidistancia [ATMANE, T. España y Marruecos frente al derecho del mar. La Coruña: Netbiblo, 2007, p. 18].
  2. Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos, hecho en Vila Real el 30 de mayo de 2017. Resulta muy singular la situación hispanoportuguesa porque este acuerdo entró en vigor en una fecha tan reciente como el 12 de agosto de 2018 (de hecho, antes se aplicaba la delimitación del Tratado de Comercio y Navegación celebrado entre España y Portugal, firmado en Madrid el 27 de marzo de 1893, sólo para el Miño porque el Guadiana ha carecido de acuerdo hasta 2017).
  3. Con respecto a Gibraltar, la controversia se centra en la diferente interpretación del Art. X del Tratado de Utrecht; mientras ls autoridades de Londres hablan de “aguas gibraltareñas” inherentes a cualquier territorio con costa, el Gobierno de Madrid no reconoce su existencia porque en ese precepto no se incluyó ninguna cesión al Peñón sobre la jurisdicción de las aguas adyacentes sino tan solo de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas. Un buen ejemplo de un problema que se conoce como la política de “costa seca”.
  4. Con Marruecos, no se ha procedido todavía a la delimitación de esos espacios, debido fundamentalmente a cuestiones políticas [Ob. cit., p. 20].
  5. Lo mismo ocurre con Argelia: Nuevamente nos encontramos ante un caso en el que no existe ningún acuerdo, no habiéndose intentado nunca. Ello no es de extrañar, puesto que si bien el límite de la zona de protección pesquera establecida por España en 1997, en el espacio ante la costa argelina, se atiene al principio de equidistancia, la zona de pesca reservada, establecida por Argelia en 1994 ante sus costas, no se extiende hasta los límites fijados unilateralmente por España para la suya [LACLETA MUÑOZ, J. M. Las fronteras de España en el mar. Madrid: Real Instituto Elcano, 2004, pp. 25 y 26]
  6. Y, por último, un acuerdo que a priori puede resultar curioso: el Convenio entre España e Italia sobre delimitación de la Plataforma Continental entre los dos Estados, hecho en Madrid el 19 de febrero de 1974. Al fin y al cabo, hay que establecer un límite entre las islas Baleares y Cerdeña: La línea divisoria de la plataforma continental entre España e Italia queda establecida según el criterio de equidistancia de las líneas de base respectivas (Art. 1).

viernes, 16 de agosto de 2019

Arequipa: la capital jurídica de Perú

En la vigente Constitución Política peruana, de 1993, el Art. 49 dispone que: La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco [Cuzco]; y, a continuación, el Art. 198 establece que: La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. La ley fundamental peruana no incluye ningún otro precepto relativo a las sedes de las principales instituciones del país; sin embargo, en la anterior Constitución de 1979, su Art. 304 sí que previó que El Tribunal de Garantías Constitucionales tiene como sede la ciudad de Arequipa, en reconocimiento histórico a su distinguida tradición jurídica.


Hoy en día, aquel órgano de garantías constitucionales se denomina Tribunal Constitucional y, de acuerdo con el Art. 1 de la Ley Orgánica que lo regula (Ley 28301, de 1 de julio de 2004): El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, tener sesiones descentralizadas en cualquier otro lugar de la República. Y de hecho el Colegio constitucional suele sesionar no solo en en su sede arequipeña sino en la Casa de Pilatos, de Lima, y puede hacerlo en cualquier otro lugar de la nación.

El editor del blog ante la sede limeña del Tribunal Constitucional peruano

Aquella tradición jurídica, como ha reconocido el juez Coaguila Valdivia, se debe a que la fértil proliferación de abogados en Arequipa tuvo una clara incidencia en la configuración de su identidad cultural, puesto que se forjó la imagen de “cuna de juristas” y convirtió a la Ciudad Blanca en referente obligatorio en materia del Derecho; y citando a Sarah Chambers, añade que estos factores contribuyeron a que en Arequipa la carrera de la abogacía alcanzara un especial esplendor por la abundancia de abogados y el surgimiento de insignes representantes en el foro arequipeño. A finales del 1830 la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema del Perú habían sido formados e iniciado su carrera en Arequipa, y más de la mitad de los integrantes que redactó el primer Código Civil de 1852 fueran arequipeños (…); con lo que generacionalmente las élites pensantes arequipeñas tuvieron un importante papel en la conformación de la república [COAGUILA, J. “Jueces, abogados y escribanos: recetario para una construcción relacional de la identidad arequipeña”. Revista de Antropología Social, 2008, nº 17, p. 5].

miércoles, 14 de agosto de 2019

La primera estafa piramidal [el caso de «doña Baldomera Larra»]

Mariano José de Larra (1809-1837) fue un niño solitario; un adolescente ávido de todo y un joven extraordinariamente maduro, reflexivo e inteligente que se fue dando cuenta, poco a poco, de que caminaba solo y hacia ninguna parte. El escritor del conflicto interior vivió apenas 27 años, 10 meses y 20 días, casi una condena, en una España aflijida por la injusticia y el atraso social y en un Madrid que era la metrópoli pobre de un imperio en el que aún no se ponía el sol. Así lo describe su biógrafo y descendiente, Jesús Miranda de Larra. Por las circunstancias de su tiempo, Fígaro, como firmaba aquel hijo de un médico de cámara de la Corte, se tuvo que exiliar con toda su familia en París (1814) siendo niño. Regresaron cuatro años más tarde pero se fueron a vivir a Navarra y Valladolid antes de continuar sus estudios en Madrid. Con apenas 20 años conoció a Pepita [Josefa Wetoret Martínez (1809-1894)] y el 13 de agosto de 1829 contrajeron matrimonio pronto y mal.

Su primogénito, Luis Mariano “Cocó”, nació a finales de 1830 mientras el célebre autor del Romanticismo continuaba escribiendo piezas de teatro y artículos; colaboraba con diversas revistas; se enamoraba de su auténtica musa, la levantina Dolores Armijo, y dejaba de nuevo embarazada a su esposa –en este caso, de Adela, nacida en 1833– separándose el matrimonio definitivamente en 1834 aunque, por las cartas que continuaron enviándose, siempre mantuvieron una relación cordial y afectuosa.

Baldomera –la verdadera protagonista de esta historia– era la hija menor de Pepita Wetoret pero no de Larra que nunca llegó a reconocerla como propia ni, por lo tanto, tampoco le dio sus apellidos; de hecho, en la correspondencia que Fígaro mantenía con su exmujer se refería a ella como “tu niña” cuando ocasionalmente la mencionaba. A pesar de todo, tanto la prensa como las autoridades judiciales de aquel tiempo llamaron “doña Baldomera Larra” a aquella niña que vino al mundo el 27 de febrero de 1835, dos años antes de que el escritor se suicidara.

En 1837, con el orgullo malherido y humillado por los fracasos en su lucha por una España mejor; (…) dolorido por los desengaños en su vida amorosa con Pepita y con Dolores (su amante lo abandonó al hacerse pública su relación y le pidió que le devolviera todas las cartas de amor que se habían enviado para regresar con su marido), hicieron que su percepción melancólica de la vida llegase a ser tan insoportable y desesperanzada que le hicieron sentir el mayor de los rechazos, la más profunda soledad, y aceptó el suicidio como la única manera digna de finalizar su fallida misión en este mundo. El 13 de febrero de aquel mismo año se llevó una pistola a la sien y disparó.

El biógrafo familiar de Larra, centrado como es lógico en el escritor y no en aquella “niña” tan solo apunta, telegráficamente, que Baldomera se casó el 4 de septiembre de 1856 con el médico, diez años mayor que ella, Carlos Montemar, que lo fue del rey Amadeo de Saboya. Al parecer tuvo numerosa descendencia [cinco hijos]. Fundó la Caja de Imposiciones. La quiebra de la Caja causó problemas con la justicia. Se trasladó a Cuba con sus hijos, donde acabó sus días [1].

Ilustración de Blanco y Negro sobre la historia del timo de Doña Baldomera

En opinión de Julio Alemparte, Baldomera fué una mujer singularísima, capaz de dar lecciones a los más pintados héroes de la picaresca... Tres sueños la embriagaban: hacerse rica, que la llamaran doña y conseguir un amante excepcional. Realizó los tres. Su aptitud para los números y las finanzas la condujo, primero, a fundar una oficina de Administraciones y préstamos, en la calle de la Redondilla; prestábase allí dinero, con toda facilidad, sin engorro alguno... siempre que se dieran garantías. Los interesados llovieron en la oficina. A poco andar, doña Baldomera –ya tenía este tratamiento– fundó un Banco, en la Plazuela de la Paja, cuya garantía aunque estaba lejos, muy lejos, encantó a los buenos vecinos de Madrid, siempre ilusionados con el azar [2].

El argentino Néstor Durigón [3] no duda en incluir a esta mujer entre los grandes estafadores de la historia: Cuando Alfonso XII fue restaurado en el trono de España, el afrancesado doctor Montemayor se vio obligado a huir para exiliarse en las colonias de Cuba, dejando a su mujer e hijos en Madrid. Baldomera, habituada al lujo y ahora en situación precaria, no tuvo más remedio que enredarse con prestamistas, a los que pagaba un elevado interés. Ese pudo ser el origen de su futura gran idea, ya que inició el negocio de préstamos. Un día le pidió prestada a una vecina una onza de oro prometiéndole que en un mes se la devolvería duplicada. Cuando cumplió su promesa, la vecina se apresuró a contarle a otras amistades “el milagro que había realizado Doña Baldomera”. No tardaron en llegar unos cuantos clientes, atraídos por la ganancia fácil, con su onza de oro en la mano –y algunos, con muchas más–, rogándole que aceptase el dinero y que realizase el mismo milagro que había hecho con la moneda de su vecina.

Ilustración de Blanco y Negro sobre la historia del timo de Doña Baldomera
 
¿En qué consistió su estafa? El sistema era sencillo: bastaba con dejarse caer por su establecimiento en la Plaza de la Paja, ingresar allí una suma de dinero y rellenar un formulario, indicando la cuenta de la imposición y donde figuraba la fecha en que le será devuelta con los debidos intereses. La Baldomera ofrecía un rédito del treinta por ciento mensual (…) [4]. Había nacido la estafa piramidal o esquema de pirámide, medio siglo antes de que la pusiera de moda el estafador italiano Carlo Ponzi (1882 –1949). Un esquema piramidal, también conocido como pirámide financiera, es un modelo comercial previsiblemente no-sostenible que depende básicamente del reclutamiento progresivo de otras personas para el esquema, a niveles insostenibles [5].

Entre diciembre de 1876 y agosto de 1878, al menos en cinco ediciones de la Gaceta de Madrid –antecedente histórico del BOE– los jueces de primera instancia del distrito de la Latina, de la capital, emplazaron a “doña Baldomera Larra” a acudir a los tribunales para responder a los cargos que contra la misma resultan en causa que se la sigue por alzamiento de bienes en perjuicio de sus acreedores; porque el 4 de diciembre de 1876 huyó a Francia. con los fondos –se calcula que veintidós millones de reales– y sin dejar persona que legítimamente la representara en la casa plaza de la Paja donde recibía las imposiciones ó préstamos, de acuerdo con la resolución judicial que la condenó. La estafadora no regresó a España voluntariamente. Las autoridades judiciales tuvieron noticia de que vivía en el barrio parisino de Auteuil bajo el pseudónimo de Madame Varela y solicitaron a Francia por el conducto debido la detención y extradición con el fin de juzgarla por alzamiento de bienes.

La sentencia del magistrado Enrique Íñiguez Pinzón, juez de primera instancia del distrito de la Latina, se dictó el 24 de mayo de 1879 y se publicó en el diario El Imparcial del siguiente lunes 26. De todas las personas a las que estafó –se habla de unos 5.000 confiados impositores– solo se personaron en el juicio 55 víctimas. El fallo no tuvo en cuenta el argumento de la defensa de que había tomado aquellas cantidades por la escasez de recursos en que se encontraba y su estado de penuria para cumplir las obligaciones antes contraidas, declarando probados los hechos y condenándola a seis años y un día de prisión mayor, suspensión de todo cargo durante la condena y dos terceras partes de costas.

Curiosamente, la historia de esta mujer tuvo un final inesperado: de aquella condena, como recuerda Eslava Galán, solo cumplió un año porque mucha gente, convencida de su inocencia, se sumó a la campaña de recogida de firmas solicitando su indulto. La industriosa inversionista se retiró de la vida pública y no se volvió a saber de ella. Unos dicen que vivió el resto de su vida con su hermano, el compositor Luis Mariano Larra; otros, que se reunió con su marido en Cuba y que emigró a Buenos Aires, ciudad en la que falleció ya muy anciana [6].

Citas: [1] MIRANDA DE LARRA, J. Larra. Biografía de un hombre desesperado. Madrid: Aguilar, 2009, pp. 16, 17, 124, 173, 234, 244 y 287. [2] ALEMPARTE, J. Andanzas por la vieja España. Madrid: Andrés Bello, 1961, p. 170. [3] DURIGÓN, N. Grandes maestros de la estafa. Buenos Aires: Ediciones B Argentina, 2016. [4] JUAN-CANTAVELLA, R. La realidad: Crónicas canallas. Barcelona: Malpaso ediciones, 2016. [5] ARIAS, Á. Las estafas digitales. Createspace, 2014. [6] ESLAVA GALÁN, J. Avaricia: Los pecados capitales de la historia de España. Barcelona: Destino, 2015.
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