lunes, 23 de octubre de 2017

¿Existen las cárceles privadas? (y II)

Como ya tuvimos ocasión de comentar en la primera parte de este in albis, la privatización de los establecimientos penitenciarios se inició en Estados Unidos a mediados de los años 80. En las décadas posteriores, esta decisión de política criminal se extendió a otros países del mundo anglosajón: en Australia, la Queensland Corrective Services Commission fue la encargada de construir su primer centro privado, cerca de Brisbane, que entró en funcionamiento en enero de 1990; en Inglaterra, el modelo estadounidense se implantó por primera vez en Yorkshire, en 1992; en Sudáfrica, la Mangaung Maximum Security Prison se inauguró en Bloemfontein, capital judicial del país [Pretoria es la capital administrativa y Ciudad del Cabo, la legislativa], en julio de 2001; ese mismo año, comenzó a operar el Central North Correctional Centre, de Penetanguishene (Ontario, Canadá); y, por último, Nueva Zelanda abrió su primera cárcel privada en Wiri, en 2015.

Fuera de ese ámbito, el fenómeno de la privatización carcelaria también ha llegado a Iberoamérica como medida adoptada por algunos gobiernos para tratar de combatir el hacinamiento de las cárceles (masificación), la obsolescencia de las infraestructuras penitenciarias o las consecuencias de haber endurecido las penas privativas de libertad, con el consiguiente incremento del número de reclusos; veamos algunos ejemplos:

En Venezuela, esta posibilidad se prevé en el Art. 272 de la vigente Constitución de la República Bolivariana, de 1999 (enmendada en 2009) al disponer que: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. A pesar de esa previsión constitucional, las primeras cárceles íntegramente privadas latinoamericanas no se construyeron en Venezuela sino en el vecino Brasil, en 2011; fueron los centros de Ribeirão das Neves (en Minas Gerais) y de Itaquitinga (Pernambuco).

En Chile, en el año 2000, se adoptó el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, ejecutado mediante un Convenio Mandato del Ministerio de Justicia al Ministerio de Obras Públicas, por el que se establecieron las llamadas cárceles concesionadas para un periodo de 20 años [como los establecimientos de Rancagua (la primera que se inauguró en 2005), Iquique o Santiago 1]. Tomando como referencia este sistema mixto –participación pública pero con una mayor o menor intervención privada– se han llevado a cabo iniciativas similares en México, Perú, Argentina o Uruguay.

viernes, 20 de octubre de 2017

La Torre de los Locos [Narrenturm] de Viena

El hijo de María Teresa, José II, asociado al poder como emperador [del Sacro Imperio Romano Germánico; además de archiduque de Austria y rey de Bohemia, Croacia y Hungría], desde 1765, no gobernó efectivamente hasta 1780 [cuando falleció su madre]. (…) Es un personaje difícil de definir. Frío, sin especial vigor físico, de mala salud y de humor ensombrecido por desgracias domésticas [era hermano de la célebre María Antonieta], fue educado de forma austera y con especial preocupación por lo religioso. Era inteligente y cultivado (…). Se declaró enemigo de la “superstición” (…). [Y] Al igual que otros déspotas ilustrados, José II pensaba que el “Estado significaba el mayor bien para el mayor número de seres”, y aplicó su peculiar humanismo paternalista a una intensa labor legislativa –más de once mil leyes y seis mil decretos en diez años– de gobierno, resumida en un vasto proceso de reformas [ENCISO, L. M. La Europa del siglo XVIII. Barcelona: Península, 2001, p. 511]. Entre otras mejoras, el emperador José II unificó la jurisdicción de todo el Imperio disponiendo que la ley fuese la misma para cualquier súbdito de su monarquía; reconoció el matrimonio civil; reguló el divorcio; suprimió la servidumbre, los gremios y el régimen de monopolios; estableció el catastro, fomentó la libertad de trabajo y llevó a cabo la unificación fiscal; siendo muy tolerante con la libertad religiosa.

Tras visitar algunas instituciones sociales de la capital francesa, en 1781, el monarca austriaco aprobó un decreto en el que se ordenaba al arquitecto de la Corte, Isidor Carnevale, que diseñara un edificio para albergar a los dementes. Aquella Torre de los Locos o Narrenturm fue el primer hospital psiquiátrico del mundo que se construyó para tratar los problemas mentales específicos de estos enfermos. Por su peculiar forma –un cilindro de cinco pisos que rodean un patio central– recibió el apelativo de Guglhupf (por su similitud con un típico bizcocho vienés).


La torre, que se inauguró en 1784, disponía de 28 celdas por planta (este número no fue aleatorio sino que coincidía con el tradicional ciclo lunar de 28 días; no olvidemos que, desde el Imperio Romano, se pensaba que el alma de los locos estaba en la luna y de esa creencia proviene que se les llame “lunáticos”). Funcionó como manicomio hasta la segunda mitad del siglo XIX; hoy en día, alberga la Colección de Anatomía Patológica del Museo de Historia Natural (NHM) de Viena.

PD: Pocos años más tarde, tras la Revolución Francesa, la atención de los "alienados" evolucionó rápidamente gracias al trabajo de especialistas como el médico Philippe Pinel que ordenó desencadenar a los locos encerrados en el Hospital parisino de Bicêtre, en 1793, diferenciando a los enfermos mentales de los delincuentes que, hasta ese momento, habían recibido el mismo tratamiento; labor que continuó dos años más tarde al ser nombrado médico jefe del Hôpital de la Salpêtrière.

Charles L. Müller | Pinel liberando a los alienados de Bicêtre, en 1793 (s. XIX)

miércoles, 18 de octubre de 2017

La justicia indígena y el castigo maya (y II)

En Guatemala, el primer asunto que resolvió la autoridad indígena y que convalidó el sistema estatal fue el llamado Caso Chiyax –por el nombre de unos de los cantones del municipio de Totonicapán– el 1 de marzo de 2003. El periodista Oswaldo J. Hernández [*] lo narró así: Llovía en Totonicapán cuando en el Cantón Chiyax tres hombres fueron capturados por cientos de personas. Era sábado 1 de marzo de 2003, día de mercado, y Sebastián Poz, Julián Cut y Miguel Álvarez habían sido detenidos por los lugareños tras haber intentado robar en casa de Hilario Robles. Por eso, los tres, golpeados, caminaban hacia el centro de la cabecera municipal. Por eso, los tres, en paños menores, casi inertes, eran impulsados por una marea humana que a su vez era impulsada por la ira.

Cuando entraron a la cabecera departamental se escucharon los gritos que pedían “gasolina”. Sin embargo, casi al mismo tiempo, las varas de autoridad del alcalde comunitario de Chiyax, Julio Menchú, del vicepresidente, Florencio García, y del secretario, Santos Cuá, fueron empuñadas y se alzaron en el aire Hubo silencio. Era una señal, una acción que, respetada, sosegaba a todos los presentes. Nadie se atrevió a cuestionar a las autoridades indígenas y a las varas de mando cuando, minutos después, los tres ladrones pasaron a ser custodiados por otras manos.

La Policía Nacional Civil y el Juzgado de Instancia Penal de Totonicapán, juntos, se harían cargo de los acusados. Poz, Cut y Álvarez serían señalados de delito por robo agravado y, por su seguridad, los representantes del Estado decidieron trasladarlos a una cárcel de Quetzaltenango, a unos 30 kilómetros de distancia.

Lo que no se pudo evitar aquel 1 de marzo, sin embargo, fue que la gente quemara el vehículo propiedad de los acusados, en represalia. Nadie, tampoco la lluvia, logró apagar ese incendio. Esa noche la comunidad estuvo reunida discutiendo. Se redactó un memorial –480 personas firmaban– y se exigía a las instituciones del Estado “un castigo ejemplar para los sindicados, sin derecho a defensa”. Eso sucedía justo a la misma hora en que los restos del vehículo incendiado eran colocados por varios pobladores frente a los tribunales de Totonicapán, algo que el juez de Primera Instancia Penal de aquel momento, Manfredo Roca Canet, interpretó como una amenaza de parte de la población y generó una crisis entre los operadores de justicia del departamento.


(...) Un día más tarde, el sistema de justicia oficial se declararía incapaz ante todo lo acontecido, y el caso Chiyax se trataría del primer proceso en el país coordinado entre dos sistemas: el jurídico maya y el de justicia formal ante un delito.

(…) El juez Roca Canet dio un plazo de tres meses para que los tres ladrones fueran juzgados no por el Organismo Judicial sino por las autoridades comunitarias. El Juzgado de Instancia Penal, la Defensa Pública Penal, la Fiscalía Distrital de esa cabecera departamental, y los tres sindicados, en conjunto con las autoridades y una gran mayoría de comunitarios de Chiyax, estuvieron de acuerdo. El acto se celebraría un poco más tarde, en junio de ese año.

(…) Tres meses después, el miércoles 25 de junio del 2003, volvía a llover en Totonicapán cuando en horas de la mañana, miles de personas se agolpaban para ver el primer caso en el cual el sistema de justicia oficial reconocía las formas propias de justicia de los pueblos indígenas en Guatemala (…) La sanción, luego de escuchar el consejo de familiares y ancianos de Totonicapán: “treinta días de trabajo comunitario en obras necesarias para la comunidad”. Poz, Cut y Álvarez juraron sobre 20 granos de maíz que cumplirían. Y cumplieron.

Un mes después, en el proceso nº. 312-2003 del Juzgado de Primera Instancia Penal de Totonicapán, el Sistema de Justicia Oficial resolvía: “El sobreseimiento del presente caso, considerando que una de las características principales del derecho indígena (maya) es que es conciliador porque a diferencia del derecho oficial, contempla las secuelas del conflicto sobre los implicados y la comunidad, por ello privilegia la conciliación, el acuerdo mutuo, sobre la simple aplicación de la sanción al victimario, busca la reparación del daño ocasionado tanto material como espiritual, contemplando la situación de la víctima como del victimario, lo que contribuye a restaurar la armonía entre ambos”.

Además de realizar trabajos para la comunidad, la aplicación del “castigo maya” que imponen las autoridades indígenas puede consistir en prohibir que se venda alcohol al acusado, dar vueltas cargando con las piezas que se robaron a un automóvil, multarlo con el pago de una cantidad de quetzales para compensar el daño ocasionado o, la práctica más habitual, recibir unos azotes [xicayes] en la plaza pública con una vara de membrillo. En este castigo físico –que puede consistir en 9, 13 o 20 “xicayazos” – participarán diversos miembros de la comunidad, incluyendo a familiares de la víctima y del agresor [victimario] que, junto a los golpes, le reprenderán por su conducta con el fin de que muestre su arrepentimiento y promesa de no volver a actuar de ese modo.


La autogestión que desempeña la justicia indígena ofrece indudables ventajas: es más rápida, ágil y cercana que la vía judicial, con apenas formalidades; involucra no solo a las partes sino a toda la comunidad (entroncando con las propuestas de la justicia restaurativa); genera confianza porque respeta las tradiciones ancestrales; es menos costosa y descongestiona los asuntos que, de otra manera, habrían tenido que ser tramitados en los juzgados (y, según las estadísticas, las tasas de delincuencia son más bajas en aquellos municipios donde se aplica).

Pero tampoco podemos ignorar que siembra dudas y adolece de numerosos inconvenientes que afectan a las garantías procesales más básicas: aunque las alcaldías indígenas deberían abstenerse de resolver determinados delitos por razón de su gravedad, median en conflictos tan domésticos como el robo de una gallina y en casos de homicidios en los que el veredicto de culpabilidad se limita a condenar al agresor al pago de una multa de 100.000 quetzales (unos 12.000 euros) y a recibir 13 azotes –poniendo en duda la proporcionalidad de la pena– porque se juzgan todo tipo de conductas; no hay recursos ni posibilidad de acudir a una segunda instancia; los acusados, sean mayores de edad o menores, carecen de asistencia letrada (con su evidente indefensión); cada municipio falla de acuerdo con sus normas (no se han estandarizado ni existe una formalidad prescrita) y celebra el proceso en su propia lengua (que el acusado no tiene porqué entender); los miembros del tribunal actúan ad honorem [no cobran ningún sueldo pero pueden aceptar propinas y tampoco son determinados por las leyes, como los jueces, sino por elección popular cada tres años (en Europa, un periodo tan breve sembraría dudas sobre su imparcialidad)]; no se garantiza la independencia del juzgador con respecto a las partes en el asunto; las penas infamantes que se infligen son maltratos físicos (aunque estén prohibidos no solo por el Art. 19 de su Constitución sino por los derechos humanos reconocidos internacionalmente); y, como ha sucedido en algunas ocasiones, la multitud puede acabar tomándose la justicia por su mano y linchar al acusado hasta causarle la muerte (se han documentado más de medio centenar de casos entre 1996 y 2002).

Con independencia de cuál sea su legitimación o de plantearse la necesidad de que la Constitución de la República reconozca su función de forma expresa, lo que parece inevitable es que habría que establecer un marco legal para coordinar ambos sistemas judiciales (el Sistema de Justicia Oficial y el Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas), delimitando sus competencias; y ese objetivo sólo será posible con el compromiso del Estado y las comunidades indígenas.

lunes, 16 de octubre de 2017

La justicia indígena y el castigo maya (I)

El Art. 203 de la Constitución de Guatemala, de 1985, dispone que: La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. (…) La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. A pesar del tenor literal de esta última línea, el 5 de mayo de 2016, las Juntas Directivas del Consejo de Alcaldes y Autoridades Comunitarias de los 48 cantones [aldeas] del municipio guatemalteco de Totonicapán presentaron, junto a otras entidades (*), una propuesta de reforma constitucional para sustituir su redacción por otro párrafo que reconociera la jurisdicción indígena: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y con garantía de participación y decisión de las mujeres. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y el Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas.

En febrero de 2017, el debate parlamentario bloqueó esta reforma en el Congreso; de modo que, hoy en día, la ley fundamental “chapina” sí que afirma que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos (Art. 66); pero ningún precepto reconoce, de forma expresa, la aplicación de esa jurisdicción indígena.

Aun así, esta justicia se aplica a diario en 44 municipios de 12 departamentos guatemaltecos [división administrativa equiparable a una provincia], en paralelo al sistema oficial de tribunales; lo que ocurre, por ejemplo, en la mencionada localidad de Totonicapán o en Sololá (que, según los promotores de aquella reforma del Art. 203, coincide que son los municipios que poseen los menores índices de criminalidad del país y de los menos violentos).

Hasta finales del siglo XX –de acuerdo con los datos facilitados por la FAO, que reproducen las estimaciones del investigador Leopoldo Tzian (*)– la composición étnica de Guatemala incluía población maya y mestiza, denominándose esta última ladina. El porcentaje de población indígena es de los más altos de América Latina, alcanzando un 61%. El pueblo maya es el mayor en número, luego están los pueblos minoritarios, como el Xinca y Garífuna; sin embargo, con el cambio de siglo, esa proporción ha cambiado de manera significativa y, según el Instituto Nacional de Estadística guatemalteco, con datos de 2011, hoy en día la mayoría de población es autodenominada no indígena, existiendo una relación de 66.7 indígenas, por cada 100 habitantes no indígenas. De modo que, en las dos primeras décadas del siglo XXI, la población que se autodefine como indígena se ha reducido del 61% de los habitantes del país al actual 40%. Los departamentos con menor presencia de población indígena son Jalapa, Zacapa y El Progreso. Por su parte los departamentos con mayor población indígena son Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz (*).

En localidades donde la presencia de la población de origen maya (quiché o cakchiquel) es mayoritaria, el Art. 55 del Código Municipal guatemalteco (Decreto del Congreso 12-2002, de 2 de abril) prevé que junto a la alcaldía del municipio pueda coexistir otra alcaldía indígena: El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento administrativo. Esto significa que, en la práctica, en el entorno del parque municipal de Sololá, epicentro de esta localidad del Altiplano, conviven el edificio del Ayuntamiento con la sede de la Municipalidad Indígena donde se creó la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), en 1996, para velar por las necesidades de estas comunidades. Un binomio que se remonta a los tiempos de la colonización española cuando por medio de las Nuevas Leyes de Indias, los pueblos indígenas fueron excluidos de la jurisdicción peninsular [y], la corona ordenó… “que los indígenas se gobernaran por si”.

Municipalidad Indígena de Sololá (Guatemala)

A falta de un reconocimiento constitucional, junto al Art. 55 del Código Municipal y la antigua normativa española, el heterogéneo marco legal por el que opera la justicia indígena se basa:
  1. Por un lado, en el convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Guatemala en 1996 [su Art. 9 dispone que: En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros], teniendo en cuenta que el Art. 46 de la Constitución guatemalteca proclama la preeminencia del Derecho Internacional [Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno]; y
  2. Por otro, en la tradición local que narran algunos manuscritos del siglo XVI como el Título de los Señores de Totonicapán, donde los malhechores son capturados y maleados; o el Memorial de Sololá (Anales de los Cakchiqueles) que demuestran la existencia de las autoridades indígenas hace ya quinientos años (mientras que el Estado guatemalteco cumplirá doscientos en el 2021). A este crisol aún debemos aportarle otros dos elementos clave:
  3. Guatemala padeció más de tres décadas de conflicto que se cebó, especialmente, en la población indígena. El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas que se firmó en Ciudad de México, el 31 de marzo de 1995, por parte del Gobierno de la República, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la Comisión Político Diplomática y Naciones Unidas, incluyó un capítulo dedicado ex profeso al derecho consuetudinario, en el que se reconoció que: 1. La normatividad tradicional de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para el mantenimiento de su cohesión. 2. El Gobierno reconoce que tanto el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que regulan la vida comunitaria indígena como la falta de acceso que los indígenas tienen a los recursos del sistema jurídico nacional han dado lugar a negación de derechos, discriminación y marginación. 3. Para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el Gobierno se compromete a promover ante el organismo legislativo, con la participación de las organizaciones indígenas, el desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (…). Como es fácil de suponer, al finalizar el conflicto armado, la población indígena tenía más confianza en su propio sistema de justicia que en el oficial del Estado; y
  4. En cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el 16 de mayo de 1999 se convocó un reférendum para que el reconocimiento progresivo de la pluriculturalidad de la sociedad [OCHOA, C. F. Alcaldías Indígenas. Diez años después de su reconocimiento por el Estado. Guatemala: ASIES, Tomo I, 2013, p. 7] se plasmara también en su Carta Magna dando nueva redacción al Art. 1, de forma que se añadiera un segundo párrafo: La Nación guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe; pero el resultado de aquella consulta fue abrumadoramente negativo con un 91,8% de los votos en contra de modificar el texto de la Constitución de 1985.

Con ese amplio contexto normativo, si hoy en día un ciudadano guatemalteco indígena que pertenezca, por ejemplo, a las etnias quiché o cakchiquel, realiza alguna conducta delictiva, es muy probable que sea juzgado por su propia comunidad, presidida por el alcalde indígena, y según sus costumbres –las leyes de sus abuelos– en lugar de ser procesado ante un tribunal de acuerdo con las garantías del sistema jurídico oficial para que se le aplique el castigo maya.

viernes, 13 de octubre de 2017

La regulación de los fieles de los bastimentos

El arabismo almotacén significa, literalmente, que gana tantos ante Dios con sus desvelos por la comunidad. Con este nombre, en Marruecos se designaba al funcionario que se encargaba de la vigilancia de los mercados y de señalar cada día el precio de las mercancías; y, en ese mismo sentido, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua aún define esta voz como el empleado público que contrastaba pesas y medidas; una función que, hoy en día, le correspondería a la metrología legal. Estos oficiales ejercieron su función en los zocos de al-Ándalus y continuaron desempeñándola en los mercados para los Concejos (Ayuntamientos) con el avance de la Reconquista, pero dejaron de llamarse almotacenes para denominarse fieles (la segunda acepción de este latinismo también significa: Empleado público que contrastaba pesos y medidas). En cuanto a la otra palabra, bastimento procede de la voz occitana bastir (abastecer) y se define como la provisión para sustento de una ciudad. Con esta base semántica, los fieles de los bastimentos eran las personas designadas por las autoridades locales para velar porque los comerciantes que vendían sus mercancías en la ciudad cumplieran con toda la normativa municipal sobre pesos y medidas, evitando fraudes y engaños. Este oficio evolucionó en distintas etapas a lo largo de la historia ya que llegará con este nombre hasta bien entrado el siglo XIX [1].

Una de las regulaciones más completas de este cargo la encontramos en la primera de las sesenta y dos Ordenanzas con que se rige y gobierna la república de la muy noble y leal ciudad de Valladolid, en las cuales se declaran todos los artículos tocantes al pro-común de ella, que salieron a la luz el 20 de julio de 1549 [2], tras ser aprobadas por el emperador Carlos I, siendo regidor [alcalde] de esta villa Juan Mosquera de Molina. Aquellas órdenes que regulaban la convivencia de la comunidad estuvieron en vigor, con sucesivas reformas, casi tres siglos y medio, hasta que ya no se pudo prolongar su vigencia más tiempo y fueron sustituidas por las Ordenanzas de 12 de junio de 1886, con una nueva normativa más ajustada a la realidad de aquel momento.

Los dieciocho capítulos de aquella Ordenanza Primera comenzaban estableciendo los requisitos personales para ejercer esta función: que ninguna persona pueda ser eligida ni recibida al oficio de Fiel de los bastimentos de menos edad de veinte y cinco años, ni menos dentro de tres años después que una vez lo hubiese sido, ni renunciar el oficio en otro, si no fuere de padre a hijo, o de hermano a hermano, y con que tenga las calidades necesarias. (…) Por ser oficio de mucha confianza, debía tratarse de hombres –no mujeres– de buena fama, honrados y de conciencia, y de bastante suficiencia y habilidad que, además, cumplieran con otras formalidades patrimoniales: que cada uno de los dichos Fieles tenga cienmil maravedís, y dende arriba, de bienes propios suyos en raíces, y no menos, en esta villa o su tierra, o el valor de doscientosmil en muebles o raíces.

Después de comprobar que concurrían las calidades arriba dichas, los fieles estaban obligados a jurar su cargo en forma, como en el regimiento se suele hacer, que bien y fielmente guardarán las dichas Ordenanzas que esta villa tiene para su buena gobernación.

Y se habla de fieles –en plural– porque cada anualidad se nombraban ocho nuevos: los cuatro de los que así fueren eligidos para Fieles, sirvan los dichos oficios desde primero día del mes de enero de cada un año hasta el día de san Juan de junio, y los otros cuatro desde el dicho día de san Juan hasta el postrero día del mes de diciembre de cada un año, e no ninguno de ellos más tiempo de los seis meses del dicho año que le cupieren, so pena de treinta días en la cárcel, y de tresmil maravedís, la tercia parte para el que lo acusare, y la otra tercia parte para los pobres de la cárcel, y la otra para los propios de esta villa.


Entre sus funciones semestrales, las Ordenanzas vallisoletanas de 1549 dispusieron que los fieles vigilaran, en la Plaza Mayor, si la carne que se pesa es conforme a las condiciones de los obligados; y que cada uno de los (…) Fieles tengan su peso y pesas todo este tiempo en las dichas carnicerías, donde puedan repesar lo que les pareciere, para ver si alguno va engañado en el peso de lo que ha comprado, y lo mismo ocurría en los días de pescado; asimismo, cada dos meses, estaban obligados a visitar todos los oficios sobre que esta villa tiene hechas Ordenanzas de lo que son obligados a hacer [calceteros, confiteros, jubeteros (confeccionaban una prenda militar llamada jubete), mesoneros, herradores, lavanderas, mercaderes de paños, ganapanes (repartidores), sastres, tejedores, etc.].

Se trataba en definitiva de un oficio con tal honra y acatamiento que quienes no cumplieran con las decisiones de los fieles y, por lo tanto, desacataran sus palabras, eran condenados a treinta días en la cárcel con grillos o una cadena (a elección del corregidor).

Hasta mediados del siglo XX, los fieles pasaron a llevar a cabo su función en una oficina específica, llamada fielato, que estaba situada a la entrada de las poblaciones en la cual se pagaban los derechos de consumo (RAE). En Valladolid, por continuar con el ejemplo de la ciudad castellana y leonesa, en 1870 se contaba con 10 fielatos en los que trabajaban 39 personas, en tres turnos.

Citas: [1] ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID. Policía Municipal de Valladolid. 185 años de historia (1826-2011). Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2013, p. 18. [2] PINO REVOLLEDO, F. “Introducción”, en Ordenanzas de Valladolid. Siglos XVI al XIX. Valladolid: Ámbito, 1988, p. 7.

miércoles, 11 de octubre de 2017

El subgénero policial del “whodunit”

En otras entradas de este blog ya hemos tenido ocasión de comentar que algunos escritores anglosajones han inventado nuevas palabras o expresiones que también se han ido incorporando, con mayor o menor éxito, al vocabulario castellano; por ejemplo, en 1902, el estadounidense O. Henry acuñó el término “república bananera” en su libro Cabbages and Kings; y el canado-estadounidense William Gibson creó la voz “ciberespacio” en un cuento titulado Burning Chrome publicado en 1982. Pero no son los únicos casos, así surgieron “serendipia” [atribuido al inglés Horace Walpole, en uno de los primeros relatos detectivescos de la literatura: The Three Princes of Serendip (1754)] o “freelance” [al parecer, empleada por primera vez por el escocés sir Walter Scott en el clásico Ivanhoe (1820), cuando un mercenario ofrece a un caballero, literalmente, los servicios gratuitos de sus lanceros y éste los rechaza]. En ese contexto tan creativo se encuadra otro concepto que, en español, no suele emplearse más allá del mundo cinéfilo: el “whodunit” [contracción de Who done it (quién lo hizo)].

Bajo esta denominación se encuadra un subgénero de novelas y películas de detectives o policías que surgió en los años 30, donde el protagonista tiene que seguir las pistas que el autor le va dosificando en la trama para que, al final, pueda resolver un crimen e identificar al culpable entre un numeroso grupo de sospechosos; generalmente, en un entorno de suspense opresivo [recordemos el Asesinato en el Orient Express o Los diez negritos, de Agatha Christie].

Colección británica de sellos dedicados a las novelas de Agatha Christie,
en el 40º aniversario de su fallecimiento (2016)

Aunque existen diversas versiones que atribuyen la paternidad de esta palabra al editor de la revista Variety, Sime Silverman (en 1934) o al periodista Wolfe Kaufman (1935), que trabajaba en el mismo medio; parece ser que fue un crítico literario, Donald Gordon, quien lo empleó por primera vez, en 1930, al comentar que la novela de misterio Half-Mast Murder, del británico Milward Kennedy, había sido un satisfactory whodunit.

lunes, 9 de octubre de 2017

La convocatoria de un referéndum según la política criminal

El Art. 506 bis del Código Penal español –que castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para elloestuvo en vigor del 27 de diciembre de 2003 al 24 de junio de 2005. Lo añadió el Art. 1 de la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre [que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Código Penal (CP)] y lo suprimió el artículo único de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, fundamentando esta decisión de política criminal en que ese precepto –junto al Art. 521 bis que también penalizaba a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas– se referían a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión. El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal.

La redacción de aquel Art. 506 bis CP establecía que: 1. La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. 2. La autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Mientras que el suprimido Art. 521 bis CP disponía que: Los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Ambos preceptos representan un ejemplo de manual para entender que la política criminal de un país resulta mucho más compleja de lo que pudiera parecernos a simple vista porque no depende tan solo de criterios criminológicos o jurídicos –y, por lo tanto, científicos; que sería lo más deseable– sino que, frecuentemente, responde a la confluencia e influencia de numerosos factores de índole muy diverso [en este caso político porque se adoptó durante el segundo gobierno del popular José María Aznar -como consecuencia de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi (el denominado "Plan Ibarretxe")- y se eliminó en el primer ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero].

viernes, 6 de octubre de 2017

El juicio de Artemisia Gentileschi

En 1603, el pintor Giovanni Baglione acusó de difamación a Michelangelo Merisi, El Caravaggio, y a algunos de sus seguidores; los llamados caravaggescos, en referencia a sus alumnos: el arquitecto Onorio Lunghi y los pintores Filippo Trisegni y Orazio Gentileschi. Según el denunciante, habían difundido unos versos satíricos en su contra porque Michele y sus amigos estaban celosos del éxito que él había tenido con su cuadro sobre la Resurrección. Aquel proceso levantó ampollas en la sociedad romana cuando el Caravaggio aprovechó la instrucción del caso para despacharse a gusto contra otros pintores de la época, distinguiendo a los que saben hacer bien su arte de los que no tengo por buenos. Uno de aquellos artistas que se sentó con él en en el banquillo, el toscano Gentileschi, había desarrollado su carrera en Génova, París y Londres, especializándose en dibujar quadraturas (trampantojos con los que se daban falsas perspectivas arquitectónicas a los techos de los salones) junto a otro pintor, su amigo y colega [1] Agostino Tassi. De aquella amistad acabó surgiendo un nuevo proceso judicial en Roma, en 1612.

Tassi –el hombre más infame del mundo, según el propio Orazio–mantenía una relación con su cuñada (por la que había sido juzgado acusado de incesto) mientras seguía casado con una mujer a la que intentó matar; al tiempo que violó en reiteradas ocasiones a Artemisia, la hija mayor de su compañero Gentileschi, a la que daba clases de perspectiva. La joven de 15 años –que desconocía la vida familiar de su violador– soportó el acoso hasta que comprendió que su promesa de contraer matrimonio era falsa: él ya estaba casado y la bigamia constituía delito [2]. Sin embargo, Artemisia no lo denunció inmediatamente porque, según expuso en el juicio, confiaba en contraer matrimonio con él (…) fue sólo cuando Tassi faltó a su promesa de matrimonio (…) cuando sería acusado por Orazio Gentileschi de la violación de su hija [1].

El juicio por estupro fue un largo proceso muy traumático para todos: Orazio tuvo miedo de que el escándalo perjudicara su carrera como pintor; su hija soportó todo tipo de vejaciones (una comadrona comprobó que el agresor le había roto el himen y la guardia pontificia la torturó, apretándole los dedos, para verificar su declaración, con el denominado método de la sibila) y, lo peor, asumir el desprecio de su padre, más preocupado por su fama que por ella; incluso Olimpia Tassi, hermana del violador, acabó testificando contra él y a favor de la víctima [2].

(…) Si no hubiera sido por esa prueba espantosa, no habría podido saber de lo que yo era capaz –la profesora de la UNED, Ara de Haro, ha recreado en primera persona lo que debió de sentir entonces la pintora romana– (…) cuando me ofrecieron pasar por la prueba de la sibila la acogí con una especie de alegría loca, de frenesí. Ansiaba la tortura como un desquite final hacia mis jueces, una venganza contra Agostino, contra mi padre, y una prueba definitiva para los demás (…). Pasaron la cuerda en torno a mis dedos y le grité a Agostino con todo mi alma: Éstos son los anillos de boda que me prometiste (…). Mientras el verdugo apretaba las cuerdas y sentía un dolor agudo en las manos (…): Es la verdad, la verdad, la verdad, lo que he dicho es la verdad. Cuando al fin los jueces no pudieron dudar ya de mi palabra y me desatron vi las marcas de sangre entre mis dedos y comprendí que podía haberlo perdido todo. Mis manos, la pintura… mi único talento [3].

Finalmente, el tribunal declaró la inocencia de la joven y Tassi fue condenado a ocho meses de prisión y cinco años de destierro fuera de los Estados Pontificios, pero tanto la violación cono el juicio marcan la vida y la pintura de la Gentileschi; resultando imprescindible interpretar algunas de sus obras desde esta perspectiva. Hechos tan lamentables no enseñaron a pintar a Artemisia, sino, al contrario, la pintura le dio la posibilidad de representarlos en algún sentido y, sobre todo, de expresar sentimientos y sensaciones ligados a ellos [1]. Como sucede con la heroína judía Judit decapitando a Holofernes, de 1612 (cuadro inferior) o a Yael a punto de atravesar el cráneo de Sísara con un clavo, de 1620 (superior).


Para recuperar su honra, según las costumbres de la época, Artemisia se casó con el paisajista Pierantonio Stiattesi, pero aquel matrimonio tampoco le fue bien; poco después se separaron y, sin importarle los comentarios de los demás, acabó yéndose a vivir con su padrino. Fue una de las pocas mujeres de aquel tiempo que llegó a triunfar con sus lienzos y la primera que ingresó en la Academia de las Artes de Florencia. Con el paso de los siglos, la obra de Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 – Nápoles, 1652) –y, sobre todo, su dramática biografía– ha sido muy reivindicada por algunos colectivos feministas que ven en sus lienzos la imagen de unas mujeres independientes, con una extraordinaria fortaleza y determinación.

Citas: [1] PÉREZ CARREÑO, F. Artemisia Gentileschi. Madrid: Historia 16, 1993, p. 38. [2] PÉREZ VAQUERO, C. Las malas artes: crimen y pintura. Madrid: ePraxis/Wolters Kluwer/SECCIF, 2012, p. 29. [3] DE HARO, A. La luna de Artemisia. Valladolid: Fuente de la Fama, 2011, pp. 69 y 70.

miércoles, 4 de octubre de 2017

El derecho de los visigodos

En anteriores in albis ya hemos tenido ocasión de ocuparnos de esta rama del pueblo godo al hablar del Pacto de Tudmir, los Concilios de Toledo o los regicidios del llamado “morbo gótico”; hoy nos centraremos en su vertiente normativa. El historiador alemán Karl Zeumer –autor de uno de los mejores estudios que existen sobre la legislación visigótica [1]– se preguntó, a finales del siglo XIX, qué impulsó al rey Eurico (466-485) a dar la orden de compilar su primera colección legislativa. En opinión de Zeumer, mientras los visigodos fueron un pueblo trashumante, estaban organizados únicamente como ejército, formado por grupos personales unidos en torno a sus jefes militares, que eran, al mismo tiempo, sus jueces, y les bastaba, en general, el viejo derecho consuetudinario de su nación [basado en sus costumbres tradicionales] pero la fundación del reino cambió la situación; en especial, al entrar en contacto con la población romana asentada en los territorios que fueron conquistando. En ese contexto, era inevitable que (…) se diera lugar a numerosas disputas y cuestiones de derecho entre godos y romanos (casi siempre por cuestiones relativas al reparto de tierras).

En todos los casos debió de ponerse de manifiesto la gran superioridad del derecho romano escrito, muy maduro y perfecto, frente al derecho consuetudinario germánico [de hecho, los godos aceptaron (…) de los romanos, entre otras muchas instituciones, el préstamo con interés, el testamento, los impedimentos matrimoniales de parentesco y, sobre todo, el múltiple empleo de documentos escritos en la vida jurídica]. El derecho romano ofreció (…) al rey visigodo, no solo el modelo de una legislación escrita, sino también los medios de crear una legislación para los godos. Estos medios eran la lengua y la técnica [legislación y jurisprudencia].

Al analizar los principales instrumentos del legado jurídico visigótico, Zeumer se refiere a las siguientes disposiciones:
  1. Su primer cuerpo legal, el Código de Eurico [Codex Euricianus], debió de redactarse en Tolosa [Toulouse (Francia)], alrededor del año 475. De su contenido tan solo nos han llegado algunos fragmentos y es probable –por analogía con otros documentos posteriores–que se destinara a tener fuerza legal en aquellas cuestiones de derecho mixtas en que intervinieran tanto godos como romanos (mientras que éstos continuaron aplicando su derecho para resolver sus propios asuntos);
  2. Esta situación continuó con Alarico II que, al heredar el trono de su padre Eurico, reunió el confuso y diseminado sistema de fuentes romanas en un único documento: el Breviario de Alarico [Lex Romana Visigothorum]. En el 506, el monarca ordenó a una comisión de juristas integrada por nobles, laicos y eclesiásticos que preparasen esta norma para que los asuntos romanos fuesen juzgados de acuerdo con el Breviario. En el reino visigótico solo llegó a estar en vigor unos ciento cincuenta años, hasta que el rey Recesvinto prohibió el uso en los tribunales de leyes extranjeras y, especialmente, de leyes romanas [2];
  3. La Ley de Teudis, de 24 de noviembre de 546, puso de manifiesto que, a mediados del siglo VI, la legislación continuaba diferenciando entre ambas comunidades (en este caso, en relación con las costas procesales);
  4. La fusión entre visigodos y romanos se alcanzó con el Código de Leovigildo [Codex Revisus] que revisó el de Eurico, hacia el año 580, para mejorar leyes insuficientes, añadir las que faltaban y suprimir otras anticuadas; por ejemplo, esta nueva compilación –que no se ha conservado aunque se tiene constancia de ella por las posteriores referencias de Recesvinto– derogó la prohibición de celebrar matrimonios mixtos (godo-romanos) y equiparó los derechos sucesorios de los hijos, con independencia de su género. En el capítulo XXII de El Espíritu de las Leyes, Montesquieu se refirió a este aspecto al señalar que La ley de los visigodos admitió á las hijas á suceder en las tierras con sus hermanos; las mujeres sucedieron también á la corona.
  5. En los doce libros que componían el Código de Recesvinto –sancionado, probablemente, en febrero de 654– ya se prohibió que los tribunales pudieran utilizar cualquier otro texto legal, de modo que esta recopilación normativa fue obligatoria para todos los pueblos de su reino; asimismo, impidió que se invocara el derecho consuetudinario o que los jueces fallaran basándose en su propio criterio en lugar de en la ley (de ahí que también se le conozca, por centrarse en la práctica forense, como Libro de los Jueces o Liber Iudiciorum). Recesvinto logró el propósito de su padre, Chindasvinto: el empleo exclusivo de su código y un derecho común [3]; y
  6. El 21 de octubre de 681 entró en vigor el Código de Ervigio que revisó el de Recesvinto [Liber Iudiciorum Revisus] aunque no modificó apenas nada [4], añadió algunos apéndices tras ordenar examinar su contenido, ley por ley. Su yerno y sucesor, Égica, fue el último legislador importante de los visigodos [4], al publicar catorce novelas [en el sentido que le da a este término la cuarta acepción de la RAE: Ley suplementaria de un código].
Joan Brull | La tonsura del rey Wamba (1894)

Citas: [1] ZEUMER, K. Historia de la legislación visigoda. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1944, pp. 65 y 66. [2] Ob. cit., pp. 71 y 72. [3] Ob. cit., p. 82. [4] Ob. cit., p. 99. Cuadro superior: Juan Antonio Ribera | Wamba renunciando a la corona (1819).

lunes, 2 de octubre de 2017

¿Se ha modificado alguna vez la Carta de las Naciones Unidas?

El 25 de junio de 1945, los delegados de los 50 Estados que se reunieron en la denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional [United Nations Conference on International Organization (UNCIO)], que se celebró en la Casa de la Ópera de San Francisco (Estados Unidos), aprobaron por unanimidad los 111 artículos de la Carta de las Naciones Unidas, elaborada sobre la propuesta que, el año anterior, habían preparado los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos en Dumbarton Oaks (una mansión situada en Washington, D.C.); al día siguiente, el 26 de junio, los representantes de ese medio centenar de Estados, encabezado por la delegación china, firmaron el texto en el auditorio del Veterans Memorial Hall; y, por último, el 24 de octubre de ese mismo año, la Carta entró en vigor al ser ratificada por los países signatarios, incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Francia, Estados Unidos, Reino Unidos, China y Rusia) y a Polonia, aunque no estuvo representada en ese momento, logró firmarla antes de esa fecha, por lo que se habla de 51 Estados fundadores [en cuanto a España, se convirtió en el miembro número 65 de la ONU cuando fue admitida en la Organización el 14 de diciembre de 1955].


Entre los XIX capítulos de la Carta, las “Reformas” se regulan en el penúltimo e incluye dos preceptos:
  • Art. 108: Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
  • Art. 109: 1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia. 2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (…).

¿En qué se diferencian? El artículo 108 contempla el supuesto que pudiera calificarse de ordinario, es decir, de reformas puntuales, adoptadas por la Asamblea General; por su parte, el artículo 109 toma en consideración las reformas de mayor alcance, constitutivas de una revisión de la Carta, que se aprueban en una Conferencia General de los Estados miembros [PASTOR RIDRUEJO, J. A. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 11ª ed., 2007, pp. 692 y 693].

Desde 1945, la Carta no se ha revisado en su totalidad pero sí que se ha reformado en tres ocasiones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108, mediante las siguientes enmiendas aprobadas por la Asamblea General:
  1. A/RES/1991 (XVIII) A y B, de 17 de diciembre de 1963: para ampliar la composición del Consejo de Seguridad (pasó de 11 a 15 miembros), a fin de propiciar una representación geográfica más adecuada de los miembros no permanentes y convertirlo en un órgano más eficaz, se modificó la redacción de los párrafos 1 y 2 del Art. 23 y los párrafos 2 y 3 del Art. 27; asimismo, se amplió la composición del Consejo Económico y Social (ECOSOC) por lo que se dio nueva reacción al Art. 61. Estas enmiendas entraron en vigor el 31 de agosto de 1965;
  2. A/RES/2101 (XX), de 20 de diciembre de 1965: la anterior modificación de la Carta conllevó cambiar el primer párrafo del Art. 109 sustituyendo “siete” por “nueve” (entró en vigor el 12 de junio de 1968); y
  3. A/RES/2847 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971: volvió a enmendar el Art. 61 para mejorar la representación de los nuevos Estados que se iban incorporando a las Naciones Unidas. Entró en vigor el 24 de septiembre de 1973.

viernes, 29 de septiembre de 2017

El marco jurídico del emprendedor de responsabilidad limitada

Con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de forma duradera, el Gobierno español aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Dentro del Título I de esta norma, como apoyo a la iniciativa emprendedora, su capítulo II (Arts. 7 a 11) creó esta nueva figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones. El empresario es libre de constituirse en emprendedor de responsabilidad limitada, pero si lo hace deberá cumplir las obligaciones establecidas en el nuevo marco jurídico. La creación de esta figura va acompañada de las oportunas garantías para los acreedores y para la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. En este sentido, la operatividad de la limitación de responsabilidad queda condicionada a la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad. Conforme a la disposición adicional primera de esta Ley, se exceptúan de la limitación de responsabilidad las deudas de derecho público. Los procedimientos de ejecución de estas deudas serán los establecidos en su normativa especial, con las especialidades previstas en la citada disposición.

El Art. 7 dispone que: El emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, podrá limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada», una vez cumplidos los requisitos y en los términos establecidos en este Capítulo. A continuación, el Art. 8 regula la eficacia de la limitación de responsabilidad; el Art. 9, la publicidad mercantil de estos emprendedores; el Art. 10, la publicidad de la limitación de responsabilidad en el Registro de la Propiedad; y, finalmente, el Art. 11 regula las cuentas anuales que deberá formular el emprendedor individual y, en su caso, someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada.

Por último, los “ERL” también se mencionan en otras seis disposiciones españolas; las más relevante son estas tres:
  1. La Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, que modificó los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores; y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en dicho Censo, con la finalidad de incorporar en el apartado de “Identificación” la posibilidad de comunicar el alta o la baja en la condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada;
  2. El Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática; y
  3. El Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del DUE para el cese de actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas individuales.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

El primer tribunal administrativo internacional

En 1961, el relator especial de la ONU, Abdallah El-Erian, hizo público su primer informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales [Documento A/CN.4/161 (*)]. En su parágrafo 13, el juez egipcio analizó el desarrollo histórico de los proyectos y actividades de colaboración institucional entre entidades políticas independientes afirmando que se remontan a lejanas épocas históricas, por lo menos a la antigüedad griega; pero el concepto moderno de organización internacional es producto de la evolución que desde hace un siglo y medio vienen sufriendo las relaciones de cooperación entre los Estados, bajo el impulso de los cambios que rápidamente se han sucedido en el mundo. La revolución industrial, por sus repercusiones en la producción, las comunicaciones y el comercio, hizo aumentar en medida hasta entonces desconocida la dependencia mutua de las naciones entre sí; pero al mismo tiempo iba proporcionando a los hombres medios de destrucción que condujeron a la guerra total.

Tras la firma de la Paz de Westfalia, en 1648, los Estados europeos comenzaron a desarrollar un sistema de conferencias internacionales con el fin de poner orden en el escenario del Viejo Continente; pero, a partir del Congreso de Viena de 1815 se dio un paso más y, por primera vez, se aspiró –como afirma El-Erian– a mantener esa paz (§19) y este método, junto a la aprobación de tratados multilaterales, se convirtió en un rasgo fundamental del siglo XIX cada vez que el orden europeo se encontraba en peligro (§20). Aquellos encuentros diplomáticos fueron más esporádicos que periódicos (§22) pero sirvieron de base para que, finalmente, las organizaciones internacionales decimonónicas –comisiones fluviales y uniones científco-técnicas– surgieran como resultado del lento pero inexorable incremento de las relaciones internacionales, en un mundo que, ya por aquel entonces, necesitaba establecer un marco jurídico que diera seguridad a la colaboración e interdependencia de los Estados.

Como en tantas otras cuestiones relativas al derecho de las Organizaciones internacionales es con la creación de la Sociedad de Naciones (1919) –precedente histórico de las Naciones Unidas– cuando se inicia el desarrollo tanto de la función pública internacional propiamente dicha como de las jurisdicciones administrativas internacionales [PONS RAFOLS, X. Las garantías jurisdiccionales de los funcionarios de las Naciones Unidas. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1999, p. 52].

Con los primeros funcionarios al servicio de la Sociedad de Naciones surgieron los primeros conflictos laborales. El más significativo fue el de François Monod, aunque fue contratado a instancias del Secretario General de la Sociedad en 1919 y confirmado en su puesto al año siguiente por una resolución del Consejo; sin embargo, en 1922 se rescindió su empleo y fue indemnizado con seis meses de sueldo que el trabajador consideró escasos al entender que tenía contrato hasta 1925. El asunto acabó en manos de una comisión integrada por un juez sueco, un magistrado holandés y un consejero italiano que incrementaron la indemnización a nueve meses.

El Affaire Monod determinó la necesidad de crear el Tribunal Administrativo de la Sociedad de Naciones [Administrative Tribunal of the League of Nations] –primer tribunal administrativo internacional– como un órgano de carácter judicial e imparcial, competente para dilucidar estos conflictos mediante fallos definitivos que, finalmente, se estableció en Ginebra (Suiza) por una Resolución de la Asamblea de la Liga, el 26 de septiembre de 1927, manteniéndose en activo hasta el 9 de octubre de 1946, año en que la Sociedad de Naciones se disolvió; pero su tribunal no desapareció con ella sino que fue reconvertido en el actual Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT) que, desde 1949, no solo resuelve las diferencias con los funcionarios de la propia OIT sino de más de 58.000 servidores públicos pertenecientes a 62 organizaciones internacionales, de acuerdo con la redacción del Art. II de su Estatuto. Como heredero del TASdN, el TAOIT acaba de cumplir 90 años.

lunes, 25 de septiembre de 2017

La doctrina de los insumos esenciales [Essential Facilities Doctrine]

Este anglicismo nos sitúa en el ámbito más genérico del Derecho de la Competencia; por ejemplo, (…) a los efectos del mercado televisivo, sea la televisión de pago o no de pago, los productos que suministran las entidades de gestión son insumos esenciales (essential facilities), y [debe recordarse] que, en relación con este tipo de productos existe una obligación de suministro y donde hay una obligación de suministro existe el deber de no discriminar a los adquirentes o compradores si compiten unos con otros. Como estableció el TJUE en la sentencia Commercial Solvents [de 6 de marzo de 1974] el principio es que las compañías en posición de dominio deben poner al alcance de los clientes los productos que son esenciales para permitir la competencia entre ellos, si bien la exigencia se refuerza cuando el competidor afectado es un nuevo actor en el mercado relevante [1]. En otro asunto más reciente, el Tribunal de Luxemburgo ha recordado que a las empresas con peso significativo en el mercado se les pueden imponer, conforme a la Directiva acceso, obligaciones especiales para que otras empresas también puedan tener acceso a los mercados de que se trata. Estas disposiciones se orientan por la llamada doctrina de las «essential facilities», que se discute en relación con la prohibición de abuso de posición dominante prevista en el Art. 102 TFUE [2].

En el contexto del suministro de energía eléctrica, la Audiencia Provincial de Madrid ha sido el órgano judicial español que ha dictado una de las sentencias más clarificadoras al respecto de esta doctrina sobre el uso compartido de recursos indispensables, al señalar que: estamos ante las denominadas «essential facilities», esto es, los «recursos esenciales» que de algún modo se encontrarían en el origen del derecho de acceso de terceros.

La doctrina de las «Essential Facilities» deriva del derecho anglosajón y particularmente del derecho «antitrust» norteamericano como acontece con gran parte de los conceptos utilizados en torno al derecho de la competencia. Uno de los primeros pronunciamientos judiciales que podemos hallar es la sentencia «Hecht v. Pro Football Inc.», donde se señala que una "esencial facility" «(…) es algo a lo que un competidor actual o potencial necesita acceder para poder competir en el mercado de referencia; si se le denegase el acceso, el competidor sufriría un severo handicap». Por otra parte, ese algo «ha de ser prácticamente imposible de reproducir, es decir que la creación por parte de los competidores de una instalación equivalente para su propio uso no es una alternativa económicamente viable».

La expresión «recursos esenciales» parece preferible a la alternativa «instalaciones esenciales», contaminación proveniente de otras lenguas romances («installations essentielles» en francés), que solo parece locución apropiada cuando el recurso sea una infraestructura física. En cuanto al adjetivo, la acrítica a indolente traducción del inglés «essential» como «esencial» parece haberse impuesto irremediablemente. Quizás cabria hablar con mayor propiedad de recursos o activos «indispensables o necesarios para competir».

Por la doctrina de la «Essential Facility» un propietario tiene la potestad funcional –derecho cruzado con la idea de deber– de permitir el acceso a alguna instalación o a algunos de sus recursos o activos, con el fin de hacer posible la competencia; es decir, que en el caso de un monopolista que controle un recurso esencial, así concebido por otro competidor, debe permitir que éste acceda razonablemente a ella, siempre y cuando esto sea factible. La jurisprudencia estadounidense ha establecido que para configurarse una «essential facility» deben concurrir los siguientes elementos:
  • a) El control de un recurso esencial por parte de un monopolista;
  • b) Que sea imposible para otro competidor reproducir razonablemente el recurso;
  • c) Que el propietario del recurso niegue el acceso de este a su competidor; y,
  • d) Finalmente, que sea viable o posible otorgar el acceso al recurso o, dicho de otra forma, la ausencia de motivos comerciales legítimos para denegarlo.

Por su parte en Europa, desde la Comisión Europea, se ha definido a las «essential facilities» como aquellas estructuras sin las cuales los competidores no podrían ofrecer servicios a sus clientes. Si la empresa -o grupo de empresas que controlan la estructura indispensable niegan el acceso de sus competidores o lo permiten sólo con criterios discriminatorios a determinados competidores, dicha negación será considerada, de acuerdo con la legislación comunitaria europea, un abuso de posición de dominio.

Se ha establecido que deben concurrir los siguientes elementos: a) La «facilidad» entendida como una infraestructura por sí misma o combinada con servicios, deberá ser complementaria de una actividad económica relacionada pero correspondiente a un mercado distinto; b) Las empresas en competencia deben carecer de la aptitud necesaria para duplicar la estructura en cuestión; y, c) El acceso a la estructura ha de ser necesaria para poder competir en el mercado correspondiente [3].

La propia jurisprudencia de los Estados Unidos considera que la essential facilities doctrine o teoría del cuello de botella ["bottleneck" theory] tuvo su origen en una decisión del Tribunal Supremo en el caso United States v. Terminal Railroad, 224 U.S. 383, 32 S. Ct. 507, 56 L. Ed. 810 (1912), donde la corte federal determinó que era esencial que el consorcio que explotaba la estación de trenes de San Luis permitieran el acceso a las empresas competidoras para que éstas también pudieran ofrecer su servicio [4]. Aunque surgió hace más de un siglo la actual doctrina se formuló en el caso MCI, 708 F.2d at 1132-33 –que enfrentó a las corporaciones MCI y AT&T, en 1983– con los cuatro elementos que señaló anteriormente la sentencia madrileña: (1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor's inability, practically or reasonably, to duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the facility.

NB: según el DRAE, un “insumo” es un conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes.

Jurisprudencia: [1] STS 4886/2013, de 26 de septiembre (ECLI:ES:TS:2013:4886). [2] Conclusiones de la abogada general Sra. Juliana Kokott, presentadas el 30 de enero de 2014 en el asunto C‑475/12 UPC DTH Sàrl contra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese, § 25 (ECLI:EU:C:2014:44). [3] SAP M 6058/2008 (ECLI:ES:APM:2008:6058). [4] Florida Fuels, Inc. v. Belcher Oil Co., 717 F. Supp. 1528 (S.D. Fla. 1989), de 29 de junio de 1989. La jurisprudencia de EE.UU. puede consultarse en http://law.justia.com/

viernes, 22 de septiembre de 2017

El Espejo Sajón [Sachsenspiegel]: el primer libro de derecho alemán

En el siglo XIII, el histórico Ducado de Sajonia –que no coincide con los límites de los tres “länder” alemanes [Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y el Estado Libre de Sajonia] que, hoy en día, aún evocan el nombre del territorio que habitaron los sajones durante la Edad Media– formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, una monarquía electiva gobernada por el emperador Federico II de Hohenstaufen. Durante su reinado, el conde Hoyer von Falkenstein ordenó a uno de los miembros de su baja nobleza, Eike von Repgow, que recopilara todas las leyes del ducado en un único manuscrito –el Sachsenspiegel [Espejo Sajón]– que, en un primer momento, se escribió en latín, en torno a 1220 –por las referencias legales que menciona y por las que no llega a citar–y que, a petición condal, acabó traduciéndolo a su propia lengua sajona, una variante del bajo alemán, en algún momento entre esa fecha y 1233. Lamentablemente, no se ha conservado ninguno de aquellos documentos pero sí que han llegado hasta nosotros cuatro originales, manuscritos e ilustrados (iluminados) de la primera mitad del siglo XIV que se conservan en Heidelberg, Oldemburgo, Dresde y Wolfenbüttel.

La trascendencia de aquel Espejo –que pretendía ser el reflejo del Derecho vigente en la sociedad en la que vivía su autor, de ahí su título– se debe a que:
  1. Por primera vez, compiló todas las normas jurídicas aplicables en Sajonia (y, por extensión, puede decirse que fue el primer libro de derecho alemán);
  2. Puso por escrito lo que, hasta ese momento, no era más que un Derecho Consuetudinario, positivizando las costumbres sajonas;
  3. Gracias a sus ilustraciones –sólo el ejemplar de Dresde contiene 924 imágenes en 92 páginas– tuvo un carácter muy didáctico para que se conservaran las tradiciones jurídicas y el pueblo aprendiera a respetar las leyes; y
  4. A diferencia de lo que ocurrió, al mismo tiempo, en otros rincones de Europa –como sucedió, por ejemplo, en la Corona de Castilla y León con el Código de las Siete Partidas (1256-1265), de Alfonso X el Sabio– la idea de redactar el Sachsenspiegel no partió del soberano sino de la iniciativa privada, aunque ejerció tanta influencia y difusión en Europa Central y del Este que recibió la misma consideración que una Ley (los 400 manuscritos que se copiaron en distintas ciudades son la mejor prueba de su éxito).

Del autor, el caballero y administrador Eike von Repgow (ca. 1180 – ca. 1233) [1], aunque haya sido uno de los mejores juristas de su tiempo, apenas se tienen datos biográficos suyos. Se especula que debió formar parte de un tribunal de escabinados, un jurado formado por legos y juristas, al servicio del conde von Falkenstein; y que, sin duda, tuvo amplios conocimientos de derecho sajón, feudal y canónico.

Como ha señalado el profesor Faustino Martínez, (…) El Espejo de Sajonia se estructura en un prólogo, dividido a su vez en cuatro partes perfectamente diferenciadas, con dos grandes bloques temáticos en su seno: el Landrecht, el Derecho general de Sajonia, y el Lehnrecht, el Derecho feudal. No hay referencias ni al Derecho de las ciudades, ni al Derecho mercantil. Su base es el Derecho sajón, consuetudinario, de tipo general, y, por vez primera, puesto por escrito, pero no exclusivamente, dado que se incluyen muchas alusiones a derechos y facultades de los reyes-emperadores germánicos, de alcance superior a la misma Sajonia, por tanto. Propiedad, familia y herencias son sus más destacados asuntos, junto al Derecho criminal, a la organización judicial del territorio y, evidentemente, las relaciones entre señores y vasallos que ocupan su parte segunda enteramente [2]. Cada página está dispuesta en columnas separadas: una para las imágenes y otra para el texto. Estas columnas, unidas por iniciales decoradas, enriquecen y clarifican el significado la una de la otra [1].

Entre su amplio contenido, el investigador Bernd Marquardt destaca, por ejemplo, los preceptos relativos al Derecho Penal: (…) En cuanto a las penas de muerte diferenciadas, se previó la horca para el ladrón (DT II Art. 14 § 1), la rueda para los asesinos, atracadores de iglesias y molinos, incendiarios mortales, traidores y corruptos (DT II Art. 14 § 4), la decapitación para los homicidas, atracadores, secuestradores, incendiarios, violadores sexuales, adúlteros y perturbadores de la paz (DT II Art. 14 § 5), y la muerte por fuego para los envenenadores, hechiceros y personas apostatas (DT II Art. 14 § 7). Complementariamente, hubo penas corporales –como cortar la mano o la lengua–, penas de honor y multas. (…) el Espejo Sajón conoció todavía varias ordalías, es decir pruebas mágicas orientadas en invocar la benevolencia divina para determinar la culpabilidad o inocencia. Como ejemplos se señalan los duelos judiciales (…), la prueba de extraer con el brazo desnudo una pequeña cosa del agua hirviendo (…), la prueba de aguantar el hierro candente y la prueba del agua fría (…). En la última, la aceptación del acusado atado por el agua pura, es decir su hundimiento, sirvió como prueba de inocencia. Las alternativas nunca se redujeron a morir o morir, sino la legitimidad de las ordalías requirió de la oportunidad de sobrevivirlas. Prohibió la pena de muerte para los menoresde edad y las mujeres embarazadas y exigió la ejecución de todo ser vivo que había sido testigo del delito sin impedirlo (DT III art. 1 § 1). En ello, llama la atención la responsabilidad penal de los animales [3], como vemos en la imagen inferior.


Citas: [1] Biblioteca Digital Mundial. [2] MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F. “El tránsito de la oralidad hacia la escritura en la experiencia jurídica del siglo XIII: ejemplo sajón e hipótesis castellana (parte segunda)”. En Cuadernos de Historia del Derecho, 2008, nº 15, p. 182. [3] MARQUARDT, B. “El Espejo Sajón de 1225: Derecho público del Medioevo europeo en imágenes”. En Pensamiento jurídico, 2016, nº 43, pp. 44 y 45. N. del E.: la sigla "DT" se corresponde con el Derecho Territorial (en referencia al Derecho general de Sajonia).
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