viernes, 18 de agosto de 2017

Introducción al Derecho Premial

El Código de Hammurabi –uno de los primeros cuerpos legales que redactó el ser humano– reunió las 282 leyes que el dios babilónico de la justicia, Shamash, entregó a este monarca, a mediados del siglo XVIII a.C., con el fin de impedir que el fuerte oprimiese al débil. Además de la conocida Ley del Talión [Si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto a él (ley 196); (…) si un hombre le arranca un diente a otro hombre de su mismo rango, que le arranquen un diente a él (ley 200)], la conocida estela de basalto negro que, hoy en día, se conserva en el Museo del Louvre, en París (Francia), también incluyó una de las primeras disposiciones premiales de la historia del Derecho al regular que: Si un hombre captura en el campo un esclavo o una esclava fugitivos y se los lleva a su dueño, el dueño del esclavo le dará dos siclos de plata (ley 17) [1]. La normativa de Babilonia inspiró posteriormente a las Leyes Asirias Medias que rigieron en la sociedad de Asur a finales del II milenio; entre ellas, la ley 40 de la tablilla A (A 40) tipificó que, como las esclavas y las prostitutas tenían que ir con la cabeza descubierta, si un hombre veía a una de estas mujeres con velo y no la llevaba a la entrada de Palacio, recibiría 50 bastonazos y quien hubiera denunciado al testigo se podría quedar con su ropa. Estas disposiciones de la Antigua Mesopotamia constituyen el precedente más remoto del Derecho Premial.

Con el cambio de era, en el siglo VI, el emperador de Bizancio, Justiniano, recopiló la jurisprudencia del Derecho Romano en el Digesto que, precisamente, comienza con otra disposición premial (Libro I, título I, §1): (…) el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. (…) [Los juristas] servimos a la justicia y nos dedicamos al conocimiento de lo bueno y lo justo, separando lo justo de lo inicuo, discerniendo lo lícito de lo ilícito, deseando conseguir hombres buenos no sólo por el miedo de las penas sino también por el incentivo de los premios.

Una última referencia nos lleva ya a los ilustrados del siglo XVIII: Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre este asunto observo al presente en las Leyes de todas las Naciones un silencio universal. Si los premios propuestos por las Academias á los descubridores de las verdades provechosas han multiplicado las noticias y los buenos Libros, ¿por qué los premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano no multiplicarían asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y fructífera en las manos del sabio distribuidor. De este modo se expresaba Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, en su obra más conocida, el Tratado de los delitos y de las penas (§ XLIV); manuscrito que se publicó, de forma anónima, en Livorno (Toscana), en 1764 [2].

La idea que subyace en estos ejemplos es sencilla: si se impone una pena al que comete un delito, ¿por qué no se recompensa al que realiza una buena acción o una conducta virtuosa, valorándose sus méritos mediante la concesión de un premio? Partiendo de esa base, el Derecho Premial podría plantearse como la némesis del Derecho Penal.

En esa misma línea se expresó hace un siglo el profesor Dorado Montero; en su opinión, el Derecho Premial es un sistema jurídico independiente dentro del Estado, análogo al Derecho penal, o una parte del orden jurídico que el Estado estatuye y custodia, y la cual forma el término opuesto y complementario de otra parte del derecho, que es la parte penal, resultando de la reunión de ambas algo que quizá cupiera denominar el total Derecho sancionador. Según este jurista serrano -de Navacarros (Salamanca)- en el ámbito de las recompensas y premios reina ordinariamente una gran libertad y hasta anarquía. (...) lo que el llamado Derecho premial significa es el sometimiento de esta materia a preceptos legales taxativos, de manera análoga a como se hace con el Derecho penal, que es el otro término simétrico [3]

El problema que plantean las disposiciones premiales es que en el ordenamiento jurídico no existe una rama específica que se ocupe de la concesión de premios, distinciones o recompensas, honoríficas o económicas, excluidas las de carácter nobiliario, que se confieren en correspondencia a méritos acreditados según su normativa reguladora y como medida de fomento y reconocimiento social en el sector de interés público correspondiente (según el DEJ); y, por ende, su ámbito de actuación se difumina entre el Derecho Administrativo [en España, las recompensas previstas en la vigente Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, son –de acuerdo con la sentencia 4713/2015, de 11 de diciembre, de la Audiencia Nacional [ECLI:ES:AN:2015:4713]– el supuesto más típico del llamado "Derecho Premial", que configura las condecoraciones como un estímulo honorífico con el que recompensar comportamientos muy relevantes o trayectorias profesionales ejemplares de personas o de grupos de personas, muchas veces anónimas, que objetivamente se han hecho acreedoras de ellas]; el Derecho Constitucional [el Art. 62.f) de la Constitución Española de 1978 dispone que le corresponde al rey (…) conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes]; o el propio Derecho Penal [por ejemplo, las circunstancias atenuantes previstas en el Art. 21 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), si el culpable repara el daño ocasionado a la víctima].

Terminamos con una curiosa anécdota sobre un compañero de Dorado Montero en el claustro universitario salmantino, Miguel de Unamuno, que nunca dio lugar a bromas de ninguna clase, narrada por Ramón J. Sender, con el que coincidió en el Ateneo de Madrid. En 1905 (...) Iba el autor de El Cristo de Velázquez al palacio real a darle las gracias al rey [Alfonso XIII] por haberle sido otorgada la cruz de Alfonso X. Recibir una condecoración es para un escritor de vuelos místicos bastante desairado. Parece que Unamuno dijo: “Vengo a dar a vuestra majestad las gracias por haberme dado la cruz de Alfonso X, que me la merezco”. El rey le contextó: “Qué raro. Los demás siempre han dicho que no lo merecían”. La gente atribuye a Unamuno la siguiente respuesta: “Y decían la verdad[4].

Citas: [1] SANMARTÍN, J. Códigos legales de tradición babilónica. Madrid: Trotta, 1999, p. 137. [2] BONESANA, C. Tratado de los delitos y de las penas. Granada: Comares, 2008, p. 100. [3] DORADO MONTERO, P. Naturaleza y función del Derecho. Madrid: Reus, 2ª ed., 2006, pp. 163 y 168-169. [4] SENDER, R. J. Examen de ingenios. Los noventayochos. México D.F.: Aguilar, 1961, pp. 53 y 54.

miércoles, 16 de agosto de 2017

Las directrices sobre precios de transferencia de la OCDE

Una sentencia del Tribunal Constitucional español –la STC 145/2013, de 11 de julio– nos será de gran ayuda para aproximarnos a este tema porque los propios magistrados reconocieron que por razones de claridad expositiva, antes de realizar las precisiones procesales y de entrar en el fondo de la cuestión formulada, conviene exponer brevemente el contenido de las previsiones discutidas dentro de su contexto normativo. Partiendo de esa base, su segundo fundamento jurídico nos explica que: Las llamadas «operaciones vinculadas» son las transacciones que realizan sociedades o sujetos relacionados entre sí, no independientes o sometidos de algún modo a un mismo poder de decisión. Pensemos, por ejemplo, que la empresa “E1” alquila un local a la sociedad “S2” o a un particular, la persona física “PF3”, para que instalen allí sus nuevas oficinas; si “E1”, “S2” o “PF3” forman parte del mismo grupo empresarial, la transacción para pagar el alquiler de esos locales será una operación vinculada. ¿Cuál es el problema? Cabe que estas entidades pacten los precios de sus operaciones (los llamados «precios de transferencia») lo que puede falsear la competencia y alterar la tributación correspondiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y el legislador español se han ocupado de estas operaciones con el fin de evitar que los precios de transferencia encubran una traslación de beneficios o pérdidas de unas sociedades a otras con fines de elusión fiscal, concluye la resolución del Constitucional. Y las circunstancias aún se pueden complicar mucho más si -como es habitual en un mundo tan globalizado- las sociedades están domiciliadas en diversos países o la matriz es una multinacional.

De este modo, los precios de transferencia pueden definirse –según el Diccionario de Español Jurídico– como la contraprestación acordada entre dos o más entidades pertenecientes a un grupo de sociedades a efectos de la planificación fiscal del mismo que tiene la calificación tributaria de operación vinculada y que difiere de la que se hubiera estipulado con o entre partes independientes.

En España, al igual que sucede en los países de nuestro entorno, el tratamiento fiscal de las operaciones vinculadas constituye un elemento trascendental internacionalmente, al cual se dedican específicamente tanto la Unión Europea como la OCDE [preámbulo de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS)]. De ahí que debe tenerse en cuenta que la interpretación del precepto que regula estas operaciones –se refiere al extenso Art. 18 LIS– debe realizarse, precisamente, en concordancia con las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE (…), en la medida en que no contradigan lo expresamente señalado en dicho precepto, o en su normativa de desarrollo.

Ese criterio interpretativo convierte a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en un buen ejemplo de esa categoría llamada “soft law”. La esencia de este “derecho suave u orientativo” [STC 12/2015, de 5 de febrero] es que aunque estas disposiciones carecen de fuerza vinculante tampoco deben ignorarse. Como recuerda la sentencia 2139/2017, de 31 de mayo, del Tribunal Supremo (ECLI:ES:TS:2017:2139) en un caso extrapolable: Queda clara su naturaleza no imperativa, es decir carece de fuerza vinculante como las leyes o los instrumentos internacionales mas ello no está siendo óbice a su toma en consideración por cuanto (…) pretenden inducir a los Estados a actuar en consecuencia.

Desde que esta Organización publicó en 1995 la primera versión de sus directrices aplicables en materia de precios de transferencia y otras cuestiones fiscales conexas en relación con las empresas multinacionales –revisando un anterior informe de 1979 que el Consejo de la OCDE derogó en 1995– se han complementado y modificado mediante cinco informes, dos actualizaciones y una revisión.

La actual edición de 22 de julio de 2010 –en inglés: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010– efectuó numerosos cambios tendentes a dotarlas de coherencia ofreciendo nuevas pautas para la selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado en función de la casuística, sobre la aplicación práctica de los métodos basados en el resultado de las operaciones (el método del margen neto operacional y el método de distribución del resultado) y el funcionamiento de los análisis de comparabilidad.

Su objetivo –como recuerda la propia OCDE– es brindar pautas para la aplicación del “principio de plena competenciaque constituye el consenso internacional sobre los precios de transferencia, es decir, sobre la valoración, a efectos fiscales, de las operaciones internacionales entre empresas asociadas. En una economía globalizada en la que las empresas multinacionales desempeñan un papel preponderante, los precios de transferencia ocupan un lugar destacado en la agenda tanto de las administraciones tributarias como de los contribuyentes. Los gobiernos necesitan asegurarse de que las rentas imponibles de las multinacionales no se desvían artificialmente fuera de sus jurisdicciones y de que la base imponible que declaran las multinacionales en sus respectivos países refleja la actividad económica efectuada en cada uno de ellos. Para los contribuyentes, es esencial limitar el riesgo de la doble imposición económica que puede tener su origen en una controversia entre dos países respecto de la determinación de la contraprestación de plena competencia correspondiente a sus operaciones internacionales con empresas asociadas.

lunes, 14 de agosto de 2017

Organizaciones internacionales (XIII): la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

En 1920, un barco que transportaba ganado de la India a Brasil –con cebúes infectados– hizo escala en el puerto de Amberes (Bélgica) desatando un imprevisto brote de peste bovina que coincidió con la celebración, ese mismo año, de los VII Juegos Olímpicos en esta ciudad flamenca. Aquel hecho fortuito motivó que, en marzo de 1921, los servicios veterinarios de diversas naciones se reunieran en la capital francesa para diseñar una estrategia común que permitiera luchar no solo contra aquella infección sino también para informar sobre la presencia y extensión de la rabia, la fiebre aftosa, el carbunco bacteriano o el muermo. Su propuesta culminó, el 25 de enero de 1924, con la firma del acuerdo por el que 28 Estados [Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, España (Gaceta de Madrid nº 62, de 3 de marzo de 1927), Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Siam, Suecia, Suiza y Túnez] crearon, en París, la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), con el apoyo de la Sociedad de Naciones, para lograr los siguientes objetivos: garantizar la transparencia en la situación zoosanitaria en el mundo; recopilar, analizar y difundir la información científica veterinaria; elaborar normas y recomendaciones internacionales científicamente fundadas para el control de la enfermedad y la calidad de las vacunas; y promover la solidaridad internacional para el control de las enfermedades de los animales. La OIE celebró su primera sesión el 8 de marzo de 1927 y convocó la primera conferencia científica el 30 de enero de 1928.

Al estallar la II Guerra Mundial, la Oficina Internacional de Epizootias primero estuvo a punto de trasladar su sede de París a Berlín y después llegó incluso a plantearse su disolución cuando se crearon, en el seno de los organismos especializados de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 1946, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1948, con las que compartía algunos objetivos; pero, finalmente, como recuerda la propia Oficina, la oposición de numerosos Países Miembros y de Delegados de la OIE impide su desaparición. Desde entonces, como organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo, las normas de la OIE –resoluciones y recomendaciones, como el Código Sanitario para los Animales Terrestres– se han convertido en el referente en este ámbito.

Su actual denominación se adoptó en 2003, cuando la Oficina Internacional de Epizootias se convirtió en la Organización Mundial de Sanidad Animal pero conservando su acrónimo histórico: OIE. Hoy en día, con más de 90 años de Normas, Transparencia, Pericia y Solidaridad, ya cuenta con 181 miembros (el último, la isla de Curazao, en mayo de 2017).


Su organigrama se compone de una Asamblea Mundial de Delegados [órgano supremo formado por los representantes de todos los países]; el Consejo [que la representa en los intervalos entre las sesiones generales y está integrado por nueve miembros]; un Director General y diversas comisiones especializadas y cinco regionales para estudiar los problemas específicos de sus miembros en las diferentes regiones del mundo. Sus funciones se establecen en el Reglamento General que se adoptó en 2011.

viernes, 11 de agosto de 2017

El Real Tribunal del Protomedicato

El nº 92 de la Gaceta de Madrid, de 10 de junio de 1820, publicó el Real decreto disponiendo que habrá un tribunal supremo de salud pública bajo el nombre de tribunal del protomedicato, cuya autoridad se extenderá á toda la península é islas adyacentes. Aquella reglamentación fue la última que intentó restablecer su existencia en España antes de que la institución fuera suprimida, definitivamente, por Fernando VII, el 5 de enero de 1822. Su Art. 1 ordenaba el cese de todas aquellas corporaciones que se habían autorizado para egercer las funciones propias de dicho tribunal; en referencia indirecta a las Reales Juntas Facultativas de Medicina, Cirugía y Farmacia –creadas por Carlos III mediante una Real Cédula promulgada el 13 de abril de 1780– con las que el Tribunal mantuvo siempre continuas divergencias a la hora de delimitar sus atribuciones. Para remediarlo, el Art. 2 estableció cuáles eran sus facultades y obligaciones: las mismas que, según las leyes de Castilla, tuvo el del protomedicato hasta eI año de 1780, en que empezaron á variarse sus atribuciones con grave daño de la causa pública. Por último, el Art. 3 dispuso su composición: siete facultativos de acreditada probidad, patriotismo, luces y experiencia, siendo condición precisa que dos de ellos sean profesores de medicina, dos de cirugía, dos de farmacia y uno de química que cobrarían un sueldo de 120 reales anuales.

Tres siglos antes, en 1534, las Cortes de Madrid fijaron la necesidad de depurar los defectos que se habían apreciado en el Ordenamiento de Montalvo, reuniendo todas las disposiciones vigentes en un único volumen. El proyecto –iniciado por el jurista Pedro López de Alcocer– culminó treinta años más tarde con la Nueva Recopilación, interviniendo en el proceso de redacción prestigiosos licenciados como López de Arrieta o Bartolomé de Atienza, el Consejo Real y la Chancillería de Valladolid. El 14 de marzo de 1567 se despachaba la pragmática promulgatoria que sancionaba el carácter oficial de aquella Nueva Recopilación, ordenando Felipe II que se aplicara por todos los tribunales de justicia.


La jurisdicción de los protomédicos examinadores –(…) de los físicos, y cirujanos, y ensalmadores [de huesos dislocados], y boticarios, y especieros, y herbolarios, y otras personas, que en todo, o en parte, usaren de estos oficios (…) así hombres como mujeres, de qualquier ley, estado, preeminencia, y dignidad que sean, para que si los hallaren idóneos y pertenecientes, les den cartas de examen, y aprovacion, y licencia para que usen de los dichos oficios (…)– se reguló en el Título XVI del Libro III de aquella recopilación; en concreto, al margen de su ley primera, como era habitual en aquel entonces, se refieren los precedentes normativos de dicha disposición al citar a: D. Fernando y D. Isabel en Madrid, año 1477, a 30 de março, y en el Real de la Vega, año 1491, y en Alcalá año 1498. Esas son las “leyes de Castilla” a las que se refería el Real Decreto de 1820.

Con esos datos, la opinión generalizada de la doctrina sostiene el carácter fundacional del protomedicato castellano por los Reyes Católicos; pero no puede desconocerse la argumentación contraria que ofrecen quienes consideran que sólo en 1588 con la pragmática de Felipe II puede realmente considerarse fundada la institución [CARRERAS PANCHÓN, A. “El reinado de los Reyes Católicos: hacia una regulación del arte de curar”. En RIERA PALMERO, J. (ed) La Medicina en la época del Tratado de Tordesillas. Salamanca: Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, p. 141].

De una u otra forma, entre la segunda mitad del siglo XV o finales del XVI y comienzos del XIX, el Real Tribunal del Protomedicato fue el tribunal supremo de salud pública, formado por los protomédicos ó examinadores, que reconocían la suficiencia de los que aspiraban á ser médicos y concedía las licencias necesarias para el ejercicio de dicha facultad [ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. Madrid: Espasa Calpe, 1958, tomo XLVII, p. 1185].

Cuadros: superior: Gaspare Traversi | La operación (1753); inferior: Luis Jiménez Aranda | La visita al hospital (1889).

miércoles, 9 de agosto de 2017

¿Qué es una hipoteca naval?

Su regulación apareció en la Gaceta de Madrid –precedente histórico del actual BOE– el domingo, 15 de mayo de 1892, cuando se hizo público el proyecto de ley sobre creación de la hipoteca marítima redactado por el Ministerio de Gracia y Justicia, según el cual, las naves cuyo porte no sea inferior á 20 toneladas, podrán ser objeto de hipoteca voluntaria del contrato dé préstamo. Para este solo efecto se considerarán tales buques como bienes inmuebles. La tramitación parlamentaria duró quince meses y, el 23 de agosto de 1893 se publicó la nueva Ley de 21 de agosto de 1893 sobre hipoteca naval. Su Art. 1 dispuso que: Pueden ser objeto de hipoteca los buques mercantes con arreglo á las disposiciones de esta Ley. Es decir, al igual que se hipoteca una vivienda, también se puede constituir un crédito hipotecario sobre una nave. Esta norma decimonónica estuvo en vigor en el ordenamiento jurídico español hasta el siglo XXI.

Su derogación fue consecuencia de la aprobación del Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval que se firmó en Ginebra (Suiza), el 6 de mayo de 1993 –en el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional (uno de los quince organismos especializados de la ONU), convocada por la A/RES/46/213, de 20 de diciembre de 1991– con el fin de mejorar las condiciones de financiación de los buques y el desarrollo de las flotas mercantes nacionales, mediante un instrumento jurídico internacional que regulase el crédito marítimo, sustituyendo las anteriores convenciones sobre privilegios e hipotecas marítimas hechas en Bruselas (Bélgica) el 10 de abril de 1926 (primer intento de unificar las dispares legislaciones nacionales) y el 27 de mayo de 1967 (que ni siquiera llegó a ser ratificada). España se adhirió al tratado de 1993 el 31 de mayo de 2002 y la convención entró en vigor el 5 de septiembre de 2004. Curiosamente, el 7 de octubre de ese mismo año, España denunció el anterior Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, hecho en 1926.


A partir del régimen previsto en este tratado, diez años después, los Arts. 126 a 144 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (LNM) –que derogó la mencionada normativa de 1893– regularon que todos los buques, embarcaciones y artefactos navales, incluso en construcción, pueden ser objeto de hipoteca naval con arreglo a las disposiciones de esta ley y al mencionado Convenio; sujetando directa e inmediatamente el buque sobre el que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad fue constituida. Dicha constitución se otorgará en escritura pública, en póliza intervenida por notario o en documento privado y deberá inscribirse en el Registro de Bienes Muebles (…) a favor de una o varias personas determinadas, o a favor de quien resulte titular del crédito en las constituidas en garantía de títulos emitidos en forma nominativa, a la orden o al portador. Asimismo, la hipoteca naval podrá constituirse también en garantía de cuentas corrientes de crédito o de letras de cambio u otros instrumentos, conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria.

El Art. 132 LNM desarrolla el contenido que se hará constar en el documento de constitución de la hipoteca naval: a) Acreedor, deudor y, en su caso, hipotecante no deudor, especificando todas las circunstancias personales que exige la legislación hipotecaria. b) El importe del crédito garantizado con hipoteca y de las sumas a que, en su caso, se haga extensivo el gravamen por costas y gastos de ejecución y por los intereses remuneratorios y de demora y otros gastos. c) Fecha de vencimiento del capital y del pago de los intereses. d) Descripción del buque y todos los datos de identificación previstos en el apartado 5 del artículo 60 que constaren, con indicación, en su caso, de que el buque está en construcción. e) El valor o aprecio que se hace del buque y que, en su caso, pueda servir como tipo para la subasta; y los domicilios que el deudor y, eventualmente, el hipotecante no deudor designen para requerimientos y notificaciones. f) Cantidades de que responde cada buque, en el caso de que se hipotequen dos o más en garantía de un solo crédito. g) Las circunstancias que reglamentariamente se determinen en caso de hipoteca en garantía de títulos cualquiera que sea su denominación. h) Las demás estipulaciones que establezcan los contratantes sobre intereses, seguros, vencimiento anticipado y extensión y cualesquiera otras que tengan por conveniente.

Cuadros: superior: Henri Rousseau | La tormenta hundió el buque (ca. 1899); inferior: William Bradford | Ballenero y pesqueros cerca de la costa del Labrador (1880).

lunes, 7 de agosto de 2017

El singular marco jurídico de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria española (Agencia Estatal de la Administración Tributaria o, simplemente, AEAT) tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, así como de aquellos recursos de otras Administraciones públicas nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio. Por tanto –según la información institucional que ha publicado en su portal de internet (*)– corresponde a la Agencia Tributaria aplicar el sistema tributario de tal forma que se cumpla el principio constitucional en virtud del cual todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. No obstante, no tiene competencias para la elaboración y aprobación de normas tributarias ni, en la vertiente del gasto público, para asignar los recursos públicos entre las diversas finalidades.

Lo más curioso de este Ente de Derecho Público (…), con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada (…), integrado en las Administraciones Públicas Centrales y adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaria de Estado de Hacienda, es que fue creado por el Art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y la extensa redacción de ese precepto es su único marco legal (buena muestra –como señaló el propio legislador en su preámbulo– de que la Ley de Presupuestos mantiene la consideración no sólo como norma que refleja la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal con carácter anual, sino también como instrumento de política económica en la que se contienen aquellas cuestiones que inciden en la política económica del Gobierno).

Desde entonces, el texto original de aquel Art. 103 ha sido corregido, modificado, añadido, suprimido o derogado en trece ocasiones, entre 1991 y 2009; pero, a día de hoy, cuando esta Agencia ya ha celebrado sus bodas de plata –se constituyó de manera efectiva el 1 de enero de 1992– continúa regulándose por lo dispuesto en aquel Art. 103 LPGE 1991 que también previó –en su apartado dos– que la AEAT se regirá en el desarrollo de las funciones de gestión, inspección, recaudación y demás funciones públicas que se le atribuyen por el presente artículo, por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en la Ley de Procedimiento Administrativo y en las demás normas que resulten de aplicación al desempeño de tales funciones.


Finalmente, como el Art. 103.Doce dispuso que El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, dictará las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del presente artículo; en estos 25 años se han aprobado decenas de órdenes ministeriales (por ejemplo: la Orden HAP/1431/2015, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias) y resoluciones de los órganos de la propia Agencia (como la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación de la tasa de derechos de examen) (**).

viernes, 4 de agosto de 2017

El juicio de Agnódice

Uno de los procesos judiciales más célebres de la Antigua Grecia fue el que enfrentó a esta famosa y pionera ginecóloga con las autoridades atenienses; pero, para poder comprender mejor su caso, debemos contextualizar cómo era la vida de las mujeres en aquel tiempo: el siglo IV a.C. Muchas de las ciudades griegas habían prohibido el celibato; Platón dice en sus “Leyes” que el ciudadano que no haya contraído matrimonio antes de los treinta y cinco años será castigado con una multa anual de 100 dracmas y que no podrá reclamar de los jóvenes las muestras de respeto y honor debidas a la ancianidad (…). Como las muchachas vivían muy retiradas, el matrimonio se llevaba a cabo, sobre todo, según la conveniencia de los padres (…). La novia, tras la última comida hecha en la casa paterna, esperaba, ya ataviada con su vestido de fiesta, a su esposo, quien la llevaba en un carro (…). La novia sólo debía aportar a su marido tres vestidos y algunos muebles de poco valor. Celoso de la dignidad de las mujeres [la ley del arconte Solón] restringía su libertad en favor de la decencia, reguló sus viajes, sus lutos y sus sacrificios; les prohibió salir de la ciudad con más de tres vestidos, llevar provisiones por valor de más de un óbolo y cruzar por la noche las calles [1].

En ese contexto, conocemos la existencia de Agnódice –o, según la traducción: Agnodice o Agnodiké– no por fuentes coetáneas griegas sino romanas; en concreto, por las Fábulas que tradicionalmente se atribuyen al escritor ¿hispano? Gayo Julio Higino, a quien se le suele ubicar entre el 64 a. C y el 17 d. C.; aunque los datos que conocemos sobre su vida y obra son muy escasos y realmente decepcionantes [2].

Higino narra los hechos de la siguiente manera, en los epígrafes 10 a 13 de su fábula CCLXXIV: Los antiguos no tuvieron comadronas, por lo que las mujeres morían llevadas por el pudor. En efecto, los atenienses se habían precavido de que ningún esclavo ni mujer aprendiera el arte de la medicina. Entonces cierta muchacha llamada Agnódice deseó aprender la medicina y tan vehemente fue su deseo que se cortó los cabellos al modo de los hombres, y se confió a la enseñanza de un cierto Herófilo [un médico alejandrino que trabajó entre los siglos IV y III a.C.].

Después de aprender la medicina, al enterarse de que una mujer estaba sufriendo en su vientre, acudió a ella. Como esta no quería confiarse a Agnódice por estimar que se trataba de un hombre, esta se levantó la túnica y mostró que era una mujer; y así las iba curando.


Cuando los médicos vieron que ellos no eran admitidos en presencia de las mujeres, comenzaron a acusar a Agnódice porque decían que se trataba de un hombre depilado y corruptor de mujeres, y que ellas se hacían pasar por enfermas ["una acusación muy sutil porque deja ver cómo aquellas mujeres disimulaban una enfermedad para encontrarse con el supuesto médico", según sus traductores: Javier del Hoyo y José Miguel García Ruiz].

Habiéndose reunido los areopagitas [en referencia al nombre del tribunal ateniense del Areópago que se constituía al aire libre en la colina de Ares] por este motivo, comenzaron a condenar a Agnódice. Esta se levantó la túnica ante ellos y mostró que era mujer. En ese momento los médicos empezaron a acusarla con más fuerza. Pero entonces las mujeres más distinguidas se presentaron en el juicio y dijeron: “Vosotros no sois esposos sino enemigos, porque condenáis a la que nos devuelve la salud”. En ese momento los atenienses enmendaron la ley para que las mujeres libres aprendieran el arte de la medicina.

NB: que  las mujeres -como Agnódice- tuvieran que disfrazarse de hombres para poder acceder a una enseñanza superior vetada a su género también se dio en España; el caso más paradigmático fue el de Concepción Arenal.
 
Citas: [1] DURUY, V. El mundo de los griegos. Barcelona: Círculo de Lectores, 1975, p. 33. [2] DEL HOYO, J. y GARCÍA RUIZ, J. M. “Presentación”. En HIGINO, Fábulas. Madrid: Gredos, 2009, pp. 328 y 329.

PD: sobre las dificultades de las mujeres en diversas épocas, también puedes leer las entradas sobre el sufragio femenino; el decreto que les permitió actuar en los teatros; el origen del derecho de pernada; el mal juicio de Caya Afrania; su acceso a las universidades; o las primeras españolas que llegaron a ser abogada, jueza y fiscal o alcaldesas.

miércoles, 2 de agosto de 2017

Definición, origen y regulación de los Montes de Piedad

El Diccionario del Español Jurídico (DEJ) define esta casa de empeños con carácter benéfico (RAE) como una institución de beneficiencia creada a partir del modelo establecido en Perugia [o Perusa (Italia), capital de la región de Umbría] por el monje franciscano Bernabé de Terni, en 1462. En aquel tiempo, este padre de la hermandad de hermanos menores, dirijia á los ricos desde la cátedra evanjélica de Perusa, invitaciones apremiantes para que por medio de una jenerosa asistencia pusiesen remedio á las ecsorbitantes usuras que ejercían entonces los judíos sobre los desgraciados: las personas acomodadas respondieron á su voz y sus ofrendas reunidas formaron un capital con cuyo ausilio se hicieron préstamos gratuitos á los menesterosos, reteniendo solamente un lijero rédito para los gastos del servicio. De aqui la denominacion que se les dió en italiano de “monti di pietá”, que significa banco de caridad. De modo que en su oríjen los montes de piedad solo se consideraron como establecimientos caritativos destinados á proporcionar préstamos gratuitos. Asi es como fueron adoptados en la mayor parte de los paises de Europa y particularmente en España y Francia [1].

Sin embargo, la profesora Elena Bellod [2] ha investigado que, en España, la institución de los Montes de Piedad tiene un doble origen:
  1. Por un lado, el origen institucional procedente de la influencia directa de los Montes de Piedad italianos, que se concreta en la Fundación [por el sacerdote Francisco Piquer Rodilla] del Monte de Piedad de Madrid en 1702, modelo que sirvió al resto de los Montes españoles de carácter moderno y que ha constituido la base para el nacimiento de las Cajas de Ahorro españolas en la primera mitad del siglo XIX; y
  2. Por otro, un origen institucional autóctono –y anterior a aquél– que se inicia en las Arcas de limosna de Castilla en 1431 [institución aprobada por el Papa Eugenio IV el 15 de septiembre de 1431, con una dotación de 11.560 florines en oro con la finalidad benéfica de “lucha contra el pecado detestable de las usuras” y “socorrer a las necesidades de los menesterosos” bajo el control y gobierno de los Franciscanos de Briviesca (Burgos)].

Hoy en día, el Art. 1109 in fine del Código Civil español establece que: Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro se regirán por sus reglamentos especiales; a continuación, el Art. 1873 CC dispone que con Respecto a los Montes de Piedad y demás establecimientos públicos, que por instituto o profesión prestan sobre prendas, se observarán las leyes y reglamentos especiales que les conciernan y, subsidiariamente, las disposiciones de este título. Ese “reglamento especial” continúa vigente en la actualidad y es el Estatuto para las Cajas generales de Ahorro popular de fecha 14 de Marzo de 1933 [Gaceta de Madrid –precedente histórico del BOE– del 17].

Junto a esa regulación de los años 30 y el carácter subsidiario del Código Civil, el marco jurídico de los Montes de Piedad se completa con los reglamentos que adoptan las propias entidades financieras; por ejemplo, el Art. 2 del Reglamento de operaciones del Monte de Piedad de La Caixa (*), de 2015, define cuál es su objeto principal: la concesión de préstamos y créditos con garantía prendaria sobre cualquier bien mueble de lícito comercio en los términos que se establecen en el presente Reglamento. Recordemos que –como ha reiterado la jurisprudencia (entre otras, la sentencia 11691/1990, de 17 de septiembre, del Tribunal Supremo [ECLI:ES:TS:1990:11691]– con referencia a los Montes de Piedad, "no existe en España entidad alguna que con carácter independiente y personalidad jurídica propia ostente la denominación de "Monte de Piedad", sino siempre vinculada en estrecha dependencia con una Caja de Ahorros y personalidad jurídica única e indivisible. Esto sentado, en la medida en que los Montes de Piedad son hoy realmente una dependencia de las Cajas de Ahorro que los tengan, su interés se funde con el de las Cajas de que dependan, y en cuya única personalidad se integran. Y, por último, en su defecto, pueden regirse por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, como señala el Art. 2 del Código de Comercio (por ejemplo, al efectuar una subasta).

Citas: [1] DE LA PASTORA Y NIEYO, I. Diccionario de Derecho Canónico. Madrid: José C. de la Peña (ed.), 1848, tomo IV, p. 26. [2] BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, E. “La papeleta de empeño”. En Revista de relaciones laborales, nº 2, 1994, p. 10.

lunes, 31 de julio de 2017

La regla vial del “uno por uno”

En algunas localidades mexicanas –como Oaxaca, Cuernavaca, Campeche o San Pedro Cholula– cuando un par de coches coinciden en el cruce de dos calles que no está regulado por semáforos, el orden de preferencia se rige por la denominada regla del uno por uno; un programa de seguridad vial que busca evitar accidentes de tráfico, mejorar el tránsito vehicular y reducir el estrés de los conductores. Bajo el lema primero tú y después yo, en la esquina de los cruceros tiene preferencia el vehículo que procede del lado derecho pero, a continuación, cuando ese coche haya avanzado por la intersección, deberá circular un automóvil de la otra vía, de modo que irán alternándose uno de cada calle.

Esta regla se establece, por ejemplo, en el Art. 47.V del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, de 2015: Todo conductor de un vehículo que haga uso de las vías de comunicación Estatales o bajo jurisdicción del Estado, deberá obligatoriamente: (…) V. Respetar en todos los cruceros y vialidades el esquema de paso de vehículos de Uno por Uno. De modo que colisionar [con] otro vehículo por no respetar el uno por uno se clasifica como infracción grave, según el Art. 333.

viernes, 28 de julio de 2017

Los actos jurídicos de la Unión Africana

El Art. 5.1.b) del Acta Constitutiva de la Unión Africana –que se adoptó en la Cumbre de Lomé (Togo) el 11 de julio de 2000 y entró en vigor al año siguiente– establece que el Consejo Ejecutivo [Executive Council] es uno de los nueve órganos que componen la estructura de esta organización; a continuación, el Art. 10 dispone que este Consejo está integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembro de la Unión Africana (UA) o por cualquier otro ministro o autoridad designada por los Gobiernos; y que deberá reunirse, al menos, dos veces al año en sesión ordinaria, pudiendo convocarse de manera extraordinaria por cualquier Estado previa ratificación de dos tercios de los miembros de esta organización panafricana (el habitual quórum en las reuniones del Consejo Ejecutivo). Sus decisiones se adoptan por consenso o, en su defecto, por la mencionada mayoría de los dos tercios (excepto aquellas cuestiones meramente procedimentales que se aprobarán por mayoría simple). Finalmente, el Art. 13 le atribuye la función de coordinar y adoptar las decisiones sobre diversas políticas en ámbitos de interés común para los Estados miembro, desde el comercio exterior, la energía, la agricultura y el medio ambiente hasta la respuesta humanitaria, la salud, la seguridad social y la discapacidad.

Teniendo en cuenta la previsión del Art. 12 del Acta, durante la primera sesión ordinaria que la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana celebró en Durban (Sudáfrica), del 9 al 10 de julio de 2002, se aprobaron las [cuarenta y tres] Reglas de Procedimiento del Consejo Ejecutivo [Rules of Procedure of the Executive Council].

En concreto, su regla nº 34 [Categorisation of Decisions] es la que dispone cuáles son los actos jurídicos de la Unión Africana que puede adoptar su Consejo Ejecutivo; el paralelismo con la Unión Europea es más que evidente:
  1. Reglamentos [Regulations]: instrumentos vinculantes y directamente aplicables en los Estados miembros, por regla general, a los 30 días de haber sido publicados en el Official Journal of the African Union. Junto a las directivas, el Art. 23 del Acta prevé que la Conferencia pueda aprobar sanciones contra las autoridades nacionales que los incumplan.
  2. Directivas [Directives]: se dirigen a uno, varios o todos los Estados de la Unión Africana (e incluso a personas físicas o jurídicas) vinculándoles en la consecución de un determinado objetivo, siendo las autoridades nacionales las que podrán determinar el mejor medio para alcanzar dicho fin.
  3. Otros actos: recomendaciones, declaraciones, resoluciones, opiniones, etc. [Recommendations, Declarations, Resolutions, Opinions, etc.]: No son vinculantes y solo persiguen armonizar y guiar a los Estados que integran la UA.

miércoles, 26 de julio de 2017

La jurisprudencia sobre tauromaquia

El Tribunal Constitucional español sólo se ha pronunciado a cerca del arte de lidiar toros, que diría la RAE, en una única resolución: la sentencia 177/2016, de 20 de octubre; cuando tuvo que resolver el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular y declaró inconstitucional y nulo por incurrir en un exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que invade o menoscaba las que el Art. 149.2 de la Constitución Española (CE) otorga al Estado– el Art. 1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, que modificó el Art. 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales (Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril) para prohibir, en el ámbito de esta comunidad autónoma, las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros. Sólo quedaban excluidos de esa prohibición las fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran.

Para nuestro órgano de garantías –de acuerdo con el fundamento jurídico sexto de la STC 177/2016– la tauromaquia tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país (…). Las corridas de toros son una actividad con múltiples facetas o aspectos que explican la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en su regulación, lo que no es sino consecuencia de su complejo carácter como fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial, ya que participa de todos estos matices o aspectos. No obstante, en lo que ahora importa, para resolver la primera queja planteada por los recurrentes, lo que debemos examinar es si la norma autonómica, al prohibir las corridas de toros y otros espectáculos taurinos similares, constituye un adecuado ejercicio de las competencias autonómicas sobre espectáculos públicos o, por el contrario, se extralimita de modo contrario al orden constitucional de distribución de competencias, vulnerando por menoscabo las competencias estatales en materia de cultura con las que se relaciona necesariamente atendiendo a la específica naturaleza del espectáculo del que se trata. (…) Con posterioridad a la promulgación de la Ley autonómica impugnada, se aprobó por el Estado la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural “digno de protección en todo el territorio nacional” que establece un deber de protección y conservación de la tauromaquia; diversas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración general del Estado y el principio de participación y colaboración entre las Administraciones públicas.

La [mencionada] Ley 18/2013 define la tauromaquia como “el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español” —y, por extensión, toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma— (Art. 1) que, como tal, “forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia” (Art. 2). La preservación de la tauromaquia como patrimonio cultural pasa por la imposición del deber a los poderes públicos de garantizar la conservación y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el Art. 46 CE (Art. 3), a través de las medidas específicas que contemplan tanto la Ley 18/2013 como la Ley 10/2015 [de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial]. De lo anterior se deduce que el Estado, en el ejercicio, entre otras, de sus competencias derivadas del Art. 149.2 CE, ha adoptado un conjunto de normas, no controvertidas competencialmente ante este Tribunal, de las que se infiere que el Estado ha declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural.

Así las cosas –señala el fundamento séptimo–, la consideración de la tauromaquia, y, por tanto, de las corridas de toros, como patrimonio cultural inmaterial español que operan las leyes estatales antes citadas podría discutirse desde el punto de vista de la opción tomada por el legislador pero, en la perspectiva que nos es propia, no puede considerarse un ejercicio excesivo de las competencias que corresponden al Estado en materia de cultura (Art. 149.2 CE), sin que tampoco tales decisiones hayan sido discutidas antes este Tribunal. No altera la anterior conclusión, la existencia de rechazo, desafección o desinterés de parte de la población respecto a este espectáculo. En este momento, el hecho que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros, en la decisión del legislador estatal, de su carácter cultural pues, existiendo en la realidad social española, el Estado contribuye así a su conservación mediante una acción de salvaguarda de una manifestación subyacente que entiende digna de protección en tanto que integrada en el genérico concepto constitucional de cultura, cuya salvaguarda incumbe a todos los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias.

(…) la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de toros y otros espectáculos similares adoptada en el ejercicio de la competencia en materia de espectáculos, menoscaba las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural, ya que, directamente, hace imposible dicha preservación, cuando ha sido considerada digna de protección por el legislador estatal en los términos que ya han quedado expuestos.


En cuanto al Tribunal Supremo, de forma más tangencial, la sentencia 63/2017, de 18 de enero [ECLI:ES:TS:2017:63] –teniendo en cuenta aquella resolución del Tribunal Constitucional– ha resuelto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, reiterando que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro. Y añade: El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada –por algunos– con una finalidad de reivindicación de lo español.

Cuadros: superior: Hubertine Heijermans | Pepín Liria en el ruedo (s. XX); inferior: Pablo Picasso | La corrida (1934).

lunes, 24 de julio de 2017

¿Cuándo surgió la función pública internacional?

En el siglo XIX aparecieron las primeras organizaciones internacionales como respuesta a la necesidad de cooperar en la gestión de ciertos espacios naturales y en ámbitos científicos técnicos abiertos a la actividad humana por la segunda revolución industrial [1]. En el primer caso podemos citar a la pionera Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR), que se constituyó el 24 de marzo de 1815, como apéndice 16 B del documento que se firmó en el Congreso de Viena (Austria); y a la Comisión Europea del Danubio creada por el Tratado de Paz de París (Francia), de 1856. En cuanto al segundo ámbito, las primeras organizaciones de carácter científico-técnico fueron la Unión Telegráfica Internacional, fundada en la capital francesa el 17 de mayo de 1865; la Unión Postal Universal, establecida en Berna (Suiza), el 9 de octubre de 1874; y la Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril (OCTI), creada también en la capital helvética el 14 de octubre de 1890. Pero –como afirma el profesor Pons Rafols [2]– estas entidades (…) no disponían de funcionarios internacionales. Las personas que llevaban a cabo las funciones de las citadas agencias eran o bien funcionarios del país anfitrión o bien funcionarios destacados por los gobiernos de los Estados. Entonces, ¿cuándo surgió la denominada función pública internacional? Para el catedrático de la Universidad de Barcelona no será hasta la creación de la Sociedad de las Naciones que se irá configurando la existencia de un colectivo de personas al servicio de la administración internacional que serán funcionarios internacionales.

Con el fin de desarrollar la cooperación entre las naciones y garantizarles la paz y la seguridad, el Art. 6.1 del Pacto de la Sociedad de las Naciones [Parte I del Tratado de Versalles, firmado entre los Países Aliados y Alemania en el Salón de los Espejos de este palacio francés, el 28 de junio de 1919, para poner fin a la I Guerra Mundial] dispone que: La secretaría permanente está establecida en la sede de la sociedad [en referencia a Ginebra (Suiza)]. Comprende un secretario general, así como los secretarios y el personal necesarios. A continuación, el Art. 6.3 señala que Los secretarios y el personal de la secretaría son nombrados por el secretario general, con aprobación del consejo. Esos dos breves preceptos son las únicas referencias que contenía el Pacto sobre los funcionarios que iban a trabajar en la Sociedad de Naciones.


La configuración de este funcionariado internacional se llevó a cabo posteriormente al adoptarse, en 1923, las League of Nations Staff Regulations, por iniciativa del primer Secretario General de la Sociedad de Naciones, el diplomático británico sir Eric Drummond (1919-1932), en la imagen superior, que puso un especial interés en que todo el personal de la organización procediera de diversos países y que estos oficiales fueran nombrados por la "Liga", de modo que gracias a sus privilegios e inmunidades se esperaba que se mantuvieran neutrales con respecto a sus propios gobiernos. Según los datos aportados por los archivos de las Naciones Unidas, en 1920, el personal contaba con 158 funcionarios y en 1931 había 707 funcionarios públicos (*).

Citas: [1] REMIRO BROTÓNS, A. (Dtor). Derecho Internacional. Madrid: McGraw Hill, 1997, p. 139]. [2] PONS RAFOLS, X. Las garantías jurisdiccionales de los funcionarios de las Naciones Unidas. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1999, p. 22.

viernes, 21 de julio de 2017

Medioambiente (XXIX): los refugiados ambientales [“Environmental Refugees”]

Durante el periodo de entreguerras del siglo XX, la Sociedad de Naciones –precedente histórico de las Naciones Unidas– fue la primera organización internacional que se preocupó por elaborar un marco jurídico para proteger a los refugiados. Como resultado de aquellas pioneras negociaciones, cinco naciones [Bélgica, Bulgaria, Egipto, Francia y Noruega] firmaron la Convención sobre el Estatuto Internacional de los Refugiados, en Ginebra (Suiza) el 28 de octubre de 1933. Aunque su Art. 1 limitaba su aplicación a los refugiados rusos, armenios y asimilados –en virtud de lo dispuesto en los cuatro acuerdos intergubernamentales que la Sociedad adoptó entre 1922 y 1928 como respuesta a los problemas surgidos con estos refugiados tras la I Primera Guerra Mundial (cuando se creó el denominado Pasaporte Nansen)– tuvo la originalidad de establecer el principio fundamental de la no devolución [apropiación directa del galicismo non-refoulement] en el Art. 3 para que los Estados signatarios se comprometieran a no expulsar de sus territorios a los solicitantes de refugio. Este texto fue desarrollado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados procedentes de Alemania, de 10 de febrero de 1938, y un Protocolo de 14 de septiembre de 1939 para los austriacos.

Con el fin de la II Guerra Mundial, la ONU manifestó su profundo interés por los refugiados, tomando el relevo de la extinta Sociedad de Naciones a la hora de revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados. Con el deseo de evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados, la Asamblea General convocó una Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas [A/RES/429 (V), del 14 de diciembre de 1950] y, un año más tarde –de nuevo en su sede ginebrina– adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y reemplazó entre las Partes a todos los acuerdos, convenciones y protocolos aprobados en las tres décadas anteriores (Art. 37).

El Estatuto de 1951 fue fruto de su tiempo y, por ese motivo, su Art. 1.A.2) ciñó la definición de refugiado a las personas que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. A continuación, el Art. 1.B.1) puntualizó que dichos “acontecimientos” podrán entenderse “ocurridos en Europa o en otro lugar”.

Este primer instrumento jurídico internacional fue actualizado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967; al considerar que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde que la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la Convención; por esa razón, retiró las restricciones tanto geográficas como temporales de aquélla. La suma de ambos tratados –el Estatuto de 1951 y el Protocolo de 1967– conforman el “Sistema de Ginebra” que, de forma específica, define quién es refugiado y establece sus derechos y las obligaciones de los Estados.

Lógicamente, aquellos tratados internacionales de los años 50 y 60 no previeron la posibilidad de que un refugiado pudiera huir de su país por motivos ambientales porque la preocupación legal por el medioambiente no surgió hasta la década de los años 70; pero, hoy en día, ¿se puede aplicar esa definición jurídica de “refugiado” a quienes, por ejemplo, huyen de las consecuencias del cambio climático, los desastres naturales o la desertifcación?

Como la realidad supera a la regulación, en 2015, un ciudadano de Kiribati llamado Ioane Teitiota fue deportado de Nueva Zelanda a su país –junto a su esposa, Angua Erika, y sus tres hijos– porque finalizó su permiso de trabajo; para evitarlo, solicitó a las autoridades de Wellington que le reconocieran la condición de refugiado, argumentando que el cambio climático suponía una amenaza para él y su familia si regresaban a Tarawa, la capital kiribatiana (cuya altura máxima sobre el nivel del mar se sitúa en apenas 3 metros); pero el Tribunal Supremo neocelandés rechazó su pretensión argumentando que la categoría de “refugiado ambiental” no era convencional ni se encontraba entre las circunstancias previstas por los instrumentos del “Sistema de Ginebra”; y, aunque reconoció que el Gobierno de Kiribati se enfrentaba a un serio desafío, sí que estaba tratando de proteger a sus nacionales, por ejemplo, adquiriendo tierras en Fiyi.


Ya en 2013, la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España incluyó, entre los riesgos y amenazas, que el cambio climático es el gran desafío ambiental y socioeconómico del siglo XXI. Plantea retos de gran transcendencia para la seguridad, como la escasez de agua potable, los importantes cambios en las condiciones de producción de alimentos, el incremento de la competencia por los recursos energéticos y el aumento de determinadas catástrofes naturales –inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales u olas de calor–. Estos cambios ambientales también pueden exacerbar las presiones migratorias y, en consecuencia, agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, incluso, la fragilidad de algunos Estados [1].

Según los datos analizados por el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) y el prestigioso Norwegian Refugee Council, entre 2008 y 2015, se calcula que, cada año, cerca de 26.400.000 personas han tenido que irse de sus hogares a causa de los desastres naturales; lo que equivale a una persona por segundo [2]. De ahí que, para la profesora Borràs Pentinat [3], la regulación del llamado “refugiado ambiental” por el ordenamiento jurídico internacional resulta imprescindible para colmar una laguna jurídica y proporcionar una protección jurídica suficiente a los cada vez más numerosos desplazados por razones ambientales.

El concepto de los Environmental Refugees lo acuñó el profesor egipcio Essam El- Hinnawi en 1985 en el informe homónimo que elaboró para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y lo desarrolló, tres años más tarde, la analista del Worldwatch Institute, Jodi L. Jacobson en su artículo Environmental refugees: a yardstick of habitability.

Ambos autores viene a definir a los refugiados ambientales como aquellos individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, a causa de un desajuste medioambiental, natural y/o provocado por la actividad del ser humano, que pone en peligro su existencia y/o afecta de forma seria a su calidad de vida [2]. El especialista egipcio también diferenció entre ellos tres categorías: 1) El refugiado que se desplaza de manera puntual porque se ha visto afectado por algún desastre natural (terremoto o huracán) y piensa regresar a su hogar: 2) El que se va de forma permanente porque su hábitat ya no existe (por ejemplo, en su valle se ha construido una presa); y 3) El que huye de la miseria buscando mejorar su calidad de vida porque el lugar en el que vivía ya no le abastece de los recursos adecuados para subsistir.

Citas: [1] Portal de La Moncloa. [2] Global Estimates 2015. [3] BORRÀS PENTINAT, S. “Refugiados ambientales: El nuevo desafío del derecho internacional del medio ambiente”. En Revista de Derecho, vol. XIX, nº 2, 2006, p. 85. [4] EL-HINNAWI, E., “Environmental Refugees”, en United Nation Environmental Programme, Nairobi, 1985, p. 4.

miércoles, 19 de julio de 2017

El origen del código 10 de la policía

En su novela Identidad desconocida [Barcelona: RBA, 2008, p. 36], la escritora floridana Patricia Cornwell recrea la siguiente conversación por el radiotransmisor de un coche patrulla: Diez-cinco Rene Anderson -dijo Marino-. No sé su número de unidad. Dígale que, si no le molesta, nos haría mucha ilusión que los chicos de la unidad de traslado se pasaran por aquí (...) Radio -añadió luego- si Anderson es un diez-dos, diez-diez, diez-siete o digamos un diez-veintidós, vuelva a llamarme. Un montón de policías conectaron sus micrófonos; era su manera de darle ánimos. Diez-cuatro, Unidad 9 -dijo la operadora.

Gracias a estos diálogos o a los de algunas series de televisión –sobre todo, recuerdo los episodios de la mítica Canción triste de Hill Street [Hill Street Blues]–, el cine negro y algunas canciones –por ejemplo, Convoy, de C. W. McCall– se hicieron muy populares aquellas conversaciones en las que un agente de policía respondía por radio a la centralita con un breve “diez-cuatro” para confirmar que había entendido la orden recibida, alto y claro; decía “diez-nueve” a su interlocutor para que le repitiera el mensaje o alguien le pedía su localización con un “diez-veinte”.

Este código numérico –que en Estados Unidos se conoce con los nombres de 10-code, Ten Signals o Police Code– lo creó Charles Hopper en 1937 mientras dirigía el departamento de comunicaciones de la Policía Estatal de Illinois, en el distrito de Pesotum, al darse cuenta de que los oficiales necesitaban un sistema estandarizado que simplificara sus mensajes por radio con la central de la Comisaría. Posteriormente, la Association of Public Safety Communication Officials (APCO) incorporó este sistema de claves entre los profesionales dedicados al ámbito de la seguridad pública.

lunes, 17 de julio de 2017

La primera regulación de la prostitución en el Derecho Internacional

(…) la discusión entre una política “abolicionista” o una política “legalizadora” es una discusión ya antigua, que se inició ya cuando Joséphine Butler [1828-1906] fundó en 1876 la Federación Abolicionista Internacional [1]. En el siglo XX, antes de que estallara la II Guerra Mundial, la comunidad internacional había adoptado cuatro grandes instrumentos jurídicos relacionados con la represión de la trata de mujeres y niños: 1) El Acuerdo internacional para la represión de la trata de blancas, de 18 de mayo de 1904; 2) El Convenio internacional para la represión de la trata de blancas, de 4 de mayo de 1910; 3) El Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres y niños, del 30 de septiembre de 1921; y 4) El Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, de 11 de octubre de 1933.

Con esos precedentes, el Comité Consultivo sobre la Trata de Mujeres y Niños de la Sociedad de Naciones llevó a cabo un gran esfuerzo, en los años 30, con el objetivo de elaborar un tratado internacional que permitiera garantizar el castigo efectivo a los proxenetas. Al primer anteproyecto que examinó en 1931 le siguió una resolución de 1934 en la que pidió a la Oficina Internacional para la Unificación del Derecho Penal que colaborase con la Sociedad en la elaboración de un convenio sobre la represión del proxenetismo.

Tras sucesivas deliberaciones e informes que dilataron su tramitación durante otros tres años, el subcomité encargado de elaborarlo presentó un proyecto revisado de Convenio para la Represión de la Explotación de la Prostitución Ajena al Consejo de la Sociedad de las Naciones el 14 de septiembre de 1937. El texto se remitió a los gobiernos de los Estados miembro de esta organización para que presentaran sus observaciones y se encargó al Secretario General que convocara una conferencia intergubernamental para suscribir el convenio en el período de sesiones que la Asamblea de la Sociedad de las Naciones celebraría en 1938, se postpuso a 1940 pero, finalmente, la II Guerra Mundial lo impidió [*].

Con la creación de la ONU, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) aprobó el 29 de marzo de 1947 la resolución 43 (IV), en la que encargó al Secretario General que reanudara el estudio del proyecto de convenio de 1937 y formulara las enmiendas necesarias a fin de actualizar el convenio en vista de los cambios en la situación general desde 1937. Un año más tarde, otra resolución del ECOSOC –la 155 E (VII), de 13 de agosto de 1948– solicitó al Secretario General de la ONU que preparara un nuevo y amplio proyecto de convenio internacional para la represión de la trata de mujeres y niños y la prevención de la prostitución que unificara los cuatro instrumentos en vigor e incorporara también el contenido del proyecto de convenio de 1937.

El proyecto de Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena [Convention for the Suppression of the Traffic in persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others] se presentó ante la Comisión de Asuntos Sociales de la ONU el 23 de diciembre de 1948 y, un año más tarde, lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, firmándose en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950; una convención que –como recuerda el profesor Brufao Curiel– tuvo un carácter netamente abolicionista que supuso el cierre de burdeles en numerosos países [2] como ocurrió, por ejemplo, en España (tras la reforma del Código Penal de 1963, la normativa española abandonó la anterior regulación meramente administrativa al adherirse, en 1962, al mencionado Convenio).

Su carácter abolicionista se muestra de forma notoria en su primer considerando: la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. Y se reafirma en sus tres primeros artículos: Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona (Art. 1); Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena (Art. 2); y En la medida en que lo permitan las leyes nacionales serán también castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 y todo acto preparatorio de su comisión (Art. 3).

Por si quedaba alguna duda sobre su carácter, el Art. 6 de la Convención estable que: Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación. A día de hoy, ha sido ratificada por 82 Estados [**].



En el ámbito de Naciones Unidas, la prostitución también se menciona en algunos otros instrumentos; por ejemplo:
  • Art. 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979): Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer; y
  • Art. 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989): Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: (…) b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.

Citas: [1] JAREÑO LEAL, Á. “La política criminal en relación con la prostitución: ¿abolicionismo o legalización?”. En: SERRA CRISTÓBAL, R (Coord.) Prostitución y trata. Marco jurídico y régimen de hechos. Valencia: Tirant, 2007, p.71. [2] BRUFAO CURIEL, P. Las miserias del sexo. Prostitución y políticas públicas. Madrid: Catarata, 2011, p. 31.

Cuadros: superior, Edgar Degas | Ilustración para "La Maison Tellier' de Guy de Maupassant (s. XIX); inferior: Henri Gervex | Rolla (1878). Gervex se inspira de un largo poema de Alfred de Musset (1810-1857), publicado en 1833. El texto abarca el destino de un joven burgués, Jacques Rolla, inmerso en una vida de ocio y de vicio. Conoce a Marie, adolescente que se prostituye para librarse de la miseria. Aquí vemos a Rolla, arruinado, cerca de la ventana, girando la mirada hacia la joven dormida. Pronto pondrá fin a sus días, absorbiendo veneno [***].
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