lunes, 11 de diciembre de 2017

El Tribunal de Justicia de la Comunidad CEDEAO [ECOWAS]

Históricamente, el territorio que hoy en día forma parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) [Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, en francés; o Economic Community of West African States (ECOWAS, pronunciado en esdrújula, por sus siglas en inglés)] estuvo gobernado por diversos reinos –como los de Ghana, Malí, Songhái, Wólof, Oyo, Benín y Kanem-Bornu– antes de que las metrópolis europeas colonizaran los 5.000.000 de kilómetros cuadrados sobre los que acabaron trazándose las fronteras de sus quince Estados miembro [Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo (Mauritania fue uno de los signatarios originarios pero abandonó la organización en 2011)] en donde viven 300.000.000 de habitantes –con una gran diversidad cultural– que hablan tres idiomas oficiales extranjeros (inglés, francés y portugués) y más de mil lenguas locales (Ewe, Fulfulde, Hausa, Mandingo, Wólof, Yoruba, Ibo, Ga, etc.).

El primer esfuerzo que se realizó en pos de lograr su integración regional se produjo el 26 de diciembre de 1945 con la creación de la moneda “franco CFA” [Franc de la Communauté Financière d’Afrique]. Posteriormente, en 1964, William Tubman (presidente de Liberia) propuso el establecimiento de una unión económica de África Occidental entre Costa de Marfil, Guinea, Liberia y Sierra Leona mediante un acuerdo que se firmó en 1965, pero que tuvo escasa incidencia hasta la década posterior. En 1972, Yakubu Gowon y Gnassingbe Eyadema –jefes de Estado de Nigeria y Togo, respectivamente– retomaron la idea de promover la integración del África Occidental y, el 28 de mayo de 1975, presentaron el Tratado de Lagos (Nigeria) por el que se instituyó una de las organizaciones intergubernamentales africanas más activas de todo el continente con el fin de promover la cooperación económica y política; posteriormente, el acuerdo de la CEDAO fue revisado el 24 de julio de 1993, en Cotonú (Benín), para dotarlo de un mayor ámbito de actuación, desde su sede en Abuya (Nigeria), según dispone el Art. 86 del Tratado.

En cuanto a la estructura institucional de la Comunidad, junto a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros, el Parlamento, un Consejo Económico y Social, la Secretaría Ejecutiva (actual Comisión, desde 2007) y diversos fondos y comisiones previstos en su Art. 6; también se establecieron la Cour de Justice de la Communauté (Art. 15), creada en 1991, y el Tribunal Arbitral de la Communauté (Art. 16) que, hoy en día, aún continúa sin haberse constituido, de modo que las funciones arbitrales también las desempeña la Corte de Abuya.

Sede de la Corte de la ECOWAS en Abuya (Nigeria)

La regulación y el procedimiento a seguir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad CEDEAO se establecieron en el Protocolo A/P1/7/91, de 6 de julio de 1991, que ha sido enmendado por tres nuevos protocolos adicionales de 19 de enero de 2005, 14 de junio de 2006 y 13 de junio de 2006. Su actual reglamento [Rules of the Court of Justice of the Economic Community of West African States (*)] data de 2002.

El órgano judicial de la ECOWAS entró en funcionamiento en 2001, cuando la Conferencia nombró a sus siete magistrados –elegidos entre los juristas (abogados, profesores o jueces) nacionales más prominentes de los 15 Estados miembros de la organización– para ejercer sus funciones durante cuatro años; pero, en realidad, permaneció inactiva hasta 2003. Un año más tarde resolvió su primer asunto, el caso Olajide Afolabi vs. República Federal de Nigeria [ECW/CCJ/APP/01/03, de 27 de abril de 2004], desestimando la demanda interpuesta por un empresario nigeriano contra su país porque el cierre de fronteras decretado por el Gobierno de Abuya había afectado a las relaciones comerciales que él mantenía con clientes del vecino Benín, lo que en su opinión afectaba a la libertad de movimiento proclamada por la ECOWAS. Como la Corte tiene jurisdicción tanto contenciosa como consultiva, el 5 de diciembre de 2005 emitió su primera opinión consultiva formulada por la antigua Secretaría Ejecutiva sobre la actuación del portavoz del Parlamento comunitario (**).

El tribunal juzga e interpreta los textos legales de la CEDEAO y, en especial, resuelve los litigios en caso de incumplimientos por parte de los Estados miembro de sus obligaciones, entre las instituciones o los funcionarios, así como los conflictos que hagan recaer la responsabilidad a favor o en contra de la Comunidad, la violación de los Derechos Humanos que se desarrollen en cualquiera de los Estados miembro; y se pronuncia sobre la legalidad y constitucionalidad de cualquier instrumento jurídico adoptado por la CEDEAO.

Pueden acudir a la Cour de Justice de la Communauté todos los Estados miembro y la Comisión en caso de incumplimiento de las obligaciones de aquéllos; cualquier Estado miembro, el Consejo y la Comisión, en relación con la denuncia sobre la legalidad de la normativa comunitaria; cualquier persona física o jurídica por violación de derechos en relación con actos de la Comunidad; y aquellas que sean víctimas de violación de Derechos humanos cuyos actos concurran en un Estado miembro; los funcionarios de la CEDEAO; y la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, al interponer un recurso ante el Tribunal por situaciones que difieran de las mencionadas anteriormente.

Por último, el Tribunal aplica el Tratado, los Convenios, Protocolos y Reglamentos adoptados por la Comunidad así como los principios generales de derecho tal y como se establece en el Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (en el ámbito de los Derechos Humanos, también se rige por los instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por los Estados parte en el caso). Sus decisiones son inapelables salvo aquéllas que la propia Corte decida revisar.

viernes, 8 de diciembre de 2017

Los requisitos de una ley penal en blanco

Al tipificar el aborto, el Art. 145.1 del Código Penal español establece que: El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria. Esa mención a “fuera de los casos permitidos por la ley” es un buen ejemplo de una ley penal en blanco que, en este caso, se remite a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo mismo ocurre en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, cuando el Art. 325 CP castiga con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
 
Situación análoga a los Arts. 326, 326 bis, 332, 334 o 345 o en otras conductas delictivas como el Art. 360 CP: El que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior [sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos], los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u oficio de seis meses a dos años; o el Art. 541 CP: La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
 
En todos estos supuestos de leyes penales en blanco nos encontramos ante una norma penal que al describir la conducta constitutiva de delito [se] remite en parte a normas reglamentarias o de rango inferior a la ley orgánica, como se define en el Diccionario del Español Jurídico (DEJ).
 
Por su parte, una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo –por todas, la sentencia 1979/1997, de 18 de marzo [1]– considera que (…) por leyes penales en blanco se deben entender aquéllas que sólo contienen una amenaza penal para la infracción de otra norma a la cual remiten. Concepto al que se han referido, en algún momento, diferentes órganos judiciales españoles; sirva como ejemplo la sentencia 19/2013, de 29 de abril, del juzgado de lo penal nº 21 de Madrid [2] al afirmar que: Por leyes penales en blanco se deben entender aquellas que sólo contienen una amenaza penal para la infracción de otra norma a la cual remiten, norma que generalmente se encuentra comprendida en otra rama del ordenamiento jurídico (así, son frecuentes las remisiones de la norma penal, a normas correspondientes al Ordenamiento Administrativo o sancionador).
 
Los requisitos de esa remisión a otra norma los encontramos en la jurisprudencia de nuestro órgano de garantías; tomando como referencia la sentencia 101/2012, de 8 de mayo, del Tribunal Constitucional [3], esta resolución se refiere a (…) la existencia de las denominadas “leyes penales en blanco”, esto es (…), normas penales incompletas que no describen agotadoramente la correspondiente conducta o su consecuencia jurídico-penal, sino que se remiten para su integración a otras normas distintas, que pueden ser incluso de carácter reglamentario. Ahora bien, para que esa remisión a normas extrapenales sea admisible constitucionalmente debe cumplir en todo caso los siguientes requisitos:
  1. Que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal;
  2. Que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición; y
  3. Sea satisfecha la exigencia de certeza o, lo que en expresión constitucional ya normalizada es lo mismo: que “la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada” (STC 127/1990, de 5 de julio, FJ 3).
Citas de jurisprudencia: [1] ECLI:ES:TS:1997:1979. [2] ECLI:ES:JP:2013:19. [3] ECLI:ES:TC:2012:101.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

El marco legal de las misiones de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior

Como recuerda el Ministerio de Defensa español [1], la crisis originada en los Balcanes en 1991, tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, desencadenó conflictos armados en Eslovenia y Croacia. Tras la extensión de la guerra a Bosnia-Herzegovina, la ONU puso en marcha en este país una misión de ayuda humanitaria. España envió en noviembre de 1992 el primer contingente, que se integró en la Fuerza de Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR), con la doble misión de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz conseguidos hasta ese momento y de proteger los convoyes de ayuda humanitaria. En 2017, se han cumplido 25 años desde que el Ejército desplegó aquella primera agrupación de cascos azules españoles en el extranjero; en concreto, la comisión aposentadora del primer contingente español llegó a Bosnia el 25 de octubre de 1992. Pocos días después, el buque de asalto anfibio “Castilla” arribaba al puerto croata de Split con los soldados de La Legión que formaban el grueso de la agrupación táctica “Málaga” [2]. ¿Cuál es la base jurídica para enviar esas misiones?

En el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, el Art. 8 CE dispone que: 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Para desarrollar este precepto se aprobó la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, que reguló los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar que fue derogada por la vigente Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (LODN).

En su exposición de motivos, esta norma señaló que: La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde finales del siglo XX, nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. Esta circunstancia demanda incluir en la Ley misiones que no estaban recogidas expresamente en la anterior normativa, planteamientos rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control. En relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La Ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir.

Las misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario se regulan en el Título III de esta Ley Orgánica (Arts. 15 a 19); en concreto, el Art. 15.2 LODN establece que: Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. A continuación, el Art. 16 LODN especifica los seis tipos de operaciones que se pueden efectuar: a) La vigilancia de los espacios marítimos; b) La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la administración; c) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento; d) La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas; e) La colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente; y f) La participación con otros organismos nacionales e internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero, de conformidad con los criterios de coordinación y de asignación de responsabilidades que se establezcan.

Y los Arts. 17 y 18 LODN regulan la autorización del Congreso de los Diputados para ordenar las operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional así como su seguimiento. Por último, el Art. 19 LODN somete la realización de misiones de las Fuerzas Armadas españolas, que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, en el exterior al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias. b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones. c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el Art. 96.1 de la Constitución.

Citas: [1] Misiones en el exterior del Ministerio de Defensa. [2] HERNÁNDEZ, V. “La huella de España”, Revista Española de Defensa, mayo 2007, p. 33.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Los magnicidios frustrados de la España contemporánea

Juan Prim, Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y Luis Carrero Blanco fueron los cinco presidentes del Gobierno español que murieron asesinados, en poco más de un siglo, como ya tuvimos ocasión de comentar en otro in albis. A lo largo de esa misma época también hubo diversos intentos de magnicidio contra la Casa Real española; como recuerda el periodista Juan Cantavella: (…) durante ciento diez años –los que van desde 1816 a 1926– todos los monarcas españoles [han visto] peligrar su existencia por la acción de individuos o grupos que han trabajado para privarlos de ella. En ese periodo, las únicas que se salvan de tan bárbara persecución son las dos reinas regentes, María Cristina de Borbón y Cristina de Habsburgo-Lorena (…); apreciándose una intensificación en el primer cuarto del siglo XX, cuando entra en escena el anarquismo y se producen una serie de peligrosos embates, fruto de la conspiración y de la acción desesperada en los que sorprende el ensañamiento con que se persigue a los Alfonsos, el duodécimo y el decimotercero, acosados por pistoleros y hostigados por la metralla cuando las bombas hacen su aparición como instrumento de violencia [1].

Con el regreso del absolutismo al trono de Fernando VII, el abogado alicantino Vicente Ramón Richart encabezó la denominada Conspiración del Triángulo, formada por células de tres personas que desconocían la existencia de otros integrantes, para organizar el secuestro del monarca deseado y obligarlo a proclamar la Constitución de Cádiz de 1812, pero fue delatado por el Teniente de Caballería Juan Baño, detenido la noche del 5 al 6 de octubre de 1815, juzgado por un delito de lesa majestad y condenado a muerte de horca con la calidad de ser arrastrado desde la cárcel al patíbulo –junto al barbero Baltasar Gutiérrez como auxiliante de la conspiración– siendo ambos ahorcados en la Plaza de la Cebada, de Madrid, el 6 de mayo de 1816. A continuación, el verdugo les cortó la cabeza para colocarlas a quinientos pasos de distancia de la puerta de Alcalá en el Camino Real.

Tres décadas más tarde, el abogado gallego Ángel de la Riva disparó dos tiros a Isabel II el 4 de mayo de 1847, en la madrileña calle de Alcalá. Al año siguiente, a pesar de que su defensa -a cargo de Manuel Pérez Hernández- solicitó la libre absolución, el acusado fue condenado a muerte por aquella tentativa de regicidio pero el 24 de julio de 1849, la monarca mostró clemencia y lo indultó.  Durante su juicio se defendió la idea de que esta causa (*) se formó sobre un hecho que desde los principios de la Edad Media no ha tenido lugar en España, porque ningún español desde aquella época turbulenta ha asestado sus tiros contra la sagrada persona del monarca. dato que resulta en parte erróneo porque, aunque no fue con un arma de fuego, Juan de Cañamares sí que intentó matar a Fernando el Católico con una espada, en Barcelona, el 7 de diciembre de 1492.

También el “Cura Merino” quiso acabar con la vida de la reina el 2 de febrero de 1852, cuando la monarca salía de la capilla del Palacio Real, llevando en brazos a la pequeña Isabel la Chata, Princesa de Asturias, para dirigirse a la basílica de Atocha. Era la una de la tarde cuando al dar la vuelta al ángulo que corresponde al salón de las columnas, irrumpe un clérigo que parece ofrecerle un pergamino. La reina, sorprendida, le dice: «Pues, padre, ¿qué quiere?», momento en que Martín Merino Gómez intentó darle muerte con un puñal que llevaba oculto en el mismo papel que semejaba er un memorial, produciéndole una leve herida [2] que no fue más grave gracias a su corsé. Detenido por los alabarderos de la guardia, mientras la reina era reconocida por los médicos y se recuperaba de los cortes sufridos, el sacerdote riojano fue interrogado en la prisión del Saladero –ante el juez Pedro Nolasco y asistido por el defensor de oficio, Julián Urquiola, que intentó alegar enajenación mental– para que confesara si tuvo cómplices; extremo que negó en todo momento, incluso camino del cadalso, a lomos de un burro, donde el anciano fue ejecutado cinco días más tarde, vestido con un birrete amarillo, como era habitual entre los parricidas condenados a muerte (los soberanos eran considerados “padres” de todos sus súbditos, de modo que atentar contra ellos se asemejaba a haber querido acabar con la vida de un progenitor).

Isabel II aún sufrió una nueva conspiración, en 1856, cuando Pedro Redondo y Marqués quiso contratar a Ramón Fuentes para que la matara a cambio de dinero pero éste lo denunció.

Incluso el efímero rey Amadeo I fue víctima de un intento de asesinato que se narró en la Gaceta de Madrid (precedente histórico del BOE) al día siguiente, el 19 de julio de 1872: Al retirarse SS. MM. anoche á Palacio, unos cuantos hombres apostados en la calle del Arenal les hicieron una descarga con trabucos y rewolvers [sic], del que afortunadamente salieron ilesos [el rey y su esposa, María Victoria]. Las disposiciones preventivas tomadas por las Autoridades habían sido tan precisas, que uno de los autores del atentado quedó muerto en el acto por los Agentes de Orden Público, y presos otros tres en las inmediaciones del sitio. Hay además varios detenidos: prosíguense las diligencias con gran actividad, y es de esperar que todos los culpables caigan en poder de la Autoridad y sean conocidos los móviles é instigadores de tan horrible crimen. SS. MM. han manifestado una extraordinaria serenidad (…) Hay tranquilidad completa en la población, que ha recibido con indignación la noticia del atentado.
 
Dos veces –en 1878 y 1879– atentaron contra Alfonso XII sendos anarquistas, que además de fracasar en su acción pagaron con su vida –gustosos, al parecer– lo que ellos se consideraban obligados a intentar [3]. El primero se produjo el 25 de octubre de 1878 cuando el joven tonelero catalán Juan Oliva Moncasi le disparó a su paso por el nº 93 de la calle Mayor, de Madrid, errando los dos tiros (fue detenido, juzgado y condenado al garrote vil tras confesar que aquella no había sido la primera vez que lo intentaba; se le ejecutó el 4 de enero de 1879). El segundo atentado tuvo lugar en el parque madrileño del Retiro, el 30 de diciembre de 1879. En esta ocasión, el soberano estaba paseando con su segunda esposa, Cristina de Habsburgo-Lorena, momento que aprovechó el panadero gallego Francisco Otero González para dispararles, casi a bocajarro, con su Lafaucheux (el mismo modelo de pistola que empleó Oliva y con idéntico resultado). Aquel elemento de podredumbre de la sociedad e insensato, como se refiró al agresor la Gaceta del posterior 6 de enero, fue ejecutado el 14 de abril de 1880 a pesar de que el propio Alfonso XII quiso indultarlo pero se opuso Cánovas del Castillo.

Durante su juicio –que se inició el 7 de febrero, sus abogados defensores trataron de defender la irresponsabilidad del reo, aludiendo al diagnóstico psiquiátrico emitido por los peritos de la defensa [los facultativos José Esquerdo y Ramón Félix Capdevila], cuyos argumentos estaban basados en cuatro pilares: el físico del frustrado regicida, sus capacidades intelectuales, sus sentimientos y la herencia. La descripción física de las facies de Otero, el escaso desarrollo de su inteligencia, apreciable en la escasa fluidez del lenguaje y la pobre destreza al escribir y los sentimientos primitivos, o la pervivencia, únicamente, del instinto de defensa o el de agresión fueron argumentados por Esquerdo y Capdevila en el dictamen pericial. (…) El abogado defensor apoyó el diagnóstico de imbecilidad citando ciertas observaciones de Guillaume M. A. Ferrus (…) sobre la torpeza de los pacientes imbéciles. Ferrus, discípulo de Esquirol, había organizado el servicio de niños idiotas de Bicêtre [4]. Este juicio fue uno de los primeros casos en los que se buscó el reconocimiento de la psiquiatría, en España, como una rama de la Medicina especializada en las enfermedades mentales; inspiró a Benito Pérez Galdós para describir al personaje de Mariano Rufete, alias Pecado, en su novela La Desheredada.
 
Alfonso XIII sufrió varios ataques terroristas –el más terrible el día de su boda– y ante ellos nunca perdió los nervios: al contrario, mostró gran templanza y evitó que cundiera el pánico a su alrededor. (…) Tampoco dudó en asistir a pecho descubierto a los entierros de Canalejas y Dato, asesinados por anarquistas [5]. La boda del rey con Victoria Eugenia de Battenberg se celebró el 31 de mayo de 1906 en la madrileña iglesia de los Jerónimos; al retornar, la comitiva real sufrió, en la calle Mayor, un atentado, perpetrado por el anarquista Mateo Morral, que se saldó con el balance de cuarenta heridos y veintiocho muertos [6], al estallar una bomba modelo “Orsini” que el catalán lanzó al cortejo nupcial desde un cuarto piso. La versión oficial –que plantea numerosas lagunas– apunta a que el regicida se suicidó el 2 de junio de 1906 cuando iba a ser detenido en Torrejón de Ardoz (Madrid), tras matar al guardia que lo conducía al cuartelillo.


Siete años más tarde, el 13 de abril de 1913, cuando el rey regresaba a palacio tras asistir a una jura de bandera, sufrió un nuevo atentado a la altura del nº 48 de la calle Alcalá, en Madrid. El carpintero aragonés Rafael Sancho Alegre le disparó con un revólver, falló y fue detenido por los agentes de la policía. En julio de ese mismo año se celebró el juicio al anarquista, defendido por el abogado Eduardo Barriobero y Herrán, y fue condenado a muerte pero, por iniciativa real, su pena se le conmutó por la de cadena perpetua que cumplió hasta la II República.

Por lo que se refiere al periodo de la dictadura de Francisco Franco, mientras unos autores afirman, con rotundidad, que no hay un solo atentado contra el general Franco que esté plenamente confirmado (…). Sí se ha sostenido (…) que se prepararon varios (…) pero ninguno de ellos fue consumado ni puede decirse que esté completamente demostrado [7]; en cambio, otros expertos consideran que: (...) Desde la terminación de la guerra [civil] hasta 1964 en que trascienden los rumores sobre el declive físico del general, se sucedieron no menos de cuarenta atentados contra el Jefe del Estado. La cifra es provisional. Son los intentos que hemos podido detectar, aunque es más que probable que se produjeran otros proyectos de atentados [8]. En esa misma línea, Antoni Batista escribió Matar a Franco. Los atentados contra el dictador, en 1995, donde se recrea, especialmente en el atentado que hubiera tenido más probabilidad de éxito, en el Palacio de Ayete, San Sebastián, agosto de 1962.

PD: en ese mismo periodo, recordemos que en el mundo se produjeron otros atentados contra jefes de Estado y de Gobierno, como los presidentes Abraham Lincoln, James Abram Garfield o William McKinley en EE.UU.; el rey Humberto I de Italia; los atentados de Marsella o el del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. En este ámbito, según el Libro Guinness de los Récords, Charles de Gaulle posee el récord de haber sufrido 31 intentos de asesinato. La novela “Chacal”, de Frederick Forsyth (…) presenta una imagen cercana de hasta qué punto la gente persiguió dicho propósito [9].
 
Citas: [1] CANTAVELLA, J. Un siglo de atentados reales. Barcelona: Planeta, 1996, pp. 9 y 10. [2] CORREA GAMERO, M (Dtor). Policía española. Notas e imágenes. Barcelona: Lundwerg Editores, 1999, p. 39. [3] CANTAVELLA, J. Ob. cit., p. 121. [4] CONSEGLIERI, A. y VILLASANTE, O. “La imbecilidad como exención de responsabilidad: el peritaje de Esquerdo en el proceso judicial de Otero”. En FRENIA, vol. VII-2007, pp. 218-220. [5] MORENO LUZÓN, J. “El rey de papel”. En MORENO LUZÓN, J, (ed.) Alfonso XIII. Un político en el trono. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 38. [6] GONZÁLEZ CUEVAS, P. C. “El rey y la corte”. En MORENO LUZÓN, J, (ed.) Ob. cit. p. 196. [7] BARDAVÍO, J. y SINOVA, J. Todo Franco. Barcelona: Plaza y Janés, 2000, p. 65. [8] BAYO, E. Los atentados contra Franco. Barcelona: Plaza & Janés, 1976, p. 16. [9] AA.VV. Libro Guinness de los Récords 1994. Madrid: Jordán, 1993, p. 95.

viernes, 1 de diciembre de 2017

Curiosidades de los "Carabinieri" (siglo XIX)

Paradójicamente, tras la derrota de Napoleón en Leipzig, en 1813, y nada más liberar Turín de la dominación francesa, el rey Vittorio Emanuele I de Cerdeña encargó a la Secretaría de Guerra que redactara un proyecto de ley inspirándose en la Gendarmería de Francia –institución que se creó el 16 de febrero de 1791– para establecer un nuevo Cuerpo de Carabineros Reales [Corpo dei Carabinieri Reali; en referencia al arma de fuego que formaba parte de su dotación: la carabina, más pequeña que un fusil]. Aquel texto de 16 artículos –denominado le Regie Patenti– se adoptó el 13 de julio de 1814, con el objetivo de asegurar el orden y la paz pública proporcionando al reino -que abarcaba, además de Cerdeña, también a Piamonte- un cuerpo policial de élite similar al francés, con unos criterios de selección muy rigurosos ya para aquel tiempo (comienzos del siglo XIX): por ejemplo, los candidatos debían saber leer y escribir, superar el 1.85 cm de estatura, etc. y, a cambio, la tropa recibía un sueldo de 500 liras que se elevaba a 1.000 para los carabinieri a cavallo. Su primer Comandante General –el rango más alto del cuerpo– fue el gobernador turinés, Giuseppe Thaon di Revel di Sant’Andrea, nombrado el 13 de agosto de 1814.

El 24 de abril de 1815 cayó abatido Giovanni Boccaccio, el primer Carabiniere que falleció en acto de servicio. Tres meses más tarde, el 6 de julio, pocos días después de la derrota napoleónica en Waterloo (actual Bélgica), se produjo su bautismo de fuego en Grenoble (Suiza), contribuyendo a la victoria contra los últimos bonapartistas. En noviembre del año siguiente comenzaron a reglamentarse sus funciones aunque el primer Reglamento General [Regolamento Generale del Corpo] data del 16 de octubre de 1822.

También es de aquellos años su simbólica granada de oro inflamada [granata con fiamma], que es la seña de identidad de esta institución; se fijó en el Regolamento per le divise degli Uffiziali, Bass'Uffiziali, Carabinieri e Allievi, de 23 de febrero de 1832; y su característico penacho, en colores rojo y turquesa, se aprobó mediante un decreto de 25 de junio de 1833 firmado por el rey Carlo Alberto de Cerdeña (al que, posteriormente, los Carabinieri salvaron durante la Batalla de Pastrengo, en 1848).

En cuanto a su popular apelativo, un documento interno del cuerpo mencionó, por primera vez, el término “Benemérita”, el 24 de junio de 1864; denominación que se popularizó hasta la actualidad y que trascendió las fronteras italianas (en España, también es el sobrenombre de la Guardia Civil, creada en 1844). Por último, su primera misión en el extranjero –integrada por el mariscal Enrico Cavedagni y cuatro Carabinieri– se desarrolló en Assab (Eritrea), el 16 de mayo de 1883, para controlar el tráfico comercial entre Italia y Extremo Oriente.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

La jurisprudencia sobre diatomeas

Para el experto Rubén Martínez Moreno: La ciencia forense es apasionante y lo es aún más, cuando podemos hacer uso de vestigios microscópicos, que el autor de un crimen ignora que puedan existir o incluso que pueda desprenderse de ellos. Uno de estos vestigios microscópicos, son las diatomeas. Estas microalgas habitan en medios acuáticos y mediante su estudio, podemos determinar si un criminal tuvo algún tipo de contacto con ese medio, bien para depositar algún cuerpo o bien para cometer un crimen [1]. Según el Diccionario de la RAE, una “diatomea” es un alga unicelular, que vive en el mar, en el agua dulce o en la tierra húmeda, y que tiene un caparazón silíceo formado por dos valvas de tamaño desigual. Desde mediados de los años 90, en la jurisprudencia española ya contamos con una veintena de resoluciones que las mencionan e incluso con alguna que las analizó a la hora de identificar el lugar donde se produjo la muerte de una víctima. Veamos un ejemplo.

De acuerdo con la relación de hechos que se declararon probados por la sentencia 5033/2017, de 17 de julio, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña [2]: En la madrugada del día 28 de abril de 2013 Romualdo [recuerda que los verdaderos nombres de los implicados se anonimizan], mayor de edad y sin antecedentes penales, se hallaba en la playa (…) de Barcelona, a donde había acudido con Marí Jose, que contaba con quince años de edad. En un momento dado, encontrándose ambos en la zona del espigón más próximo al restaurante (…) con el propósito de acabar con la vida de Marí Jose, o al menos asumiendo o aceptando que ese resultado podría ser consecuencia de su acción, la sumergió en el agua del mar, lo que provocó en Marí Jose una obstrucción bronquial que a su vez causó una insuficiencia respiratoria aguda que determinó su fallecimiento. A continuación, ocultó el cuerpo de Marí Jose en un hueco ubicado entre las rocas del espigón. El cuerpo fue hallado a las 13,54 horas del día seis de mayo del mismo año. Para cometer el hecho Romualdo se ayudó de que Marí Jose tenía parcialmente mermados sus reflejos como consecuencia de la ingesta de las bebidas alcohólicas que Romualdo le había ofrecido, así como de la diferencia de edad y complexión y de la zona del espigón de la playa (…), de madrugada, era un paraje solitario.

Finalmente, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Romualdo, como autor responsable de un delito consumado de homicidio, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de abuso de superioridad y aprovechamiento de circunstancia de lugar y tiempo, a la pena de 13 años y 6 meses de prisión y, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar con 150.000 € y 50.000 €, respectivamente, a la madre y al hermano de la menor fallecida.

A fin de afrontar la impugnación formulada por la defensa del acusado en su recurso de apelación ante el TSJ catalán, los magistrados prefirieron sistematizar las circunstancias relacionadas directamente con el escenario del delito, con el estado del cadáver y con la causa y la data de la muerte. En concreto, las relativas a la causa de la muerte y al lugar donde se produjo esta: La muerte de la víctima sobrevino por ahogamiento o, mejor dicho, debido a una obstrucción bronquial causante de una insuficiencia respiratoria aguda provocada por la inmersión violenta en agua marina saturada de arena.

Aunque, en este caso, el informe que realizaron los peritos químicos de la Policía científica dio resultado negativo, al analizar las muestras de agua recogidas en el lugar de los hechos con las extraídas por las doctoras forenses del cadáver, esta sentencia es muy significativa porque abre la vía a considerar el test de las diatomeas como un “valioso indicador biológico”; si bien el resultado del test destinado a establecer su presencia, número y clase debe ponerse, en todo caso, en relación con los restantes elementos acopiados durante la investigación.

El test de diatomeas tiene valor diagnóstico sobre todo para establecer que la muerte se ha producido efectivamente por sumersión, especialmente cuando se trata de cadáveres putrefactos y esqueletizados, porque estos microorganismos no se alteran ni se destruyen por los fenómenos cadavéricos y persisten en el cuerpo por un tiempo más prolongado que cualquier otro de los posibles signos de dicho tipo de muerte, si bien la ausencia de diatomeas no permite excluir necesariamente que una muerte se haya producido por sumersión, especialmente, cuando hubiere sucedido en agua dulce o en mar abierto. La razón de su importancia en el diagnóstico de asfixia por sumersión se debe a que en tales supuestos las diatomeas penetran en los pulmones conjuntamente con el líquido de la sumersión y, si el sujeto está vivo y dependiendo del tamaño de las diatomeas -las hay de muy diversas medidas-, atraviesan el filtro pulmonar tras la ruptura de las paredes alveolares y, aprovechando el torrente sanguíneo, se diseminan por todo el organismo terminando por fijarse en la médula ósea, el hígado, el cerebro o los riñones. En cambio, en los cadáveres arrojados o caídos al agua, las diatomeas solo se depositan de forma pasiva en el aparato respiratorio, pero no podrían llegar a otros órganos al no existir actividad circulatoria, cuestión que, de todas formas, tampoco está exenta de cierto debate científico.

Por último, otras dos de las resoluciones que se refieren a estas minúsculas algas unicelulares son:
  1. La sentencia 264/2013, de 22 de enero, del Tribunal Supremo [3]: (…) en el dictamen pericial (…) de las actuaciones se dictamina, por la presencia de diatomeas, que no se puede descartar que las prendas usadas por el recurrente hayan estado en contacto con el agua del mar; y
  2. La sentencia 7589/2011, de 10 de noviembre, del Tribunal Supremo [4]– se refiere a que (…) el examen de las muestras de agua tomadas del Rincón del Estero y en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, evidenciaba la existencia de abundantes diatomeas de varias especies. Sin embargo, "... en las dos médulas óseas tomadas de ambos fémures, en el curso de la autopsia que efectuamos del cadáver, no hay diatomeas, de lo cual se deduce que Teresa ya era cadáver cuando fue depositada en el agua".
Cita: [1] MARTÍNEZ MORENO, R. “Diatomeas y ciencias forenses”. Comunicación en el V Seminario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses. Valladolid, 16 de noviembre de 2017. [2] ECLI:ES:TSJCAT:2017:5033. [3] ECLI:ES:TS:2013:264. [4] ECLI:ES:TS:2011:7589.

lunes, 27 de noviembre de 2017

La venganza de sangre según el "Kanun" de Albania

Como recuerda el profesor Prodani, de la Universidad de Tirana, hasta el siglo XIX, todos los Balcanes eran desconocidos para la mayor parte del Occidente europeo; entonces, gracias al relato de los viajeros románticos, comenzaron a ofrecer informaciones más detalladas sobre esta región y sus pueblos (…). En general se puede decir que “la imagen más extendida en los escritos de los viajeros occidentales era que los albaneses eran una nación “bárbara”, compuesta por combatientes aislados y libres en sus montañas”, una imagen que se convertiría en un estereotipo hasta hoy día. La naturaleza montañosa del país hacía que gran parte de su territorio fuera de difícil acceso (…). En ese contexto, hasta la mitad del siglo XX, y aún hoy día en determinadas regiones [del Norte de Albania y Kosovo e incluso entre los albaneses que residen en Serbia, Montenegro y Macedonia], se respetaron unos códigos consuetudinarios no escritos, conocidos con el nombre de Kanun [del griego “canon”: regla] de Lekë Dukagjini [por el nombre de un príncipe medieval albanés (1410-1481) aunque ya existían con anterioridad], que eran una forma de constitución primitiva para regular la vida social, jurídica y administrativa de dichos territorios [1], transmitida oralmente como medio para mantener vivas sus propias costumbres bajo el dominio del Imperio Otómano; de modo que este código se acabó convirtiendo en el signo de identidad de un pueblo que deseaba alcanzar una independencia que al final logró en 1912.

Aquellas leyes sobrevivieron sin codificarse más de cinco siglos, generación tras generación, a pesar de la conversión del país al Islam y las sucesivas invasiones extranjeras –sin olvidar el hermetismo del posterior régimen comunista– hasta que el padre franciscano Shtjefën Gjeçovi (1874-1929) las recopiló por escrito, a partir de 1913, en el libro Kanuni i Lekë Dukagjinit, agrupándolas en doce secciones: Iglesia; Familia; Matrimonio; Casa, ganado y propiedades; Trabajo; Comercio, préstamos y donaciones; Palabra; Honor; Daños; Derecho Penal; Proceso judicial y Exenciones y excepciones. Es en la décima sección donde se regula la venganza de sangre o gjakmarrja.

En 2010, Phillip Ashton, relator de las Naciones Unidas, alertó sobre la persistencia de estos crímenes de venganza entre familias: (…) este tipo de delito tiene un efecto corrosivo en la sociedad. Se produce generalmente a partir de una discusión entre dos hombres cuyas familias son vecinas o amigas. La desavenencia aumenta y deriva en una pelea física y uno de ellos mata al otro. La familia de la víctima considera que debe cobrarse la muerte con la vida de un familiar del asesino. Así lo dispone el Kanun, un código transmitido oralmente de generación en generación desde el siglo XV. La venganza continúa hasta que se concreta el nuevo asesinato o la familia de la víctima perdona a la otra y se celebra una ceremonia de reconciliación. Pero si ninguna de las dos cosas ocurre, los parientes del asesino se aíslan voluntariamente, incluso cuando no hay amenazas concretas. Los cálculos de cuántas familias se encuentran en esa situación varían de 124 a más de 1.400 según la fuente, destacó el relator (*).

La experta en Albania, Gillian Gloyer, narra así esta situación: (…) En una sociedad gobernada por la venganza (…), si un miembro de vuestro clan era asesinado por un miembro de un clan rival, tenéis la obligación de vengar el asesinato. La familia del hombre que matáseis (en estas sociedades, las mujeres y los niños no contaban) –ni los ancianos, religiosos y discapacitados, se podría añadir– estaba a su vez obligada a mataros o, si eso es imposible, a matar a uno de vuestros familiares cercanos.(…) La manera que constaba en el Kanun para acabar con un enfrentamiento familiar era la besa, una palabra albanesa que significa algo a medio camino entre “palabra de honor” y “juramento sagrado” y se usaba para designar una tregua entre dos clanes. Una besa se podía sellar con un matrimonio entre dos miembros de las familias enfrentadas o pagando un tributo [2].

También existía otra posibilidad: que el asesino (gjakës) se aislara del mundo en un determinado lugar y no saliera de allí. Eran las llamadas “torres del encierro” (kulla e ngujimit). La torre se usaba cuando la familia estaba “manchada de sangre”; es decir, cuando estaba implicada en una vendetta. Los hombres de la casa se encerraban en la torre y vivían allí hasta que algún familiar tenía la desgracia de ser asesinado o se solucionaba la reyerta entre familias [3]. La más famosa es la que aún se conserva en el municipio de Thethi (casi en la frontera montenegrina; en la imagen). Estos lugares demuestran la tradición judeocristiana del Norte de Albania con una práctica similar a la facultad de acogerse a sagrado o de esconderse en ciudades refugio.

Si quieres saber más sobre este tema, puedes leer la novela Abril quebrado, de Ismaíl Kadaré, ambientada en la ciudad de Oroshi (tradicional centro de interpretación del Kanun) que narra la vida de Gjorg, el de los Berisha, desde que mató a Zef Kryeqyqe con un disparo de su fusil, colocando el cuerpo de la víctima boca arriba, como manda la tradición, y recogiendo la sangre de la cuadragésima cuarta víctima de una antiquísima venganza que duraba ya setenta años –una historia corriente con 22 sepulturas por cada parte– antes de encerrarse en la kulla, cobrar una bolsa con 500 monedas (la llamada “tasa de sangre” que era preciso pagar inmediatamente después de haberla vertido) y anunciar la nueva muerte a la aldea.

Citas: [1] PRODANI, A. “Legado histórico y recorrido democrático albanés”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 11, 2013, p. 13 (**). [2] GLOYER, G. Albania. Barcelona: Alhenamedia, 2010, p. 146. [3] Ob. cit., p. 167.

viernes, 24 de noviembre de 2017

La observancia de la tregua olímpica [ekecheiria]

Con motivo de la organización de los Juegos de la XXVIII Olimpíada en Atenas (Grecia), del 13 al 29 de agosto de 2004, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO [siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; uno de los 15 organismos especializados de la ONU] aprobó el documento 169 EX/37, de 12 de marzo de 2004 (*), en el que, a petición del país en que nacieron los Juegos Olímpicos hace más de 2.500 años y surgieron los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896, recomendaba promover y respaldar la declaración a favor de la tregua olímpica, o Ekecheiria, a fin de aumentar la notoriedad y las repercusiones de la acción de la Organización y de reforzar la solidaridad entre los pueblos.

A la hora de examinar esa propuesta, el consejo de administración de la UNESCO repasó el origen de esta tradición procedente de la Antigua Grecia, afirmando que fue instaurada en el siglo IX a.C. en virtud de un tratado suscrito por tres reyes. Al aproximarse la fecha de apertura de los Juegos Olímpicos, se proclamaba la tregua sagrada y los ciudadanos de Elis salían a recorrer el mundo griego para difundir la buena nueva. Poco antes del inicio de los Juegos, tres “spondophoroi”, heraldos tocados de una corona de olivo salvaje, salían de Ilia para pregonar la tregua. Al principio ese ritual duraba un mes, pero progresivamente (a partir del siglo V a.C.) fue prolongándose hasta llegar a tres meses (contados a partir de la fecha de partida de los “spondophoroi”). Durante la tregua sagrada, los atletas y espectadores podían viajar a Olimpia con toda tranquilidad. En la región de Ilia no se toleraba ningún acto hostil ni la entrada de persona armada alguna. Toda violación del alto el fuego se consideraba una afrenta al propio Zeus, a quien estaba consagrada la manifestación deportiva.

Un año antes, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya había adoptado la A/RES/58/6, de 3 de noviembre de 2003 [Creación, mediante el deporte y el ideal olímpico, de un mundo mejor en el que reine la paz] instando a los Estados Miembros a que observen la tregua olímpica, individual y colectivamente, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Esta resolución citaba el primer instrumento jurídico de la ONU que planteó recuperar la antigua tradición griega de la ekecheiria (…) de la manera en que se consagró en la antigua Grecia al espíritu de fraternidad y comprensión entre los pueblos. Fue la A/RES/48/11, de 25 de octubre de 1993, la que reavivó la idea de la “tregua olímpica” en la ONU, de acuerdo con la cual durante los Juegos se produciría una tregua que propiciaría un entorno pacífico y garantizaría el desplazamiento en condiciones de seguridad y la participación de los atletas y otras personas en los Juegos, y, de ese modo, se movilizaría a la juventud del mundo para la causa de la paz.

Como precedentes, el órgano plenario de las Naciones Unidas recordó el llamamiento en favor de una tregua olímpica, aprobado por el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en El Cairo (Egipto), en 1993; y, sobre todo, la pionera petición que formuló el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1992, con ocasión de la Olimpiada de Barcelona (España), en favor de la observancia de una tregua olímpica, que fue secundada por los comités olímpicos de 184 países. Según la ONU (*): En la época actual la tregua olímpica ha pasado a ser una manifestación del deseo de la humanidad de construir un mundo basado en las reglas de la competencia limpia y en la paz, la humanidad y la reconciliación. Además, la tregua olímpica constituye el mejor ejemplo de un puente entre esa vieja y sabia tradición y el propósito más importante de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.


Este año, la A/RES/72/6, de 13 de noviembre de 2017 [Construcción de un mundo pacífico y mejor mediante el deporte y el ideal olímpico] es la resolución de la Asamblea Genral de la ONU que ha instado a los estados a respetar una tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, que se celebrarán en PyeongChang (Corea del Sur).

miércoles, 22 de noviembre de 2017

La ley del encaje

Entre las numerosas acepciones de “ley” que incluye el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua podemos encontrar algunas definiciones a las que ya nos hemos referido en otras entradas de este blog; por ejemplo, la ley de Moisés o Ley Mosaica [Preceptos y ceremonias que Moisés dio al pueblo de Israel para su gobierno y para el culto divino]; la draconiana [Dicho de una ley o de una medida: Excesivamente severa]; la marcial [Ley penal y procesal militar que resulta de aplicación a todos los ciudadanos en situaciones excepcionales, como el estado de sitio formalmente declarado]; la orgánica [ley que inmediatamente deriva de la Constitución de un Estado, y que suele regular los derechos fundamentales y las principales estructuras políticas]; la seca [Ley que prohíbe el tráfico y consumo de bebidas alcohólicas]; o la universal [Ley que es válida cualquiera que sea la naturaleza de los cuerpos a que se aplica]. Es en ese marco donde el DRAE también incluye esta expresión coloquial –la ley del encaje– definiéndola como: Dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes disponen.

El 18 de marzo de 1921, el escritor Miguel de Unamuno (*) publicó un artículo muy crítico titulado precisamente así, La ley del encaje, en la revista de actualidad Nuevo Mundo (**) en la que se refería a esta arbitrariedad: Y fue el pobre Cervantes (…) el que ponía en boca de Sancho lo de que el pobre tiene que disimular injurias –y aguantar injusticias, añadimos– el que hizo hablar al Caballero, aunque de paso, de la ley del encaje. En la edad de oro, “la ley del encaje aún no se había asentado en el entendimiento del juez”, decía el caballero á los cabreros (…). Y esta ley del encaje, injuria que tienen que disimular los pobres, es la íntima esencia de todo régimen despótico (…).

En concreto, la referencia de Unamuno a esta resolución arbitraria y caprichosa se encuentra en un pasaje de El Quijote (***) incluido en el capítulo XI de la I parte: la Ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado; pero existe otra mención en la inmortal obra de Miguel de Cervantes, en el capítulo XLII de la II parte, cuando el caballero andante aconseja a su fiel escudero, antes que fuese a gobernar la ínsula, que: Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos.

NB: Cuadro | Pablo Picasso | Don Quijote (1955).

lunes, 20 de noviembre de 2017

El “ius exponendi” de Julio César y Cleopatra

La manus, el poder unitario del paterfamilias, comprende en sí diversas potestades: sobre la mujer –manus maritalis–; sobre los hijos – potestas o patria potestas–; sobre los esclavos – dominica potestas– y sobre los hijos de otros entregados en venta al paterfamilias –mancipium. El poder del paterfamilias sobre las personas a él sometidas era originariamente absoluto. Frente a los individuos libres y no libres de la casa, el señorío del paterfamilias otorga a éste el derecho de vida y muerteius vitae necisque. Como elemento de la potestas aparecen también el ius exponendi y el ius vendendi, esto es, los derechos de exponer y de vender a los individuos de la familia [1]. Esta prerrogativa del padre –como ha señalado la profesora Núñez Paz– se mantuvo durante toda la etapa republicana e imperial, empezó a matizarse con la legislación de Constantino y se criminalizó con las Sentencias de Paulo (siglo III).

En su opinión: la tradición de los hijos expósitos ha sido tristemente duradera a lo largo de la historia. Su origen está en la costumbre romana de colocar al recién nacido en el umbral de la puerta de entrada a la casa del pater familias. Si éste tenía a bien acogerlo, el niño tenía familia, pero si tomaba la decisión de no aceptarlo, quedaba expuesto en el foro, y su capacidad jurídica dependía de la persona que lo recogiera (…) [2]. De hecho, esta costumbre perduró tanto que, hoy en día, el Diccionario de la RAE aún incluye la voz “expósito” con la acepción de Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento benéfico [la casa de expósitos o inclusa].

Probablemente, el ejemplo más conocido de este derecho de exponer o abandonar al recién nacido [3] sea el caso de “Cesarión” en el marco de las relaciones entre César y Cleopatra que, saltando las barreras de la pura investigación, han entrado en el campo de la fantasía novelesca. Desde el primer encuentro de ambos personajes, ya adornado con caracteres románticos –la entrada secreta de Cleopatra en el palacio envuelta en una alfombra, que fue desenrollada a los pies de César–, a la hipotética paternidad del hijo de Cleopatra, Cesarión, tesis, afirmaciones y suposiciones prácticamente inabarcables, han especulado sobre la existencia y grado de una relación amorosa, sobre su carácter mutuo o unilateral, sobre la incidencia de posibles intereses materiales y políticos. Muy pocos historiadores han sabido sustraerse a la fascinación del episodio, llenando con la fantasía las grandes lagunas de la documentación [4].

Aquel niño –el futuro Ptolomeo XV César– debió nacer el 23 de junio de 47 a.C. y fue expuesto en Roma por su madre, Cleopatra una mujer vestida y pintada como una cupletista que empujaba un cochecillo con un mamoncete llorón dentro, según el siempre sarcástico Indro Montanelli [5]– ante su presunto padre para que Julio César lo reconociera como miembro de su familia. En este enlace puedes ver la escena de la serie de TV Cleopatra (1999) (*).

En el siglo II de nuestra era (...) los dos rasgos esenciales de la patria potestas -la autoridad absoluta del padre sobre sus hijos y (...) del marido sobre la mujer (...)- se habían ido desdibujando gradualmente. (...) El pater familias dejó de tener sobre sus hijos el derecho de vida y muerte que las Doce Tablas y las leyes sagradas (...) les habían otorgado. Es cierto que aún poseía el terrible derecho, del que gozará hasta el año 374 de nuestra era, momento en que quedaría abolido gracias a la influencia del cristianismo, de abandonar a sus recién nacidos en los vertederos públicos, donde perecían de hambre y de frío si la piedad de un transeúnte (...) no los salvaba a tiempo [6].

Citas: [1] IGLESIAS; J. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 9ª ed., 1987, pp. 550 y 551. [2] NÚÑEZ PAZ, Mª I. “Algunas consideraciones sobre la pena de muerte en el derecho de familia romano”. En: AA.VV. Universitas vitae. Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007, p. 573. [3] GARCÍA GARRIDO, M. J. Derecho Privado Romano. Madrid: Dykinson, 1995, 6ª ed., p. 642. [4] ROLDÁN HERVÁS, J. M. Historia de Roma. I. La República Romana. Madrid: Cátedra, 1981, pp. 615 y 616. [5] MONTANELLI, I. Historia de Roma. Barcelona: Plaza y Janés, 1960, p. 199. [6] CARCOPINO, J. La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Barcelona. Círculo de Lectores, 2004, p. 102.

viernes, 17 de noviembre de 2017

La Constitución Imperial de Haití de 1805

El primer asentamiento francés en el Caribe data de 1625, cuando ocuparon, junto a los británicos, la isla de San Cristóbal (el Saint Kitts inglés). A partir de 1635, el ministro Richelieu buscó el dominio de algunas islas para abastecer al Canadá. Nace así la Compañía de las Islas de América, con misión comercial y colonizadora, que en su corta vida [Mazarino la disolvió en 1647] fue el instrumento para ocupar Martinica y Guadalupe (…), y a continuación Santa Cruz, Marigalante, Dominica, Granada, Santa Lucía y otras pequeñas islas (…); sin embargo, la zona más productiva para Francia en el Caribe será la región noroccidental de La Española que, abandonada por los españoles en 1605, fue ocupada por los supervivientes del ataque español a San Cristóbal en 1629 (…). Dos ataques españoles desde Santo Domingo en 1635 y 1638 lograron desalojarlos, pero tras la nueva retirada española, los sobrevivientes, refugiados en la vecina isla de la Tortuga (…) regresaron [1].

Por medio de un tratado firmado en Basilea (junio de 1795), España se había visto obligada a ceder la parte española de [el tercio occidental de la isla de] La Española a Francia a cambio de la devolución de los territorios perdidos en Europa. (…) dando lugar a la colonia francesa de Saint-Domingue que, a finales del siglo XVIII, era la más productiva de las Antillas aunque también era la que tenía los problemas económicos y sociales más complejos. Una complejidad que se vio incrementada por las consecuencias de la toma de la Bastilla en la metrópoli dando lugar a una turbulenta corriente de revoluciones, guerras e invasiones de la parte francesa de la isla por las tropas españolas y, viceversa. Finalmente, Jean-Jacques Dessalines, un antiguo esclavo, emprendió la última y sangrienta etapa en la carrera por la independencia que se proclamó el 1 de enero de 1804, cuando la antigua colonia francesa de Saint-Domingue se convirtió en Haití [2] y Dessalines se autoproclamó emperador bajo el nombre de Jacques I.

En ese contexto, el 20 de mayo de 1805, el monarca caribeño sancionó la nueva Constitution Imperiale d’Haiti. Su Art. 1 estableció que El pueblo habitante de la noble isla llamada Santo Domingo decide aquí formarse como Estado libre, soberano e independiente de todo poder del universo, bajo el nombre de Imperio de Haití. A continuación, el Art. 2 abolió la esclavitud para siempre, disponiendo (Art. 12) que Ningún blanco, cualquiera [que] sea su nación, pondrá un pie en este territorio con el título de amo o de propietario, y de ahora en adelante aquí no podrá adquirir ninguna propiedad. La ciudadanía haitiana (Arts. 7 y 8) se perdía por la emigración y la naturalización en país extranjero, y por la condena a penas aflictivas e infamantes y se suspendía por efecto de bancarrotas y quiebras; disponiendo que todo ciudadano debe poseer un oficio manual (Art. 11).

Guillaume Guillon Lethière
El juramento de los antepasados (1822)
El Art. 19 encomendaba el Gobierno de Haití al emperador Jacques I, el vindicador y libertador, definiéndolo como Primer Magistrado y Jefe Supremo del Ejército. Su majestad era sagrada e inviolable (Art. 21) y elegía a sus sucesor en el trono de la manera como lo juzgue conveniente (Art. 26) que no tenía por qué ser un familiar, dado que la Corona era electiva y no hereditaria (Art. 23). Entre sus funciones (Arts. 30 y ss), el soberano sella y promulga las leyes, nombra y revoca a su voluntad a los ministros, al general en jefe del Ejército, a los consejeros de Estado, a los generales y otros agentes del Imperio, los oficiales del Ejército y de la Marina, los miembros de las administraciones locales, los comisarios del Gobierno cercanos a los tribunales, los jueces y otros funcionarios públicos. (…) dirige los ingresos y gastos del Estado, vigila la fabricación de las monedas. (…) A él solo le es reservado el poder de hacer la paz o la guerra (…) y tiene el derecho de absolver a un culpable o de conmutar su pena. Entre otros aspectos destacados, el Art. 39 de aquella ley fundamental imperial creó dos únicos ministerios (Finanzas e Interior y Guerra y Marina); reconoció el derecho que tiene cada individuo de hacer un juicio amistoso por árbitros de su elección (Art. 45); fue tolerante con la libertad de cultos (Art. 51); reguló la muerte de aquél que se la hubiera dado a sus semejante (Art. 8 de las disposiciones generales); y autorizó el divorcio y el matrimonio civil (Arts. 14 y 15 DD.GG.).

Un año más tarde, en octubre de 1806, el impopular emperador fue asesinado por sus enemigos –los generales Alexandre Petion [en el cuadro, el personaje de la izquierda frente al emperador] y Henri Christopheque arrojaron su cuerpo a la calle en donde fue destrozado por las turbas [3].

La Constitución Imperial de 1805 –que fue la segunda de Haití tras la Carta Magna de 1801– fue derogada en 1806 y, desde entonces, este país ha tenido más de una veintena de leyes supremas (una de ellas, la de 1816, estuvo vigente en la vecina República Dominicana cuando Santo Domingo fue ocupado por los haitianos, entre 1822 y 1844); la última es la actual Constitution de la République d'Haiti de 10 de marzo de 1987 (suspendida por varios golpes de Estado, reinstaurada en 1994 y enmendada en 2012).

Citas: [1] SAAVEDRA INARAJA, M. “Las colonizaciones no ibéricas”. En AMORES CARREDANO, J. B. (Coord.). Historia de América. Barcelona: Ariel, 2006, pp. 579 y 580. [2] MOYA PONS, F. “La Independencia de Haití y Santo Domingo”. En AA.VV. Historia del Caribe. Barcelona: Crítica, 2001, pp. 9, 14 y 15. [3] Ob. cit. p. 18.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

El Decreto de Unidad de Fueros

El Art. 248 de la Constitución Política de la Monarquía Española, que se promulgó en Cádiz el 19 de marzo de 1812 -"La Pepa"- proclamó que En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas; aunque los dos siguientes preceptos mantuvieron otras tantas excepciones: Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren (Art. 249) y Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere (Art. 250). A continuación, la Constitución de 1837 que revisó aquella ley fundamental, también dispuso que: Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales (Art. 4). Idéntico criterio que se mantuvo en el Art. 4 de la Constitución de 1845, aunque exponiéndolo de forma mucho más breve: Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía.  Con esos tres precedentes constitucionales, la Gaceta de Madrid (actual BOE) de 7 de diciembre de 1868 publicó el denominado Decreto de Unidad de Fueros.

Su parte expositiva comenzó refiriéndose a la justicia y conveniencia de enunciar la prescripción de la unidad de fueros; basándose en que la diversidad de fueros, por razón de las personas que litigan, no tiene razón de ser porque embaraza la administración de justicia; hace imposible que el malhechor sienta cuanto antes el castigo que merece su delito; dá lugar á que el particular no vea reparado su derecho, violado por un tercero, con la prontitud que la justicia exije y la conveniencia reclama, puesto que, empeñados conflictos entre las diversas jurisdicciones, se difiere por mucho tiempo la represión que la ley demanda cuando sus prescripciones han sido holladas ó desconocidas por los que son súbditos. Concluyendo que: Con la diversidad de fueros son múltiples las jurisdicciones encargadas de aplicar unos mismos códigos; y no reconociendo un Tribunal superior común que fije la inteligencia de la ley, que uniforme la jurisprudencia, que ejerza alta inspección sobre todos ellos, de manera que pueda obligar con sus repetidos fallos á que los encargados de administrar justicia, sin distinción, se atemperen á las doctrinas legales que sanciona, las más contrarias interpretaciones se consagran en las ejecutorias, los más absurdos principios se enseñorean en el foro, la más ruinosa confusión prevalece en él, que redunda en perjuicio de los particulares que no saben fijamente cuáles son sus derechos, dada la divergencia en el modo de entender la voluntad del legislador, y de los mismos Tribunales que se desautorizan con sus encontradas declaraciones.

De modo que este decreto de 1868 –aunque mantuvo las jurisdicciones militar y eclesiástica– creó una jurisdicción ordinaria única para conocer de los negocios civiles y de las causas criminales, suprimiendo por completo las que ya existían de Hacienda [con los juzgados especiales de Hacienda] y de Comercio [Tribunales de Comercio]. Con esta disposición, se “borraron” de nuestra legislación las leyes que dan origen á tamaños males.

Hoy en día, el Art. 117.5 de la Constitución de 1978 dispone que: El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales; lo que excluye las jurisdicciones especiales, tanto los Tribunales de excepción (Art. 117.6) como los Tribunales de Honor (Art. 26), pero se mantiene la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense.

NB: En España, la existencia de una pluralidad de jurisdicciones se remonta a la época de los visigodos cuando este pueblo se asentó en la Península Ibérica pero siguió rigiéndose por su tradicional Derecho Consuetudinario de origen germánico mientras que la población hispanorromana local continuó aplicando el Derecho Romano escrito para resolver sus propios asuntos. Como ya tuvimos ocasión de mencionar al analizar el derecho de los visigodos, su primer texto legal, el Código de Eurico [Codex Euricianus] se redactó precisamente para intentar solucionar todos los litigios jurídicos mixtos en que intervenían godos y romanos.
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