El 5 de agosto de 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó la Executive Order on Blocking Property of the Government of Venezuela [EO 13884] en la que, a grandes rasgos, se bloquearon –congelaron, en el argot político– todos los bienes e intereses del gobierno venezolano situados en territorio estadounidense. El preámbulo de esta orden ejecutiva especificó el marco legal que inviste al Jefe de Estado y de Gobierno de los EE.UU. para poder tomar estas decisiones; en este caso: la Constitución (el Art. II deposita en el Presidente, de forma genérica, el poder ejecutivo); las leyes federales [en referencia a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), la National Emergencies Act y la sección 212(f) de la Immigration and Nationality Act]; y la sección 301 del Título 3 del United States Code [nombre que recibe la codificación de la legislación federal].
Como a la hora de redactar esta entrada no ha concluido el mandato de Trump –que ha firmado 120 órdenes ejecutivas– podemos tomar como referencia los datos relativos a los tres anteriores presidentes; por ejemplo: entre 2009 y 2017, Barack Obama adoptó 276 executive orders [EO]; George W. Bush, 291, entre 2001 y 2009; y William J. Clinton, 254, de 1994 a 2001 [con datos de la Office of the Federal Register (OFR)].
Revisando las estadísticas oficiales puede decirse que desde George Washington, salvo el mandato de William Henry Harrison, todos los demás presidentes estadounidenses han gestionado las decisiones del Poder Ejecutivo de su Gobierno, en mayor o menor medida, a través de estas disposiciones presidenciales con fuerza de ley; algunas de las cuales han desempeñado un papel trascendental en la historia estadounidense; por ejemplo, la célebre Proclamación de Emancipación que firmó el presidente Abraham Lincoln, el 1 de enero de 1863 liberando a más de 3 millones de esclavos; o la singular EO 11111 de John F. Kennedy, de 1 de junio de 1963, para poner bajo su autoridad a las fuerzas de seguridad de Alabama ante la voluntad expresada por su gobernador, George Wallace, de impedir el acceso de alumnos negros a la Universidad y de mantener la política segregacionista aunque la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1954 la hubiese declarado inconstitucional.
Un último y singular ejemplo de orden ejecutiva: la EO 11905, de 18 de febrero de 1976, prohibió a los empleados del gobierno de los Estados Unidos que participaran en asesinatos políticos o conspirasen para ello [Prohibition of Assassination. No employee of the United States Government shall engage in, or conspire to engage in, political assassination]. La firmó Gerald R. Ford.
Un último y singular ejemplo de orden ejecutiva: la EO 11905, de 18 de febrero de 1976, prohibió a los empleados del gobierno de los Estados Unidos que participaran en asesinatos políticos o conspirasen para ello [Prohibition of Assassination. No employee of the United States Government shall engage in, or conspire to engage in, political assassination]. La firmó Gerald R. Ford.
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