miércoles, 13 de abril de 2011

La Constitución de la II República Española

Sin el apoyo de su partido ni el de los militares, el general Primo de Rivera presentó su dimisión al rey el 28 de enero de 1930. Alfonso XIII intentó gobernar el país con un directorio de ministros presidido por otro general –Dámaso Berenguer– pero la situación política era insostenible y un nuevo cambio en el gabinete –con el almirante Aznar– sólo consiguió restablecer las garantías constitucionales para celebrar elecciones municipales, el 12 de abril de 1931, donde triunfó por aplastante mayoría la opción republicana.

Como consecuencia de aquellos resultados, el monarca depositó el poder en un Gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, y salió del país; dos días más tarde, el 14 de abril de 1931, se proclamaba la II República y el 9 de diciembre, España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decretaba la nueva Constitución de la República.

El texto republicano estableció una república democrática de trabajadores donde los poderes emanaban del pueblo; organizó el Estado español en municipios mancomunados en provincias, reconociendo la posibilidad de que éstas se constituyeran en regiones autónomas; enumeró los derechos y deberes de los españoles, estableciendo una serie de garantías individuales y políticas; reguló la existencia de una sola cámara legislativa -el Congreso de los Diputados- compuesto por representantes elegidos mediante sufragio universal, igual, directo y secreto por todos los ciudadanos de la República mayores de 23 años, sin distinción de sexo; fijó las competencias del presidente de la República, que era Jefe del Estado, y del Gobierno, formado por el Presidente del Consejo y los Ministros; y, finalmente, en cuanto al poder judicial, aseguró la gratuidad de la justicia para los necesitados y la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

El estallido de la Guerra Civil, en 1936, puso fin a su vigencia pero no evitó que la Ley de leyes republicana desempeñara un importante papel en el posterior desarrollo del constitucionalismo español, sentando las bases de muchas instituciones asumidas, en 1978, por nuestra actual Carta Magna.

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