¿Cuándo se acordó la hora media de Greenwich?

El Diccionario de la Lengua Española (RAE) define «huso horario» como cada una de las partes en que queda dividida la superficie terrestre por 24 meridianos igualmente espaciados y en que suele regir convencionalmente un mismo horario. Esa hora cosmopolita se estableció, por primera vez para todo el planeta, en el Acta Final que adoptaron -bajo la presidencia del delegado sueco, el conde Carl Lewenhaupt- las veintiséis naciones que asistieron a la Conferencia Internacional del Meridiano [International Meridian Conference] el 22 de octubre de 1884, en Washington (Estados Unidos) -de ahí que ese acuerdo suela conocerse de manera coloquial como el «Convenio de Washington de 1884»- con el propósito de establecer un meridiano principal como cero común de longitud y estándar de cálculo del tiempo en todo el globo. Asistieron los representantes de Alemania, Austria-Hungría, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Hawái, Italia, Japón, México, Paraguay, Reino Unido, Rusia, Santo Domingo (República Dominicana), Suecia, Suiza, Venezuela y los Estados Unidos que, además de ser los anfitriones, fueron quienes tuvieron la iniciativa de convocar la reunión por iniciativa de su presidente Chester A. Arthur. Los delegados de Chile, Dinamarca, Liberia, Países Bajos y Turquía (entonces: Imperio Otomano), finalmente, no pudieron estar presentes en la ceremonia de inauguración en el Salón Diplomático del Departamento de Estado, el 1 de octubre.

Los delegados de las 26 naciones

Hasta 1884 en el mundo no solo no existía un sistema estandarizado de husos horarios sino que cada país empleaba sus propias referencias. Al final se acabó imponiendo la hora zulú, tiempo medio o Greenwich Mean Time (GMT) de ese Royal Observatory inglés; pero, con anterioridad, las naciones emplearon localizaciones tan diversas como París, Toledo, Cádiz, Gibraltar, las Azores, la cumbre del Teide o la punta de la Orchilla en la isla de El Hierro [Island of Ferro, en las actas de la conferencia; opción defendida por la delegación francesa lo que le granjeó la susceptibilidad de ser considerado el meridiano de París disfrazado]. Fueron los avances del siglo XIX los que propiciaron la necesidad de que las naciones acordasen fijar un único meridiano magistral de longitudes. En palabras del Acta Final: (…) en opinión de este Congreso es deseable adoptar un único meridiano principal para todas las naciones, en lugar de la multiplicidad de meridianos iniciales que existen actualmente.

Partiendo de esa necesidad, aprobada por unanimidad, los asistentes votaron a continuación la propuesta de adoptar el meridiano que pasa por el centro del instrumento de tránsito del Observatorio de Greenwich como meridiano inicial de longitud y fue la opción ganadora con 22 votos afirmativos (España incluida), 2 abstenciones (Brasil y Francia, que preferían un lugar más neutral) y el voto negativo de Santo Domingo. El tercer punto del acta aprobó por mayoría simple que a partir de este meridiano se contará la longitud en dos direcciones hasta 180 grados, siendo la longitud Este más y la longitud Oeste menos. Los últimos puntos del orden del día establecieron un día universal para todos los fines que resultara conveniente (un día solar medio que comenzará para todo el mundo en el momento de la medianoche del meridiano inicial, coincidiendo con el comienzo del día civil y la fecha de ese meridiano; y se contará desde cero hasta veinticuatro horas).

La implementación de este acuerdo fue mucho más lenta de lo previsto y, de hecho, en España, no se adoptó el huso GMT oficialmente hasta un Real Decreto de 26 de julio de 1900 relativo á la regulación del tiempo-solar medio del meridiano de Greenwich, llamado vulgarmente tiempo de la Európa Occidental; para que entrase en vigor el 1 de enero de 1901 [el 16 de noviembre de 1900, el Director General de Obras Públicas  dio instrucciones en la Real orden disponiendo que los servicios oficiales del Estado se regulen por el tiempo medio solar del meridiano de Greenwich]. A pesar de ello, el 5 de enero de 1901, el Ministerio de Gobernación tuvo que publicar una nueva Real orden recordando el cumplimiento de aquel Real Decreto á fin de que, con arreglo á los preceptos comprendidos en el mismo, se practiquen los servicios dependientes de este Ministerio bajo la norma expresada.

PD: sobre los husos horarios, puedes seguir informándote con las singulares historias de:

• El fracasado cambio de la hora legal en Portugal (1992-1996); y
• La zigzagueante línea internacional de cambio de fecha.

¿Quiénes forman el Grupo de los Nueve de Bucarest?

El 6 de marzo de 2014, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión [Europea] condenaron enérgicamente la violación, sin provocación alguna, de la soberanía y la integridad territorial ucranianas por la Federación Rusa. Así comienza la parte expositiva de la Decisión del Consejo 2014/386/CFSP, de 23 de junio de 2014, en la que también se recuerda que, en su reunión de los días 20 y 21 de marzo 2014, el Consejo Europeo condenó enérgicamente la anexión ilegal a la Federación de Rusia de la República Autónoma de Crimea («Crimea») y la ciudad de Sebastopol («Sebastopol») y señaló que no la reconocerá. Asimismo, se refiere a que el 27 de marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania, afirmando su compromiso con la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial del país dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, destacando la invalidez del referéndum celebrado en Crimea el 16 de marzo y exhortando a todos los Estados a que no reconozcan ninguna modificación del estatuto de Crimea y Sebastopol.

Ese mismo año, 2014, viendo las orejas al lobo, el presidente polaco Bronisław Komorowski inició una ronda de consultas con sus homólogos de los nueve Estados de Europa del Este que formaron parte de la extinta Unión Soviética o de su área de influencia en tiempos del «Pacto de Varsovia» [Polonia, Rumanía, Bulgaria, Chequia, Hungría, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania] y, finalmente, todos se reunieron el 4 de noviembre de 2015 en la capital rumana en un foro diplomático que, desde entonces, se denomina el Grupo de los Nueve de Bucarest [Bucharest Nine (B9)] gracias a la iniciativa de los presidentes de Rumanía [Klaus Iohannis] y Polonia [Andrzej Duda] con el fin de coordinar sus políticas de seguridad y defensa en el marco de la OTAN, alianza a la que todos pertenecen; y a pesar de las diferentes sensibilidades de sus integrantes en su relación con Moscú (porque no es lo mismo el sentimiento a flor de piel de las autoridades de Riga o Tallin que la más afín opinión de Budapest). Además de la Alianza Atlántica, los nueve se han integrado también en el seno de la Unión Europea.

Para el analista Tomáš Nagy: (…) El B9 se estableció basándose en dos fundamentos complementarios: uno estratégico, para mejorar la seguridad colectiva y salvaguardar los intereses de los nueve países mediante la disuasión estratégica; y otro político, para construir y acumular su capital político dentro de la OTAN. El formato ha sido fundamental para que estos países propugnen un mayor gasto en defensa, el desarrollo de la resiliencia y la configuración de la disuasión estratégica de la OTAN en su flanco oriental. También se ha utilizado para enfatizar la necesidad de desarrollar infraestructura militar -incluyendo bases aéreas, puertos, centros de mando e instalaciones logísticas- para garantizar una postura de disuasión creíble frente a Rusia [NAGY, T. “The Bucharest Nine. Enhancing Security on NATO’s Eastern Flank”. En: GMF Report, 2024, p. 4].

Los nueve miembros de este grupo –que no ha llegado a institucionalizarse mediante la firma de un tratado internacional que le brinde un marco legal, como sucede con el Grupo de Visegrado (V4) o los cinco Estados miembros del Consejo Nórdico más las tres Repúblicas de la Asamblea Báltica (el NB8)– se reúnen anualmente en cumbres; la última, a la hora de redactar esta entrada, se celebró en Vilna (Lituania) el 2 de junio de 2025, junto a los cinco miembros del Consejo Nórdico.

La humillación ancestral de los agotes

(…) Si se fija uno en los hombres, en las mujeres y en los chicos, se vé que debajo de la máscara común de tristeza y de sospecha hay un tipo de raza especial. Es un tipo de cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte y pómulos salientes, distancia bizigomática grande, ojos azules o verdes, claros, algo oblicuos, cráneo braquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. Esta descripción tan perturbadora parece un buen ejemplo de algún seguidor de la fisionomía [como Giovanni Battista della Porta (1535-1615) o Johann K. Lavater (1741-1801); convencidos de que ciertas anomalías físicas explicaban un carácter criminal]; la frenología [Franz Joseph Gall (1758-1828) o Johann Kaspar Spurzheim (1776-1832); que, tras analizar un cráneo, diagnosticaban las facultades mentales de un sujeto]; o incluso un pasaje de algún ensayo sobre los delincuentes natos -esos seres atávicos; unos subhombres hipoevolucionados producto de la regresión a estadios primitivos de la humanidad- escrito por el positivista italiano Cesare Lombroso (1835-1909)… pero no; sorprendentemente, no fue obra de ninguno de ellos sino del escritor donostiarra Pío Baroja (1872-1956) para referirse a los agotes. Ese párrafo forma parte del Capítulo XIII del libro Las horas solitarias [1] que el conocido referente de la Generación del 98 publicó en 1918; en un momento de su carrera literaria en el que se prodigó más en el ensayo de opinión y el dietario de actividades cotidianas que en sus novelas.

En concreto, se refiere a este tema porque dos amigos de Irún, Figueredo y el doctor Juaristi, fueron a buscarle en automóvil el día del Corpus para ir a Arizcun a ver el pueblo de los agotes [Arizcun es una localidad del Norte de Navarra, en la comarca de Baztán]. Aquel viaje le llevó a preguntarse de dónde venían estas personas. Lo narra así: Los agotes aparecieron en las dos vertientes del Pirineo a principios del siglo  XIII. No se sabe a punto fijo. Lo único que se sabe es que la población vasca y gascona les recibió de tal manera que formó entre ellos y los recién llegados una barrera infranqueable. Durante siglos y siglos estos agotes han vivido separados de los vascos. (…) La iglesia, como la sociedad civil, se constituyó en enemiga de los agotes. En casi todas las parroquias donde había poblados de agotes como en la de Luz, había una entrada aparte; en algunas entrada y sitio aparte, en todas ellas tenían éstos pilas de agua bendita especiales y no podían mojar los dedos en la de los demás parroquianos [a continuación se incluyen algunas imágenes de parroquias francesas donde aún se conservan esas puertas y pilas de agua]. (…) Su inferioridad civil era también grande. En plena Edad Media tenían que presentar siete testigos para contrarrestar el testimonio de un perluta (vasco).No podían ir por el camino sin zapatos para no contaminar su peste y llevaban un pedazo de paño rojo en forma de pata de ganso, en la ropa, para distinguirles desde lejos; se les acusaba de vanidosos, de petulantes y de lascivos [1].

Finalmente, Baroja investigó las causas para explicar la separación y el odio a que han sometido los vascos a los agotes. Las tres versiones principales son éstas: primera, la que supone que los agotes son de una raza  distinta; segunda, la que supone que son de una secta religiosa herética, y tercera, la que supone son descendientes de leprosos [1]. En su opinión, lo lógico es concluir que ha sido el fanatismo religioso el que ha aislado a los agotes [1].

En el Territorio Histórico de Guipúzcoa, por citar tres ejemplos, en 1696 se aprobó un Decreto de la Junta para la expulsion de Agotes; seguido; al año siguiente, el más que elocuente Decreto de la Junta, para que las Justicias exterminen todos los Gitanos y Agotes; y en 1698 una Providencia de la Junta para la expulsion de unos Agotes residentes en Tolosa, y previene á las Justicias hagan lo mismo, siempre que lo huviere, en sus jurisdiciones, castigando à los que los recogieren en sus casas [2]. Una normativa que, a día de hoy, nadie dudaría en calificar de verdadero apartheid hacia este grupo o linaje que vive en el valle de Baztán, según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE.

Otra obra de esta Academia, el Diccionario histórico de la lengua española añade la siguiente entrada: Se documenta por primera vez, en la acepción 'persona originaria del valle de Baztán (Navarra) que es objeto de desprecio o animosidad por distintos motivos de índole histórica, religiosa o social', en 1524, en una Cédula del Virrey Conde de Miranda, que se recoge en los Documentos sobre agotes y grupos afines que editó F. Idoate en 1973. En esta colección se recogen múltiples testimonios del uso de esta voz, empleada en ocasiones como insulto, pero a partir del primer cuarto del XIX se relega su uso a obras históricas o diccionarios.

Por lo que se refiere a Navarra, en 1513, con motivo de las quejas elevadas por los representantes de dicho grupo a la Sede Apostólica -representada en este momento por [el Papa] León X- nos encontramos con una relación de agotes, pertenecientes a las diócesis de Pamplona, Bayona, Jaca, Dax, Lescar y Huesca, relación inclusa en la súplica que fué remitida al Arcediano de Santa Gema de la Iglesia de Pamplona, que había sido nombrado juez y comisario apostólico para sentenciar en este pleito. La sentencia, favorable para los agotes, no fué dada hasta [el 30 de abril de] 1519, interviniendo en ello las Cortes Navarras. El Emperador [Carlos I de España y V de Alemania] confirmó más tarde esta sentencia con motivo de nuevas reclamaciones de los agotes [3], el 7 de junio de 1534 y el 5 de diciembre de 1548 para ordenar el cumplimiento de lo estatuido anteriormente, a los lugares de Elizondo, Elvetea y Arizcun.

Pese a todo, las intervenciones papal e imperial tuvieron escaso impacto práctico y, con el paso de los siglos, esa especie de parias que llamamos agotes [3] continuaron siendo tratados con notorio desprecio, reputándoles viles y excluyéndoles de todos los oficios públicos y aún puede decirse que del trato social y civil. (…) En [27 de diciembre de] 1817 a petición de los tres estados de Navarra se da una ley prohibiendo que a nadie se llame agote. Se alega que son católicos y navarros y por lo tanto suplica que conceda por ley «que a nadie se llame agote, sopena de injuriador» [4].

Aquella petición de 1817 se publicó en el Cuaderno de las leyes, y agravios reparados a suplicacion de los tres Estados del Reino de Navarra, en sus Cortes Generales, celebradas en la ciudad de Pamplona los años 1817 y 1818 por la Magestad Real del Señor Rey don Carlos VI de Navarra y III de Castilla y en su real nombre por el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta de Beire, Capitan General de los Reales Egércitos, Virey y Capitan General del Reino de Navarra, sus fronteras y comarcas, con acuerdo de los del real y supremo consejo del mismo Reino de Navarra que asistieron con él en dichas Cortes; editado en Pamplona en 1819, donde se incluyó la mencionada Ley LXIX: Que á nadie se llame Agote bajo las penas que se espresan, para que esta desgraciada porción de vuestros fieles súbditos, sea restituida á la consideración pública, que le es debida, y se estreche en fraternales lazos con todas las demás, sin distinción ninguna, y á ese fin: Suplicamos rendidamente á V. M. se digne concedernos por Ley, que á nadie se llame Agote, sopena de injuriador, el que tal digere, y que los denominados hasta ahora tales, hallándose avecindados en los Pueblos ó sus Barrios, ó Arrabales, sean reputados como los demás vecinos, ó habitantes, para todos los efectos y oficios, según la clase á que deban corresponder.

Citas: [1] BAROJA, P. Las horas solitarias. Madrid: Rafael Caro Raggio, 1918, pp. 254, 257, 258 y 260. [2] DE URQUIJO E IBARRA, J. “Los agotes en Guipúzcoa”. En: RIEV. Revista internacional de los estudios vascos, 1910, vol. 4, nº 1, p. 149. [3] IDOATE, F. “Agotes en los valles de Roncal y Baztán”. En: Príncipe de Viana, 1948, nº 33, p. 489. [4] HORS, P. “Seroantropología e historia de los Agotes”. En: Príncipe de Viana, 1951, nº 44-45, pp. 312.

¿Qué fue del «Patronato Nacional de los Castillos de España»?

Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de España es la existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos culminantes, todas las cuales, aparte de su extraordinario valor pintoresco, son evocación de la historia de nuestra Patria en sus épocas más gloriosas; y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su torno ha tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, deben ser objeto de la solicitud del nuevo Estado, tan celoso en la defensa de los valores espirituales de nuestra raza. Con el característico lenguaje de la postguerra, así comenzaba la exposición de motivos del breve Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, que puso bajo la protección del Estado a todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, para impedir toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento (Art. 1).

Al amparo de aquel Decreto, en 1952 se fundó la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), como una asociación cultural sin ánimo de lucro, para contribuir a la conservación, revitalización y protección, moral y material, del patrimonio monumental fortificado español y estimular el estudio, conocimiento e interés por nuestros castillos, poniendo de relieve y propagando su importancia artística, histórica y cultural, de modo que se fomente su conocimiento y se facilite con medios adecuados la labor investigadora (*).

Con el cambio de década, se aprobó el Decreto 785/1962, de 26 de abril, por el que se creó el Patronato Nacional de los Castillos de España que, en su preámbulo, menciona los dos precedentes anteriores: A la acción oficial desarrollada por los Organismos competentes. en base al Decreto de veintidós de abril de mil novecientos cuarenta y nueve ha venido a sumarse desde el año mil novecientos cincuenta y dos la actividad de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. que viene realizando. una intensa tarea de divulgación de esta clase de edificaciones. La Presidencia del Gobierno franquista consideró que parece llegada la ocasión de crear una Institución coordinadora que tenga como misión específica agrupar los esfuerzos de todos en pro de los restos gloriosos de nuestra arquitectura militar antigua.

El nuevo Decreto estableció el Patronato Nacional de los Castillos de España, con la misión específica de coordinar la acción de los Organismos públicos y las iniciativas privadas para la tutela, cuidado y conservación de los monumentos y construcciones de nuestra riqueza histórico-militar y para estimular así mismo el interés por nuestros antiguos y clásicos castillos. poniendo de relieve su importancia, su rango tradicional e histórico y su simbólico y nacional significado (Art. 1); regido por un Consejo, presidido por el Director general de Bellas Artes, con la misión fundamental de conocer y aprobar la Memoria de la actuación del Patronato, los estados de cuentas, presupuestos y señalar las directrices de actuación para el año siguiente (Arts. 2 y 3); mientras que las tareas de gestión y ejecución del Patronato se encomendaron a la Comisión permanente, formada por el Presidente del Consejo del Patronato, el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y tres Vocales elegidos por el pleno entre sus miembros (Art. 4).

Hoy en día, si se consulta el BOE, su buscador nos indica que aquel Decreto 785/1962, de 26 de abril, continúa estando en vigor porque nunca ha sido derogado; pero, desde su publicación en el Boletín del 27 de abril de 1962, ninguna otra disposición del ordenamiento jurídico español ha vuelto a referirse a aquel Patronato, jamás. Y, según el historiador Gonzalo López-Muñiz Moragas, tan sólo se conservan las actas de dos reuniones del Consejo –celebradas el 7 de noviembre de 1962 y el 27 de febrero de 1964, ambas en la sede de la Dirección General de Bellas Artes, en Madrid– y un informe presentado por el Presidente de la AEAC [1]. Nada más.

De ahí que el investigador Gonzalo Fernández-Rubio Hornillos considere que, en 1968, cuando falleció Antonio del Rosal Rico -Marqués de Sales, Presidente de la AEAC y, por ende, miembro de la Comisión Permanente del Patronato- su epitafio fue la última referencia que consta al propio Patronato Nacional de los Castillos de España. (…) tengo serias dudas de que el mismo siguiera desarrollando su actividad a partir de ese año. Lo que es una mera sospecha se ve confirmada con las disposiciones que determinan la estructura del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Dirección General de Bellas Artes (…) reorganizados a finales de la década de los sesenta y a principios de la siguiente década. Las normas reguladoras de esa reorganización enumeran las unidades y organismos que dependen de cada centro directivo y no hay la más mínima mención al Patronato [2].

Es probable que no fuera tan mala idea encargar a una comisión de expertos la tarea de expurgar el ordenamiento jurídico de normas como ese Decreto. Por tener una referencia, algo similar a lo que ocurrió con la disposición derogatoria de la Orden DEF/114/2025, de 28 de enero, por la que se aprobaron las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas; es tan sumamente extensa -dejó sin efecto a un centenar de órdenes- que el propio legislador lo reconoció así en su preámbulo: (…) entre las modificaciones contempladas en esta disposición las más representativas afectan a la derogación de un elevado número de normas con rango de orden ministerial, por regular aspectos específicos de la uniformidad de los Ejércitos y la Armada.

Citas: [1] LÓPEZ-MUÑIZ MORAGAS, G. Tesis doctoral “La restauración de castillos durante el régimen de Franco (1939.1975)”. Madrid: UPM, 2022, p. 167. [2] FERNÁNDEZ-RUBIO HORNILLOS, G. “Patronatos y monumentos. El Patronato Nacional de los Castillos de España (1962-¿1968?)”. En: Patrimonio cultural y derecho, 2022, nº 26, pp. 242 y 243.

La «Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial»

A partir de ahora, cada 25 de julio se celebrará el Día Internacional para el Bienestar Judicial; de acuerdo con la resolución A/RES/79/266, de 4 de marzo de 2025, de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde el órgano plenario de la ONU invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a otras organizaciones internacionales y regionales, a las instituciones judiciales, al mundo académico, a las asociaciones de jueces y a otros interesados pertinentes, incluida la sociedad civil, a que observen anualmente el Día Internacional para el Bienestar Judicial, con los recursos disponibles, del modo que cada uno de ellos considere más adecuado, entre otras cosas, mediante actividades de educación y sensibilización del público. Asimismo, reafirmó que un poder judicial que funcione bien ejemplifica los seis valores judiciales fundamentales consagrados en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial: independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y competencia y diligencia; y, finalmente, reconoció que el bienestar físico y mental de los jueces es crucial para promover la competencia y la diligencia debida, lo que pone de relieve la importancia de abordar el estrés de los jueces y la necesidad de prestar un apoyo adecuado.

Mes y medio antes, el 28 de enero de 2025, Alemania, Austria, Fiyi, Francia, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palaos, Portugal, Timor Oriental, Tuvalu y Vanuatu habían sido los Estados miembro de la ONU que -en el marco de la aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas- propusieron a la Asamblea [A/79/L.52] este proyecto de resolución.

Si echamos la vista atrás, esta iniciativa es el resultado de la pionera «Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial» [Nauru Declaration on Judicial Well-being], aprobada justo un año antes, el 25 de julio de 2024, en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)] y el poder judicial nauruano [Nauru Judiciary] del estado soberano más pequeño de Oceanía [poco más extenso que Mónaco, por tener un elemento de juicio].

Tras reconocer que el poder judicial está integrado por seres humanos: personas individuales e independientes designadas para desempeñar cargos judiciales; la declaración consideró que el poder judicial es fundamentalmente un sistema humano, que depende de las capacidades y facultades humanas colectivas de los jueces individuales; y estableció -como sucedió con los valores consagrados en Bangalore en 2001- siete principios relativos al bienestar judicial que define como el proceso continuo que permite a los jueces prosperar en todos los aspectos de su vida, incluyendo el laboral, físico, social, cognitivo, emocional y espiritual, que son ámbitos de bienestar universalmente reconocidos.

1. Es esencial tanto para la salud laboral y la sostenibilidad de los jueces como para la experiencia de los usuarios de los tribunales, la calidad de la justicia y, en última instancia, la confianza pública en los tribunales; por lo tanto, el bienestar judicial debe ser reconocido y apoyado.
2. El estrés judicial no es una debilidad y tampoco debe estigmatizarse para no agravar los desafíos laborales inherentes con el aislamiento y la vergüenza, constituyendo un obstáculo importante para la búsqueda de ayuda y la recuperación; se trata de una respuesta humana natural ante las exigencias de su trabajo.
3. El bienestar judicial es una responsabilidad compartida de los jueces y de sus instituciones judiciales que deben crear las condiciones laborales que lo favorezcan.
4. Se sustenta en una cultura judicial ética -que tenga tolerancia cero ante la corrupción, la discriminación, el acoso, la intimidación y otras conductas negativas- e inclusiva -donde todos los jueces tengan las mismas oportunidades de experimentar bienestar en su trabajo-.
5. Promover el bienestar judicial requiere una combinación de actividades de sensibilización, prevención y gestión; es decir, un enfoque holístico, basado en las evidencias y que pueda ser evaluado de forma constante porque el bienestar judicial nunca se da por terminado; siempre debe ser una prioridad.
6. Todas esas iniciativas deben adaptarse a las circunstancias y requisitos específicos de cada una de las jurisdicciones nacionales al estar fuertemente influenciados por factores contextuales locales (incluyendo influencias económicas, sociales, culturales, políticas, religiosas y ambientales, así como situaciones de crisis).
7. Por último, la declaración considera que el bienestar judicial se ve reforzado por los derechos humanos. Como se estableció en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, los jueces tienen derecho a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de culto, asociación y reunión, sin perjuicio de su deber de preservar la dignidad de su cargo y defender la imparcialidad, integridad e independencia del poder judicial. Este equilibrio es vital para mantener tanto el bienestar judicial de cada juez como la integridad del sistema en su conjunto.

El concepto de «ilusión monetaria»

En la sentencia 221/1992, de 11 de diciembre, del Tribunal Constitucional, nuestro órgano de garantías incluyó la única mención que existe en la jurisprudencia española al concepto de la teoría económica sobre la «ilusión monetaria» [que, más allá de ese ejemplo judicial, tampoco se cita en ninguna disposición del ordenamiento jurídico]. En concreto, aparece en el décimo antecedente de la resolución al señalar que: (…) En cuanto a las alegaciones de fondo [del escrito del Abogado del Estado], reproduce sintéticamente las formuladas en la cuestión 1.062/88, insistiendo en que son muchísimos los casos en que rendimientos de trabajo con incremento real nulo (o negativo) soportan mayores gravámenes reales, y que es utópico pensar en un sistema tributario depurado sin residuos de la ilusión monetaria. Sólo un sistema tributario así, íntegramente basado en criterios valoristas, permitiría invocar el principio de capacidad económica si el legislador se apartara en algún caso del criterio del sistema para gravar magnitudes nominales.

¿En qué consiste esa «ilusión monetaria»? Se trata de la tendencia de los agentes económicos a introducir cambios en su comportamiento a consecuencia de cambios en las magnitudes monetarias (o nominales), como si se trataran de cambios en las magnitudes reales. Por ejemplo, si el ingreso nominal (monetario) de un consumidor y los precios de todos los bienes aumentan en la misma proporción, no existe razón para que altere sus patrones de consumo puesto que no ha ocurrido un aumento en su ingreso real, ni han cambiado los precios relativos de los bienes. No obstante,  si ocurre que el consumidor se siente más rico y adquiere mayor cantidad de ciertos bienes, se dice que sufre de ilusión monetaria, debido a que sus patrones de consumo responden a los cambios en las magnitudes nominales de su ingreso. Por lo tanto, la ilusión monetaria responde a una percepción errónea de los cambios en las magnitudes reales de ciertas variables [1].

En castellano, «ilusión monetaria» es una apropiación directa de la expresión inglesa «Money illusion» acuñada por el profesor de la Universidad de Yale y economista estadounidense Irving Fisher (1867-1947) en 1920: Ilusiones monetarias: el dinero siempre parece escaso, incluso cuando es superabundante. El individuo siempre tiene más de lo que puede. La India quiere más de lo que tiene y tiende a pensar que todo un país se beneficiaría con más dinero. No se da cuenta de que cuanto más dinero haya, menos comprará. Sigue pensando que el dólar es fijo [2]; concepto que desarrolló en 1928, poco antes del famoso crac de la bolsa, en un libro específico que comenzaba así: Mientras escribo, su dólar vale unos 70 centavos. Esto significa 70 centavos de poder adquisitivo de antes de la guerra. En otras palabras, 70 centavos comprarían tanto de todos los productos básicos en 1913 como 100 centavos en la actualidad. Su dólar actual no es el dólar que conocía antes de la guerra. El dólar parece ser siempre el mismo, pero siempre está cambiando. Es inestable. Lo mismo ocurre con la libra esterlina, el franco francés, la lira italiana, el marco alemán y cualquier otra unidad monetaria. De este gran hecho: que las unidades monetarias no tienen un poder adquisitivo estable, surgen importantes problemas (…) [3]. Aunque fue John Maynard Keynes (1883-1946) quien desarrolló esta propuesta y la difundió, popularizándola hasta el punto de que se le suele atribuir a él su autoría.

Según el economista británico: los trabajadores no admiten una disminución de los salarios monetarios en las etapas de contracción de la actividad económica, de forma que la reducción del salario real tiene lugar a través de la inflación, produciéndose lo que el propio Keynes denominó ilusión monetaria [4]. Explicando el comportamiento que responde a valores nominales, y no a valores reales, también frecuentemente descrito como «ilusión monetaria», Alan Marin -experto en políticas macroeconómicas- considera que: La gente se permite engañarse a sí misma para un comportamiento inapropiado (es decir, realizar acciones que no maximicen su utilidad) porque observan los salarios o los precios simplemente como una cifra de £ [libras esterlinas], más que en relación a la disponibilidad de recursos que esas £ representan [5].

Citas: [1] SEPÚLVEDA, C. (Ed.). Diccionario de términos económicos. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2005, p. 104. [2] FISHER, I. Stabilizing the dollar. A plan to stabilize the general price level without fixing individual prices. Nueva York: MacMillan Company, 1920, p. XXXII. [3] FISHER, I. Money illusion. Nueva York: Adelphi Company, 1929, p. 3. [4] FERNÁNDEZ ARUFE, J. E. (Coord.) Principios de política económica: ejercicios de test y cuestiones resueltas. Madrid: Delta, 2019, p.73. [5] MARIN, A. “Deficiencias en la explicación keynesiana y en sus propuestas de política económica”. En: ETXEZARRETA, M. (Coord). Crítica a la economía ortodoxa. Barcelona: UAB, 2004, p. 403.

PD: en relación con el título de esta entrada es muy recomendable la lectura del blog de Mercedes Hernando Pastor: ilusión monetaria.

El origen de la Comunidad Política Europea (CPE)

Ya sabemos que en el Viejo Continente contamos con dos grandes organizaciones regionales: el Consejo de Europa y la Unión Europea; pero, si cerramos el foco y nos acercamos al nivel subregional encontramos numerosas asociaciones voluntarias de Estados, muchas de las cuales han institucionalizado su marco legal por medio de un tratado internacional que les dota de personalidad jurídica y determina su estructura orgánica, objetivos y funcionamiento como verdaderas organizaciones internacionales mientras que, en cambio, otras iniciativas tan solo pretenden convertirse en foros de encuentro más informales y menos convencionales. Entre los numerosos ejemplos de ambas situaciones y sin ánimo de ser exhaustivo podemos citar: el BENELUX, el Consejo Nórdico, la Asamblea Báltica, el Consejo de Estados del Mar Báltico, la EFTA, la CEFTA, la iniciativa Open Balkan, GUAM, la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC), el Consejo Túrquico, la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad para la Democracia y los Derechos de las Naciones, el Grupo de Visegrado (V4), el Nordic Baltic 8 (NB8), el Grupo de los Nueve de Bucarest (B9), la Iniciativa Centroeuropea,… etc. En ese contexto, ¿qué ocurrió en 2022 para que surgiera la necesidad de añadir a esta realidad geopolítica un nuevo foro regional: la Comunidad Política Europea (CPE)?

Como ha señalado el analista Jorge Sánchez Edo [1]: (…) El 24 de febrero [de 2022], en la frontera este de la Unión, el conflicto que ha asolado a la parte oriental de Europa desde hace casi una década comenzó una nueva fase caracterizada por el inicio de las operaciones militares a gran escala. Tras las internacionalmente condenadas anexiones rusas de Crimea y Sebastopol en 2014 y el comienzo de la Guerra del Dombás (…) Durante aquella vigesimocuarta madrugada del mes de febrero, las tropas rusas que se encontraban desplegadas en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, dieron comienzo a lo que a todas luces era una violación del Art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas [“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”]. Desde la región del Dombás y el este del país, el ejército ruso se adentró en el territorio de (…) Ucrania e inició una ocupación del territorio ucraniano de acuerdo con lo establecido en el Art. 42 del Reglamento de La Haya de 1907 [“Se considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse”].

¿Consecuencia? Según la profesora Ruth Ferrero: (…) cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia lanzó su ofensiva para controlar a Ucrania, no solo se vulneró el derecho internacional y comenzó una guerra en suelo europeo como no se recordaba en Europa desde las guerras de los Balcanes de los años noventa del siglo pasado o, aún más, como la vivida en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial; empezaba una guerra que quebraba las bases del orden internacional liberal vigente hasta ese momento, poniendo frente al espejo europeo una realidad geopolítica que hasta entonces no se había tenido lo suficientemente en cuenta desde Bruselas [2].

Tres meses después de la agresión rusa, durante la celebración del Día de Europa, el 9 de mayo de 2022, se clausuró la Conferencia sobre el Futuro de Europa [según el propio Consejo de la Unión Europea, una serie de diálogos dirigidos por los ciudadanos que permitieron a personas de toda Europa compartir sus ideas y contribuir a configurar nuestro futuro común (*)]. En aquel momento, la presidencia por turno le correspondía a Francia y su presidente Emmanuel Macron, tomó la palabra en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo para pronunciar un discurso que no solamente marcaba el final del mencionado foro de debate, sino que también representaba el pistoletazo de salida de una nueva propuesta de organización de las naciones europeas [1]: la CPE, que no había sido consensuada o compartida con otros socios europeos con anterioridad a su anuncio [3].

Para los investigadores Jorge Tamames y Raquel Gª Llorente: La idea de la CPE no es nueva. Viene precedida por otras propuestas similares, como la tentativa “confederación europea” François Mitterrand, la “comunidad geopolítica europea” de Charles Michel o la “Europa de las Siete Uniones” propuesta por Enrico Letta, que identificaba la necesidad de establecer una “confederación europea”. Asimismo, la propuesta de la CPE podría solaparse con otras organizaciones que ya existen como el Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y otras iniciativas de cooperación como la propia Política de Vecindad de la UE y la Unión por el Mediterráneo. (…) El objetivo de la CPE, según Macron, es permitir que otros socios con valores democráticos encuentren “un nuevo espacio de cooperación política, de seguridad, de cooperación en materia de energía, de transporte, de inversiones, de infraestructuras y de circulación de personas”. El presidente francés proponía así un foro de diálogo para el conjunto del continente, con otros países fuera de la Unión y más allá de los límites institucionales del proyecto europeo [3]. Todo ello, excluyendo a las autoridades de Moscú y a su apeadero de Minsk e incrementando el compromiso político de los 47 Estados asistentes a la European Political Community (EPC) [tampoco acude la Santa Sede].

Desde entonces ha celebrado seis cumbres: La primera reunión de la CPE se celebró en Praga (República Checa), el 6 de octubre de 2022; la segunda en Bulboaca (Moldavia), el 1 de junio de 2023; la tercera en Granada (España), el 5 de octubre de 2023; la cuarta en el Palacio de Blenheim (Reino Unido), el 18 de julio de 2024, donde también asistieron por primera vez representantes de la OTAN, la OSCE y el Consejo de Europa; la quinta el 7 de noviembre de 2024 en Budapest (Hungría); y la sexta el 16 de mayo de 2025 en Tirana (Albania).

Citas: [1] SÁNCHEZ EDO, J. “La OTAN como piedra angular de la «Comunidad Política Europea» de Macron”. En: Actas de las XV Jornadas de Estudios de Seguridad “Nuevos conflictos, nuevos paradigmas” (Madrid 9, 10 y 11 de mayo de 2023). Madrid: IUGGM, 2023, pp.  171 y 172. [2] FERRERO, R. “La Comunidad Política Europea, ¿primer paso para una verdadera Europa geopolítica?”. En: Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2024, nº 137, p. 46. [3] TAMAMES, J. & GARCÍA LLORENTE, R. “La Comunidad Política Europea: ¿Imprescindible, redundante, o las dos cosas al mismo tiempo?”: En: ARI 71/2022, pp. 2 y 5.