miércoles, 29 de mayo de 2013

Las pensiones de viudedad y la poligamia (y II)

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid –como el de Galicia o el de Andalucía– se decantó por dictar, probablemente, la resolución más garantista en favor de los derechos de las esposas de un causante bígamo, aplicándoles los principios rectores que la Constitución Española establece en los Arts. 39 (protección a la familia y la infancia) y 41 (régimen público de Seguridad Social); el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio una interpretación completamente dispar para un supuesto semejante: a efectos de la ley española el segundo matrimonio es nulo y por lo tanto quod nullum est ab initio, nullum efectum producet, y por ello no cree la Sala posible convalidar el criterio contenido en la resolución del INSS del reparto del 50% a cada una de las dos mujeres. A los efectos de la ley española, únicamente tiene el concepto de cónyuge la que deriva del primer matrimonio; es decir, un criterio contrario al establecido por las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia madrileño, gallego y andaluz, al aplicar el Convenio hispano-marroquí sobre Seguridad Social.

Ante esa disparidad de resoluciones, con criterios incluso contradictorios (el prorrateo de la pensión no siempre se atribuye al 50 por 100 entre las viudas sino en función del periodo efectivo de duración de ambos enlaces), no hay duda de que la solución debe ser interponer un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que unifique las sentencias dictadas en suplicación por las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia; aunque el problema de fondo continúe siendo la redacción de aquellos acuerdos bilaterales que deberían ser renegociados para eliminar dicha cláusula.

Este conflicto no es exclusivo de España porque Francia, Portugal, Alemania o Bélgica también han suscrito acuerdos bilaterales sobre la Seguridad Social con algunos Estados de mayoría musulmana que, en determinadas circunstancias, atribuyen a las viudas el derecho a cobrar la pensión prorrateándola. La única excepción europea es Italia, cuyo planteamiento es justo el contrario, de forma que el derecho a la pensión de viudedad en caso de poligamia se reconoce a la primera esposa o a aquella cuyo matrimonio esté reconocido como válido según su ordenamiento.

Para un sector de la doctrina científica, el problema de fondo que plantea la poligamia no es jurídico ni ético sino económico, destacando la hipocresía moral que se produce en nuestra sociedad, al rechazarse la poligamia legal y aceptarse la misma situación de hecho. Este criterio es inaceptable porque este conflicto no se puede reducir a una mera cuestión económica. Con independencia de que nos planteemos el debate sobre la poligamia desde una perspectiva social, cultural o religiosa, la clave de esta cuestión trasciende a sus efectos pecuniarios; es un atentado contra la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las mujeres que son algunos de los valores superiores que caracterizan a una sociedad democrática.

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