La ISFE (Interactive Software Federation of Europe) es una asociación internacional que se constituyó en Bélgica, en 2002, para representar a la industria europea del sector de los productos de entretenimiento, como películas, DVD o videojuegos, con un marcado propósito científico y pedagógico. Ese mismo año, la Federación puso en marcha el sistema PEGI –acrónimo de Pan European Game Information (Información Paneuropea sobre Juegos)– para establecer una clasificación por edades de los juegos de ordenador y videojuegos, evaluándolos de acuerdo con diversos criterios (violencia, sexo, discriminación, drogas, miedo y lenguaje soez), que rápidamente se implantó en todo el Espacio Económico Europeo [Unión Europea, Liechtenstein, Islandia y Noruega] y en Suiza. Como reconoció la propia Comisión Europea: PEGI ha sustituido un gran número de sistemas nacionales existentes de clasificación por edades por un sistema único europeo [Comunicación COM/2008/0207, de 22 de abril].
Este sistema autorregulador se estrenó en 2003 para garantizar que el contenido de esos productos interactivos fuese etiquetado por edades en función de su contenido –teniendo en cuenta la idoneidad de la edad de un juego, no su nivel de dificultad– de modo que la etiqueta pudiera orientar a los consumidores (especialmente a los padres) ayudándoles a tomar la decisión sobre si deben comprar o no un producto concreto; por ejemplo, un juego PEGI +7 sólo es adecuado para los niños que tengan 7 o más años de edad; mientras que un juego PEGI +18 sólo es apto sólo para adultos. Las etiquetas PEGI se colocan en el anverso y el reverso de los estuches e indican uno de los siguientes niveles de edad: +3, +7, +12, +16 y +18.
Para llevar a cabo esta clasificación, que fue galardonada en 2008 por el Consejo de Europa, el sistema PEGI se basa en un conjunto de reglas –los quince artículos del Código de Conducta [PEGI Code of Conduct]– que reflejan el compromiso del sector del software interactivo por facilitar información al público de una manera responsable. Las normas prevén multas de hasta 500.000 euros para sancionar los casos más graves de negligencia que se produzcan en las empresas del sector porque, como establece el Art. 2 del Código, este sector se compromete a no poner en el mercado productos que puedan atentar contra la dignidad humana.
Para garantizar que la aplicación continuada de este Código refleja los potenciales cambios sociales, legales y tecnológicos también se estableció un Consejo Asesor formado por psicólogos infantiles, abogados expertos en protección de menores, organizaciones de padres y consumidores, etc. que se encarga de interpretar estas disposiciones; asimismo, el sistema PEGI cuenta con un Consejo de Reclamaciones, a modo de segunda instancia, y un Comité de Aplicación.
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