De ladrón a policía (I): Eugène François Vidocq

Desde el 25 de marzo de 1811 y con apenas treinta agentes a su servicio –la mayor parte de ellos malhechores con antecedentes penales, como él– Eugène-François Vidocq (1775-1857) logró que ese reducido grupo de hombres al servicio de la Justicia le obedecieran con tanta abnegación como perseverancia para purgar a la sociedad de los deshonestos criminales que la infestaban. En poco tiempo, su destreza y coraje lo llevaron a convertirse en Jefe de la Policía de Seguridad francesa (la famosa Sûreté) pero a costa de despertar el odio de todos los demás oficiales y agentes del orden. Como reconoció en su autobiografía, publicada en 1828, Vidocq consideraba que había logrado sacar partido del pasado delictivo de sus agentes, utilizando a un ladrón para cazar a otro. Ese era mi método. Y era un método excelente [Mis Memorias. Barcelona: Libros del Silencio, 2012]. Hasta que se jubiló de aquel alto cargo para crear la primera agencia de detectives del mundo, luchó contra los artesanos del mal, buscando el crimen entre las sombras, desbaratando tramas homicidas y, sin embargo, se le despreció por acosar a los delincuentes hasta la misma escena de sus crímenes y arrancarles el puñal de la mano.

Su carácter turbulento y una bien ganada reputación de sinvergüenza le llevaron a enfrentarse a sus antiguos compañeros de fechorías, en el patio de una prisión, mientras les colocaban los grilletes en los tobillos, increpándoles: pues sí, soy un soplón. Pero vosotros también lo sois, ya que no hay aquí ni uno que no haya venido a mí para delatar a sus camaradas, esperando obtener una impunidad que no puedo ni quiero concederos. Os puse en manos de la justicia porque erais culpables. Así se ganó su respeto en la cárcel, pero se granjeó numerosos enemigos dentro del cuerpo policial porque su metodología se adelantó a su tiempo: trabajando a cualquier hora de la semana, disfrazándose para ser irreconocible y provocar un arresto, infiltrándose entre los ladrones profesionales –eran pocos los que no se alegraban cuando la policía venía a consultarles en busca de alguna información– y conviviendo con ellos en las tabernas para ganarse el respeto de sus confidentes.

No hay duda de que François Vidocq fue un magnífico policía, pero pudo serlo, precisamente, porque en su juventud también había sido un destacado delincuente que comenzó a demostrar sus habilidades siendo apenas un niño cuando su padre, el panadero de Arrás –la capital del departamento de Paso de Calais, cerca de la frontera con Bélgica– cerraba con llave la caja registradora de la tienda y él era capaz de untar con cola una pluma de cuervo para introducirla por la ranura del dinero e ir pegando, una a una, las monedas; y cuando sus padres le pillaron, falsificó la llave de la caja hasta que descubrió que la mejor forma de lograr unos escudos era malvender las provisiones de la tienda familiar.

Trabajó en un circo y con unos cómicos, fracasó en su intento de irse a América, se alistó en el ejército, de donde desertó por verse envuelto en varios lances de honor que, en aquella época, las leyes militares castigaban con la pena de muerte; logró fugarse de cuantas celdas lo encerraron y se salvó de una falsa acusación del asesinato de su amante; así se conformó una mente criminal que, un buen día, para librarse de la enésima condena a realizar trabajos forzados, decidió ofrecerse al prefecto de la Policía Dubois para convertirse en el mítico agente del orden que hoy conocemos.

Pinacografía: Achille Devéria | Litografía de Eugène François Vidocq (ca. 1828).

Las «100 Reglas de Brasilia»

Durante la celebración de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana –que se reunió en la capital brasileña del 4 al 6 de marzo de 2008– se consideró necesario elaborar unas Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que desarrollaran los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano [Cancún (México), 2002] pero sin limitarse a establecer unas bases de reflexión sobre estos problemas sino recogiendo recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. De este modo, se aprobaron 100 reglas con el objetivo de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

Lógicamente, la primera regla delimita el concepto de quiénes son las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad: aquéllas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. De forma que pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. A continuación, se reconoce un margen de apreciación a los Estados para determinar, concretamente, qué personas se encuentran en esta condición, en función de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

Después de establecer su finalidad y de definir a sus destinatarios, los siguientes capítulos contienen una serie de reglas aplicables a las personas vulnerables que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos; las directrices que se aplicarán cuando participen en un acto judicial –ya sea como parte que ejercita una acción o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o en cualquier otra condición– y, finalmente, una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de estas reglas, mediante la aplicación de principios como la colaboración, la cooperación internacional (creando espacios que sirvan para intercambiar experiencias), investigación y estudios, sensibilización y formación de profesionales, utilización de nuevas tecnologías, etc.

¿Se puede salir un país de la Unión Europea?

Mientras Croacia estaba a punto de convertirse en el 28º Estado miembro de la Unión Europea, el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, anunció su intención de convocar un referéndum en 2017 para preguntar a los británicos –de por sí euroescépticos– si desean que Gran Bretaña continúe o abandone el club de Bruselas. Desde su origen, con el extinto Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero [CECA] –que Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y los Países Bajos firmaron en París, en 1951, y que expiró el 23 de julio de 2007 [Art. 97 TCECA]– ninguno de los tratados comunitarios europeos previó la posibilidad de que un Estado miembro quisiera “retirarse” de forma voluntaria, sencillamente porque en aquel contexto de integración del Viejo Continente no parecía lógico que una nación planteara su adhesión como nuevo socio para querer salirse unilateralmente pasado un tiempo. Esto fue así hasta 2007, cuando se aprobó el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, y una de sus principales novedades fue, precisamente, el texto del Art. 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

El nuevo precepto sí que prevé el procedimiento a seguir en este supuesto. En la cláusula de retirada se establece que: 1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. 2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión (…) El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Asimismo, ese artículo también regula el método en que los tratados europeos dejarán de aplicarse al Estado de que se trate. En la actualidad, como establece el Art. 49 TUE, si un Estado miembro se retirase y, pasado el tiempo, quisiera reingresar en la Unión, tendría que someterse de nuevo a un procedimiento de adhesión.

NB: Finalmente, Gran Bretaña votó el "Brexit" el 23 de junio de 2016; el resultado del referéndum fue: un 51,90% a favor de abandonar la Unión Europea frente a un 48,10% que prefería permanecer en la UE.

PD: véase también: la exclusión de un Estado miembro y el derecho de retiro.

Los Teen Courts de Estados Unidos

Lograr una sanción individualizada para los jóvenes que han cometido su primer delito, conseguir que participen activamente en la resolución del caso y prestar un servicio en favor de la comunidad en la que viven son los tres grandes objetivos que persiguen los Tribunales de Adolescentes, o Teen Courts, de los Estados Unidos. A ciencia cierta no se sabe cuál fue el primer programa que sirvió de base a los demás, pero la National Association of Youth Courts (NAYC) –una federación que reúne a las ONG que gestionan estos planes en 18 Estados de la Unión– considera que pudieron ser el Youth court que comenzó a trabajar en Horseheads (Nueva York) en 1968, o el Youth jury, de Naperville (Íllinois), de 1972. Lo cierto es que, desde entonces, estos programas voluntarios de justicia restaurativa –que reciben diversas denominaciones: Youth courts, Student courts o Peer courts– se fueron extendiendo por todo el país desde finales del siglo XX y, actualmente, hay más de mil programas activos funcionando en 49 Estados, además del Distrito de Columbia, para que los propios jóvenes de su localidad sean los que juzguen a los adolescentes que hayan delinquido por primera vez (generalmente, por asuntos de robos, vandalismo, consumo de alcohol, alteración del orden público, posesión de drogas o siniestros relacionados con el tráfico). De este modo tan singular, los menores que accedan a estos planes tendrán que rendir cuentas ante otras personas de su misma edad, un juicio entre iguales (peer, en inglés), que les harán comprender que su conducta fue contraria a las leyes.

El 93 por 100 de estos planes voluntarios exige que los delincuentes asuman y reconozcan su culpabilidad para poder participar en un Teen court; no obstante, si el joven insistiera en declararse “no culpable”, también se prevé la celebración de una vista previa para determinar, en primer lugar, su inocencia o culpabilidad, antes de impartir justicia resolviendo el conflicto de fondo. Prácticamente la totalidad de sus resoluciones se decantan por condenar al joven a realizar algún tipo de servicio en favor de la comunidad, pero también se puede solucionar el conflicto pidiendo disculpas a la víctima, de palabra o por escrito; asistiendo a talleres, cursos de formación o programas de desintoxicación, según el caso; dando charlas a otros jóvenes para que no incurran en las mismas conductas, visitando prisiones para comprender las consecuencias que conlleva incumplir la Ley o, en el caso de las infracciones contra la seguridad vial, retirándoles el carné de conducir.

Más de la mitad de los jóvenes que han participado como acusados en estos innovadores programas acaban convirtiéndose después en jueces de otros menores delincuentes; y ponerlo en marcha cuesta, de media, tan solo 32.767 dólares al año de presupuesto.

«Tintín» no es racista

El belga Georges Remi (1907-1983) pasó a la historia del cómic con el sobrenombre artístico que ideó siendo joven a partir de la primera letra de su apellido paterno, seguida de la inicial de su nombre de pila; es decir: R, G, que, pronunciándolo de acuerdo con su lengua materna, el francés, era: Hergé. El famoso creador de Las Aventuras de Tíntín y Milú publicó en blanco y negro las primeras tiras de estos personajes en el suplemento infantil Le Petit Vingtième del diario Le Vingtième Siècle (El siglo XX) en 1929 y, al año siguiente, la historieta comenzó a editarse en formato de libro. En 1930 apareció publicado el segundo volumen de sus obras titulado Tintin au Congo (Tintín en el Congo) que se reeditó en color –corrigiendo parte de su contenido– en 1946. El argumento de este álbum era muy sencillo: el curioso reportero y su inteligente fox terrier blanco viajan a la colonia belga del Congo para retratar la vida de sus nativos, dar a conocer los animales exóticos y descubrir a una banda de delincuentes, dirigida por Al Capone, que trafica con diamantes.

Desde su primera edición, este libro estuvo envuelto en la polémica por dos motivos principales: la violencia que Hergé mostraba con la fauna (llega a utilizar dinamita para matar a un rinoceronte) y el trato racista que, para algunos lectores, otorgaba a esta historia un sesgo xenófobo. En 2010, la entidad francesa CRAN [Conseil Représentatif des Associations Noires (Consejo Representativo de las Asociaciones Negras)] y el ciudadano congoleño residente en Bélgica, Bienvenu Mbutu Mondondo, denunciaron a los editores de las Aventuras de Tintín por la presunta apología que, en su opinión, contenía este libro, transmitiendo una imagen denigrante de los habitantes de este país centroafricano; pero los juzgados de Bruselas desestimaron su demanda al considerar, tanto en primera instancia como en apelación –el 7 de diciembre de 2012– que Tintín en el Congo no resultaba ofensiva ni racista; por el contrario, los magistrados señalaron que este libro era el testimonio de la historia común de ambos países.

Recordemos que, como narró el nobel Vargas Llosa, (…) en febrero de 1885, en la Conferencia de Berlín (…) catorce potencias (…) dieron graciosamente a [el rey] Leopoldo II [de Bélgica] (…) los dos millones y medio de kilómetros cuadrados del Congo, sus veinte millones de habitantes (…) este dominio colonial, el más grande del África, creado por un monarca que nunca pondría en él los pies [El sueño del celta. Tres Cantos (Madrid). Santillana, 2012, pp. 44-45 y 48]. Tras la brutal colonización belga, la República Democrática del Congo se independizó en 1960.

«Mugshot»: el origen de las fichas policiales

Durante el siglo XVI, los países escandinavos pusieron de moda unas jarras, a las que llamaban mug, donde tomaban las bebidas muy calientes; como aquellos tazones solían decorarse con las facciones más grotescas de un rostro humano, ese fue el origen etimológico del doble sentido que tiene la palabra inglesa mug, hoy en día, designando tanto a la taza donde se toma el desayuno como, de forma muy coloquial, el careto de las personas. Partiendo de esta base, a mediados del siglo XIX un fotógrafo escocés que emigró a los Estados Unidos, Alexander Gardner, se hizo muy popular gracias a los retratos que realizó, en 1865, del perfil de algunos de los conspiradores (David Herold, Lewis Powell o George Atzerodt) que participaron en el magnicidio del presidente Abraham Lincoln que, como ya sabemos, murió asesinado el 14 de abril de aquel año en el Teatro Ford de Wáshington (EE.UU.), por John Wilkes Booth, al grito de sic semper tyrannis. A partir de aquellas imágenes, un amigo y paisano del fotógrafo llamado Allan Pinkerton –que, años más tarde, sería dueño de una de las agencias de detectives más famosas– comenzó a utilizar aquel estilo de fotos tomadas de frente y de perfil para localizar a los criminales que campaban a sus anchas por el Salvaje Oeste, con los famosos carteles de Wanted, dead or alive (Se busca, vivo o muerto); convirtiéndose, con el tiempo, en el modelo que adoptó la policía a la hora de fichar a los delincuentes para sus archivos: unas imágenes denominadas mugshot (literalmente: foto de caretos; a las que en España llamamos: ficha de policía o ficha policial).

¿Cuándo estallaron los primeros coches-bomba?

El atentado más antiguo que se ha documentado hizo explosión el 24 de diciembre de 1800 al paso del carruaje de Napoleón y Josefina Bonaparte en la calle St. Nicaise, de París (Francia), cuando el matrimonio se dirigía a la ópera, para asistir al estreno de La Creación, de Haydn. (…) apenas habían tocado los treinta primeros compases del Oratorio cuando se oyó una fuerte detonación, como un cañonazo [JUNOT, L. Memorias sobre la vida de Napoleón. Barcelona: Crítica, 2008, p. 229]. Un grupo de realistas de origen bretón –que eran partidarios de reinstaurar la monarquía de los Borbones que finalizó tan abruptamente con la decapitación de Luis XVI, en 1793– colocó una machine infernale [un ingenio militar que ya se había utilizado en el siglo XVI, cuando el ejército español sitió la ciudad flamenca de Amberes] cerca del Palacio de las Tullerías. La bomba escondida en la carreta estalló aquella nochebuena unos segundos después de que pasara a su lado la comitiva del Primer Cónsul [no fue proclamado emperador hasta 1804], que salió ileso, pero la deflagración mató a cerca de 20 personas, incluyendo a Pensol, la niña a la que los terroristas dieron unas monedas para que sostuviera a los caballos que tiraban del carromato; además de ocasionar cuantiosos daños materiales en las viviendas de esta rue y romper los cristales de las cercanas Tullerías.

Tres décadas más tarde, el 28 de julio de 1835, el rey Luis Felipe I de Francia sufrió un atentado similar en el denominado Boulevard du crime cuando el corso Giuseppe Fieschi hizo detonar otra máquina infernal al paso de la comitiva real; el monarca y su familia lograron sobrevivir pero la explosión causó la muerte a dieciocho personas.

Tuvo que transcurrir casi un siglo hasta que, de nuevo, otro carromato tirado por un caballo sembró el terror y acabó con la vida de 38 personas e hiriendo a más de un centenar en Wall Street (Nueva York, EE.UU.) frente a la sede del Banco JP Morgan en el corazón financiero del país. El atentado ocurrió al mediodía del 16 de septiembre de 1920 y, actualmente, se cree que fue obra de un anarquista italiano llamado Mario Buda [alias, Mike Boda] que, posteriormente, huyó a su país. El caso nunca fue resuelto pero se sospechó de este galleanista [movimiento anarcocomunista encabezado por Luigi Galleani] porque era fabricante de explosivos y ya se le había relacionado con otro atentado anterior que costó la vida a 10 personas en Milwaukee, en 1917. El coche-bomba del distrito financiero de Manhattan superó en 1920 al que, hasta ese momento, había sido el peor atentado de los EE.UU.: la bomba que dos trabajadores de una acería detonaron en las oficinas del diario Los Angeles Times, provocando un incendio que causó la muerte a 21 periodistas, el 1 de octubre de 1910.