Los efectos jurídicos de la reputación «on line»

En marzo de 2012, una madre que se enfrentaba a su expareja por la guardia y custodia de su hijo pequeño, publicó en el muro de su perfil de Facebook un comentario sobre el padre donde se reía de él afirmando que es triste ver como no te creen pero mas triste es ver como apoyan a un delincuente, junto a una fotografía de aquel menor de edad; al mes siguiente, en el mismo lugar, la mujer incluyó el enlace a una noticia que trataba sobre la excarcelación de un preso con el siguiente texto: la primera característica de los pederastas suele ser el egocentrismo. El padre acabó denunciándola en los juzgados de Ciudad Real y aunque la mujer alegó su derecho a expresarse libremente, tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial en apelación (sentencia SAP CR 30/2013, de 18 de enero) consideraron que sus comentarios imputaban unos hechos gravísimos al denunciante, máxime cuando atienden a su propio hijo menor por lo que fue condenada como autora responsable de una falta de vejaciones injustas de carácter leve, tipificada y penada en el Art. 620.2 del Código Penal, a la pena de seis días de localización permanente, que cumplirá en su domicilio, y si no fuere posible en centro penitenciario en centro penitenciario, así como al abono de las costas procesales causadas.

Este ejemplo es tan solo una pequeña muestra de los dos centenares de resoluciones judiciales que se pueden consultar en el repertorio de jurisprudencia del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) donde los comentarios, insultos, amenazas y vejaciones vertidos en el muro de Facebook ya han llegado a los tribunales para solicitar la protección del derecho al honor, garantizado en el Art. 18.1 de la Constitución como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el Art. 10 CE. Es lo que, en la era de internet, se ha dado en llamar la reputación on line.

Aunque ahora los medios son las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales, en el fondo se mantiene la misma protección de la reputación personal, entendida ésta como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 216/2006, de 3 de julio, FJ 7), como resumió tan didácticamente la sentencia 91/2013, de 21 de enero, del Tribunal Supremo; pero con el agravante de que estas conductas se ven singularizadas por la impunidad que suele proporcionar el anonimato de la Red, la inmediatez y el efecto viral que amplía exponencialmente sus efectos a todo el mundo y la relativa facilidad para subir contenidos inadecuados o vejatorios en cualquier momento, en claro contraste con la dificultad para poder borrarlos o controlar sus efectos colaterales [el complejo ejercicio del derecho a ser olvidado].

A diferencia de la identidad digital [que no deja de ser la otra cara de la misma moneda], la reputación on line no depende del comportamiento subjetivo que realiza un individuo en internet sino de la percepción que los demás tienen de dicha persona y esa apreciación se va construyendo a partir de los comentarios y opiniones de los demás, incluyendo los negativos e incluso ofensivos, lo que puede afectar al prestigio y el buen nombre de quien los padece, porque atentan contra su honor y menoscaban su reputación. Jurídicamente, estas conductas se calificarán como vejaciones, injurias, calumnias, amenazas u otras figuras análogas tipificadas en el Código Penal en función de su contenido y, según el caso, el ofendido podrá ejercer las acciones legales pertinentes para defender sus derechos al honor, la intimidad, la propia imagen o incluso la protección de sus datos personales.

¿Boicotear es un delito?

En octubre de 2011, el periodista Pablo Herreros Laviña vio la entrevista a la madre de uno de los implicados en el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, en el programa “La Noria” que la cadena TeleCinco emitía en horario de máxima audiencia los sábados por la noche; aquel contenido le indignó de tal manera que decidió iniciar la campaña No más crimen pagado en TV –en referencia a que esta mujer cobró por sentarse en el plató de Jordi González– con el propósito de boicotear los productos de todas aquellas empresas que se anunciaran en ese espacio porque consideraba una monstruosidad el hecho de pagar a un criminal o a un familiar suyo por hablar en la tele del delito; él mismo lo resumió con la elocuente frase de libertad de expresión, sí; pero que no cobren ni un euro. Su original propuesta obtuvo un inusitado eco en las redes sociales y, en poco tiempo, acabó logrando que tanto los anunciantes como los patrocinadores abandonaran aquel programa que, semanas más tarde, fue retirado de la programación, sustituyéndolo por El gran debate. La empresa del grupo Mediaset España calculó que había dejado de facturar en concepto de publicidad casi 4.000.000 de euros. Un año más tarde, un juzgado de Madrid admitió a trámite la querella interpuesta por TeleCinco contra el bloguero acusándolo de amenazas y coacciones pero el 27 de noviembre de 2012, la cadena de televisión decidió retirarla.

Nunca sabremos qué habría decidido el juzgado madrileño pero, en España, el boicot no se encuentra tipificado en el Código Penal y, salvo que esa iniciativa hubiera amenazado o coaccionado a alguien –que no parecía el caso– se trataba simplemente de una conducta que podemos enmarcar dentro de la libertad de expresión, donde también se amparan las críticas y las declaraciones que puedan resultar polémicas, impopulares, satíricas e incluso ofensivas y rechazables; porque todas esas opiniones forman parte del debate público de un Estado democrático, siempre que dichas críticas no constituyan insultos deliberados y gratuitos o un discurso del odio, ni una incitación a la perturbación del orden público o a la violencia y la discriminación. ¿Ocurre lo mismo en otros países? No, y un ejemplo reciente y bien cercano lo encontramos en Francia.

El 3 de octubre de 2002, el alcalde de Seclin (Norte-Paso de Calais), Jean-Claude Fernand Willem, anunció su intención de boicotear los productos israelíes en el ámbito de su municipio y, en particular, sus zumos de fruta, como protesta por las atrocidades que –en su opinión– había cometido el Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, con su política genocida emprendida contra el pueblo palestino, masacrado en Sabra y Chatila. El boicot se anunció durante un pleno del Ayuntamiento y delante de los periodistas locales; dos días más tarde se divulgó en La Voix du Nord y, finalmente, se difundió en el portal municipal en Internet; por ese motivo, el presidente de la Asociación Cultural Israelí del Norte [de Francia] y un ciudadano particular decidieron denunciar la actitud del alcalde en virtud de los Arts. 23 y 24 de la Ley de Prensa de 29 de julio de 1881, al considerar que su propuesta era una provocación a la discriminación nacional, racial y religiosa, pero un juzgado de lo penal de la ciudad de Lille absolvió al Sr. Willem el 26 de marzo de 2003 al entender que su iniciativa no discriminaba a ninguna persona en particular por su origen nacional, étnico o religioso sino que tenía carácter comercial y se enmarcaba dentro de los márgenes de su libertad de expresión.

Teniendo en cuenta que, desde 1977, en Francia existe una "Loi Anti-boycott” (Ley 77-574, de 7 de junio) que lucha contra estas prácticas, tanto la Fiscalía como los demandantes apelaron aquella sentencia de primera instancia solicitando que se recalificaran los hechos en relación con el delito previsto en el Art. 432-7.2º CP (discriminación cometida por autoridad pública obstruyendo el ejercicio de una actividad económica) pero el Tribunal de Apelación de Douai no los recalificó aunque sí que anuló la sentencia y, finalmente, terminó condenando al alcalde por incitar a la discriminación, de acuerdo con la decimonónica Ley de Prensa, condenándole a pagar una multa de 1.000 euros. 

El asunto concluyó en la Corte de Estrasburgo que dictó sentencia el 10 de diciembre de 2009 [asunto Willem contra Francia, nº 10883/05]. Según el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el litigio enfrentaba el ejercicio de la libertad de expresión del alcalde y la protección de los productores israelíes, debiéndose valorar si esta injerencia era necesaria en una sociedad democrática y si la justificación ofrecida por las autoridades nacionales para sancionarle fue proporcional, pertinente y suficiente. En este caso, el TEDH consideró que el cargo del demandante –como autoridad local– conllevaba la existencia de un control más riguroso sobre el ejercicio de su libertad de expresión porque su anuncio de boicotear ciertos productos israelíes se realizó recurriendo a los servicios municipales sin que pudiera admitirse que trató de generar un debate sobre un tema de interés general. Por lo tanto, teniendo en cuenta el margen de apreciación nacional, la Corte dio la razón a Francia al considerar que no se había violado la libertad de expresión del alcalde y que su sanción económica no fue desproporcionada.

NB: Esta entrada es la número 600 de este blog de anécdotas y curiosidades jurídicas que edito desde noviembre de 2010. Gracias a todos los curiosos que, día a día, entráis en estas páginas con ganas de aprender.

PD: A diferencia del asunto Willem, en el «Affaire Baldassi et Autres c. France» (15271/16, de 11 de junio de 2020), la Corte revocó, por unanimidad, la condena a un grupo de activistas del «Collectif Palestine 68» que también habían pedido el boicot a productos israelíes al considerar que Francia violó su derecho a la libertad de expresión.

Los Thug: la secta del mayor asesino

Si Locusta puede ser calificada como la asesina en serie más prolífica de la Historia, en el género masculino, ese dudoso título no le corresponde a ningún miembro de los famosos hashshashin [en árabe, consumidores de hachís, de donde procede etimológicamente la palabra asesino; en referencia a aquéllos fieles guerreros que Hassan ibn Sabbah lideró desde su inexpugnable fortaleza del Alamut (actual Irán) en el siglo XI] sino al líder de los Thug de la India. Como ha señalado el historiador Mike Dash en su libro Thug: The True Story of India's Murderous Cult [Londres: Granta Books, 2005] , nunca se ha documentado en la Historia la existencia de un grupo de asesinos tan mortales como ellos. Su primera referencia documental se remonta a mediados del siglo XIV, cuando se les mencionó en el libro Ziya-ud-Din-Barani, publicado en 1356; pero su periodo de mayor apogeo transcurrió entre comienzos del siglo XVII, durante el reinado en Delhi del emperador mogol Akbar el Grande, hasta su eventual desaparición a manos del oficial británico William Sleeman en 1840.

En esos doscientos años, los thug [ladrón, en sánscrito] se convirtieron en un letal grupo de delincuentes que asaltaban a los viajeros de las carreteras indias en honor a la diosa Kali, con tanta efectividad que, en esos dos siglos, se estima que decenas de miles de hombres, mujeres y niños simplemente desaparecieron sin dejar rastro Su modus operandi consistía en sorprender a los viajeros, estrangularlos con un pañuelo y robarles todas sus pertenencias antes de enterrar los cuerpos rápidamente. Se calcula que solo el líder de la secta, Thug Behram utilizó su rumal (un turbante o bandana de tela amarilla) para estrangular a 931 personas en el medio siglo que transcurrió entre 1790 y 1840 (año en el que fue ejecutado en la horca). Una cifra tan inaudita que, de hecho, forma parte del Libro Record de los Guinness como el mayor asesino en serie de todos los tiempos. El superintendente sir William Henry Sleeman fue el responsable de lograr detenerlo gracias a su hábil estrategia de sobornar a sus propios vecinos y convertirlos en sus confidentes.

William Carpenter | Los Thug (1857)

Por último, el intelectual madrileño Constancio Bernaldo de Quirós (1873-1959) destacó de esta secta su curioso fenómeno de la división de trabajo: (...) estaban divididos en tres clases los iniciados de la secta: los "sutas", los "butotes" y los "lugas"; extraña forma de división del trabajo del equipo criminal de tres órdenes de ejecutores. Los primeros, con la misión reservada de preparar la emboscada fatal para la víctima; los intermedios, los verdaderos estranguladores, mediante el nudo corredizo de un pañuelo; los últimos, finamente, que cavaban la sepultura para la víctima y borraban después cuidadosamente sus huellas [BERNALDO DE QUIRÓS, C. Cursillo de Criminología y Derecho Penal. Ciudad Trujillo: Montalvo, 1940, pp. 165 y 166].

El antiguo origen de la OEA

América para los americanos es la conocida síntesis con la que se resume la mal llamada Doctrina Monroe [que, en realidad, no fue obra del quinto presidente de los EE.UU. sino de John Quincy Adams, su Secretario de Estado (Ministro de Asuntos Exteriores) y sucesor en la Presidencia] pero fue James Monroe quien pronunció aquel célebre discurso ante el Congreso el 2 de diciembre de 1823, mostrándose contrario a la injerencia de las antiguas metrópolis europeas en un momento crucial de la historia americana, cuando –a comienzos del siglo XIX– aún estaba reciente la declaración de independencia de las colonias francesas, portuguesas, inglesas o españolas y el Gobierno de Wáshington comenzaba a desplegar su hegemonía regional. Como Simón Bolívar fracasó en Panamá (en 1826) al intentar constituir los Estados Unidos de América del Sur –El Libertador quería establecer una federación que reuniera a las repúblicas iberoamericanas de forma análoga a los EE.UU.– la integración de todas las naciones de las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en una única organización de carácter panamericano, surgió durante la I Conferencia Internacional Americana que se celebró en el Distrito de Columbia, de octubre de 1889 a abril de 1890, donde se estableció la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, el primer sistema institucional de carácter internacional.

De aquella Unión del siglo XIX surgió la Organización de los Estados Americanos, en 1948; por ese motivo, la OEA suele considerarse como el organismo regional más antiguo del mundo. Entonces, 21 Estados [Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela] suscribieron la Carta de la OEA, en Bogotá (Colombia), que entró en vigor en 1951; posteriormente, este tratado internacional ha sido enmendado en cuatro ocasiones por los protocolos de Buenos Aires (1967), Cartagena de Indias (1985), Washington (1992) y Managua (1993). Actualmente, además de aquellos 21 Estados fundadores, otros 14 países de las Américas han ratificado la Carta: Barbados y Trinidad y Tobago (en 1967), Jamaica (1969), Granada (1975), Surinam (1977), Dominica y Santa Lucía (1979), Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas (1981), Bahamas (1982), San Cristóbal y Nieves (1984), Canadá (1990) y Belice y Guyana (1991).

Su objetivo es, de acuerdo con el Art. 1 de la Carta de la OEA, lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. El Art. 53 establece que la OEA realiza sus fines por medio de seis órganos: la Asamblea General; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los Consejos; el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados.

Aunque las comparaciones resulten odiosas, si tuviéramos que establecer un cierto paralelismo entre la Organización de los Estados Americanos y alguna de las instituciones paneuropeas, la OEA podría ser análoga al Consejo de Europa, no a la Unión Europea (que disfruta del estatus de observador permanente en esta Organización panamericana).

La ejecución de El Hombre de Tollund

En 1798, el pequeño principado europeo de Liechtenstein se convirtió en el primer país del mundo que decidió abolir la pena de muerte. En ese largo camino, actualmente –según los informes de Amnistía Internacional, con datos referidos a octubre de 2012– 58 naciones del mundo todavía mantienen una política retencionista y continúan ejecutando a los presos condenados a muerte (en especial, en Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Estados Unidos, Iraq, Irán, Somalia y Yemen), frente a una mayoría de 140 Estados que, afortunadamente, de hecho o por Derecho, la han abolido en la práctica o de forma expresa en sus ordenamientos jurídicos. En este punto, conviene recordar que, aunque el Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [ONU, 1948] proclamó que Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, esta primera declaración mundial sobre la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos –como se define en el portal de esta organización internacional– no prohibió la pena capital. Basta con tener en cuenta en qué grupo se enmarcan los EE.UU. [retencionista] y dónde tienen su sede central las Naciones Unidas [Nueva York, EE.UU.].

Para los arqueólogos, los restos de mayor antigüedad que se conservan de una ejecución se remontan a la Edad del Hierro en la actual Dinamarca. El cuerpo del llamado Hombre de Tollund fue descubierto en 1950 por los hermanos Emil y Viggo Højgård –que procedían del pueblo de Tollund, de ahí el sobrenombre de su hallazgo– cuando buscaban turba en el pantano de Bjældskovdal. Gracias a las condiciones naturales de la turbera, el cadáver se encontraba en tan perfecto estado de conservación que, en un principio, las autoridades pensaron que se trataba de una persona que había desaparecido recientemente por lo que enviaron los restos cadavéricos a Copenhague para que los estudiara el profesor P. V. Glob, de la Universidad de Aarhus.

El cuerpo mostraba con toda nitidez las facciones de su rostro, con la cara apoyada sobre la mejilla izquierda, se podían distinguir perfectamente los párpados, la barba y las arrugas de un hombre de unos 40 años, de 1,60 m., que tenía la cabeza cubierta con un gorro, las piernas flexionadas contra el abdomen…. y los restos de la cuerda con la que había sido ahorcado, aferrándose todavía a su cuello. Los forenses realizaron las pruebas del Carbono 14 y su muerte se dató en torno al año 350 antes de Cristo pero, por la cuidada disposición de los restos, se cree que no fue víctima de un ajusticiamiento sino de algún tipo de ritual de sacrificio. Hoy en día, el Tollundmanden se conserva en el Museo de Silkeborg (Dinamarca).

Las «labores propias del sexo femenino» en las Escuelas de primeras letras

El 16 de febrero de 1825, durante el reinado de Fernando VII se aprobó el Plan y Reglamento General de las Escuelas de primeras letras con el objetivo de que todos los niños recibieran la doctrina indispensable para que sean buenos cristianos y vasallos aplicados y útiles en las diversas ocupaciones y ministerios de la vida civil y religiosa. Gracias a este plan, en todos los pueblos que lleguen á cincuenta vecinos, se procurará establecer Escuelas de primeras letras, donde los niños aprendían a leer con cartillas fijas ó móviles, los catecismos, el Silabario de la Academia de primera educación; el Catón del Colegio académico de Profesores de primeras letras de Madrid o el método práctico de enseñar á leer por Naharro; reiterando (Art. 19) –estando ya mandado repetidas veces– que los niños no se ocupen en leer novelas, romances, comedias ú otros libros, que sobre serles perniciosos, no pueden dar instrucción. Posteriormente, esta disposición establecía las lecturas que sí que se consideraban libros de buena doctrina –como las Fábulas de Samaniego– y aquellos títulos adecuados para impartir historia, caligrafía, gramática, aritmética y la enseñanza de los demás ramos.

En aquel tiempo, todos los días serán de escuela (Art. 59) y las clases duraban tres horas por la mañana y tres por la tarde (Art. 60). Los maestros podían valerse de los premios y castigos, con suma discreción y juicio, para estimular la emulación, contener á los niños y corregirlos (Art. 80). Exigiéndose mucha cordura y prudencia, de forma que nunca castigarán con saña, ni usando de palabras soeces ó humilladoras: vean los niños la razón y justicia de quien los corrige (Art. 87).

Si leemos esta extensa disposición desde el punto de vista del siglo XXI, no hay duda de que las continuas referencias a “los niños” que se citan en el Plan, hoy en día, las habríamos entendido referidas tanto al género masculino como al femenino… pero no, desafortunadamente entonces no era así. Hasta el Art. 196, todo el articulado se aplicaba exclusivamente a los varones y es, a partir del Título XVIII, cuando el Reglamento pasaba a ocuparse de las denominadas Escuelas de niñas para que no carezcan de la buena educación en los rudimentos de la Fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las labores propias de su sexo (Art. 197).

¿Y cuáles eran esas labores? Á saber, se especificaban en el Art. 198: hacer calceta, cortar y coser las ropas comunes de uso, bordar y hacer encajes, ú otras que suelen enseñarse á las niñas. Asimismo, se regulaba que la enseñanza muy precisa de escribir y contar se les daba ó por la misma Maestra ó con el auxilio de algun Maestro ó Pasante que haya cumplido cuarenta años. A partir de ahí, otra enseñanza más extensa y esmerada quedaba reservada á la educación doméstica y arbitrio de los padres y tutores de las niñas, quienes les proporcionarán la que su interés y obligación de educarlas cristianamente les inspiren, y la que crean pueden darles sin riesgo de que se vicien (Art. 199).

El vacío legal por suplantar una identidad digital

En julio de 2012, el INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Información, adscrito al Ministerio de Industria español) definió la identidad digital como el conjunto de la información sobre un individuo o una organización expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha persona en el plano digital. En este ámbito, un mes antes, el 21 y 22 de junio de 2012, la Digital Agenda Assembly de la Comisión Europea también analizó los problemas que conlleva esta identidad 2.0 [en inglés, digital identity] a la hora de acceder a cuentas de correo electrónico, la banca on line, el e-comercio, las redes sociales o la administración electrónica y llegó a la conclusión de que, hoy por hoy, no existe ninguna política ni marco normativo común de ámbito internacional sobre esta cuestión, más allá de lo relativo a meros aspectos técnicos (sobre autentificación, gestión de datos personales o privacidad). Esto supone una falta de armonización en el Derecho Internacional de modo que, en la práctica, cada país se está planteando sus propias soluciones a la hora de abordar los riesgos que conlleva el uso diario de una identidad digital: desde ser víctima de una suplantación en internet hasta sufrir alguna estafa en el uso de tarjetas o cuentas bancarias, con el consiguiente perjuicio no solo económico y moral sino también a la hora de que se le atribuyan responsabilidades penales por la comisión de un delito que, en realidad, ha cometido una persona en nombre de otra.

En el marco de la Unión Europea, Bruselas ha aprobado diversas directivas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [95/46/CE, de 24 de octubre], la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas [2002/58/CE, de 12 de julio] o las operaciones de pago con dinero electrónico [2007/64/CE, de 13 de noviembre] pero aún no existe ninguna disposición comunitaria que armonice la regulación en materia de suplantación de la identidad digital ni que establezca unos requisitos mínimos a las empresas proveedoras de estos servicios.

En España, este vacío legal se traduce en que la suplantación de la identidad digital es un delito que aún no se ha tipificado en el Código Penal, de forma que cuando se produce esta conducta delictiva, la Justicia debe tratar de encajarla en otras figuras ya existentes como la usurpación del estado civil (Art. 401 CP), la falsedad en documento privado (Art. 390.1.1 CP) o incluso la revelación de datos personales (Art. 197.1. CP) o las coacciones (Art. 172.2 CP).

Mientras tanto, en otros países de nuestro entorno, la política criminal sí que ha decidido singularizar este comportamiento delictivo y tipificarlo expresamente; en este caso, se puede optar por la técnica de incluir un nuevo delito dentro del Código Penal (como sucedió en Francia, por ejemplo, al introducir el nuevo Art. 226-4-1 CP en 2011 que castiga esa usurpación con un año de reclusión y una multa de 15.000 euros) o regularlo en el marco de una ley especial (como ocurrió en Gran Bretaña cuando aprobó la Malicious Communications Act, en 1988). Al otro lado del Atlántico, el Senado de Argentina se encuentra tramitando la incorporación de un nuevo Art. 139 ter [robo de identidad digital] a su Código Penal con la siguiente redacción: Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que adoptare, creare, apropiare o utilizare, a través de Internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca. La pena será de 2 a 6 años de prisión cuando el autor asumiera la identidad de un menor de edad o tuviese contacto con una persona menor de dieciséis años, aunque mediare su consentimiento o sea funcionario público en ejercicio de sus funciones. Y, de igual forma, Perú también tiene previsto tipificar el robo de identidad virtual en el Art. 207-C de su Código Penal.