Los tribunales de cuentas autonómicos (y II)

Si la Cámara de Comptos de Navarra es el tribunal de cuentas más antiguo de España, como vimos en el anterior in albis, otros órganos de control externo de las Comunidades Autónomas también pueden presumir de tener notables precedentes; por ejemplo, la Sindicatura de Comptes de Cataluña se creó al amparo del Estatuto de Autonomía de 1979 pero los antecedentes históricos de las funciones que hoy en día se le encomiendan al síndico catalán se remontan a los maestres racionalis que se instituyeron a finales del siglo XIII; en concreto, durante el reinado de Jaime II y bajo los auspicios de la burguesía catalana, en 1293, se nombró oficial regio único para toda la Corona de Aragón al comerciante Arnau ça Bastida, con sede y archivo en Barcelona, como órgano de control de la gestión de la Hacienda Real y las Cortes. Los maestres fueron reestablecidos por la Corte de Barcelona en 1413 de forma que, este año, precisamente, se cumple el VI Centenario del nacimiento de aquellos oidores de cuentas que precedieron a la actual Sindicatura de Cuentas catalana.

En el marco histórico de la antigua Corona de Aragón, la actual Cámara de Cuentas aragonesa también se retrotrae a la figura de aquel magister racionalis, cuyo sello tenía forma de almendra. El rey Pedro III introdujo esta institución en 1283, procedente de Sicilia –isla que entonces formaba parte del reino aragonés– y Jaime II la afianzó en 1293. Aunque puede que en su origen se tratara de una institución única para toda la Corona, es probable que en el siglo XV se creara una similar en cada uno de sus reinos (Cerdeña, Mallorca, Valencia y Aragón). A aquella institución medieval le correspondía la administración del patrimonio real como interventor general de ingresos y gastos, para tratar de impulsar la racionalización de la estructura político-administrativa de la Corona; asimismo, se le asignaron funciones de previsión, dirección y control último de la administración de las finanzas reales.

Lógicamente, el cargo aragonés también fue el precedente histórico de la actual Sindicatura de Comptes valenciana. A petición de las Cortes de Valencia de 1419, Alfonso V creó el cargo de Maestre Racional como institución propia de este Reino. Analizaba los ingresos y los gastos, anotando en los márgenes de los libros la documentación presentada para la justificación de la contabilidad, así como cuantas observaciones considerase oportunas para el examen de las cuentas. Este cargo subsistió a lo largo de la Edad Moderna hasta que la organización política y hacendística cambió a consecuencia de los Decretos de Nueva Planta, en 1707, tras la Guerra de Sucesión.

Por último, el vigente Consejo de Cuentas de Castilla y León tuvo sus precedentes históricos en los mecanismos de control sobre las cuentas públicas que se establecieron en los antiguos reinos de Castilla y León, durante los siglos XIV y XV; en concreto, las Cortes de Palencia de 1313 –ciudad donde actualmente tiene su sede esta institución castellana y leonesa– ya se refirieron al oficio especial de Tomador de Cuentas. En la Edad Media, la necesidad de poner orden en las cuentas reales dio lugar a la aparición de una serie de instituciones cuya tarea estaba más dedicada a la ordenación y control de ingresos que al control del gasto. En las Cortes vallisoletanas de 1351, que reunió Pedro I, se aludió a unos oficios reales a los que se dio el nombre de Contadores, que pasaron a ser los Contadores Mayores, en tiempos de Juan I. Posteriormente, el polémico condestable Álvaro de Luna fue quien asesoró al rey Juan II –padre de Isabel I la Católica– para que estableciese la Casa de Cuentas de Valladolid, en 1436 (antecedente del actual Tribunal de Cuentas), con el doble objetivo de solventar las dificultades que suponía recaudar los tributos del reino y de intentar poner orden en su contabilidad real (más centrada, por aquel tiempo, en verificar todos los ingresos que en un verdadero control de los gastos). Un año más tarde, el 2 de julio de 1437, también logró que el rey otorgara las primeras ordenanzas destinadas al gobierno del Tribunal y Contaduría Mayor de Cuentas; finalmente, en 1442, otra nueva disposición estableció la ordenación y control del gasto.