El propósito del chantaje

Entre 1993 y 1997, un vecino de una pequeña localidad de Navarra, que por aquel entonces tenía 60 años, estuvo contratando de forma periódica los servicios de la misma prostituta, hasta que en abril de 1997, ella le dijo que estaba embarazada y que necesitaba dinero para abortar en Inglaterra, señalándole que, si no se lo entregaba, se lo contaría a su familia; tal y como consta en los hechos probados en la sentencia 430/2001, de 21 de enero, del Tribunal Supremo. Para que la mujer no cumpliera con su amenaza, el hombre cedió al chantaje y le hizo llegar 350.000 pesetas pero, dos meses más tarde, se volvió a repetir la petición de la mujer –esta vez, aduciendo que debía someterse a una intervención quirúrgica– y obtuvo otras 500.000 pesetas más. Desde aquel momento y hasta febrero de 1998, la prostituta llegó a presentarse en el portal de su vivienda para informarle de que no había abortado y que, por lo tanto, él tenía que hacerse cargo de su hijo, logrando nueve remesas que oscilaron entre las 180.000 y las 800.000 pesetas. El círculo del chantaje solo se rompió cuando el empleado de la sucursal bancaria, extrañado por la continua retirada de fondos, logró que el hombre le confesara su secreto y le aconsejó que denunciara los hechos en la comisaría de Pamplona, de modo que, en la última entrega de dinero, los agentes de policía lograron detener a la mujer que fue condenada como autora criminalmente responsable de un delito de amenazas (…) a la pena de 2 años y 6 meses de prisión (…) y a pagar al sexagenario una indemnización de 3.965.000 pesetas.

Este caso real es un buen ejemplo en el que se cumplen todos los requisitos del delito de amenazas que se recoge en el Art. 171.2 del Código Penal: Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere; porque en el chantaje de la prostituta concurrieron, como reconoció el Supremo: a) Las cantidades dinerarias que entregó la víctima a la acusada fueron exigidas por ésta bajo la constante amenaza de revelar o difundir a los demás (principalmente a su familia), no ya sólo unas relaciones sexuales continuas con una prostituta, sino también la existencia de un hijo como fruto de esas relaciones, hechos que indiscutiblemente afectaban a su vida privada y a sus relaciones familiares. b) Tales hechos de relación espuria no eran conocidas públicamente, de tal manera que de haberse revelado hubieran afectado gravemente a la fama, crédito e interés de la víctima. c) Por último, y según se ha visto, la acusada y condenada por este delito de amenazas consiguió prácticamente la total entrega de todas las sumas de dinero exigidas.

Recordemos que el Art. 171 CP no tipifica el chantaje con esta denominación coloquial sino como amenaza de un mal que no constituye delito. Para la mayor parte de la doctrina científica, como han señalado los profesores Gómez Pomar y Ortiz de Urbina (Chantaje e intimidación: un análisis jurídico-económico. Cizur Menor: Thomson Civitas, 2005, p. 197): el propósito de criminalizar el chantaje es eliminar los incentivos (…) para obtener información que, en caso de ser aceptada la oferta del chantajista, sería silenciada y no revelada; es decir, se trata de “sujetarlo” mediante sanciones penales para desalentarle y que no desentierre trapos sucios para volver a enterrarlos de inmediato (expresión de origen anglosajón utilizada gráficamente, a mediados del siglo XIX, por los jueces Douglas Ginsburg y Paul Shechtman: digging up dirt only to bury it again).

La tasa de rescate del 112

En Castilla y León, el Art. 47 de la Ley autonómica 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, introdujo un nuevo capítulo XXXIX en la Ley 2/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, creando la tasa en materia de protección ciudadana a la que, comúnmente se denomina: tasa de rescate. Excepto en casos de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o de calamidad pública, el hecho imponible de esta nueva tasa lo constituyen los servicios prestados por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de protección ciudadana, a instancia del interesado o bien de oficio por razones de seguridad pública, en el ámbito de las competencias de la Comunidad, en los siguientes supuestos, aunque el riesgo o peligro sean simulados: a) Búsqueda y rescate de personas, en los siguientes casos: si el afectado no atendió a los boletines o partes de avisos de alerta o de predicción de meteorología adversa emitidos por los servicios meteorológicos; si la búsqueda o rescate tiene lugar en zonas señaladas como peligrosas o en aquellas de acceso prohibido o restringido, sin autorización de la autoridad competente; o si las personas rescatadas no llevaran el equipamiento adecuado a la actividad; y b) Asistencia en accidentes de tráfico, ferrocarril u otros medios de transporte, incluidos aquellos en los que estén presentes mercancías peligrosas.

El contribuyente al que se tenga que ir a rescatar devengará la tasa en el momento en que se inicien las actuaciones o intervenciones constitutivas del hecho imponible. A todos los efectos, el inicio de la actuación o intervención coincidirá con la salida de la dotación correspondiente desde la base donde esté situada. ¿Cuánto debe pagarse? La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas: 1. Servicios prestados por rescatador de búsqueda y rescate, incluida la parte proporcional de equipamientos: 32,30 euros/hora; 2. Servicios prestados por operador de logística, incluida la parte proporcional de equipamientos: 25,47 euros/hora; 3. Servicios prestados por técnico de mando o coordinación, incluida la parte proporcional de equipamientos: 37,83 euros/hora; y 4. Servicios prestados por helicóptero de protección ciudadana: 1.947 euros/hora. Todo ello teniendo en cuenta que la primera hora, que comprenderá los derechos de salida, se devengará completa. A partir de esa primera hora, se liquidará por minutos.

Desde 2011, el País Vasco ya contaba con una tasa similar que, según el Gobierno de Vitoria, no es recaudatoria sino preventiva para aquellas personas que practican deportes que entrañan riesgo y son susceptibles de ser rescatadas y disuasoria respecto a actuaciones imprudentes o maliciosas. No se trata de “cobrar” a quien es rescatado durante una alerta meteorológica naranja o roja, sino conseguir que frente a esa alerta, la persona no practique esa actividad. De igual modo, resulta especialmente destacable que las actitudes negligentes de algunas personas ponen en peligro las vidas de aquellos que deben ir a rescatarles. El hecho de que existan profesionales del rescate no nos debe llevar a la creencia de que “puedo hacer lo que quiera, que ya me sacarán gratis”. 

Camino del cadalso: ¿cómo se ejecutaba con garrote vil?

En los Arts. 37 a 46 del primer Código Penal de la historia de España –el que decretaron las Cortes el 8 de junio de 1822– se detallaba el minucioso modo de ejecutar la pena capital: tras notificar la sentencia al condenado a muerte –cuarenta y ocho horas antes de proceder a su ejecución– se ponían carteles para anunciar al público el día, hora y sitio en que tendría lugar, con el nombre, domicilio y delito del reo que, en todo caso, sufriría el garrote, sin tortura alguna ni otra mortificación previa de la persona. La ejecución siempre era pública y tenía lugar entre las 11h00 y 12h00 de la mañana, pero nunca en domingo ni en día feriado, fiesta nacional o día de regocijo de todo el pueblo. La pena se ejecutaba sobre un cadalso de madera o de mampostería, pintado de negro, sin adorno ni colgadura alguna en ningún caso y colocado fuera de la población; pero en sitio inmediato a ella para que pudieran presenciarla muchos espectadores.

En general, los reos eran conducidos al suplicio desde la cárcel vestidos con una túnica y un gorro negros, las manos atadas y montados sobre una mula, llevada del diestro por el ejecutor de la justicia (el verdugo), siempre que no se les hubiera impuesto también la pena de infamia junto a la de muerte porque, en ese caso, tendrían que llevar la cabeza descubierta. No era esta la única excepción: los condenados a muerte por traidores iban con las manos atadas a la espalda, con la cabeza descubierta y sin cabello y con una soga de esparto puesta en el cuello; los asesinos eran conducidos al garrote vestidos con una túnica blanca –en lugar de negra– y con soga de esparto al cuello; los parricidas llevaban la misma túnica que el asesino, descubierta y sin cabello la cabeza, atadas las manos á la espalda y con una cadena de hierro al cuello (en lugar de esparto) llevando un extremo de esta el ejecutor de la justicia, que deberá preceder cabalgado en una mula; finalmente, los reos que fueran sacerdotes y no hubieren sido previamente degradados, llevaban siempre cubierta la corona con un gorro negro.

En todos los casos, los reos debían portar sobre el pecho y la espalda un cartel escrito con letras grandes que proclamara su delito (traidor, asesino, parricida, etc.) dirigiéndose al cadalso en compañía de dos sacerdotes, un escribano y los alguaciles (ambos enlutados) y la escolta correspondiente. Durante el camino, debía reinar el mayor orden –so pena de ser multado, encarcelado e incluso acusado de sedición si se trataba de impedir la ejecución de la justicia– para que el pregonero pudiera vocear al público, cada doscientos o trescientos pasos y en alta voz, el nombre del delincuente, su delito y la pena que se le hubiera impuesto. La misma información que se comunicaba en el pregón debía escribirse en el sitio en que haya de sufrir la muerte y en la parte más visible.

Al llegar al cadalso, no se le permitía al reo hacer arenga ni decir cosa alguna al público ni a persona determinada, sino orar con los ministros de la religión que le acompañen. Cuando el verdugo giraba la manivela del cepo, quebrándole la cuarta vértebra cervical con un giro rápido que presionaba el corbatín sobre su cuello, el cadáver del ejecutado debía permanecer expuesto al público en el mismo sitio hasta la puesta de sol. A continuación, se entregaba el cuerpo a sus parientes o amigos, si lo pedían, y si no, o bien se le sepultaba por disposición de las autoridades o bien se entregaba para alguna operación anatómica que convenga. Sólo se exceptuaba de esa regla a los condenados por traición o parricidio, á los cuales se dará sepultura eclesiástica en el campo y en sitio retirado, fuera de los cementerios públicos, sin permitirse poner señal alguna que denote el sitio de su sepultura.

Palabras sueltas (XV): «griefing, flaming, outing & sexting»

Se trata de cuatro variables de ciberbullying muy concretas. La primera de ellas, el griefing es una conducta malintencionada, que procede del verbo grief (apenar, entristecer, hacer fracasar o, el más coloquial, dar la vara) y consiste en utilizar un lenguaje grosero y amenazador en Facebook, donde se ridiculiza intencionadamente a otras personas, o tener un comportamiento destructivo en los juegos on line con multijugadores (a los que se conoce como griefers); en este caso, el problema suele solucionarse expulsando al jugador, “baneándolo” del servidor (de ban, prohibir algo) por abusar de las reglas del juego. Por su parte, el flaming deriva del verbo flame (acalorarse o encenderse, al que se le ha dado una nueva acepción en internet: insultar on line) se basa en mantener una acalorada discusión en la red –por ejemplo en un foro– enviando mensajes de texto, hostiles o insultantes, que al carecer de la entonación del lenguaje verbal y sin mantener un contacto físico, pueden dar lugar a malas interpretaciones y a actitudes violentas. En castellano también comienza a familiarizarse el uso de flamear. En ocasiones, esta técnica se utiliza de forma voluntaria para provocar la reacción del resto de internautas y “animar” las discusiones.

Más allá de su significado común en inglés (excursión o paseo), desde los años 90, el outing conlleva “sacar del armario” a una persona revelando públicamente su orientación sexual, sin su consentimiento, violando su vida íntima, generalmente, con un fin difamatorio. En función de las circunstancias, suele calificarse como una intromisión ilegítima en los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. Por último, el sexting –contracción de sex y texting (traducible como: pasaje sexual)– difiere de la anterior conducta, donde la iniciativa para descubrir el comportamiento sexual de una persona parte de terceros ajenos al sujeto, en que aquí es uno mismo el que se graba en una actitud sexual, erótica o pornográfica, en un ámbito doméstico (dormitorio, baño, cocina, etc.) y de forma más o menos explícita, pero el contenido llega a terceros que lo pueden utilizar o bien para limitarse a difundirlo por internet o bien para chantajear al protagonista del vídeo (en castellano, esta conducta comienza a ser conocida como sextorsión). Su origen es muy reciente: se citó por primera vez en el artículo The one and only, de Yvonne Roberts, publicado en el dominical Sunday Telegragh Magazine el 31 de julio de 2005.

¿Qué es el ciberbullying?

La respuesta que daría la mayor parte de la gente sería que esta conducta se relaciona con el acoso a menores a través de internet y eso no es del todo cierto. Ese hostigamiento es tan solo un tipo de ciberbullying al que suele denominarse child grooming; pero los comportamientos de acoso que podemos sufrir con las nuevas tecnologías son mucho más amplios y nos afectan a cualquiera, de modo que una sencilla solución a esa pregunta inicial la podemos encontrar en una organización gubernamental de los EE.UU.: el ciberbullying es el bullying que utiliza medios tecnológicos. Por su parte, la Encyclopaedia Britannica nos ofrece una interesante definición de esta conducta basada en la opinión de Bill Belsey, un profesor canadiense que se ha convertido en uno de los mayores expertos de este campo: El ciberbullying implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para dar cobertura a un comportamiento deliberado, repetido y hostil por parte de un individuo o de un grupo con intención de dañar a otros.

En castellano, la principal alternativa a este nuevo préstamo lingüístico del inglés emplea el criterio del calco y ha dado lugar a ciberacoso, aunque también se han formulado otras propuestas, con menos éxito, como bullying electrónico o digital y acoso cibernético, sin olvidar los voces de cibermatonaje o matoneo virtual que se emplean en Iberoamérica.

La primera vez que se acuñó el concepto del ciberbullying –aunque entonces se empleó la expresión agresión on line– fue en el informe Online Victimization: A Report on the Nation’s Youth que elaboraron David Finkelhor, Kimberly Mitchell y Janis Wolak, en junio de 2000, donde se advirtió de los riesgos que internet suponía para la población juvenil y, en particular, para los adolescentes, por la facilidad para acceder a contenidos sexuales no deseados y a propuestas o solicitudes inadecuadas, así como sufrir el comportamiento ofensivo o amenazante de terceros.

El ciberacoso –como ocurría con el bullying– también consiste en mantener una conducta intimidatoria, pero las nuevas tecnologías otorgan a este comportamiento delictivo tres preocupantes características que lo singularizan:

1) Mientras que en el bullying, la víctima puede identificar a su agresor; los medios on line proporcionan a éste un anonimato que incrementa su impunidad al esconderse tras una contraseña (nick) que le permite desinhibirse y, por lo tanto, dar rienda suelta a su agresividad;

2) El ciberbullying puede practicarse 24/7 (es decir, 24 horas al día durante los 7 días de la semana) con un grado de inmediatez y un efecto viral que amplía exponencialmente la audiencia de forma que las víctimas pueden encontrase en cualquier país del mundo; y

3) La relativa facilidad con la que se pueden subir vídeos a páginas como YouTube o MySpace, dejar un comentario en un muro de Facebook o reenviar un mensaje de WhatsApp -porque, hoy en día, se trata de aplicaciones que se encuentran al alcance de cualquier persona- contrasta con la dificultad para borrar ciertos contenidos inadecuados o controlar los efectos colaterales de lo que ya se ha divulgado on line, algo extremadamente difícil que puede convertirse en una buena muestra de la complejidad que conlleva ejercer el derecho a ser olvidado en internet.

¿Qué es el bullying?

Como sucede con otros comportamientos delictivos que han proliferado en las últimas décadas, a falta de una tipificación singularizada y específica en el ordenamiento jurídico español, estas conductas se analizan mejor de acuerdo con el criterio de la jurisprudencia porque, en última instancia, son los juzgados y tribunales los que han de resolver estas causas, pronunciándose sobre la ilicitud de estas prácticas y calificándolas de acuerdo con alguno de los, aproximadamente, 400 delitos que sí que se contemplan en el Código Penal. En este sentido, resulta muy clarificadora la sentencia 17429/2010, de 15 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Madrid porque, hasta el momento, es una de las resoluciones más didácticas que se han pronunciado sobre este asunto al situar el origen de los primeros estudios científicos que analizaron esta conducta y definir y establecer cuáles deben se sus requisitos.

"Es un fenómeno que ha sido objeto de observación en fechas relativamente recientes (finales de los años 70 y principios de los 80) fundamentalmente en países del norte de Europa, y puede ser definido como una conducta de persecución física y/o psicológica intencionada y reiterada o repetida por algún tiempo". Para apreciarlo, la Audiencia madrileña considera que (…) “no es suficiente un incidente aislado, sino varios actuaciones mantenidas en el tiempo, esto es, una persistencia en la agresión, todo ello presidido por la voluntad de causar un mal (daño o miedo) a la víctima y situarla en un plano de inferioridad respecto del agresor o de un grupo".

En todo el mundo, el bullying se asocia, irremediablemente, con el acoso escolar que sufren los menores de edad en el colegio –y es cierto que es uno de los ámbitos más proclives a padecerlo– pero, en sentido estricto, la educación es tan sólo uno de los muchos círculos en los que una persona puede ser víctima de este hostigamiento (pensemos, por ejemplo, en la intimidación que pueden recibir los presos o los soldados por parte de otros reclusos o militares en las cárceles o el ejército, respectivamente; o la situación que se vive en muchos hogares donde la familia es continuamente hostigada por pequeños tiranos, esos hijos que sufren el denominado síndrome del emperador).

Partiendo de esa base, podemos establecer cuáles podrían ser las principales señas de identidad del bullying, desde un punto de vista genérico (y no solo escolar):

1) El comportamiento del individuo o grupo de acosadores consiste en hostigar a la víctima de forma física, verbal y/o psicológica, de modo intencionado y con el fin de ocasionarle un daño (físico y/o emocional) recurriendo a técnicas de intimidación, manipulación, agresión, coerción, crítica, etc. hasta lograr su aislamiento;

2) Esta conducta ha de reiterarse periódicamente y perdurar durante un tiempo, de modo que no constituya un hecho aislado;

3) Puede darse en cualquier faceta vital del acosado (generalmente, en la escuela; pero también en la familia, el trabajo, las amistades, los vecinos, las prisiones, etc.); y

4) El acosador (o acosadores) suelen actuar movidos por la envidia, el resentimiento o problemas de autoestima con el objetivo de obtener una posición de control y autoridad sobre la víctima hasta que se establezcan los roles de dominador-dominado.

El «timo 419»: las cartas nigerianas y el prisionero español

En 2006, el artista canadiense Jeffrey Swartz organizó una exposición en Vic (Barcelona) sobre uno de los fraudes más habituales que se cometen por internet: el timo 419; calculando que, por este medio, se estafan al año unos 3.000.000.000 de dólares a personas que, sencillamente, han sido engatusadas por medio de un correo electrónico, enviado desde la ciudad de Lagos (Nigeria), en el que alguien que se presenta como delegado de una entidad bancaria local le comunica que ha sido autorizado a repartir una gran cantidad de dinero –suele hablarse de millones de dólares americanos que proceden de las cuentas corrientes de contratistas extranjeros– entre los que se pongan en contacto con él, rápidamente, indicando sus datos personales, dirección, teléfono, estado civil y profesión, junto con una copia escaneada de algún documento oficial que lo identifique. De esta manera, la víctima accede a facilitar sus datos a cambio de la promesa de recibir una parte de aquella ingente cantidad de dinero. En ese primer email, el representante del banco ya advierte, en letra pequeña –al pie del correo y con una pésima redacción ortográfica que debería hacer sospechar a la víctima– que tenga en cuenta, que usted tendrá que pagar una pequeña cantidad de dinero para el procesamiento de los cargos administrativos y courier. Como es obvio, el siguiente paso será recibir un nuevo correo donde le pedirán que ingrese alguna cantidad como provisión de fondos para hacer frente a un imprevisto, pagar tasas o sobornar a un funcionario oficial… y, a cambio, nunca recibirá el dinero prometido.

Este fraude es la versión on line del clásico timo que en el mundo anglosajón se conoce como Spanish prisoner (prisionero español). Desde el siglo XVI, los pícaros ya se hacían pasar por representantes de un supuesto aristócrata inglés, encerrado en las cárceles españolas, que trataban de reunir la fianza para liberarlo; a cambio, ofrecían la promesa de que el noble sabría recompensar su inestimable ayuda cuando saliera de prisión. El timo se fue adaptando y también se recurrió a reos presos en las terribles mazmorras de los berberiscos o en las prisiones de Perú para estafar a infelices compatriotas. De esta forma, el timador lograba hacerse con un buen botín a costa de las cantidades que le iban adelantando los incautos que perdían no solo su patrimonio sino su dignidad.

Hoy en día, el timo 419 ha alcanzado tal grado de trascendencia internacional que incluso el FBI estadounidense lo define en su portal, en castellano, del siguiente modo: el éxito de la estafa depende de convencer a una víctima dispuesta que envíe dinero al autor de la carta en Nigeria, en forma de pagos parciales cada vez mayores, y con motivos diversos (…) con la promesa de que todos estos gastos serán reembolsados una vez que los fondos sean extraídos con éxito de Nigeria. Una vez que las víctimas dejan de enviar dinero, algunos de los criminales han llegado a utilizar la información personal y los cheques que reciben para suplantar la identidad de la víctima, vaciando las cuentas bancarias y utilizando tarjetas de crédito hasta el límite. Algunas víctimas son persuadidas a viajar a Nigeria, en donde han sido encarceladas en contra de su voluntad, además de perder grandes cantidades de dinero. El gobierno de Nigeria no se muestra comprensivo con las víctimas de estas estafas, ya que dichas víctimas han conspirado para extraer fondos de Nigeria de forma ilegal que van en contra de las leyes nigerianas. Las estafas violan la sección 419 del [capítulo 38 del] Código Penal de Nigeria, por lo que también se denominan como “fraude 419”.