Los principios básicos de actuación de la Policía

A partir del texto de la Declaración sobre la Policía (Resolución 690) que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 8 de mayo de 1979, el Consejo de Ministros español acordó publicar la Orden de 30 de septiembre de 1981 con los veintiocho principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [Guardia Civil y Policía Nacional] que, como nos recuerda el Art. 104 de la Constitución de 1978, tienen encomendada la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; por ese motivo, los tres primeros principios redundan en esa idea al afirmar que: 1) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán obligados a respetar la Constitución y a cumplir ejemplarmente los deberes generales de todo ciudadano; 2) Tienen como misión fundamental proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar el orden y la seguridad ciudadana, de acuerdo con el mandato constitucional y demás normas legales y reglamentarias; y 3) No estarán obligados al cumplimiento de órdenes reglamentariamente dictadas que entrañen al ejecución de actos que aquellos sepan o deban saber manifiestamente sean contrarios a las leyes o constituyan delito, en particular contra la Constitución.

A continuación, la Orden establece que evitarán la comisión de hechos delictivos y que, de haberse cometido, les corresponde investigarlos, descubrir y detener a los culpables y recoger y asegurar los efectos, instrumentos y pruebas del delito, actuando, en tal misión con sujeción a los órganos judiciales, con absoluta imparcialidad, integridad y dignidad; estando sujetos, en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. Asimismo, velarán por el cumplimiento de las leyes y reglamentos, teniendo el deber de oponerse a cualquier acto que entrañe su violación, actuando para impedirlo, cualquiera que fuera su autor y circunstancias.

En cuanto al ejercicio de su actuación profesional, deben: impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria; velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren, o que se encontraren bajo su custodia, dejando siempre a salvo el honor y la dignidad de las mismas a estos efectos requerirán en caso necesario la presencia de facultativo o letrado, que atienda o asista al detenido; y actuar siempre con la necesaria decisión, sujetándose al empleo de aquellos medios de disuasión y defensa que fueran adecuados y proporcionados al alcance de la perturbación o daño producido, procurando, en cualquier caso, no hacer uso de la fuerza mas allá de lo razonable y necesario para cumplir su cometido y evitar el daño a las personas o las cosas. Todo ello, observando siempre un trato correcto y esmerado en sus relaciones con todas las personas y con absoluta neutralidad política.

Por último –entre otros principios básicos– se establece la incompatibilidad de sus miembros para dedicarse a cualquier otra profesión o actividad, en cuanto ello pueda impedir o menoscabar su imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de sus funciones; el deber de reserva y secreto profesional respecto a los hechos que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones; y que la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con motivo u ocasión de sus actuación policial, será exigida por los órganos de la jurisdicción ordinaria.

Fraudes artísticos (I): Las réplicas de Elmyr de Hory

Puede que haya sido uno de los mayores falsificadores de arte de toda la Historia pero él siempre se declaró inocente. Durante dos décadas –entre la postguerra y los años 60– este pintor y aristócrata húngaro (Budapest, 1906 – Ibiza, 1976) consiguió que sus lienzos engañaran a museos, galerías de arte, casas de subastas y coleccionistas privados de medio mundo, cuando sus marchantes [el egipcio Fernand Legros y el canadiense Réal Lessard] lograron vender más de mil de sus excelentes falsificaciones de Picasso, Modigliani, Matisse, Chagall, Monet, Degas, Signac, Derain o Léger como si fueran originales. Si se colgaran mis cuadros en un museo de pintura el tiempo suficiente, se volverían auténticos –le dijo a Orson Welles en el documental F for Fake (Fraude. La gran mentira del arte) de 1974. Aquella estafa multimillonaria acabó convirtiéndose en su lujoso modo de vida, en un estudio de la isla ibicenca, rodeado de glamour, hasta que el 11 de diciembre de 1976 decidió suicidarse con barbitúricos al saber que las autoridades españolas iban a extraditarlo a Francia para ser juzgado allí como falsificador.

El artista utilizó numerosos alias y pseudónimos [como Raynal, von Houry, Dory, Cassou, Herzog o Curiel] además de su apelativo húngaro [Hoffmann Elemér]. Su particular aventura delictiva comenzó al finalizar la II Guerra Mundial, cuando logró sobrevivir a la Gestapo, que lo había detenido por el origen judío de su familia, huyendo del hospital donde se curaba de una herida; se refugió en París y allí fue dónde vendió su primer dibujo “a lo Picasso” como si fuera una obra original del genio malagueño.

En primer lugar –como reconoció en cierta ocasión– yo trabajo mi propia pintura. Esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, pero lo cierto es que a ella dedico mis mejores esfuerzos. Cuando no estoy con mi pintura, entonces sí, entonces pinto con el estilo de algunos otros artistas, como Picasso, Modigliani o Matisse…. Pero, ¿me comprende? Toda esta historia es un poco compleja. Yo tengo el talento, quizá un poco diabólico, de poder entrar en el alma de estos pintores. Porque insisto en que yo no copio, sino que trato de introducirme en el espíritu de artistas que admiro y expresarme según sus propias maneras. Creo que no realizo ningún engaño, porque guardo siempre una cierta distancia. No quiero que se crea que esto es un Modigliani o un Matisse; querría que se creyese que es algo mío y que en el momento de pintarlo yo estaba inspirado por Matisse o por Modigliani.

Durante 16 años residió en la isla pitiusa, alternando su pasión por la pintura con sus viajes para acudir a fiestas exclusivas [con Rita Hayworth, Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, etc.] hasta que un coleccionista de arte, el empresario petrolero Algur Hurtle Meadows, dudó de la autenticidad de 44 lienzos que le había adquirido, se asesoró para verificarlos y resultaron ser falsos. Aquel escándalo coincidió con la biografía que le escribió Clifford Irving titulada Fraude. La historia de Elmyr de Hory, el pintor más discutido de nuestro tiempo (1969) [un escritor que –tres años más tarde– fue denunciado por engañar a la editorial McGraw-Hill fingiendo que poseía los derechos de una autobiografía del multimillonario Howard Hughes, para estafarles 100.000 dólares que acabó devolviéndoles al salir de la cárcel tras cumplir más de un año de condena].

Elmyr continuó disfrutando de su libertad en España hasta que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca lo juzgó pero no por sus falsificaciones sino por su conducta homosexual –que, en aquel tiempo, se regulaba por la Ley de Vagos y Maleantes– condenándolo a dos meses de reclusión; finalmente, cuando el tribunal balear decidió conceder su extradición al Tribunal de Gran Instancia de París, el artista húngaro decidió quitarse la vida porque, como recogió la prensa de la época, prefirió suicidarse que ir a la cárcel (ABC, Blanco y Negro, 18 de diciembre de 1976).

Medioambiente (XV): el principio de las tres erres

En un in albis anterior ya tuvimos ocasión de comentar la existencia del denominado protocolo sobre el bienestar de los animales; hoy retomamos ese contenido porque el BOE ha publicado el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, con las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la [educación y la] docencia, donde se establece –como reconoce en su exposición de motivos– que el principio general de estas normas será la promoción e implementación del «principio de las tres erres»; es decir el reemplazo, la reducción y el refinamiento de los procedimientos, fomentando el uso de métodos alternativos a la experimentación con animales vivos.

Esto supone, de acuerdo con el Art. 4, que siempre que sea posible se utilizarán métodos o estrategias de ensayo científicamente satisfactorios que no conlleven la utilización de animales vivos; que el número de animales utilizados se reducirá al mínimo siempre que esto no comprometa los objetivos del proyecto; que las actividades relacionadas con la cría, el alojamiento y los cuidados, así como los métodos utilizados en procedimientos, se refinarán tanto como sea posible para eliminar o reducir al mínimo cualquier posible dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero a los animales; y que, en lo relativo a la elección de los métodos, el principio de reemplazo, reducción y refinamiento, se aplicará conforme a lo dispuesto en el Art. 24 [si se puede elegir entre diversos procedimientos, se optará por aquél que cumpla el mayor número de los siguientes requisitos: a) Que utilicen el menor número de animales; b) que afecten a animales con la menor capacidad de sentir dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero; y c) que causen menor dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero]; asimismo, el procedimiento que resulte de dicha elección se realizará conforme a las condiciones generales establecidas en el Art. 25 [como, por ejemplo, que se realicen de forma que se evite a los animales cualquier dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero que sean innecesarios o realizarlo en centros autorizados].

En los experimentos no se podrán utilizar: animales de especies amenazadas; primates (los llamados Grandes Simios: gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes); animales capturados en la naturaleza (salvo que exista autorización administrativa expresa y justificada científicamente); animales asilvestrados ni animales vagabundos de especies domésticas; es decir, sólo podrán utilizarse los animales pertenecientes a las doce especies enumeradas en el anexo I cuando hayan sido criados a tal fin: ratones, ratas, cobayas, hámsteres [sirio (dorado) y enano chino], jerbos de Mongolia, conejos, perros, gatos, ranas, peces cebra y todas las especies de primates no humanos [titíes, macacos, tamarinos, saimiris, babuinos y monos verdes].

¿Cómo se sacrifica a los animales? La eutanasia animal [interrupción de la vida de un animal con el menor sufrimiento posible, de acuerdo con su especie y estado; según el Art. 3.1.c)] se completará, según el Anexo III, por uno de los siguientes métodos: a) Confirmación del cese permanente de la circulación. b) Destrucción del cerebro. c) Luxación cervical. d) Desangramiento; y e) Confirmación del comienzo de rigor mortis. Por último, el anexo II delimita cómo deben ser los espacios en que se alojen los animales: un perro (2 m² para uno de menos de 20 kg, 4 m² para uno de más de 20 kg). Toda esta normativa no se aplica a las prácticas agropecuarias o veterinarias clínicas no experimentales.

Palabras sueltas (XVI): algor, livor y rigor mortis

De estas tres locuciones latinas –que están relacionadas con la investigación forense para determinar el momento en que una persona ha fallecido– puede que la más conocida sea la última expresión: el rigor mortis o rigidez cadavérica que suele comenzar en el maxilar inferior y progresa en sentido caudal. Se inicia de 2 a 6 horas después de la muerte y se instaura definitivamente a las 8 horas en condiciones “normales”. A los 3 ó 4 días desaparece, según la definición que dieron los doctores alemanes W. Sandritter y C. Thomas en su libro Macropatología [Barcelona: Reverté, 1981, p. 14]. Por su parte, el algor mortis o frialdad cadavérica se refiere a la temperatura corporal: si estando con vida el cuerpo se encuentra a unos 37º C, al morir, esa temperatura se va adaptando al entorno medioambiental [enfriándose o calentándose, según el caso (en las series del tipo CSI es el momento en que el forense calcula la hora de la defunción introduciendo un termómetro en el hígado del fallecido)]. Por último, el livor mortis o lividez cadavérica hace referencia a las denominadas manchas de declive o livideces que provocan una decoloración violácea en la piel, por efecto de la ley de la gravedad, al acumularse la sangre en la parte baja del cuerpo; al mismo tiempo, en aquellas zonas donde los capilares hubiesen estado presionados contra una superficie, no se acumulará la sangre y se mostrarán más pálidas que el resto (es el mismo efecto que se produce si, por ejemplo, te presionas durante unos segundos con el pulgar sobre el antebrazo contrario, verás –unos instantes– ese tono blanquecino que desaparece al restablecerse el flujo sanguíneo).

Édouard Manet | Torero muerto (ca 1864)

¿Qué es un sumario?

Como sustantivo, además de ser un resumen, compendio o suma, el diccionario de la RAE incluye una segunda acepción de este término: Conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio criminal, haciendo constar la perpetración de los delitos con las circunstancias que puedan influir en su calificación, determinar la culpabilidad y prevenir el castigo de los delincuentes. Esta definición procede de la particular redacción decimonónica del Art. 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se establece que el sumario está constituido por las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos; es decir, la función procesal de esta fase de investigación es la preparación del juicio oral. A continuación, el Art. 301 de la LECr también regula que: Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros. Asimismo, el Art. 302 LECr prevé que: El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.

De acuerdo con la sentencia 3361/2025, de 25 de junio, del Tribunal Supremo: (...) las diligencias sumariales practicas por escrito y durante la instrucción de la causa son meros actos de investigación encaminados a preparar y no a sustituir el juicio, mediante la averiguación del delito e identificación del delincuente, que no constituyen en sí misma pruebas en sentido legal, pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino como se ha dicho, la de preparar el juicio oral, proporcionando los elementos necesarios a la acusación y a la defensa en orden al ejercicio de sus derechos procesales y para la dirección del debate contradictorio atribuida al Juzgador; debiendo afirmarse la preferencia de las pruebas practicadas en el plenario sobre las sumariales, pues aun cuando ello no significa que tales actuaciones procesales carezcan de toda eficacia en orden a formar la convicción del Juzgador, esto ha de ser siempre por remisión de la prueba practicada en el juicio oral y en relación con la misma, puesto que es en este acto, único susceptible de ser calificado como verdadero proceso penal en sentido estricto cuando puede la acusación presentar las pruebas en condiciones que garanticen el derecho de la defensa a intervenir en ellas y a contradecirlas, con la única excepción de los supuestos de prueba preconstituida, que no alcanzan a cualquier acto de investigación sumarial, sino tan sólo a aquéllos respecto de los cuales se prevea su imposibilidad de reproducción en el juicio oral y siempre que se hayan observado las expresadas garantías de defensa e inmediación.

NB: téngase en cuenta que los preceptos de la LECr [Real Decreto de 14 de septiembre de 1882] sobre el sumario y las autoridades competentes para instruirlo han sido reformados, entre otras, por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales; la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; o la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.

La adhesión de España al Consejo de Europa

Probablemente, esta organización internacional debe ser una de las que más veces habré citado en los años que llevo subiendo in albis a este blog, pero aún no le había dedicado una entrada específica. El Consejo de Europa es una organización paneuropea –con sede en Estrasburgo (Alsacia, Francia)– que reúne prácticamente a todos los países del Viejo Continente, 47 con las excepciones de Bielorrusia -que, en el marco del Parlamento Europeo, un eurodiputado definió como el único punto negro en el mapa europeo de los sistemas democráticos, pues carece formalmente de un sistema político con elecciones libres (*)-; Kazajistán (cuyo carácter europeo aún se discute) y la Santa Sede (por la propia idiosincrasia de la Ciudad del Vaticano); ni tampoco aquellos territorios que -como la República Turca del Norte de Chipre o Kosovo- no han logrado un reconocimiento pleno a su soberanía.

El marco legal del Consejo de Europa lo estableció un Estatuto que se aprobó en la capital inglesa el 5 de mayo de 1949, con el objetivo de consolidar la paz en Europa tras la II Guerra Mundial que había finalizado tan solo cuatro años antes. Aquel Tratado de Londres se basó en las ideas de la Justicia y la Cooperación para preservar la sociedad humana y la civilización –como reconoce su preámbulo– reafirmando su adhesión a los valores espirituales y morales que son patrimonio común de sus pueblos y la verdadera fuente de la libertad individual, la libertad política y el imperio del derecho, principios sobre los cuales se funda toda auténtica democracia [España aprobó el instrumento de adhesión al Estatuto del Consejo de Europa el 22 de noviembre de 1977 (publicándolo en el BOE de 1 de marzo de 1978)]. Hoy en día, sesenta y tres años después, el Consejo de Europa continúa siendo una institución modélica, pionera y muy dinámica, con más de 200 tratados y multitud de recomendaciones.

Teniendo en cuenta que uno de los medios que utilizó para alcanzar la unión de todos sus Estados miembros era la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales, un año más tarde de su creación, el 4 de noviembre de 1950, se suscribió el Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) en Roma que, desde que entró en vigor en 1953, ha sido modificado y ampliado por diversos protocolos. Esta Convención –como ha señalado la jurisprudencia de la Corte europea– pretende proteger derechos que son concretos y efectivos, no teóricos o ilusorios.

La garantía de que todos esos derechos van a ser protegidos con eficacia recae en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Corte de Estrasburgo o TEDH) que se constituyó en 1959 como el órgano competente para resolver las demandas individuales o estatales que se basan en la violación de los derechos proclamados en el CEDH. Desde 1998, funciona de forma permanente y los particulares pueden dirigirse a él directamente. El hecho de que sus sentencias sean obligatorias para los Estados miembros ha supuesto que su jurisprudencia se haya convertido en un instrumento muy útil para consolidar una sociedad democrática en Europa.

En cuanto a España, el Congreso de los Diputados celebró un pleno el 16 de noviembre de 1977 para aprobar, por unanimidad, la propuesta formulada y tramitada por la Comisión de Asuntos Exteriores respecto de la adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa, lo que en aquel momento se consideró un primer paso para avanzar hacia la Europa solidaria y popular que se está constituyendo entre todos. Esto sucedió cuando tan solo habían transcurrido seis meses desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas, del 15 de junio de 1977; sin que se hubiera proclamado la nueva Constitución de 1978 y siendo conscientes de que para el Consejo de Europa era muy claro que hasta que no tuviera una democracia política, España, a pesar de su voluntad europea, de su participación plena en la Europa cultural y social, no podía formar parte de este concierto de naciones libres, porque no disfrutábamos de las libertades esenciales.

A pesar de ello, una semana más tarde, como recuerda el Ministerio de AA.EE. (*): Aquel 24 de noviembre de 1977, la lluvia y el frío no deslucieron el solemne acto en el que el ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, entregó los instrumentos de ratificación de los Estatutos del Consejo de Europa. Posteriormente, fue izada por primera vez la bandera de España en la entrada del Palacio de Europa, al son del himno de nuestro país. Ese día, España se convirtió en el vigésimo estado miembro de esa organización paneuropea.

La singularidad de la adhesión española con respecto, por ejemplo, al paralelismo que mantenemos con Portugal –incorporado el 22 de septiembre de 1976, el mismo año que proclamó su sexta Constitución (25 de abril)– radica en que el Gobierno de Lisboa tuvo que aprobar una ley fundamental antes de ser aceptado como miembro mientras que Madrid, por el contrario, recibió un voto de confianza de Estrasburgo y logró la adhesión al Consejo de Europa a falta de que transcurriera otro año más para que se adoptara nuestra ley fundamental en 1978.

Marcelino Oreja y Georg Kahn-Ackermann firman la adhesión de España

En el elocuente libro Por palabra de honor [Iberediciones, 1995], el que fuera primer embajador español ante el Consejo de Europa, el diplomático José Luis Messía Jiménez, narra que algunas decisiones políticas de la transición resultaron determinantes: desde el decisivo compromiso de Adolfo Suárez (Presidente del Gobierno), Fernando Álvarez de Miranda y Antonio Fontán (Presidentes del Congreso y del Senado) y Felipe González y Santiago Carrillo (como líderes del PSOE y el PCE); hasta la legalización del Partido Comunista o la celebración de las mencionadas elecciones.

Eso hizo posible que, aunque todavía no se hubiera aprobado la nueva Carta Magna, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) diera el visto bueno a la adhesión, por palabra de honor, el simbólico día 12 de octubre de 1977 (Recomendación 820).

Desde entonces, España ha aportado al Consejo de Europa un secretario general, Marcelino Oreja (1984-89), cuatro presidentes de la Asamblea Parlamentaria: José María de Areilza (1981-83), Miguel Ángel Martínez (1992-96), Lluís María de Puig (2008-2010), y Pedro Agramunt (2016- 2017), y el primer Comisario Europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles, entre otros cargos destacados. 

Las 50 ciudades más violentas del mundo

Para reconocer la magnitud de la violencia urbana, por quinto año consecutivo, la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz ha publicado su informe sobre las 50 ciudades con más de 300.000 habitantes que, en 2012, tuvieron la tasa de homicidios más elevada de todo el planeta. El objetivo que persigue este polémico ránking es llamar la atención sobre el crecimiento de la violencia en las urbes, particularmente en México y en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública. El listado lo encabeza San Pedro Sula (Honduras) con una tasa de 169,30 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes; seguida de Acapulco (México), Caracas (Venezuela), Distrito Central (Honduras), Torreón (México), Maceió (Brasil), Cali (Colombia), Nuevo Laredo (México), Barquisimeto (Venezuela) y João Pessoa (Brasil). Cierra el listado de las cincuenta ciudades más violentas, Barranquilla (Colombia) con una tasa de 29,41.

Como cualquier magnitud, estos datos se comprenden mejor si tenemos en cuenta otra estadística con la que poder compararlos. Según las cifras del Eurostat -que se publicaron en 2011 y corresponden al bienio 2008-2009- la capital de un Estado miembro de la Unión Europea con la peor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era Vilna (Lituania) con un 8,28; es decir, veinte veces menos que aquella ciudad hondureña. A continuación, los índices de otras ciudades del Viejo Continente revelan que las tasas de criminalidad del Norte de Europa son más elevadas que las del Sur mediterráneo: Bruselas (3,20), Ámsterdam (3,14), Praga (3,06), Dublín (2,26), Londres (2,17), París (1,49), Berlín (1,31), Madrid (1,30), Roma (1,20), Atenas (1,11) y Lisboa (0,64).