La Real Audiencia de los Confines

Cuando hablamos de los primeros pleitos americanos tuvimos ocasión de mencionar que el primer tribunal de justicia que se estableció en América fue la Real Audiencia y Chancillería de Santo Domingo de la Isla Española en las Indias, por una Real Provisión de 5 de octubre de 1511, firmada en Burgos por el rey Fernando el Católico y por Lope Conchillos, Secretario de la Reyna, ambos en nombre de la reina Juana I de Castilla. En las siguientes décadas del siglo XVI, conforme avanzaba la conquista del Nuevo Mundo, las autoridades españolas decidieron establecer nuevos órganos judiciales; en primer lugar, una Real Cédula de 13 de diciembre de 1527 creó la Real Audiencia de México para ejercer sus funciones en los territorios de Nueva España gobernados por Hernán Cortés (en 1528 se le otorgaron sus primeras ordenanzas pero fue inmediatamente suprimida, restituyéndose en 1530 con unas nuevas ordenanzas); y, en segundo lugar, una Real Cédula de 26 de enero de 1538 fundó la efímera Audiencia de Panamá con jurisdicción en un vasto territorio que se extendía desde Tierrafirme (litoral caribeño de Centroamérica) hasta las actuales Guayanas y Perú.

Como recuerda el Ministerio de Cultura español: (…) las audiencias americanas, aunque institucionalmente eran tribunales de justicia, funcionaron no solo como tales sino también como órganos asesores y de gobierno, y para ambas funciones tenían asignado un territorio más o menos extenso, siendo así la audiencia la división territorial indiana primera y más importante, ya que la clasificación en provincias mayores y menores que del territorio americano hacen las Leyes de Indias, responde a que en ellas haya instalada una Audiencia bajo el mando de un presidente gobernador, o simplemente correspondan a una gobernación (*).

Apenas seis años después de que se estableciera la Audiencia panameña se aprobó en Barcelona una Real Provisión el de 20 de noviembre de 1542, con el texto de las denominadas «Leyes Nuevas» [Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su magestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios]. Entre otros contenidos, se fundaban dos nuevas Audiencias que se repartieron la jurisdicción de Panamá –que desapareció como tal– entre las recién creadas Audiencias de los Confines de Guatemala y Nicaragua y de la Ciudad de los Reyes (Lima). De modo que a mediados del siglo XVI, España contaba con cuatro Audiencias en sus territorios americanos: Santo Domingo, México, Confines y Lima.

Palacio de los Capitanes Generales (Audiencia) | Antigua (Guatemala)

El desarrollo normativo para ejecutar las Leyes Nuevas en la Real Audiencia de los Confines se aprobaron al año siguiente, mediante las Reales Cédulas de 7 y 13 de septiembre de 1543, dadas en Valladolid. A grandes rasgos, porque los distritos americanos fueron objeto de numerosas modificaciones, su jurisdicción abarcaba desde el Sur del actual México (Yucatán, Cozumel y Tabasco) hasta Tierrafirme (Panamá) y su sede se estableció en el pueblo de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua (actual Honduras), de donde se trasladó temporalmente a la ciudad hondureña de Gracias a Dios (1544-1548) y, en 1549, a Santiago de los Caballeros de Guatemala (la actual ciudad de Antigua) que también era sede episcopal; estando al frente el licenciado Juan Martínez de Landecho.

Finalmente, por una Real Cédula de 30 de mayo de 1563 dada en Aranjuez, Felipe II envió al licenciado Francisco Briceño como nuevo juez de residencia y gobernador para sustituir a Landecho –que fue acusado de abuso de su poder por sus oidores (jueces)– y la Audiencia de los Confines se acabó trasladando a la ciudad de Panamá el 8 de septiembre de 1563, haciéndose efectiva la mudanza al año siguiente, con lo que se puso fin a la breve historia de esta Real Audiencia en 1564.

Hay que subrayar el hecho de que, desde el primer momento, la supresión de la Audiencia de los Confines y su traslado a Panamá fueron tenidas por medidas muy desacertadas. Así, de forma bien temprana, se lo expresaron a Felipe II mediante sendas cartas redactadas en la ciudad de México el 26-II-1564, el virrey Luis de Velasco, y los oidores de la Audiencia de la Nueva España (los doctores Pedro de Villalobos, Vasco de Puga, Francisco de Ceynos, Jerónimo de Orozco y Alonso de Villanueva), para quienes la existencia de una Real Audiencia en Guatemala resultaba absolutamente necesaria (…). El mismo gobernador de la provincia de Guatemala, y juez de residencia de la Audiencia de los Confines, el licenciado Francisco Briceño, no dejaría de reclamar la vuelta de aquella Audiencia a Santiago de Guatemala [VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. Mª. Estudios de Instituciones Hispano-Indianas. Madrid: BOE, 2015, pp. 60 y 61 (*)].

Aquel esfuerzo dio sus frutos y el Consejo de las Indias se mostró a favor de restablecer la Audiencia de Guatemala, ya bajo esta nueva denominación, mediante una Real Cédula de 15 de enero de 1568 que se hizo efectiva en 1570.

¿Dónde se regula la clasificación de los agentes biológicos?

En España, tal y como señala su exposición de motivos, el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo se estableció en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales; pero el Art. 6 de esa misma norma previó el desarrollo reglamentario de una serie de materias, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, para ir fijando y concretando los aspectos más técnicos de dichas medidas preventivas. En ese contexto, dos años más tarde, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo se adoptó el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Mediante esta disposición se establecieron las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral (Art. 1.2).

 

El Art. 2 define qué debemos entender por “agente biológico”: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad; y por “microorganismos”: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.

 

A continuación, el Art. 3 es el precepto que regula la clasificación de los agentes biológicos en cuatro categorías:

1. Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
2. Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
3. Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
4. Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.

Finalmente, esta reglamentación enumera las obligaciones de los empresarios (por ejemplo, el establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo) y diversas disposiciones (como la remisión de documentación e información a las autoridades sanitarias o la notificación a la autoridad laboral si las empresas o centros de trabajo utilizan agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4, cuyo listado se detalla en una tabla del anexo II).

 

Joaquín Sorolla | Una investigación
o El Dr. Simarro en el Laboratorio (1897)

 

En el mismo sentido, como recuerda el Real Decreto 664/1997, hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la Unión Europea, se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. El legislador español se refiere a la derogada Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Actualmente se contempla en la vigente Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo [adaptada, con carácter estrictamente técnico, por la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión de 24 de octubre de 2019].

La ley de la «crema Chantillí» y el «bulicidio» del Gran Vatel

En Francia, la dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes [“La denominación "crema Chantilly" se reserva para una crema batida que contiene al menos 30 gramos de materia grasa por cada 100 gramos y que no ha sido objeto de ninguna adición que no sea sacarosa (azúcar semiblanco, azúcar blanco o azúcar blanco refinados) y eventualmente preparados aromatizantes”]. Así lo establece el Art. 13 del Decreto n°80-313 de 23 de abril de 1980 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation [para la aplicación de la ley de 1 de agosto de 1905 sobre la represión de fraudes y falsificaciones en materia de productos o servicios con respecto a las cremas de leche destinadas al consumo], con la redacción que le dio el Décret n°2017-325, de 13 de marzo de 2017. Lo más singular de esta normativa francesa es que, en su esencia, mantiene en vigor la definición de la «crema Chantilly» que se adoptó por aquella legislación del verano de 1905.

El chantillí –Nata batida, de consistencia esponjosa, azucarada o edulcorada y, a veces, aromatizada, utilizada en repostería (RAE)– recibe este nombre por el castillo homónimo –situado al Norte de Francia– en el que residía el príncipe Luis II de Borbón-Condé; y, tradicionalmente, su primera elaboración se atribuye al maestresala de aquel noble, François Vatel [en realidad, Fritz Karl Watel (1631-1671), de origen suizo], de modo que el origen de esta crema pastelera ha quedado inexorablemente unido al suicidio más famoso en la historia de la gastronomía: cuando Condé quiso organizar un suntuoso banquete de tres días para agasajar al rey sol, Luis XIV, el pescado no llegó a tiempo para ser servido y el agobiado maitre decidió poner fin a su vida clavándose una espada; un buen precedente de lo que ahora se consideraría bulicidio.

El periodista Néstor Luján [Historia de la gastronomía. Madrid: Debate, 2019] recuerda aquel suceso tal y como Marie de Rabutin-Chantal, marquesa de Sévigné, se lo narró por carta a su hija, la bella e insensible madame de Grignan:

Anónimo | El suicidio de Vatel (s. XIX)

(…) Es domingo 26 de abril de 1671; esta carta no partirá hasta el miércoles; pero no es una carta sino una relación que acaba de hacerme Moreuil para vos de lo que ha pasado en Chantilly con referencia a Vatel. Os escribí el miércoles diciéndoos que se había apuñalado. He aquí los detalles del hecho: el rey llegó le jueves por la tarde; la caza, las linternas, el claro de luna, la colación de un prado tapizado de junquillos, todo salió tal como se deseaba. Se cenó; en algunas mesas faltó asado porque no se había esperado a tal número de invitados. Esto afectó a Vatel; dijo varias veces: «He perdido mi honor, es ésta una afrenta que no soportaré». Dijo a Gourville: «La cabeza me da vueltas, hace doce noches que no he dormido; ayudadme a dar las órdenes». Gourville le asistió en lo que pudo. El asado que había faltado, aunque no en la mesa del rey, le volvió al magín. Gourville se lo dijo a monsieur le Prince -así se llamaba al gran Condé-, monsieur le Prince se llegó a su aposento y le dijo: «Vatel todo ha ido bien, no he visto nada más bello que la cena que hemos dado al rey». Contestóle: «Monsieur, vuestras bondades me abruman; yo sé bien que ha faltado asado en dos mesas». «¡En absoluto -dijo el príncipe-, no os preocupéis todo va bien». Llega la noche: los fuegos artificiales fracasan; fueron cubiertos por las nubes. Habían costado dieciséis mil francos. A las cuatro de la madrugada, Vatel todavía está despierto mientras todos duermen. Entonces llega un proveedor con sólo dos cargas de pescado fresco. Vatel le preguntó: «¿Eso es todo?». El proveedor le responde: «Si señor», porque ignoraba que Vatel había enviado gentes a todos lo puertos de mar. Vatel espera algún tiempo, pero los otros proveedores no acuden: se le calentó la cabeza y llegó a creer que no tendría más pescado fresco... Va en busca de Gourville y le dice: «Señor, no sobreviviré a esta afrenta; tengo honor y reputación que perder». Gourville se burla de él. Vatel sube a su habitación, pone su espada fija en la puerta y se la hunde en el corazón. Sólo acertó al tercer golpe, pues los dos primeros no eran mortales; cayó muerto. El pescado fresco llegó, sin embargo, de todas partes y buscaron a Vatel para distribuirlo. Se le encontró bañado en sangre y corrieron a decírselo a príncipe, que se sintió desesperado.

El origen del Centro Nacional de Desaparecidos de España (CNDES)

La Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 15 de febrero de 2007 reservó la numeración nacional que comienza por 116 para los servicios armonizados de valor social; y, por ese motivo, tres años más tarde, España creó el número telefónico 116000, de carácter gratuito y confidencial, como línea directa para los casos de niños desaparecidos, mediante la Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Posteriormente, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), que se celebró el 27 y 28 de noviembre de 2008, instó a los Estados miembros de la Unión Europea a que desarrollaran sus propios mecanismos nacionales de alerta para aplicarlos si se producía el secuestro de un menor y, en este caso, como consecuencia, la Secretaría de Estado de Seguridad aprobó la Instrucción 1/2009 sobre actuación policial ante la desaparición de menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo, que normalizó un protocolo de actuación policial, mediante una valoración de riesgo buscando agilizar la búsqueda y adaptar las actuaciones y las medidas de respuesta a las circunstancias de cada caso.

En 2010 se creó la Base de Datos de Personas Desaparecidas y Cadáveres sin Identificar (PDyRH por su actual denominación: Base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar) que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incorporaron para cotejar, de forma automática, los datos de los desaparecidos con los de los cadáveres y restos humanos encontrados no identificados.

Durante la siguiente década, el Senado estableció una Comisión Especial para estudiar la problemática de las personas desparecidas sin causa aparente (2013); y la Secretaría de Estado de Seguridad aprobó la Instrucción 14/2014, para regular los aspectos relativos al procedimiento de solicitud, activación y funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana por Desaparición de Menores [«ALERTA – MENOR DESAPARECIDO»] y la 1/2017 para actualizar el protocolo de actuación policial con menores.

Todas estas medidas se llevaron a cabo porque la desaparición de personas sin causa aparente es un problema que afecta a todas las sociedades de forma constante en mayor o menor medida y –como recuerda la Secretaría de Estado de Seguridad en sus instrucciones– a día de hoy existe una preocupación por esta situación que atañe no solo a las familias de los desaparecidos o a sus allegados sino a la sociedad española en general y a los poderes públicos, en particular al Ministerio del Interior y, especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La primera mención a un Centro Nacional de Desaparecidos la encontramos en el derogado Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Su Art. 2.3.a).14º dispuso que el Gabinete de Coordinación y Estudios –dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad– le correspondía, entre cometidos, actuar como Centro Nacional de Desaparecidos.

Tan solo un año más tarde, la nueva Instrucción 2/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad creó ya el actual Centro Nacional de Desaparecidos como órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del sistema de personas desaparecidas empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la actualidad, el CNDES se autodefine en su web como un organismo pionero en Europa para coordinar la información sobre personas desaparecidas (*).

Pinacografía: Leonid Afremov | Casi otoño (s. XXI).

Los acuerdos «Berlín Plus»

La cooperación entre la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se remonta a los años 90, en pleno conflicto armado en la antigua Yugoslavia. Como ha investigado Mario A. Laborie: (…) la UE intentó –sin éxito– utilizar sus instrumentos diplomáticos para aportar una solución política a las crisis yugoslavas y en la que los europeos tampoco pudieron emprender ninguna acción militar independiente de EEUU debido a sus limitadas capacidades militares, por lo que los Estados miembros de la UE sólo pudieron intervenir como parte de las fuerzas de la OTAN [1]. En ese contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica –reunidos en Washington (EE.UU.) el 24 de abril de 1999– pusieron de manifiesto que la seguridad de la región de los Balcanes es esencial para lograr una estabilidad duradera en toda la zona euroatlántica.

Un año más tarde, el Consejo Europeo que se celebró durante la cumbre de Niza (Francia), en diciembre de 2000, incluyó un anexo específico para sentar las bases de la cooperación OTAN-UE y establecer un diálogo regular entre las dos organizaciones para garantizar la consulta, la cooperación y la transparencia, en particular mediante la celebración de reuniones entre el Comité Político y de Seguridad [según el Tratado de la Unión Europea, este órgano sigue la situación internacional en los ámbitos concernientes a la política exterior y de seguridad común y contribuye a definir la política mediante la emisión de dictámenes dirigidos al Consejo (Art. 38 TUE)] y el Consejo del Atlántico Norte [el órgano político que toma las decisiones en la OTAN].

Con esos precedentes, la formalización de esta asociación estratégica se estableció el 16 de diciembre de 2002 mediante la Declaración OTAN-Unión Europea sobre la Política Exterior y de Seguridad Común; basada en la idea de que la OTAN y la UE comparten valores comunes aunque sean dos organizaciones de naturaleza distinta y en tres objetivos:

1. La Unión Europea velará por asociar en la medida de lo posible a la PESD [Política Europea de Seguridad y Defensa (actual Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que forma parte integrante de la Politica Exterior y de Seguridad Comun (PESC)] a los miembros europeos de la OTAN que no forman parte de la UE;
2. La OTAN prestará su apoyo a la PESD y dará a la Unión Europea un acceso garantizado a las capacidades de planificación de la OTAN; y
3. Las dos organizaciones acordarán disposiciones destinadas a garantizar el desarrollo coherente, transparente y mutuamente ventajoso de sus necesidades comunes en materia de capacidades.

Para materializar dicha estrategia, el 17 de marzo de 2003 se firmaron los denominados Acuerdos «Berlín Plus» que sentaron las bases de la cooperación OTAN-UE y permitieron la utilización de las estructuras, mecanismos y recursos de la Alianza Atlántica para la realización de las misiones de la PESD. El «Plus» del nombre se debe a que ya existió un precedente de acuerdo que se firmó también en la capital alemana en 1996 entre la OTAN y la extinta Unión Europea Occidental (UEO).

Los principales elementos de los Berlin Plus Agreement, según las autoridades de Bruselas, pueden resumirse de la siguiente manera (*):

1. Garantía de acceso de la UE a la planificación operativa de la OTAN, con vistas a una utilización efectiva en el marco de la planificación militar de operaciones de gestión de crisis dirigidas por la UE;
2. Potenciación del rol europeo del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SACEUR) de la OTAN -que estará al mando de la operación dirigida por la UE (y que sigue siendo un europeo)- y posibilidad de un mando OTAN europeo para operaciones dirigidas por la UE;
3. Disponibilidad de las capacidades y activos comunes de la OTAN (unidades de comunicación, cuarteles generales, etc.) para operaciones de gestión de crisis dirigidas por la UE;
4. Acuerdo de seguridad OTAN-UE (intercambio de información clasificada en virtud de normas de protección recíproca);
5. Procedimientos que deben seguirse para la gestión de activos y capacidades de la OTAN (puesta a disposición, seguimiento, devolución y retirada);
6. Modalidades de consultas OTAN-UE en el contexto de una operación de gestión de crisis dirigida por la UE que recurra a activos y capacidades de la OTAN;
7. Integración en el sistema de establecimiento de los planes de defensa de la OTAN -que existe desde hace tiempo- de las necesidades y capacidades militares que puedan requerirse para operaciones militares dirigidas por la UE, con vistas a garantizar la disponibilidad de fuerzas bien equipadas y entrenadas para operaciones dirigidas por la OTAN o por la UE.

Como consecuencia práctica, la firma de estos acuerdos permitió a la Unión Europea enviar su primera operación militar en la antigua República Yugoslava de Macedonia prevista en la Acción Común 2003/92/PESC del Consejo: la “Operación Concordia”.

Pero como los países europeos que se han integrado en la OTAN no coinciden exactamente con los Estados miembros de la Unión Europea –pensemos, por ejemplo, en los casos de Turquía, Reino Unido, Austria, Noruega o Islandia– el Consejo Europeo de Copenhague (Dinamarca) que se celebró los días 12 y 13 de diciembre de 2002, adoptó una declaración según la cual los acuerdos «Berlín plus» y su ejecución sólo se aplicarán a los Estados miembros de la Unión Europea que también sean bien miembros de la OTAN o participantes en la «Asociación para la paz», y que hayan celebrado los consiguientes acuerdos de seguridad bilaterales con la OTAN.

De acuerdo con el profesor Acosta: La co-existencia de la OTAN y de la UE requiere una coherencia en la acción entre ambas Organizaciones, en el contexto de los Acuerdos «Berlín Plus» [2].

Citas: [1] LABORIE, M. A. La cooperación OTAN-UE en el futuro concepto estratégico de la Alianza Atlántica. Madrid: Real Instituto Elcano. ARI nº 25, 2010. [2] ACOSTA SÁNCHEZ., M. Á. “La evolución de las Operaciones Petersberg de la UE”. En: Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2006, nº 23, p. 62.

La «Ley Elola-Olaso»: un hito en la legislación deportiva española

José Antonio Elola-Olaso Idiacaíz (1909-1976) fue un político español que nació en Tandil (Argentina) donde su padre, de origen navarro, trabajaba como diplomático. De vuelta a España, estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, ejerció como abogado y, tras la Guerra Civil, desempeñó diversos cargos en el régimen franquista hasta que fue nombrado Delegado Nacional de Deportes y presidente del Comité Olímpico Español en 1956. Desde esa posición tan privilegiada se marcó el objetivo de lograr la enseñanza y la práctica de la educación física y el deporte a los que consideraba escuela de buenas costumbres, de disciplina, de energética y de salubridad. Con ese fin, cinco años más tarde, las Cortes aprobaron la Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Fisica; más conocida por el sobrenombre de quien la promovió como «Ley Elola-Olaso».

Su exposición de motivos reconoció que el Estado español, atento siempre a las necesidades del pueblo, no ha descuidado esta faceta (…). El Ejército, verdadero iniciador e impulsor de esta disciplina, crea en la segunda década de este siglo la Escuela Central de Educación Física, plantel de millares de Profesores e Instructores, que difunden las prácticas y enseñanzas en el ámbito nacional. Y posteriormente, el Movimiento Nacional, con la creación y las facultades concedidas a la Sección Femenina, al Frente de Juventudes, al Sindicato Español Universitario, a la Organización Sindical y a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, ha impreso su firme huella en las porciones más vivas de la sociedad española; pero, también reconocía que faltaba la Ley que emplazara esta necesidad vital con carácter de unidad y totalidad orgánicas y que no sólo recogiera los preceptos legales dispersos, sino que los afirmara para asegurar su ejecución y los proyectase con más fuerza y vigor hacia el futuro.

En ese contexto, la Ley de Educación Física viene a sancionar esta exigencia, proclamando solemnemente el derecho y el deber de los españoles a la educación física como pieza esencial de la salud y el bienestar del pueblo y para que mediante ella se puedan obtener los beneficios que implica la práctica generalizada del deporte.

Después de reconocer y garantizar el derecho de los españoles a la enseñanza y práctica de la educación física (Art. 2), el Art. 5 estableció la obligatoriedad de enseñar educación física en todos los grados de enseñanza y se exigirá en los Centros docentes de carácter oficial, institucional o privado, de acuerdo con los respectivos planes de estudio. Esa formación (Art. 9) debía impartirla el personal docente de Educación Física [que] deberá poseer el título correspondiente de la especialidad, expedido por el Instituto Nacional de Educación Física o Escuelas oficialmente reconocidas. El INEF fue creado por el Art. 15 (su Estatuto se aprobó dos años más tarde mediante el Decreto 1321/1963, de 5 de junio).

Thomas Marie Madawaska Hemy | El saque de esquina (1895)

Asimismo, la «Ley Elola-Olaso» reguló la planificación y financiación de las instalaciones deportivas, los beneficios y exenciones para el deporte de aficionados y el Comité Olímpico Español, prohibiendo utilizar el emblema de los cinco anillos entrelazados en azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre fondo blanco, ni las denominaciones «Juegos Olímpicos» y «Olimpiadas» en el Art. 38 porque el uso de los emblemas y denominaciones que se protegen por el presente artículo queda reservado con carácter exclusivo al Comité Olímpico Español.

Como ha investigado la profesora Sáez Rodríguez: La aprobación de la Ley Elola Olaso supuso un cambio radical en la concepción del deporte y actividad física de la época, por lo que reviste gran importancia en la evolución de la legislación deportiva española [SÁEZ RODRÍGUEZ, G. “Recopilación de la legislación físico deportiva en la España de Franco desde la ley de 1961 hasta el final del Franquismo”. En: Revista internacional de derecho y gestión del deporte, 2009, nº 9, pp. 3-14].

PD: hoy en día, este ámbito se regula en la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.

Sedes del poder (II): el Capitolio de Nebraska

Los tres primeros artículos de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 17 de septiembre de 1787, se refieren a la división clásica de los tres poderes [three branches: legislative, executive, and judicial] del Gobierno Federal [Federal Government] estadounidense; el legislativo (Art.1.1ª: Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes; es decir, un sistema bicameral); el ejecutivo (Art. 2.1ª: Se deposita el poder ejecutivo en un Presidente de los Estados Unidos); y el judicial (Art. 3.1ª: Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo) [1]. Básicamente, esta misma estructura se repite en los 50 Estados que conforman la unión federal de los EE.UU., de modo que cada uno de ellos tiene su propia Constitución y tres poderes: dos cámaras legislativas, un ejecutivo y un tribunal supremo… excepto Nebraska, al menos, en parte.

Tras finalizar la Guerra de Secesión, el State of Nebraska –situado en el Medio Oeste– fue admitido en la unión estadounidense el 1 de marzo de 1867, como su Estado nº 37. A mediados de la siguiente década, el 12 de octubre de 1875, adoptó su actual Constitución (enmendada en más de doscientas ocasiones desde entonces). Su ley fundamental recibe el curioso apelativo de Grasshopper Constitution o Constitución de los Saltamontes porque en 1874 Nebraska y toda la región de Missouri fueron invadidas por miles de millones de saltamontes voladores de las Montañas Rocosas, que comieron los cultivos de los colonos y luego pusieron sus huevos a razón de unos ciento cincuenta por cada saltamontes hembra. Estos huevos eclosionaron en la primavera de 1875 cuando se reunió la convención constitucional de Nebraska, y los tiempos difíciles y la filosofía económica de la frontera encontraron expresión en ese documento [2].

A diferencia de lo que sucede con los otros 49 Estados de la Unión, al regular el poder legislativo, el Art. III de la Constitución de Nebraska dispone que: The legislative authority of the state shall be vested in a Legislature consisting of one chamber (…); es decir, establece un sistema unicameral (single-house system), único en todos los EE.UU.

Esta singularidad tuvo su origen en una enmienda constitucional que se aprobó en 1934 por la que se decidió abolir su Cámara Baja o Nebraska House of Representatives (1867-1934), de forma que la Cámara Alta (Senate) pasó a ser conocido como the Unicameral.

Los tres poderes nebraskeños tienen su sede en el mismo edificio: el Nebraska State Capitol, ubicado en el centro histórico de Lincoln, su capital.

Casa del Estado de Indiana

De igual modo, por ejemplo, la Casa del Estado de Indiana (Indiana Statehouse, en la imagen superior) situada en su capital, Indianápolis, también alberga los tres poderes de este Estado: el sistema bicameral de la Indiana General Assembly (legislativo), la oficina del Governor of Indiana (ejecutivo) y las salas de la Indiana Supreme Court (judicial); y sucede lo mismo en los capitolios de Kentucky (en la ciudad de Frankfort); Dakota del Norte (Bismarck); Wisconsin (Madison) o Virginia Occidental (Charleston).

Capitolio de Wisconsin

Citas: [1] Constitución de los Estados Unidos de América. Bedford: Applewood Books, pp. 1, 9 y 13. [2] SHELDON, A. E. “The Nebraska Constitutional Convention, 1919-1920”. En: The American Political Science Review, 1921, vol. 15, nº 3, p. 391.