¿Cuándo se creó el «Comité de Descolonización» de la ONU?

Bajo el título «La situación respecto de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales», la Resolución 1654 (XVI), de 27 de noviembre de 1961, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, comenzó recordando esa célebre Declaración contenida en la Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 y, en particular, su párrafo 5: En los territorios en fideicomiso y; no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas. Partiendo de esa base, el órgano plenario de la ONU advirtió a los Estados miembros de que, por un lado, salvo contadas excepciones, las disposiciones del citado párrafo de la Declaración no se han llevado a la practica; y, por otro, que contrariamente a lo dispuesto (…) en algunas regiones se sigue recurriendo en forma cada vez más despiadada a la acción armada y a medidas represivas contra los pueblos dependientes, privándolos así de su prerrogativa de ejercer pacífica y libremente el derecho a la independencia absoluta.

Como consecuencia, si todo nuevo retraso en la aplicación de la Declaración representa una causa constante de conflicto y desacuerdo internacionales, entorpece gravemente la cooperación internacional y está creando en muchas partes del mundo una situación cada vez más peligrosa, que puede constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, decidió crear un Comité Especial de diecisiete miembros [Australia, Camboya, EE.UU., Etiopía, India, Italia, Madagascar, Malí, Polonia, Reino Unido, Siria, Tanganica (puesto ocupado por Tanzania a raíz de ratificar el Pacto de Unión entre Tanganica y Zanzíbar de 26 de abril de 1964), Túnez, la URSS (Rusia desde 24 de diciembre de 1991), Uruguay, Venezuela y Yugoslavia] que serán designados por el Presidente de la Asamblea General en el actual periodo de sesiones [lo que sucedió durante la 1094ª sesión plenaria celebrada el 23 de enero de 1962].

Ese fue el origen del, oficialmente denominado, «Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales»; al que suele conocerse por el nombre coloquial de «Comité Especial de Descolonización» o, sencillamente, el «C-24» (al final veremos de dónde procede ese numerónimo).

Infografía de Naciones Unidas

La A/RES/1654 (XVI) que lo estableció en 1961 pidió al Comité Especial que examinara la cuestión de la aplicación de la Declaración, formule sugestiones [sugerencias] y recomendaciones sobre los progresos realizados y el alcance de la aplicación de dicha Declaración. Asimismo, le encargó que, para llevar a cabo su labor, utilice todos los medios que tenga a su disposición, con arreglo a los procedimientos y normas que determine para el buen desempeño de sus funciones.

Desde que este órgano subsidiario comenzó a trabajar en 1962, más de 80 antiguas colonias habitadas por unos 750.000.000 de personas han obtenido la independencia; pero, en la actualidad, aún quedan 17 Territorios No Autónomos en todo el mundo donde viven casi 2.000.000 de personas. Por lo tanto, el proceso de descolonización aún no ha concluido y para que este proceso termine será necesario un diálogo permanente entre las Potencias administradoras, el «C-24» y los pueblos de los Territorios No Autónomos, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas en materia de descolonización (*).

De los 72 territorios no autónomos que llegó a enumerar la ONU en la A/RES/66(I), de 14 de diciembre de 1946 (buena muestra de que el tema ya formaba parte de la agenda onusiana desde su primer periodo de sesiones) para aplicarles el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas [Declaración relativa a territorios no autónomos (Arts. 73 y 74)]; se ha llegado a pleno siglo XXI con un Listado de 17 territorios cuyas poblaciones aún no son completamente autónomas: El Reino Unido administra Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Islas Malvinas. Estados Unidos sigue siendo responsable de Guam, Samoa y las Islas Vírgenes de EE.UU., mientras que Francia mantiene Polinesia Francesa y Nueva Caledonia en la lista de la ONU. A este grupo hay que añadir Tokelau, bajo la administración de Nueva Zelanda, así como el Sahara Occidental, un territorio anteriormente ocupado por España cuyo proceso de descolonización sigue incompleto y cuyo estatus es objeto de una larga disputa internacional que involucra especialmente a Marruecos (*).

Concluimos con la explicación de su conocido numerónimo «C-24». Desde su creación, el número de Estados miembros del «Comité de Descolonización» se ha ido incrementando de forma paulatina; los diecisiete iniciales aumentaron a veinticuatro por la A/RES/1810 (XVII), de 17 de diciembre de 1962. Y ese nombre coloquial es el que ha perdurado con el paso de los años a pesar de que este órgano subsidiario de la Asamblea General ha ido aumentando su composición [25 miembros; por la A/RES/34/425 de 13 de diciembre de 1979; 27 miembros, A/RES/59/520 de 10 de diciembre de 2004; 28 miembros, A/RES/63/526, de 5 de diciembre de 2008; y 29 miembros, A/RES/64/554 de 15 de abril de 2010].

PD: la A/RES/80/106, de 5 de diciembre de 2025, decidió proclamar, de conformidad tanto con el espíritu como con la letra de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre Día Internacional contra el Colonialismo en Todas sus Formas y Manifestaciones, que se celebrará todos los años a partir de 2025.

«Res derelictae» versus «res nullius»

Hace tiempo nos planteamos la duda de hasta dónde alcanzaba la inviolabilidad de lo que arrojamos en casa dentro de la bolsa de basura y concluimos que esos residuos desechados y otros desperdicios (DRAE) son inviolables mientras se encuentren dentro de nuestro domicilio; fuera de allí, ya sea en una instalación de la comunidad habilitada al efecto o en un contenedor de la vía pública, nuestra basura pierde esa cualidad y deja de ser inviolable. Partiendo de esa base, hoy vamos a dar un paso más allá y nos plantearemos otra pregunta: qué ocurre si buscamos en un contenedor y, al trastear, encontramos algo de valor dentro de él. Lo resolveremos a partir de un ejemplo real que nos ayudará a diferenciar dos expresiones jurídicas latinas -«res derelictae» y «res nullius»- para contextualizar las diferencias que existen entre ambas «cosas».

En una fecha indeterminada a finales de diciembre de 2022 o comienzos de enero de 2023, un ciudadano argelino que vivía en Vitoria (Álava), mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontró una bolsa de basura dentro de un contenedor que, en su interior, contenía útiles de limpieza… y una joya valorada en 1.074 euros; compuesta de una cadena y tres medallas de oro con inscripciones de nombres y fechas. Pensando que había sido abandonada, el 23 de enero de 2023 acudió a una joyería y la vendió por un precio de 594 euros; pero el asunto acabó en los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Penal nº 2 de la capital alavesa lo condenó como autor penalmente responsable de un delito leve de apropiación indebida y otro de estafa impropia; pero, el argelino apeló a la Audiencia Provincial de Álava que, al estimar su recurso, descartó ambas conductas delictivas y revocó dicha resolución en el sentido de dejar sin efecto la condena del acusado como autor de un delito leve de apropiación indebida y de un delito de estafa impropia.

Esa resolución judicial -la SAP VI 781/2025, de 30 de junio de 2025- resulta especialmente didáctica para diferenciar los conceptos de «res derelictae» y «res nullius»:

(…) en términos jurídicos, res nullius se refiere a cosas que nunca han tenido dueño, mientras que res derelictae son cosas que han sido abandonadas por su propietario con la intención de renunciar a su propiedad. Ambas categorías pueden ser objeto de ocupación, pero la principal diferencia radica en su origen: la res nullius nunca ha tenido dueño, mientras que la res derelictae sí lo tuvo, pero fue abandonada. Podríamos definir la res nullius como "cosa de nadie", y se denomina de esta manera a aquella cosa que no ha pertenecido a ninguna persona. En contraposición con las res derelictae, estas si han tenido un dueño, pero éste, voluntariamente y sin ánimo de volver a recuperarlas, las ha abandonado. 

Son importantes estos conceptos puesto que en ambos casos cabe la posibilidad de adquirir la propiedad de estos objetos, sin lesión patrimonial alguna. Así lo establece sin ningún tipo de dudas el Art. 610 del Código Civil, al decir literalmente que "Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas". Completa lo anterior lo estipulado en el Art. 460 del Código Civil que dice que " El poseedor puede perder su posesión por abandono de la cosa", entre otros varios supuestos.

Como vemos en las res nullius y las res derelictae falta la concepción de ajenidad, que forma parte del elemento normativo del tipo penal que nos ocupa, concepción de ajenidad que viene delimitada en el ámbito del derecho penal según reiterada jurisprudencia por dos notas negativas, la primera que no sea propia, y la segunda, que no sea susceptible de ocupación. A sensu contrario si es susceptible de ocupación no puede ser ajena y por lo tanto no se conforma, en este caso, el tipo penal de apropiación indebida del Art.254.1 del CP, puesto que ambos requieren que la cosa sea ajena.

En definitiva la acreditación de la condición de res nullius o res derelictae de la cosa apropiada determinaría el dictado de una sentencia absolutoria.

Y llegados a este punto lo relevante es probar el abandono, este abandono debe ser voluntario y sin ánimo de recuperar el objeto más tarde. Este abandono, no obstante, puede inferirse de ciertos criterios, como puede ser la apariencia de los objetos, la ubicación de los mismos, etc, el tiempo que llevan en el mismo sitio, criterios que pueden llevar a pensar a una persona media que se trata de efectos abandonados por los anteriores tiulares.

No hay que confundir res derelictae, cosa abandonada, con cosa perdida. En el caso del objeto perdido, hay un dueño que ha extraviado el bien, y a diferencia del caso de la res derelictae no cabe la ocupación, esto es no podemos hacer nuestro el objeto perdido.

Aplicando lo anterior al caso de autos entendemos que por las circunstancias del hallazgo de la joya (en el interior de una bolsa de basura que contenía útiles de limpieza y dentro de un contenedor) [el recurrente] pudo entender que se encontraba ante un objeto abandonado y por tanto no conocía de la ilicitud del hecho cometido. En consecuencia su conducta se ampara en el error de tipo contemplado en el Art. 14 del CP y que subyace en la alegación del recurrente (…).

El origen del Programa Mundial de Alimentos

El Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor impulsor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto; asimismo, la institución noruega destacó que brindar asistencia en el suministro alimentario no solo previene el hambre, sino que también puede ayudar a mejorar las perspectivas de estabilidad y paz. El mundo corre el peligro de sufrir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles si el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones de asistencia alimentaria no reciben el apoyo financiero que han solicitado. Finalmente, definió al PMA como la organización humanitaria más grande del mundo que se centra en la asistencia alimentaria contra el hambre. (…) Sus esfuerzos se centran en la asistencia de emergencia, el auxilio y la rehabilitación, la ayuda al desarrollo y las operaciones especiales. Dos tercios de su trabajo se realizan en países afectados por conflictos donde las personas tienen tres veces más probabilidades de desnutrición que las que viven en países sin conflictos [*].

El origen del Programa Mundial de Alimentos se remonta a la Resolución A/RES/1496(XV), de 27 de octubre de 1960, de la Asamblea General de las Naciones Unidas [Suministro por conducto del sistema de las Naciones Unidas, de excedentes de alimentos a los pueblos que padecen deficiencias alimentarios]. En aquel momento, el órgano plenario de la ONU se hizo eco de algunas iniciativas previas; por un lado, la Campaña Mundial contra el Hambre, puesta en marcha por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en cooperación con la propia ONU, sus organismos especializados, los gobiernos de los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales para resolver el problema de suministrar alimento suficiente a los pueblos que padecen deficiencias alimentarias; y, por otro, diversas resoluciones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) -uno de los seis órganos de la ONU- sobre cooperación internacional para la creación de reservas mundiales de alimentos [resoluciones 827 (IX) de 14 de diciembre de 1954, 1025 (XI) de 20 de febrero de 1957, 621 (XXII) de 6 de agosto de 1956 y 685 (XXVI) de 18 de julio de 1958]. Con esos precedentes, aquella resolución de 1960 invitó a la FAO a establecer los procedimientos las mayores cantidades posibles de excedentes de alimentos (…) para facilitar para combatir el hambre; y a emprender un estudio sobre la posibilidad y conveniencia de concertar otros arreglos (…) que tengan como objetivo la movilización de excedentes de alimentos disponibles y su distribución en las zonas de máxima necesidad, sobre todo en los países económicamente poco desarrollados.

Sede del PMA en Roma

El siguiente paso llegó con la A/RES/1714(XVI), de 19 de diciembre de 1961, aprobando la creación, con carácter experimental, de un Programa Mundial de Alimentos que emprenderán conjuntamente las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en colaboración con otros organismos interesados de las Naciones Unidas y con los órganos intergubernamentales competentes, habida cuenta de que la creación de tal programa no vulnera en modo alguno los acuerdos bilaterales entre los países desarrollados y los países en desarrollo, del Programa Mundial de Alimentos.

El PMA [en inglés: World Food Programme (WFP)] desarrolló su primera acción casi de inmediato proporcionando trigo, azúcar y té a los damnificados por un terremoto en Irán (1962) y dando de comer a los nubios desplazados en el Sur de Egipto por la construcción de la Presa de Asuán (1963). Desde entonces, continuó sus campañas en el Sahel, Etiopía, Camboya, Sudán, Ruanda, Yugoslavia, Centroamérica, Haití, Yemen, Siria, etc.

De acuerdo con su Plan Estratégico 2026-2029 [aprobado por la Junta Ejecutiva del Programa en Roma (Italia), el 10 de noviembre de 2025], (…) los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional sirven al PMA de principal orientación y proporcionan el marco ético para todos sus programas y operaciones, especialmente en situaciones de emergencia. La adhesión visible y sistemática a los principios humanitarios permite al Programa generar confianza, gestionar los riesgos y, en última instancia, conseguir un acceso sostenible a las personas necesitadas (§113). Al igual que la FAO o el FIDA, tiene su sede en la capital italiana.

Como se puede observar en este mapa conceptual del Sistema de las Naciones Unidas, el PMA se enmarca entre otros conocidos programas y fondos de la ONU, como el PNUD, ONU Mujeres, el ACNUR, UNICEF o la UNDCP.

La Ley para la Reforma Política o el «harakiri» de las Cortes franquistas

Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política (…); así comienza el primer párrafo de la disposición derogatoria de la Constitución Española de 1978 que dejó sin vigencia la norma que se había aprobado, el año anterior, con el rango de Ley Fundamental, y que enunciaba los puntos rectores en los que se asentaría el futuro Estado español: democracia; supremacía de la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo; inviolabilidad de los derechos fundamentales y potestad de las Cortes para elaborar y aprobar leyes; así como contenía el mandato al Gobierno para que regulara unas elecciones a Cortes con objeto de constituir el Congreso de los Diputados y el Senado, que se celebraron finalmente el 15 de junio de 1977, siendo las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil de 1936; tal y como la resumió el jurista José Antonio Alonso Fernández [1].

Unos meses antes de que se adoptara aquella trascendental norma, el Real Decreto 2635/1976, de 24 de noviembre, sometió a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma Política (LRP) que se celebró el 15 de diciembre de 1976. De acuerdo con Art. 3: La consulta se llevará a cabo formulando la siguiente pregunta: «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?»; acudieron a las urnas 17.599.562 votantes -lo que representó una participación cercana al 78%- y, de forma casi unánime, los españoles eligieron la papeleta del «sí» (16.573.180) frente a la del «no» (450.102). Por ese motivo, el preámbulo de la LRP justificaba de este modo su aprobación: porque el texto se había remitido a consulta de la Nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum celebrado el día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango Fundamental, que había sido aprobado por las Cortes en sesión plenaria del dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis [18 de noviembre de 1976].

Apenas seis días antes de que la LRP fuese aprobada por las Cortes Españolas se convocó una huelga general para el 12 de noviembre, en la que participó un millón de trabajadores, insuficiente para derrocar al gobierno [2]. Según los historiadores Miguel Martorell y Santos Juliá: (…) Cuatro días después de la huelga, comenzaba en las Cortes la discusión del proyecto de Ley para la Reforma Política. El gobierno confirmó su primera propuesta de elección proporcional y de distritos provinciales con un mínimo de diputados para el Congreso y, para el Senado, un número igual de escaños por provincia, lo que alentaba la expectativa de un amplio triunfo para la derecha en las anunciadas elecciones generales. Con la promesa de futuros escaños y no pocas amenazas, el gobierno obtuvo en las Cortes un éxito clamoroso: de los 531 procuradores 425 votaron a favor de un proyecto de ley que implicaba la desaparición de las Cortes orgánicas y, por tanto, no la reforma sino la derogación pura y simple de la Ley de Cortes; sólo 59 votaron en contra, 13 se abstuvieron y otros 34 no se presentaron a la votación. Fue un resultado que permitió al gobierno romper la estrategia de la oposición, sin pactar con ella, al asumir como tarea propia el objetivo que la misma oposición asignaba al llamado gobierno de amplio consenso democrático: de una sola tacada, el camino había quedado completamente despejado para convocar elecciones generales [2].

De este modo, la LRP se convirtió en una pieza política clave en los inicios de la Transición democrática española, además de un instrumento jurídico que permitió el desmantelamiento institucional del régimen franquista y el tránsito hacia un sistema democrático (…). Con la entrada en vigor de la LRP, se había consumado el momento inicial del proceso de transición democrática: «de la ley a la ley, a través de la ley», en frase acuñada por uno de sus iniciales muñidores, [el presidente de las Cortes Españolas] Torcuato Fernández-Miranda [3]. Asimismo, los profesores Contreras y Cebrián añaden que: (…) casi coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Franco, durante tres días cruciales y tensos —16, 17 y 18 de noviembre—, la operación liderada por Adolfo Suárez, que había ingeniado la LRP como llave para abrir a la Transición el camino de la democracia mediante la convocatoria de unas próximas elecciones generales, se jugó su futuro político [3]. Fueron unos eventos parlamentarios que la prensa bautizó como el harakiri de las Cortes franquistas [3]; expresión que se ha mantenido hasta nuestros días porque, en palabras del profesor Ignacio Sánchez-Cuenca: los procuradores aceptaron 'suicidarse' políticamente [4].

Concluimos con otra reflexión: el Art. 3.3 LRP fue el precepto que previó que el Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter el Proyecto a referéndum de la Nación; y, como consecuencia, cuando las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 aprobaron el proyecto de la vigente Constitución, procedió someterlo a Referéndum de la Nación el 6 de diciembre de 1978, tal y como se estableció en el Real Decreto 2560/1978, de 3 de noviembre. De acuerdo con su Art. 3: La consulta se llevará a cabo formulando la siguiente pregunta: «¿Aprueba el proyecto de Constitución?».

En ese sentido, charlando con la periodista Victoria Prego, el presidente Adolfo Suárez afirmó que: Ésta es la primera gran operación política de la transición y se llama así, Ley para la Reforma Política, porque no era una ley «de reforma» sino «para la reforma», que en última instancia permitía que el poder residiera en el pueblo español, en la soberanía popular. Y tenía que ser una ley fundamental para que pudiera ser refrendada por el pueblo español, porque esa ley iba a anular en la práctica las Leyes Fundamentales anteriores. Con esa ley fue posible tiempo después elaborar una Constitución entre todas las fuerzas políticas sin que nadie pudiera acusarnos de haber violentado el procedimiento establecido por el régimen anterior para cualquier cambio político.

¿Por qué se tenía que hacer así? Primero, porque yo creo que eso era importante para una buena parte de la ciudadanía española. Segundo, y esto es, quizá, lo último que podría importar, porque las personas que protagonizamos la reforma habíamos jurado lealtad a las Leyes Fundamentales, y para evitar cualquier acusación en el futuro y para hacerlo desde el más estricto respeto a la legalidad seguimos milimétricamente los pasos establecidos por las Leyes Fundamentales para su propia modificación. De esa manera pudimos luego hacer una Constitución que no nació de una ruptura con lo anterior desde el punto de vista legal, aun cuando sí se producía una ruptura en el fondo, en la forma y en todo [5].

Citas: [1] ALONSO FERNÁNDEZ, J. A. Tribunal Constitucional y fines de la prisión provisional. Evolución de la prisión provisional en España. Barcelona: JMBosch Editor, 2019, p. 145. [2] MARTORELL, M. y JULIÁ, S. Manual de historia política y social de España (1808-2011). Barcelona: RBA, 2012, p. 405. [3] CONTRERAS CASADO, M. & CEBRIÁN ZAZURCA, E. “La ley para la reforma política: memoria y legitimidad en los inicios de la transición española a la democracia”. En: Revista de Estudios Políticos, 2015, nº 168, pp. 77, 78, 96 y 110. [4] SÁNCHEZ-CUENCA, I. Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia. Madrid: Alianza Editorial, 2014. [5] PREGO, V. Adolfo Suárez. La apuesta del Rey (1976-1981). Madrid: Unidad Editorial, 2002, pp. 44 y 45].

Las caricaturas según el Tribunal Constitucional

Como sabemos, en la Constitución Española de 1978 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (Art. 18.1 CE); a continuación, también se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. (…) El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa [aunque] estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia (Art. 20 CE). Precisamente, en su desarrollo normativo, el preámbulo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen vuelve a referirse a la confluencia de ambos preceptos: Conforme al artículo dieciocho, uno, de la Constitución, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de fundamentales, y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artículo veinte, cuatro, dispone que el respeto de tales derechos constituya un límite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales. 

De acuerdo con el Art. 7.5 de esa Ley Orgánica, tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley: (…) 5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos. Y, por alusiones, el citado Art. 8.2 dispone que: En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), el italianismo «caricatura» es un artículo que se define, entre otras acepciones, como: 1. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. 2. Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto (…).

En el fundamento jurídico (FJ) quinto de la sentencia 23/2010, de 27 de abril, del Tribunal Constitucional, encontramos la definición que ha dado nuestro órgano de garantías:  (…) debe entenderse por tal toda creación satírica realizada a partir de las facciones y el aspecto de alguien, deformando su realidad. Con la generalización de las nuevas tecnologías de tratamiento de la imagen, esta categoría, que tradicionalmente se había basado exclusivamente en la dimensión humorística del dibujo, se plasma cada vez con más frecuencia en la alteración de fotografías originales, aunque no pierde por ello su esencia de creación irónica basada en la reelaboración de la fisionomía del modelo que tiene por objeto. En los casos en los que la caricatura se elabora mediante la distorsión de la imagen fotográfica de una persona, resulta evidente que se viene a afectar al derecho a la propia imagen de la persona representada, si bien tal afección puede venir justificada por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] o, incluso, de la libertad de creación artística [art. 20.1 b) CE]. Desde el punto de vista de la libertad de expresión, la caricatura constituye, desde hace siglos, una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla y la ironía críticas sociales o políticas que, en tanto que elemento de participación y control público, resultan inescindibles de todo sistema democrático, y coadyuvan a la formación y existencia “de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático” (STC 12/1982, de 31 de marzo, FJ 3).

En este caso, en particular [el asunto se refería a que en su edición de 1 de mayo de 1995, la revista humorística “Noticias del Mundo”, hoy desparecida, publicó un reportaje caricaturesco sobre (…) un personaje conocido y habitual en la prensa del momento en el que (…) mediante técnicas de manipulación de la imagen, se conjuntaba la cabeza y el rostro de la recurrente con el cuerpo de otra mujer, mostrado hasta los muslos y cubierto exclusivamente por un tanga a la cintura] el Tribunal Constitucional consideró que: (…) la difusión de la caricatura que ahora analizamos, con independencia del juicio que pudiera merecer su contraste con el derecho al honor de la afectada no puede entenderse como un ejercicio de crítica política o social a través de la sátira y el humor.

En ese mismo sentido, el Constitucional consideró en la citada STC 23/2010, de 27 de abril, que: (…) resulta evidente que en ocasiones la manipulación satírica (…) puede obedecer a intenciones que no gozan de relevancia constitucional suficiente para justificar la afectación del derecho reconocido en el art. 18.1 CE, por venir desvinculadas de los objetivos democráticos reseñados. De hecho, a menudo, como señalamos en la STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 5, “el propósito burlesco, animus iocandi, se utiliza precisamente como instrumento del escarnio” y, sin duda, cabe imaginar la difusión de caricaturas comercializadas por mero objetivo económico o incluso creadas con la específica intención de denigrar o difamar a las personas representadas (cfr. STEDH Aguilera Jiménez y otros c. España, de 8 de diciembre de 2009, § 32 y ss.). En estos casos, la ausencia de un interés público constitucionalmente defendible priva de justificación a la intromisión en el derecho a la propia imagen, de tal modo que si se usa ésta sin consentimiento de su titular puede resultar lesionado el citado derecho fundamental garantizado en el art. 18.1 CE.

Aquella jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se dictó en relación a fotomontajes, acabará aplicándose también a los populares «memes» [del inglés meme, palabra acuñada en 1976 por R. Dawkins, biólogo inglés, sobre el modelo de gene 'gen' y a partir del gr. μίμημα mímēma 'cosa que se imita'. (…) Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet (DRAE)]; cuando de forma satírica, cercana a veces a la caricatura (STC 110/2000, de 5 de mayo) vulneren los derechos del recurrente y este merezca la protección constitucional.

PD: aunque los «memes» no han llegado en amparo a nuestro órgano de garantías -aún- sí que podemos empezar a encontrarlos en otras sentencias; es el caso del Tribunal Supremo, donde los magistrados ya han tenido que valorar si aquellas imágenes constituían, o no, una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del denunciante; por ejemplo, la STS 2431/2026, de 3 de junio; o, en el ámbito autonómico, las sentencias STSJ M 4606/2024, de 23 de abril, o STSJ M 5260/2022, de 20 de abril (Tribunal Superior de Justicia de Madrid). En esta última resolución, el máximo órgano judicial madrileño afirma que:  (…)  Y en el supuesto ahora enjuiciado, según se indica en la sentencia, de la prueba practicada en autos ha resultado acreditado que el demandante ha hecho uso del estado de WhatsApp, insertando en el mismo frases que contienen mensajes dirigidos a dos superiores jerárquicos (la directora de recursos humanos y ex mujer del dueño y un directivo de la empresa hijo de ambos) y los videos, memes, publicaciones y fotogramas son claramente ofensivos, habiendo hecho uso de su imagen para editar videos y memes de contenido degradante para los mismos que implican un claro desprestigio tanto personal como profesional.

NB: caricaturas del dibujante egipcio Sherif Arafa.

Las «Convenciones de Nootka»... y las Islas Malvinas

En la Gaceta de Madrid nº 2911, de 29 de septiembre de 1842, el precedente histórico del actual BOE publicó la curiosa «Lista de los tratados celebrados por España con varias Potencias desde el siglo XIII hasta el día, formada, según dice un periódico de esta corte, de apuntes adquiridos en la primera Secretaría de Estado y del Despacho». En concreto, al referirse a los acuerdos suscritos con Inglaterra se incluye la siguiente reseña: «Convención de Nootka, hecha en Whitehall el 11 de Enero de 1794, sobre nuevas instrucciones á los comisionados para llevar á efecto el articulo 1º de la del 28 de Octubre de 1790 sobre restitución de edificios y terrenos en Nootka». Un año más tarde, se publicó la didáctica Gazeta nº 3155, de 28 de mayo de 1843, sobre la Política colonial de la Gran Bretaña en el Territorio del Oregón, en la que, de nuevo, se cita la primera de aquellas convenciones:

(…) La España fue la primera que descubrió y exploró el Noroeste del continente americano: y por esta causa, ella sola podía pretender ocuparle. Lo pretendió en efecto, y la misma Inglaterra por la convención de Nootka, firmada en Londres en 1790. reconoció la justicia de sus pretensiones. Pero España cedió este derecho de posesión a los Estados-Unidos por el tratado de la Florida, concluido en Washington en 22 de Febrero de 1819. Por este tratado el Rey de España trasmitió á los Estados Unidos todos sus derechos, reclamaciones y pretensiones sobre el pais descubierto en su nombre en los 42º de latitud al Norte, renunciándolos para siempre por él y sus sucesores. Después de haberse proclamado Méjico independiente vino á formar parte de este tratado, confirmándole en Méjico el 12 de Enero de 1828, y reconociendo plenamente la cesión hecha a los Estados-Unidos por la España. Este titulo en manos de los americanos da mayor valor al descubrimiento y exploraciones hechas en I792 por el capitán Roberto Gray de lá embocadura y de una parte del curso del Colombia, y del viaje emprendido en 1805 en nombre y á expensas del Gobierno federal en el interior del territorio del Oregon por Lewis y Clarke (…).

Situación de la provincia de Columbia Británica (Canadá)

Tras ese singular prolegómeno, conviene que -antes de continuar- nos situemos en un mapa. El Estrecho de Nootka [en inglés: Nootka Sound] -que también se transcribe al castellano como Nutka o Nutca- separa la pequeña Isla de Nootka de la cercana Isla de Vancouver, mucho más extensa y conocida [que, actualmente, forman parte de la provincia de la Columbia Británica (Canadá)]; en la costa del Océano Pacífico que baña el Noroeste de Norteamérica. ¿Qué sucedió en aquel remoto lugar para que los gabinetes de Londres y Madrid tuvieran que firmar nada menos que tres acuerdos para evitar un conflicto armado que movilizó a la diplomacia de toda Europa?

El historiador Antonio Calvo Maturana lo resume así: (…) El 14 y el 24 de junio de 1789, el capitán español Esteban José Martínez capturó dos barcos ingleses en la bahía de Nootka-Sound (…) y detuvo a la tripulación de ambos navíos. Este lance provocó una crisis internacional a gran escala, que a punto estuvo (…) de desencadenar un conflicto de consecuencias hoy imprevisibles para España, Gran Bretaña y Francia [1]. Recordemos que, en aquel momento, la monarquía española ya no podía contar con la tradicional alianza francesa y su Pacto de Familia, al estar inmersos en plena Revolución. De todos modos, en el tapete de las negociaciones sobre Nootka no estaba la posesión de aquel promontorio (por muchas posibilidades estratégicas y económicas que ofreciese entonces), sino el monopolio hispano en América, mantenido virtualmente durante años. El derecho internacional vigente (en especial, el artículo VIII de la Paz de Utrecht) daba la razón a los españoles, la superioridad naval y los incipientes usos colonialistas contemporáneos, a los ingleses [1].

Sin la ayuda de Francia -de acuerdo con el historiador José Luis Clares Molero- la posición de España era insostenible. Afortunadamente, con el paso de los meses la indignación popular en Inglaterra remitió y se abrió la puerta a una solución pacífica. El 28 de octubre de 1790 se firma en Madrid la primera Convención de Nutca, por la que ambas potencias reconocen que la otra tiene derecho a hacer asentamientos en la zona en disputa [2]. La firma tuvo lugar en San Lorenzo el Real [San Lorenzo del Escorial (Madrid)] y, oficialmente, el acuerdo se denominó «Convención del 28 de octubre de 1790 con Gran Bretaña, sobre pesca, navegación y comercio en el Pacífico y los Mares del Sur».

Los tres acuerdos que se firmaron los ha resumido el portal de Archivos Españoles: (…) Las Convenciones de Nutka o más puristamente de Nutca fueron una serie de tres acuerdos entre entre España y Reino Unido, firmados en 28 de octubre de 1790, 12 de febrero de 1793 y 11 de enero de 1794 que evitaron una guerra entre los dos países por sus reclamaciones sobre los mismos territorios de la costa noroeste del Pacífico en América del Norte. Los tratados resolvieron el conflicto que había comenzado cuando España tomó la isla de Nutka, que reclamaban las dos partes. Las convenciones de Nutka resolvieron la disputa y abrieron la costa del Pacífico desde el Territorio de Oregón hasta la Colombia Británica a los asentamientos británicos. Los reclamos de España databan de tres siglos antes cuando la bula papal Inter coetera de 1493 dividió el mundo y reconoció para España derechos exclusivos a establecerse en la costa del Pacífico en América del Norte. Las reclamaciones británicas sobre la región databan del viaje de Francis Drake en 1579 y también por los derechos de descubrimiento del capitán James Cook en 1778, aunque una expedición española llegó más al norte en 1774. Por la Tercera Convención de Nutka, firmada el 11 de enero de 1794 entre el Barón de Saint Helens por parte del Reino Unido y el Duque de Alcudia por parte de España, los españoles no renunciaron a sus reclamaciones, pero permitieron a las otras partes poder comerciar en el Estrecho de Nootka Sound, donde la fortificación o presidio española de Fuerte San Miguel fue construida en 1789 y debía ser evacuada. Se permitía el libre acceso a la bahía de Nutka a ambas naciones, pero no se permitía construir en ella establecimientos permanentes. Las fuerzas españolas evacuaron Nutka el 2 de abril de 1795, en presencia de un representante de cada país, se izó la bandera británica y se declararon devueltos a este país los "Edificios y Distritos de terreno", sin precisarlos.  El virrey de Nueva España ordenó efectuar cada seis meses un viaje desde San Blas a Nutka, pero sólo se realizó uno en 1796 (*). 

¿Y cómo se vincula aquel territorio de Norteamérica con la soberanía de las Islas Malvinas al Sur del Océano Atlántico?

Del tenor literal de la I Convención de Nootka (1790) -como investigó el profesor Ricardo Caillet Bois- (…) Su Majestad británica se obliga a emplear los medios mas eficaces para que la navegación y la pesca de sus súbditos en el Océano Pacifico ó en los mares del Sur no sirvan de pretesto a un comercio ilícito en los establecimientos españoles; y con esta mira se ha estipulado ademas espresamente, que los súbditos británicos no navegarán ni pescarán en los dichos mares á distancia de diez leguas marítimas de ninguna parte de las costas ya ocupadas por España» (Art. 4º) [3].

En consecuencia, ese marco legal, para muchos expertos -como las profesoras Cintia Díaz-Silveira Santos y Alicia Herreros Cepeda- sería aplicable a la reclamación argentina de la soberanía de las Islas Malvinas porque: (…) a la luz de lo analizado sobre el Tratado de Nootka de 1790 -por el que los españoles obtuvieron la soberanía sobre las islas [Malvinas]-, y cómo las islas formaban parte del territorio nacional cedido por los españoles como “sucesión colonial” para el nacimiento del nuevo Estado argentino el 9 de julio de 1816 [4] puesto que su Art. 6º se refería específicamente al Sur de América (…) suponía que Gran Bretaña reconocía la soberanía española sobre las Malvinas, que tras una disputa previa, los británicos habían abandonado en 1774 y que en el año en que se firmó la Primera Convención de Nootka, 1790, estaban exclusivamente ocupadas por españoles [5].

Citas: [1] CALVO MATURANA; A. “Génesis del II Imperio Británico y ocaso del universalismo español: la doble vertiente del conflicto de Nootka (1790)”. En: Hispania. Revista Española de Historia, nº 228, vol. LXVIII, pp. 152 y 153. [2] CLARES MOLLERO, J. L. “La Cuestión de Nutka”. En: Archivo Histórico Nacional. [3] CAILLET-BOIS, R. R. (1929). “La controversia del "Nootka Sound" y el Río de la Plata”. En: Humanidades [La Plata, 1921], vol. 20, p. 352. [4] DÍAZ-SILVEIRA SANTOS, C. “La cuestión de las Malvinas: del tratado de Nootka al principio de auto-determinación de los pueblos”. En: MARTÍNEZ PEÑAS, L. & FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. El Ejército y la Armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo. Madrid: URJC, 2011, p. 332. [5] HERREROS CEPEDA, A. “Introducción a la presencia española en el Noroeste”. En: Ob. cit, p. 25.

Los derechos de las abejas amazónicas sin aguijón

En España, ya lo advirtió el preámbulo de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca: (…) ha llegado el momento de dar un salto cualitativo y adoptar un nuevo modelo jurídico-político, en línea con la vanguardia jurídica internacional y el movimiento global de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En esa línea del derecho medioambiental más avanzado, ya vimos diversos ejemplos de cauces fluviales que habían logrado ser declarados «entidad sujeto de derechos» -es decir, entes naturales a los que se les atribuyó personalidad jurídica, de acuerdo con la sentencia 142/2024, de 20 de noviembre, del Tribunal Constitucional español- como ha sucedido con la cuenca del río Atrato (Colombia), el Whanganui (Nueva Zelanda), Ganges y Yamuna (India), Turag (Bangladés)… o, sin ir tan lejos, la Declaración de Derechos del río Tines y los compromisos de su comunidad de ribera, adoptada el 29 de febrero de 2024 por el Ayuntamiento de Outes (La Coruña, España) que, por pertenecer al ámbito municipal, no dista mucho de los casos que analizaremos hoy de dos ordenanzas aprobadas por alcaldías peruanas para proteger los derechos intrínsecos y permanentes de las abejas amazónicas sin aguijón [definidas como el grupo de abejas sociales pertenecientes a la tribu Meliponini, que carecen de un aguijón funcional debido a que este se encuentra atrofiado. Para defenderse, emplean estrategias como morder o utilizar sustancias adhesivas, como resinas o propóleos].

Por un lado, en la Municipalidad Provincial de Satipo -que se encuentra situada en el Departamento de Junín (interior de Perú)- su Concejo Municipal adoptó, por unanimidad, el 27 de octubre de 2025, la «Ordenanza que promueve la declaratoria de derechos de las abejas sin aguijón en el territorio de la reserva de biosfera Avireri-Vraem». La base jurídica de sus regidores se remitió al Art. 194 de la Constitución del Perú donde se dispone que: Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precepto que se desarrolló en el Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley nº 27972). De acuerdo con su Art. II: La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Asimismo, cita la Ley General del Ambiente (Ley n° 28611) y la Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM).

Con ese marco, la propuesta que se aprobó en la Municipalidad Provincial de Satipo tenía por objeto: declarar formalmente a las abejas amazónicas sin aguijón y a su hábitat como sujetos de derechos, reconociéndoles derechos intrínsecos, como existir, mantener poblaciones saludables, vivir en un ambiente sano, conservar y regenerar su hábitat y vinculando su protección con la conservación integral del Amazonas y establecer que dentro de la provincia de Satipo, queda prohibido el uso de los plaguicidas existentes, incluidos los plaguicidas cosméticos y los productos químicos agrícolas, que sean nocivos o representen un riesgo inaceptable para las abejas sin aguijón; así como también prohíbe la quema de colmenas, panales o enjambres en los espacios protegidos de la provincia.

El Art. 9 enumera esos derechos reconociéndoles el derecho a la representación en el ejercicio de sus propios derechos e intereses jurídicos. Asimismo, proclama que: Los Derechos de las abejas amazónicas sin aguijón están intrínseca e inseparablemente conectados con los Derechos Humanos y el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Garantizar los derechos de estas especies requiere asegurar un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales y los pueblos indígenas ejerzan plenamente sus derechos a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Todo ello en el territorio de la Reserva de Biosfera Avireri Vraem, en la Provincia de Satipo, para la conservación y protección de las abejas afirmando su rol fundamental en la polinización.

Y, por otro lado, tenemos la Ordenanza Municipal nº 017-2025-MPL-N, de 2 de diciembre de 2025, del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta [Departamento de Loreto (al Noreste de Perú)] que también promovió y declaró formalmente a las abejas sin aguijón y a su hábitat como sujetos de derechos, vinculando su protección con la conservación integral del Amazonas y promocionando la meliponicultura [cría de abejas meliponas (sin aguijón)] sostenible.

Como curiosidad, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/72/211, de 20 de diciembre de 2017, designó el 20 de mayo de cada año como Día Mundial de las Abejas; tras reconocer la contribución y el papel fundamental que desempeñan las abejas y otros polinizadores en la producción sostenible de alimentos y la nutrición; y que los servicios ecosistémicos proporcionados por las abejas y otros polinizadores aportan a la salud del ecosistema, al preservar el estado de la diversidad biológica, genética y de las especies.

PD: sobre las normas peruanas que protegen las olas de Tumbes (en la frontera norte con Ecuador) a Tacna (en el extremo sur, lindando con Chile). Asimismo, hablando de animales desde el punto vista jurídico, no olvidemos la propuesta de reconocer determinados derechos a los grandes simios.