El desconocido proyecto de Moynier para establecer una jurisdicción penal internacional en 1872

(…) por sus esfuerzos humanitarios para ayudar a los soldados heridos y fomentar el entendimiento internacional, en 1901, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz al fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja e impulsor del Convenio de Ginebra: el filántropo suizo Henry Dunant (1828-1910) [ex aequo con el político francés Frédéric Passy (1822-1912) por su trayectoria profesional en favor de las conferencias internacionales de paz, la diplomacia y el arbitraje y como máximo exponente del movimiento pacifista internacional]. Fueron los primeros laureados que recibieron este prestigioso galardón. Como sabemos, gracias al apoyo tanto de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública como del Gobierno helvético, Dunant y otras cuatro personas -en la imagen inferior: el general Guillaume-Henri Dufour, el abogado Gustave Moynier y los doctores Theodore Maunoir y Louis Appia [la llamada Comisión de los Cinco]- crearon la Cruz Roja el 29 de octubre de 1863 y, casi un año más tarde, el 22 de agosto de 1864, lograron que dieciséis países europeos se reunieran en su ciudad natal para formular el Convenio para el amejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña; a partir de aquella pionera iniciativa, comenzó a gestarse el cuerpo jurídico de la Convención de Ginebra, formado en la actualidad por cuatro convenios, dos protocolos adicionales y cerca de cien convenios internacionales de desarrollo con el objetivo básico de salvaguardar y proteger a las víctimas de los conflictos armados, aunando dos conceptos que, hasta ese momento, parecían irreconciliables: la guerra y el derecho. Formalmente, había nacido el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En ese contexto, lamentablemente, la sombra de la figura de Dunant acabó eclipsando la gran labor que desempeñó su «amigo» Moynier con quien mantuvo divergencias, ciertamente reales, de modo que, hasta 1864, los temperamentos de Moynier y de Dunant se oponen, sin duda, se rozan, mostrando a partir de entonces falta de caridad hacia Dunant cuando este, victima de reveses financieros, creyó deber emprender el camino del exilio; y cuando pareció ignorar que las ideas generosas de Dunant habían significado, no obstante, la señal de su propio ascenso en la creación y la difusión de la Cruz Roja, y quizá también en el ámbito mas general del derecho internacional. Aun cuando Moynier, hasta su muerte, en 1910, haya utilizado expresiones injustas relativas a Dunant, tampoco hay que olvidar que el activo en favor del notable jurista es muy voluminoso, y que sus desvíos humanos quedaron ampliamente compensados con sus actos [1].

Charles Giron
Gustave Moynier, philanthrope genevois (1900)

Según la profesora Petit de Gabriel: (…) En 1862, siendo Moynier presidente de la Société d’utilité publique genevoise, apareció el libro de Henry Dunant, «Un recuerdo de Solferino» [y] Moynier era el hombre de acción que Dunant necesitaba para impulsar su proyecto [2]. No olvidemos que el abogado suizo presidió la Conférence internationale de Ginebra (1863) que estableció la Cruz Roja (cuyo Comité Internacional también dirigió, entre 1864 y 1910); cofundó el Instituto de Derecho Internacional (IDDI) en 1873, con el objetivo de crear un órgano de opinión jurídica del mundo civilizado en materia de Derecho Internacional; y, entre medias, aún tuvo la iniciativa de establecer un órgano judicial internacional para la prevención y la represión de las violaciones del Convenio de Ginebra, en 1872, para enjuiciar precisamente los delitos cometidos contra el DIH; sin duda, un claro precedente histórico de la actual Corte Penal Internacional (CPI) que apenas se conoce.

Como señaló Christopher Keith Hall -asesor jurídico de la Secretaría International de Amnistía International en Londres- (…) Hasta que Moynier propuso la institución de un tribunal permanente, casi todos los procesos por infracciones contra el derecho humanitario corrían a cargo no de los tribunales ordinarios o de un tribunal penal internacional, sino de tribunales ad hoc constituidos por uno de los beligerantes, generalmente el vencedor. Al parecer, el primer tribunal penal internacional ad hoc fue el de jueces de ciudades de Alsacia, Austria, Alemania y Suiza, que se constituyó, en 1474, para juzgar a Peter de Hagenbach por homicidio, violación, perjurio y otros delitos contrarios a las «leyes de Dios y de los hombres» durante la ocupación de la ciudad de Breisach; sin embargo, habrían de pasar casi cuatro siglos hasta que alguien considerara seriamente la idea de un tribunal penal internacional permanente [3].

Louis Gabriel Gustave Moynier [/gustáv muanié/] nació el 21 de septiembre de 1826 en Ginebra (Suiza) donde falleció el 21 de agosto de 1910. (…) pertenecía a la burguesía ginebrina. La revolución en 1846 obligó a su padre a abandonar Ginebra, por lo que Gustave Moynier se licenció en Derecho por la Facultad de París en 1850. Comenzó su vida profesional colegiándose como abogado en Ginebra con una tesis sobre los interdictos en Derecho romano. Ejerció por poco tiempo, pues enseguida siguió su vocación natural, altruista y caritativa, la cual habría de desarrollarse en tres instituciones a lo largo de su vida: la Société d’utilité publique genevoise, la Cruz Roja, y el Instituto de Derecho Internacional. Su participación en cada una de ellas está, por demás, estrechamente interrelacionada [2].

Aunque (…) Moynier no era inicialmente partidario de la institución de un tribunal penal internacional permanente [porque] abrigaba la esperanza de que los Estados Partes en el Convenio de Ginebra promulgarian leyes por las que se impusieran graves penas a los infractores [3]; (…) varios meses después, estalló la guerra francoprusiana [1870-1871; con una muy dolorosa victoria alemana para los franceses]. La prensa y la opinión pública de ambos bandos difundían atrocidades. Moynier se vio obligado a reconocer que «[...] una sanción puramente moral» es «insuficiente para contener las pasiones desatadas». Además, aunque ambos bandos se acusaron mutuamente de infringir el Convenio, no fueron capaces de castigar a los responsables o, al menos, de promulgar la legislación necesaria. Por consiguiente, en una reunión del Comité Internacional de la Cruz Roja celebrada el 3 de enero de 1872, presentó una propuesta de creación, mediante tratado, de un tribunal internacional, que se publico en el Bulletin International des Sociétés de secours aux militaires blessés el 28 de enero (predecesor de la Revista Internacional de la Cruz Roja), con el titulo: Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre a prevenir et a reprimer les infractions à la Convention de Genève [3].

Recordemos que el texto de la Convención de Ginebra de 1864 no contiene ninguna disposición relativa a la prevención o represión de los comportamientos contrarios a las normas que enuncia. (…) Tampoco los artículos adicionales de 1868 contienen ningún mandato dirigido a los Estados respecto a cómo hacer cumplir la convención o cómo reprimir sus violaciones [pero] fue la crudeza de la [mencionada] guerra de 1870 la que puso de manifiesto los verdaderos fallos de la Convención de 1864. Durante la guerra de 1870 tomaron parte en las operaciones de asistencia más de 14 sociedades nacionales de socorro, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja. A pesar de todo, tras la guerra lo que quedó fue el recuerdo de las numerosas y flagrantes violaciones del convenio y, en general, de las normas del Derecho de la guerra -aún no codificadas en aquel momento, pero ya tomando cuerpo consuetudinario- [2].

En el desarrollo de su propuesta, Moynier examinó, a su vez, los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos en relación con el derecho penal antes de concluir que es necesario contar con una institución internacional para reemplazar los tribunales nacionales [3].

El 3 de enero de 1872 -al tiempo que se celebraba en la Sala de Conferencias del Ayuntamiento de Ginebra el primer arbitraje internacional por la “Cuestión del Alabama”- el abogado presentó su Proyecto de convenio relativo a la institución de un órgano judicial internacional para la prevención y la represión de las violaciones del Convenio de Ginebra. La propuesta constaba de diez breves artículos. El tribunal sería, en efecto, una institución permanente, que se activaría automáticamente en caso de guerra entre las partes (Art. 1). El presidente de la Confederación Suiza habría de elegir por sorteo a tres juzgadores (denominados árbitros pero con funciones mas próximas a las de los jueces que a las de los árbitros) procedentes de Estados signatarios neutrales, y los beligerantes habrían de elegir a los otros dos (Art. 2.1). Si hubiera más de dos beligerantes, los que fuesen aliados escogerían a un solo juzgador (Art. 2.3). Si uno de los Estados signatarios neutrales que hubieran designado a un juzgador se convirtiera en beligerante durante la guerra, habría una nueva elección mediante sorteo para sustituir a ese juez (Art. 2.4). El tribunal no dispondría de una sede permanente, sino que los cinco juzgadores se reunirían lo antes posible en la localidad elegida provisionalmente por el presidente de la Confederación Suiza (Art. 2.2). Los jueces decidirían entre si el lugar en el que se reunirían (Art. 3.1), lo que permitiría que el tribunal pudiera reunirse donde resultara más conveniente a los acusados y a los testigos.

Y añade Hall: La propuesta dejaba a criterio discrecional de los juzgadores, cada vez que se convocara el tribunal, la decisión con respecto a los detalles de la organización del tribunal y del pertinente procedimiento (Art. 3.1); sin embargo, ciertos aspectos del procedimiento habrían de ser invariables en todos los casos. El tribunal celebraría una vista contradictoria (Art, 4.3) y dictaría en cada caso una sentencia absolutoria o condenatoria (Art. 5.1). El Estado demandante desempeñaría el papel de la acusación pública. Si se determinase la culpabilidad del acusado (lo que sugería que la carga de la prueba correspondería al demandante), el tribunal dictaría sentencia, de conformidad con el derecho internacional, que se recogería en un nuevo tratado independiente del Convenio de Ginebra (Art. 5.2). Solo se permitiría la presentación de denuncias por «los Gobiernos interesados» (Art. 4.1), ya que Moynier temía que el tribunal se viera desbordado por demandas frívolas [3].

Aquella Institution judiciaire internationale fue una ilustre propuesta doctrinal formulada a finales del siglo XIX que no se retomaría -sin éxito- hasta bien entrado el siglo XX con la frustrada iniciativa tomada en el seno de la Sociedad de Naciones (Convención de [16 de noviembre de] 1937 para la Creación de un Tribunal Penal Internacional), [pero que, al final, en el siglo XXI] ha tenido finalmente reflejo en la realidad del derecho internacional [5] en la actual CPI, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002.

Citas: [1] RUEGGER, P. “Gustave Moynier”. En: International Review of the Red Cross, 1976, nº 7, pp. 348 y 349. [2] PETIT DE GABRIEL, E. W. “La propuesta del Tribunal Penal Internacional de Gustave Moynier, un proyecto antiguo recientemente rescatado (1872-1998)”. En: CARRILLO SALCEDO, J.A. (Coord.) La criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional. Madrid: CGPJ, 2000, pp. 34, 41 y 42. [3] HALL, C.K. “The first proposal for a permanent international criminal court”. En: International Review of the Red Cross, 1998, nº 322, pp. 64 a 67. [4] ALCAIDE-FERNÁNDEZ, J. “Orden público y Derecho Internacional. Desarrollo normativo y déficit institucional”. En: AA.VV. Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Córdoba, Sevilla, Málaga: Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, 2005, p. 104.

Organizaciones internacionales (XXXVII): el SPREP

El Acuerdo para establecer el Programa Ambiental Regional del Sur del Pacífico [Agreement Establishing the South Pacific Regional Environment Programme (SPREP)] se firmó en Apia (Samoa) el 16 de junio de 1993 y entró en vigor el 31 de agosto de 1995; aunque se enmendó el 16 de septiembre de 2004 en Papeete (Polinesia Francesa) con el fin de dar cabida a nuevos miembros situados al Norte del Ecuador por lo que se decidió eliminar la referencia geográfica al “Sur” en su denominación por la actual, más genérica, de Programa Ambiental Regional del Pacífico [Pacific Regional Environment Programme o Programme régional océanien de l'environnement (PROE), en francés] aunque en inglés se conservaron las siglas SPREP. Se trata de una organización intergubernamental (Art. 1.1) que estableció su Secretaría en la capital samoana para promover la cooperación regional, proteger y mejorar el medioambiente del Océano Pacífico y garantizar un desarrollo sostenible a sus generaciones presentes y futuras. Para lograr estos objetivos, la Reunión Plenaria del SPREP adopta un Plan de Acción con las estrategias y los objetivos de la organización. Además de las citadas Secretaria y Reunión (bienal), desde 2015, el organigrama del Programa se completó con una Junta Ejecutiva subordinada a este órgano plenario que se convocan de manera alternativa a las reuniones.

El SPREP cuenta en la actualidad con 25 países y territorios miembros: Samoa Americana, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Polinesia Francesa, Guam, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva Caledonia, Niue, Islas Marianas del Norte, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Wallis y Futuna; además de los “cuatro países metropolitanos”: Australia, Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido (Estados Unidos abandonó la organización el 8 de enero de 2026; en línea con otros decretos presidenciales del Gobierno de Donald Trump sobre cuestiones medioambientales, como su retirada del «Acuerdo de París»).

A lo largo de sus tres décadas de existencia, el SPREP ha logrado que sus miembros hayan adoptado diversos tratados internacionales; siendo los más destacados:

• El Convenio para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente de la Región del Pacífico Sur (Convención de Numea) [Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region (Noumea Convention)] firmado en la capital de Nueva Caledonia el 24 de noviembre de 1986 y sus dos protocolos [Protocol for the Prevention of Pollution of the South Pacific Region by Dumping (Dumping Protocol of the Noumea Convention) 1986 y Protocol concerning Co-operation in Combating Pollution Emergencies in the South Pacific Region (Emergencies Protocol of the Noumea Convention) 1986]; que puso su mayor énfasis en adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación procedente de buques, fuentes terrestres, exploración y explotación del lecho marino, contaminación atmosférica, vertidos y ensayos de dispositivos nucleares (cuestión muy candente en esta parte del planeta por los ensayos nucleares franceses); y
• El Convenio para prohibir la importación de desechos radiactivos en los países del Foro de las Islas del Pacífico y controlar la circulación transfronteriza y la gestión de desechos peligrosos en la región del Pacífico Sur (Convenio de Waigani) [Convention to Ban the Importation into Forum Island Countries of Hazardous and Radioactive Wastes and to Control the Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within the South Pacific Region (Waigani Convention) 1995] firmado el 16 de septiembre de 1995 en Waigani (Papúa Nueva Guinea).

La «Constitución de Olmedo» [Provincia Libre de Guayaquil (1820-1822)]

Al comentar el legado constitucional del Ecuador ya tuvimos ocasión de mencionar la existencia del Reglamento Provisorio de Gobierno aprobado por la Junta Electoral de la Provincia Libre de Guayaquil, el 11 de noviembre de 1820. Si tenemos en cuenta que, en sentido estricto, la Constitución del Estado del Ecuador de 23 de septiembre de 1830 fue la primera Carta Magna de toda la República, los veinte artículos de aquel Reglamento de 1820 podrían calificarse sin lugar a dudas como el primer texto constitucional que se aprobó en territorio ecuatoriano -nuestra primera Carta Política o Ley Fundamental, en palabras del historiador y cronista local Camilo Destruge [1]- aunque su vigencia se limitase entonces tan solo a la mencionada provincia guayaquileña que se declaró libre e independiente (Art. 1) -desde el 9 de octubre de 1820- y en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur (Art. 2). El sobrenombre coloquial de «Constitución de Olmedo» se debe a que su impulsor fue el abogado José Joaquín de Olmedo (1780-1847) que la firmó en calidad de presidente, junto al empresario José de Antepara (1770-1821), elector secretario. Estuvo vigente del 11 de noviembre de 1820 al 13 de julio de 1822, como veremos más adelante.

Para situarnos en el contexto de aquella época, según el profesor Jaime E. Rodríguez: (…) A finales del siglo XVIII, la Provincia de Guayaquil contaba con una importante ciudad portuaria, Guayaquil, con una población de cerca de 15.000 habitantes, varios pueblos medianos con poblaciones de unos cuantos miles, y muchos pueblos y villas más pequeños. El cacao era el producto más importante de la región. (…) La diversidad de población y economía en la Provincia de Guayaquil creó una de las sociedades más igualitarias del Antiguo Régimen. Las oportunidades económicas fomentaban la movilidad social y hacían menos rígidas las jerarquías sociales tradicionales. (…) Aun cuando la mayor parte del comercio se encauzaba a través de los canales normales, una parte significativa del éxito económico de la ciudad era resultado de un vibrante comercio ilícito [2]; de ahí que el Reglamento Provisorio de Gobierno tenga un característico y constante sesgo mercantil gracias a la próspera economía de su puerto (por ejemplo, el Art. 3 dispuso que: El comercio será libre, por mar y tierra, con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno; el Art. 6 contempló que: Ningún pago se admitirá en cuenta a la Tesorería si no se hiciere por orden especial del Gobierno; el Art. 7 previó que cada mes se publicará un estado mayor de la entrada, salida y existencia de la tesorería; y el Art. 15 estableció una diputación de comercio arreglada en lo posible a la ordenanza de Cartagena).

Y añade: (…) El 9 de octubre de 1820, una junta de notables que actuaban en nombre de sus conciudadanos declaró la independencia como el primer paso hacia el establecimiento del Estado de Quito. Poco después, eligieron a Olmedo como presidente del nuevo gobierno. El nuevo régimen envió proclamas a Quito, Cuenca y otras ciudades del Reino de Quito informándoles sobre sus acciones y convocando a un congreso constituyente a celebrarse en Guayaquil el 8 de noviembre de 1820. El gobierno de Guayaquil conformó de inmediato un ejército, la División Protectora de Quito, para liberar al resto del reino. (…) El presidente Olmedo llegó a la conclusión de que la Sierra no podría ser liberada sin ayuda externa [y] durante casi dos años, intentó obtener ayuda del Protector San Martín del Perú y del Presidente Simón Bolívar de Colombia, sin comprometer a su país [pero] Bolívar informó a Olmedo que Colombia no permitiría a la región mantenerse independiente. Después de que las fuerzas realistas fueron derrotadas en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, el presidente Bolívar actuó en contra del incipiente Estado de Quito. El 13 de julio de 1822, subyugó a la hasta entonces independiente Provincia de Guayaquil. El Reino de Quito entero fue incorporado a la República de Colombia [2] (en referencia al desaparecido Estado al que hoy denominamos Gran Colombia).

Hasta que dejó de ser libre e independiente la «Constitución de Olmedo» de 1820 dispuso, entre otras medidas, que el Gobierno residirá en tres individuos elegidos por los Electores de los Pueblos; entenderá en todo lo gubernativo y económico de la administración pública; habrá un Secretario, con voz y voto en la imposibilidad de alguno de los vocales de la Junta, y dos oficiales de Secretaría; todo con dotación fija (Art. 4); y que, además de las atribuciones comúnes anexas al Gobierno le competerán las siguientes: proveer todos los empleos civiles y militares; imponer contribuciones; celebrar tratados de amistad y comercio; levantar tropas y dirigirlas donde convenga; emprender obras públicas; y formar reglamentos para el comercio nacional y extranjero y para todos los demás ramos de la administración (Art. 5). Asimismo, reguló el servicio militar desde los diez y seis años (…) cuando lo pidan la seguridad y defensa del país (Art. 10).

En cuanto al poder judicial, los Arts. 11 a 13 incluyeron diversas disposiciones; por ejemplo: Los jueces solamente entenderán en lo contencioso, de las causas y administrarán justicia en lo civil y criminal. Nadie será juzgado por comisión especial. Habrá un juez de letras nombrado por el Gobierno, con las atribuciones que le daba la última ley, y al cual también corresponde lo contencioso de hacienda. A continuación, creó un juzgado para los recursos de segunda instancia, compuesto por tres miembros; y reguló que los Alcaldes de los pueblos son también jueces de primera instancia; y los recursos contra ellos se interpondrán ante el juzgado de segunda instancia.

Finalmente, dedicó los Arts. 16 a 18 a los ayuntamientos como gobierno interior de los pueblos, sus funciones y la singularidad de la capital.

NB: en la proclama del 9 de octubre de 1820 -cuando brilló para nosotros la aurora de la libertad, en palabras de José Joaquín de Olmedo- él mismo se dirigió así a sus compatriotas guayaquileños: (…) La naturaleza ha privilegiado vuestro suelo: malas leyes lo habían esterilizado; pero ahora el soplo del germen de la libertad empezará a cubrirlo de flores y frutos. Orden, unión, amor fraternal. Americano o español que ame la patria es nuestro hermano. La opinión es una y general, sostenedla firmes, y cerrad la entrada a todas las sugestiones de la cobardía.

Citas: [1] DESTRUGE, C. Historia de la Revolución de Octubre y Campaña Libertadora de 1820-22. Quito: Banco Central del Ecuador, 1920, p. 222. [2] RODRÍGUEZ, J. E. “De la fidelidad a la revolución. El proceso de la independencia de la antigua provincia de Guayaquil, 1809-1820”. En: Procesos: Revista ecuatoriana de historia, 2004, nº 21, pp. 37, 38, 87 y 88.

La «Declaración de Cambridge sobre la consciencia»

La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976); la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (1977), la Carta mundial de los derechos de las prostitutas (1985), la Declaración Universal de los Derechos de las Plantas (2004), la «Declaración de Montreal» sobre los Derechos Humanos LGBT (2006), la Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz (2010) o la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (2010) son buenos ejemplos del esfuerzo llevado a cabo por numerosos colectivos de la sociedad civil internacional cuando se reúnen en un congreso para reivindicar la defensa de sus propios derechos o defender sus convicciones ante el mundo entero y, por regla general, concluyen sus debates con la proclamación de algún tipo de documento, más o menos solemne. Ninguno de los ejemplos anteriores constituye un verdadero instrumento jurídico y, por lo tanto, todos ellos carecen de fuerza vinculante lo que no impide que puedan alcanzar cierto prestigio y convertirse en un documento de referencia (en especial, si posteriormente un legislador llega a citarlo en alguna norma o se alega ante un tribunal durante un proceso judicial); asimismo, es importante lograr el apoyo de personalidades relevantes en su campo.

Es lo que sucedió con el célebre astrofísico británico Stephen Hawking (1942-2018) en la Conferencia sobre la Consciencia en Humanos y Animales no Humanos celebrada en el Churchill College de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), el 7 de julio de 2012, en homenaje al Premio Nobel británico de 1962, Francis Crick (1916-2004) [The Francis Crick Memorial Conference]; al concluir el evento con la lectura y firma de un manifiesto que, desde entonces, se conoce como la «Declaración de Cambridge sobre la consciencia» [Cambridge Declaration on Consciousness]. Las dos páginas del aquel breve texto fueron redactadas por el profesor Philip Low y revisadas por sus colegas Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno van Swinderen y Christof Koch.

Este prestigioso elenco de neurocientíficos afirmó, de manera inequívoca, que: los estudios acerca de animales no humanos han mostrado que hay circuitos cerebrales homólogos correlacionados con la experiencia y la percepción consciente que pueden ser activados o interrumpidos selectivamente con el fin de determinar si son necesarios o no para esas experiencias. Más aún, ya hay disponibles nuevas técnicas no invasivas para investigar el estudio de los correlatos de la consciencia en humanos. (…) En cualquier área del cerebro de los animales no humanos en la que se induzcan comportamientos emocionales no aprendidos en los animales no humanos, sucede que muchas de las conductas resultantes son consistentes con estados emocionales en forma de experiencias, incluidos los estados internos de recompensa y castigo. La estimulación cerebral profunda de estos sistemas en humanos también puede generar estados afectivos similares. Los sistemas asociados con el afecto se concentran en las regiones subcorticales, donde abundan las homologías neuronales. (…) La evidencia de que el sentimiento de las emociones en seres humanos y en animales no humanos surgen de redes cerebrales subcorticales homólogas aporta evidencias fehacientes de la presencia de cualidades afectivas de las experiencias individuales (qualia) primarias compartidas a lo largo de la evolución común.

Por todo ello, declararon que: De la ausencia de un neocórtex no parece concluirse que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Las pruebas convergentes indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de las pruebas indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos.

Es decir, como ha señalado el experto mexicano en bioética Itzcóatl Maldonado Reséndiz: La visión antropocéntrica del ser humano ha llevado a la explotación de animales para satisfacer sus necesidades, tanto primarias (como la alimentación) como secundarias (como el entretenimiento), sin preocuparse por su sufrimiento o bienestar. (…) La Declaración de Cambridge sobre la consciencia destaca que no es necesario poseer neocórtex para ser considerado como sintiente, lo que ha llevado a analizar esta capacidad, inclusive, en muchos invertebrados. ¿Los animales sienten? Invariablemente la respuesta es sí. Es importante tener consideración de ello para evitar su sufrimiento (…) [MALDONADO RESÉNDIZ, I. “¿Sienten los animales?”. En: Revista mexicana de anestesiología, 2023, vol. 46, nº 4]. 

NB: el escrito de alegaciones del asunto C-218/24 - Iberia Líneas Aéreas de España (Notion de "bagages") resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 16 de octubre de 2025 ya la mencionó expresamente ante la Corte de Luxemburgo (TJUE).

La resolución de la ONU: «Corregir el mapa»

A punto de concluir el significativo 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de agosto de 2026, el órgano plenario de la ONU adoptó el proyecto de resolución A/80/L.104 titulado «Corregir el mapa: reequilibrar la representación cartográfica mundial y promover la representación equitativa de las regiones del planeta, en particular África» patrocinada por Angola, Argelia, Bahamas, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, R. D. del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo (verdadero impulsor), Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue. Un mes más tarde, salió adelante con el apoyo de 164 de los Estados miembro que votaron [hubo seis abstenciones (Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania) y un único voto en contra (Estados Unidos) que descalificó el texto por considerarlo un "lastre para nuestro trabajo" que forma de parte de un "proyecto ideológico mucho más amplio y radical" (*)]; convirtiéndose en la Resolución A/RES/80/307, de 4 de septiembre de 2026.

Tras la habitual base legal que se remite a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -entre otros instrumentos jurídicos- el preámbulo pone de relieve que las representaciones cartográficas constituyen un elemento esencial de la información geoespacial y tienen una influencia duradera en la percepción y el entendimiento de las realidades territoriales a escala mundial; considera que los mapas constituyen un instrumento educativo, científico y cultural fundamental que determina la percepción del mundo y el imaginario colectivo de los pueblos; y reconoce que ciertas distorsiones cartográficas del tamaño de los continentes, heredadas del pasado, han contribuido a que se tenga una percepción incorrecta sobre ellos, lo que en particular ocasiona la minimización simbólica de África en el imaginario colectivo y los sistemas de conocimiento.

Partiendo de esa base, la Asamblea General reconoce que a lo largo del tiempo se han elaborado proyecciones cartográficas diversas que se basan en diferentes métodos y preservan diferentes propiedades cartográficas, que ninguna proyección puede representar a la perfección sobre el plano la superficie curva de la Tierra y que por lo tanto cada proyección es adecuada para unos fines concretos, observando al mismo tiempo que la presente resolución se ocupa en particular de las proyecciones que preservan el tamaño relativo de las regiones del planeta y la representación proporcional de su superficie, sin perjuicio de la práctica establecida en cuanto al uso de material cartográfico para la navegación.

En realidad, África es 14 veces más grande que Groenlandia

Y, a continuación, llega a la clave de bóveda: Observando que la proyección de Mercator, diseñada en el siglo XVI para la navegación, sigue siendo de uso generalizado en el material educativo, digital y oficial y de los medios de comunicación pese a que distorsiona de manera considerable las masas continentales ubicadas a grandes distancias al norte y el sur del ecuador, en detrimento de las regiones ecuatoriales; Observando con preocupación que esta distorsión contribuye a minimizar el tamaño percibido de África, América Latina y Asia Meridional y perpetúa una visión desequilibrada del mundo; Considerando la necesidad de promover el desarrollo equitativo, y destacando que la distorsión cartográfica del tamaño de los continentes contribuye a minimizar las realidades socioeconómicas, las necesidades en materia de infraestructura, el potencial de desarrollo y la prosperidad en las regiones meridionales y puede intensificar los prejuicios en los ámbitos ambiental, geopolítico y de la seguridad.

El cartógrafo flamenco Gerardus Mercator
(1512-1594)

Salvo las Bahamas, todas las naciones que han patrocinado esta resolución son africanas; por ese motivo, la parte expositiva quiere recordar la labor desarrollada al respecto por la Unión Africana. En concreto, dos decisiones de su propia Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA (AU, en inglés):

1. La Assembly/AU/Dec.955 (XXXIX), de 14 y 15 de febrero de 2026, que tomó nota de la declaración final del IX Congreso Panafricano, celebrado del 8 al 12 de diciembre de 2025 en Lomé (Togo), y sus recomendaciones, entre ellas que la Unión Africana y los Estados Miembros presentaran una solicitud oficial a las Naciones Unidas para corregir las representaciones cartográficas desproporcionadas del continente; y
2. La Decisión Assembly/AU/Dec.959 (XXXIX), de la misma fecha, relativa a la iniciativa “Corregir el mapa de África en el mundo”, aprobada en febrero de 2026 en Adís Abeba (Etiopía), donde la Unión Africana aprobó la proyección cartográfica «Equal Earth», que representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, y en particular África, Convencida de que corregir la distorsión cartográfica del tamaño de los continentes constituye un acto de justicia cognitiva y reparación por el pasado, entendiendo que ello supone promover unos conocimientos geográficos precisos, así como la verdad histórica, la educación y la concienciación, y fomenta el entendimiento mutuo entre los pueblos.

Finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros a que promuevan la iniciativa “Corregir el mapa” para fomentar que el tamaño de los continentes se represente con mayor precisión en todo el mundo; alentando a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y otras entidades pertinentes a que adopten, difundan y utilicen la proyección cartográfica Equal Earth y métodos de proyección cartográfica equivalente, que reproducen con mayor precisión la superficie real de los continentes, cuando su tamaño sea fundamental.

¿Dónde se regula la situación de interés para la seguridad nacional?

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, se estructura en cinco títulos; en el III -como afirma la propia norma en su preámbulo- regula la gestión de crisis, como marco general de funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, y establece definiciones y competencias en dicha materia. La regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional prevé que no se ejerzan en ella las potestades propias de los estados de alarma y de excepción, de modo que si ello fuere necesario habría que proceder a su declaración y al sometimiento a su normativa específica. A continuación, la definición de esta figura jurídica se encuentra en el mencionado Título III, en concreto, en el Art. 23: (…) 2. (…) es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley. 3. La situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. 

Si anteriormente el Art. 15 reguló que esta atribución le corresponde al Presidente del Gobierno; el Art. 24 prevé que su declaración se llevará a cabo mediante real decreto y que éste incluirá, al menos: a) La definición de la crisis. b) El ámbito geográfico del territorio afectado. c) La duración y, en su caso, posible prórroga. d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan. e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.

Asimismo, ese mismo precepto contempla que: 2. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación. 3. El Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Bandera de Ceuta

Once años después de que se crease este mecanismo, por primera vez, el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, declaró la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta porque la entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio ha generado una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida de las distintas Administraciones públicas y ha afectado al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, entre ellos los sociales, de protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa. Y, como insiste su exposición de motivos: La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional en ningún caso comporta la suspensión de derechos fundamentales o libertades públicas, y no habilita la adopción de medidas propias de los estados de alarma, excepción o sitio; debiendo afrontarse con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas. Supone, asimismo, la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación.

En cuanto a su contenido, sus diez artículos -de acuerdo con la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional- justifican su declaración (Art. 1); definen la crisis (Art. 2); establecen su ámbito territorial (Art. 3) y duración (Art. 4) y designan a la autoridad funcional (el "mando único" en lenguaje coloquial) y sus competencias (Arts. 5 y 6); para concluir con otros aspectos necesarios como los mecanismos de coordinación y gestión de crisis (Art. 7), la contribución de recursos (Art. 8), la obligación de colaborar de todas las administraciones y organismos públicos intervinientes (Art. 9) y la coordinación de la comunicación pública durante la vigencia de la presente declaración (Art. 10).

A esta disposición -por el momento- le han seguido otras: el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, por el que se aprobó la Declaración de Recursos a emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional; el Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre, que modificó los anexos del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto; y el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprobaron medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta.

NB: como curiosidad, sobre este mecanismo de coordinación reforzada en el desempeño por cada Administración de sus atribuciones ordinarias resulta de interés la sentencia 184/2016, de 3 de noviembre, del Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad 7330-2015 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional [competencias sobre defensa, seguridad pública y protección civil; cláusula residual de atribución de competencias: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal estatal que establece los efectos de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional]. En sus antecedentes, nuestro órgano de garantías señala que: En su título III (Arts. 22 a 26) la Ley [36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional] crea y regula lo que denomina «situación de interés para la Seguridad Nacional» que se declara por el Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad. La Ley concreta el contenido de la declaración y fija, como único límite, la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas. La Ley crea así, al margen de la Constitución, un espacio jurídico entre la normalidad y la excepcionalidad que suponen los estados de excepción, alarma y sitio del Art. 116 CE.

Por último, en cuanto al poder judicial, tan solo se cita en el auto 7615/2025, de 23 de julio, del Tribunal Supremo que desestimó las querellas y denuncias formuladas, entre otros, contra el Presidente del Gobierno y el Ministro del Interior por no haber declarado la situación de interés para la seguridad nacional por la trágica DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha el 27 de octubre de 2024, al no ser los hechos imputados en las mismas, constitutivos de delito.

PD: si no existe más jurisprudencia al respecto y la doctrina científica apenas la ha estudiado es porque -hasta el verano de 2026- esta situación era tan solo una previsión normativa de nuestro ordenamiento jurídico meramente teórica que nunca se había tenido que declarar... hasta ahora.

¿Cuál fue el «discurso de las tres pes»?

Según el prestigioso historiador Santos Juliá -todo un referente en la investigación del presidente de la II República-: (…) Azaña ha sido el orador parlamentario más insigne que ha conocido España: si alguien iniciara hoy, con estas palabras, unas reflexiones sobre los discursos políticos pronunciados por Manuel Azaña a lo largo de su vida, tendría cien probabilidades sobre una de ser tachado de apologista irredento, empecinado en mantener vivo un mito trasnochado. Lo cierto es, sin embargo, que esta frase no es de hoy ni a su autor le cabe el calificativo de fabricante de mitos. El juicio es propiedad de Salvador de Madariaga y la fecha de emisión suficientemente tardía como para que su autor entonara una cándida apología de Azaña: conocía bien las opiniones que sobre este «técnico internacional» había vertido en sus diarios su antiguo compañero de bancada en el Congreso. La pasión adversa, sin embargo, no le nublaba y, aunque muy crítico del carácter y de la política –sobre todo, de la internacional– de Azaña, no le impidió dejar a sus lectores una sentencia justa, breve e incontestable: Azaña ha sido el orador parlamentario más insigne que ha conocido España [1].

Recordemos que la actuación en Ginebra del diplomático coruñés, Salvador de Madariaga -apodado «La conciencia de la Sociedad de Naciones» por Sir John Simon, al frente del Foreign Office británico- no contaba con la plena aquiescencia de Madrid, como afirmaba su sobrina, la historiadora María Rosa de Madariaga Álvarez-Prida [2]; de hecho, «Madariaga –decía Azaña- toma posiciones quijotescas a favor de China, que nos indisponen con el Japón […]». Esto lo decía Azaña en abril de 1932, pero tras el discurso de Madariaga el 7 de diciembre, las críticas contra éste fueron todavía más acerbas. Para Azaña, Madariaga procedía como «si fuera el portavoz y el apóstol de la Sociedad de Naciones», y se olvidaba de que cuanto él dijera, lo decía España. Azaña pensaba que a Madariaga lo incitaban «ciertos círculos de Ginebra y elementos radicales de otros países», cuyos representantes en Ginebra se abstenían, no obstante, de ir tan lejos como iba él. «Padece una especie de misticismo en el asunto de Manchuria», decía Azaña, para quien, aunque estaba bien sostener una «política elevada y moral», llevarla a tales extremos no podía sino producir conflictos por cuestiones que no afectaban directamente «a los intereses de España» [2]. De ahí la relevancia de que sea el propio Madariaga, pese a todo, quien no dudara en calificar a Azaña como el orador parlamentario más insigne que ha conocido España.

En ese contexto, (…) De todas las cuestiones que abordó [Azaña] durante los años treinta –reforma militar, estatuto de autonomía, régimen político, relaciones entre la Iglesia y el Estado– no escribió ni una palabra, pero dijo todas las posibles. Dicho de otra forma: su palabra se dirige a procurar efectos políticos, no a la exposición intemporal de un pensamiento. (…) Por eso, en fin, cuando la República que tanto contribuyó a edificar haya caído en ruinas, sus discursos acabarán como los de un moralista, recomendando a los españoles en guerra que piensen en los muertos y escuchen el mensaje de la patria eterna que dice a sus hijos: paz, piedad y perdón [1]. De ahí procede la expresión del «discurso de las tres pes».

Azaña lo pronunció la tarde del 18 de julio de 1938 en el Salón de Cientos [Saló de Cent] del Ayuntamiento de Barcelona. La fecha -como es notorio- resultaba muy significativa por lo que sucedió justo dos años antes: (…) El 18 de julio de 1936, el Gobierno de la Segunda República se dirigió a los españoles a través de la radio para anunciar la rebelión del Ejercito en Marruecos. Eran las ocho y media de la mañana. Aunque la nota intentaba transmitir calma y normalidad, la vida de todo un país se detuvo entre tiros y rumores. Después de meses conspirando, los principales mandos militares se sublevaron por toda España. Un caluroso sábado de julio se convirtió en una frenética sucesión de horas, dudas, traiciones y muerte. (…) El mapa se rompió en dos. Comenzaba la Guerra Civil [3].

En su extenso discurso, el presidente de la II República habló de la obligación de opinar [Pienso que, en España, amigos y enemigos están habituados a escucharme como a un hombre que nunca dice lo contrario de lo que siente. O a no escucharme, y por igual razón]; la fase internacional del problema español [El drama español surgió aparentemente con los caracteres de un problema de orden interior de España, como un gigantesco problema de orden público. (…) Pero el ataque a mano armada contra la República descubrió pronto su aspecto de problema internacional. (…) porque otros Estados europeos, principalmente Alemania e Italia, acudían decididamente, con hombres y material, en apoyo de los que atacaban violentamente a la República]; la República y la Sociedad de Naciones [Delante de esta situación, ¿qué han hecho los Gobiernos de la República? ¿Acaso declarar la guerra a Italia y Alemania? No. Han ido con su derecho a las instituciones internacionales creadas para el mantenimiento de la legalidad. España, sobre todo, con la República, había tomado en serio los propósitos, aunque no siempre los métodos, de la Sociedad de Naciones; y se había adherido a los principios que inspiran los planes de seguridad colectiva]; que nadie quería aquí una guerra general; mantuvo la tesis de que el conflicto español debe quedar reducido, como siempre lo ha mantenido, a un conflicto interno; se preguntó qué habría sido del pronunciamiento y de la guerra civil subsiguiente sin el auxilio exterior; enumeró los motivos erróneos de la rebelión; su daño irreparable, transcurridos ya dos años, y las incógnitas del mañana y concluyó con el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón [4].

Citas: [1] JULIÁ DÍAZ, S. “Azaña en sus discursos”. En: Revista de las Cortes Generales, 2020, nº 109, pp. 41, 46 y 54. [2] DE MADARIAGA ALVAREZ-PRIDA, Mª R. “Salvador de Madariaga y la política exterior española durante la II República”. En: RIPS, Revista de investigaciones políticas y sociológicas, 2009, vol. 8, nº 2, pp. 92 y 93. [3] MERA COSTAS, P. 18 de julio de 1936. El día que empezó la Guerra Civil. Barcelona: Taurus, 2021. [4] AZAÑA, M. “Paz, piedad y perdón. Discurso pronunciado el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona”. En: Revista de las Cortes Generales, 2020, nº 109, pp. 19-54.