La regulación del «coordinador de intimidad»

El Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, comienza su preámbulo justificando que esta norma daba cumplimiento al siguiente mandato: el artículo segundo. uno e) del Estatuto de los Trabajadores [en aquel momento estaba vigente la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores] considera relación laboral de carácter especial la de los artistas en espectáculos públicos, estableciéndose en la disposición adicional primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, cómo el Gobierno, en el plazo máximo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la referenciada Ley, había de regular el régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Todo ello, habiéndose tenido en cuenta en primer lugar para fijar su contenido, tanto el ámbito amplio que el concepto de actividad artística tiene, como la diversidad de situaciones que en los distintos sectores artísticos pueden presentarse.

A partir del 25 de mayo de 2027, el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, será derogado por el Real Decreto 607/2026, de 22 de julio, por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. Por alusiones, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, aprobó el vigente texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Con ese marco normativo, el mencionado Real Decreto 607/2026, de 22 de julio, que entrará en vigor en 2027, es conocido con el sobrenombre de «Estatuto del Artista» porque así se denominó el informe de la Subcomisión que lo elaboró para ser aprobado, el 6 de septiembre de 2018 y por unanimidad, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Desde el punto de vista de su contenido, la nueva reglamentación incorpora un amplio conjunto de novedades con respecto a la regulación anterior de esta relación laboral especial; entre otras, la parte expositiva destaca que: (…) incorpora un nuevo artículo 9 referido a la protección efectiva frente a la violencia y el acoso en el que, además de remitirse a la normativa legal o convencional de aplicación general, se establecen dos novedosas particularidades: una, la adaptación de planes, protocolos y conjuntos planificados de medidas a la intermitencia y brevedad de los contratos –principales singularidades del sector–, estableciendo, a tal fin, la necesaria incorporación de los principios de celeridad y efectividad en los procedimientos de protección de las víctimas; y dos, la necesidad de que las empresas cuenten con una persona coordinadora de intimidad [apropiación directa del inglés «Intimacy coordinator» que surgió con el movimiento #MeToo hace una década en Estados Unidos a raíz de diversos escándalos] en los casos de realización de escenas o actuaciones íntimas o de sexo, con el objeto de garantizar el consentimiento y prevenir situaciones de acoso y, en el caso de escenas íntimas en las que participen personas menores de edad, vele de manera más intensa por su protección frente a posibles situaciones abuso o violencia sexual.

Salvador Viniegra | El primer beso (1891)

El mencionado Art. 9.3 es el precepto en el que se dispone que: Cuando las actividades de las personas artistas consistan en la realización de escenas íntimas tales como sexo simulado, desnudez, violencia sexual simulada o contacto físico intenso, los protocolos deberán contemplar la existencia de una persona que realice tareas de coordinación de intimidad en la ejecución de dichas escenas, con el objeto de proteger el derecho al respeto de los límites y el consentimiento de las personas y prevenir situaciones de acoso o violencia sexual. Dichos protocolos habrán de contemplar garantías específicas cuando tales escenas íntimas involucren a personas menores de dieciocho años. En todo caso, cuando las personas menores de edad participen en escenas íntimas las personas que realizan tareas de coordinación de intimidad informarán del contenido y límites de las escenas a la persona menor y velarán por su protección a fin de evitar la realización de actividades prohibidas y prevenir cualquier abuso o situación de violencia sexual. La participación en tales escenas deberá respetar, en todo caso, las limitaciones previstas en el artículo 11 y contar con autorización expresa incorporada en la autorización de la representación legal de la persona menor de edad aportada para la solicitud de autorización para trabajar.

La singular libertad de testar en el valle de Ayala

El preámbulo de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco nos recuerda que: (…) El Parlamento Vasco contó con la competencias reconocida en el Art. 149.1.8º de la Constitución española de 1978 que reserva al Estado la facultad legislativa en materia civil, pero sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. Esta disposición constitucional fue concretada en el Estatuto de Autonomía del País Vasco [Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre] a tenor de cuyo Art. 10, apartado 5, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia. En ese sentido, también señala que la Ley vasca 3/1992, de 1 de julio, -derogada expresamente por la nueva legislación de 2015- fue la primera norma que, después del Fuero Nuevo de Bizkaia de 1526, constituyó una regulación del Derecho civil vasco redactada por juristas vascos y aprobada por un órgano legislativo vasco.

La parte expositiva de esta norma vasca de 2015 se refiere, de forma reiterada, a que: (…) El Fuero de Ayala mantiene la total libertad de testar que, dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente mantener. (…) La única salvedad es la que, una vez más, opera en el valle de Ayala, a fin de respetar su libertad absoluta de testar al otorgar testamento. A continuación, en la parte dispositiva, dedica ocho preceptos a regular la mencionada libertad de testar en este valle del Noroeste alavés. El Art. 88 especifica su ámbito territorial: 1. El Derecho civil propio del valle de Ayala rige en los términos municipales de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los poblados de Mendieta, Retes de Tudela, Santacoloma y Sojoguti del municipio de Artziniega. 2. Las posteriores modificaciones administrativas en los términos municipales enumerados no alterarán el Derecho civil aplicable. Posteriormente, el Art. 89 define esta libertad de testar: 1. Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren por testamento, donación o pacto sucesorio, a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con poco o mucho. 2. Se entiende por legitimarios los que lo fueren con arreglo al artículo 47 de esta ley. Finalmente, contempla el apartamiento (Art. 90); la constitución, caracteres y ejercicio del usufructo poderoso, un derecho personalísimo por el que se concede al usufructuario la facultad de disponer a título gratuito inter vivos o mortis causa, de la totalidad o parte de los bienes a favor de los hijos o descendientes del constituyente y otras personas señaladas expresamente por el mismo (Arts. 91 a 93); y concluye con las obligaciones y fianza de dicho usufructuario (Arts. 92 y 93).

Según el historiador Emiliano González Díez, lo primero que conviene es realizar unas breves indicaciones sobre el espacio geográfico de la Tierra de Ayala [Álava (País Vasco)] que reclama nuestra atención por ser el ámbito territorial específico donde la acción foral acusa su protagonismo al ser su destino originario y a cuya organización social se dirige. Debemos situarnos en un valle ancho y extenso localizado en la vertiente de la sierra Salvada que forma un escudo natural que le protege; un terreno escarpado y montuoso en el que confluyen hasta tres de las actuales provincias administrativas: Burgos, Álava y Vizcaya [1]. En ese marco, los profesores Dacosta y Díaz de Durana consideran que existe consenso acerca de la identificación del Fuero de Ayala como un texto legislativo que, en 1373, emana del señor pero recoge la tradición legal local y, con ella, los intereses de la comunidad. La mayor parte de la historiografía clásica (…) apela a una suerte de pactismo entre el señor, Fernán Pérez de Ayala, y una comunidad que, lejos de ser uniforme, aparece en el propio texto estratificada socialmente en «fijosdalgo» y «labradores» (o «peones»). Fruto de ese consenso nacería un texto legal, de carácter territorial, perfectamente comparable al Fuero Antiguo de Vizcaya (el más comúnmente llamado Capitulado de Juan Núñez de Lara de 1342) con el que el texto ayalés tiene evidentes paralelismos [2].

Al analizar su léxico jurídico-político, la profesora Villacorta concluye que: (…) La primera redacción del Fuero constaba de un proemio dedicado a la Tierra de Ayala y 95 capítulos donde se exponían las normas en materia de derecho político, administrativo, penal, civil y procesal. Posteriormente, debido a las deficiencias jurídicas que presentaba y con la intención de adaptarlo a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas de finales del siglo XV, se incorporaron varios títulos y apéndices en la ampliación conocida como el Aumento de 1469. Casi dos décadas después, con la Capitulación de 1487, los ayaleses renunciaron voluntariamente a su Fuero para acogerse al derecho castellano, cuyo corpus jurídico se  componía del «Fuero Real, e las leyes de Partida e Ordenamientos de los reyes de estos Reinos de Castilla». De hecho, la Capitulación fue posible gracias a que el mismo Fuero ayalés preveía que existiesen coyunturas jurídicas de esta índole (…). Con todo, los pobladores de Ayala adoptaron el reglamento jurídico castellano con la condición de mantener ciertas disposiciones privativas de su propio derecho. Estos preceptos eran tres: la libertad de testar, la prohibición de la prisión por deudas y el nombramiento de sus alcaldes. La legislación hereditaria convencional establece que la transmisión patrimonial debe dividirse en tres tercios: la legítima, la mejora y la libre disposición; sin embargo, la libertad de testar ayalesa permite al testador decidir libremente cómo disponer de su hacienda.

Y añade: En contra de la creencia popular, la libertad de testar en Ayala -la herencia o sucesión mortis causa; el legado o manda, donación mortis causa, y la donación intervivos- garantizaba la solidaridad familiar con los parientes más desfavorecidos y protegía las pequeñas propiedades rústicas. El precepto civil particular de la legislación ayalesa que permite apartar a los herederos forzosos era practicado en su gran mayoría por los labradores y, en los siglos siguientes a la proclamación del Fuero y su vigencia, raramente se atestiguaron casos en los que los parientes fueran apartados con mala fe o a favor de extraños ajenos al círculo familiar. Al contrario, fomentó cierta paz social, fortaleció las haciendas y protegió la economía de las familias con una descendencia múltiple [3].

Es decir: Esta libertad de disposición forma parte del acervo legislativo histórico de Ayala y se va a mantener incluso cuando la Tierra se integre en la Hermandad General de Álava en 1463. Puntualmente se conserva y respeta, aunque fuera contraria a lo previsto en las leyes de Toro de 1505 y en ulteriores disposiciones generales, donde se impondría el principio de las legítimas hereditarias. Los ayaleses conforme a su Fuero disponen con absoluta libertad de todos los bienes «o parte de ellos por testamento, manda o donación a título universal o particular, siempre que aparten a sus herederos legales con poco o mucho como quisieren o por bien tuvieren» (Art. 62). La redacción de la Compilación del Derecho Civil de Vizcaya y Álava, sancionada por ley de 30 de julio de 1959, apostó por incorporar una fórmula conciliatoria que cohonestara la plena liberad testamentaria con los derechos legitimarios de los herederos forzosos del Código Civil. (…) Los redactores del Apéndice del Código Civil que comprende las disposiciones aplicables en Vizcaya y en Álava declaran vigente el Fuero de Ayala en los cuatro términos municipales alaveses de Ayala (Respaldiza), Lezama, Amurrio y Oquendo, que otrora habían formado parte de la antigua Tierra [1].

Citas: [1] GONZÁLEZ DÍEZ, E. “Algunas consideraciones sobre el derecho de la tierra. El Fuero de Ayala”. En: VILLACORTA MACHO, Mª C.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; DACOSTA, A. & DÍAZ DE DURANA, J. R. El Fuero de Ayala. Edición crítica y estudio del texto foral de 1373, el Aumento de 1469 y la Proscripción de 1487. Gijón (Asturias): Trea. 2023, pp. 48 y 71-72. [2] DACOSTA, A. & DÍAZ DE DURANA, J. R. “El Fuero de Ayala entre su aprobación y su derogación (1373-1487). Contexto y agenda”. En: Ob. cit., p. 19. [3] VILLACORTA MACHO, Mª C. “Notas sobre el léxico jurídico-político del Fuero de Ayala”. En: Ob. cit., pp. 79 y 80.

¿Qué misión tiene el «Comité 255»?

El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) [actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] se firmó en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. A diferencia de otros preceptos del TCE a los que el TFUE se limitó a renumerar, su Art. 255 fue una completa novedad en aquel momento al regular, por primera vez, que: Se constituirá un comité para que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General [TJUE], antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos de conformidad con los Arts. 253 y 254. El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo. El Consejo adoptará una decisión por la que se establezcan las normas de funcionamiento del comité, así como una decisión por la que se designe a sus miembros. El Consejo se pronunciará por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia. Había nacido el «Comité 255».

Para desarrollar aquella previsión, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2010/124/UE, de 25 de febrero de 2010, por la que se establecieron las normas de funcionamiento del comité previsto en el Art. 255 del TFUE. Su Art. 1 definió así su misión: El comité se pronunciará sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos de conformidad con los artículos 253 y 254 TFUE. A continuación, el Art. 2 reguló su composición: El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo; el Art. 3, la duración de su mandato: Los miembros del comité serán designados por un periodo de cuatro años. Los miembros que cesen en sus funciones antes de que expire dicho período serán sustituidos por el tiempo que falte para terminar su mandato. El mandato de los miembros del comité podrá renovarse una sola vez. Y los siguientes artículos contemplaron que estará presidido por uno de sus miembros, designado al efecto por el Consejo (Art. 4); el quórum y sus deliberaciones [se constituirá válidamente cuando estén presentes al menos cinco de sus miembros. Sus deliberaciones se desarrollarán a puerta cerrada (Art. 5)]; convocatoria (Art. 6), audiencia (Art. 7), motivación y presentación de su dictamen (Art. 8) y, por último, las disposiciones financieras (Art. 9) señalando que los gastos correspondientes correrán a cargo del Consejo.

Ese mismo día, la Decisión 2010/125/UE, de 25 de febrero de 2010, designó, por un período de cuatro años a contar desde el 1 de marzo de 2010, a los siete primeros miembros del «Comité 255» que, desde entonces, ha emitido 277 dictámenes favorables y 36 desfavorables de los candidatos a los que “examinó” para desempeñar sus funciones judiciales en el TJUE.

Hoy en día, el Comité está integrado por: Vassilios Skouris (Presidente), Maria Berger, Inken Gallner, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra, Christophe Soulard y Vesna Tomljenović; accedieron a sus funciones por la Decisión (UE) 2025/2644 del Consejo, de 16 de diciembre de 2025, que nombró a los miembros del comité previsto en el artículo 255 del TFUE. El mandato del comité en su composición actual transcurre del 1 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2030.

¿Qué es el «Convenio SISHTO»?

El Convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, en materia del Sistema de Señalización Turística Homologada en las carreteras estatales (SISTHO), se firmó el 10 de abril de 2019 y su sexta cláusula previó un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su publicación en el BOE por parte del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad mediante la Resolución de 6 de junio de 2019, para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De modo que, en principio, estuvo vigente hasta el 13 de junio de 2023. Este «Convenio SISHTO» -el tercero en su ámbito, como veremos a continuación- contempló una ampliación de 250 destinos señalizables adicionales. Los nuevos destinos que cumplan con las condiciones establecidas pasan a formar parte de este catálogo y pueden ser, por tanto, señalizados con carteles de formato específico SISTHO. El Catálogo también incorpora los espacios naturales declarados parques nacionales, así como los enclaves catalogados como Reservas de la Biosfera o como Geoparques Mundiales por la Unesco. Se pretende que las señales SISTHO tengan un diseño específico claramente diferenciable por parte de los usuarios de las carreteras, lo que a su vez supone realzar el valor de los destinos y recursos señalizados (*).

Por ejemplo, en la provincia de Valladolid, estas señales indican a los conductores cómo llegar no solo a la capital del Pisuerga sino también a la Villa del Libro de Urueña; el Archivo de Simancas; Tordesillas; las rutas del vino Ribera del Duero, Cigales o Rueda; las Riberas de Castronuño; el Monasterio de La Santa Espina; Peñafiel, Medina del Campo o Medina de Rioseco.

Avenida de Burgos (Valladolid)

Esta política turística de calidad que consiste en mejorar la señalización turística en las carreteras estatales, en la medida que potencia la información del turista viajero, tuvo su origen en el primer Convenio firmado el 19 de noviembre de 1998, por el que se introdujo el mencionado Sistema de Señalización Turística Homologada y continuó con un segundo Convenio firmado el 9 de septiembre de 2013, para la ampliación del catálogo; es decir, el acuerdo de 2019 de ambas secretarías es el tercer «Convenio SISHTO» y revocó los anteriores.

Cuando se estableció el primero a finales del siglo XX, se pensó que este sistema de señalización permitiría informar a los ciudadanos en tránsito de los lugares que en la proximidad de su recorrido tuviesen un especial interés turístico, ayudando a potenciar la oferta turística existente en todo el territorio nacional, así como a facilitar la toma de decisiones del viajero. A su vez, las señales debían cumplir la normativa vigente en materia de carreteras, con el fin de priorizar la seguridad vial, evitando provocar problemas de visibilidad, interferencias con las demás señales existentes en la carretera o distracciones de los conductores que pudiesen provocar disfunciones en el tráfico rodado. Posteriormente -como recordaba el Manual para implantarlo en 2014 (*)- se procedió a la selección de los destinos que serían señalizables utilizando el nuevo sistema, en la que participaron, además de las dos secretarías de Estado implicadas, las diferentes comunidades autónomas. Tras la firma de las correspondientes actas por parte del Director General de Turismo, el Director General de Carreteras y el cargo competente en materia de turismo de las respectivas comunidades autónomas, quedó configurado el Catálogo de Destinos del SISTHO, el cual contenía doscientos cuarenta y dos destinos, clasificados en tres categorías: cultural, naturaleza y sol y playa.

En aquel momento, el SISTHO fue la respuesta de la Administración Central del Estado a la autorización prevista por el Art. 24 de la ya derogada Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras [1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización. 2. A los efectos de este artículo no se considera publicidad los carteles informativos autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo]. Hoy en día, la normativa vigente es la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Con los sucesivos convenios se pretendió dar continuidad a esta política, ampliando el catálogo de destinos señalizables definido en el anterior Convenio, y cuyo cupo ya se ha agotado, para que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, se logre la continuidad y perfeccionamiento del sistema, en orden a conseguir la óptima señalización de los destinos y recursos turísticos seleccionados; con la finalidad (Art. 2) de realizar todas las operaciones materiales, jurídicas y técnicas necesarias para ampliar y mantener el catálogo del SISTHO.

Por alusiones, concluimos con la definición del concepto de «carteles informativos»; la encontramos en el Art. 89 del Reglamento General de Carreteras [Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre]: (…) 2. Son carteles informativos: a) Las señales de servicio. b) Los carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde la carretera. c) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera. d) Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de su actividad, en las condiciones fijadas en el artículo siguiente. e) Los que se refieran a los carburantes disponibles, marca y precios de los mismos en la estación de servicio más próxima. 3. En los casos a), b), c) y e) del apartado anterior, la forma, colores y dimensiones de los carteles informativos se determinarán por el Ministerio de Fomento, así como, en particular, la distancia a que se deban colocar los carteles del párrafo e), medida desde el acceso a la estación de servicio.

NB: la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras también contempla que: Los lugares de interés cultural, destinos naturales y ofertas de sol y playa se señalizarán de acuerdo con lo especificado en el  “Sistema de Señalización Turística Homologada” (SISTHO), de la Red de Carreteras del Estado.

Otras señales:

• La «Norma de Carreteras 8.3-IC»
• La señalización urbana tipo AIMPE.

El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la CPI

El 30 de julio de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores español publicó la siguiente nota de prensa: España contribuye con 40.000 euros al Fondo Fiduciario en Beneficio para las Víctimas. La contribución será destinada por el FFBV a apoyar las reparaciones a ex niños y niñas soldados, víctimas en los casos Lubanga y Ntaganda, condenados por la CPI en relación con la situación en Ituri, provincia al noreste de la República Democrática del Congo. El FF[B]V, establecido dentro del mandato del Estatuto de Roma, tiene el objetivo de apoyar e implementar programas capaces que lidiar con los daños resultantes de los crímenes condenados por la Corte Penal Internacional. El Fondo Fiduciario ha brindado asistencia y reparación a más de 120.000 víctimas en países donde la Corte posee investigaciones activas. España es a día de hoy el séptimo mayor contribuyente al Fondo y mantiene un firme compromiso con la justicia internacional y los derechos de las víctimas (*). Teniendo en cuenta que, durante esa misma anualidad, el Principado de Liechtenstein aportó 9.169,26 euros y que Andorra o Portugal contribuyeron con 10.000 euros cada uno; España es cierto que supera esas cantidades pero aún está muy lejos de los 525.000 euros de Bélgica o los 983.221,33 de Suecia. En total, 45 Estados parte del Estatuto de Roma dieron, voluntariamente, 2.778.796,76 euros al FFBV en 2020 (último dato hecho público por el propio Fondo).

Por alusiones, el Art. 79 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998, dispuso que: 1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias. 2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. 3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.

Para desarrollar esta previsión estatutaria, en la tercera sesión plenaria de dicha Asamblea [la Assembly of States Parties (ASP) fue instituida por el Art. 112 del mismo Estatuto de Roma], celebrada el 9 de septiembre de 2002 se aprobó por consenso la creación de un fondo en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte, así como de sus familias [Resolución ICC-ASP/1/Res.6]. De este modo nació el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) [The Trust Fund for Victims (TFV) | Le Fonds au profit des victimes (FPV)]; que la profesora López Martín define como: un órgano independiente de la Corte y una de las innovaciones más importantes introducidas por el Estatuto de Roma respecto a la protección de las víctimas (…) para ayudar a cumplir con la función de la Corte de reparar a las víctimas de los crímenes bajo su competencia [1].

Aquella resolución de 2002 también estableció un Consejo de Dirección del Fondo, compuesto por cinco miembros que serán elegidos por la mencionada Asamblea por un plazo de tres años y serán reelegibles una vez; deberán ser todos de nacionalidad diferente, sobre la base de una distribución geográfica equitativa y teniendo en cuenta la necesidad de lograr una representación equitativa de los principales sistemas jurídicos del mundo, así como una división equitativa entre hombres y mujeres. Prestan servicio a título individual y de manera gratuita. El Consejo de Dirección se reunirá en la sede de la Corte [como sabemos, La Haya (Países Bajos)] como mínimo una vez al año.

Pese a todo, el profesor García San José planteó la hipótesis de que el Estatuto de Roma, en lugar de haber creado un Fondo Fiduciario de carácter voluntario a favor de las víctimas, podría haber pensado otras posibles alternativas tales como optar por una Comisión Internacional de Compensación o por la creación de un Tribunal Internacional de Responsabilidad Civil (…); sobre la base de un derecho autónomo de las víctimas de los graves crímenes contra el Derecho internacional, con carácter complementario a la represión y castigo de los responsables individuales de tales actos. Esto es, el derecho a la compensación sería complementario pero no accesorio o subsidiario al derecho de las víctimas a que los autores de los actos enjuiciados fueran eventualmente condenados, a diferencia de lo previsto en el Estatuto de Roma y en las Reglas que no contemplan la compensación a cargo del Estado sino sólo la reparación por parte del autor de los actos enjuiciados y únicamente en el supuesto de que fuera condenado por uno de los crímenes de la competencia de la CPI [1]. Dos propuestas que, al final, no se asumieron al establecer la CPI.

Ejemplo de reparación del FFBV

En relación con esta opción, este autor considera que, ahora, la indemnización como restitución económica sólo se contempla como exigible frente a los particulares condenados en relación con alguno de los crímenes de la competencia de la CPI al tiempo que se omite, por expreso deseo de los redactores del Estatuto y de las Reglas, de cualquier referencia a la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Estado. Así sería, por ejemplo, de aquél en el que el condenado ha desempeñado altos cargos de índole política, administrativa o militar, cuando cometió los actos por los cuales es condenado. (…) De esta manera, la no previsión de la compensación económica a cargo de un Estado o autoridad pública para supuestos de insolvencia del condenado merma el alcance real del derecho a la reparación civil de las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia para la Comunidad Internacional y supone un serio obstáculo a la reconciliación y, por ende, a la restauración de la paz [2].

Citas: [1] LÓPEZ MARTÍN, A. G. “Primera sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas: Caso The Prosecutor c. Thomas Lubanga Dyilo, 7 de agosto de 2012”. En: Revista Española de Derecho Internacional, 2013, vol. 65, nº 2, p. 218. [2] GARCÍA SAN JOSÉ, D. “El derecho a la justicia de las víctimas de los crímenes más graves”. En: Revista Española de Derecho Internacional, 2006, vol. 58, nº 1, pp. 140, 141 y 143.

¿Qué es la «fertilización cruzada»? [con ejemplos]

En el caso Marguš contra Croacia (nº 4455/10), de 27 de mayo de 2014, los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mencionaron diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ejemplo, el asunto Barrios Altos (sentencia de 14 de marzo de 2001), el Almonacid-Arellano y Otros contra Chile (sentencia de 26 de septiembre de 2006), el Anzualdo Castro contra Perú, sentencia de 22 de septiembre de 2009, el Gelman contra Uruguay (sentencia de 24 de febrero de 2011), el Gomes Lund et al (“Guerrilha do Araguaia) contra Brasil (sentencia de 24 de noviembre de 2010) o el asunto Masacres de el Mozote y lugares aledaños contra El Salvador (sentencia de 25 de octubre de 2012). Como es lógico, esta práctica no se circunscribe a la Corte de Estrasburgo; de modo que, por ejemplo, la Corte de San José también cita la jurisprudencia del homónimo europeo en el Caso López de Belva y otros contra Argentina (sentencia de 15 de mayo de 2026) incluyendo referencias a los asuntos Morice contra Francia (nº 29369/10, sentencia de 23 de abril de 2015), Kyprianou contra Chipre (nº 73797/01, sentencia de 15 de diciembre de 2005), De Cubber contra Bélgica (nº 9186/80, sentencia de 26 de octubre de 1984) o Hauschildt contra Dinamarca (nº 10486/83, sentencia de 24 de mayo de 1989). Por ese motivo no es extraño que el órgano judicial interamericano se refiera al amplio margen de apreciación que tienen los Estados en algunos ámbitos –desarrollado por los magistrados de Estrasburgo- o, al contrario, que en el Viejo Continente se recurra a la Doctrina Quinteros de la Corte josefina cuando se van a tratar las desapariciones forzadas. A esta técnica de retroalimentarse con los criterios elaborados por resoluciones dictadas en otros órganos judiciales regionales e internacionales se le denomina «fertilización cruzada»; apropiación directa de la voz inglesa: «cross-fertilization».

Esta práctica, sin embargo, no se limita al diálogo interjudicial del TEDH y la CIDH; por citar algunos otros ejemplos, en el asunto Mamatkulov y Abdurasulovic contra Turquía (nº 46827/99 y 46951/99, sentencia de 6 de febrero de 2006), el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa recurrió a diversas resoluciones judiciales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) [caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia, de 13 de septiembre de 1993) o el Alemania contra EE.UU. de 27 de junio de 2001]; asimismo, en la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Unión Europea (TJUE), de 4 de octubre de 2024 (Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea contra Frente Polisario) se hizo referencia a la opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental, emitida el 16 de octubre de 1975 por el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; y en la de 4 de septiembre de 2024 del Tribunal General de la Unión Europea, la resolución de Luxemburgo invocó la sentencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) sobre la delimitación de la frontera marítima en el golfo de Bengala [Bangladés/Birmania (Myanmar)], de 14 de marzo de 2012.

Incluso el significativo asunto nº 007/2023 resuelto por la sentencia de 26 de junio de 2025 de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR) –en el primer caso interestatal que tiene que fallar (R. D. del Congo contra Ruanda)- muestra una evidente apertura a la jurisprudencia no solo de los otros dos órganos judiciales regionales (TEDH y CIDH) sino también de la CPI, la CIJ o el ITLOS y hasta el Tribunal de Justicia de la Comunidad CEDEAO [ECOWAS Court] o la Corte de Justicia de África Oriental (EACJ). En opinión del profesor Amani Cirimwami: Este uso estratégico de la jurisprudencia comparada revela la existencia de un «mercado judicial global» del que los Estados se valen para legitimar sus argumentos (*).

Continuando con la doctrina científica, para el profesor Arenas Maza: El proceso de cross-fertilization entre tribunales de derechos humanos se ha convertido en una pieza fundamental en torno a la cual se sustenta la unidad del sistema universal de protección. Dicho proceso se ha hecho especialmente evidente en las relaciones entre el TEDH y la Corte IDH, en dónde en los últimos tiempos se observa una creciente interacción e influencia recíproca entre ambos tribunales en diversos ámbitos temáticos. (…) no se trata simplemente de tomar prestado (judicial borrowing) o de “importar” la jurisprudencia externa, como ha sido hasta ahora lo habitual, sino de la búsqueda de formas más articuladas de interacción jurisprudencial de tipo “dialógico”, que pueda conducir, en algunos casos, a una verdadera fertilización cruzada (cross-fertilization) entre tribunales. Es decir, un fenómeno en virtud del cual los tribunales internacionales se inspiran y tienen en cuenta las experiencias de otros tribunales, incluso haciendo mención a los precedentes de dichos tribunales en sus sentencias; estableciendo, de este modo, un diálogo judicial entre ellos [1].

En EE.UU., la profesora Chiara Giorgetti considera que: (…) La proliferación de cortes y tribunales internacionales ha dado lugar a importantes avances en el derecho internacional [y] ha propiciado interesantes casos de enriquecimiento mutuo -o fertilización cruzada- entre el derecho sustantivo y procesal de distintos tribunales internacionales. Este intercambio constituye un método importante que utilizan dichos tribunales para colmar lagunas en sus estatutos y reglamentos de procedimiento, así como para reforzar sus conclusiones en consonancia con las de otras instancias judiciales y arbitrales internacionales. Al hacerlo, los tribunales internacionales suelen remitirse al derecho internacional consuetudinario, a los principios generales del derecho y a normas desarrolladas en otras prácticas judiciales y arbitrales internacionales [2].

Se trata, sin lugar a dudas, de un buen ejemplo de la fortaleza que muestra la jurisprudencia como fuente del Derecho Internacional.

Citas: [1] ARENAS MAZA, M. “El diálogo judicial euro-latinoamericano en el tema de leyes de amnistía: un ejemplo de cross-fertilization entre tribunales de Derechos Humanos”. En: Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, 2018, nº 40, pp. 577 y 580. [2] GIORGETTI, C. “Cross-Fertilisation of Procedural Law Among International Courts and Tribunals: Methods and Meanings”. En: SARVARIAN, A.; BAKER, R.; FONTANELLI, F. & TSEVELEKOS, V. Procedural Fairness in International Courts and Tribunals. Richmond: University of Richmond, 2016, pp. 223 y 224.

Las «Leyes de Hywel» y el «Estatuto de Rhuddlan»

Según la tradición galesa, pocos años antes de morir, el rey Hywel ap Cadell [Hywel Dda, Howel the Good o Hywel el Bueno (ca. 880-950)] convocó una asamblea en la pequeña localidad de Ty Gwyn-ar-Daf (actual Whitland), alrededor del año 945, para que juristas, clérigos y líderes políticos de toda Gales estudiaran la dispersa normativa local y se pusieran de acuerdo con el fin de unificar las leyes de todo el reino bajo un mismo código que, desde entonces, se conoció con el nombre de «Leyes de Hywel» [Laws of Hywel]. Aquel cuerpo normativo del siglo X -redactado por su turbe legis doctor, fray Blegywryd, maestro de leyes del séquito real- pasó a la posteridad por su sentido de la Justicia y la Equidad. Como curiosidad, hoy en día, Whitland, en el condado de Carmarthenshire, rinde homenaje a aquella compilación con el único jardín de Europa dedicado al Derecho -el Hywel Dda’s lovely Garden and Heritage Centre (*)- de modo que la disposición simbólica de los árboles y la flora representan los valores de aquel rey: la importancia del parentesco como unidad familiar, la ceremonia para reconocer al hijo ilegítimo en el clan (con los mismos derechos que sus hermanastros), la sustitución de los castigos por el pago de indemnizaciones a la parte agraviada, los motivos por los que una mujer podía abandonar a su marido, el principio de igualdad, las cualidades de los animales para determinar su valor, etc.

Mientras el soberano galés fue vasallo de la Monarquía inglesa, hubo paz entre ambas naciones y las «Leyes de Hywel» continuaron aplicándose en el Principado; pero cuando sus sucesores en el trono -en especial, Llywelyn ap Gruffudd y su hermano Dafydd- decidieron no volver a rendirles pleitesía -en contra de lo estipulado en el Tratado de Montgomery de 29 de septiembre de 1267 por el que los Príncipes de Gales debían dar lealtad, homenaje y servicio al rey inglés y a sus herederos- estalló la guerra y las tropas de Eduardo I de Inglaterra invadieron Gales imponiendo su propia jurisdicción -en el orden penal- mediante una real ordenanza llamada «Estatuto de Rhuddlan» porque se aprobó en este castillo de Denbighshire, el 3 de marzo de 1284. Los invasores dividieron el territorio galés en condados dirigidos por un alguacil que recaudaba los tributos e impartía justicia de acuerdo con su common law aunque se permitió que las «Leyes de Hywel» siguieran vigentes en cuestiones menores que afectaban al ámbito civil.

El «Statute of Rhuddlan» perdió su vigencia con la aprobación de las «Wales Acts» de 1536 y 1542 impulsadas por el rey Enrique VIII para integrar Gales en Inglaterra definitivamente.