La prehistoria de los Derechos Humanos (XIX): El «Sermón de Montesino»

El presidente dominicano Antonio Guzmán (1911-1982) -al que ya tuvimos ocasión de mencionar entre los automagnicidios de Jefes de Estado que decidieron suicidarse en el ejercicio de su cargo- realizó una visita oficial a México, el 25 y 26 de noviembre de 1980, durante el gobierno de José López Portillo (1920-2004). Su homólogo mexicano, abogado y profesor muy vinculado con la defensa de los Derechos Humanos, recordaría un par de años más tarde en su Sexto Informe de Gobierno (1 de septiembre de 1982) que (…) decidió firmar y ratificar siete tratados sobre derechos humanos, unos de las Naciones Unidas y otros de la Organización de Estados Americanos [OEA], que llevaban ya, algunos de ellos, unos veinte años de estar abiertos a la firma. Mediante su ratificación, el gobierno de México queda obligado, no solamente ante su pueblo, sino ante la comunidad de naciones, a respetar los derechos humanos en los términos de los tratados.

En ese marco institucional, López Portillo tomó la decisión de que México donaría a la República Dominicana una escultura de Fray Antón Montesinos [Antonio de Montesinos] que representara el célebre sermón del dominico castellano para que se instalara en Santo Domingo con los fondos procedentes del «Acuerdo de San José» [un mecanismo de cooperación regional que México y Venezuela constituyeron el 3 de agosto de 1980 para suministrar petróleo, en condiciones preferenciales, a once naciones del Caribe y Centroamérica; entre ellas, la República Dominicana]. Las autoridades mexicanas encargaron el diseño del ambicioso proyecto al arquitecto y urbanista Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013) que, en aquel momento, desempeñaba las funciones de Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

El 12 de octubre de 1982, fecha muy significativa, el presidente mexicano -admirador del fraile dominico- viajó a la República Dominicana para entregar el monumento, formalmente, ya instalado, a las autoridades capitaleñas que, sin embargo, no llegaron a completar la envergadura total del entorno que se había proyectado. En la siguiente década, el 21 de julio de 1997, México y la República Dominicana firmaron un Memorándum de Entendimiento para crear una Comisión Mixta Intergubernamental con el objetivo de integrar las diversas instancias establecidas para facilitar, desarrollar y evaluar en su conjunto la cooperación en los distintos ámbitos de la relación bilateral. Ambas naciones habían establecido relaciones diplomáticas el 23 de julio de 1888 y decidieron conmemorar su 110º aniversario con un amplio programa de actividades académicas, educativas, culturales y artísticas. 

Sin embargo, pasó el tiempo, cambiamos de siglo y la estatua del dominico resistió muy mal los embates del clima caribeño en el malecón de la capital; el viento, la humedad y el salitre del mar fueron erosionando su piedra…. Hasta que, para conmemorar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, celebrados en Santo Domingo, se decidió proceder a su restauración para dignificar aquel obsequio mexicano aunque su diseño quedara lejos de la concepción original.

La obra de 18 metros de altura fue realizada por el escultor mexicano Antonio Castellanos Basich (1946), con sillares de piedra caliza para su hábito y una fundición de bronce para las manos y la cabeza, sobre la terraza-mirador de un edificio de hormigón que debería haber albergado un museo sobre los derechos de los pueblos indígenas. El monumental Fray Antón apoya su mano derecha sobre un púlpito de basalto gris mientras dirige la izquierda a su boca, a modo de altavoz para que su mensaje llegara más lejos. Castellanos recreó el momento en que el fraile pronunció el célebre sermón del cuarto domingo de adviento, el 21 de diciembre de 1511, en el púlpito de la iglesia de los dominicos en la isla de La Española que ha llegado hasta nosotros gracias al tercer libro de la «Historia de las Indias» de Bartolomé de Las Casas:

Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué auctoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y cognozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Éstos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? [1] (*).

El profesor Bernat Hernández lo resume así: (…) En una primera parte del sermón se denuncian las prácticas contra los indígenas que, o bien son ya cristianos, o bien deben ser prioritariamente convertidos. En una segunda parte, la homilía se centra en cuestiones doctrinales, sobre todo en las prescripciones que impedían a cualquier cristiano infligir un trato injusto a los indígenas, en especial en cuanto coartara las posibilidades de adoctrinamiento del nativo. La cuestión de la salvación de español e indio surge entonces, pero referenciada en un episodio de contacto cultural ajeno al mundo antillano. No se salvarán, esta es la amenaza final de la homilía de Montesino, los cristianos que no aman a su prójimo indígena, del mismo modo que no se salvan los “moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”. Estas formulaciones retóricas sobre la humanidad compartida entre los españoles y los nativos, así como la cuestión de la justicia que debía presidir las relaciones entre ambos grupos, o la referencia al mundo islámico, destacan como puntos fuertes del discurso de Montesino. El sermón, en muchos sentidos, acaba por elevarse ante la realidad cotidiana y concreta, para exponer en tono de denuncia una serie de lecciones morales, políticas y religiosas de mayor alcance [2].

El religioso formaba parte de un pequeño grupo de frailes dominicos encabezados por un joven fraile de 28 años, Pedro de Córdoba, una persona clave en los primeros momentos de la presentación del mensaje evangélico en las llamadas Indias. Las Casas se refiere a él varias veces y lo consideraba, algo así, como su mentor espiritual [3] que desembarcaron en La Española en 1510 procedentes del Convento de San Esteban de Salamanca.

Para contextualizar la prédica, el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez nos recuerda que: Diecinueve años hacía ya que los habitantes de las llamadas Indias occidentales vieron la llegada de aquellos que se veían como sus descubridores. Eran casi dos décadas que padecían la ocupación, el maltrato, la explotación y la muerte en manos de los recién llegados. Trataban a los indios, dice Las Casas (que conocía esas tierras desde 1502) como “si fueran animales sin provecho, después de muertos solamente pesándoles de que se les muriesen, por la falta que en las minas de oro y en las otras granjerías les hacían”, porque sólo buscaban “hacerse ricos con la sangre de aquellos míseros” [3]. Un antiguo conquistador, arrepentido y convertido en fraile lego, Juan Garcés –(…) encomendero en La Española, quien además de haber apuñalado a un compatriota había matado a su esposa [4]- hablaba entonces de “las execrables crueldades” que él y otros habían cometido contra los indios [3].

El sermón -aunque lo diera Montesino- fue preparado y firmado por toda la comunidad, decidiendo que lo pronunciará uno de ellos. Escogieron el cuarto domingo de Adviento (1511) y tomaron como punto de partida la frase de Juan Bautista “soy la voz que clama en el desierto” e invitaron a todos los notables de la isla, entre los cuales estaba el almirante Diego Colón [5]; palabras que repitió al domingo siguiente, el 28 de diciembre de 1511.

Aquello no fue un grito aislado, fue un punto de partida que tuvo inmediatas consecuencias y solidaridades, y que inspiró el testimonio de Bartolomé de Las Casas y sus reverberaciones en los siglos posteriores [2]. En igual sentido opina el teólogo palentino Juan José Tamayo: Aquel sermón no cayó en saco roto. Marcó el comienzo del cristianismo liberador, del reconocimiento de la dignidad de los indios y del respeto a la diversidad cultural y religiosa en Amerindia. Fue, asimismo, el germen de la teología de la liberación. Tres años después, Bartolomé de Las Casas renunciaba a su función de encomendero, se convertía en el defensor de los derechos de los indios y, según Fernández Buey, en el iniciador de la variante latina de la filosofía europea de la alteridad y de la tolerancia [4].

(…) el padre Montesino, de la Orden de Predicadores, puso de manifiesto el compromiso de la evangelización dominicana de negar la absolución sacramental a aquellos encomenderos que no pusieran en práctica la restitución de lo robado a los indios. Esta decisión supuso una crisis religiosa, pero también política, que llevó a plantear la cuestión en la misma península. (…) la efectiva predicación de Montesino, dio origen a la vertebración del primer código laboral de las Indias [6]; dando lugar a las Leyes de Burgos de 1512 (corregidas en Valladolid en 1513) y a la Controversia  en el Colegio de San Gregorio pucelano, de 1550-1551, que debatió las tesis de Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas.

Concluimos con un más que breve apunte biográfico porque, como recuerda su propia Orden: Son pocos los datos que tenemos de la vida de Antón de Montesinos antes de su famoso sermón. Profesó como fraile dominico en el convento de san Esteban de Salamanca en 1502. Como Pedro de Córdoba, también Antón Montesinos, en 1507 y 1508, está de estudiante en San Pablo de Valladolid. Entonces comienza su contacto con Domingo de Mendoza y Pedro de Córdoba sobre la posible misión en las Indias. (…) después de una incansable defensa de los naturales de Indias, en las Antillas, fue enviado en 1529 a Venezuela como Vicario de los dominicos. Falleció en 1540 por causas aún desconocidas (*). Tampoco se sabe dónde nació.

Citas: [1] DE LAS CASAS, B. Historia de las Indias. Libro III. [2] HERNÁNDEZ, B. “Un sermón dominico en La Española de 1511 y sus contextos medievales y atlánticos”. En: JANSEN, S. et al. Fray Antonio de Montesino y su tiempo. Coloquio internacional "Antonio de Montesino y su tiempo" (2012: Maguncia, Alemania). Madrid & Fráncfort: Iberoamericana & Vervuert, 2017, p. 75. [3] GUTIÉRREZ, G. El sermón de Antón Montesino. [4] GONZÁLEZ, R. “Ego vox clamantis in deserto”. En: JANSEN, S. et al. Ob. cit. p. 109. [5] TAMAYO, J.J. “El sermón de fray Antón Montesino”. En: El País, 20 de noviembre de 2012. [6] VALDIVIA GIMÉNEZ, R. “El sermón de Montesino: origen de las Leyes de Burgos de 1512”. En: JANSEN, S. et al. Ob. cit., p. 121.

Más información:

• La lucha por los derechos de Francisco Tenamaxtli.
• El «Memorial de Agravios» del Cacique de Turmequé.

El reglamento de la Sociedad de Lavanderas de Soria (1906)

La historiadora Carmen González Guerra considera que: (…) En una etapa preindustrial, la mayor parte de la población trabajaba en el campo. No hay constancia de mujeres trabajadoras en las fuentes históricas. Aunque sí sabemos, por ejemplo, que en 1779 y en 1784 por mandato del rey se autorizó a las mujeres que, “realizasen cualquier trabajo que conviniese a las fuerzas físicas y a la modestia de su sexo”. El Real Decreto de 1784 [sic] derogó las normas que imposibilitaban el trabajo de las mujeres en las manufacturas.  Así los oficios de artesonado textil se designaron con el sufijo femenino de género: tejedoras, encajeras, bordadoras, etc. Muchas de estas labores estaban socialmente descalificadas y era precisamente en estas industrias donde trabajaba un número mayor de mujeres. En realidad (…) las mujeres contaban con una tradición antigua en estas tareas, pues la rueca y el huso eran instrumentos considerados femeninos. Además, esta industria textil posibilitaba trabajar en el domicilio, de este modo las mujeres ocuparon la mayor parte de los puestos de trabajo, al permitir compatibilizar las tareas domésticas y trabajar a destajo [1]. Por precisarlo, aquel «Real Decreto de 1784» era, en realidad, la Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo (de 2 de septiembre de 1784) por la qual se declara en favor de todas las mugeres del Reyno la facultad de trabajar en la manufactura de hilos, como en todas las demás Artes en que quieran ocuparse, y sean compatibles con el decoro, y fuerzas de su sexo.

En esa misma línea, la investigación llevada a cabo por Mayka Muñoz, Eva Antón y Diana García concluyó que: (…) Las mujeres han trabajado constantemente a lo largo de la historia, sin embargo, la percepción de un salario por la realización de este trabajo ha sido menos habitual. Esta disyuntiva se genera especialmente a partir del siglo XIX en el proceso de industrialización de los países de Occidente, puesto que es el inicio de la separación entre hogar y lugar de trabajo para el conjunto de las unidades familiares. Hasta entonces, gran parte del trabajo realizado por hombres y mujeres no era asalariado, y durante muchos años, en la actualidad incluso, se ha seguido realizando muchas tareas a domicilio en distintas manufacturas. Esta labor era fundamentalmente femenina, porque de esta manera las mujeres podían continuar realizando en sus casas las labores de producción económica y reproducción doméstica, tal y como sucedía en las etapas preindustriales. En este contexto la trabajadora se hace visible fuera de la unidad de producción doméstica, y es entonces cuando en la sociedad se plantea la pertinencia del trabajo asalariado femenino en términos morales, políticos, sociales y productivos [2].

Como consecuencia, a principios del siglo XX se empezó a fomentar la organización de sociedades femeninas de clase en sus respectivos oficios [2] y fue entonces cuando encontramos un excelente ejemplo de aquel incipiente movimiento asociativo obrero a orillas del Duero impulsado por la Ley de asociaciones de 30 de junio de 1887 durante el gobierno del presidente Sagasta. La Sociedad de Lavanderas de esta Ciudad de Soria se constituyó en 1900 (no se conserva aquel acta de constitución pero sí que se conserva una copia de 14 de mayo de 1935 en el Archivo Provincial de Soria); y, seis años más tarde, Diego María López, Gobernador Civil soriano, aprobó sus Estatutos: los dieciséis artículos de su pionero Reglamento, el día 10 de noviembre de 1906; siendo presidenta, Dionisia Guisado; preboste, Juan Pedro Martínez; y tesorera, Ruperta Sanz.

Esta asociación se comprometió a prestar auxilios morales y materiales a cuantas personas formen parte de ella (Art.1); a velar todas las noches a la enferma, siempre que la enfermedad no sea contagiosa, cuya asistencia la prestarán dos socias designadas por la presidenta o Junta Directiva de la Asociación (Art. 2); dando aviso al señor director espiritual y a la señora presidenta, para que la enferma reciba todos los auxilios espirituales (Art. 3); asistir a los funerales si, finalmente, fallece (Art. 4) y pagar de los fondos existentes en caja la misa llamada de cuerpo presente, sepultura, caja mortuoria de pino pintada, y dos ceras en todo funeral y entierro y por deferencia a la difunta que perteneció a la Asociación (Art. 5). Asimismo, la reglamentación previó -en otros aspectos- que, para sufragar estos gastos cada hermana abonará como cuota de entrada la cantidad de una peseta y además otra cuota mensual de veinticinco céntimos (Art. 6); expulsándose de la Sociedad a la que dejase de abonar la cuota en tres meses consecutivos (Art. 7). Por último, destaca el contenido del Art. 9 porque estableció que: Las socias que se hallen enfermas serán socorridas con cincuenta céntimos diarios en quince días de su enfermedad, siempre que el médico certifique que sufre ese estado y el socorro se dará a los ocho días de hallarse enferma, dando parte a la señora presidenta.

La periodista Nuria Peña Delgado -que en 2026 realizó el documental «Las lavanderas de Soria» para contar su historia- afirma que: (…) en 1900, 81 mujeres hicieron la primera Sociedad de Lavanderas, la primera asociación sindical, sin saber que eran sindicalistas, porque reivindicaban un lugar digno de trabajo: un lavadero (*). Todo un hito.

Citas: [1] GONZÁLEZ GUERRA, C. El activismo sindical femenino La conquista de los derechos laborales de las mujeres en Gipuzkoa. Deusto: Fundación Ramón Rubial/Ramón Rubial Fundazioa, 2015, p. 9. [2] MUÑOZ RUIZ, M.; ANTÓN FERNÁNDEZ, E. & GARCÍA BUJARRABAL, D. El feminismo en las políticas de las centrales sindicales en España. Madrid: Instituto de la Mujer, 2023, nº 132 Serie Estudios, pp. 19 y 20.

El sistema de recursos propios de la Unión Europea

Entre las disposiciones financieras contempladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, su Art. 311 dispone que: La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas. Sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios. El Consejo adoptará, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, una decisión que establezca las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión. En este contexto se podrá establecer nuevas categorías de recursos propios o suprimir una categoría existente. Dicha decisión sólo entrará en vigor una vez que haya sido aprobada por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. El Consejo fijará, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, las medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión siempre que así lo disponga la decisión adoptada con arreglo al párrafo tercero. El Consejo se pronunciará previa aprobación del Parlamento Europeo.

Hoy en día, el desarrollo de aquel precepto lo encontramos en la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea que -como señala su Art.1- establece las normas de asignación de recursos propios a la Unión con objeto de garantizar la financiación del presupuesto anual de la Unión. A continuación, el Art. 2.1 enumera los cuatro ingresos que constituyen los recursos propios consignados en el presupuesto de la Unión Europea:

• a) Los recursos propios tradicionales, consistentes en exacciones, primas, montantes suplementarios o compensatorios, importes o elementos adicionales, derechos del arancel aduanero común y otros derechos que hayan fijado o puedan fijar las instituciones de la Unión en los intercambios comerciales con terceros países, derechos de aduana sobre los productos regulados por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero [CECA], ya expirado, así como cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar;
• b) El obtenido de aplicar un tipo uniforme de referencia del 0,30%, aplicable a todos los Estados miembros, al importe total del IVA recaudado en relación con la totalidad de las entregas de bienes o prestaciones de servicios gravadas, dividido por el tipo medio ponderado del IVA calculado para el año natural correspondiente, según lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) nº 1553/89 del Consejo. La base imponible del IVA que se tendrá en cuenta a estos efectos con respecto a cada Estado miembro no excederá del 50% de la RNB [Renta Nacional Bruta];
• c) El obtenido de aplicar un tipo uniforme de referencia al peso de los residuos de envases de plástico generados en cada Estado miembro que no se reciclen. El tipo uniforme de referencia será de 0,80 EUR por kilogramo. Se aplicará una reducción bruta anual a determinados Estados miembros según lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2;
• d) El resultado de aplicar un tipo uniforme de referencia, que se determinará con arreglo al procedimiento presupuestario teniendo en cuenta el importe total de todos los demás ingresos, a la suma de la RNB de todos los Estados miembros.

Este instrumento jurídico derogó la anterior Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea; que dejó sin aplicación la previa Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2007 tras agotarse la vigencia de la Decisión del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas; y, echando la vista atrás, ésta sucedió a las anteriores Decisiones del Consejo, de 31 de octubre de 1994; 24 de junio de 1988 (a la que volveremos a referirnos al final); 7 de mayo de 1985; y, finalmente, la primera norma de todas ellas: la Decisión 70/243, de 21 de abril, que fue pionera en el proceso de sustituir el inicial sistema de financiación mediante las contribuciones nacionales de los Estados Miembro -previsto en el Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957- por un verdadero sistema de recursos propios.

En conclusión, ha sido un largo camino -desde aquella Decisión de 1970- para lograr que la Unión Europea se dote de autonomía financiera que, en la actualidad, se basa en cuatro recursos propios: los derechos de aduana [único recurso propio tradicional (RPT) después de que se suprimieran las cotizaciones sobre el azúcar en 2017; un RPT se denomina así porque siempre ha existido como fuente directa de ingresos del presupuesto europeo, al no proceder de los Estados sino de la recaudación obtenida de las políticas comunitarias]; las contribuciones basadas en el IVA que recaudan los Estados miembro; una nueva contribución sobre los residuos de envases de plástico no reciclados (desde el 1 de enero de 2021, la creó la citada Decisión 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020) y, por último, las contribuciones directas de los países de la UE (contribuciones basadas en la RNB que se establecieron en la mencionada Decisión del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativa al sistema de recursos propios de la Comunidad).

El español ya es idioma oficial de Antigua y Barbuda

Del 1 al 4 de noviembre de 2026, Saint John, capital de Antigua y Barbuda, acogió la 28ª Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones [Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) que reunió a los líderes de los 56 Estados independientes de África, Asia, el Caribe y América, Europa y el Pacífico que conforman la Commonwealth. La cumbre coincidió con el 45º aniversario de la independencia de esta nación de las Pequeñas Antillas tras la entrada en vigor de la Antigua and Barbuda Constitution Order 1981 que la reina Isabel II firmó en el Palacio de Buckingham el 31 de julio de ese año. A los tres meses, el 1 de noviembre de 1981, las islas de Antigua, Barbuda y Redonda se convirtieron en un nuevo Estado democrático soberano y unitario; según proclama el Art. 1 de su Constitución. La Ley Fundamental del país se refiere en tres preceptos (Arts. 17, 29 y 38) al idioma inglés -por ejemplo, al regular que puede ser elegido miembro de la Cámara de Representantes quien pueda hablar y, a menos que esté incapacitado por ceguera u otra causa física, leer el idioma inglés con suficiente competencia para que pueda participar activamente en las actuaciones de la Cámara- pero de iure, no se establece ninguna lengua oficial del Estado.

Aun así, en ese contexto, el 14 de mayo de 2026, el Cabinet presidido por el primer ministro Gaston Browne aprobó la iniciativa para declarar al español como segunda lengua del país (el nombre de Antigua y Barbuda ya resultaba suficientemente notorio desde que Cristóbal Colón las avistó en 1493).

Para el embajador antiguobarbudeño Sir Ronald Sanders esta decisión refleja tanto la realidad actual [con una importante comunidad hispanohablante, en especial, de la República Dominicana] como las oportunidades futuras [porque -en su opinión- el idioma a menudo ha limitado la profundidad de la relación entre el Caribe angloparlante y América Latina en materia de comercio, turismo, educación, cultura, seguridad y diplomacia]. Al convertir el español en parte permanente de la vida nacional y exigir su enseñanza en todo el sistema educativo, Antigua y Barbuda busca dotar a las futuras generaciones de una habilidad que pueda ampliar las oportunidades económicas y fortalecer las relaciones regionales (*).

El antiguo «Tratado de Alaksandu» (1280 a.C.)

(…) voy siempre errante y padeciendo desgracias desde el punto que seguí al divino Agamenón hasta Ilión, la de hermosos corceles, para combatir con los troyanos. Así se lamentaba el personaje de Ulises en «La Odisea» de Homero; pasaje donde -al igual que sucedió en el poema épico de «La Ilíada»- la famosa ciudad de Troya, sitiada por los aqueos (griegos) durante una década hasta que lograron derrotarla gracias a la sugerente estratagema del gigantesco caballo de madera, no se menciona por ese nombre sino por el de Ilión o Ilios –de ahí procede, por cierto, el término Ilíada- aunque en la costa norocidental de la Península de Anatolia (actual Turquía), al parecer, tanto Troya como Ilión también eran conocidas por el nombre hitita de Wilusa… si damos por buena la identificación de la ciudad homérica y su comarca con la Wilusa que aparece en documentos hititas del II milenio [1]. Uno de esos documentos a los que se refiere el profesor Bergua Cavero es un instrumento jurídico -el «Tratado de Alaksandu»- que, hoy en día, se muestra al público en el Museo de Troya (Turquía) y, un fragmento de apenas diecinueve líneas, en el Museo Británico de Londres (Reino Unido).

En ese mismo sentido, el historiador Bendala Galán analizó las investigaciones de otros autores, como Joachim Latacz o Dieter Hertel, para concluir que: (…) La relación con el mundo hitita justificaba una búsqueda de respuestas al problema de Troya a partir de la rica información contenida en la arqueologia y, sobre todo, la documentación escrita del imperio presidido desde la capital Hattusas [sic]. Insiste [Latacz] en un asunto muy discutido, que es la identificaci6n de Ilios/Troya con la Wilusa citada en textos hititas, por ejemplo en un tratado (ca. 1290-1272) del rey hitita Muwatalli II con cierto Alaksandu [Alakšandu] de Wilusa. Es especialmente sugestiva la posible correlación entre Alaksandu y el nombre griego de Alexandros del principe troyano Paris, el raptor de Helena. Este y otros datos llevan al autor a sostener la caracterización de Ilios/Troya como un Estado autónomo en la órbita del imperio hitita [2]. De modo que el «Tratado de Alaksandu» habría sido un desigual pacto de vasallaje que sometía a este monarca bajo el poder de Hatti en Asia Menor.

Como sucedió con el «Tratado de Qadesh», el «Cilindro de Ciro» o las «Cartas de Amarna», el acuerdo del soberano hitita Muwatalli II con el rey de Wilusa, Alaksandu, se cinceló en una tabilla de arcilla, escribiendo las formas del texto con una caña (cuneiforme) y dejándolo secar al sol. Por su fecha -en torno al año 1280 a.C.- fue anterior al célebre tratado de paz entre egipcios e hititas y debió negociarse en la época en que se trasladó la sede real de Hattusa a Tarhuntassa [3].

Según el hititólogo australiano Trevor Robert Bryce: Los acuerdos y disposiciones que contiene el tratado deben entenderse, probablemente, en el contexto de los esfuerzos de Muwatalli por garantizar una cierta estabilidad duradera entre sus estados vasallos occidentales y las zonas vecinas, de modo que pudiera concentrar su atención y sus recursos, de manera más eficaz, en el inminente enfrentamiento con Egipto en [la actual] Siria. No es improbable que el tratado fuera precedido por una campaña personal emprendida por Muwatalli en Anatolia occidental con el fin de apuntalar la autoridad de Alaksandu y permitirle actuar como un perro guardián más eficaz de los intereses hititas en la región [3].

Y añade que, por el tratado, el vasallo estaba obligado a proporcionar contingentes militares al ejército del rey -en especial, cuando estuviera haciendo campaña en su región-, a pagarle un tributo anual y a asegurar que el estado sobre el que gobernaba se mantuviera firme en su lealtad a su señor supremo. De este modo, la empresa imperial consistía principalmente en establecer una serie de estados vasallos, conquistados a veces por una conquista militar, otras por la vía diplomática o mediante una combinación de ambas [3].

Citas: [1] BERGUA CAVERO, J. Antología comentada de la Ilíada. Madrid: Dykinson, 2021, p. 105. [2] BENDALA GALÁN, M. “Aquí fue Troya”. En: Revista de libros de la Fundación Caja Madrid, 2004, nº 94, p. 10. [3] BRYCE, T. R. “The Nature of Mycenaean Involvement in Western Anatolia”. En: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1989, nº 38, pp. 8 y 12.

Más información: las leyes hititas.

La excomunión de Trasmoz: la ceca clandestina, la leña del Moncayo y la disputa por el agua

El historiador aragonés José Luis Corral Lafuente narra los hechos que sucedieron en el siglo XIII: (…) En la crónica de Jaime I el Conquistador aparece la noticia del proceso que siguió el rey para descubrir a unos monederos que estaban acuñando moneda falsa en Tarazona y en varios lugares más de su comarca [Zaragoza]. Uno de estos lugares era el castillo de Trasmoz (…) situado en una de las lomas que forman el somontano del Moncayo, en su cara Este, a 12 kilómetros de Tarazona y a 4 del monasterio de Veruela. El rey comisionó a dos jueces, uno de ellos llamado Micer Humbert, para que investigaran y descubriesen a los culpables de la acuñación. Pero tras varios días de averiguaciones no consiguieron ningún resultado. Aparece entonces ante el rey un personaje misterioso que dice conocer a otra persona que sabe el nombre de los falsificadores y de los lugares donde se labraba la moneda falsa. Este confidente exigirá garantías para su persona a cambio de delatar a los culpables. Jaime 1 cree conveniente perdonar a este misterioso personaje, al que se le da el nombre de «Marqués», a cambio de poder apresar a todos los demás culpables. Llega el tal «Marqués» al día siguiente a presencia de Jaime 1 y ante los Santos Evangelios jura ser uno de los autores del delito, denunciando a los demás culpables y los lugares donde se acuñaba moneda falsa. Al día siguiente llama el rey a uno de los acusados por el «Marqués» el cual, al ser interrogado, niega su participación en la falsificación; es entonces cuando aparece el «Marqués» y al acusado no le queda otro remedio que aceptar el hecho y su culpa. (…) Son varios los inculpados en el delito de falsificación. (…) Una vez descubiertos todos los culpables y los lugares donde se acuñaba la moneda se dictó sentencia. Los principales encartados fueron condenados a muerte [y] la sentencia se ejecutó «more maiorum», que consistía en arrojar al reo de muerte al río Ebro dentro de un saco y atado [1].

Con la fortaleza de Trasmoz convertida en una clandestina ceca [según la RAE: establecimiento donde se fabricaba y acuñaba moneda] para recubrir con un fíno baño de oro un cuerpo de cobre y lograr falsos maravedíes; el municipio que rodeaba el castillo -como relata su propio Ayuntamiento (*)- fue excomulgado, en 1255, por el Abad de Veruela, Andrés de Tudela, debido a su hartazgo por los continuos enfrentamientos con Trasmoz a causa de la leña. Posteriormente, en el siglo XVI, dos de las grandes casas nobiliarias de Aragón; la casa de Aranda y la de Aragón, se enfrascaron en una escalada de tensión que a punto estuvo de llevar al Rino a una guerra civil. Don Pedro Manuel Ximénez de Urrea, hermano del Conde de Aranda, era en aquel entonces el Señor de Trasmoz y el monasterio de Veruela se encontraba bajo la protección de Alfonso de Aragón, Conde de Ribagorza. A la tensa situación entre ambas casas se sumó la existencia de conflictos enquistados entre Trasmoz y sus vecinos de Veruela; una antigua reclamación de Trasmoz sobre Lituénigo y un conflicto por los derechos de tala en el Moncayo que enfrentaban a Trasmoz con Añón del Moncayo. Ambas localidades pertenecían a feudos eclesiásticos. Pero fue el desvío de las procedentes del Moncayo que los monjes llevaron a cabo, alejándola de su curso natural a través de Trasmoz, lo que hizo saltar la chispa en esta comarca.

En 1511, tras atacar Ximénez de Urrea la casa del Conde de Ribagorza en Pedrola, causándole una profunda humillación, el Abad de Veruela, Miguel Ximénez de Embún, tomó la determinación de llevar a cabo la famosa maldición sobre Trasmoz. En plena madrugada el Abad cubrió el crucifijo del altar con un velo negro y junto con sus monjes recitó el salmo 108 de la Biblia, acompañando cada verso con un toque de campana, una maldición de Dios sobre los enemigos del Monasterio.

No se alcanzó la paz hasta que intervino el rey Fernando II de Aragón [Fernando el Católico] en 1513 y las Cortes aragonesas fallaron a favor de Trasmoz la disputa por el agua…. Pero, a día de hoy es el único pueblo de España que sigue excomulgado y maldito por la Iglesia. Han pasado siete siglos y medio y la excomunión sigue vigente al no ser levantada por el papa, la única autoridad eclesial con poder para anular esa medida [2]. En esta última opinión es probable que pese más la leyenda que el Derecho Canónico si atendemos a la remisión de las penas previstas en los cánones 1354 a 1363.

Por alusiones, en el Antiguo Testamento el invocado Salmo 108 del rey David alaba y exalta a Dios proclamando: Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria, y él aplastará a nuestros enemigos.

Citas: [1] CORRAL LAFUENTE, J. L. “Introducción al estudio histórico-arqueológico de la ceca de moneda falsa de Trasmoz en el siglo XIII”. En: Numisma: Revista de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, 1978, nº 150-155, pp. 457 a 459. [2] GARCÍA CUARTANGO, P. España mágica. Un viaje por los grandes secretos arqueológicos y monumentales de nuestro país. Barcelona: Ediciones B, 2023.

El singular juicio a Peter von Hagenbach por crímenes de guerra (1474)

El profesor Gregory S. Gordon no duda en afirmar que: (…) para los expertos en derecho penal internacional, es un hecho indiscutible que el proceso judicial de 1474 contra Peter von Hagenbach en Breisach -por atrocidades cometidas al servicio del duque de Borgoña- constituye el primer juicio internacional de la historia por crímenes de guerra. Hagenbach fue juzgado por un tribunal «ad hoc» compuesto por veintiocho jueces procedentes de diversas ciudades-estado de la región; se le acusaba de delitos como asesinato y violación, presuntamente perpetrados durante su mandato como gobernador de los territorios alsacianos del duque entre 1469 y 1474. Aunque el episodio no goza de gran notoriedad en el imaginario colectivo, la mayoría de los juristas lo considera un acontecimiento histórico de gran trascendencia. Algunos valoran este juicio por haber formulado una versión embrionaria de lo que hoy conocemos como crímenes de lesa humanidad [1]. Asimismo, Gordon llegó a identificar el preciso momento en el que este proceso medieval fue concebido así, como la "prehistoria" del derecho penal internacional: cuando el jurista inglés de origen alemán George Schwarzenberger (1908-1991) publicó su artículo de opinión «A Forerunner of Nuremberg: The Breisach War Crime Trial of 1474» en el periódico The Manchester Guardian, el 28 de septiembre de 1946; es decir, coetáneo con el final de los famosos juicios contra los nazis.

Precisamente, así de categórico se mostró también el letrado y oficial del ejército estadounidense Telford Taylor que intervino como abogado en el citado proceso de Núremberg; en su opinión, estos fueron los hechos que se juzgaron en el siglo XV: (…) El acusado había servido al duque Carlos de Borgoña (…) como gobernador de Breisach y del territorio colindante en el Alto Rin, e inició un reinado de terror. Tras la caída y el fallecimiento de Carlos [sic], Hagenbach fue acusado por su actuación, la cual «sobrepasaba las leyes de Dios y de los hombres» y constituía un delito en virtud del derecho natural. La Fiscalía estaba a cargo de Heinrich Iselin de Basilea, debido a que los comerciantes suizos que viajaban hacia y desde la Feria de Fráncfort figuraban entre sus víctimas. Hagenbach fue juzgado ante un tribunal que incluía tanto a jueces suizos como alsacianos y alemanes. El acusado invocó la doctrina de las órdenes superiores, (…) ¿Acaso no se sabe que los soldados deben obediencia absoluta a sus superiores? ¿Acaso el duque, con su presencia, no había confirmado y ratificado todo lo que se había hecho en su nombre?». Con todo, los jueces no se dejaron impresionar y Hagenbach fue condenado y decapitado en el mercado de Breisach. Estos hechos revelan que las raíces del derecho penal internacional son profundas aunque no parece que existan otros precedentes notables de su aplicación por parte de un tribunal internacional [2].

Por último, ese mismo criterio lo mantuvo el que fuera Procurador de Derechos Humanos en Colombia, Hernando Valencia Villa; (…) el primer juicio internacional documentado por crímenes de guerra fue el incoado por un tribunal de veintiocho jueces del Sacro Imperio Romano-Germánico contra Peter von Hagenbach en Breisach, Austria, en 1474, por atrocidades perpetradas contra la población civil no combatiente, en violación de "las leyes de Dios y de los hombres", para someterla al dominio del duque Carlos de Borgoña. (…) el foro de juzgamiento tenía carácter internacional, pues el tribunal estaba compuesto por jueces de varios países y se ocupaba también de la represión de violaciones de las leyes y costumbres de la guerra entre las naciones [3].

Sin embargo, no toda la doctrina opina de igual manera; de hecho, el propio Gordon que citábamos al comienzo [1], reconoce que para otros historiadores -como, por ejemplo, Richard Vaughan, autor de la biografía de Charles the Bold: The Last Valois Duke of Burgundy (Suffolk: The Boydell Press, 2002)- Hagenbach no fue más que un chivo expiatorio al que se juzgó en lugar de procesar a su Señor, Carlos I el Temerario, Duque de Borgoña, por sus injerencias en los asuntos alemanes; que su confesión se obtuvo mediante tormentos (algo habitual en una época en la que prevalecía el proceso inquisitorio frente al acusatorio); que su proceso no fue realmente internacional (su veintena de jueces tenía distinta procedencia pero todos ellos eran súbditos del Sacro Imperio Romano Germánico); y, por último, que cuando se cometieron sus presuntas atrocidades, no se estaba librando ningún conflicto armado, por lo que tampoco podría hablarse de crímenes de guerra [1].

En esa línea, el profesor Stuart Streichler señala que algunos autores se muestran reticentes a clasificar su proceso como un juicio por crímenes de guerra, por la sencilla razón de que en aquel momento no existía una guerra (otros argumentan que él estaba a cargo de una ocupación militar). Es cierto que, en algunas naciones europeas, los soldados estaban sujetos a consejos de guerra por infringir las normas militares, pero tales procedimientos tenían más bien un carácter disciplinario que el de juicios por crímenes de guerra [4].

Terminamos con dos apuntes:

1. Por un lado, recordemos que, hoy en día, la localidad de Breisach del Rin [Breisach am Rhein o Vieux-Brisach] es una antigua ciudad de origen celta que forma parte del Estado alemán de Baden-Württemberg, lindando con la región francesa de Alsacia (Gran Este), donde se levanta la fronteriza comuna hermana de Neuf-Brisach. Tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, este municipio fue un disputado bastión que, al igual que otras muchas localidades de su entorno, pasó de manos francesas a alemanas y viceversa en función de quién venciera en el campo de batalla. En ese marco, durante la segunda mitad del siglo XV la ciudad no formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico sino de la vecina Borgoña, bajo la atroz jurisdicción [5] del ya mencionado Carlos I, el Temerario (1433-1477) que la mantenía como garantía temporal otorgada por el archiduque de Austria, pero que luego intentó anexionarse como posesión permanente [5] coincidiendo con el momento de mayor esplendor del ducado borgoñón.
2. Y, por otro lado, que la condena a muerte de Peter von Hagenbach no fue tan excepcional en su época; por ejemplo, tres años más tarde, otro administrador borgoñón -en este caso, Guy de Brimeu, Señor de Humbercourt (pequeña comuna francesa cercana a la actual frontera belga)- también fue juzgado, sentenciado a la pena capital y decapitado en Gante, el 3 de abril de 1477. Ese mismo día, Jueves Santo, en el patíbulo gantés corrieron la misma suerte el canciller del temerario y de su hija María, Guillaume Hugonet; y el responsable de las finanzas de la ciudad, Jan van Melle; aunque, en los tres casos, no se les acusó de crímenes de guerra sino de malversación, corrupción y "gobierno indecoroso".

Casi dos siglos más tarde -como ya tuvimos ocasión de comentar en otra entrada de este blog- tuvo lugar el primer proceso que se celebró contra un Jefe de Estado -Carlos I Estuardo, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda- acusado de haber cometido crímenes de guerra. Se le declaró culpable al ser considerado tirano, traidor y asesino de todas las traiciones, muertes y rapiñas durante la misma guerra y condenado a ser ejecutado separándole la cabeza del cuerpo.

Citas: [1] GORDON, G. S. “The Trial of Peter von Hagenbach: Reconciling History, Historiography and International Criminal Law”. En: HELLER, K. & SIMPSON, G. (ed.) The Hidden Histories of War Crimes Trials. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 13. [2] TELFORD, T. Núremberg y Vietnam: Una tragedia americana. Madrid: Berg Institute, 2022, p. 100. [3] VALENCIA VILLA, H. “Hacia una Jurisdicción Penal Internacional”. En: Quórum: revista de pensamiento iberoamericano, 2001, nº 2, p. 199. [4] Streichler, S. The Law of War. Ann Arbor: University of Michigan, 2023, p. 31. [5] MCCOUBREY, H. “The concept and treatment of war crimes”. En: Journal of Armed Conflict Law, 1996, vol. 1, nº 2, p. 121.

PD: también la ejecución del adolescente rey Conradino de Hohenstaufen, en Nápoles, el 29 de octubre de 1268 -en la imagen- le ha planteado a parte de la doctrina científica si nos encontramos ante el embrión del actual principio de la responsabilidad internacional del individuo [al haber sido] juzgado y condenado a muerte por la iniciación de una “guerra injusta” [CHINCHÓN ÁLVAREZ, J. "La responsabilidad internacional penal del individuo: un gigante con pies de barro". En: Revista de Ciencias Jurídicas, 2005, nº 108, p- 34].