lunes, 6 de febrero de 2023

¿Quién gestiona la CINE [Clasificación Internacional Normalizada de la Educación]?

En anteriores entradas de este blog ya hemos tenido ocasión de referirnos a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) que forman parte de la "familia" de clasificaciones internacionales que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser aplicadas en su ámbito de actuación; asimismo, hablamos de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el fin de elaborar un marco de clasificación de los delitos, por categorías, basado en descripciones de conductas y no en códigos jurídicos–; hoy veremos qué órgano en concreto de los quince organismos especializados de la ONU gestiona la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación [International Standard Classification of Education (ISCED)].

En el preámbulo de la antigua CINE 1997 se explicaba muy bien el origen de esta clasificación: (…) fue concebida por la UNESCO a principios de los años 70 como un “instrumento idóneo para el acopio, compilación y presentación de estadísticas de educación en los distintos países y también en un plano internacional”. La clasificación fue aprobada por la Conferencia Internacional de Educación en su 35ª reunión (Ginebra, 1975) y la Conferencia General de la UNESCO la hizo suya ulteriormente al aprobar la Recomendación Revisada sobre la Normalización Internacional de las Estadísticas relativas a la Educación (París, 1978); es decir, como era de suponer tratándose de datos educativos, nos movemos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [The United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO)] y, dentro de su organigrama, la gestión de la CINE recae en el Instituto de Estadística de la UNESCO [UNESCO Institute for Statistics (UIS)] que, desde 1999, es la oficina donde se depositan las estadísticas mundiales en materia de educación, ciencia, tecnología, cultura y comunicación, con el fin de mejorar el programa de estadística de la UNESCO, así como para desarrollar y suministrar estadísticas exactas, oportunas y políticamente relevantes, requeridas en un contexto actual cada vez más complejo y rápidamente cambiante. A diferencia de la UNESCO, que tiene su sede central en París (Francia), el UIS se estableció en Montreal (Canadá).


La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) forma parte de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas que acopian y analizan datos comparables a nivel internacional. Dentro de estas –según dispone la sección 1 de la propia CINE 2011– la CINE representa una clasificación de referencia que permite ordenar los programas educativos y sus respectivas certificaciones por niveles de educación y campos de estudio. Su elaboración es el resultado de un acuerdo internacional adoptado formalmente por la Conferencia General de los Estados Miembros de la UNESCO. En concreto, la actual versión se aprobó el 10 de noviembre de 2011 en la 36ª Conferencia General de la UNESCO.

La antigua CINE 1997 ya previó que, para adaptar la clasificación a la evolución y las transformaciones de la educación, habría que ir revisándola con el fin de abarcar todas las posibilidades organizadas y continuadas de aprendizaje que se brindan a niños, jóvenes y adultos, incluidos quienes tienen necesidades especiales de educación, independientemente de la institución o entidad que las imparta o de la forma de hacerlo. La actual versión de 2011 se estructura en nueve niveles: desde el nivel CINE 0 [Educación de la primera infancia] hasta el nivel CINE 8 [Doctorado o equivalente (PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorado y otros términos similares)].

viernes, 3 de febrero de 2023

La regulación de la «tarjeta azul UE»

Si el Consejo Europeo que se celebró en Támpere (Finlandia), los días 15 y 16 de octubre de 1999, reconoció la necesidad de armonizar las legislaciones nacionales relativas a las condiciones de admisión y residencia de los nacionales de terceros países; al año siguiente, la nueva reunión de esta misma institución que tuvo lugar en Lisboa (Portugal), del 23 al 24 de marzo de 2000, concluyó estableciendo un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social; pero, a comienzos del siglo XXI, no existía una legislación horizontal de la Unión, de modo que los derechos de los nacionales de terceros países variaban en función de su nacionalidad y del Estado miembro en el que trabajasen.

Para resolver este problema se decidió crear la la «tarjeta azul UE» –la Blue Card, en una más que evidente referencia a la Green Card estadounidense– para incentivar la llegada a la Unión de inmigrantes con educación superior (al menos, una diplomatura universitaria); atrayendo a unos trabajadores formados con una cualificación tan alta que, hasta ese momento, solían elegir otros destinos del mundo como Estados Unidos, Canadá o Australia.


El Art. 2.c) de la derogada Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, definió aquella «tarjeta azul UE» como: la autorización (…) que da derecho a su titular a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro con arreglo a la presente Directiva. El objeto de aquella norma era establecer las condiciones de entrada y residencia por más de tres meses en el territorio de los Estados miembros de nacionales de terceros países [es decir, personas que no fuesen ciudadanos del Espacio Económico Europeo (Unión Europea, Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza)] para fines de empleo altamente cualificado como titulares de una tarjeta azul UE y de los miembros de sus familias. Quienes cumplieran los criterios de admisión (Art. 5) podían solicitar esa tarjeta que les daba acceso de manera progresiva al mercado laboral y derechos de residencia y movilidad tanto al propio trabjador como a su familia. Esta norma europea se traspuso al ordenamiento español mediante la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.


En los años posteriores, tres de las instituciones europeas retomaron el debate para incorporar las medidas destinadas a facilitar la admisión de estos trabajadores dentro de la estratategia «Europa 2020» [Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010]; competir en la carrera mundial por el talento [Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014]; instaurar un régimen que fuese atractivo para los nacionales de terceros países altamente cualificados, a escala de la Unión, indicando la necesidad de revisar la Directiva 2009/50/CE para atraer talentos y encarar los desafíos demográficos a los que se enfrenta la UE y la escasez de mano de obra y de capacidades en los sectores clave de la economía europea [Comunicación de la Comisión de 13 de mayo de 2015]; y, finalmente, solicitar una revisión ambiciosa de aquella Directiva con procedimientos más rápidos, criterios de admisión más flexibles e inclusivos y derechos más amplios, incluida una movilidad agilizada en el interior de la UE [Resolución de 12 de abril de 2016 del Parlamento Europeo].

Con estas propuestas se aprobó la vigente «Directiva sobre la Tarjeta Azul»; la Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2021 relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación, que derogó la anterior Directiva 2009/50/CE. El centro que gestiona esta red es el EU Blue Card Network (BCN) y se encuentra situado en Breda (Países Bajos).

miércoles, 1 de febrero de 2023

¿Qué es el CENDOJ?

El Art. 122.2 de la Constitución Española de 1978 define al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el órgano de gobierno de los Jueces, remitiendo su posterior desarrollo a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). Casi tres décadas más tarde, la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, reformó el CGPJ y modificó la LOPJ. Con esa nueva regulación, los órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial –necesarios para el correcto ejercicio de sus atribuciones, con el cometido de tramitar y preparar los asuntos de que hayan de conocer el Pleno y las Comisiones– se enumeran en el Art. 611.4 LOPJ; son: la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. A continuación, el Art. 619 LOPJ es el precepto donde se dispone, en particular, que: 1. El Centro de Documentación Judicial [CENDOJ] es un órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones son la selección, la ordenación, el tratamiento, la difusión y la publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. 2. Corresponde al Centro de Documentación Judicial colaborar en la implantación de las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en materia de armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los Juzgados y Tribunales. 3. Solo podrá ser nombrado Director del Centro de Documentación Judicial quien acredite el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años.

Desde un punto de vista práctico, este es el órgano que, tras los correspondientes procesos técnicos, publica oficialmente la jurisprudencia de todos los Tribunales colegiados españoles y la difunde a toda la ciudadanía de forma universal y gratuita a través de la web poderjudicial.es, ofreciendo en la actualidad más de 7 millones de resoluciones judiciales. El CENDOJ tiene encomendada la labor de concepción, diseño, producción, securización, gestión técnica y de contenido documental, administración, desarrollo y mantenimiento del portal web público y privado www.poderjudicial.es, vía a través de la cual se accede a la mayor parte de los servicios prestados por el Centro. En el entorno privado ofrece a toda la carrera judicial unos notables valores añadidos en jurisprudencia, acceso a publicaciones y a los dosieres que elabora, atención de consultas documentales y de jurisprudencia. Posibilita y administra foros de debate, proporciona y gestiona el correo corporativo, facilita formularios on line y otras muchas aplicaciones, impartiendo además formación sobre todas ellas, a fin de constituir una herramienta útil y eficiente para la realización del trabajo diario de sus miembros.

El Centro se estructura en seis secciones: Documentación y Derecho Comparado, Jurisprudencia, Análisis, Web, Informática Judicial e Informática Interna; íntimamente interrelacionadas, con un método de trabajo que se realiza por procesos, de acuerdo con su plan estratégico.

Sede donostiarra del CENDOJ

Por lo que se refiere a su historia, en 1995, a propuesta de la Consejería de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y con el apoyo del Parlamento Vasco, la Comisión Permanente del CGPJ que se celebró el 10 de abril de 1996 aprobó la propuesta de ubicarlo en San Sebastián (Guipúzcoa), donde se inauguró su sede original el 16 de julio de 1997 en el edificio de las Madres Reparadoras (hoy en día, se encuentra en la tercera planta del contiguo Palacio de Justicia donostiarra, en el número 41 de la calle de San Martín de la capital guipuzcoana; edificio neoclásico de 1915, obra del arquitecto José Gurruchaga, que comparte con la Audiencia Provincial).

Dos meses antes, aquel mismo año ya se había adoptado su primera regulación: el Acuerdo de 7 de mayo de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprobó el Reglamento 1/1997, del Centro de Documentación Judicial. En aquel momento se justificó su creación porque: La creciente producción de información jurídica y la permanente demanda de la misma, la abundancia de resoluciones judiciales dictadas en foros nacionales e internacionales y la constante labor doctrinal en todos los ámbitos del Derecho ponen de manifiesto la conveniencia de que el Consejo General del Poder Judicial establezca una estructura organizativa capaz de obtener y difundir toda la documentación jurídica útil para la función jurisdiccional y para el ejercicio de las propias competencias del Consejo General del Poder Judicial. Con ese marco, el Centro comenzó a funcionar en junio de 1997 con una plantilla formada por doce personas: un director, dos letrados, dos documentalistas, tres auxiliares, dos informáticos, un reprógrafo y un ordenanza (*).

lunes, 30 de enero de 2023

Las tres consultas del Acuerdo de Numea

El Art. 72 de la vigente Constitución de la V República Francesa, de 4 de octubre de 1958, enumera cuáles son sus entidades territoriales: los municipios, los departamentos, las regiones, las entidades con estatuto particular y las entidades de Ultramar. En relación con esa cuarta modalidad particular, el Art. 72-3 especifica que: El estatuto de Nueva Caledonia se rige por el título XIII; remitiéndose al contenido de los posteriores artículos 76 y 77. El primero de estos preceptos contempla que: Las poblaciones de Nueva Caledonia están llamadas a pronunciarse antes del 31 de diciembre de 1998 sobre las disposiciones del acuerdo que se firmó en Nouméa el 5 de mayo de 1998, publicado el 27 de mayo de 1998 en el Journal Officiel de la República Francesa. Podrán participar en la votación aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley n.º 88-1028 de 9 de noviembre de 1988. Las medidas necesarias para la organización de la votación se adoptarán mediante decreto en Consejo de Estado y tras deliberación del Consejo de Ministros.

El mencionado Acuerdo de Numea sobre Nueva Caledonia se firmó en la capital de este archipiélago situado al Suroeste del Océano Pacífico, el 5 de mayo de 1998, por el entonces Primer Ministro francés Lionel Jospin, y diversos líderes de formaciones locales tanto a favor de la independencia de estas islas melanesias [Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS)] como en contra [Le Rassemblement (RPCR)].

Para los profesores Richard Nile y Christian Clerk, (…) la oposición al gobierno francés está mucho más definida en Nueva Caledonia [que en Polinesia Francesa]. La independencia es apoyada abrumadoramente por el pueblo indígena kanak, el mayor grupo étnico individual, pero son superados en número por los no melanesios, un grupo heterogéneo formado por europeos (…), wallisianos, polinesios, indonesios y otros. (…) En 1984, el FLNKS boicoteó las elecciones territoriales para la asambles, frustrado ante la falta de progresos conseguidos hacia el autogobierno pese al éxito de la coalición pro independencia en las anteriores elecciones. (…) Las confrontaciones entre kanaks y colonos, soldados y policía se vieron señaladas por estallidos de violencia en ambos lados. En 1988 un cambio de gobierno en Francia condujo a nuevos intentos de poner fin a los constanmtes desórdenes y conflictos políticos. El Acuerdo de Matignon [por el nombre del palacete parisino donde reside el Primer Ministro galo] de 1988 previó un año de gobierno directo francés, seguido por elecciones [1]. El 6 de noviembre de 1988, todos los ciudadanos franceses, no solo los neocaledonios, fueron convocados a un referéndum para decidir en las urnas si estaban de acuerdo con que París preparase la autodeterminación de Nueva Caledonia. Ganó el sí por casi el 80% pero la abstención fue muy alta (63%).

Las negociaciones continuaron y, diez años más tarde, el preámbulo del Accord sur la Nouvelle-Calédonie de 1998 comenzó refiriéndose al vínculo de este territorio con su lejana metrópoli: (…) Cuando Francia tomó posesión de Grande Terre, que James Cook había llamado "Nueva Caledonia", el 24 de septiembre de 1853, se apropió de un territorio según las condiciones del derecho internacional entonces reconocido por las naciones de Europa y América, sin establecer relaciones jurídicas con la población indígena. Los tratados celebrados, durante el año 1854 y los años posteriores, con las autoridades consuetudinarias, no constituyen acuerdos equilibrados sino, de hecho, actos unilaterales; sin embargo, este territorio no estaba vacío. Grande Terre y las islas estaban habitadas por hombres y mujeres que se llamaban canacos [kanak]. Habían desarrollado su propia civilización, con sus tradiciones, sus lenguas, la costumbre que organizaba el campo social y político. Su cultura y su imaginación se expresaron en diversas formas de creación. La identidad canaca se basaba en una conexión particular con la tierra (…). A continuación, el legislador francés contextualiza la colonización de Nueva Caledonia en el vasto movimiento histórico en el que los países de Europa impusieron su dominio sobre el resto del mundo y afirma que su relación ha estado marcada durante mucho tiempo por la dependencia colonial, un vínculo inequívoco, una negativa a reconocer las especificidades, que las nuevas poblaciones también han sufrido en sus aspiraciones.

En cuanto a la organización política de Nueva Caledonia que contemplaba el Art. 76 de la ley fundamental francesa, el Acuerdo de Numea previó la celebración de una consultation électorale para transferirle los poderes soberanos, el acceso a un estatus internacional de plena responsabilidad y la organización de la ciudadanía en nacionalidad; asimismo, contempló la posibilidad de celebrar una nueva consulta dos años más tarde en caso de que la primera diese un resultado negativo e incluso una tercera, cumpliendo los mismos plazos, si la votación continuaba siendo negativa (es decir, contraria a la independencia de la Nouvelle-Calédonie).

Finalmente, el Título IX (Arts. 216 a 222) de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie reguló cómo debía llevarse a cabo la consulta para acceder a la plena soberanía neocaledonia que se celebró el 4 de noviembre de 2018. Ante la pregunta Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? los electores, con más del 80% de participación, respondieron por estrecho margen que preferían continuar siendo parte de la República Francesa; y, como estaba previsto, el 4 de octubre de 2020 y el 12 de diciembre de 2021 se celebraron las otras dos consultas restantes con idéntico sentido (el abultado triunfo del no en el tercer referéndum se debió al boicot de las fuerzas independentistas).


En opinión del jurista palentino Carlos María Bru Purón, este sistema de tres referendos es un mecanismo que muestra la voluntad popular y al tiempo palía los defectos (ignorancia, precipitación, caso del brexit…) anejos a tal tipo de consultas [2].

Citas: [1] NILE, R. y CLERK, C. Australia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur. Barcelona: Folio, 2007, p. 204. [2] BRU PURÓN, C. Mª. La iniciativa ciudadana europea: Aproximación histórica y conceptual. Madrid: BOE, 2022, pp. 97 y 98.

viernes, 27 de enero de 2023

La primera Constitución que protegió la orientación sexual

En 2013, el sociólogo francés Frédéric Martel (Châteaurenard, 1967) publicó el libro Global gay. Cómo la revolución gay está cambiando el mundo (París: Flammarion). En el capítulo 6, titulado La batalla de la ONU -denominado así porque, en su opinión, numerosas ONG se movilizaron en las Naciones Unidas mucho antes que los gobiernos por la despenalización de la homosexualidad- narra una conversación que mantuvo con el juez y activista LGTB sudafricano Edwin Cameron (Pretoria 1953), que fue magistrado del Tribunal Constitucional de ese país austral: (...) Edwin Cameron rebusca en los cajones de su inmensa mesa de despacho y abre algunos armarios, en medio de decenas de códigos jurídicos y recopilaciones de jurisprudencias. Recuerda haber guardado en algún sitio ejemplares de la Constitución sudafricana. No los encuentra. «Tiene que ver la de verdad, no una simple fotocopia»,insiste. Llama a su secretaria y a su asistente, y les habla con una amabilidad extrema. Todo el mundo se pone a buscar los textos constitucionales. Y al final aparecen los preciosos documentos: unos libritos apilados de color violeta de cuatrocientas sesenta páginas todavía envueltos en celofán. Edwin Cameron despliega delicadamente una Constitución y la abre por el segundo capítulo, el de la Declaración de los Derechos Humanos. Y me lee la sección titulada «Igualdad»: «Todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a las mismas protecciones y ventajas que la ley otorga». Siguen varias causas de discriminación explícitamente prohibidas por el Estado, entre las que se encuentran la raza, el género, el sexo, el color de la piel y la orientación sexual. Cameron repite: «La orientación sexual». Es la primera vez en el mundo que una Constitución contiene esta protección. Sudáfrica se adelantó a su tiempo. Gracias al juez Cameron [1].

El precepto al que aluden tanto Cameron como Martel es el Art. 9.3 de la Constitución de la República de Sudáfrica: (…) El Estado no puede discriminar injustamente a una persona, directa o indirectamente, por una o más causas, incluyendo la raza, género, sexo, embarazo, estado matrimonial, origen étnico o social, color, orientación sexual, edad, invalidez, religión, conciencia, creencia, cultura, lengua y nacimiento (…). La ley fundamental sudafricana fue promulgada durante la presidencia de Nelson Mandela; en la imagen inferior, firmándola el 10 de diciembre de 1996.


Como consecuencia de esta experiencia constitucional, el abogado indio Arvind Narrain ha investigado que: (…) los magistrados han interpretado las disposiciones de igualdad junto con las disposiciones que garantizan la dignidad para generar una jurisprudencia progresista sobre temas LGBT: estas disposiciones han servido para invalidar leyes antisodomía (…) y han permitido al Tribunal Constitucional aseverar enérgicamente que sólo el reconocimiento legal del matrimonio del mismo modo que para los heterosexuales pasaría la prueba de igualdad y dignidad [2].

Citas: [1] MARTEL, F. Global gay. Madrid: Taurus, 2013, p. 173. [2] NARRAIN, A. “Brasil, India, Sudáfrica: las constituciones transformadoras y su papel en la lucha de la comunidad LGBT”. En: Sur, 2014, pp. 163 y 164].

miércoles, 25 de enero de 2023

Las implicaciones jurídicas de la ucronía «2440»

El jueves 20 de agosto de 1812, el editorial del periódico La Aurora de Chile se preguntaba: ¿Alguna vez un Congreso General Americano, una gran Dieta, no hará veces de centro? Eso está muy distante y será una de las maravillas del año de dos mil cuatrocientos cuarenta; pero yo no soy profeta. La América es muy vasta, y son muy diversos nuestros genios, para que toda ella reciba leyes de un solo cuerpo legislativo. Cuando más, pudiera formarse una reunión de plenipotenciarios para convenir en ciertos puntos indispensables, pero como los de mayor interés y necesidad son una protección recíproca, y la unidad del fin e intentos, y todo esto puede establecerse y lograrse por medio de enviados de gobierno a gobierno, no parece necesaria tal asamblea. Ella verdaderamente se presenta a la fantasía con un aspecto muy augusto, pero no pasará de fantasía. El Abad de San Pedro deseó cosas muy buenas, pero no se realizan los proyectos más útiles (...). Del mencionado proyecto europeísta del Abad Saint-Pierre ya hablamos en otra ocasión; ahora, por alusiones, conviene explicar esa referencia del año de dos mil cuatrocientos cuarenta y analizar algunas de sus implicaciones jurídicas.

Según el profesor de la Reza: (…) El futurista “año 2440” retoma el título de una ucronía célebre en su tiempo, escrita por el dramaturgo y político francés Louis-Sébastien Mercier y publicada en 1771. La obra narra las condiciones de vida en el París de ese año, donde prevalece la justicia y donde la organización política, social y económica es enteramente racional [1]. Mercier fue un prolífico periodista, escritor y diputado francés (París, 1740-1814) que publicó L'An 2440, rêve s'il en fut jamais en Londres, en 1771.


Para la profesora Sánchez-Mejía que ha prologado la edición en castellano de El año 2440: un sueño como no ha habido otro: (…) no es una utopía en el sentido estricto del término. No es un u-topos, un no lugar, sino que se desarrolla en un espacio muy definido: París. El año 2440 es más bien una ucronía, una visión del futuro en la que el espacio es reconocible pero fuera del tiempo o en un tiempo imaginado tan lejano que sólo el sueño puede concebirlo. Aunque existen algunos antecedentes El año 2440 es, además, la primera ucronía. Se pasa así del esquema de las islas felices que el náufrago encuentra por azar, siguiendo siempre el modelo de la Utopía de [Tomás] Moro, a un espacio concreto, situado en las calles y en las plazas por las que uno camina cada día. Esta precisión espacial implica ya una confianza en el futuro mayor que la expresada por el u-topos clásico, y recoge toda el ansia de cambios y la certeza de su pronta realización de toda la filosofía y la literatura de las Luces. Louis-Sébastien Mercier es, en este sentido, muy representativo de la mentalidad de su época, de la fe en el logro de un mundo [2].

Simplemente, el protagonista de esta obra se duerme en 1770 y despierta 670 años más tarde, descubriendo cómo es el mundo del siglo XXV, orientado por buenos consejos y buenas leyes: aprecio del mérito y no de las convenciones, austeridad y rechazo de la codicia y de la vanidad, respeto y solidaridad. Una de las cuestiones que aborda Mercier es uno de los temas continuamente debatidos en la época: la administración de justicia. La corte de leguleyos, sofistas de mala retórica y jueces corruptos ha desaparecido en el año 2440. Y con ellos la tortura, las mazmorras, el trato degradante a los reos y los castigos desproporcionados. También, y como podía esperarse, las famosas e ignominiosas «lettres de cachet», las «cartas selladas» que podían encarcelar a alguien de por vida sin ser nunca acusado de delito alguno, ni juzgado por ningún tribunal. En toda su propuesta, Mercier se hace eco del gran clamor por la reforma de la justicia que recorre todo el siglo, y que Cesare Beccaria había plasmado pocos años antes en su famosa obra “Los delitos y las penas”, publicada en 1764 (…). «Tenemos jurisprudencia, pero distinta de la vuestra, que era gótica y monstruosa», dice el acompañante del soñador parisino de Mercier, en alusión a las críticas que hace Beccaria a las leyes europeas, «envueltas en el fárrago voluminoso de libros preparados por oscuros intérpretes». (…) Para Mercier es el hombre, y no la sociedad, el responsable de sus delitos. También en una sociedad donde reina la justicia y la razón puede haber malhechores que sólo la inmediatez de la muerte parece poder reformar en el último momento [2].


A lo largo de sus XLIV capítulos, Mercier incorpora numerosas referencias jurídicas; por ejemplo [3], dedica el XV a la teología y la jurisprudencia, señalando que, en el futuro: (…) Los asuntos se enjuician del mejor modo del mundo. Hemos conservado la clase de abogados que conoce toda la nobleza y excelencia de su institución. Al ser más desinteresados son más respetables. Son ellos quienes se encargan de exponer claramente, y sobre todo con un estilo lacónico, la causa del oprimido y todo sin énfasis y sin declamación. (…) El malvado, cuya causa es injusta, no encuentra en estos hombres íntegros más que hombres incorruptibles que responden con su honor de las causas que defienden. Y añade: Hemos prohibido vuestros interrogatorios capciosos, dignos de un tribunal de la inquisición y también vuestros horribles suplicios, hechos para un pueblo de caníbales. No condenamos a muerte al ladrón porque es una injusticia inhumana matar a quien no ha dado la muerte: todo el oro de la tierra no vale la vida de un hombre. Lo castigamos con la pérdida de la libertad. Raramente corre la sangre pero, cuando es obligado verterla para escarmiento de los malvados (…).

Asimismo, en el capítulo XXXVI defiende una forma de gobierno que, en el siglo XXV, no es monárquico, ni democrático, ni aristocrático sino que es razonable y hecho para todos los hombres. A continuación, en el XXXVIII defiende que: (…) La ley ha unido a los hombres tanto como ha podido y en lugar de crear distinciones injuriosas que no han engendrado nunca más que el orgullo de un lado y el odio del otro, ha preferido romper todo lo que podía dividir a los hijos de una misma madre. (…) cuando los dos cónyuges lo solicitan a la vez, la incompatibilidad de caracteres basta para romper el vínculo. Uno se casa para ser feliz; es un contrato en el que el fin debe ser la paz y los cuidados mutuos. No somos tan insensatos para retener por la fuerza dos corazones que se alejan (…). El divorcio es el único remedio conveniente porque devuelve al menos a la sociedad dos personas que se han perdido la una para la otra.

Por citar dos últimas reflexiones Mercier dedica el capítulo XXXIX a los impuestos del futuro, basados en la máxima de que los tributos no son obligados sino que se fundan en la equidad y la recta razón. A los malos ciudadanos que no tributan la sociedad los cubre de un oprobio eterno y los miran como a los ladrones; e imagina –capítulo XL– la integración del Nuevo Mundo, donde cada parte de América forma un reino separado, aunque reunido bajo un mismo espíritu de legislación (enlazando con el editorial periódico La Aurora de Chile de 1812 con el que comenzamos).

Citas: [1] DE LA REZA, G. A. “Los proyectos confederales de Juan Egaña y la genealogía de un prejuicio”. En: Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 2017, nº 37, p. 467. [2] SÁNCHEZ-MEJÍA, Mª. L. “Estudio preliminar”. En: MERCIER, L.-S. El año 2440: un sueño como no ha habido otro. Madrid: Akal, 2016, pp. 6, 7, 19 y 20. [3] MERCIER, L.-S. El año 2440: un sueño como no ha habido otro. Madrid: Akal, 2016, pp. 99, 100, 249, 271, 282 y 283. Pinacografía: François Bonneville | Retrato de Louis-Sébastien Mercier (1797).

lunes, 23 de enero de 2023

¿Dónde se regula la conducción de detenidos, presos y penados?

Para el profesor Maestre Delgado, nos encontramos ante: (…) un tema poco tratado monográficamente en la doctrina, y que ha generado también una limitada atención jurisprudencial, pero que no por ello está exento de problemas: los traslados, desplazamientos y conducciones penitenciarias, que son, y han sido históricamente, un instrumento imprescindible, aunque de relevancia secundaria, en la ejecución penitenciaria. Aunque los tres términos hacen referencia a la misma realidad material, en el ámbito penitenciario se suele precisar que la expresión «traslado» designa el cambio de destino de un interno, que abandona el Centro Penitenciario en el que se encuentra para ser ingresado en otro; que la palabra «desplazamiento» indica una salida que realiza el recluso, con carácter episódico, para la realización de una concreta actividad, y con posterior retorno al mismo Centro; y que la acepción «conducción» define el transporte del preso que se instrumenta para llevar a efecto los traslados y los desplazamientos [1].

Centrándonos de forma genérica en esas «conducciones», el Art. 1 del breve Decreto 2355/1967, de 16 de septiembre, por el que se regulan las conducciones de detenidos, presos y penados –aún en vigor– dispone que: Las conducciones de detenidos, presos y penados, civiles o militares, se realizarán normalmente por carretera, con vehículos adecuados a cargo de fuerzas del Cuerpo de la Guardia Civil. A continuación, el Art. 3 establece que: El material automóvil necesario para llevar a cabo las conducciones interprovinciales y provinciales será adquirido y estará a cargo de la Dirección General de la Guardia Civil, y el necesario para las locales pertenecerá a la Guardia Civil o Dirección General de Seguridad, según proceda. Los gastos del funcionamiento del servicio correrán a cargo de la Dirección General de Prisiones. Este precepto fue complementado por el Art. 5 de la Orden de 22 de junio de 1968: Los gastos de funcionamiento del servicio a que se refiere el artículo tercero del Decreto estarán constituidos por: carburantes, lubricantes, grasas y valvulinas; reparaciones, sustituciones y ajustes; entretenimiento, conservación y lavado; cubiertas y cámaras; seguro y riesgos especiales; impresos y material de escritorio.


Con la llegada de la democracia, al regular el régimen penitenciario, el Art. 18 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP; la primera que se adoptó tras proclamarse la Constitución Española de 1978) señaló al respecto que: Los traslados de los detenidos, presos y penados se efectuarán de forma que se respeten la dignidad y los derechos de los internos y la seguridad de la conducción. En el posterior desarrollo reglamentario de la LOGP, por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, el Art. 36 de este Reglamento Penitenciario previó que: 1. Los desplazamientos de detenidos, presos y penados se efectuarán de forma que se respete su dignidad y derechos y se garantice la seguridad de su conducción. 2. Se llevarán a cabo por el medio de transporte más idóneo, generalmente por carretera, en vehículos adecuados y bajo custodia de la fuerza pública. 3. Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria, podrá disponerse el traslado de internos a cargo de los funcionarios de instituciones penitenciarias que el Director del establecimiento designe entre los que se hallen de servicio (…).

Para garantizar la adecuada prestación de ese servicio, una Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 15 de junio de 1995 dictó las especificaciones técnicas que debían reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados; pero, desde entonces, fueron entrando en vigor nuevas normas técnicas, tanto europeas como españolas, y se produjo un importante desarrollo tecnológico en los materiales, equipos y elementos utilizados para la construcción de vehículos que motivaron revisarla mediante la vigente Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados; con el objetivo de conciliar la seguridad activa y pasiva de los vehículos y la seguridad de los traslados, en relación con los detenidos, presos y penados, por una parte, y de los componentes de la escolta, por otra. Incluye un anexo en el que se definen las condiciones técnicas y de seguridad mínimas, que deben reunir los vehículos dedicados al transporte urbano e interurbano de detenidos, presos y penados, de hasta nueve plazas, incluido el conductor y escolta (puestos ocupados por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

En este sentido, recordemos que el Art. 12.1.B) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, distribuye la competencias entre la Policía y la Benemérita asignando que: (…) serán ejercidas por la Guardia Civil: (…) f) La conducción interurbana de presos y detenidos.

Por último, en el ordenamiento jurídico español también conviene mencionar la Instrucción 3/2021, de 17 de mayo, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, relativa a las conducciones de internas/os entre establecimientos penitenciarios –que derogó la anterior Instrucción 6/2005– con el fin último de compatibilizar la seguridad de la custodia con la racionalidad del desplazamiento, reduciendo la duración de los itinerarios y garantizando escrupulosamente el respeto a la dignidad y derechos de las personas privadas de libertad.

Desde el punto de vista jurisprudencia, sobre esta cuestión se ha pronunciado la interesante sentencia 88/2011, de 6 de junio, del Tribunal Constitucional [ECLI:ES:TC:2011:88] en la que nuestro órgano de garantías tuvo que resolver un caso donde la recurrente, detenida en las dependencias de la comisaría de centro de Madrid del Cuerpo Nacional de Policía, instó un procedimiento de habeas corpus sobre las 12:00 horas del día 6 de julio de 2009, denunciando expresamente que, no obstante haberse ya concluido el atestado policial, iba a continuar detenida hasta el día siguiente “porque las conducciones de detenidos al Juzgado de Guardia sólo se hacían una vez a primeras horas de la mañana”.


¿Dónde se regulan estas «conducciones» en Derecho Internacional? Podemos destacar cuatro instrumentos jurídicos; dos adoptados en el marco de la ONU y otros dos en el seno del Consejo de Europa:

  • La Norma 45 de las Normas mínimas para el trato de los reclusos que el Consejo Económico y Social (ECOSOC) aprobó el 30 de agosto de 1955 durante el I Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se refiere, expresamente, al traslado de reclusos: 45.1) Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del público y para impedir toda clase de publicidad. 45.2) Deberá prohibirse el transporte de los reclusos en malas condiciones de ventilación o de luz o por cualquier medio que les impongan un sufrimiento físico. 45.3) El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos.
  • Cuando estas normas se revisaron el 17 de diciembre de 2015, dieron lugar a las actuales Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las denominadfas «Reglas Nelson Mandela») aprobadas por la Asamblea General de la ONU mediante la A/RES/70/175 y los traslados se mencionan indirectamente en las reglas 7, 26, 47, 68 y 69 pero se regulan en la regla 73 de forma análoga a la norma 45 de 1955.
  • El Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 para prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas [Convention on the Transfer of Sentenced Persons (STE nº 112), ratificado por 45 de los 46 Estados miembro de esta organización paneuropea, excepto Mónaco; y por 23 países del resto del mundo: desde Australia hasta Venezuela, pasando por Canadá, India, Estados Unidos, Mongolia, Japón, Tonga o México].
  • En la Recomendación Rec (2006)2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptada el 11 de enero de 2006, la regla nº 32 se refiere a los traslados: 1. Los internos que sean trasladados a otro Centro Penitenciario o a otros lugares como Tribunales u Hospitales, serán expuestos en público lo menos posible y las Autoridades deben tomar las medidas necesarias para proteger su anonimato. 2. Debe estar prohibido el transporte de internos en vehículos mal ventilados, mal iluminados o en condiciones que provoquen sufrimiento físico o una humillación evitable. 3. El coste del traslado de los internos correrá a cargo de las Autoridades Públicas, y se hará bajo su dirección.

Como curiosidad, en el "argot taleguero", estas conducciones se llaman "cundas"  [denominación que también se aplica a los vehículos que llevan a los drogadictos hasta un punto de venta de estupefacientes: (...) el acusado realiza funciones de taxi, acompañando a toxicómanos que van a adquirir droga ("cundas") en palabras del fallo de la sentencia 1314/2022, de 22 de marzo, de la Audiencia Provincial de Baleares].

Cita: [1] MESTRE DELGADO, E. “Traslados, desplazamientos y conducciones de presos”. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 2019, pp. 94 y 95. Pinacografía: Roger Patrick | Serie Police action (s. XXI).

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