Dulce y picante: los grados Brix y el índice Scoville

Al enumerar los ingredientes con los que pueden elaborarse determinados zumos, el Art. 23 del Real Decreto 667/1983, de 2 de marzo, por el que se aprobó la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas y de otros vegetales y de sus derivados, dispone: 4.3 Almíbares.–La disolución de estos azúcares en agua potable teniendo como mínimo 12 Brix. A continuación, el Art. 24.4 establece las condiciones que, de forma genérica, deben cumplir esos zumos: Para cada caso, se considerarán zumos estandarizados aquellos de concentración simple que cumplan, como mínimo, los valores en grados Brix, a 20 ºC; e incluye un cuadro sinóptico con dicha graduación donde figuran desde el tomate (5 Grados Brix) hasta el melocotón (10 Grados Brix). Las referencias a los grados Brix se contemplan, asimismo, en más de una treintena de disposiciones españolas de ámbito nacional.

Deben su nombre al matemático e ingeniero alemán Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix (1798-1870) y, como señala la experta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Rosa Rolle, proporcionan una medida objetiva de la concentración de azúcar disuelto en un producto y da la idea del nivel de dulzura del mismo [1]. Para medir los ºBrix se emplea un refractómetro que determinará la concentración de azúcar en una solución.

En cambio, el índice Scoville tan solo aparece en la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Dirección General de Industria, por la que se publicó la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo de 2010, entre las que se encontraba la norma UNE-ISO 3513:2010 (Guindillas. Determinación del índice de Scoville).

En este caso, la escala rinde homenaje al químico y farmacólogo estadounidense Wilbur Lincoln Scoville (1865-1942) que determinó el grado de picante en función de la cantidad de capsaicina presente en determinados pimientos, guindillas, chiles, ajíes… de modo que se les atribuía una unidad o Scoville Heat Unit en función del mayor o menor picor. El divulgador de Iowa (EE.UU.), William McGuire "Bill" Bryson, resume así su curioso origen: En 1907 (…) aparentemente tentado por un jugoso salario, se mudó a Detroit para empezar a trabajar en una gran compañía farmacéutica, Parke, Davis & Co. Una de sus tareas en la empresa era supervisar la producción de un popular ungüento muscular llamado Heet. El calor que proporcionaba el Heet provenía de las guindillas —las mismas que se emplean en alimentación—, pero este variaba enormemente de un lote a otro, y no había una forma fiable de calibrar cuántas guindillas había que emplear en cada lote. De modo que a nuestro hombre se le ocurrió lo que pasaría a conocerse como «examen organoléptico Scoville»: un método científico para medir el picor o pungencia de cualquier pimiento. Y todavía hoy sigue siendo el estándar utilizado. Un pimiento morrón tendrá una clasificación de entre 50 y 100 unidades Scoville, mientras que los chiles jalapeños suelen situarse en el rango de 2.500 a 5.000 [2].

Citas: [1] ROLLE, R. Buenas prácticas para la producción en pequeña escala de agua de coco embotellada. Roma: FAO, 2007, p. 9. [2] BRYSON, B. El cuerpo humano: Guía para ocupantes. Barcelona: RBA, 2020.

Pinacografía: Superior: Felix Valloton | Still Life with Red Peppers on a White Lacquered Table (1915). Inferior: Ralph Goings | Sugar Dispenser (1989).

Los singulares privilegios del «Couto Mixto»

El 25 de abril de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó al Senado –al amparo de lo dispuesto en el Art. 177 del Reglamento de la Cámara Alta– la tramitación de una moción sobre la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial a favor del «Couto Mixto» para que se debatiera en la Comisión de Cultura. Su exposición de motivos resulta muy didáctica para conocer la singularidad de este pequeño territorio situado en la actual provincia de Orense, en la raya con Portugal. A mediados del siglo XII se crea un nuevo reino cristiano –el de Portugal– en la Peninsula Ibérica, desgajado del de Castilla, Así nace el objeto-sujeto histórico del que se va a tratar [se refiere a la firma del Tratado de Zamora, el 5 de octubre de 1143; fecha en la que el emperador Alfonso VII de León y Castilla reconoció la independencia lusa y a su primer monarca, el rey Alfonso I Enríquez de Portugal; derogándose el anterior acuerdo entre ellos para acabar con los conflictos en Galicia (Tratado de Tuy, de 4 de julio de 1137)].

En uno de los confines liminares, entre Io que hoy es la província de Ourense con las tierras lusitanas de Trás-os-Montes, queda olvidado un territorio lejano, montañoso y frío, que a Io largo de los años va generando una organización privilegiada. Al principio permanece ligado a la Casa de Bragança custodiado por el Castillo de A Piconha, vigilante también de una vereda inmune a aprehensiones de mercancías de cualquier origen. Con el paso del tiempo este territorio –denominado Couto Mixto–  formado par cuatro aldeas, Santiago de Rubiás, Rubiás y Meaus, más otra desaparecida llamada Pena, adquiere una naturaleza ambigua y mixta que deriva en cierta independencia fáctica de los dos países vecinos. No obstante, ambos reinos, a través de las nobiliarias Casas de Monterrey y Bragança, disputan sobre su mejor derecho sobre el Couto Mixto. Obtenida una concordia se reconoce la existencia de esta ambigüedad fronteriza y sus prìvilegios, castigando a los representantes de dichas casas nobiliarías por haber llegado a un estado de disputa entre los vecinos respecto a dicho territorio.

Entre los privilegios del Couto Mixto podemos citar:

1. Derecho a escoger la nacionalidad el dia de la boda, brindando por uno de los respectivos reyes.
2. Derecho de asilo a reos de la justicia con alguna excepción en favor de una u otra jurisdicción nacional.
3. Derecho a no pagar tributos a España o Portugal, con excepción de una alcabala a las anteriormente citadas casas nobiliarias, (reminiscencia medieval).
4. Derecho a elegir por sufragio de las cabezas de familia a su líder juiz) y los representantes de las aldeas.
5. Derecho a comerciar con todo tipo de productos, incluso los estancos y armas de defensa o de caza.
6. Derecho a no utilizar para sus negocios impresos oficiales obligatorios en España o Portugal.
7. Derecho de los mozos a no ser alistados a los ejércitos portugueses o españoles

(…) llegó el año 1864, en el que Madrid y Lisboa fueron testigos de la firma de un Tratado de limites que puso fin a las aspiraciones portuguesas sobre el Couto Mixto, quedando este territorio integrado en la provincia española de Ourense. A cambio, Portugal recibía la parte exclusiva española de tres aldeas situadas sobre la misma Raya fronteriza (aldeas de Soutelinho, Cambedo y Lamadarcos, situadas al oriente de la frontera ourensana).

No era la primera vez que el «Coto Mixto», «Couto Mixto» o «Couto Misto» –en castellano, gallego o portugués– se convertía en el centro de atención de la actividad parlamentaria. El 8 de agosto de 2006, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presentó ante la Cámara Baja una Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave Histórico-Cultural que nos aporta algunos otros datos relevantes para conocer el territorio:

El Couto Mixto era un antiguo territorio asentado entre los actuales Ayuntamientos de Calvos de Randín y Baltar, al sur de la Provincia de Ourense y fronterizo con Portugal (…). El Couto Mixto estaba constituido territorialmente por los actuales lugares de Santiago, Rubiás y Meaus, teniendo una superficie aproximada de 27 km². Actualmente, los lugares de Santiago y Rubiás pertenecen al Ayuntamiento de Calvos de Randín, mientras que Meaus pertenece al de Baltar. La población a mediados del siglo XIX podría cifrarse en 200 vecinos, equivalentes a unos 800-900 habitantes. Históricamente no existen, por el momento, documentos que acrediten el origen de la institución; se sabe que el Couto nació ligado al Castillo de Piconha, vinculado en el tiempo con la Casa de Braganza, en la Baja Edad Media y también a la dependencia nobiliaria del Conde de Monterrei.

La originalidad de este enclave fue la de mantener su propia organización, desvinculada de las coronas española y portuguesa, como una tierra de nadie entre Galicia y Portugal, con sus propias leyes y privilegios aduaneros.

Aldea de Meaus

Entre los derechos y privilegios más representativos se encontraban el asilo (para huidos de la justicia hispana y lusa), el de no dar soldados, la exención de los impuestos, la libertad de comercio (como la sal, producto de venta en estancos hasta 1868), libertad de cultivos como el tabaco y otros más. Para poder ejercitar dichos privilegios, respecto al ámbito comercial, disponían de un camino inmune a la acción de las guardias fronterizas. Este camino comunicaba el Couto con la villa portuguesa de Tourém, atravesando tierras gallegas de Randín en un recorrido de unos seis kilómetros. Contaba, asimismo, con un sistema de Gobierno que se organizaba alrededor de una representación paritaria de estos tres lugares en la toma de decisiones. Esta paridad queda registrada en el hecho de que los sellos y documentos que legitimaban las decisiones tomadas se guardaban en una caja con tres llaves, cada una de ellas en poder del representante de la aldea correspondiente. Además de ellos, se elegían periódicamente los jueces del Couto, que administraban justicia y se encargaban del Gobierno.

Arca de las tres llaves (Santiago de Rubiás)

Esta singularidad político-administrativa compleja llegó a constituir un enclave independiente, de connotaciones republicanas, hasta que, después de diferentes avatares relacionados con las disputas fronterizas, en el año 1868 al definirse finalmente las actuales fronteras, las tres aldeas pasaron a formar parte del territorio español. El 29 de mayo de 2007, el pleno de las Cortes Generales españolas votó a favor de esta proposición no de Ley socialista, aprobándola por unanimidad (el 100% de los diputados).

En Galicia, el Parlamento autonómico también ha debatido esta cuestión; por ejemplo, con la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia sobre a divulgación do valor histórico e o desenvolvemento cultural e social do Couto Mixto, radicado entre os concellos de Calvos de Randín e Baltar, na fronteira con Portugal. Esta iniciativa de Laura Seara Sobrado incluyó una frase muy significativa que no hace falta traducir al castellano: (…) o Couto Mixto non é Andorra (…), tampouco é Montecarlo, pero a súa historia di que poido selo. Alí non hai casinos, no Couto Mixto, nin hai estacións de esquí, pero hai unha gran riqueza patrimonial, tanto inmaterial como material, e hai unha gran riqueza natural (…).

Recordemos, para concluir, que en el preámbulo del mencionado Tratado de límites desde la desembocadura del Miño hasta la unión del río Caya con el Guadiana entre España y Portugal: firmado en Lisboa el 29 de septiembre de 1864 y anexos al mismo firmados en Lisboa a 4 de noviembre de 1866, incluía una referencia sutil al «Couto Mixto» al reconocer: (…) la necesidad de hacer desaparecer la anómala situación en que, a la sombra de antiguas tradiciones feudales, han permanecido hasta aquí algunos pueblos inmediatos a la línea divisoria de ambos Estados. Y de forma expresa en el Art. VII: Portugal renuncia en favor de España a todos los derechos que pueda tener sobre el terreno del Coto mixto y sobre los pueblos situados en el mismo, que en virtud de la división determinada por la línea descrita quedan en territorio español.

La regulación del tablón edictal judicial único

La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, dio nueva redacción al Art. 236.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: La publicidad de los edictos se realizará a través del Tablón Edictal Judicial Único, en la forma en que se disponga reglamentariamente, incluyendo los datos estrictamente necesarios para cumplir con su finalidad. Partiendo de esa nueva redacción, el Art. 35 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia –de acuerdo con la modificación realizada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia– dispone que: La publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación procesal que deban ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia respectiva, serán sustituidas en todos los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial único previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en la forma en que se disponga reglamentariamente. A tal efecto, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de los juzgados y tribunales un sistema automatizado de remisión y gestión telemática que garantizará la celeridad en la publicación de los edictos, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

Con ese marco legal, el desarrollo reglamentario de este sistema de publicación edictal generalizado, fiable y accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos, llegó de la mano del Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modificó el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único. Su preámbulo señala que: (…) el objetivo del Tablón Edictal Judicial Único es la plena informatización y unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones judiciales, acabando con la dispersión en tablones de anuncios y distintos boletines oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y las garantías de las partes.

De este modo se ha configurado un nuevo suplemento del BOE denominado «Suplemento del Tablón Edictal Judicial Único». Este nuevo suplemento forma parte del «Boletín Oficial del Estado» y de su edición electrónica, por lo que la publicación en el Tablón Edictal Judicial Único se realizará con todos los requisitos técnicos y garantías jurídicas que ofrece el diario oficial, en particular el carácter fehaciente de la fecha de publicación de los edictos, cuestión de especial relevancia a efectos del cómputo de los plazos procesales. Entró en vigor el 1 de junio de 2021.

El propio BOE lo define del siguiente modo: El tablón edictal judicial único es el medio de publicación y consulta de resoluciones, comunicaciones y edictos que por disposición legal deban fijarse en el tablón de anuncios y para la publicación de los actos de comunicación procesal que deban ser objeto de inserción en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia respectiva. El tablón edictal judicial único se pública electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (…).

Algunas historias singulares de verdugos

Tanto el Diccionario de la Academia Española de la Lengua (DRAE) como el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DEJ) definen la voz «verdugo» con gran semejanza: Persona encargada de ejecutar la pena de muerte u otros castigos corporales impuestos por la justicia y Encargado de ejecutar una pena de muerte o los castigos corporales dictados por la justicia; respectivamente. Como recuerda el escritor jiennense, Juan Eslava Galán: La profesión más vil y despreciable tuvo, probablemente, orígenes sagrados. Los primeros verdugos serían sacerdotes que sacrificaban víctimas humanas a los dioses (…). Fue andando el tiempo, al perder el oficio su primitivo sentido religioso, cuando el ejecutor se convirtió en un asesino oficial del que todos se avergonzaban. Por lo tanto, la profesión se desprestigió y quedó relegada a gente marginada, a delincuentes, a criminales, incluso a asesinos condenados a la pena de muerte [1].

Ya en el siglo IV a.C. Aristóteles sugirió que la magistratura que ejecuta sea distinta de la que ha condenado (…). Al hablar de las diversas magistraturas indispensables o útiles a la ciudad, en el Capítulo V del Libro VII de su obra Política, el filósofo de Estagira afirmó que: Se duplica el aborrecimiento cuando se pone en unas mismas manos la condenación y la ejecución; y cuando se extiende a todas las cosas las funciones de juez y de ejecutor, dejándolas siempre en unas mismas manos, se provoca la execración general. Muchas veces se distinguen las funciones del carcelero de las del ejecutor, como sucede en Atenas con el tribunal de los Once. Esta separación de funciones es oportuna, y deben discurrirse medios a propósito para hacer menos odioso el destino de carcelero, el cual es tan necesario como todos los demás de que hemos hablado. Los hombres de bien se resisten con todas sus fuerzas a aceptar este cargo, y es peligroso confiarle a hombres corruptos, porque se debería más bien guardarlos a ellos que no encomendarles la guarda de los demás. Importa, por tanto, que la magistratura encargada de estas funciones no sea la única ni perpetua [2].

En la otra orilla del Mar Jónico, los romanos incluso utilizaban un término específico –percussor– para denominar a quien ejecutaba una condena, matando al reo para cumplir con la sentencia dictada por la justicia (en esa misma línea, los Arts. 33, 40 y 63 del primer Código Penal de 1822 no hablaban de “verdugos” sino de “ejecutores de la justicia”); para diferenciarlo de quienes causaban la muerte de otra persona como el interfector –que se aplicaba a quienes mataban a otra persona con la que tenían algún tipo de relación (por ejemplo, la frase Brutus et Cassius, interfectores Caesaris se traduciría así: Bruto y Casio, asesinos del César)– o el sicarius –en referencia a quien mataba a otra persona asestándole una puñalada con un afilado puñal llamado sica. Según la Lex Cornelia de sicariis et veneficis, del siglo I, el castigo consistía en confiscar los bienes del sicario y deportarlo a una isla–.

Con esos precedentes tan remotos es lógico que si los verdugos, percusores, ejecutores de sentencias, borreros o asesinos oficiales han existido desde la Antigüedad, algunos de ellos también hayan logrado pasar a la Historia: 

1. El célebre verdugo pontificio Giambattista Bugatti (1779-1869) –también conocido por los sobrenombres de Mastro Titta, Maestro di Giustizia o Il Boia di Roma– llevó a cabo 516 ejecuciones entre el 22 de marzo de 1796, cuando ahorcó al joven asesino Foligno Nicola Gentilucci, y el 17 de agosto de 1864, fecha en la que Pío IX decidió jubilarlo de su servicio al Pontíficado, con 85 años y una pensión mensual de 30 escudos, tras acabar con la vida del homicida Domenico Antonio Demartini y ceder su testigo a un nuevo brazo ejecutor, Vincenzo Balducci;
2. El ejecutor más prolífico del Reino Unido, Albert Pierrepoint (1905–1992), antes de jubilarse en 1956, se atribuyó el mérito de haber ejecutado a 450 personas, entre ellas 17 mujeres sin arrepentirse nunca ni sentirse culpable [3] por haber llevado a cabo un oficio que él mismo consideraba sagrado [4]. Tradicionalmente, en Gran Bretaña, a estos profesionales se les conoce con el sobrenombre de «Jack Ketch» en recuerdo de un verdugo de la segunda mitad del siglo XVII que se hizo famoso por su completa ineficacia a la hora de cortar el cuello de los reos condenados a muerte. La prestigiosa Enciclopedia Britannica señala al respecto que: Se dice que [«Jack Ketch», Richard Jacquet o John Ketch, sus alias más conocidos] ejecutó a Lord William Russell (1683) de una manera brutal e inepta, y en 1685 dio al menos ocho golpes de hacha para decapitar a James Scott, duque de Monmouth.
3. El tunecino Hamida Djandoubi fue la última persona a la que se guillotinó en Francia –en Marsella, el 10 de septiembre de 1977– por el verdugo Marcel Chevalier (1921-2008). Con aquella ejecución terminó el uso de aquella «herramienta» tan francesa, y también con las ejecuciones en el país galo [5]. Recordemos que Nicolas Jacques Pelletier fue el primer ajusticiado que murió en la guillotina, el 25 de abril de 1792, de la mano de Charles-Henri Sanson (1739-1806), y que esta máquina inventada (…) para decapitar a los reos de muerte (RAE) fue creada por el doctor Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814).
4. Según el periodista catalán Jesús Hernández, cuando uno piensa en quién pudo ser el verdugo más sanguinario de la Segunda Guerra Mundial, una apuesta segura sería algún guardián de un campo de concentración nazi. Sin embargo, ese dudoso honor recae en la figura de un ruso, Vasili Mijailovich Blojin [1895-1955], un general de brigada del ejército soviético que desempeñó el cargo de Ejecutor Jefe del NKVD, la policía secreta del régimen estalinista. (…) La acción más infame de Blojin fue en abril de 1940, cuando se encargó de ejecutar a unos 7.000 oficiales polacos que habían sido capturados después de la invasión soviética de Polonia [6]. Fue la llamada “masacre de Katyn” la que convirtió a Blojin en el verdugo más prolífico de la Historia [7].
5. Por último, en España, el verdugo pacense Antonio López Sierra (1913-1986) fue quien aplicó el garrote vil en Barcelona al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974; último ejecutado por este método junto al alemán Georg Michael Welzel, agarrotado por Pepe Moreno (1919-1985) en Tarragona ese mismo día.

Citas: [1] ESLAVA GALÁN, J. Verdugos y torturadores. Madrid: Temas de Hoy, 1991, pp. 9 y 10. [2] ARISTÓTELES. Política. Madrid: Alianza, 1986, p. 104. [3] KRONENWETTER, M. Capital Punishment: A Reference Handbook. Santa Bárbara: ABC Clio, 2001, p. 176 [4] KLEIN, L. A Very English Hangman: The Life and Times of Albert Pierrepoint. Londres: Corvo Books, 2006, p. 105. [5] FONTE-PADILLA, M. Aves de rapiña: La revolución de Sahel. Madrid: Círculo Rojo, 2020, p. 310. [6] HERNÁNDEZ, J. Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Córdoba: Almuzara, 2017. [7] CUMMINS, J. The World's Bloodiest History. Beverly: Fair Winds Press, 2010, p. 177.

Pinacografía: Arthur Rackham | The executioner's argument was, that you couldn't cut off a head unless there was a body to cut it off from (s.XIX). Vasily Surikov | Executioner (1891).

Los dos poderes del Ayuntamiento de Hamburgo

El preámbulo de la Constitución de la República Federal de Alemania, de 23 de mayo de 1949 [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) a la que, en España, solemos denominar Ley Fundamental de Bonn] enumera cuáles son los dieciséis Länder alemanes: Baden-Wurtemberg, Baja Sajonia, Baviera, Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sajonia, Sajonia Anhalt, Sarre, Schleswig-Holstein y Turingia. Tres de ellos –Berlín, Bremen y Hamburgo– son, en realidad, ciudades-estado. Si nos centramos en esta última, la norma fundamental de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo (Freie und Hansestadt Hamburg) es la vigente Constitución de Hamburgo (CH) [Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HmbVerf.)] de 6 de junio  de 1952 que, desde entonces, se ha modificado en más de treinta ocasiones –las reformas más sustanciales se adoptaron en 1996 y 2001– y la última, a la hora de redactar esta entrada, en 2020.

De acuerdo con el Art. 5.1 CH: In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht getrennt; es decir, En (…) Hamburgo, las actividades estatales y municipales no están separadas. En la práctica, esto supone que el Ayuntamiento [Rathaus] de Hamburgo –un icónico edificio que se construyó entre 1886 y 1897 sobre 4.000 postes de madera de roble perforados en las orillas fangosas del río Alster– alberga por un lado la sede del Parlamento o Asamblea del Estado (Hamburgische Bürgerschaft) como Landesparlament (Art. 6.1 CH) y, por otro, la del Senado (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg) que desempeña las funciones del gobierno local, por lo que dirige y supervisa la administración del municipio como Landesregierung (Art. 33.2 CH). De modo que el presidente de la Cámara Alta es, a la vez, el Primer Alcalde, Burgomaestre, Jefe del Gobierno Senatorial o Erster Bürgermeister de Hamburgo que es elegido por el Parlamento (Art. 34 CH). Él, a su vez, nombra a los restantes miembros de su gobierno aunque han de ser confirmados por la otra Cámara.

Los dos poderes hamburgueses, legislativo y ejecutivo, comparten las 647 habitaciones del edificio que diseñó un equipo de arquitectos dirigido por Martin Haller, en estilo neorrenacentista. El conjunto se completa con un magnífico patio interior delimitado por la Bolsa de Valores y la cercana Cámara de Comercio.

¿Cuándo se cometió el primer sabotaje aéreo?

El Art. 1 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971, hecho en Montreal (Canadá) –sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); el organismo especializado de la ONU responsable de elaborar normas de seguridad de la aviación internacional y supervisar su aplicación por los Estados– dispone que: Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente: (…) c) coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir la aeronave o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo. El denominado Convenio de Montreal de 1971 sobre sabotaje aéreo es uno de los instrumentos jurídicos internacionales adoptados en el marco de las Naciones Unidas para hacer frente al terrorismo que, sobre todo en los años 60 y 70, golpeó con insistencia a la aviación civil; junto al Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Convenio de Tokio de 1963), el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Convenio de La Haya de 1970) y su protocolo de 2010; el protocolo de 1988 al Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional; el Nuevo Convenio de Aviación Civil (Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la seguridad de la aviación civil internacional o Convenio de Beijing de 2010); y el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Montreal, 2014).

Partiendo de esta base convencional y de otros documentos marco –como el Anexo 17 del Convenio de Chicago (Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita)– actualmente, en el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la S/RES/2309 (2016), aprobada por el Consejo de Seguridad en la sesión que celebró el 22 de septiembre de 2016. Tras reconocer la vital importancia del sistema mundial de aviación al desarrollo económico y la prosperidad, la resolución expresó su preocupación por el hecho de que los grupos terroristas siguen considerando que la aviación civil es un blanco atractivo, con el objetivo de causar la pérdida de numerosas vidas humanas, daños económicos y la interrupción de la conectividad entre los Estados, y que el riesgo de atentados terroristas contra la aviación civil puede afectar a todas las regiones y Estados Miembros.

El Consejo de Seguridad onusiano –manteniendo la misma línea que ya expresó la Asamblea General en la A/RES/60/288, de 8 de septiembre de 2006 (Estrategia Mundial contra el Terrorismo)– consideró que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos.

En este contexto podría pensarse que la primera vez que un atentado aéreo saboteó un avión en pleno vuelo debió suceder durante la segunda mitad del siglo XX, cuando Naciones Unidas comenzó a regular aquella amenaza a la paz y la seguridad internacionales; pero no fue así: el primer sabotaje ocurrió en Estados Unidos, entorno a las 21h00, del 10 de octubre de 1933 –en plena época dorada de los gángster, la ley seca y la crisis de la Gran Depresión– y, hoy en día, continúa siendo un caso sin resolver.

El pequeño Boeing 247 de United Airlines que cubría la línea de Newark (Nueva Jersey) a Oakland (California) con dos breves escalas en Cleveland (Ohio), para repostar combustible, y Chicago (Illinois), explotó en el trayecto entre estas dos últimas ciudades al sobrevolar la localidad de Chesterton (Indiana) cuando detonó una bomba de nitroglicerina que seccionó la cola del resto del fuselaje al haber sido escondida en el baño o entre el equipaje, ubicados en la parte posterior. Fallecieron los tres tripulantes y los cuatro pasajeros que se encontraban a bordo de la aeronave. El FBI –que investigó el atentado con el nombre de “1933 Crash of United Airlines Trip 23 Boeing 247”– ordenó cerrar el caso en 1935 y, desde entonces, el primer sabotaje de la aviación civil continúa siendo un misterio.

La reglamentación de las justas náuticas del Languedoc

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua incluye tres acepciones para definir la palabra “justa”: 1. Pelea o combate singular, a caballo y con lanza. 2. Torneo o ejercicio a caballo en que se acreditaba la destreza en el manejo de las armas. 3. Competición o certamen en un ramo del saber. Si exceptuamos este último significado, vinculado por ejemplo con las justas poéticas, los otros dos forman parte del imaginario colectivo que representa a la Edad Media: los trompeteros anunciando la llegada de los caballeros con sus escuderos y pajes al campo de combate, frente a la tribuna de nobles que juzgaban su destreza y el rey de armas que velaba porque la lucha se llevara a cabo cumpliendo con las reglas ceremoniales. Curiosamente, de las dos primeras acepciones del DRAE también se deduce que, por el empleo de caballos, al menos en España, las justas se celebraron tan solo en tierra firme mientras que en otros lugares de Europa también han existido las justas náuticas (como aún sucede, por ejemplo, en Austria, Alemania, Bélgica o Suiza, en los cauces de los ríos Elba, Neckar, Danubio, Rin o Meno; y, sobre todo, en Francia).

De hecho, el Dictionnaire Larousse coincide con el DRAE en incluir tres acepciones de la voz joute (justa) y si también descartamos las joutes littéraires, como ocurrió en el caso español, sus otros dos significados se refieren a: 1. Combat à cheval et à la lance, d'homme à homme, auquel la noblesse guerrière du Moyen Âge se livrait par plaisir [Combate a caballo y lanza, de hombre a hombre, en el que la nobleza guerrera de la Edad Media luchaba por placer]; y 3) Activité sportive où deux adversaires, debout chacun sur l'arrière d'un bateau, cherchent, au moment où les embarcations se croisent, à se faire tomber à l'eau au moyen d'une longue perche munie d'un tampon. Esa actividad deportiva donde se busca derribar al oponente del otro barco para que se caiga al agua se refiere a las justas náuticas.

Aunque se tiene constancia documental de que esta modalidad de combate acuático existió desde la Antigüedad hasta el siglo I d.C. en Egipto, Grecia o Roma (las naumaquias se concebían como grandes recreaciones de batallas navales organizadas por el emperador en el Coliseo), lo cierto es que estos espectáculos apenas se volvieron a celebrar hasta el siglo XII y solo recuperaron su esplendor a partir del XVI y XVII (por ejemplo, con el torneo que se representó en Lyon el 13 de abril de 1507 en honor de la reina consorte de Francia, Ana de Bretaña; o con la fundación de la ciudad de Sète el 29 de julio de 1666, a instancias del Rey Sol).

Como deporte, la «joute nautique» obtuvo su reconocimiento oficial en 1960 y ya a finales de 1964 se estableció la «Fédération Française de Joutes et Sauvetage Nautique» que el gobierno francés reconoció en 1971; asimismo, desde 2012, se inscribieron en el inventaire du patrimoine culturel immatériel de Francia. Hoy en día, la FFJSN reúne a más de ochenta «Sociétés de Joutes», dirigidas por una «Commission administrative», que organizan sus campeonatos en cuatro ligas: Loira Norte-Picardía, Ródano-Alpes, PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul) y Languedoc.

Centrándonos en el método languedociano, en esta región histórica de la actual Occitania –tras la nueva delimitación territorial de 2015, situada al Suroeste de Francia– las competiciones se celebran en dos departamentos del litoral mediterráneo; en los municipios de Palavas-Les-Flots, Balaruc Les Bains, Frontignan, Sète, Mèze, Marseillan, Agde y Béziers en Hérault y en Le Grau du Roi en Gard. Una tradición marítima que conserva sus propios códigos, su propio vocabulario, sus propios rituales, su propia música, como afirma el Ayuntamiento de Sète (*).

El desarrollo de las «joutes languedociennes» se ha regulado por distintos reglamentos (de 1747, 1905, 1963, 1966…) y, en la actualidad, tanto sus aspectos técnicos como disciplinarios o la celebración de las ligas y del Campeonato y la Copa de Francia se encuentran en el «Règlement» adoptado en mayo de 2006 donde se contempla desde el uniforme blanco de los remeros (sin patrocinadores ni publicidad) hasta las obligaciones de los timoneles, pasando por el nombramiento de los tres miembros del jurado que arbitran los torneos, las cuatro categorías en que se compite [«juniors», «seniors», « moyens» o «lourds» en función de la edad y el peso de los remeros] o las causas para descalificar a las embarcaciones.

Básicamente, se trata del enfrentamiento de dos barcos –uno de color blanquiazul y otro blanquirrojo– integrados por 8 o 10 remeros federados, con licencia de la FFJSN; un timonel [«timonier patron»] y dos músicos que, como en las galeras, marcan el ritmo con un tambor y un oboe. En la popa de la nave se levanta la tintaina [«tintaine»], una plataforma que se eleva de 2 a 3 metros sobre el nivel del agua en la que se sitúa el «jouteur» portando un escudo de madera de 40 x 70 cm. y una lanza de 2,80 m. que debe enarbolar, en posición de estocar a su oponente, cuando la otra nave se acerca (de forma análoga a los nobles medievales que espoleaban a sus caballos para envestir al adversario y desmontarlo de la cabalgadura para que mordiese el polvo del campo de combate, de donde procede esta coloquial expresión). Tras la ronda clasificatoria, gana el torneo el último «jouteur» que logre mantenerse en pie sobre la tintaina.