El marco jurídico de la contención mecánica

El empleo de medios de contención mecánica suele circunscribirse al ámbito médico-asistencial o, si abrimos el plano, a un contexto sanitario. Desde esa perspectiva, la contención es el uso de procedimientos preventivos, verbales, farmacológicos y/o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos parciales o totales de un paciente, a fin de controlar su actividad física y protegerlo de las lesiones que sobre sí mismo o a otras personas pudiera infringir (Art. 5 del Protocolo de contención de pacientes elaborado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, en 2018). Centrándonos en la contención mecánica, la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención Integral a las Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011) considera que se trata de una medida terapéutica de restricción física que sólo debe ser aplicada bajo prescripción médica. Sólo debe ser utilizada si otros métodos de contención no son aplicables o han fracasado. Su objetivo es proteger al propio paciente y a otras personas, objetos o instalaciones que le rodean. No se debe producir un daño superior al que se pretende evitar.

En ese mismo sentido –lograr la protección del paciente, de otros pacientes, de la familia y/o del personal cuando han fracasado las anteriores medidas para contener la agitación– el Protocolo de Atención a Pacientes con Agitación y/o Heteroagresividad del Hospital Psiquiátrico Román Alberca (Murcia, 2011) también considera que la contención mecánica es una medida excepcional como último recurso cuando las otras estrategias han fallado.

Más allá de las medidas que contemplan estos u otros protocolos, guías y directrices, desde un punto de vista jurídico, la disposición legal que mejor ha definido este campo es una pionera reglamentación navarra. El Art. 3 del Decreto Foral 221/2011, de 28 de septiembre, reguló el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los Servicios Sociales Residenciales de la Comunidad Foral de Navarra; este precepto define dichas sujeciones físicas como la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método físico aplicado sobre ella, o adyacente a su cuerpo, del que no puede liberarse con facilidad. A continuación, dispuso qué se entiende por sujeciones farmacológicas: Intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, mediante cualquier fármaco.

Leo Plaw | Bajo control (s. XXI)

Esta reglamentación autonómica se aprobó con el fin de regular el uso de sujeciones físicas o tratamientos farmacológicos y otras medidas relacionadas con ellas, dentro del respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales residenciales de la Comunidad Foral de Navarra. Todo ello, basado en unos principios básicos sobre los que se han de sustentar y orientar el uso de sujeciones y barandillas, los siguientes:

1. La dignidad de la persona, el respeto a su libertad, y a la promoción de su autonomía.
2. La promoción en los servicios sociales de Navarra de un mayor grado de autonomía física, mental y psicosocial, en un contexto de bienestar y respeto hacia la persona usuaria.
3. La garantía de una información adecuada sobre los tratamientos o medidas necesarias y
4. El rechazo de cualquier daño, sufrimiento o deterioro innecesario en la aplicación de estas medidas.

Fuera de España, destaca la Patient Restraints Minimization Act adoptada por el gobierno de Ontario (Canadá) en 2001. Su Art. 1 define los “restrain”, (…) con respecto a una persona, controlarla mediante el uso mínimo de la fuerza, por los medios mecánicos o productos químicos que se consideren  razonables teniendo en cuenta las condiciones físicas y mentales de la persona.

Leo Plaw | Manos 36 y 37 (imagen superior)

Menos conocida que la contención mecánica sanitaria es la que se contempla en la legislación penal; en concreto, el ordenamiento jurídico español la menciona tan solo en dos normas de ámbito nacional:

• El Art. 27.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, contempla, entre las medidas de seguridad, que estas podrán consistir en la contención mecánica o en la contención física del menor, en su aislamiento o en registros personales y materiales; a continuación, el Art. 28 especifica que: (…) 2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención física o mecánica, previo intento de contención verbal y emocional, sin uso de la fuerza física, si la situación lo permite. 3. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física. 4. La contención mecánica solo será admisible para evitar grave riesgo para la vida o la integridad física del menor o de terceros, y en el caso de que no sea posible reducir el nivel de estrés o de trastorno del menor por otros medios. Deberá realizarse con equipos homologados de contención mecánica, bajo un estricto protocolo.
• Y en idéntico sentido en los mismos preceptos de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Organizaciones internacionales (XXVI): Foro de las Islas del Pacífico

Siete líderes políticos de naciones oceánicas –el presidente de Nauru; los Primeros Ministros de Samoa Occidental, Tonga, Fiyi y Nueva Zelanda; el “Premier” de las Islas Cook y el Ministro australiano responsable de los “External Territories”– se reunieron de manera informal en Wellington, la capital neozelandesa, del 5 al 7 de agosto de 1971, para tratar diversos asuntos que afectaban a los habitantes del Océano Pacífico Sur y proponer una colaboración regional más estrecha en ámbitos como el comercio, la navegación, el turismo y la educación sin olvidar la creciente preocupación por los ensayos nucleares que Francia estaba desarrollando en sus islas de la Polinesia (de hecho, recordemos que fueron unos agentes franceses los que sabotearon el buque insignia de Greenpeace –el Rainbow Warrior– hundiéndolo en el puerto neozelandés de Auckland, en 1985, cuando los activistas iban a realizar una campaña de protesta contra sus pruebas en el atolón de Mururoa). En ese contexto, aquella reunión fue el origen del Foro del Pacífico Sur que, desde 1999, pasó a denominarse Foro de las Islas del Pacífico [Pacific Islands Forum (PIF)] para englobar a otros archipiélagos del Norte.

El 17 de abril de 1973, los siete estados originarios suscribieron en Apia, la capital samoana, el Agreement establishing the South Pacific Bureau for Economic Co-operation [Acuerdo por el que se establece la Oficina del Pacífico Sur para la Cooperación Económica (actual Secretaría)] con el propósito de facilitar la cooperación entre sus naciones y consultarse cuestiones relativas al comercio, el desarrollo económico, el transporte o el turismo; establecieron su sede en Suva (Fiyi) y crearon una estructura institucional, basada en un Comité Ejecutivo y una Secretaría.

Como el Art. XI.4) abría la puerta a que pudiera haber nuevas adhesiones al Foro, desde su creación, esta organización regional oceánica ha pasado de los 7 primeros miembros a los 18 actuales [Australia, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Polinesia Francesa, Kiribati (antiguas Islas de Gilbert), Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue, Palaos, Papúa-Nueva Guinea, la República de las Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, el Reino de Tonga, Tuvalu (Ilas Ellice) y Vanuatu (Nuevas Hébridas)] y un Estado asociado [Tokelau]. A partir de 1989, a sus cumbres anuales también asisten 18 “dialogue partners”, incluida España, desde 2014.

En los años 80, el Foro continuó siendo el marco donde los Estados de Oceanía alcanzaban diversos convenios; por ejemplo, el Acuerdo Regional de Cooperación Comercial y Económica en el Pacífico Sur [South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement (SPARTECA)] firmado en Tarawa (Kiribati), el 14 de julio de 1980; asimismo, como ya tuvimos ocasión de mencionar al hablar de las Zonas Libres de Armas Nucleares, en aquella misma década, esta región se convirtió en una de las ZLAN del planeta al suscribir el Tratado sobre la Zona Desnuclearizada del Pacífico Sur o Tratado de Rarotonga [South Pacific Nuclear Free Zone Treaty] en esta isla del archipiélago de las islas Cook el 6 de agosto de 1985.

Con el cambio de década, el Foro prestó especial atención a la situación de los microestados insulares del Océano Pacífico Sur de acuerdo con las peticiones formuladas por los líderes de los autodenominados “Smaller Island States” (SIS); por ese motivo, el 17 de enero de 1992 se aprobó la Declaration on Regional Security Cooperation in the Pacific (Declaración Honiara) en la mencionada Rarotonga porque, en su opinión, estos microestados insulares tenían algunas vulnerabilidades que resultaban únicas y particulares, vinculadas a su pequeño tamaño, la falta de recursos naturales y la lejanía por lo que se enfrentaban a unos desafíos que limitaban su capacidad de desarrollo; y, ya en este siglo, el 24 de junio de 2016 adoptaron en Koror (Palaos) su propia estrategia: la SIS Regional Strategy para ganar relevancia en la agenda política oceánica. 

Los Estados miembros del PIF han ido ratificando nuevos acuerdos regionales; los más destacados son el Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA) y el Pacific Agreement of Closer Economic Relations (PACER), ambos de 18 de agosto de 2001, con el fin de establecer un área de libre comercio de bienes y estrechar las relaciones económicas mediante la liberalización del comercio y las inversiones, respectivamente, que recibió algunas críticas de los SIS al considerar que los nuevos tratados beneficiaban sobre todo a los dos grandes países de la zona, Australia y Nueva Zelanda, marginando al resto.

Última reunión presencial del "Forum" | Tuvalu (2019)

Finalmente, aunque el 31 de agosto de 2005 se ratificó el Agreement establishing the Pacific Islands Forum Secretariat que desarrolló las labores encomendadas a la Secretaría del Foro ubicada en la capital fiyana, esta nación sufrió su cuarto golpe de estado por lo que Fiyi fue expulsada de la organización en 2009 hasta que volvió a celebrar elecciones democráticas en 2014. El último momento crítico del PIF se produjo a comienzos de 2021 cuando Palaos anunció su retirada de esta organización regional; decisión que, probablemente, se extienda a otros miembros de la Micronesia.

NB: como curiosidad, en Oceania existen algunas otras organizaciones intergubernamentales como por ejemplo:

• La antigua Comisión del Pacífico Sur (South Pacific Commission o SPC) [desde 1997 pasó a denominarse Comunidad del Pacífico (Pacific Community)] se creó cincuenta años antes, en 1947, por el Acuerdo de Camberra (Canberra Agreement), con seis miembros originarios: Australia, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos que, en aquel momento, colonizaban las islas de ese océano (hoy cuenta con 26 miembros);
• Desde 1986, el Melanesian Spearhead Group (MSG) está integrado por Fiyi, Papúa-Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu, en cuya capital, Port Vila, se encuentra su secretaría; o
• El Polynesian Leaders Group (PLG) creado en 2011, por iniciativa samoana, para los países de la Polinesia.

La Conferencia de la Sociedad de Naciones en Barcelona (1921)

¿Qué tienen en común el Convenio y Estatuto sobre la libertad de tránsito; la Convención y Estatuto sobre el régimen de los cursos de agua navegables de interés nacional y su protocolo adicional; la Declaración relativa al reconocimiento del derecho del pabellón a los Estados que no poseen litoral marítimo; y dos recomendaciones sobre las vías de tren y los puertos sujetos a régimen internacional? Que todos estos “instrumentos oficiales” se adoptaron hace ahora un siglo, el 20 de abril de 1921, en Barcelona, cuando la Ciudad Condal acogió la Primera Conferencia Intergubernamental de la Sociedad de Naciones, organización creada tras la I Guerra Mundial, apenas dos años antes, para promover la cooperación internacional y alcanzar la paz y seguridad internacionales. 

Pese a la trascendencia del encuentro, la Gaceta de Madrid –precedente histórico del actual BOE– publicó muy pocas referencias a la reunión más allá del breve Real decreto nombrando Delegado de España en la Conferencia general sobre la libertad de Comunicaciones y Tránsito que, convocada por la Sociedad de las Naciones, se celebrará en Barcelona, a D. Emilio Ortuño y Berte, ex Ministro de la Corona, Diputado a Cortes; y Delegado suplente en la misma Conferencia a D. Guillermo Brokmann y Abarzuza, Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Recordemos que dos días antes de la inauguración, el 8 de marzo de 1921, el presidente Eduardo Dato había sido asesinado junto a la Puerta de Alcalá, en Madrid, y que, ese mismo año, se produjo el Desastre de Annual en el marco de la Guerra del Rif, en el Norte de Marruecos.

Con la sociedad española conmocionada por estos acontecimientos, entre el 10 de marzo y el 20 de abril de 1921, cerca de 400 expertos procedentes de más de 40 países –de Albania a Venezuela, pasando por Brasil, China, Persia, Nueva Zelanda o, prácticamente, toda Europa e Iberoamérica, con la notable ausencia de los Estados Unidos (que aunque impulsó la creación de esta Sociedad no llegó a ratificar su Pacto y, por lo tanto, nunca formó parte de la “Liga”)– intervinieron en las sesiones plenarias de la conferencia que se desarrollaron en el Salón de Ciento [Saló de Cent] del Ayuntamiento barcelonés, mientras que los grupos de trabajo, las comisiones y los despachos así como la infraestructura logística (secretarías, traductores, correos, banco, etc.) se ubicaron enfrente, en el actual Palacio de la Generalitat de Cataluña [en aquel momento, el edificio albergaba la sede de la Mancomunitat de Catalunya, creada por el Real decreto de 26 de marzo de 1914 que aprobó el adjunto Estatuto por el que se ha de regir la Mancomunidad catalana, compuesto de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; y presidida por el célebre arquitecto modernista, Josep Puig i Cadafalch, que cedió su uso a la organización ginebrina].

Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona

La presidencia de la Conférence générale sur la liberté des communications et du transit [General Conference on Freedom of Communications and Transit] –puesto que el inglés y el francés eran sus idiomas de trabajo– recayó en el exministro de Asuntos Exteriores galo, Gabriel Hanotaux, respaldado por cinco vicepresidentes (incluyendo el diputado español Vicente Pinies) y dos secretarios; asimismo, las reuniones contaron con la participación de grandes nombres propios del siglo XX como uno de los padres fundadores de la actual Unión Europea, el francés Jean Monnet; el juez británico Cecil Hurst o el diplomático coruñés Salvador de Madariaga (que sería nombrado “primer delegado” en diversas asambleas celebradas por la Sociedad de las Naciones durante los años 30 y acabó siendo “representante de España” en su Consejo).

De conformidad con lo establecido en el Art. 23.e) del Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 [(…) los miembros de la Sociedad (…) e) Adoptarán disposiciones para asegurar y mantener la libertad de las comunicaciones y del tránsito, así como un tratamiento equitativo del comercio de todos los miembros de la Sociedad (…)] Fernando Pardo Segovia considera que: El objetivo fundamental de esta reunión consistió en liberalizar el régimen de comunicaciones y tránsito en Europa, pese a que, finalmente, sólo consiguió afirmar la libertad de navegación fluvial en términos recíprocos. Uno de los aspectos centrales de esta Conferencia fue la adopción de la Convención y el Estatuto sobre Régimen de Vías Navegables de Interés Internacional, las cuales estipularon la internacionalización de todos los ríos internacionales. El Convenio sustituyó la denominación de "ríos internacionales" por el concepto de "vías de interés internacional", el cual abarca toda clase de aguas, sean o no sean corrientes, y que se caracterizan por separar o atravesar varios Estados, sirviendo principalmente a la navegación.

Los acuerdos de Barcelona consagran el principio de la igualdad de trato con relación a los Estados ribereños y los no ribereños, así como la exención del pago de derechos, salvo de aquellos requeridos para el mantenimiento y la mejora de las vías navegables. Además, la navegación de cabotaje permanece reservada a los Estados ribereños. Igualmente, los Estados Contratantes no podrán trabar la navegación; sin embargo, ésta es regulada por el Estado territorial respectivo, así como es también este Estado el que ejerce a plenitud su derecho de policía. Finalmente, debemos observar que el régimen de navegación contenido en dichos acuerdos, no se extiende a las naves de guerra. 

No podemos dejar de señalar que el sistema de Barcelona fracasó –por su escaso número de ratificaciones y la falta de participación de importantes naciones fluviales– en el esfuerzo por instaurar un régimen de internacionalización general de las vías navegables [1]. 

En ese mismo sentido, otros autores también han concluido que: El Convenio de Barcelona, aunque tuvo la virtud de templar la idea hasta entonces imperante en las grandes potencias sobre la navegación, no se caracterizó por su éxito. Ello fue debido no solo a los pocos Estados representados en la Conferencia, sino al escaso número de Estados partes y a su ámbito de aplicación fundamentalmente europeo [2].

Citas: [1] PARDO SEGOVIA, F. “Algunas aproximaciones al tema de la libertad de navegación fluvial”. En: Agenda Internacional, vol. 5, nº 11, 1998, p. 180. [2] GONZÁLEZ CAMPOS, J., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. & ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P. Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Civitas, 2ª ed., 2002, p. 697.

NB: un último apunte. En Derecho Internacional, una conferencia intergubernamental (CIG) es una reunión multilateral, que se celebra conforme a un reglamento previamente adoptado por los Estados participantes, a fin de adoptar acuerdos sobre cuestiones de interés común. Los acuerdos adoptados en una conferencia intergubernamental habitualmente revisten la forma de tratados internacionales (DEJ).

Los seis magistrados tesmótetas de Atenas

«La Constitución de los atenienses» o «Constitución ateniense» es un texto fechado hacía el año 322 a.C. y atribuido, con polémica, al filósofo griego Aristóteles que apareció (…) entre los hallazgos que las arenas de Egipto nos han devuelto en jirones de papiro, quiza ninguno tan sensacional como el que en 1891 publicó Sir Frederick G.Kenyon; como señaló el catedrático Antonio Tovar en la introducción de la primera edición de aquella obra que se publicó en castellano, la que editó el Instituto de Estudios Políticos en Madrid en 1948. La historia forma la primera parte de la monografía (hasta el cap. 41), y una exposición de la organización del Estado ateniense en tiempo del autor abarca los caps. 42-69; donde no hay en ella errores como los que se han deslizado en la parte histórica y las particularidades de la vida politica de Atenas estàn minuciosamente recogidas. Entre ellas, en el capítulo 59 se describen las funciones que tenía el colegio ateniense de los seis magistrados que se denominaban “tesmótetas”, “thesmóthetas” o “thesmothetai” –porque ocupaban un lugar llamado thesmotheteion (tesmoteteo) en el ágora a los pies de la Acrópolis– y que fueron creados cuando ya las magistraturas se elegían por años, y con el fin de que trasladasen a escrito las leyes y las guardasen para juzgar los casos dudosos. Por la razón dicha es el único de los arcontados que nunca fue más largo que anual (cap. 3).

(…) Los thesmóthetas, en primer lugar, tienen atribuciones para señalar a los tribunales en qué días hay que hacer justicia; en segundo lugar, de señalárselos a los magistrados, y en la medida en que ellos los concedan, en ésa actuarán con ellos. Además, hacen las acusaciones de traición ante el pueblo y plantean todas las condenas por votación a brazo levantado y las cuestiones previas y las acusaciones de ilegalidad y de haber propuesto una ley ilegal, y la acción contra los presidentes y la contra los epístatas y la de rendición de cuentas de los estrategos. También son ante éstos las acusaciones para las que hay depósito: de usurpación de ciudadanía y de cohecho (si alguien, mediante regalos, se libra de la acusación de ciudadanía usurpada), y de sicofantía [personas a las que se contrataba para que interpusieran una denuncia] y de cohecho, y de falsa inscripción de deuda pública y de falsa acción y de inscripción indebida y de no inscripción, y de adulterio. Plantean éstos también los exámenes de todas las magistraturas y de los excluidos por los votos de los de su demo, y de las condenas emanadas del Consejo. Plantean éstos también los juicios privados, de comercio, minería y de esclavos, si alguno insulta a un libre. Y éstos sortean para las magistraturas los tribunales en los juicios privados y públicos. Y éstos ratifican los tratados con las ciudades e introducen los juicios resultantes de estos tratados y los juicios por falsos testimonios ante el Areópago.

Leo von Klenze | Reconstrucción de la Acrópolis y el
Areópago de Atenas (1846)

Los jueces los designan, por la suerte, todos los nueve arcontes, y el décimo para hacer el sorteo es el secretario de los thesmóthetas, cada uno a los de su tribu correspondiente (…).

De monarquía a república: ejemplos de países europeos que cambiaron su forma de gobierno

Ya tuvimos ocasión de referirnos al «Regicidio de Lisboa», que ocurrió el 1 de febrero de 1908, cuando dos anarquistas asesinaron al rey Carlos I y al príncipe heredero Luis Felipe en la actual Plaza del Comercio lisboeta. El infante que sobrevivió al atentado se convirtió en el efímero Manuel II de Portugal; el último monarca luso que reinó entre 1908 y 1910. El 5 de octubre de aquel mismo año se proclamó la República Portuguesa. Un proceso análogo, con mayor o menor grado de violencia, lo podemos hallar en otras naciones europeas que una vez fueron monarquías –Francia, Rusia, Albania, Rumanía, Yugoslavia o Alemania– pero se convirtieron en repúblicas; sin embargo, en torno al fin de la II Guerra Mundial hubo tres países del Viejo Continente que decidieron cambiar su forma de gobierno de un modo pacífico mediante una consulta popular:

1. Islandia: del 20 al 23 de mayo de 1944 –en pleno conflicto y con Dinamarca ocupada por el ejército nazi– las autoridades de Reikiavik convocaron un referéndum para preguntar a sus habitantes si, por un lado, querían continuar siendo el Reino que se estableció en el Acta de Unión entre Dinamarca e Islandia, firmado el 1 de diciembre de 1918 (se reconocía la soberanía de la isla ártica pero mantenía al rey danés como soberano) y si, por otro, al poner fin a dicha unión personal se proclamaba la nueva República de Islandia. El resultado de la consulta fue abrumador y más del 98% de los islandeses prefirieron desvincularse del trono de Copenhague y cambiar su forma de gobierno.
2. Italia: dos años más tarde que los islandeses, los italianos también acudieron a las urnas en el referéndum sulla forma istituzionale dello Stato que se celebró el 2 de junio de 1946 y que, tradicionalmente, se considera que es la fecha en que se funda la actual Repubblica Italiana con el 54% de los votos republicanos frente al 46% monárquico. Recordemos que el país transalpino alcanzó la unidad tras el periodo de unificación nacional [Risorgimento] que culminó en 1861 con la proclamación del Regno d'Italia.
3. Bulgaria: tres meses más tarde que Italia, el Gobierno de Sofía convocó a los ciudadanos búlgaros para que el 8 de septiembre de 1946 decidieran si preferían continuar con la dinastía del rey Simeón II o instaurar una República. Ganó la segunda opción con un porcentaje casi tan rotundo como en Islandia: el 95,6% de los votos. El día 15 de ese mismo mes se proclamó la República Popular de Bulgaria y el 4 de diciembre de 1947 se adoptó la «Constitución de Dimitrov» (por el líder comunista local, Georgi Dimitrov). 

En sentido contrario, el 8 de diciembre de 1974, la Junta de los Coroneles que gobernaba Grecia desde 1967 convocó un referéndum para preguntar al pueblo sobre la forma de gobierno del país: mantener la República Helénica (69%) o volver a instaurar la monarquía del exiliado rey Constantino II (31%).

Como curiosidad, uno de los reinados europeos más singulares fue el de Carlos I de Finlandia, príncipe alemán que fue elegido soberano finés el 9 de octubre de 1918 –tras lograr Helsinki la independencia de San Petersburgo (6 de diciembre de 1917)– pero renunció al trono el posterior 14 de diciembre; es decir, la República de Finlandia fue Reino apenas dos meses.

NB: fuera de Europa es probable que la consulta popular más significativa que haya cambiado una forma de gobierno sea el referéndum del último Chogyal [rey] de Sikkim. Este pequeño reino del Himalaya convocó a sus ciudadanos a las urnas, tal día como hoy, el 14 de abril de 1975 para abolir la monarquía (con el 97,55% de los sufragios a favor) pero no para constituirse en una república sino para integrarse como un Estado federado más de la India, su vecino del Sur.

¿Dónde se regulan las sedes de las instituciones europeas?

El proyecto que presentaron los Países Bajos para revisar los Tratados de las Comunidades Europeas –en referencia al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) [París, 18 de abril de 1951]; el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE | Actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o TFUE) [Roma, 25 de marzo de 1957]; y, con idéntica fecha, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)– se presentó a las autoridades comunitarias el 27 de junio de 1961 pero no se concretó hasta pasados cuatro años, cuando se firmó el Tratado de Fusión de Ejecutivos o Tratado de Bruselas, el 8 de abril de 1965, por el que se modificó la estructura institucional para que solo hubiera un Consejo y una única Comisión para las tres comunidades (CECA, CEE y Euratom); de igual forma que, desde 1959, el Tribunal de Justicia y la Asamblea Parlamentaria (precedente del actual Parlamento Europeo) ya eran comunes.

En aquel momento, solamente existían esas cuatro instituciones. Del denominado “cuatripartismo” se dio paso al “quintopartismo” en 1975. El poco conocido Tratado por el que se modifican determinadas disposiciones financieras de los Tratados constitutivos de las Comunidades Económicas Europeas y del Tratado por el que se constituye un Consejo único de las Comunidades Europeas [«Tratado de Bruselas de 22 de julio de 1975»] creó el Tribunal de Cuentas para velar por el interés de los contribuyentes europeos (su sesión inaugural se celebró el 25 de octubre de 1977; sustituyendo a la Comisión de Control de la CEE y del Euratom y al Auditor de la CECA; pero no asumió su condición de institución europea hasta 1993 con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) o «Tratado de Maastricht», adoptado en la capital limburguesa el 7 de febrero de 1992).

Antes, en los años 80, se firmó el Acta Única Europea [Luxemburgo (Luxemburgo) el 17 de febrero de 1986 y La Haya (Países Bajos) el 28 de febrero de 1986] para revisar los «Tratados de Roma» con el fin de reactivar la integración y completar el mercado interior. Fue este acuerdo el que oficializó la denominación de «Parlamento Europeo» (que la Asamblea utilizaba desde 1962); asimismo, instituyó el Consejo Europeo (las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno) aunque sus competencias no se delimitaron hasta el Art. 15 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De este modo, ya tenemos seis de las siete actuales instituciones europeas. La última, el Banco Central Europeo, se estableció el 1 de junio de 1998 para gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios y dirigir la política económica y monetaria de la UE.

Fuente: Elaboración propia

Con esta evolución histórica, el Art. 13 TUE establece que: La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. Las instituciones de la Unión son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, las siete instituciones que se han ido conformando desde los años 50.

Fuente: http://www.learneurope.eu/

¿Dónde se regulan sus sedes? Ese precepto tan concreto es el artículo único del protocolo nº 6 del TUE con el elocuente título de: Protocolo sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios de la Unión Europea:

• El Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los 12 períodos parciales de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria. Los períodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas. Las comisiones del Parlamento Europeo se reunirán en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios seguirán instalados en Luxemburgo.
• El Consejo tendrá su sede en Bruselas. Durante los meses de abril, junio y octubre, el Consejo celebrará sus reuniones en Luxemburgo.
• La Comisión tendrá su sede en Bruselas. Los servicios que figuran en los artículos 7, 8 y 9 de la Decisión de 8 de abril de 1965 se establecerán en Luxemburgo.
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá su sede en Luxemburgo.
• El Tribunal de Cuentas tendrá su sede en Luxemburgo (…).
• El Banco Central Europeo tendrá su sede en Frankfurt [Fráncfort].

Para garantizar el equilibrio de poder entre estas siete instituciones de la Unión existe una multitud de mecanismos de control diseminada en el TUE y el TFUE, basados en el principio de equilibrio institucional (Art. 13.2 TUE).

Por último, aunque no formen parte del marco institucional, conviene recordar que las sedes del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, se encuentran en Bruselas; la del Banco Europeo de Inversiones, en Luxemburgo; y de la Oficina Europea de Policía (Europol), en La Haya.

NB: esta es la entrada nº 2.000 que publico en el blog desde que comencé a editarlo a finales de 2010 y ha coincidido con superar los 3.000.000 de visitas. 

La Cancillería de la Poridad

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define este organismo de la administración regia castellana del siguiente modo: En la Corona de Castilla, órgano de expedición y guarda de documentos que por su materia o personas implicadas requerían de un especial sigilo en su expedición, sello y custodia. Fue inicialmente un órgano dependiente de la Casa del Rey y posteriormente desgajado de la Cancillería Real, de la oficina o sala del oficio de cámara. A su frente estaba, originalmente, el camarero real y con posterioridad el secretario o notario del sello de la poridad. Para la historiadora Ostolaza Elizondo, esta Cancillería de la Poridad [término de origen latino que puede traducirse como secreto o confidencial] apareció por primera vez con Alfonso X [el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII], y equivale a cancillería para suntos reservados o cancillería secreta. Este canciller específico, designado como “sigilli secreti domini regis cancellarius”, acompañaba continuamente al rey en sus desplazamientos. (…) Apenas se han conservado en forma original, sino en copias en códices diplomáticos, o en traslados notariales. Pero su contenido es muy variable, manifestando la voluntad real por asuntos de gran interés para el reino [1].

Con el tiempo, adoptaron la forma de albalaes secretos [1]. Ambos conceptos aparecen en el Ordenamiento sobre la administración de justicia hecho en las Cortes de Toro de 1571 por Enrique II de Castilla, el de las Mercedes, (…) se mandaba en él que con el sello de la poridad, es decir, con el sello personal del Rey, no se sellen cartas de perdon, ni de justicia, ni de mercedes, ni otras foreras; sino con el sello mayor: es decir, el del reino. Añádese "é sise sellaren por el nuestro sello de la poridat, que non valan, é las no cumplan”. Y en el párrafo siguiente, hablando de las alvaláes de la justicia é foreras, dadas por el Rey ó la Reina, que sean obedecidas é non complidas: tan antigua es esta frase en nuestro sistema de administración (tal y como se comentaba en la Gaceta de Madrid nº 1.113, de 16 de diciembre de 1837). Un albalá era una carta o cédula real en que se concedía alguna merced, o se proveía otra cosa (DRAE).

El profesor López Gutiérrez agrupó la Cancillería de la Poridad dentro de las llamadas "cancillerías menores" junto con la de la reina y los infantes. Esta denominación no debe hacernos olvidar que su nacimiento se fraguó en la cámara del rey y consiguientemente su cordón umbilical partió de la cancillería central. La componían notarios y escribanos y tenía en sus inicios la misión de expedir los documentos de máximo sigilo del monarca, pero con posterioridad, y dada la presencia constante que tenía junto al rey, pasó a desempeñar también otra función ajena a la que en principio la vio nacer. Me refiero a la redacción y expedición de documentos en lugares lejanos a la villa o ciudad en la que se encontraba aposentada la corte y la cancillería itinerante, hacia donde era materialmente imposible que se trasladara esta última. En estos casos va a ser cuando veamos actuar la cancillería personal del monarca confeccionando y expidiendo documentos sellados con el sello que en esos momentos tenía a su alcance: el de la poridad [2].

Citas: [1] OSTOLAZA ELIZONDO, Mª. I. “Teoría y práctica de la función cancilleresca a través de los ordenamientos de Cortes castellano-leonesas”. En: AA.VV. Las Cortes de Castilla y León 1188-1988. Valladolid: Cortes de Castilla y León, 1990, p. 307. [2] LÓPEZ GUTIÉRREZ, A. “Oficio y funciones de los escribanos en la cancillería de Alfonso X”. En: Historia. Instituciones. Documentos, nº 31, 2004, pp. 355 y 356.