Sobre la africanidad de las islas Canarias

De acuerdo con el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Canarias [Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre]: El reconocimiento que la Constitución de 1978 realiza del Estado de las Autonomías en España viene a suponer para Canarias el respaldo constitucional de sus peculiaridades económicas, políticas y administrativas acumuladas desde su incorporación a la Corona de Castilla al señalar sus singularidades de su orden político y de su régimen económico. Es, por tanto, una respuesta a una realidad isleña que se ha forjado a lo largo de siglos. Como consecuencia de su incorporación a la Corona de Castilla, Canarias experimentó una profunda transformación en sus estructuras económicas, políticas y sociales a la que los isleños se adaptaron con rapidez asimilando su cultura y su religión.

 

La necesidad de dotar a las islas de un régimen administrativo hasta entonces existente no fue, sin embargo, homogéneo, sino que revistió distintas formas en cada una de ellas según la manera en la que se realizó la conquista. Así, para las islas realengas (Gran Canaria, Tenerife y La Palma), el régimen municipal que se estableció fue el propio de la política centralizadora de los Reyes Católicos. En cambio, para las islas del señorío (Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro), permanecieron sujetas a un régimen patrimonial hasta principios del siglo XIX, si bien con escasas diferencias respecto a las anteriores en lo que respecta a Administración local. Hasta principios del siglo XIX, cada isla constituye un solo municipio, con su cabildo respectivo, de manera que el archipiélago estaba configurado en siete términos municipales perfectamente diferenciados. Eran los cabildos, precisamente, el núcleo central de la Administración local en Canarias que, ya desde entonces, revistieron características en las que se asientan, sin duda, el claro carácter y matiz autonómico que, desde 1913, y a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, han venido teniendo también como gobiernos insulares.

 

Para finalizar, el preámbulo de la norma institucional básica de este archipíelago atlántico (Art. 1) integrado por el mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste (Art. 4) se refiere a los seis principios que reconoce su Estatuto de Autonomía, entre ellos, el quinto, define la vocación de los canarios como eslabón entre Europa, América y África.

Gumersindo Robayna | La conquista de Santa Cruz (s. XIX)

 

Esta es la única mención al continente africano que contiene el Estatuto canario pero, singularmente, durante varias décadas –en pleno proceso descolonizador (años 60 y 70 del siglo XX)– dos organizaciones internacionales se plantearon la “africanidad” de las Canarias, debatiendo si España era en realidad su metrópoli y las islas, por tanto, una colonia:

1. En las Naciones Unidas: la Resolución A/RES/995 (X), de 14 diciembre 1955 admitió a dieciséis nuevos Estados miembros en la ONU, entre ellos, Portugal, Italia o España que, en aquel momento, administraban diversos territorios en África. En ese contexto, el desarrollo del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas [Declaración relativa a Territorios No Autónomos (TNA)] abrió la polémica cuando el secretario general onusiano –el sueco Dag Hammarskjöld– pidió al Gobierno de Madrid que identificara a sus TNA africanos. Tras un año de debate, la “respuesta” de España fue la aprobación del Decreto de 21 de agosto de 1956 por el que se dispuso el cambio de denominación de la Dirección General de Marruecos y Colonias, coincidiendo con la independencia del reino alauita de Francia y España. El régimen de Francisco Franco zanjó la cuestión afirmando que: Los territorios de la Guinea española, de Ifni y Sahara español y Norte-africanos constituyen tres administraciones o territorios españoles en el continente vecino, cuya denominación conjunta más adecuada es la de Plazas y Provincias Africanas. Aun así, la controversia continuó en Naciones Unidas hasta que se adoptaron los principios que debían servir de guía a los Estados Miembros para determinar si un territorio era no autónomo, lo que descartó a las Canarias por no ser distintas desde un punto de vista étnico o cultural [A/RES/1541 (XV), de 15 de diciembre de 1960].
2. En la Organización para la Unidad Africana: la OUA –desde 2002, Unión Africana– se fundó el 25 de mayo de 1963, cuando 32 Estados independientes africanos firmaron su Carta fundacional en Adís Abeba (Etiopía). Fue esta organización panafricana la que resucitó aquel debate, por iniciativa de Argelia, en el marco más genérico de luchar contra la colonización europea, a finales de los años 70 y comienzos de los 80; sin embargo, en la XIX Cumbre de la OUA que se celebró en Nairobi (Kenia) en junio de 1981, su secretario general, el togolés Edem Kodjo, zanjó la cuestión al afirmar que: aunque el archipiélago estaba situado geográficamente en África, no cabía duda de su españolidad. (…) la mayoría de los partidos canarios aseguraron estar a favor de la autonomía dentro del marco del conjunto del Estado. Y (…) más del 80% de la población canaria es de origen español [ARCONADA LEDESMA, P., REGUERO SANZ, I. & GARCÍA ANDRÉS, C. “La “africanidad” de las Islas Canarias: del debate internacional a la reacción en España (1956-1981). Pasado y Memoria”. En: Revista de Historia Contemporánea, 2019, nº 18, pp. 269-292].

¿Dónde se regula la remisión de muestras al INTCF?

El Art. 1 del Reglamento del Instituto de Toxicología (aprobado por el Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo) lo define como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de Justicia. Su organización y supervisión corresponde a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. A continuación, su Art. 18 regula la remisión de muestras: 1. Para la práctica de peritajes y solicitud de los correspondientes informes, se remitirán directamente a los Departamentos o Delegación los objetos, sustancias, muestras o piezas que deban ser examinados y se indicarán los datos o información concreta que se interese. Siempre se acompañará una información indicativa de los datos clínicos, necrópsicos y procesales que puedan tener interés para orientar la investigación. En todo caso se remitirán, debidamente cumplimentados, los formularios específicos aprobados por el Ministerio de Justicia, a propuesta del Instituto de Toxicología. 2. La recogida, preparación y envío de los objetos, sustancias, muestras o piezas que hayan de ser examinados se acomodarán a las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia a propuesta del Instituto de Toxicología.

El desarrollo de este precepto se llevó a cabo mediante la Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprobaron las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). En su preámbulo se recuerda que, dentro de sus funciones, está la de emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el ministerio fiscal, así como practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el ministerio fiscal y los médicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas por el ministerio fiscal.

Su contenido prevé a qué departamento remitir las muestras [Madrid (para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco); Barcelona (Aragón, Cataluña, Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana); y Sevilla (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; incluye una delegación en Tenerife para las Islas Canarias)]; recomendaciones sobre cómo embalarlas (las muestras que se reciban en el INTCF deberán llevar un triple embalaje de seguridad); los tres tipos de estudios toxicológicos (clasificados en estudios toxicológicos postmortem, en sujetos vivos y de estupefacientes procedentes de alijos y otras sustancias); los estudios histopatológicos, medioambientales, de incendios y fauna; los estudios biológicos (por ejemplo, de identificación genética, estudio de diatomeas e hidremias en casos de muerte por sumersión y estudios entomológicos); y los estudios criminalísticos que se pueden clasificar en: indicios; residuos de disparo; signos de violencia en las ropas, cuerdas y otros objetos; lesiones; estudios antropológicos y odontológico forenses; y estudios de documentoscopia y grafística.

PD: el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (su actual denominación se debe a la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre) fue creado por un Decreto de 10 de julio de 1935 para sustituir al anterior Instituto de Análisis Químico Toxicológico (establecido por el Decreto de 28 de abril de 1911 que, a su vez, transformó el antiguo Laboratorio Central de Medicina Legal, creado por el Decreto de 11 de julio de 1886, con sedes en Madrid, Barcelona y Sevilla).

Pinacografía: Serie "Perez on Medicine" pintados por José Pérez.

Organizaciones internacionales (XIX): la OPEP

El 14 de septiembre de 1960, los representantes de Iraq, Irán, Kuwait, Arabia Saudi y Venezuela celebraron una conferencia en la capital iraquí. Los cinco Estados participantes eran conscientes de que sus presupuestos nacionales se basaban, en alto grado, en los ingresos petrolíferos; que el petróleo era una riqueza perecedera; y que todas las naciones del mundo, para mantener y mejorar sus niveles de vida, tienen que contar casi por completo con el petróleo como fuente primaria de generación de energía. Partiendo de ese convencimiento, adoptaron dos resoluciones: una para estudiar y formular un sistema que asegurase la estabilización de los precios del barril de crudo, de modo que las compañías petroleras mantuvieran sus precios estables y libres de toda fluctuación innecesaria; y otra para hacer efectivas las previsiones de la anterior resolución nº 1, formando un organismo permanente llamado Organización de los Países Exportadores de Petróleo que coordinara y unificara las políticas de los miembros y sirviera para consultarse con regularidad. La firma de los representantes de aquellos de cinco países fundadores dio lugar al denominado Convenio de Bagdad por el que se estableció la OPEP; en inglés –su idioma oficial– la Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Al año siguiente, Catar entró a formar parte de esta organización permanente (hasta 2019); y le siguieron: Indonesia (entre 1962-2009 y enero-noviembre de 2016); Libia (desde 1962); Emiratos Árabes Unidos (1967); Argelia (1969); Nigeria (1971); Ecuador (1973-1992 y 2007-2020); Angola (2007); Gabón (1975-1995 y desde 2016); Guinea Ecuatorial (2017); y Congo (2018). Con la retirada del Gobierno de Quito, a partir de 2020, la OPEP cuenta con 13 Estados miembros donde conviven monarquías conservadoras, gobiernos dictatoriales, países inestables y desorganizados y repúblicas formales con una sola obsesión (…) defender los precios: cero política y proteger el negocio [RABASSA, J. El petróleo es un negocio. Blog, 2012 (*)]. Un buen ejemplo múltiple del derecho de retiro.

Esta membresía no ha estado exenta de conflictos armados internos, como recuerdan los profesores Krugman y Wells: dos miembros de la OPEP, Irán e Irak, estuvieron enfrentados en una sangrienta guerra en los años 80. Además, en 1990, Irak invadió a Kuwait, otro miembro de la OPEP [KRUGMAN, P & WELLS, R. Introducción a la Economía. Microeconomía. Barcelona: Reverté, 2017, p. 378]. Y, más recientemente, se ha visto afectada por el boicot a Catar de Arabía Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, entre otras naciones, con el que rompieron relaciones diplomáticas en 2017. 

Entre 1960 y 1965, la sede de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo estuvo en Ginebra (Suiza) pero el 1 de septiembre de aquel año se trasladó a Viena (Austria) hasta la actualidad.

Sus Estatutos se adoptaron en Caracas (Venezuela) en 1961 y, desde entonces, han sido enmendados en quince ocasiones. Su capítulo III es el que establece sus tres órganos: 1) La Conferencia (Arts. 10 a 16) es su más alta autoridad, se reúne dos veces al año, está integrada por los representantes de los Estados miembro y adopta sus decisiones por unanimidad para establecer la política de la OPEP; 2) La Junta de Gobernadores (Arts. 17 a 24) –nombre que reciben los representantes de cada Estado– pone en práctica las medidas que decide la Conferencia mediante la aprobación de resoluciones; y 3) el Secretariado (Arts. 25 a 34) es el órgano ejecutivo de la organización y su representante.

¿La doctrina del TEAC prevalece sobre el criterio de las consultas a la DGT?

El Art. 2 del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, dispone que: La Secretaría de Estado de Hacienda, bajo la superior dirección de la Ministra de Hacienda, realizará las actuaciones relativas a la orientación de la política fiscal, el diseño y aplicación del sistema tributario, la previsión y análisis de los ingresos tributarios y otros ingresos públicos, la dirección y ejecución de la gestión catastral, así como la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción, de las actividades de juego de ámbito estatal. A continuación, enumera los cinco órganos directivos que la integran, entre los que se encuentran tanto la Dirección General de Tributos (DGT) como el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), con idéntico rango de Dirección General.

 

En esa misma disposición, el Art. 4 desarrolla las funciones de la DGT que incluye: (…) La propuesta, elaboración e interpretación de la normativa del régimen tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de Hacienda; mientras el Art. 6 se refiere a que el TEAC se regirá en cuanto a sus competencias, composición y funcionamiento por sus normas específicas [en referencia, por ejemplo, a los Arts. 228 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)].

 

La respuesta a la pregunta que nos planteábamos –si prevalece la doctrina reiterada del TEAC sobre el criterio de las consultas tributarias que se formulan a la DGT– se encuentra en el texto de la propia LGT.

 

El Art. 239.8 LGT dispone que: La doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente.

 

 

Por su parte, el Art. 89.1 LGT establece que: La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, (…) para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso, se aplicarán al consultante los criterios expresados en la contestación, (…). Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la contestación a la consulta.

 

Es decir, la doctrina reiterada que establece el TEAC vincula a todos los órganos que forman parte de la Administración tributaria del Estado (DGT incluida); pero la contestación de la DGT a las consultas tributarias no vincula a los tribunales económico-administrativos.

 

 

En este sentido, la Resolución del TEAC 7502/2015/00/00, de 8 de marzo de 2018, se refirió expresamente a esta cuestión: la vinculación de toda la Administración tributaria a la doctrina del TEAC establecida en el Art. 239 LGT, reiterando la fuerza vinculante del criterio sentado por la resolución del TEAC frente a las consultas vinculantes (…) dictadas por la Dirección General Tributos; y concluyendo que el efecto vinculante de las consultas desaparece tan pronto como el TEAC sienta doctrina (tal y como, por la otra parte, reconoció la propia DGT en su consulta vinculante V1156/2014, de 28 de abril).

La primera regulación española de los derechos de autor

Hoy en día, el Art. 20.1.b) de la Constitución Española de 1978 reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; una materia que fue desarrollada por la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Según su Art. 5 se considera “autor” a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. La protección de estos derechos también la encontramos en el Art. 270 del Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre], que castiga los delitos relativos a la propiedad intelectual con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses; y los Arts. 428 y 429 del Código Civil [Real Decreto de 24 de julio de 1889] en los que se establece que el autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad; remitiéndose a la Ley sobre Propiedad Intelectual para determinar las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración.

¿Cuál fue su precedente normativo? En España tuvo lugar el primer reconocimiento de los derechos del autor en tiempos de Carlos III, quien decretó el carácter vitalicio de los derechos de autor y la potestad de éste de traspasar tales derechos a sus herederos. Los liberales de Cádiz, recogiendo el ejemplo revolucionario francés, decretaron el 10 de junio de 1813 que sólo los autores o las personas por ellos autorizadas podían imprimir sus obras, y sus herederos durante diez años. El 5 de agosto de 1823, en los momentos finales del segundo periodo constitucional, las Cortes lograron la sanción real para un proyecto que también reconocía el principio de la propiedad de los autores, aunque no se profundizó en las derivaciones de este derecho. Los acontecimientos políticos posteriores despojaron de cualquier efecto a esta ley [SÁNCHEZ GARCÍA, R. “La propiedad intelectual en la España contemporánea, 1847-1936”. En: Hispania, vol. 62, nº 212 (2002)].

Poco después, encontramos una de las primeras menciones a lo que entonces se denominaban “privilegios de los autores”. Se encuentra en el Art. 30 del Real decreto modificando el sistema de impresión, publicación y circulación de libros, de 4 de enero de 1834: Los autores de obras originales gozarán de la propiedad de sus obras por toda su vida, y será transmisible a sus herederos por espacio de 10 años. Nadie de consiguiente podrá reimprimirlas á pretexto de anotarlas, adicionarlas, comentarlas ni compendiarlas.

Leonid Pasternak | La pasión de la creación (s. XIX) 

Pero, la primera regulación española que, de forma específica, protegió los derechos de autor se adoptó durante el reinado de Isabel II; fue el Real decreto ordenando la ley sobre propiedad literaria, de 10 de junio de 1847. De acuerdo con su Art. 1: Se entiende por propiedad literaria para los efectos de esta ley el derecho exclusivo que compete á los autores de escritos originales para reproducirlos ó autorizar su reproducción por medio de copias manuscritas, impresas, litografiadas ó por cualquiera otro semejante. A continuación, el Art. 2 dispuso que: El derecho de propiedad declarado en el artículo anterior corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos legítimos ó testamentarios por él término de 50 años.

Los precedentes de la PESCO: el Plan Préven y el Informe Davignon

Ya tuvimos ocasión de comentar que la actual Cooperación Estructurada Permanente –en inglés, Permanent Structured Cooperation (PESCO)– adoptada por la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, ha sido definida por las autoridades de Bruselas como un paso fundamental hacia el refuerzo de la política de defensa común; pero, hasta entonces, en la historia de la integración europea hubo otras iniciativas similares que, sin embargo, fracasaron en el intento de lograr una política de defensa común. Hoy veremos dos de esos precedentes.

El 24 de octubre de 1950, en plena Guerra de Corea y tan solo un año después de que se firmara en Washington el Tratado del Atlántico Norte (4 de abril de 1949), el presidente del Consejo de Ministros francés y exministro de defensa, René Préven (1901-1993), propuso la creación de la denominada Communauté européenne de défense (CED) a la Asamblea Nacional (el Parlamento de Francia); inspirada, como él mismo reconoció, en la Recomendación adoptada el 11 de agosto de 1950 por la Asamblea del Consejo de Europa que pidió la creación inmediata de un ejército europeo unificado para cooperar en la defensa de la paz con las fuerzas estadounidenses y canadienses.

El establecimiento de esta Comunidad Europea de Defensa no podía limitarse –según el Plan Préven– a ser el resultado del mero abrazo de unidades militares nacionales, que, en realidad, solo enmascararían una coalición del viejo tipo. A tareas inevitablemente comunes, solo pueden corresponder organismos comunes. Un ejército de Europa unida, compuesto por hombres de varias naciones europeas, debe, en la medida de lo posible, lograr una fusión completa de los elementos humanos y materiales que reúne bajo una única autoridad política y militar europea (*).

Como consecuencia de las negociaciones que se llevaron a cabo tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos, en el marco de la Alianza Atlántica, el 27 de mayo de 1952, los seis Estados de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero; integrada por la República Federal de Alemania, Italia, Francia y el BENELUX) firmaron en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa; pero, cuando este acuerdo empezó a ser ratificado por los seis parlamentos nacionales, llegó el turno a la propia Asamblea francesa que lo había impulsado y finalmente lo rechazó sin llegar a discutir el articulado, el 30 de agosto de 1954; de modo que aquel pionero ejército europeo integrado bajo un mando común nunca llegó a entrar en vigor.

Con el cambio de década, solo cabe destacar los dos borradores del Plan Fouchet que redactó el embajador francés Christian Fouchet (1911-1974), durante el gobierno de Charles de Gaulle, en noviembre de 1961 y enero de 1962. De nuevo, Francia tomó la iniciativa para que las incipientes instituciones europeas (CEE, CECA y EURATOM) se encaminaran hacia una unión que incluyera, entre otros ámbitos, la cooperación de los Estados miembros en materia de política exterior y de defensa. Como sucedió con el Plan Préven, las desavenencias entre los miembros del gobierno francés y los cambios políticos motivaron sus fracaso.

Tres años antes de que la integración del Viejo Continente avanzara con las primeras adhesiones a las Comunidades Europeas, en 1973 (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), en la Cumbre de Luxemburgo se presentó el denominado Informe Davignon, el 27 de octubre de 1970, sobre cooperación política; cuyo objetivo era conseguir que los por aquel entonces aún 6 miembros del club comunitario (recordemos: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania) se reunieran para tratar de negociar una postura común sobre cooperación política y hablarle al mundo con una sola voz acerca de los problemas internacionales más importantes.

La propuesta formulada por el ministro belga de Asuntos Exteriores que lo redactó, Étienne Davignon (1932), es considerada por Bruselas como el origen de la Cooperación Política Europea (CPE), lanzada de manera informal en 1970 antes de ser institucionalizada por el Acta Única Europea (AUE) en 1987. La CPE implicaba fundamentalmente la consulta entre los Estados miembros sobre las cuestiones de política exterior (*).

El Estatuto Albertino

Con esta coloquial denominación se conoce al Estatuto Fundamental de la Monarquía de Saboya [Lo Statuto del Regno o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia, en italiano] que el rey de Cerdeña, Carlos Alberto de Saboya [Carlo Alberto di Savoia], otorgó en Turín, el 4 de marzo 1848. Esta Ley fundamental, perpetua e irrevocable de la Monarquía era, en realidad, una Carta Otorgada por el soberano sardo y no un verdadera constitución. Aun así, esta norma acabó convirtiéndose en la primera ley fundamental del Reino de Italia y, tras la unificación de 1871, se aplicó en todo el país –hasta entonces solo regía en el Reino de Cerdeña– perdurando, con algunas modificaciones poco sustanciales, incluso durante el régimen fascista de Mussolini, hasta que se adoptó la actual Constitución de la República Italiana de 27 de diciembre de 1947 que entró en vigor el 1 de enero de 1948.

El Statuto Albertino –de inspiración francesa (basada en su Carta Constitucional de 1814 y la Constitución de 1830) y española (por la Constitución de Cádiz de 1812)– es el origen del Derecho constitucional italiano [1] y se le considera el ejemplo arquetípico de flexibilidad constitucional (…) que reconocía dos centros de impulso político, Rey y Legislativo, aunque descompensaba convenientemente a favor del Monarca [2].

En los veintitrés primeros artículos, de carácter genérico, el monarca afirmó que la religión Católica, Apostólica y Romana era la única Religión del Estado (aunque se toleraban otros cultos); estableció un Gobierno Monárquico Representativo donde él mismo era el Jefe Supremo del Estado, ejercía solo el poder ejecutivo (sancionaba y promulgaba las leyes, hacía los decretos y reglamentos necesarios para su ejecución y nombraba a todos los cargos del Estado) y compartía el poder legislativo con un sistema bicameral integrado por el Senado y la Cámara de los Diputados. Su trono se heredaba según la ley sálica.

Los Arts. 24 a 32 proclamaban los derechos y deberes de los ciudadanos (igualdad ante la ley, libertad individual, inviolabilidad del domicilio, libertad de prensa, derecho de propiedad, etc.); a continuación, dedicó los Arts. 33 a 64 a regular las atribuciones de ambas cámaras. Para concluir, los Arts. 65 a 67 estipulaban que el monarca nombraba a los ministros; los Arts. 68 a 73 se ocupaban del poder judicial (los jueces eran nombrados por el propio soberano); y finalizaba con las disposiciones generales y transitorias.

Citas: [1] ÁLVAREZ CONDE, E. & FERRANDO BADÍA, J. Regímenes políticos actuales. Madrid: Tecnos, 1985, p. 376. [2] VERA SANTOS, J. M. La reforma constitucional en España. Madrid: La Ley, 2007, p. 70.

Pinacografía: Superior: Horace Vernet | Retrato ecuestre de Carlos Alberto (1834); inferior: Grabado anónimo | Firma del Estatuto Albertino (1848).