lunes, 18 de octubre de 2021

La regulación del tablón edictal judicial único

La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, dio nueva redacción al Art. 236.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: La publicidad de los edictos se realizará a través del Tablón Edictal Judicial Único, en la forma en que se disponga reglamentariamente, incluyendo los datos estrictamente necesarios para cumplir con su finalidad. Partiendo de esa nueva redacción, el Art. 35 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia –de acuerdo con la modificación realizada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia– dispone que: La publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación procesal que deban ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la provincia respectiva, serán sustituidas en todos los órdenes jurisdiccionales por su publicación en el Tablón Edictal Judicial único previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en la forma en que se disponga reglamentariamente. A tal efecto, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de los juzgados y tribunales un sistema automatizado de remisión y gestión telemática que garantizará la celeridad en la publicación de los edictos, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

Con ese marco legal, el desarrollo reglamentario de este sistema de publicación edictal generalizado, fiable y accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos, llegó de la mano del Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modificó el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único. Su preámbulo señala que: (…) el objetivo del Tablón Edictal Judicial Único es la plena informatización y unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones judiciales, acabando con la dispersión en tablones de anuncios y distintos boletines oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y las garantías de las partes.

De este modo se ha configurado un nuevo suplemento del BOE denominado «Suplemento del Tablón Edictal Judicial Único». Este nuevo suplemento forma parte del «Boletín Oficial del Estado» y de su edición electrónica, por lo que la publicación en el Tablón Edictal Judicial Único se realizará con todos los requisitos técnicos y garantías jurídicas que ofrece el diario oficial, en particular el carácter fehaciente de la fecha de publicación de los edictos, cuestión de especial relevancia a efectos del cómputo de los plazos procesales. Entró en vigor el 1 de junio de 2021.


El propio BOE lo define del siguiente modo: El tablón edictal judicial único es el medio de publicación y consulta de resoluciones, comunicaciones y edictos que por disposición legal deban fijarse en el tablón de anuncios y para la publicación de los actos de comunicación procesal que deban ser objeto de inserción en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia respectiva. El tablón edictal judicial único se pública electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (…).

viernes, 15 de octubre de 2021

Algunas historias singulares de verdugos

Tanto el Diccionario de la Academia Española de la Lengua (DRAE) como el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DEJ) definen la voz «verdugo» con gran semejanza: Persona encargada de ejecutar la pena de muerte u otros castigos corporales impuestos por la justicia y Encargado de ejecutar una pena de muerte o los castigos corporales dictados por la justicia; respectivamente. Como recuerda el escritor jiennense, Juan Eslava Galán: La profesión más vil y despreciable tuvo, probablemente, orígenes sagrados. Los primeros verdugos serían sacerdotes que sacrificaban víctimas humanas a los dioses (…). Fue andando el tiempo, al perder el oficio su primitivo sentido religioso, cuando el ejecutor se convirtió en un asesino oficial del que todos se avergonzaban. Por lo tanto, la profesión se desprestigió y quedó relegada a gente marginada, a delincuentes, a criminales, incluso a asesinos condenados a la pena de muerte [1].

Ya en el siglo IV a.C. Aristóteles sugirió que la magistratura que ejecuta sea distinta de la que ha condenado (…). Al hablar de las diversas magistraturas indispensables o útiles a la ciudad, en el Capítulo V del Libro VII de su obra Política, el filósofo de Estagira afirmó que: Se duplica el aborrecimiento cuando se pone en unas mismas manos la condenación y la ejecución; y cuando se extiende a todas las cosas las funciones de juez y de ejecutor, dejándolas siempre en unas mismas manos, se provoca la execración general. Muchas veces se distinguen las funciones del carcelero de las del ejecutor, como sucede en Atenas con el tribunal de los Once. Esta separación de funciones es oportuna, y deben discurrirse medios a propósito para hacer menos odioso el destino de carcelero, el cual es tan necesario como todos los demás de que hemos hablado. Los hombres de bien se resisten con todas sus fuerzas a aceptar este cargo, y es peligroso confiarle a hombres corruptos, porque se debería más bien guardarlos a ellos que no encomendarles la guarda de los demás. Importa, por tanto, que la magistratura encargada de estas funciones no sea la única ni perpetua [2].

En la otra orilla del Mar Jónico, los romanos incluso utilizaban un término específico –percussor– para denominar a quien ejecutaba una condena, matando al reo para cumplir con la sentencia dictada por la justicia (en esa misma línea, los Arts. 33, 40 y 63 del primer Código Penal de 1822 no hablaban de “verdugos” sino de “ejecutores de la justicia”); para diferenciarlo de quienes causaban la muerte de otra persona como el interfector –que se aplicaba a quienes mataban a otra persona con la que tenían algún tipo de relación (por ejemplo, la frase Brutus et Cassius, interfectores Caesaris se traduciría así: Bruto y Casio, asesinos del César)– o el sicarius –en referencia a quien mataba a otra persona asestándole una puñalada con un afilado puñal llamado sica. Según la Lex Cornelia de sicariis et veneficis, del siglo I, el castigo consistía en confiscar los bienes del sicario y deportarlo a una isla–.


Con esos precedentes tan remotos es lógico que si los verdugos, percusores, ejecutores de sentencias, borreros o asesinos oficiales han existido desde la Antigüedad, algunos de ellos también hayan logrado pasar a la Historia: 

  1. El célebre verdugo pontificio Giambattista Bugatti (1779-1869) –también conocido por los sobrenombres de Mastro Titta, Maestro di Giustizia o Il Boia di Roma– llevó a cabo 516 ejecuciones entre el 22 de marzo de 1796, cuando ahorcó al joven asesino Foligno Nicola Gentilucci, y el 17 de agosto de 1864, fecha en la que Pío IX decidió jubilarlo de su servicio al Pontíficado, con 85 años y una pensión mensual de 30 escudos, tras acabar con la vida del homicida Domenico Antonio Demartini y ceder su testigo a un nuevo brazo ejecutor, Vincenzo Balducci;
  2. El ejecutor más prolífico del Reino Unido, Albert Pierrepoint (1905–1992), antes de jubilarse en 1956, se atribuyó el mérito de haber ejecutado a 450 personas, entre ellas 17 mujeres sin arrepentirse nunca ni sentirse culpable [3] por haber llevado a cabo un oficio que él mismo consideraba sagrado [4]. Tradicionalmente, en Gran Bretaña, a estos profesionales se les conoce con el sobrenombre de «Jack Ketch» en recuerdo de un verdugo de la segunda mitad del siglo XVII que se hizo famoso por su completa ineficacia a la hora de cortar el cuello de los reos condenados a muerte. La prestigiosa Enciclopedia Britannica señala al respecto que: Se dice que [«Jack Ketch», Richard Jacquet o John Ketch, sus alias más conocidos] ejecutó a Lord William Russell (1683) de una manera brutal e inepta, y en 1685 dio al menos ocho golpes de hacha para decapitar a James Scott, duque de Monmouth.
  3. El tunecino Hamida Djandoubi fue la última persona a la que se guillotinó en Francia –en Marsella, el 10 de septiembre de 1977– por el verdugo Marcel Chevalier (1921-2008). Con aquella ejecución terminó el uso de aquella «herramienta» tan francesa, y también con las ejecuciones en el país galo [5]. Recordemos que Nicolas Jacques Pelletier fue el primer ajusticiado que murió en la guillotina, el 25 de abril de 1792, de la mano de Charles-Henri Sanson (1739-1806), y que esta máquina inventada (…) para decapitar a los reos de muerte (RAE) fue creada por el doctor Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814).
  4. Según el periodista catalán Jesús Hernández, cuando uno piensa en quién pudo ser el verdugo más sanguinario de la Segunda Guerra Mundial, una apuesta segura sería algún guardián de un campo de concentración nazi. Sin embargo, ese dudoso honor recae en la figura de un ruso, Vasili Mijailovich Blojin [1895-1955], un general de brigada del ejército soviético que desempeñó el cargo de Ejecutor Jefe del NKVD, la policía secreta del régimen estalinista. (…) La acción más infame de Blojin fue en abril de 1940, cuando se encargó de ejecutar a unos 7.000 oficiales polacos que habían sido capturados después de la invasión soviética de Polonia [6]. Fue la llamada “masacre de Katyn” la que convirtió a Blojin en el verdugo más prolífico de la Historia [7].
  5. Por último, en España, el verdugo pacense Antonio López Sierra (1913-1986) fue quien aplicó el garrote vil en Barcelona al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974; último ejecutado por este método junto al alemán Georg Michael Welzel, agarrotado por Pepe Moreno (1919-1985) en Tarragona ese mismo día.

Citas: [1] ESLAVA GALÁN, J. Verdugos y torturadores. Madrid: Temas de Hoy, 1991, pp. 9 y 10. [2] ARISTÓTELES. Política. Madrid: Alianza, 1986, p. 104. [3] KRONENWETTER, M. Capital Punishment: A Reference Handbook. Santa Bárbara: ABC Clio, 2001, p. 176 [4] KLEIN, L. A Very English Hangman: The Life and Times of Albert Pierrepoint. Londres: Corvo Books, 2006, p. 105. [5] FONTE-PADILLA, M. Aves de rapiña: La revolución de Sahel. Madrid: Círculo Rojo, 2020, p. 310. [6] HERNÁNDEZ, J. Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Córdoba: Almuzara, 2017. [7] CUMMINS, J. The World's Bloodiest History. Beverly: Fair Winds Press, 2010, p. 177.

Pinacografía: Arthur Rackham | The executioner's argument was, that you couldn't cut off a head unless there was a body to cut it off from (s.XIX). Vasily Surikov | Executioner (1891).

miércoles, 13 de octubre de 2021

Los dos poderes del Ayuntamiento de Hamburgo

El preámbulo de la Constitución de la República Federal de Alemania, de 23 de mayo de 1949 [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) a la que, en España, solemos denominar Ley Fundamental de Bonn] enumera cuáles son los dieciséis Länder alemanes: Baden-Wurtemberg, Baja Sajonia, Baviera, Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sajonia, Sajonia Anhalt, Sarre, Schleswig-Holstein y Turingia. Tres de ellos –Berlín, Bremen y Hamburgo– son, en realidad, ciudades-estado. Si nos centramos en esta última, la norma fundamental de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo (Freie und Hansestadt Hamburg) es la vigente Constitución de Hamburgo (CH) [Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HmbVerf.)] de 6 de junio  de 1952 que, desde entonces, se ha modificado en más de treinta ocasiones –las reformas más sustanciales se adoptaron en 1996 y 2001– y la última, a la hora de redactar esta entrada, en 2020.

De acuerdo con el Art. 5.1 CH: In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht getrennt; es decir, En (…) Hamburgo, las actividades estatales y municipales no están separadas. En la práctica, esto supone que el Ayuntamiento [Rathaus] de Hamburgo –un icónico edificio que se construyó entre 1886 y 1897 sobre 4.000 postes de madera de roble perforados en las orillas fangosas del río Alster– alberga por un lado la sede del Parlamento o Asamblea del Estado (Hamburgische Bürgerschaft) como Landesparlament (Art. 6.1 CH) y, por otro, la del Senado (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg) que desempeña las funciones del gobierno local, por lo que dirige y supervisa la administración del municipio como Landesregierung (Art. 33.2 CH). De modo que el presidente de la Cámara Alta es, a la vez, el Primer Alcalde, Burgomaestre, Jefe del Gobierno Senatorial o Erster Bürgermeister de Hamburgo que es elegido por el Parlamento (Art. 34 CH). Él, a su vez, nombra a los restantes miembros de su gobierno aunque han de ser confirmados por la otra Cámara.


Los dos poderes hamburgueses, legislativo y ejecutivo, comparten las 647 habitaciones del edificio que diseñó un equipo de arquitectos dirigido por Martin Haller, en estilo neorrenacentista. El conjunto se completa con un magnífico patio interior delimitado por la Bolsa de Valores y la cercana Cámara de Comercio.

domingo, 10 de octubre de 2021

¿Cuándo se cometió el primer sabotaje aéreo?

El Art. 1 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971, hecho en Montreal (Canadá) –sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); el organismo especializado de la ONU responsable de elaborar normas de seguridad de la aviación internacional y supervisar su aplicación por los Estados– dispone que: Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente: (…) c) coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir la aeronave o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo. El denominado Convenio de Montreal de 1971 sobre sabotaje aéreo es uno de los instrumentos jurídicos internacionales adoptados en el marco de las Naciones Unidas para hacer frente al terrorismo que, sobre todo en los años 60 y 70, golpeó con insistencia a la aviación civil; junto al Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Convenio de Tokio de 1963), el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Convenio de La Haya de 1970) y su protocolo de 2010; el protocolo de 1988 al Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional; el Nuevo Convenio de Aviación Civil (Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la seguridad de la aviación civil internacional o Convenio de Beijing de 2010); y el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Montreal, 2014).

Partiendo de esta base convencional y de otros documentos marco –como el Anexo 17 del Convenio de Chicago (Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita)– actualmente, en el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la S/RES/2309 (2016), aprobada por el Consejo de Seguridad en la sesión que celebró el 22 de septiembre de 2016. Tras reconocer la vital importancia del sistema mundial de aviación al desarrollo económico y la prosperidad, la resolución expresó su preocupación por el hecho de que los grupos terroristas siguen considerando que la aviación civil es un blanco atractivo, con el objetivo de causar la pérdida de numerosas vidas humanas, daños económicos y la interrupción de la conectividad entre los Estados, y que el riesgo de atentados terroristas contra la aviación civil puede afectar a todas las regiones y Estados Miembros.

El Consejo de Seguridad onusiano –manteniendo la misma línea que ya expresó la Asamblea General en la A/RES/60/288, de 8 de septiembre de 2006 (Estrategia Mundial contra el Terrorismo)– consideró que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos.


En este contexto podría pensarse que la primera vez que un atentado aéreo saboteó un avión en pleno vuelo debió suceder durante la segunda mitad del siglo XX, cuando Naciones Unidas comenzó a regular aquella amenaza a la paz y la seguridad internacionales; pero no fue así: el primer sabotaje ocurrió en Estados Unidos, entorno a las 21h00, del 10 de octubre de 1933 –en plena época dorada de los gángster, la ley seca y la crisis de la Gran Depresión– y, hoy en día, continúa siendo un caso sin resolver.

El pequeño Boeing 247 de United Airlines que cubría la línea de Newark (Nueva Jersey) a Oakland (California) con dos breves escalas en Cleveland (Ohio), para repostar combustible, y Chicago (Illinois), explotó en el trayecto entre estas dos últimas ciudades al sobrevolar la localidad de Chesterton (Indiana) cuando detonó una bomba de nitroglicerina que seccionó la cola del resto del fuselaje al haber sido escondida en el baño o entre el equipaje, ubicados en la parte posterior. Fallecieron los tres tripulantes y los cuatro pasajeros que se encontraban a bordo de la aeronave. El FBI –que investigó el atentado con el nombre de “1933 Crash of United Airlines Trip 23 Boeing 247”– ordenó cerrar el caso en 1935 y, desde entonces, el primer sabotaje de la aviación civil continúa siendo un misterio.

viernes, 8 de octubre de 2021

La reglamentación de las justas náuticas del Languedoc

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua incluye tres acepciones para definir la palabra “justa”: 1. Pelea o combate singular, a caballo y con lanza. 2. Torneo o ejercicio a caballo en que se acreditaba la destreza en el manejo de las armas. 3. Competición o certamen en un ramo del saber. Si exceptuamos este último significado, vinculado por ejemplo con las justas poéticas, los otros dos forman parte del imaginario colectivo que representa a la Edad Media: los trompeteros anunciando la llegada de los caballeros con sus escuderos y pajes al campo de combate, frente a la tribuna de nobles que juzgaban su destreza y el rey de armas que velaba porque la lucha se llevara a cabo cumpliendo con las reglas ceremoniales. Curiosamente, de las dos primeras acepciones del DRAE también se deduce que, por el empleo de caballos, al menos en España, las justas se celebraron tan solo en tierra firme mientras que en otros lugares de Europa también han existido las justas náuticas (como aún sucede, por ejemplo, en Austria, Alemania, Bélgica o Suiza, en los cauces de los ríos Elba, Neckar, Danubio, Rin o Meno; y, sobre todo, en Francia).

De hecho, el Dictionnaire Larousse coincide con el DRAE en incluir tres acepciones de la voz joute (justa) y si también descartamos las joutes littéraires, como ocurrió en el caso español, sus otros dos significados se refieren a: 1. Combat à cheval et à la lance, d'homme à homme, auquel la noblesse guerrière du Moyen Âge se livrait par plaisir [Combate a caballo y lanza, de hombre a hombre, en el que la nobleza guerrera de la Edad Media luchaba por placer]; y 3) Activité sportive où deux adversaires, debout chacun sur l'arrière d'un bateau, cherchent, au moment où les embarcations se croisent, à se faire tomber à l'eau au moyen d'une longue perche munie d'un tampon. Esa actividad deportiva donde se busca derribar al oponente del otro barco para que se caiga al agua se refiere a las justas náuticas.


Aunque se tiene constancia documental de que esta modalidad de combate acuático existió desde la Antigüedad hasta el siglo I d.C. en Egipto, Grecia o Roma (las naumaquias se concebían como grandes recreaciones de batallas navales organizadas por el emperador en el Coliseo), lo cierto es que estos espectáculos apenas se volvieron a celebrar hasta el siglo XII y solo recuperaron su esplendor a partir del XVI y XVII (por ejemplo, con el torneo que se representó en Lyon el 13 de abril de 1507 en honor de la reina consorte de Francia, Ana de Bretaña; o con la fundación de la ciudad de Sète el 29 de julio de 1666, a instancias del Rey Sol).

Como deporte, la «joute nautique» obtuvo su reconocimiento oficial en 1960 y ya a finales de 1964 se estableció la «Fédération Française de Joutes et Sauvetage Nautique» que el gobierno francés reconoció en 1971; asimismo, desde 2012, se inscribieron en el inventaire du patrimoine culturel immatériel de Francia. Hoy en día, la FFJSN reúne a más de ochenta «Sociétés de Joutes», dirigidas por una «Commission administrative», que organizan sus campeonatos en cuatro ligas: Loira Norte-Picardía, Ródano-Alpes, PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul) y Languedoc.


Centrándonos en el método languedociano, en esta región histórica de la actual Occitania –tras la nueva delimitación territorial de 2015, situada al Suroeste de Francia– las competiciones se celebran en dos departamentos del litoral mediterráneo; en los municipios de Palavas-Les-Flots, Balaruc Les Bains, Frontignan, Sète, Mèze, Marseillan, Agde y Béziers en Hérault y en Le Grau du Roi en Gard. Una tradición marítima que conserva sus propios códigos, su propio vocabulario, sus propios rituales, su propia música, como afirma el Ayuntamiento de Sète (*).

El desarrollo de las «joutes languedociennes» se ha regulado por distintos reglamentos (de 1747, 1905, 1963, 1966…) y, en la actualidad, tanto sus aspectos técnicos como disciplinarios o la celebración de las ligas y del Campeonato y la Copa de Francia se encuentran en el «Règlement» adoptado en mayo de 2006 donde se contempla desde el uniforme blanco de los remeros (sin patrocinadores ni publicidad) hasta las obligaciones de los timoneles, pasando por el nombramiento de los tres miembros del jurado que arbitran los torneos, las cuatro categorías en que se compite [«juniors», «seniors», « moyens» o «lourds» en función de la edad y el peso de los remeros] o las causas para descalificar a las embarcaciones.


Básicamente, se trata del enfrentamiento de dos barcos –uno de color blanquiazul y otro blanquirrojo– integrados por 8 o 10 remeros federados, con licencia de la FFJSN; un timonel [«timonier patron»] y dos músicos que, como en las galeras, marcan el ritmo con un tambor y un oboe. En la popa de la nave se levanta la tintaina [«tintaine»], una plataforma que se eleva de 2 a 3 metros sobre el nivel del agua en la que se sitúa el «jouteur» portando un escudo de madera de 40 x 70 cm. y una lanza de 2,80 m. que debe enarbolar, en posición de estocar a su oponente, cuando la otra nave se acerca (de forma análoga a los nobles medievales que espoleaban a sus caballos para envestir al adversario y desmontarlo de la cabalgadura para que mordiese el polvo del campo de combate, de donde procede esta coloquial expresión). Tras la ronda clasificatoria, gana el torneo el último «jouteur» que logre mantenerse en pie sobre la tintaina.

miércoles, 6 de octubre de 2021

El «Hombre de Piltdown»: el mayor fraude científico del siglo XX

El abogado inglés Charles Dawson nunca llegó a ser juzgado por el fraude más espectacular y famoso de la ciencia en todo el siglo XX, en palabras del prestigioso divulgador estadounidense Stephen Jay Gould [1] porque, sencillamente, murió de forma prematura, de septicemia, en la pequeña localidad de Uckfield (East Sussex), el 10 de agosto de 1916, cuatro décadas antes de que se descubriera todo el engaño en 1953. Dawson había nacido cincuenta y dos años antes, el 11 de julio de 1864, en Lancashire, hijo del barrister, Hugh Dawson, que lo animó a seguir sus pasos como jurista, graduándose en Derecho en la Royal Academy de Gosport, en 1880. Durante diez años trabajó como solicitor en Hasting hasta que trasladó su bufete a Uckfield donde ejerció la abogacía hasta su fallecimiento. Como ya tuvimos ocasión de comentar en otra entrada de este blog, básicamente, un «solicitor» se encarga de organizar la línea argumental de la defensa con un grupo de colaboradores que preparan la causa mientras que el «barrister» es la cara visible que sube al estrado, encargándose de la defensa en el juicio.

Desde pequeño, Charles solía pasear buscando fósiles y, en 1908, descubrió el que sería el primer fragmento de cráneo de su «Hombre de Piltdown», después de que unos trabajadores de un pozo de grava le hablaran de un «coco» (el cráneo completo) que habían desenterrado y aplastado en aquel lugar. Dawson siguió hurgando por la zona, recolectando unas pocas piezas más del cráneo y algunos fragmentos de otros mamíferos fósiles [2]. Un año más tarde continuó con sus hallazgos en el entorno de la aldea de Piltdown (East Sussex) donde coincidió con el segundo protagonista de este engaño: el paleontólogo y jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Ambos cimentaron su amistad buscando restos humanos en los años previos a la I Guerra Mundial, cuando Inglaterra carecía de su propio homínido [recordemos que Francia y Alemania ya contaban con los hombres de Neandertal (descubierto en 1856), Cromañón (1869) y Heidelberg (1908)].

John Cooke | Descubrimiento del Hombre de Piltdown (1915)

Dawson y Teilhard no se pusieron en contacto con el tercer nombre propio de este fraude, el afamado paleontólogo inglés Arthur Smith Woodward (1864-1944), hasta mediados de 1912, cuando le llevaron los restos al British Museum donde trabajaba como conservador. Ese mismo año encontraron los polémicos fragmentos de una mandíbula –luego se supo que pertenecían a un chimpancé– con los dientes desgastados. Todo el material del llamado Eoanthropus dawsoni se presentó ante la Sociedad Geológica de Londres y, con el mundo apunto de entrar en la Gran Guerra, las incongruencias anatómicas y las dudas iniciales dieron paso a una defensa enérgica y un entusiasmo patriótico por aquel hallazgo. El que un antepasado tan maravilloso se encontrara cerca de la capital de Inglaterra debió de ser reconfortante para los británicos [3], comenta con sarcasmo la paleoantropóloga coreana Sang-Hee Lee.

Ni Dawson ni Woodward vivieron lo suficiente para enfrentarse a la falsedad de aquellos hallazgos; pero no ocurrió lo mismo con Teilhard que seguía vivo cuando Kenneth Oakley, J. S. Weiner y W. E. le Gros Clark demostraron que los huesos de Piltdown habían sido teñidos químicamente para aparentar gran antigüedad, los dientes limados para simular desgaste humano, y que los restos de mamíferos asociados habían sido traídos de algún otro lugar, mientras que los «instrumentos» de pedernal habían sido tallados recientemente. (…) La teoría oficial fue que Dawson había actuado solo; la ciencia profesional quedó avergonzada, pero absuelta [4].

En opinión de Gould debemos replantear Piltdown (…) como una broma que fue demasiado lejos, no como un intento malicioso de engañar [5]; es probable que el abogado Dawson le contara la verdad al sacerdote Teilhard en secreto de confesión y que el incauto Woodward se creyera sin más el embuste.

Citas: [1] GOULD, S. J. Dientes de gallina y dedos de caballo. Reflexiones sobre historia natural. Barcelona: Crítica, 2011, p. 222. [2] Ob. cit., p. 223. [3] LEE, S.H. & YOON, S.Y. No seas neandertal: y otras historias sobre la evolución humana. Madrid: Debate, 2018. [4] GOULD, S. J. Ob. cit., p. 226. [5] Ob. cit., p. 247.

lunes, 4 de octubre de 2021

La singular frontera de la isla de Märket

Desde el siglo XII, el territorio de la actual Finlandia formó parte del Reino de Suecia hasta comienzos del XIX, cuando se convirtió en un ducado autónomo del Imperio Ruso tras la firma del Tratado de Fredrikshamn o Tratado de Hamina –según se emplee el nombre de esta ciudad finlandesa, en sueco o finés– que puso fin a la Guerra Finlandesa, el 17 de septiembre de 1809. Como consecuencia de este acuerdo, Suecia cedió a Rusia parte de las provincias de Laponia y Västerbotten (al este del río Tornio y del río Muonio), Åland y todas las provincias al este a partir de ese punto (…) que (…) constituirían el Gran Ducado de Finlandia (*). Fue entonces cuando el gobierno de Estocolmo tuvo que delimitar los 614 km de frontera con Helsinki desde el trifinio de Treriksröset –el punto más septentrional donde confluyen Suecia. Noruega y Finlandia, en Laponia– a lo largo del Golfo de Botnia incluyendo la deshabitada isla de Märket, una minúscula roca en medio del Mar Báltico, que no solo quedó dividida por la mitad entre ambos países sino que, a su vez, la parte sueca se subdividió entre las provincias de Estocolmo y Uppsala, mientras que el lado finés fue administrado por el archipiélago desmilitarizado de las Islas Aland que, desde 1921, cuenta con un Estatuto de Autonomía propio.


Esta delimitación se mantuvo tras la independencia de Finlandia, en 1917, y su trazado recto solo se modificó en 1985 cuando un equipo de geógrafos suecos se dio cuenta de que el faro decimonónico levantado por las autoridades finlandesas en 1885 y automatizado en 1976, había sido construido en el lado de Suecia. Para resolverlo, amistosamente, y que aquella construcción se pudiera mantener bajo soberanía de Finlandia, se creó una comisión que decidió sustituir la frontera recta por una línea zigzagueante de puntos blancos pintados en el suelo de la roca, acompañados de las iniciales S o F, que dividía la extensión de Märket en dos mitades exactas de 0,015 km².


En la siguiente década, el 24 de junio de 1994, los doce Estados miembros que en aquel momento formaban parte de la Unión Europea [Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido] firmaron el Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión en la isla griega de Corfú. Como, finalmente, el Gobierno de Oslo reculó y volvió a decir que no a Bruselas, el 1 de enero de 1995, aquella nueva ampliación se limitó a los tres últimos candidatos y dio lugar a la Europa de los 15. La incorporación de Finlandia y Suecia, al mismo tiempo, y que ambas naciones escandinavas suprimieran sus fronteras comunes en el marco del Espacio de Schengen ha supuesto que aquel conflicto territorial por la delimitación de la frontera de la pequeña isla de Märket haya quedado reducido a una mera anécdota.

PD: curiosamente, cada lado del islote tiene su propio huso horario (Suecia va como España, pero Finlandia –al igual que gran parte de Europa Oriental o Grecia– suma otra hora más). 

viernes, 1 de octubre de 2021

El proceso de fusión de municipios españoles

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define el concepto de “fusión de municipios” como la operación administrativa consistente en la conversión en un único nuevo municipio de dos o más limítrofes por carecer estos de los recursos suficientes para atender los servicios mínimos legalmente obligatorios, existir confusión y ausencia de continuidad entre sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico, o concurrir notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa. En ese sentido ya se reguló en el Art. 5 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que aprobó el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales; que, a su vez, derogó el anterior Decreto de 17 de mayo de 1952 (Reglamento de población y demarcación territorial de las Entidades Locales) que también lo previó en su Art. 9.

Hoy en día, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introdujo en el ordenamiento jurídico español –por primera vez, según su preámbulo– medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie a los municipios que se fusionan ya que contribuyen a racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal. Entre estas medidas de incentivo se encuentran el incremento de su financiación, la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones, o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. Además, si se acordara entre los municipios fusionados alguno de ellos podría funcionar como forma de organización desconcentrada, lo que permitiría conservar la identidad territorial y denominación de los municipios fusionados aunque pierdan su personalidad jurídica. Por último, estas medidas de fusiones municipales incentivadas (…) supondrán, en definitiva, que los municipios fusionados percibirán un aumento de la financiación en la medida en que los municipios de menor población recibirán menos financiación.

Su Art. 1 modificó diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; entre ellos, el Art. 13 LrBRL que viene a regular este ámbito:

  1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.
  2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
  3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
  4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. (…)
  5. Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión.
  6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados (…).

Asimismo, la nueva redacción de este precepto contempla qué conlleva la fusión de municipios:

  1. La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado (…).
  2. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
  3. Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis.
  4. El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e).
  5. Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo (…).
  6. El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión.

En 2021, España cuenta con 8.131 municipios

Recordemos que los Arts. 137, 140 y 141 de la Constitución española de 1978 garantizan la autonomía local y la existencia de los municipios como entidades locales en todo el territorio nacional; asimismo, el Art. 148.1.2 de nuestra ley fundamental establece que: Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local».

En ese sentido, Galicia –por citar la única comunidad autónoma donde, en lo que va de siglo, como veremos a continuación, se han fusionado estos núcleos de población– asumió la competencia exclusiva en materia de alteración de términos municipales en el Art. 27 de su Estatuto de Autonomía [Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril: «Organización y régimen jurídico de las comarcas y parroquias rurales como entidades locales propias de Galicia, alteraciones de términos municipales comprendidos dentro de su territorio y, en general, las funciones que sobre el régimen local correspondan a la Comunidad Autónoma al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución y su desarrollo»] y la desarrolló en los Arts. 12 a 39 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia [«De las alteraciones de los términos municipales»].

Con esa base normativa, en la práctica reciente, solo contamos con dos ejemplos de fusiones; la excepción en un país que, en 2021, contaba con 8.131 municipios (Burgos es la provincia con un mayor número: 371; mientras que la de Las Palmas solo cuenta con 34):

  1. El nuevo municipio coruñés de Oza-Cesuras se creó mediante el Decreto 83/2013, de 6 de junio, publicado en el «Diario Oficial de Galicia», de 7 de junio de 2013, y en el «BOE» de 18 de junio de 2013, por el que se aprobó la fusión voluntaria de los municipios de Oza dos Ríos y de Cesuras y se constituyó el municipio independiente de Oza-Cesuras, con la denominación de Oza-Cesuras, y capitalidad en el núcleo de población de Oza-Cesuras.
  2. Y tres años más tarde, en la limítrofe Pontevedra, se creó el nuevo municipio de Cerdedo-Cotobade, mediante Decreto 134/2016, de 22 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y el «DOG» así como en el «BOE» de 27 de enero de 2017, por el que se aprobó la fusión voluntaria de los municipios de Cerdedo y Cotobade, y se constituyó el municipio independiente de Cerdedo-Cotobade, con la denominación de Cerdedo-Cotobade, y capitalidad en el núcleo de población de A Chan en la parroquia de Carballedo.

En ambos casos, al llevar a cabo esta reordenación municipal, tanto en La Coruña como en Pontevedra, no se planteó ningún referéndum ni consulta específica a sus habitantes  –de hecho, la normativa tampoco lo contempla– sino que la decisión se adoptó por voluntad de los municipios pero sometiendo el proyecto y la documentación de la unión voluntaria a información pública y participación ciudadana durante un plazo determinado (20 y 30 días, respectivamente), con carácter previo e independiente al inicio del procedimiento de fusión.

NB: como curiosidad, la última fusión de municipios españoles del siglo XX se llevó a cabo con el Real Decreto 3183/1980, de 30 de diciembre, por el que se aprobó la fusión voluntaria de los municipios limítrofes de Junta de Río de Losa y Junta de San Martín de Losa (Burgos) en uno solo, que se denominó Valle de Losa, al que se agregaron las entidades locales menores de Barriga de Losa, Lastras de Teza, Teza de Losa y Villacián de Losa, pertenecientes al municipio de Villalba de Losa.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

El marco legal de la octava isla canaria

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Canarias. La  norma institucional básica del archipiélago fue reformada en la siguiente década mediante la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. En los dos textos, el Art. 2 reguló el ámbito territorial canario integrado por las siete Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como las Islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, agregadas administrativamente a Lanzarote, salvo la de Lobos, que lo está a Fuerteventura. Ambas disposiciones fueron derogadas por la vigente Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y, actualmente, su Art. 4 es el precepto donde se contempla que el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.

Aunque sea sutil, la diferencia que existe entre el ámbito territorial regulado en 1982/1996 y el ámbito espacial previsto en 2018 es que se continuaba hablando de siete islas pero La Graciosa lograba un estatus insular al menos diferente al de otros islotes pero sin considerarla la octava isla.

En 2013, Miguel Ángel Páez Páez –en representación de la plataforma La Graciosa Octava isla– creó una iniciativa en change.org para solicitar al Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias que se reconozca oficialmente a La Graciosa como la octava isla canaria. De la misma manera les solicitamos que se ponga en marcha una pedanía y se destine a la isla un presupuesto propio, proveniente de las tres instituciones. Con la aceptación de estas tres demandas: IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y RECURSOS consideramos que mejorará considerablemente la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes. IMPORTANTE: Aclaramos que nos solicitamos en ningún momento un Ayuntamiento o un Cabildo, lo que solicitamos es una Pedanía, una entidad local menor dependiente del Ayuntamiento de Teguise.

Al año siguiente, en 2014, aquella iniciativa logró el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias para reconocer la singularidad de La Graciosa y su Consejo de Ciudadanía [un órgano consultivo del Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote), dependiente orgánicamente de la concejalía competente en materia de participación ciudadana].



El paso definitivo se dio unos meses antes de que se aprobara el actual Estatuto de Autonomía canario con vistas a que se hubiera tenido en cuenta entonces en su redacción (algo que, como vimos, no sucedió).

El 27 de abril de 2018, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una moción para debatir la declaración de la Graciosa como la octava isla canaria habitada en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. El 25 de junio de aquel mismo año, otro grupo parlamentario (en este caso, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) adicionó una nueva enmienda solicitando tanto al Parlamento Canario como a las Cortes Generales que desarrollaran en el Estatuto el compromiso adquirido para que quede clara la existencia de La Graciosa como isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote [en referencia al mencionado municipio conejero de Teguise]. Finalmente, el 27 de junio de 2018, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado apoyó la iniciativa de declarar a La Graciosa como la octava isla canaria habitada, impulsada por el Consejo de la Ciudadanía de La Graciosa y apoyada unánimemente por las instituciones canarias.

Con esa cuando menos singular «base jurídica»–una moción aprobada por una Comisión del Senado durante la XII Legislatura– desde 2018 es habitual oír hablar de las ocho islas canarias pero, a la hora de redactar esta entrada, ni se ha modificado su Estatuto de Autonomía ni tampoco la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local para introducir como supuesto singular de Entidad Local Menor con personalidad jurídica el de una isla habitada (La Graciosa) para dotar a aquella iniciativa de un marco legal adecuado.

lunes, 27 de septiembre de 2021

El origen del «misterio de la habitación cerrada»

En su artículo “Letras con sangre. Literatura en tinta roja” [1] el doctor mexicano Rafael Moreno González se refirió al punto de partida de esta línea argumental: Con la publicación del relato titulado “Los asesinatos de la calle Morgue”, en abril de 1841, [en la revista Graham´s Magazine de Filadelfia] el escritor norteamericano Edgar Allan Poe se convirtió en el padre fundador de la narrativa policiaca, uno de los géneros más pródigos en la historia de la literatura universal. A este relato, protagonizado por monsieur Auguste Dupin, le siguieron “El misterio de Marie Roget” (1842) y “La carta robada” (1845). (…) Con esta formidable trilogía, Poe dejó establecido el arquetipo del investigador cuya capacidad de observación le permite reconstruir los hechos y, a partir de los mismos, aplicar el método deductivo que conducirá al esclarecimiento de un crimen aparentemente insoluble. De muy contados autores puede afirmarse que hayan dado origen a un nuevo género literario, pero en el caso de Poe se trata no ya de uno sino de varios: el cuento fantástico moderno; el relato de terror psicológico (sin monstruos ni fantasmas); la ciencia-ficción (anticipándose a Julio Verne); la fabulación del absurdo (antes que Kafka, Ionesco y Beckett); el llamado western (aventuras en el lejano oeste americano); la prosa poética (cultivada luego por los simbolistas) y, por supuesto, la narrativa detectivesca.

Además de sentar las bases de la narrativa policiaca, con aquel breve relato sobre un doble asesinato en la rue Morgue parisina, Poe también creó el denominado subgénero del «misterio de la habitación cerrada» [«locked-room mysteries»]: (…) Cuatro de los testigos (…) declararon que la puerta de la habitación en que fue encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye se hallaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. (…) Tanto las ventanas de la parte posterior como las de la fachada estaban cerradas y aseguradas fuertemente por dentro con sus cerrojos respectivos. Entre las dos salas se hallaba también una puerta de comunicación, que estaba cerrada (…). La puerta que conducía de la habitación delantera al pasillo estaba cerrada por dentro con llave [2].

Su premisa es todo un clásico: aparece un cadáver en un lugar que permanece cerrado (ya sea una habitación con cerrojo, la celda de un convento, el compartimento de un vagón, la trastienda de un local o el sótano de una bodega) donde la víctima ha sido asesinada sin que nadie haya podido entrar para cometer el crimen ni tampoco huir de aquel lugar y los testigos –generalmente, varias personas que siempre acaban teniendo vínculos con el fallecido y diversos motivos para poner fin a su vida– han escuchado algo sospechoso (disparo, discusión, ruidos, etc.) estando fuera de aquella habitación cerrada. A simple vista parece un enigma imposible de resolver pero nada se le escapará al protagonista, un perspicaz investigador que encontrará la solución. En el caso de Poe, el personaje del joven caballero monsieur Dupin.

Tras el relato del escritor de Boston (EE.UU.), numeroso autores continuaron su legado literario; por ejemplo: “El gran misterio de Bow” [The Big Bow Mystery (1892)] del periodista londinense Israel Zangwill; el relato “La aventura del jorobado” [The Adventure of the Crooked Man (1893], publicado en la revista The Strand e incluida posteriormente en la antología Memorias de Sherlock Holmes, personaje icónico creado por el médico británico Arthur Conan Doyle; o “El misterio del cuarto amarillo” [The Mystery of the Yellow Room (1907)], del reportero y jurista francés Gaston Leroux (célebre por su “Fantasma de la Ópera” [Le Fantôme de l'Opéra (1910)]. 
No obstante, su momento de mayor esplendor se alcanzó en el periodo de entreguerras y, en especial, durante la década de los años 30, momento en el que destacaron dos novelas: “El misterio de la mandarina” [The Chinese Orange Mystery (1934)] de Ellery Queen –que, en realidad, era el sobrenombre de los escritores estadounidenses Frederick Dannay y Manfred Bennington Lee–; y “El hombre hueco” [The Hollow Man] más conocida por el título de “Los tres ataúdes” [The Three Coffins (1935)], obra maestra del prolífico escritor estadounidense John Dickson Carr. 

Citas: [1] MORENO GONZÁLEZ, R. “Letras con sangre. Literatura en tinta roja”. Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, 2009, nº 12, pp. 79 a 94. [2] POE, E.A. Los crímenes de la calle Morgue. Ciudad de México: ILCE, p. 18.

viernes, 24 de septiembre de 2021

¿Dónde se regula el cierre patronal? [«lock-out»]

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DEJ) lo define como la potestad del empresario para proceder al cierre de la empresa si se producen situaciones de huelga u otras alteraciones colectivas en la prestación del trabajo, que puedan repercutir en la adecuada protección de las personas, los bienes y las instalaciones de la empresa. A la hora de redactar esta entrada, en España, su marco legal vigente continúa siendo una norma preconstitucional: el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (también conocido por su abreviatura: RDLRT). En plena transición, el nuevo marco político aconsejaba una profunda reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de las relaciones de trabajo, en consonancia con los sistemas jurídicos imperantes en los países de Europa Occidental de nuestro mismo contexto cultural. Y entre sus modificaciones más trascendentes, el preámbulo destacó el cierre patronal, sólo válido el de respuesta, no precisa de autorización administrativa, lo que supone la atribución a la jurisdicción laboral del enjuiciamiento de la licitud o ilicitud del mismo y de sus efectos.

Hoy en día, aún se regula en los Arts. 12 a 14 RDLRT. El primero de estos preceptos dispone que: Uno. Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las circunstancias que siguen: a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca. c) Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción. Dos. El cierre patronal, efectuado dentro de los términos establecidos en el presente Real Decreto-ley, producirá respecto al personal afectado los efectos previstos en los párrafos uno, dos y tres del artículo seis del mismo.

A continuación, el Art. 13 RDLRT contempla que: Uno. El empresario que al amparo de lo prevenido en el artículo anterior procediera al cierre del centro de trabajo, deberá ponerlo en conocimiento de la Autoridad laboral en el término de doce horas. Dos. El cierre de los centros de trabajo se limitará al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la empresa, o para la remoción de las causas que lo motivaron. Por último, el Art. 14 RDLRT señala que: El empresario que hubiera acordado el cierre del centro de trabajo al amparo de lo prevenido en el artículo doce y que no lo hubiera reabierto a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, deberá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines por la Autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio requerimiento, incurriendo en caso contrario en las sanciones previstas en el artículo quince.

Tres años más tarde, el 14 de octubre de 1980, más de cincuenta diputados interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las normas contenidas, entre otros, en los títulos I y II (artículos 1 al 26) del Real Decreto-ley 17/1977, para que declarase la inconstitucionalidad de las referidas disposiciones y en consecuencia la nulidad de las mismas (cierre patronal incluido).


Nuestro órgano de garantías dictó la conocida sentencia 11/1981, de 8 de abril, del Tribunal Constitucional, en la que podemos destacar algunos de sus fundamentos: El cierre no es una «huelga de patronos». Su práctica sólo reviste significación colectiva por la pluralidad de trabajadores afectados. En el cierre no hay reivindicación, sino defensa. (…). Como se ha dicho acertadamente, la huelga es un «contrapeso», que tiene por objeto permitir que las personas en estado de dependencia salarial establezcan una nueva relación de fuerzas en un sentido más favorable para ellas. Tiende a restablecer el equilibrio entre partes de fuerza económica desigual. En cambio, «lock-out» es una mayor dosis de poder que se otorga a una persona que tenía poder ya desde antes. He aquí por qué el régimen jurídico no puede ser idéntico. Además de ello, se puede señalar que, en ocasiones el «lock-out» es una retorsión, que se utiliza como sanción de la huelga después de que ésta ha acabado. Por ejemplo, si después de una huelga de diez días el patrono cerrara cinco. En este caso, en la medida en que se está sancionando económicamente (con la pérdida de unos salarios) el haber hecho huelga o el haber participado en ella, el resultado es jurídicamente inadmisible, porque la utilización de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción. Lo mismo ocurre cuando el «lock-out» se utiliza como medida por virtud de la cual el empresario trata de hacer inefectiva la decisión de los huelguistas de poner fin a la huelga y volver al trabajo. De aquí se puede extraer la conclusión de que en todos aquellos casos en que el «lock-out» o cierre patronal vacía de contenido el derecho constitucional de hacer huelga o se alza como barrera que lo impide, el «lock-out» no puede considerarse como lícito, porque un simple derecho cívico impide un derecho fundamental (…).

Y añade: No puede decirse lo mismo en aquellos casos en que el poder de cierre se le otorga al empresario como lo que se puede llamar un poder de policía. Se entiende que el empresario tiene un poder de policía y un deber de asegurar el orden dentro de su empresa, cuando puede crearse una situación de peligro para la vida, la integridad física, las instalaciones o los bienes por la desorganización que las medidas de conflicto adoptadas por los trabajadores conllevan. De esta suerte se puede llegar a la conclusión de que no es contrario a nuestra Constitución el poder de cierre patronal como poder de policía para asegurar la integridad de personas y de bienes, siempre que exista una decidida voluntad de apertura del establecimiento una vez desaparecido el riesgo y que es contrario a la Constitución todo tipo de cierre que vacíe de contenido o impida el derecho de huelga. Apurando todavía más la argumentación, se puede llegar a la conclusión de que la potestad de cierre de los empresarios reconocida en el Art. 12 del Real Decreto-Ley 17/77, no es inconstitucional si se entiende como ejercicio de un poder de policía del empresario dirigido exclusivamente a preservar la integridad de las personas, los bienes y las instalaciones y limitado al tiempo necesario para remover tales causas y para asegurar la reanudación de la actividad, como dice el Art. 13.

Entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al cierre patronal podemos destacar el voto particular del magistrado Luis Fernando de Castro Fernandez en la sentencia 4395/2010, de 12 de mayo, al considerar que: (…) se ha de destacar la preeminencia del derecho de huelga frente al de cierre patronal, pues la circunstancia de que la propia Constitución Española sitúe en planos distintos las medidas de conflicto colectivo [Art. 37 ] y el derecho de huelga [Art. 28], permite concluir que la CE no se funda en el principio de la igualdad de armas o paridad de trato entre las medidas de conflicto nacidas en campo obrero y las que tienen su origen en el sector empresarial. Las diferencias entre una y otra figura son importantes: la primera de ellas se refiere a la libertad de trabajo, pues en tanto huelguistas son exclusivamente aquellos asalariados que han decidido libremente participar en el movimiento reivindicativo, frente a ello, la decisión de cierre afecta no sólo al personal conflictivo, sino también al personal pacífico, cuyos derechos y cuya libertad resultan gravemente lesionados; pero también las diferencias son ostensibles en el respectivo fundamento de ambas figuras, pues en tanto la huelga es un «contrapeso», que tiende a restablecer el equilibrio entre partes de fuerza económica desigual, el «lock-out» significa -contrariamente- atribuir una mayor dosis de poder a quien ya lo tenía antes. Y estas diferencias son las que justifican que su régimen jurídico no pueda ser idéntico (STC 11/1981, de 8/Abril) (…).

Por último, legislativamente hablando, junto al mencionado marco establecido por el RDLRT, otras normas del ordenamiento jurídico español también se refieren al cierre patronal; por ejemplo:

  • En el Art. 8 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) se enumeran las infracciones muy graves e incluye: (…) 9. La negativa del empresario a la reapertura del centro de trabajo en el plazo establecido, cuando fuera requerida por la autoridad laboral competente en los casos de cierre patronal.
  • En la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), su Art. 144.5 dispone que: La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal. A continuación, el Art. 166.7 contempla que Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social. Y, por último, el Art. 173.3 regula que: Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador no tendrá derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.

Pinacografía: Jane Palmer | Lockdown Padlock #2 (2021). Catherine Wallace | Rusty Lock (s. XXI).

miércoles, 22 de septiembre de 2021

La jurisprudencia española sobre la «Plea bargaining»

Como hemos visto en numerosas series de televisión y películas del subgénero judicial estadounidenses podríamos decir que el «Plea bargaining» se caracteriza porque la fiscalía negocia los cargos que se le van a imputar al acusado en un proceso penal así como su posible condena “regateando” un acuerdo con su defensa que satisfaga los intereses de ambas partes. En opinión del profesor Rodríguez García: Estas negociaciones siempre han sido parte integrante del sistema procesal norteamericano, experimentando un gran auge, proporcional al declive de los juicios con jurado, con lo que las “pleas” facilitaban la individualización de la pena, ayudaba a los Jueces y prosecutors a encontrar la sentencia que fuera más apropiada para el acusado, por lo que éstos se veían favorecidos al recibir unas penas menos severas en comparación con la que recibían aquellos que habían sido condenados en juicio; de modo que, se ha convertido en la institución más importante y poderosa que existe en el sistema judicial norteamericano [A].

En la didáctica sentencia 19250/2007, de 12 de julio, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [1], reiterando el mismo criterio que en otras dos resoluciones, el magistrado ponente señaló que: (…) En la mayoría de los procesos penales en Estados Unidos (…) los reconocimientos y declaraciones de culpabilidad provienen de acuerdos entre la acusación y defensa. Las tres alternativas básicas de la negociación (plea bargaining) son:

  1. Acuerdo permitiendo al acusado declararse culpable de un cargo menor que el que podría probarse.
  2. Declararse culpable on the nose, o sea, del cargo formulado por la acusación, con la promesa de alguna forma de atenuación, como por ejemplo, una petición de que se imponga condena condicional; y
  3. Declararse culpable on the nose con la promesa de desistir o no formular otros cargos posibles.

Es decir, el «Plea bargaining» es una institución de origen anglosajón pero –como recuerda la sentencia 227/2019, de 25 de febrero, de la Audiencia Provincial de Sevilla [2]– no existe (…) en nuestra Ley Rituaria vigente (en referencia a la Ley de Enjuiciamiento Criminal española).

Aun así, la sentencia 3979/2001, de 16 de mayo, el Tribunal Supremo [3] señaló que: (…) En el oscuro e intrincado espacio delictivo de la droga son rarísimas las denuncias concretas de ciudadanos particulares pero no es infrecuente que personas implicadas en la trama delictiva se muestren dispuestas a colaborar con la Justicia, lo que ha de tener relevancia jurídico-penal favorable, que en el mundo anglosajón es el llamado plea bargaining, y en la mayoría de los países de nuestros entorno natural, europeo e hispanoamericano, se recoge con unas u otras modulaciones y entre nosotros "ex novo" con el art. 376 del nuevo Código Penal de 1995, coincidiendo con los criterios de NNUU [Naciones Unidas] en sus reuniones de Aruba y Moscú de septiembre y noviembre de 1990 en las que se instó a los Estados a tomar iniciativas en esta materia y todo ello sin perjuicio, como se sostiene con razón en el recurso, de adoptar con prudencia las necesarias precauciones para evitar desviaciones inadmisibles.

En la denominada «jurisprudencia menor» destaca otra sentencia, en este caso, de la Audiencia Provincial de Córdoba, la 730/1999, de 19 de junio, al fallar que: (…) la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de julio de 1998 tras afirmar que "Si acudimos al Derecho Comparado, por lo que respecta a la legislación norteamericana en el Congreso de Compatibilización de Leyes de Lucha contra la Narcocriminalidad, celebrado en Buenos Aires en agosto de 1.993, los representantes de la DEA señalaban en su Exposición que "en los Estados Unidos los acusados criminales tienen tres opciones:

  1. Declararse no culpable,
  2. Declararse culpable, ó
  3. Con el consentimiento de la Corte, llegar a un acuerdo para reducir su pena a cambio de información, un ruego de "nolo contendere".

La petición para reducción de pena (plea bargaining), es el procedimiento por el cual el acusado se declara "culpable" a cambio de que el gobierno le conceda indulgencia, hasta el punto que la mayoría de los casos criminales en los Estados Unidos se procesan a través del procedimiento de reducción de pena en vez de a través de un juicio”.

En España, el «Plea bargaining» se enmarca en el ámbito más amplio de lo que viene denominándose «justicia penal negociada».

Citas: Bibliografía: [A] RODRÍGUEZ GARCÍA, N. La justicia penal negociada. Experiencias de derecho comparado. Salamanca. Universidad de Salamanca, 1997, p. 31. Jurisprudencia: [1] ECLI:ES:TSJM:2007:19250. [2] ECLI:ES:APSE:2019:227. [3] ECLI:ES:TS:2001:3979. [4] ECLI:ES:APCO:1999:730.

lunes, 20 de septiembre de 2021

La tipología criminal de Ferri según los personajes de Shakespeare

Enrico Ferri (San Benedetto Po, 1856 - Roma, 1929) fue uno de los tres grandes teóricos de la Escuela Positiva italiana, junto a Cesare Lombroso (Verona, 1835 - Turín, 1909) y Raffaele Garofalo (Nápoles, 1851 - 1934). A pesar de sus diferencias y quizâs precisamente gracias a ellas, estos tres hombres se complementan y por lo mismo dan vida a la nueva Escuela con su trabajo en equipo: Lambroso es el fundador y antropôlogo, Ferri el propagador y sociólogo, y Garofalo el estabilizador y jurista [1]. Según el profesor Manzanera: Para Enrico Ferri, la Escuela Positiva consiste en lo siguiente: estudiar el delito, primero en su génesis natural, y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente a las varias causas que lo producen los diversos remedios, que por consiguiente serán más eficaces (…). Para los positivistas, algunos criminales, por sus anomalías orgánicas y psíquicas hereditarias o adquiridas, constituyen una clase especial, una variedad de la especie humana. No hay un acuerdo en cuanto a cuáles son los tipos criminales, y de hecho hay tantas tipologías como tratadistas, pero todas parten de la clasificación lombrosiana [2].

Con una vida por demás productiva y multifacética [2], Ferri también elaboró su propia tipología que suele tomarse como una de las clasificaciones paradigmáticas del positivismo criminológico. Consta de cinco miembros, al que se une un sexto en las adiciones a la quinta edición de la “Sociología Criminale”: delincuente nato, delincuente loco o alienado, delincuente pasional, delincuente ocasional, delincuente habitual y pseudodelincuente o delincuente involuntario [3]. Una clasificación que, para este autor lombardo, era solo un instrumento de trabajo; es decir, no se trataba de verdaderos “tipos” reales sino de ideales.

Profundizando en ese concepto, en 1892, Ferri dio una conferencia en Pisa sobre los Delinquenti nell' Arte que, en los dos años posteriores, volvió a impartir no solo en otras ciudades italianas sino también en Bruselas, en diciembre de 1895, in un francese temerario, como él mismo reconoció con humor [4]. Al año siguiente el contenido de aquella charla se convirtió en el libro I delinquenti nell'arte [“Los delincuentes en el arte”] que publicó en Génova (1896). Se trata de una obra muy singular y amena donde, entre otros nombrs propios de la Literatura (Zola, Víctor Hugo, Dostoievski, Tolstói o D´Annuzio), el positivista analizó las tres figuras más características de su tipología –los delincuentes nato, loco y pasional– según los personajes creados por William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564 - 1616) para identificarlos con los dramas de Macbeth, Amleto y Otello (en italiano).

El catedrático Bernaldo de Quirós lo explicó así: (…) En este libro es verdaderamente sugestivo el capítulo dedicado a los delincuentes en la obra de Shakespeare, porque son páginas inolvidables las que Ferri dedica a mostrar la figura del delincuente nato en MacBeth, la figura del delincuente loco en Hamlet y la del delincuente pasional en Otelo [5].

El propio Ferri consideró que la descrizione psicologica più geniale ed ancora insuperata di questi tre tipi di uomo delinquente è data dai drammi Shakespeariani [4].:

  • Macbeth: (…) el delincuente nato que no siempre es un tipo feroz como ahora muchos creen, que ya están acostumbrados a las crónicas judiciales y publicaciones científicas (…), para hablar de este tipo antropológico, pero también puede ser, además del asesino frío y salvaje, el violador violentamente brutal o el obsceno refinado en su perversión sexual por anomalía congénita o el ladrón y el estafador (…).
  • Hamlet:  (…) por delincuente loco entendemos, de manera especial, el que une la neurosis criminal con una forma de alienación mental bien definida y ya conocida en los cuadros clínicos, lamentablemente cada vez más poblados, de la psicopatología.
  • Otelo: el omicida per passione, en el que la expansión del sentimiento está mal retenida y se escapa con gran fuerza, como el vapor que sobrepasa la fuerza de las válvulas [4].

Pompero M. Molmenti | La muerte de Otelo (1866)

Citas: [1] LANDECHO VELASCO, C. La tipificación lombrosiana de delincuentes. Madrid: Universidad de Madrid, 1967, p. 27. [2] RODRÍGUEZ MANZANERA, L. Criminología. Ciudad de México: Porrúa, 2ª ed., 1981, pp. 217, 239 y 243. [3] GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch, 4ª ed., 2009, p. 399. [4] FERRI, E. I delinquenti nell'arte. Génova: Ligure, 1896, prefacio y pp. 18, 26, 42 y 61. [5] BERNALDO DE QUIRÓS, C. Cursillo de Criminología y Derecho Penal. Ciudad Trujillo: Montalvo, 1940, p. 20.

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