lunes, 28 de septiembre de 2015

¿Qué son las Instituciones Fiscales Independientes?

En 1945, el Gobierno de los Países Bajos creó en La Haya el primer organismo para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, el crecimiento y el bienestar: la Centraal Planbureau [CPB]. En las siguientes décadas, otras naciones –como Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Austria, Corea del Sur, Suecia y Canadá– establecieron sus propias autoridades pero fue, a partir de 2009, con los efectos de la crisis que hizo tambalear la economía mundial, cuando se hizo patente la necesidad de garantizar una estabilidad en los presupuestos públicos y se generalizó la creación de estos organismos: las Independent Fiscal Institutions. Ese mismo año, la OCDE estableció la Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions que, desde entonces, se reúne anualmente, para recomendar qué principios deben guiar sus actuaciones. Hoy en día, más de 80 países han puesto en marcha sus propias autoridades –por ejemplo, Portugal en 2011 e Italia y Francia en 2012– con el objetivo primordial de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas gracias a sus tres señas de identidad: 1) Transparencia: al facilitar la publicación y transmisión de datos así como los posibles sesgos de las proyecciones fiscales y macroeconómicas. 2) Disciplina: al proporcionar una fuente independiente, no expuesta a la presión de grupos de interés, y apostar por objetivos financieros a medio plazo, que dejan de lado la presión que pueden tener los políticos ante inminentes citas electorales; y 3) Coordinación: al internalizar los casos que provienen de la indisciplina fiscal.

En España, nuestro ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas se denomina Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal [AIReF] y fue creada por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, para velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas. Con ese fin, la Autoridad valora las previsiones macroeconómicas que se incorporan a los proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo y analiza la implementación y la ejecución de las políticas fiscales, con el objetivo de detectar, de forma temprana, las posibles desviaciones en los objetivos perseguidos.

Su establecimiento, a finales de 2013, fue posible gracias a la suma de otras dos circunstancias anteriores que propiciaron la creación de la AIReF: por un lado, la nueva redacción que se dio al Art. 135 de la Constitución Española, el 27 de septiembre de 2011 –la segunda modificación de nuestra ley fundamental desde que se proclamó en 1978– con el objetivo de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Estado; y, por otro, la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permitió la creación de un organismo independiente de control fiscal como una de las medidas de garantía de aquel mandato constitucional.

Junto a la mencionada Ley Orgánica 6/2013, la actividad de esta Autoridad se desarrolló reglamentariamente en el denominado Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que fue aprobado por el Real Decreto 215/2014 de 21 de marzo, donde se fijaron desde el análisis de los datos o las actividades del Presidente hasta el control del gasto de la propia entidad.

Con este marco normativo, la misión de la AIReF es garantizar que las Administraciones Públicas cumplirán con el principio de estabilidad presupuestaria previsto en el citado Art. 135 CE, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público. Para lograrlo, la AIReF dispone de un equipo profesional de dilatada experiencia que aspira a cumplir los objetivos encomendados, mediante la publicación de Informes, Opiniones y Estudios de manera periódica en su ámbito de responsabilidad. Su ámbito de actuación afecta a elementos clave de todas las Administraciones Públicas y, por lo tanto, a las decisiones en torno a las cuentas públicas y a los principales capítulos de gasto e inversión, como educación, sanidad y obra pública, entre otros.

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