El Art. 1 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971, hecho en Montreal (Canadá) –sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); el organismo especializado de la ONU responsable de elaborar normas de seguridad de la aviación internacional y supervisar su aplicación por los Estados– dispone que: Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente: (…) c) coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir la aeronave o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo. El denominado Convenio de Montreal de 1971 sobre sabotaje aéreo es uno de los instrumentos jurídicos internacionales adoptados en el marco de las Naciones Unidas para hacer frente al terrorismo que, sobre todo en los años 60 y 70, golpeó con insistencia a la aviación civil; junto al Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Convenio de Tokio de 1963), el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Convenio de La Haya de 1970) y su protocolo de 2010; el protocolo de 1988 al Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional; el Nuevo Convenio de Aviación Civil (Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la seguridad de la aviación civil internacional o Convenio de Beijing de 2010); y el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Montreal, 2014).
Partiendo de esta base convencional y de otros documentos marco –como el Anexo 17 del Convenio de Chicago (Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita)– actualmente, en el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la S/RES/2309 (2016), aprobada por el Consejo de Seguridad en la sesión que celebró el 22 de septiembre de 2016. Tras reconocer la vital importancia del sistema mundial de aviación al desarrollo económico y la prosperidad, la resolución expresó su preocupación por el hecho de que los grupos terroristas siguen considerando que la aviación civil es un blanco atractivo, con el objetivo de causar la pérdida de numerosas vidas humanas, daños económicos y la interrupción de la conectividad entre los Estados, y que el riesgo de atentados terroristas contra la aviación civil puede afectar a todas las regiones y Estados Miembros.
El Consejo de Seguridad onusiano –manteniendo la misma línea que ya expresó la Asamblea General en la A/RES/60/288, de 8 de septiembre de 2006 (Estrategia Mundial contra el Terrorismo)– consideró que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos.
El pequeño Boeing 247 de United Airlines que cubría la línea de Newark (Nueva Jersey) a Oakland (California) con dos breves escalas en Cleveland (Ohio), para repostar combustible, y Chicago (Illinois), explotó en el trayecto entre estas dos últimas ciudades al sobrevolar la localidad de Chesterton (Indiana) cuando detonó una bomba de nitroglicerina que seccionó la cola del resto del fuselaje al haber sido escondida en el baño o entre el equipaje, ubicados en la parte posterior. Fallecieron los tres tripulantes y los cuatro pasajeros que se encontraban a bordo de la aeronave. El FBI –que investigó el atentado con el nombre de “1933 Crash of United Airlines Trip 23 Boeing 247”– ordenó cerrar el caso en 1935 y, desde entonces, el primer sabotaje de la aviación civil continúa siendo un misterio.
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