El marco jurídico de la OHADA

El 17 de octubre de 1993, catorce Estados africanos (Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Senegal, la República Centroafricana y Togo) firmaron en Port-Louis (Mauricio) el tratado que creó la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA, por sus siglas en francés: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) con el objetivo de elaborar y adoptar normas comunes sencillas, modernas y adaptadas a la situación de sus economías; implementar los procedimientos judiciales apropiados y fomentar el uso del arbitraje para resolver las controversias contractuales. El tratado de la OHADA se revisó en Quebec (Canadá) el 17 de octubre de 2008, incorporó a otros dos nuevos países (Guinea Conakry y Guinea Bissau) y estableció su sede en la capital camerunesa: Yaundé.

La estructura de la OHADA comprende una Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno (como órgano supremo); un Consejo de Ministros (que es el órgano que adopta los denominados actos uniformes por los que se aprueban las normas comunes mercantiles a los dieciséis Estados parte); la Secretaría Permanente y un Tribunal común de Justicia y Arbitraje, cuyos laudos –dictados de conformidad con lo estipulado en el Título IV del Tratado– tienen efecto definitivo de cosa juzgada en el territorio de cada Estado parte y podrán ser ejecutadas por vía de apremio mediante un exequátur.

Desde su creación, la OHADA ya ha aprobado por unanimidad nueve actos uniformes entre los que destacan los relativos al Derecho Mercantil (1997), el Derecho Societario y las Agrupaciones de Interés Económico (1997), arbitraje (1999), contabilidad de empresas (2000) y Sociedades Cooperativas (2010). El objetivo último es crear un marco jurídico seguro para promover la integración económica y el desarrollo de estos países, garantizando las transacciones y simplificando la burocracia para crear empresas y atraer inversores extranjeros a esta región central de África. Sin duda, un buen ejemplo a seguir por el resto del continente.

¿Cuántos colegios de abogados hay en España?

El Art. 2 del Estatuto General de la Abogacía (EGA) señala que (...) En las provincias donde existe un solo Colegio de Abogados, éste tendrá competencia en el ámbito territorial de toda la provincia y sede en su capital. En las provincias con varios Colegios de Abogados, cada uno de ellos tendrá competencia exclusiva y excluyente en el ámbito territorial que tenía al promulgarse la Constitución española de 1978, cualquiera que sea el número de partidos judiciales que ahora comprenda. Por ese motivo, en nuestro país existen más Colegios que provincias: en concreto, 83; con sede en localidades como Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliú de Llobregat, Tarrasa y Vic, sólo en la provincia de Barcelona; a los que hay que añadir: Alcoy, Elche y Orihuela (Alicante); Gijón (Asturias); Jerez de la Frontera (Cádiz); Lucena (Córdoba); Ferrol y Santiago de Compostela (La Coruña); Figueras (Gerona); Arrecife de Lanzarote (Las Palmas de Gran Canaria); Alcalá de Henares (Madrid); Antequera (Málaga); Cartagena y Lorca (Murcia); Estella, Tafalla y Tudela (Navarra); Vigo (Pontevedra); Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife); Reus y Tortosa (Tarragona); Talavera de la Reina (Toledo) y Alcira y Sueca (Valencia).

Aunque suele decirse que el primer Colegio de Abogados español fue el de Madrid, lo cierto es que ese honor le corresponde al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el ReICAZ, que, además de ser el más antiguo es el único que ostenta el título de Real por concesión de Carlos III. Sus primeras ordenanzas datan del 15 de mayo de 1578 aunque se tiene constancia de que el Colegio ya existía en el siglo XIV gracias al beneficio otorgado en el testamento de unos infanzones a favor del pavostre (mayordomo) de la Cofradía de San Ivo, precedente histórico del actual Colegio zaragozano. Esto ocurrió el 10 de mayo de 1399 en la villa de Bordón (Teruel) y es, por ahora, la referencia más antigua de la que se tiene conocimiento.

Después se fundaron los Colegios de Valladolid (1592) [ICAVA], Madrid (1595) y, más adelante, los de Sevilla, Granada, Valencia, Córdoba y Málaga, bien entrado ya el siglo XVIII; cien años más tarde, todavía se establecerían Colegios tan importantes como el de Barcelona, el 17 de enero de 1833, o el del Señorío de Vizcaya, en Bilbao, el 11 de julio de 1838.

La importancia del Colegio zaragozano volvió a ponerse de manifiesto durante la postguerra –en 1942– cuando el decano del ReICAZ, Emilio Laguna, tomó de nuevo la iniciativa para dotar a todos los Colegios de Abogados españoles de un nexo de unión similar al de los notarios. En aquel escrito del decano aragonés se resumía la situación de la abogacía española, prestando una especial atención al problema que suponía extender la jurisdicción castrense a delitos que iban más allá de lo estrictamente militar. A partir de aquel momento, el decano de Madrid, Antonio Goicoechea, recogió el testigo centrando su trabajo en la creación de una Mutualidad para la Abogacía y en la supresión de cualquier impedimento para que los letrados pudieran intervenir ante los tribunales de cualquier jurisdicción.

El 12 de junio de 1943, los decanos de Madrid, Navarra, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Valladolid, Burgos, Cáceres y Albacete aprobaron, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, el primer proyecto de normas de funcionamiento y composición de lo que hoy es el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Colegios de Abogados de España.

El [lejano] origen del salario mínimo interprofesional

El Art. 27 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo) establece que, anualmente, el Gobierno fijará el salario mínimo interprofesional, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta: a) El índice de precios al consumo. b) La productividad media nacional alcanzada. c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y d) La coyuntura económica general. Asimismo, este artículo prevé la posibilidad de que, si no se cumplen las previsiones sobre el IPC, aquel importe se revisará semestralmente; y que la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) es inembargable. En cumplimiento de ese mandato legal, el Ministerio de Trabajo, o de Empleo (según la denominación que utilice cada Gobierno), establece el SMI mediante un Real Decreto, a finales de cada año. Actualmente, aún se encuentra en vigor el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fijó el SMI para 2012: el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes.

Si realizamos una búsqueda en la base de datos del Boletín Oficial del Estado, encontraremos referencias al SMI en numerosos textos legales españoles; por ejemplo, el Art. 28.1 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, ya previó que el Estado garantizará un salario mínimo interprofesional suficiente en relación directa con los niveles alcanzados por el desarrollo económico nacional que permita, en todo caso, al trabajador y su familia una vida moral y digna. Anteriormente, el Art. 11.2 de la Ley 1/1969, de 11 de febrero, por la que se aprobó el II plan de Desarrollo Económico y Social, también reguló que, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, el Gobierno fijará cada año, con efectos de primero de abril, el salarlo mínimo interprofesional, teniendo en cuenta, entre otros factores, los índices oficiales del coste de la vida, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la Renta Nacional y la coyuntura general de la economía. Y podríamos retroceder mucho más porque el origen del SMI es más antiguo de lo que pudiera parecer y se encuentra, justo, en nuestras antípodas.

Desde el punto de vista laboral, el siglo XIX fue muy conflictivo en Nueva Zelanda: en 1821, los maoríes dejaron de trabajar para exigir que se les pagara con dinero y no en especie; en 1840, el carpintero inglés Samuel Parnell logró convencer al resto de inmigrantes para que sólo trabajaran ocho horas diarias (con la amenaza de que el obrero que hiciera horas extras, sin cobrarlas, sería arrojado al puerto de Petone Beach, cerca de Wéllington); en 1848, los trabajadores maoríes volvieron a declarase en huelga para cobrar el mismo sueldo que sus compañeros de otras etnias y, finalmente, en 1890 estalló una huelga general por el comercio marítimo con Australia.

Para solucionar estas conflictivas relaciones laborales, el Gobierno de los liberales recurrió a la tradición neozelandesa del arbitraje y, en 1894, aprobó la Industrial Conciliation and Arbitration Act, la ley que permitió resolver cualquier conflicto acudiendo a una Junta de Conciliación formada por árbitros seleccionados por representantes de la patronal y los trabajadores. Fue en ese marco negociador, y para evitar desigualdades entre los obreros, donde se determinó por primera vez el importe del salario mínimo interprofesional. Un sistema que pronto se implantó con éxito en la vecina Australia antes de llegar a Europa durante las primeras décadas del siglo XX.

Palabras sueltas (XIV): los sistemas pensilvánico, auburniano y progresivo

A comienzos del siglo XIX, en Estados Unidos se fueron desarrollando los dos primeros de los tres grandes sistemas penitenciarios contemporáneos. En dos localidades de Pensilvania –Pittsburgh (1818) y Filadelfia (1829)– se construyeron prisiones en las que –de acuerdo con los ideales religiosos de William Penn– se mantenía aislados a los reclusos en sus celdas durante todo el día con la intención de que recapacitasen y se arrepintieran de sus acciones delictivas, en completa soledad, de modo que ninguno pudiera ejercer una mala influencia sobre los demás. Fue el denominado sistema celular, filadélfico o pensilvánico que fracasó, precisamente, por el carácter tan absoluto del aislamiento al que se sometía a los presos, dañándolos física y mentalmente y dificultando su posible reinserción social. El capitán Elam Lynds –primer alcaide de Sing Sing y defensor del uso del látigo para imponer disciplina– creó entonces el denominado sistema auburniano o neoyorquino, en la década de 1820, en la penitenciaría de Auburn, Nueva York. En este método, aunque se mantenía el aislamiento nocturno, se permitía a los presos que convivieran durante el día para realizar diversas tareas comunes –como fabricar escobas o muebles– pero manteniendo siempre un estricto código de silencio.

¿Llegaron a aplicarse estos sistemas penitenciarios en España? Sí. Veamos dos ejemplos:

• Sistema celular o de Filadelfia: con arreglo a él se construyó la primera gran prisión celular que se levanta en España, (...) la primera piedra de la cárcel modelo de Madrid, que será sin duda alguna edificio que reúna los adelantos de la ciencia moderna , los cuales le colocarán entre los mejores y más notables de Europa (preámbulo del Real decreto creando una Junta de reforma penitenciaria é institución de Patronatos en beneficio de los penados cumplidos y de los niños abandonados, de 31 de enero de 1877).
• Sistema mixto o auburniano: lo encontramos en la exposición de motivos del decreto de 30 de noviembre de 1870 autorizando la construcción en la ciudad de Alcalá de Henares una penitenciaría así como la rehabilitación de los edificios que se citan: (...) Condenado tiempo há por la ciencia y por la práctica el sistema de presidios que en España, como en otros países de Europa, sucedió al de las antiguas galeras, hora es ya de iniciar á todo trance una reforma que imperiosamente reclaman la justicia y la humanidad. Sustituir al presidio la penitenciaría y buscar en el castigo, no sólo la acción penal, sino el medio de rehabilitar ai delincuente, son mejoras tan favorables á los fines de la sociedad como á los intereses del Estado. Las Cortes Constituyentes no desatendieron necesidad tan apremiante, y en la ley de 11 de octubre de 1869 fijaron las bases de la reforma, adoptando el sistema de Auburn, misto ó mitigado, cuyos elementos fundamentales son el trabajo en común durante el dia y el aislamiento celular durante la noche.

Vasili Georgievich Malyschev
Una escena de la calle, fuera de una prisión (1868)

Para el intelectual madrileño Constancio Bernaldo de Quirós (1873-1959): (...) tanto el sistema celular absoluto por el estilo de la cárcel de Filadelfia [aislamiento nocturno y diurno en la celda], como el sistema de la cárcel de Auburn [que no implica el aislamiento continuo, nocturno y diurno, sino solamente nocturno, y que durante el día, le reemplaza por la ley del trabajo en común bajo la regla del silencio] están absolutamente condenados por la ciencia moderna, pues quitan al criminal toda energía, enervan su alma debilitándola y espantándola y presentan por último, una momia disecada medio loca como un modelo de arrepentimiento y enmienda [BERNALDO DE QUIRÓS, C. Cursillo de Criminología y Derecho Penal. Ciudad Trujillo: Montalvo, 1940, pp. 208 y 209].

Paulatinamente, a este lado del Atlántico, en cambio, aquella idea del aislamiento se sustituyó por otra propuesta basada en la evolución individual de cada preso, dando lugar a los llamados sistemas progresivos penitenciarios donde el periodo de reclusión se dividía en diferentes grados, de modo que el interno pudiera avanzar de una fase a la siguiente y obtener mejores condiciones de vida (progresión de grado) o retroceder (regresión de grado) si empeoraba su conducta. En la actualidad, el Art. 106 del Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) establece este método: La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad. (…) La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno. 

Como curiosidad, el sistema penitenciario progresivo se implantó en España el 5 de mayo de 1913 por el Real decreto disponiendo que la organización del personal de las Prisiones, así como el régimen y funcionamiento de éstas, se sujeten á las disposiciones que se publican, y perfeccionando en la forma que se indica los importantes servicios penitenciarios; en concreto, su Art. 236 dispuso que: El régimen de las prisiones destinadas al cumplimiento de condenas se ajustará al sistema progresivo, siempre que sea posible y lo permitan las oondiciones de los edificios (...); pero su origen se remonta al siglo XIX. (...) en España, gracias al Coronel Montesinos [se refiere a Manuel Montesinos y Molina (1792-1862)], nació el conocido en términos generales como sistema progresivo [que] se inspira en la ideología humanista y reformadora, mucho más centrado en la persona que en el delito una vez que éste ha sido cometido [SOLAR CALVO, P. El sistema penitenciario español en la encrucijada: una lectura penitenciaria de las últimas reformas penales. Madrid: BOE, 2019, p. 53]; una propuesta que el que fuera comandante del presidio de Valencia resumía en la siguiente frase: La prisión solo recibe al hombre. El delito se queda a la puerta. 

Para concluir, el profesor Serrano Patiño nos recuerda que el sistema progresivo estuvo vigente en nuestro país hasta 1979 en el que con motivo de la Ley orgánica General Penitenciaria se sustituyó por el sistema de la individualización científica separado en grados, contemplándose como tercer grado un sistema abierto y en el último periodo, el de la libertad condicional, siendo la clave de bóveda para la progresividad, la buena evolución del interno con independencia del tiempo de su condena [SERRANO PATIÑO, J. V. "Evolución histórica del sistema penitenciario militar". En: MATA Y MARTÍN, R. M. Hitos de la historia penitenciaria española. Del Siglo de oro a la Ley General Penitenciaria. Madrid: BOE, 2020, p. 102]. Se refiere al Art. 72.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, donde se dispone que: Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal.

Recaudar el zakat no es colaborar con el terrorismo

El 9 de junio de 2011, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional condenó al marroquí W. Lotfi como autor criminalmente responsable de un delito de colaboración con organización o grupo terrorista, a la pena de cinco años de reclusión. La sentencia de este órgano consideró probado que el condenado –afín por sus ideas radicales a la ideología Salafista-Jihadista patrocinada por diferentes grupos terroristas (…) que se mueven dentro de la órbita marcada por Al-Qaeda, cuyo objetivo es el establecimiento de un estado islámico universal bajo el amparo de la Sharia– se venía reuniendo, desde el año 2000, con otros individuos de similar ideología, todos ellos musulmanes en una carnicería de Burgos regentada por su amigo B. Maghder, que fue detenido en Marruecos, el 30 de diciembre de 2002, por su participación en los atentados terroristas de Casablanca, de mayo de aquel año.

Los amigos del carnicero continuaron reuniéndose en su tienda de la ciudad castellana y, desde noviembre de 2003 hasta octubre de 2007, Lotfi ayudó a solicitar el zakat (una de las cinco obligaciones de culto individual de los musulmanes, junto a la profesión de fe, las oraciones diarias, el ayuno del Ramadán y la peregrinación a los lugares sagrados de La Meca) entre los demás miembros de la comunidad musulmana –aportando también él parte del dinero– para enviárselo a la mujer de Maghder y atender sus gastos mientras [su marido] estuviera en prisión. Esta contribución recaudando el zakat era, según el criterio de la Audiencia Nacional, colaboración con organización terrorista.

El condenado interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que lo acabó absolviendo en la STS 4781/2012, de 19 de junio. El tercer fundamento de derecho de esta sentencia considera que, en este caso, no concurrían los elementos del delito de colaboración con organización terrorista porque: en primer lugar, no consta en la causa ninguna prueba que demuestre que Maghder, preso en Marruecos, pertenezca a una organización terrorista, luego falla la premisa para subsumir la conducta del acusado en el Art. 576 CP [será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista] porque, tal y como se dijo en la STS 493/2010, de 25 de abril, el tipo penal de colaboración de este artículo sólo está referido a conductas consistentes en poner a disposición de una organización, banda o grupo terrorista informaciones, medios económicos y de transporte, infraestructura o servicios de cualquier tipo, que aquella obtendría más difícilmente sin dicha ayuda externa; y, en segundo lugar, el destinatario último del dinero recaudado no era el carnicero preso en un cárcel marroquí sino su esposa, y ayudar económicamente a la esposa o a los familiares de una persona que se halla presa por una condena por un delito de terrorismo no es, obviamente, financiar el terrorismo. Y no ya solo porque no consta que la persona presa esté integrada en una organización terrorista, tal como se acaba de argumentar, sino porque, además, el ayudar a sus familiares por razones humanitarias es claro que no es una conducta tipificada como ayuda a la organización terrorista a la que pudiera pertenecer el preso.

Finalmente, la sentencia del Supremo apoya sus argumentos en una comparación difícilmente refutable: conviene recordar que incluso las instituciones oficiales prestan ayuda económica mediante subvenciones a los familiares de los presos de ETA que se hallan internados en el País Vasco, sin que desde luego ello pueda subsumirse en ninguna clase de colaboración por terrorismo (…) Si las instituciones oficiales y las asociaciones privadas pueden asignar subvenciones a los familiares de los presos por delitos de terrorismo, es claro que no puede punirse la conducta de los amigos y allegados consistente en asignar sumas de dinero a la esposa de una persona que se halla presa por delito de terrorismo. Ello no puede entenderse por tanto como un delito de colaboración con terrorismo.

Alcaldesas españolas: de la primera a las últimas

Casualidades de la vida, la primera alcaldesa española fue coetánea y paisana de la primera abogada. Durante el gobierno de Primo de Rivera, el 9 de marzo de 1924 se publicó el Estatuto Municipal que permitía a los gobernadores provinciales designar para este cargo público a determinadas mujeres capacitadas (mayores de 25 años, que supieran leer y escribir y que fuesen cabeza de familia). La alicantina Matilde Pérez Mollá (1858 – 1936) era viuda de un notario, culta y disponía de una vida acomodada; por lo que reunía el perfil adecuado para ser nombrada (no elegida) alcaldesa del municipio de Quatretondeta (Alicante). Durante su mandato de casi seis años (1924 – 1930), construyó la primera carretera asfaltada que unió al pueblo con el vecino municipio de Gorga y llevó el alumbrado a las casas.

Por sufragio universal, suele atribuirse el reconocimiento como primera alcaldesa española elegida democráticamente a María Domínguez Remón (1882 – 1936), regidora de la localidad zaragozana de Gallur, en 1932.

Actualmente –según los datos elaborados por el Instituto de la Mujer– de las 8.078 alcaldías que se eligieron en las urnas en las últimas elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, el 16,77% de los ayuntamientos españoles están presididos por mujeres. Por autonomías, el mayor porcentaje de regidoras locales se da en la Comunidad de Madrid (23,89%) y el menor en Galicia (7,62%).

El delito de derrotismo

Probablemente, esta debe ser una de las conductas delictivas más curiosas y desconocidas de nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar (CPM) castiga las acciones y omisiones, dolosas o culposas, que se castigan como delitos militares. Al regular las penas que se pueden imponer a los delitos comprendidos en este Código, el Art. 24 establece que dichas penas principales pueden ser: la prisión (en general, la pena de privación de libertad impuesta a militares oscila, según los delitos, entre los tres meses y un día y los veinticinco años y se cumplen en los establecimientos penitenciarios militares que determine el Ministerio de Defensa), la pérdida de empleo (que produce la baja del penado en las Fuerzas Armadas, con privación de todos los derechos adquiridos en ellas, excepto los pasivos), la inhabilitación definitiva para mando de buque de guerra o aeronave militar, el confinamiento (de seis meses y un día a seis años) o el destierro (de tres meses y un día a seis años). Es sorprendente descubrir que, en pleno s. XXI, un militar aún pueda ser desterrado.

En el ámbito de los delitos contra la seguridad nacional y la defensa nacional –Título I del Libro II, donde se tipifican la traición militar, el espionaje, la revelación de secretos, los atentados contra los recursos de la defensa nacional o la desobediencia– figura el delito del derrotismo (Art. 64 CPM): El que, declarada o generalizada la guerra, con el fin de desacreditar la intervención de España en ella, realizare públicamente actos contra la misma o contra las Fuerzas Armadas españolas, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión o con la de confinamiento o destierro. Con la misma pena será castigado el que en igual forma y circunstancias divulgare noticias o informaciones falsas con el fin de debilitar la moral de la población o de provocar la deslealtad o falta de espíritu entre los militares españoles. En ambos casos, si el culpable fuere militar se impondrá la pena en su mitad superior. La defensa de soluciones pacíficas a los conflictos no será considerada derrotismo bélico a los efectos de este artículo.

El derrotismo ya se tipificó como delito contra la seguridad de la patria en el anterior Código de Justicia Militar, que aprobó una Ley de 17 de julio de 1945 (Art. 264: El español que en tiempos de guerra o en preparación para ella propale o vierta especies, rumores o noticias falsas que originen depresión del ánimo público o altere y deforme los hechos con el mismo resultado, será castigado con la pena de prisión a reclusión) y, durante la II República, incluso se creó un Tribunal Especial para la represión de los delitos flagrantes de alta traición, espionaje y derrotismo mediante el Decreto de 22 de junio de 1937.

Hoy en día, cuesta compaginar este anacronismo con el derecho fundamental a la libertad de expresión, considerada ésta como uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática cumpliendo una función institucional de garantía para la formación de una opinión pública libre; pero, en el mundo castrense, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que en el ámbito militar el derecho a la libertad de expresión que se recoge en el Art. 20.1º a) de la Constitución no solo se encuentra afectado por las limitaciones generales aplicables a todos los ciudadanos, que se derivan de lo dispuesto en el párrafo 4º de dicho Art. 20 , sino también por las limitaciones específicas propias previstas para la función castrense contenidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en el Código Penal Militar y en la legislación reguladora de su régimen disciplinario, en la medida en que resultan necesarias para preservar los valores y principios esenciales de la organización militar, es decir la disciplina, la subordinación jerárquica, la unidad y la cohesión interna... (STS 1612/2011, de 25 de enero).

NB: En el nuevo Código Penal Militar -que fue aprobado por la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, y entró en vigor el 15 de enero de 2016– el delito de derrotismo (Art. 24.3º CPM) se castiga con la pena de 6 meses de prisión de 15 a 25 años –como traición– si, con el propósito de favorecer al enemigo, propalare o difundiere noticias desmoralizadoras o realizare cualesquiera otros actos derrotistas.