El primer caso que resolvió la Audiencia Nacional

El Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, creó este órgano jurisdiccional concibiéndolo sobre el modelo de las clásicas Audiencias, en cuanto órganos colegiados de la Administración de Justicia, y sin más diferencia que la de su ámbito territorial, pues mientras éstas ejercen su jurisdicción sobre una parte del territorio nacional, aquélla la extiende a la totalidad de él; con la finalidad de dedicarse al conocimiento de nuevos modos de delincuencia, de extensión e intensidad desconocidas hasta hace poco tiempo. Unas modalidades delictivas para cuya investigación y enjuiciamiento resulta inadecuada una Administración de Justicia organizada en Juzgados y Audiencias de competencia territorial limitada, por lo que se decidió establecer en Madrid un único tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de determinadas materias establecidas por la Ley (actualmente, son las atribuciones previstas en los Arts. 62 a 69 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Desde aquella norma preconstitucional, la Audiencia Nacional ha asumido competencias en tres jurisdicciones: penal (delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional, terrorismo, contra la Corona, narcotráfico a gran escala o los cometidos por españoles en el extranjero, así como las extradiciones y la ejecución de las euro-órdenes), contencioso-administrativa (conoce los recursos que se interponen contra los actos y disposiciones de la Administración Pública) y social (impugnaciones de convenios colectivos de ámbito territorial superior a una comunidad autónoma o que vayan a surtir efecto en el ámbito territorial superior al de una Comunidad); de modo que es competente en tres de las cuatro jurisdicciones españolas (solo permanece al margen de este órgano el orden civil).

Su primer caso fue la SAN 1/1978, de 5 de junio, cuando el Tribunal Supremo se declaró incompetente para conocer un recurso contencioso-administrativo y le remitió las actuaciones. La cuestión litigiosa se centraba en decidir si Autopistas Concesionarias S.A. –que, como beneficiarla de la expropiación y concesionaria de la autopista La Junquera-Barcelona pagó unos terrenos que después quedaron afectados a otra autopista distinta (la Barcelona-Tarrasa)– tenía derecho a que el Estado asumiera íntegramente el coste de aquella expropiación; teniendo en cuenta que diversos órganos administrativos habían adoptado distintos criterios sin mantener una línea uniforme: o bien se negó el daño directo actual, o se sostuvo que se trataba de un cambio de afectación dentro de lo público o se afirmó que se había producido una mutación demanial.

La primera sentencia de la Audiencia Nacional consideró que los terrenos expropiados habían sido evidentemente destinados a servicio que estrictamente no eran los que motivaron su expropiación pero que tenía que juzgar la cuestión tal y como aparecía consumada; por lo que consideró que la empresa recurrente tenía derecho a que se le abonase lo realmente pagado en su momento por dichos bienes.

El curioso caso de las «Pringles» y el IVA

El característico tubo rojo de las Pringles Original que se comercializa en España, y en el resto de Europa Occidental, se elabora en la ciudad belga de Malinas, donde la multinacional Procter & Gamble (P&G, de Ohio, EE.UU.) fabrica este aperitivo frito de sabor salado, al que en ningún momento se le denomina patata frita, que es lo que todo el mundo piensa que está comprando. Su lista de ingredientes está compuesta por: patatas deshidratadas, aceite vegetal, grasa vegetal, harina de arroz, almidón de trigo, emulgente: E-471, maltodextrina, sal y almidón de arroz modificado. En Gran Bretaña, el hecho de que este producto se defina, en inglés, como savoury snack en lugar de potato chips o crisps, fue trascendental para intentar que las Pringles estuvieran gravadas con el tipo impositivo 0 (zero-rating) del IVA británico, en lugar del general (17,5%) que le habría correspondido si fueran patatas fritas.

Como sucedió en el resto de la Comunidad Europea, la creación del mercado interior implicó la supresión de las fronteras fiscales y exigió una nueva regulación específica a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. España adaptó la famosa sexta directiva comunitaria mediante la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA; y Gran Bretaña aprobó la Value Added Tax Act de 1994, donde se regula (Grupo 1 del Anexo 8) que, en principio, todos los alimentos para el consumo humano se gravan con el 0%, exceptuando siete grupos de comidas y bebidas que se describen a continuación, entre los que figuran: Any of the following when packaged for human consumption without further preparation, namely, potato crisps, potato sticks, potato puffs, and similar products made from the potato, or from potato flour, or from potato starch (básicamente, los productos envasados que se destinan al consumo humano, sin ulterior preparación y que sean patatas fritas u otras denominaciones análogas, elaboradas con patatas, harina de patata o almidón de patata).

Basándose en esta regulación, Procter & Gamble interpuso una reclamación ante la justicia británica porque sus Pringles no contenían más de un 40% de tubérculo, de modo que su aperitivo no debía ser considerado “patata frita” en sentido estricto y, por lo tanto, tampoco tenía que gravarse con el 17,5% del IVA sino al 0% de los alimentos y así lo admitió la High Court of Justice Chancery Division en 2008. Esta resolución suponía que la compañía de Ohio se podía ahorrar unos 20.000.000 de libras esterlinas anuales; sin embargo, la alegría de P&G duró apenas un año.

El 20 de mayo de 2009, la decisión de aquella sección de Derecho Privado del Tribunal Supremo británico fue apelada ante el Court of Appeal (COA Civil Division). Esta sala decidió que el producto, que en Estados Unidos se comercializaba como patata frita pero que en el Reino Unido se lanzó al mercado como aperitivo frito de sabor salado, se vendía a los consumidores causándoles la impresión general de que estaban comprando patatas fritas y, para el Tribunal de Apelación, esa impresión era la mejor prueba, más allá del porcentaje de tubérculo que se utilizaba en su elaboración, para demostrar que las Pringles eran un producto similar al concepto británico de las potato chips o crisps. Como consecuencia, la multinacional norteamericana fue condenada a pagar a Hacienda los impuestos que había dejado de tributar y, desde entonces, su aperitivo pasó a gravarse con el tipo de IVA general.

Descubrí esta anécdota sobre el IVA de las Pringles en el blog de Curiosidades de la vida; si quieres saber más sobre este caso, en el portal de la Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) –la agencia tributaria británica que recauda los impuestos– puedes leer las alegaciones que realizaron ambas partes.

La primera regulación española del tráfico

El Reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras, de 17 de septiembre de 1900, fue la primera disposición española que reguló el tráfico desde un punto de vista genérico. En aquel tiempo, nadie podía conducir los coches automóviles –definidos en el Art. 1 como carruajes movidos por fuerza mecánica– sin tener un permiso que expedía el Gobernador de la provincia en la que tuviera su domicilio el conductor, tras solicitárselo a la autoridad en una instancia, acompañada por una nota descriptiva del coche, y que un ingeniero (mecánico o de caminos) hubiera sometido al automóvil a los ensayos y pruebas que considerase precisas. Si el resultado era satisfactorio, y el Gobernador visaba la habilitación, podía circular por las carreteras de España.

El conductor estaba obligado a presentar tanto el permiso de conducir como la habilitación del vehículo cuando se lo reclamasen las autoridades o funcionarios competentes así como los ingenieros, ayudantes, sobrestantes, capataces y camineros afectos al servicio de las respectivas carreteras. Nuestra normativa decimonónica exigía que todos los automóviles llevaran [Art. 3.g)] una bocina o campana de timbre sonoro, y en sus frentes, faroles de colores (dos en el frente anterior: uno blanco y otro verde; y uno rojo en el posterior) y estableció unos límites de velocidad (Art. 6) realmente mínimos: en ningún caso excederá la velocidad de 28 kilómetros por hora, aproximándose a ella solamente en terreno llano y despoblado donde el tránsito sea limitado. En las travesías de los pueblos se reducirá por regla general al máximo de 12 kilómetros por hora, pero en los sitios estrechos, en las curvas de pequeño radio, enfrente de las bocacalles y en el cruce con tranvías, se moderará la marcha lo necesario para evitar accidentes. Estas velocidades se reducían a 25 y 10 km/h, respectivamente, en el caso de que el automóvil se destinara al servicio público (Art. 7) y a 15 km/h, en terrenos llanos, y a la mitad, para el caso de automóviles que remolquen a otros vehículos, en las travesías.

En caso de que un conductor infringiera dos veces sus deberes (relativos a la velocidad, la documentación, la carga máxima del vehículo, etc.) en el transcurso de un año, podría privársele de su permiso para conducir automóviles (Art. 20). Y para que nadie pudiera alegar el desconocimiento de esta norma, en las alcaldías de todos los pueblos por cuyos términos crucen carreteras, habrá de manifiesto un ejemplar de este reglamento para conocimiento del público (Art. 23).

El derecho de autodeterminación

Uno de los propósitos que se establecieron en la Carta de las Naciones Unidas fue el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos (Art. 1.2º); pero conviene recordar que aquel documento entró en vigor el 24 de octubre de 1945; es decir, cuando acababa de finalizar la devastadora II Guerra Mundial y aún no se había iniciado el proceso descolonizador que llevaría a independizarse a gran parte de los actuales Estados de África y Asia en los años 60. En ese contexto, el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514 (XV) [el número romano se refiere al 15º periodo de sesiones de la Asamblea General] sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

En esta declaración, la ONU reconocía el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de su independencia; mostrándose convencida de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional; por todo lo cual, proclamó con solemnidad la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y, a dicho efecto, declaró que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

No obstante, los dos últimos apartados de la declaración señalan que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; estableciendo la observancia de dos principios: la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.

Al día siguiente, el 15 de diciembre de 1960, la Asamblea General puntualizó esta redacción mediante doce principios que deben servir de guía a los Estados miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso E del Art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas (Capítulo XI, relativo a la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio). En esta nueva resolución –la 1541 (XV)– se aprobó que el derecho de autodeterminación se aplicará a los territorios considerados de tipo colonial cuando concurran dos circunstancias: 1) Que ese territorio esté separado geográficamente del país que lo administra; y 2) Que sea distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales.

Con esa interpretación, la autodeterminación también figura en el Art. 1 de cada uno de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966] al afirmar que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación; y en los considerandos de la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas [Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970].

En cuanto al órgano judicial de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido al respecto que El principio de autodeterminación de los pueblos (...) es uno de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo [The principle of self-determination of peoples (...) is one of the essential principles of contemporary international law], como señaló en el caso sobre Timor Oriental (Portugal vs Australia) de 30 de junio de 1995.

La regulación de las «cajas negras»

El anexo del Reglamento (CE) nº 859/2008, de la Comisión, de 20 de agosto de 2008 –que modificó el anterior Reglamento (CEE) nº 3922/91, del Consejo– establece los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables en la Unión Europea al transporte comercial por aeronaves, basándose en la armonización adoptada por las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA), llamados Joint Aviation Requirements for Commercial Air Transportation (Aeroplanes) (JAR-OPS 1). En concreto, el OPS 1700 es el que se refiere a los registradores de voz de cabina de vuelo –que es como se denomina a las cajas negras de los aviones– y que, curiosamente, no son negras sino de un intenso color naranja fosforescente para reflejar la luz y que se puedan localizar con facilidad en caso de accidente aéreo.

Esta disposición indica los requisitos que deben cumplir dichos registradores (Cockpit Voice Recorder, en inglés) para grabar: 1) Las comunicaciones de voz transmitidas o recibidas por radio en la cabina de vuelo; 2) El sonido ambiente de la cabina de vuelo, incluidas, sin interrupción, las señales auditivas recibidas desde cada micrófono de brazo y de máscara que se utilice; 3) Las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando usen el sistema de interfono del avión en la cabina de vuelo; 4) Las señales de voz o audio que identifiquen las ayudas a la navegación o aproximación recibidas a través de un auricular o altavoz, y 5) Las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando utilicen el sistema de comunicación a los pasajeros, si está instalado en la cabina de vuelo.

Asimismo, el registrador de voz de cabina de vuelo tendrá que poder conservar la información registrada, como mínimo, durante las últimas 2 horas de funcionamiento (excepto en el caso de los aviones con una masa máxima certificada de despegue inferior o igual a 5.700 kg, en los cuales este período se podrá reducir a 30 minutos). Comenzará a registrar dicha información automáticamente antes de que el avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la terminación del vuelo, cuando el avión ya no sea capaz de moverse por su propia potencia. Además, según la disponibilidad de energía eléctrica, el registrador de voz de cabina de vuelo deberá comenzar a registrar tan pronto como sea posible durante las comprobaciones de cabina, antes del arranque de los motores en el inicio del vuelo y hasta las comprobaciones de cabina inmediatamente posteriores a la parada de los motores al final del vuelo. Finalmente, la caja negra deberá ir dotada de un dispositivo que facilite su localización en el agua.

En los barcos, el Art. 10 del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, regula los denominados sistemas registradores de datos de la travesía (RDT) –Voyage Data Recorder (VDR), en inglés– estableciendo que: 1. La Administración marítima exigirá y verificará, mediante controles e inspecciones, que los buques que hagan escala en un puerto español estén equipados con un sistema registrador de datos de la travesía (RDT). 2. Los datos obtenidos por un sistema RDT se pondrán a disposición de la Administración marítima española y de los órganos competentes de cualquier otro Estado miembro afectado por una investigación llevada a cabo a raíz de un accidente que haya ocurrido en aguas marítimas españolas y serán analizados por la Comisión permanente de investigación de siniestros marítimos, cuyas conclusiones se harán públicas lo antes posible. La regulación internacional de los RDT se encuentra en las normas de funcionamiento previstas en la Resolución A.861(20) de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las normas de ensayo definidas en la norma nº 61.996 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Por su parte, en los trenes, las cajas negras se llaman registradores de datos y se regulan en diversas resoluciones de la Dirección General de Ferrocarriles, para la asistencia a los técnicos responsables de la investigación de accidentes ferroviarios.

Los derechos que se leen al detenido

Desde finales de los años 60, los policías de Estados Unidos leen la famosa Declaración Miranda a todos los detenidos: Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a consultar a un abogado y a tenerlo presente cuando sea interrogado por la policía. Si no puede permitirse contratar a un abogado, le será asignado uno de oficio para representarle… Pero, ¿qué ocurre en España? El Art. 17.3 de la Constitución establece que Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Para desarrollar este derecho fundamental en materia de asistencia letrada al detenido y al preso, se aprobó la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, que dio nueva redacción al Art. 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (norma que se ha modificado en, al menos, veintinueve ocasiones desde que se aprobó la primera versión en aquel lejano 14 de septiembre de 1882).

Ese artículo establece que: Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.

d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se; trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.

f) Derecho a ser reconocido por el Médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.

Esta entrada es la número 500 de este blog de anécdotas y curiosidades jurídicas.

El marco jurídico de los procuradores de los tribunales

Si hace unos días hablábamos del origen y los antecedentes históricos de esta profesión, su ejercicio se regula en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, donde se les define (Art. 3) como quienes, válidamente incorporados a un Colegio: 1. Se encargan de la representación de sus poderdantes ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional. 2. Se encargan del fiel cumplimiento de aquellas funciones o de la prestación de aquellos servicios que, como cooperadores de la Administración de Justicia, les encomienden las leyes. Entre las funciones de los procuradores figura: seguir el proceso judicial y estar pendientes de todos los pasos, manteniendo informados tanto al cliente como a su abogado; responsabilizarse de todos los trámites (recibe y firma los emplazamientos, citaciones, notificaciones, etc. y asiste a todas las diligencias y actos necesarios del pleito en representación y a favor de su cliente); transmitir al abogado todos los documentos e instrucciones que lleguen a sus manos; y pagar los gastos que se generan a instancia del cliente, documentándolos.

Tanto a ellos como a los letrados, se les aplica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales; una norma que busca lograr unos profesionales capacitados no sólo porque tengan un título universitario sino porque puedan actuar ante los tribunales de justicia y realizar las demás actividades de asistencia jurídica. La ley trata de asegurarles una formación práctica que garantice –objetivamente– su capacidad para que presten la asistencia jurídica prevista en la Constitución. Aunque los procuradores y los abogados coinciden en que ambos deben poseer la carrera de Derecho, haberse colegiado y jurado su cargo y estar al tanto de sus cuotas y cargas; las diferencias son –aparte de sus funciones– que el abogado cobra unos honorarios (cada Colegio establece unos baremos orientativos; con lo cual, pueden ser diferentes en Lorca o Ferrol) mientras que los procuradores cobran unos aranceles que aprueba el Ministerio de Justicia, y que son idénticos para toda España; asimismo, los abogados colegiados pueden ejercer en todo el país mientras que, en principio, los procuradores sólo podían actuar en una demarcación territorial (Art. 13 de su Estatuto), pero este precepto fue anulado por la sentencia 331/2009, de 21 de enero, del Tribunal Supremo. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, puso fin a la característica territorialidad de los procuradores, regulando su libertad de establecimiento para que, una vez colegiado (en su domicilio profesional o principal) puedan ejercer en cualquier lugar de España.

En cuanto a la intervención del procurador, el Art. 23.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que fue añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre) establece que: El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. Esta última línea declara que el ejercicio profesional de la abogacía y la procura son incompatibles.

PD: el desarrollo reglamentario de la mencionada Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, se llevó a cabo mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, derogado por el vigente Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero.