La justicia de los Shalish de Bangladés

Imaginemos que una joven bengalí de 15 años, de origen hindú, casada y con un bebé de 18 meses, tiene que recurrir a vender las joyas que formaban parte del ajuar de su boda –por apenas 10.000 takas, algo más de 100 euros– con el fin de conseguir dinero para alimentar a su hijo ante el completo desinterés de su marido que, al descubrirla, no solo le exige una parte de aquella cantidad para montar un negocio sino que maltrata a su suegra y termina acusando de infidelidad a su propia esposa, en público, poniendo en duda que él sea el verdadero padre de aquel niño. En lugar de presentar una denuncia ante los juzgados de Dacca, la capital de Bangladés, la víctima decidió resolver el conflicto familiar acudiendo a una institución de justicia restaurativa típica del mundo rural de ese país asiático: el denominado Shalish –término que, etimológicamente, procede de la palabra “árbitro” en árabe [/al kadí/]– de donde derivó que se llame Shalishkar a su facilitador.

En cada poblado, los bengalíes eligen a un hombre que se haya ganado el respeto de toda la comunidad para que resuelva estas controversias, de acuerdo con las leyes y las costumbres locales y en función de las circunstancias de cada caso, de un modo más rápido, justo, económico, imparcial y aceptable que si acudieran a los tribunales de justicia.

El Shalishkar reúne a las dos partes enfrentadas, con sus familiares, amigos y cualquier miembro de la comunidad que desee participar, para que diriman el problema en algún lugar público, expresando sus puntos de vista, opiniones y sentimientos. En el ejemplo anterior, los participantes acabaron reconociendo que la raíz del asunto era la adicción del marido a las drogas; se les recomendó retomar la vida conyugal y, en concreto, al esposo se le aconsejó que aceptara la responsabilidad que conllevaba la paternidad, admitiendo que él era el padre del niño; que no infligiera ningún maltrato físico o psíquico a su esposa o a su suegra y que tampoco les reclamara nada de dinero.

Aunque los sujetos siempre pueden negarse a acatar la decisión final y recurrir a un arreglo judicial, los contendientes suelen aceptarla porque moral y socialmente se van a sentir obligados, dada la repercusión que la opinión de ese experto ejerce en su entorno. Esta situación es, probablemente, el aspecto más criticado de este sistema: que el temor a las consecuencias obligue, en cierto modo, a aceptar determinadas soluciones a sabiendas de que son injustas; en especial, en contra de los más desfavorecidos o de las mujeres, por tratarse de un sistema patriarcal, o que la decisión ayude a cimentar alianzas entre los líderes más poderosos de cada localidad.

Como contrapartida, en 1976, el gobierno bengalí creó los Village Courts [Tribunales populares] con el objetivo de mejorar el acceso gratuito a la justicia mediante órganos judiciales cuyas decisiones deben fundamentarse en la normativa vigente en el ordenamiento jurídico y tienen carácter vinculante. En opinión del abogado Zahidul Islam Biswas, su aplicación ha sido muy pobre e insatisfactoria por el desinterés gubernamental a la hora de sacar partido a todo su potencial; de ahí el éxito de los Shalish.