La «Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial»

A partir de ahora, cada 25 de julio se celebrará el Día Internacional para el Bienestar Judicial; de acuerdo con la resolución A/RES/79/266, de 4 de marzo de 2025, de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde el órgano plenario de la ONU invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a otras organizaciones internacionales y regionales, a las instituciones judiciales, al mundo académico, a las asociaciones de jueces y a otros interesados pertinentes, incluida la sociedad civil, a que observen anualmente el Día Internacional para el Bienestar Judicial, con los recursos disponibles, del modo que cada uno de ellos considere más adecuado, entre otras cosas, mediante actividades de educación y sensibilización del público. Asimismo, reafirmó que un poder judicial que funcione bien ejemplifica los seis valores judiciales fundamentales consagrados en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial: independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y competencia y diligencia; y, finalmente, reconoció que el bienestar físico y mental de los jueces es crucial para promover la competencia y la diligencia debida, lo que pone de relieve la importancia de abordar el estrés de los jueces y la necesidad de prestar un apoyo adecuado.

Mes y medio antes, el 28 de enero de 2025, Alemania, Austria, Fiyi, Francia, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Palaos, Portugal, Timor Oriental, Tuvalu y Vanuatu habían sido los Estados miembro de la ONU que -en el marco de la aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas- propusieron a la Asamblea [A/79/L.52] este proyecto de resolución.

Si echamos la vista atrás, esta iniciativa es el resultado de la pionera «Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial» [Nauru Declaration on Judicial Well-being], aprobada justo un año antes, el 25 de julio de 2024, en una conferencia organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)] y el poder judicial nauruano [Nauru Judiciary] del estado soberano más pequeño de Oceanía [poco más extenso que Mónaco, por tener un elemento de juicio].

Tras reconocer que el poder judicial está integrado por seres humanos: personas individuales e independientes designadas para desempeñar cargos judiciales; la declaración consideró que el poder judicial es fundamentalmente un sistema humano, que depende de las capacidades y facultades humanas colectivas de los jueces individuales; y estableció -como sucedió con los valores consagrados en Bangalore en 2001- siete principios relativos al bienestar judicial que define como el proceso continuo que permite a los jueces prosperar en todos los aspectos de su vida, incluyendo el laboral, físico, social, cognitivo, emocional y espiritual, que son ámbitos de bienestar universalmente reconocidos.

1. Es esencial tanto para la salud laboral y la sostenibilidad de los jueces como para la experiencia de los usuarios de los tribunales, la calidad de la justicia y, en última instancia, la confianza pública en los tribunales; por lo tanto, el bienestar judicial debe ser reconocido y apoyado.
2. El estrés judicial no es una debilidad y tampoco debe estigmatizarse para no agravar los desafíos laborales inherentes con el aislamiento y la vergüenza, constituyendo un obstáculo importante para la búsqueda de ayuda y la recuperación; se trata de una respuesta humana natural ante las exigencias de su trabajo.
3. El bienestar judicial es una responsabilidad compartida de los jueces y de sus instituciones judiciales que deben crear las condiciones laborales que lo favorezcan.
4. Se sustenta en una cultura judicial ética -que tenga tolerancia cero ante la corrupción, la discriminación, el acoso, la intimidación y otras conductas negativas- e inclusiva -donde todos los jueces tengan las mismas oportunidades de experimentar bienestar en su trabajo-.
5. Promover el bienestar judicial requiere una combinación de actividades de sensibilización, prevención y gestión; es decir, un enfoque holístico, basado en las evidencias y que pueda ser evaluado de forma constante porque el bienestar judicial nunca se da por terminado; siempre debe ser una prioridad.
6. Todas esas iniciativas deben adaptarse a las circunstancias y requisitos específicos de cada una de las jurisdicciones nacionales al estar fuertemente influenciados por factores contextuales locales (incluyendo influencias económicas, sociales, culturales, políticas, religiosas y ambientales, así como situaciones de crisis).
7. Por último, la declaración considera que el bienestar judicial se ve reforzado por los derechos humanos. Como se estableció en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, los jueces tienen derecho a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de culto, asociación y reunión, sin perjuicio de su deber de preservar la dignidad de su cargo y defender la imparcialidad, integridad e independencia del poder judicial. Este equilibrio es vital para mantener tanto el bienestar judicial de cada juez como la integridad del sistema en su conjunto.