La Ley de inmigración selectiva

A lo largo del siglo XIX la llegada de extranjeros a algunos países no sólo se veía con buenos ojos sino que, en muchos casos, eran los propios Gobiernos quienes alentaban esa inmigración, tratando de incentivarla porque, como dijo entonces el político y jurista argentino Juan Bautista Alberdi: Gobernar es poblar. Al igual que sucedió en otras jóvenes naciones –Canadá, Australia o Estados Unidos, que poseían vastas extensiones de superficie prácticamente deshabitadas– en Sudamérica se dictaron normas para atraer nuevos pobladores a sus tierras y consolidar su soberanía sobre gran parte de su territorio. En ese marco, el Gobierno de Santiago de Chile aprobó la llamada Ley de inmigración selectiva el 18 de noviembre de 1845.

El Art. 1º autorizaba al presidente de la República para que en seis mil cuadras de los terrenos baldíos que hay en el Estado, pueda establecer Colonias de Naturales y Extranjeros que vengan al país con ánimo de avecindarse en él y ejerzan alguna industria útil; les asigne el número de cuadras que requiere el establecimiento de cada una y de las circunstancias que lo acompañen; para que les auxilie con los útiles, semillas y demás efectos necesarios para cultivar la tierra y mantenerse el primer año.

Esta ley de colonización –aprobada en tiempos del presidente Manuel Bulnes– reguló los criterios para distribuir la tierra; los medios de financiación; la exención de pagar contribuciones, catastro y algunos impuestos durante un periodo de 20 años o que los gastos de transporte corriesen a cargo del Gobierno de Chile; indicando, expresamente, en materia de nacionalidad, que todos los colonos, por el hecho de avencidarse en las Colonias, son chilenos, y lo declararán así ante la autoridad que señale el Gobierno al tiempo de tomar posesión de los terrenos que se le concedan.

De esta forma, numerosas familias procedentes de Alemania se asentaron en Valdivia y Llanquihue, favoreciendo su desarrollo. El éxito de esta política se extendió a Uruguay, en 1853, y a algunas provincias argentinas. Como resultado, los expertos calculan que entre 1850 y 1930, unos 60.000.000 de europeos cruzaron el Atlántico para emigrar al continente americano.