El esfuerzo legislativo de los «Acuerdos de Matignon» de 1936

Ya sabemos que la característica estructura tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significa que la Conferencia General de los representantes de los Miembros (…) se compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los empleadores [la patronal] y a los trabajadores de cada uno de los Miembros [Art. 3 de la Constitución de la OIT aprobada el 28 de junio de 1919]; por ese motivo, como sabemos, el 6 de junio de 1926, delante de una multitud, tres hombres vestidos con traje oscuro, abrigo y sombrero se acercaron, uno tras otro, a la verja que daba acceso a la por entonces sede de la OIT en Ginebra (Suiza), en representación de esos tres colectivos (gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos) para abrir simbólicamente su puerta con tres llaves. Se trataba del delegado gubernamental Arthur Fontaine (París, 1860-1931), el empresarial Jules Carlier (Mons, 1851-Bruselas, 1930) y el sindical Léon Jouhaux (París, 1879-1954).

La labor de este último líder sindicalista francés -secretario general de la CGT- acabó siendo determinante, diez años más tarde, para que esa misma estructura tripartita -con la patronal (Confédération générale de la production française), el sindicato (Confédération générale du travail) y el primer ministro [Léon Blum, del Frente Popular (Front populaire)]- firmara los trascendentales «Acuerdos de Matignon» la madrugada del 7 al 8 de junio de 1936, en la residencia oficial del Jefe de Gobierno de la República en el palacete del Hôtel Matignon, de donde tomó su coloquial denominación.

Gracias a aquel acuerdo, las organizaciones empresariales admitieron la negociación colectiva como mecanismo para corregular ciertos aspectos de las relaciones laborales, y como claro reflejo de tal aceptación se aprobó la Ley de 24 de junio de 1936, que se insertará en el propio Código de Trabajo francés [1]; asimismo, como reconoció el destacado sindicalista inglés, sir Walter Citrine, apenas un mes más tarde de su firma, les accords concedieron a siete millones de obreros franceses la semana de cuarenta horas, aumentos de salarios de 7 a 15 por 100, el reconocimiento de las organizaciones sindicales y de los convenios colectivos, las vacaciones pagadas y otras ventajas [2]. Todas ellas, (…) medidas encaminadas a aumentar la capacidad de consumo de las clases obreras y campesinas, en palabras de Jouhaux que añadió: «la experiencia francesa» debe ser «mas que un afortunado avance en la justicia social, un ejemplo de reorganización de la economía, desorganizada hasta hoy, y cuya renovación exige resoluciones rápidas y vigorosas» [3].

En aquel momento, el economista francés Fernand Maurette (París, 1878-Ginebra, 1937) analizó las consecuencias del esfuerzo legislativo de aplicar las medidas adoptadas en los acuerdos en el programa social del gobierno de Léon Blum: El primer gobierno del «Frente Popular» (4 de junio de 1936-21 de junio de 1937) [una coalición de partidos de izquierda], ascendió al poder en Francia por las elecciones de mayo de 1936, ha durado algo más de un año, seguido después por un segundo gobierno de la misma inspiración y con mayoría análoga. (…) En la base de la reforma social emprendida, por lo menos en su fórmula presente, hay 14 leyes votadas por el parlamento, promulgadas entre el 20 de junio y el 31 de diciembre de 1936, y que son, en el orden cronológico, pero no lógico: la ley sobre las vacaciones pagadas (20 de junio); la ley implantando la semana de trabajo de 40 horas (21 de junio); la ley sobre los convenios colectivos (24 de junio); la ley sobre la escolaridad (9-11 de agosto); la ley creando la Oficina nacional e interprofesional del trigo (15 de agosto); la ley estableciendo un plan de obras contra el paro (18 de agosto); la ley sobre la represión del encarecimiento injustificado de los precios (19 de agosto); la ley organizando la ayuda temporal a las empresas comerciales (19 de agosto); la ley concediendo plazos a los agricultores para el pago de sus deudas de explotación (19 de agosto); la ley concediendo plazos a los comerciantes, industriales y artesanos (21 de agosto); la ley encaminada a asegurar la colaboración entre las cooperativas agrícolas y las de consumo (26 de agosto); la ley modificando el decreto de 28 de octubre de 1935 sobre los seguros sociales (26 de agosto); la ley monetaria (1º de octubre), que contiene en su artículo 15 varias cláusulas sobre los convenios colectivos y el ajuste de los salarios; finalmente, la ley sobre la conciliación y el arbitraje en los conflictos del trabajo (31 de diciembre) Si se exceptúan estas dos últimas, la otras doce han sido votadas en diez semanas [4].

Para el sociólogo Alan Wolfe, fue un ejemplo fascinante de cómo una serie de acuerdos privados puede afectar permanentemente la estructura del estado. En 1936, con un gobierno de Frente Popular en el poder en París, y con más de un millón de obreros en huelga en toda Francia, la posibilidad de que la economía en su conjunto se detuviera era una posibilidad real. En un esfuerzo por evitar esa eventualidad, se reunieron en el Palacio de Matignon cuatro representantes de la industria, ocho líderes sindicales y cuatro miembros del gobierno; allí elaboraron un programa que pedía reformas en las leyes de salarios y horas de trabajo a cambio de un cese de la huelga. (…) en Francia este acuerdo (…) constituyó el primer reconocimiento patronal del hecho sindical, el derecho de los obreros a la organización [5].

Citas: [1] PÉREZ AMORÓS, F. “Consideraciones en torno a la regulación del convenio colectivo en la legislación francesa”. En: Revista de Política Social, 1980, nº 128, p. 25. [2] CITRINE, W. Discurso de inauguración del VII Congreso ordinario de la Federacion Sindical Internacional se reunió en Londres del 8 al 11 de julio de 1936. [3] Reseña de JOUHAUX, L. La CGT. Ce qu'elle est Ce qu'elle veut (Paris, Gallimard, 1937). En: Revista Internacional del Trabajo, 1937, vol. XVI, nº 3, p. 288. [4] MAURETTE, F. “Un año de «experiencia» francesa”. En: Revista Internacional del Trabajo, 1937, vol. XVI, nº 3, p. 197. [5] WOLFE, A. Los límites de la legitimidad. Las contradicciones políticas del capitalismo contemporáneo. Ciudad de México: Siglo XXI, 1997 (3ª ed.), p. 163.