Durante el siglo XIX, en pleno ocaso de aquel Imperio donde nunca se ponía el sol, en el ordenamiento jurídico español nos encontramos con algunas disposiciones que solo pueden calificarse como singulares; adjetivo que la Real Academia Española de la Lengua [RAE] define, entre otras acepciones, como único en su especie, extraordinario o raro. En ese sentido, ya tuvimos ocasión de referirnos al acta de incorporación de la isla de Corisco (actual Guinea Ecuatorial) a España redactada por el marino gaditano Juan José de Lerena y Barry el 16 de marzo de 1843 o al Real Decreto autorizando al Ministro de Estado para presentar á las Cortes un proyecto de ley concediendo autorización al Gobierno para ceder á Alemania las islas Carolinas, las Palaos y las Marianas, excepto Guam (cuando España vendió tres islas a Alemania por 25.000.000 de pesetas el 13 de junio de 1899). Hoy vamos a centrarnos en otros dos instrumentos jurídicos: el Real decreto de 19 de mayo de 1861, por el cual se declaró reincorporado á la Monarquía el territorio de la República Dominicana, y la posterior Ley de 1 de mayo de 1865 que lo derogó.
Recordemos que por el Tratado de Basilea firmado el 22 de julio de 1795, España cedió a Francia la parte oriental de la isla de La Española -la zona occidental ya era francesa (el actual Haití) desde la firma del Tratado de Rijswijk el 20 de septiembre de 1697- a cambio de la devolución de los territorios ocupados por los revolucionarios galos como, por ejemplo, Guipúzcoa. El antiguo esclavo Jean-Jacques Dessalines emprendió entonces la última y sangrienta etapa en la carrera por la independencia que se proclamó el 1 de enero de 1804, cuando la antigua colonia francesa de Saint-Domingue se convirtió en Haití y Dessalines se autoproclamó emperador bajo el nombre de Jacques I. En ese contexto, el 20 de mayo de 1805, el monarca caribeño sancionó la nueva Constitution Imperiale d’Haiti que fue la segunda de esta joven nación tras la Carta Magna de 1801. Entre la veintena larga de leyes supremas que conforman el legado constitucional haitiano, una de ellas, la de 1816, también estuvo vigente en la actual República Dominicana cuando Santo Domingo fue ocupado por los haitianos, de 1822 a 1844.
Tras la invasión de España por las tropas napoleónicas, entre 1809 y 1821, Santo Domingo volvió a ser colonia española (aunque solo fuera nominalmente porque en la metrópoli primero se luchó en la Guerra de la Independencia y después se retomó el absolutismo de Fernando VII poniendo fin al espíritu liberal de Cádiz); un periodo que los dominicanos denominan de la “España Boba” que concluyó el 1 de diciembre de 1821, cuando se proclamó el Estado Independiente del Haití Español al que no le dio tiempo de adherirse a la República de la Gran Colombia [1] porque, como acabamos de señalar, las tropas de la vecina Haití lo ocuparon antes.
Después de dos décadas de control efectivo haitiano, el «Manifiesto del 16 de enero de 1844» [nombre coloquial con el que se conoce a la «Manifestación de los pueblos de la Parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana»] fue el primer documento jurídico plenamente dominicano, redactado meses antes de que adoptara su primera ley fundamental el 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal [de ahí que aquella norma política haya pasado a la historia con el sobrenombre de «Constitución de San Cristóbal»]; documentos que fueron el resultado de una larga serie de injusticias, de violencias y de vejámenes que, durante veintidós años, caracterizaron la dominación de la actual República Dominicana por parte de Haití.
Según el profesor Escolano Giménez, (…) bajo el pretexto de mediar entre haitianos y dominicanos, las principales potencias rivalizaron por aumentar su influencia sobre el ejecutivo de Santo Domingo, al principio mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas. Aunque las primeras iniciativas del gobierno dominicano para llegar a un acuerdo con España fueron rechazadas por el gabinete de Madrid, este decidió finalmente establecer relaciones con el de Santo Domingo para actuar sobre el terreno y obstaculizar el expansionismo estadounidense en la República Dominicana, ya que las autoridades españolas de Cuba y Puerto Rico lo consideraban una amenaza para la preservación de dichas islas [2]. Como resultado, el 25 de agosto de 1855, la Gaceta de Madrid (actual BOE) publicó el Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición celebrado con la República Dominicana, y firmado por los respectivos Plenipotenciarios en Madrid el 18 de febrero del presente año.
Pero, (…) Santo Domingo aún no gozaba de estabilidad política ni económica por lo que el gobierno de [el general Pedro] Santana [(1801-1864), primer presidente constitucional de la República Dominicana] decidió que su pueblo necesitaba integrarse en otro país para desarrollar el comercio; controlar las fronteras de las amenazas externas y otros aspectos esenciales para garantizar la conservación de Santo Domingo: “La España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas se impondrán a los extraños; reconoce nuestras libertades, y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre lo fuimos (…)” [1] afirmó. Fue entonces cuando se aprobó el Real decreto de 19 de mayo de 1861, por el cual se declaró reincorporado á la Monarquía el territorio de la República Dominicana.
La embajada dominicana en Madrid narra los acontecimientos posteriores: (…) Después de cuarenta años de alejamiento de España, la población dominicana se había acostumbrado de tal manera a los moldes republicanos que muy pronto empezó a resentir la nueva dominación española que trataba despectivamente a un pueblo de color acostumbrado a la libertad. Durante la anexión, Santo Domingo fue convertido en una provincia de ultramar como Cuba y Puerto Rico, en donde todavía existía la esclavitud. A partir de agosto de 1863 españoles y dominicanos se enfrentaron entonces en una violenta y corta guerra de dos años, llamada Guerra de la Restauración que le costó a España miles de bajas, la mayoría por enfermedades tropicales. España abandonó la isla en julio de 1865 y Santo Domingo volvió a su estatus anterior de República Dominicana. (*). Como consecuencia, España aprobó la Ley de 1 de mayo de 1865 que derogó la reanexión de 1861.
Citas: [1] ALARCÓN LASARTE, I. Proceso de anexión de la República Dominicana a España entre 1861 y 1865. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2018, p. 6. [2] ESCOLANO GIMÉNEZ, L. A. “Influencia del contexto internacional sobre la firma del tratado de reconocimiento dominico-español en 1855”. En: Hispania Nova, 2021, nº 19, p. 35.
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