La escultura del revólver anudado [Knotted gun]

En el número 1 de la calle 72, en la parte oeste del neoyorquino Central Park, se halla enclavado el Edificio Dakota. Este majestuoso inmueble de apartamentos –como recuerda el investigador y productor radiofónico José María Ibáñez [1]– fue construido entre el 25 de octubre de 1880 y el 27 de octubre de 1884 por el arquitecto Henry S. Clark, propietario de las máquinas de coser Singer. Hasta 1980, el Dakota era famoso por haber albergado a grandes artistas del mundo del espectáculo –el director de orquesta Leonard Bernstein; la cantante Roberta Flack; el bailarín Rodolf Nureyev; los actores José Ferrer y Steve Guttenberg; las actrices Judy Garland y Lauren Bacall o el actor de películas de terror Boris Karloff– y porque sirvió de plató para el rodaje de la película La semilla del diablo [Rosemary´s baby], que Roman Polanski dirigió en 1967. Pero, el ocho de diciembre de 1980, el Edificio Dakota volvió a convertirse en protagonista silencioso de la historia. Desde hacía dos años (1978), el ex componente de los Beatles, John Lennon y su esposa Yoko Ono, compartían un apartamento en el inmueble. Aquel día, a las once menos cuarto de la noche, John y Yoko regresaban a su apartamento después de haber pasado toda la jornada en los estudios de grabación. A la entrada del edificio, un joven de veinticinco años les esperaba con una pistola de 38 milímetros y un ejemplar de "El Guardián entre el centeno" de J. D. Salinger. El joven disparó seis balazos contra el cuerpo de John Lennon: cinco de ellos se incrustaron en su pecho. Aquella misma mañana, a la salida del Edificio Dakota, el ex Beatle había firmado un autógrafo al que más tarde se convertiría en su asesino: Mark David Chapman.

Tras el asesinato del componente de los Beatles, su viuda le pidió a un amigo de la pareja, Carl Fredrik Reuterswärd, un afamado pintor y escultor sueco, que creara una obra para rendir homenaje al autor de Imagine, representando su visión de un mundo pacífico en donde triunfara la no violencia. El resultado fue un verdadero icono del arte del siglo XX: un revólver –en concreto, un Colt Phyton 357 Magnum– apoyado sobre su culata y con un emblemático nudo en el cañón.

En un primer momento, la escultura de bronce se ubicó en el Strawberry Fields Memorial de Central Park, en Nueva York, frente al Edificio Dakota, porque este jardín era uno de los rincones favoritos del compositor y estaba situado frente al lugar en el que fue tiroteado pero, en 1988, se trasladó frente a la sede central de las Naciones Unidas. Al inaugurar su actual emplazamiento, Kofi Annan, que por aquel entonces era Secretario general de la ONU, afirmó que: La escultura “No violencia” no sólo ha proporcionado a las Naciones Unidas una laureada obra de arte sino que ha enriquecido la conciencia de la humanidad con un poderoso símbolo que encapsula en unas cuantas y sencillas curvas la oración más grande del hombre, aquella que no pide la victoria sino la paz [The sculpture Non-Violence has not only endowed the United Nations with a cherished work of art; it has enriched the consciousness of humanity with a powerful symbol that encapsulates, in a few simple curves, the greatest prayer of man; that which asks not for victory, but for peace].

Saqué esta foto frente a la estación de trenes de Malmó (Escania, Suecia)

Desde entonces, más de treinta réplicas se reparten por todo el mundo –en Malmö, Lausana, Pekín, Londres o Ciudad del Cabo…– como símbolo de la no violencia que también representa la imagen corporativa de la Fundación que Yoko Ono creó, en 1993, a raíz de aquel asesinato: Non-Violence Project Foundation (NVP), que trata de inspirar a la juventud de todo el planeta bajo el lema: la violencia acaba cuando la educación empieza [Violence ends when education begins] para que resuelvan sus conflictos por medios pacíficos.

PD Cita: IBÁÑEZ, J. M. Enigmas y misterios. 13 lugares malditos. Madrid: Es Ediciones, 2009, pp. 19 a 24. Este autor edita un interesante blog titulado La realidad oculta.

El cumplimiento legal de las empresas [«Compliance»]

Hasta hace unos años, el conocido brocardo latino de societas delinquere non potest significaba que las personas jurídicas no podían delinquir y que, por lo tanto, no era posible exigirles ningún tipo de responsabilidad penal por haber cometido alguna conducta delictiva… pero, en 2010, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificó el Código Penal español, de 1995, introduciendo el pormenorizado Art. 31 bis. Según el legislador: Son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos...). Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea [de ahí el carácter tan pormenorizado de este precepto]. Todo ello, dejando claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.

Desde entonces, a una sociedad se le pueden imputar aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, pero también la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.

En este marco normativo ha surgido una nueva necesidad –la exigencia de velar por el cumplimiento legal o normativo de las empresas, un concepto que los anglosajones han sintetizado bajo el término de compliance [cumplimiento]– y la aparición de un nuevo experto que ha venido a cubrir ese hueco en el mercado: el [Legal] Compliance Officer; cuyo fin es implementar los mecanismos adecuados para que la empresa donde trabaja cumpla con todas las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico: desde la gestión medioambiental hasta la protección de datos de los clientes pasando por la prevención penal de su actividad, las posibles consecuencias que ocasionen los riesgos psicológicos de sus trabajadores, la aplicación del código ético social o el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; es decir, un ámbito de actuación amplísimo que exige un perfil profesional muy específico para evitar cualquier sanción civil, penal o administrativa.

Para ayudar a gestionar esta obligación, en el contexto internacional destacan las disposiciones que conforman el denominado marco COSO [Committee of Sponsoring Organizations], un proyecto estadounidense que se creó en 1985 para reducir el fraude en las sociedades y orientarlas sobre cómo gestionar cualquier riesgo empresarial; el Libro rojo de OCEG, un think tank [grupo de pensadores] de Arizona (EE.UU.), que ofrece gratuitamente una guía para impulsar el rendimiento basada en los principios de gobernar, gestionar y asegurar el rendimiento, el riesgo y el cumplimiento; o las Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance que adoptó la OCDE en 2010. En España, si quieres aproximarte a esta materia, puedes consultar los cuadernos de cumplimiento legal, test y casos de errores que Alain Casanovas Ysla, socio de KPMG, ha realizado para esta auditora.

En cuanto a la jurisprudencia, los servicios de compliance ya han sido objeto de medio centenar de resoluciones en los tribunales españoles; sirva como ejemplo la sentencia 3366/2015, de 9 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [ECLI:ES:TSJM:2015:3366] que juzgó un posible incumplimiento de las obligaciones en materia de compliance o cumplimiento normativo por parte de la filial de un grupo empresarial.

PD: unos meses después de subir esta entrada a mi blog, la Fiscalía General del Estado publicó una interesante Circular1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Con este documento -como señala la propia Circular- se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal Los planes de compliance son una apuesta decidida del legislador por una fórmula de “autorregulación regulada” en la lucha contra la delincuencia de empresa.

El primer tratado de paz internacional que se firmó

La prueba documental más antigua que ha llegado hasta nuestros días se encontró en 1906 en las ruinas arqueológicas de Hattusa [actual, Bogazköy], cuando se estaba escavando la que fuera capital del Imperio Hitita que se extendió por el interior de la península de Anatolia (la parte asiática de Turquía) y la costa siria del Mediterráneo. Es el denominado Tratado de Qadesh (en inglés: Treaty of Kadesh; en turco, Kadeş Anlaşması); una singular inscripción cincelada en acadio –la lengua diplomática del siglo XIII a.C.– que, originariamente, se labró en plata para que la firmasen el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hattusili III con el fin de lograr la paz y poner fin al conflicto armado que enfrentó a las dos grandes potencias de aquel entonces; una guerra que –según reconoció Kofi Annan– se desarrolló en el año 1279 a.C. (aunque esta fecha oscila entre 1269 y 1278, en función de las fuentes que se consulten).

La incompleta versión hitita se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul; la egipcia, de acero, en la sala hipóstila del recinto del Templo de Amón-Ra en Karnak y, gracias a la generosidad del pueblo turco, una réplica de cobre puede verse en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, fuera del salón del Consejo de Seguridad, como les agradeció el antiguo Secretario General de las Naciones Unidas en un discurso que pronunció el 13 de noviembre de 2006. En aquella intervención, Annan puso de relieve la trascendencia del acuerdo de Qadesh porque poniendo fin a decenios de desconfianza y de guerra, ese tratado marcó un hito en su época. Iba más allá de una mera cesación de hostilidades, y comprometía a ambas partes a prestarse asistencia y cooperación mutuas. De hecho, fue la consagración literal de una alianza entre dos grandes civilizaciones.

 

Con el fin de establecer una buena paz y una buena fraternidad (…) para siempre entre el país de Egipto y el país de Hatti, los dos monarcas acordaron ayudarse mutuamente en caso de que un enemigo extranjero les atacase: si Hattusili, el rey del país hitita, me envía este mensaje: "Ven en mi ayuda contra él", Reamasesa, mai Amana [la transcripción cuneiforme de Ramsés II], el gran rey, el rey del país egipcio, tiene que enviar sus tropas y sus carros a matar a este enemigo y a dar satisfacción al país hitita; y viceversa: si un extranjero marcha contra el país de Egipto y (…) el rey del país de Egipto, tu hermano, envía a Hattusili, el rey del país hitita, su hermano, el mensaje siguiente: "Ven en mi ayuda contra él", entonces Hattusili, rey del país hitita, debe enviar sus tropas y sus carros y matar a mi enemigo.

Asimismo, el acuerdo de paz incluía una cláusula que, hoy en día, calificaríamos como un tratado de extradición: Si un grande huye del país hitita y si se va junto a Reamasesa, mai Amana, el gran rey, rey del país de Egipto, entonces Reamasesa, mai Amana, el gran rey, el rey del país de Egipto, tiene que apoderarse de él y entregarlo en manos de Hattusili, el gran rey, el rey del país hitita, su señor; y al revés, si alguien se marchaba de Egipto al Imperio Hitita.

La tablilla de Qadesh finaliza con la habitual cláusula conminatoria que ya se utilizó en las primeras colecciones legales de Mesopotamia, con una admonición: si ambas partes no observaban el tratado, entonces los dioses del país de Egipto y los dioses del país de Hatti debían exterminar la descendencia de los dos monarcas. En la práctica, la paz perduró más de un siglo y logró incrementar el comercio de todo Oriente Medio.
 

Bajorrelieve de la batalla de Qadesh, en Luxor (Egipto).

Nota bene: aunque el Tratado de Qadesh fue el primer acuerdo de paz del que tenemos constancia documental, eso no quiere decir que fuese el primer tratado internacional que se firmó. Antes de que el Egipto faraónico y el imperio Hitita sellaran poner fin a su conflicto, en Mesopotamia, sus ciudades-estado ya mantuvieron una relación muy estrecha, cooperando en diversos campos (comercial, militar, político, religioso….) porque, entre ellas, existía un sentimiento de pertenecer a una entidad cultural común (…) como la Grecia clásica. En el periodo que transcurrió entre los años 3000 y 1500 a.C., los tratados escritos de esta época son muy escasos, aunque la correspondencia diplomática deja claro que existían y que se redactaban con mucho cuidado; como ocurrió, por ejemplo, con el decreto de Sadlas y Neribtum, dos pequeños reinos situados en la región de Diyala, al nordeste de Babilonia, preocupados por la repatriación de sus ciudadanos: un hijo de Sadlas (…) y un hijo de Neribtum (…) que fue hecho prisionero, será liberado [POSTGATE, J. N. La Mesopotamia arcaica. Sociedad y economía en el amanecer de la historia. Madrid: Akal, 1999, pp. 50 y 307].

La principal diferencia entre lo que sucedía, por un lado, a orillas del Tigris y el Éufrates y, por otro, junto al Nilo es que Qadesh lo suscribieron dos imperios que ya podríamos calificar como dos estados nacionales -Egipto y Hatti- y no dos ciudades-estado -por establecer un paralelismo: Menfis y Hattusa- en línea con lo que sucedía en Mesopotamia, donde eran las distintas localidades las que negociaban con voz propia.

Fraudes artísticos (IV): los manuscritos medievales de Thomas Chatterton

En 1856, el pintor Henry Wallis inmortalizó el cadáver de este romántico poeta inglés –recostado sobre su lecho, en la buhardilla del número 39 de Brooke Street (Londres), nada más suicidarse con apenas 17 años tras ingerir una dosis letal de opio y arsénico– en un famoso óleo sobre lienzo que se expone actualmente en las salas de la Tate Britain de la capital londinense. La víctima, Thomas Chatterton, había nacido el 20 de noviembre de 1752 en Bristol (Gran Bretaña); era hijo póstumo de un maestro de escuela y descendiente de una larga estirpe de sacristanes, lo que le permitió tener acceso, desde pequeño, a antiguos manuscritos y textos religiosos. Fue un niño muy sensible que se crió con su hermanastra y su abuela materna, malviviendo con el escaso sueldo que su madre ganaba trabajando como costurera; circunstancia que marcó su temperamento, melancólico e imaginativo, convirtiéndole en un joven muy precoz que, desde los seis años, ya leía libros medievales. De aquella temprana afición surgió la habilidad de recrear la caligrafía del siglo XV y, con el tiempo, el hambre y la desesperación, su afición dio origen a un célebre fraude, cuando se inventó el personaje de un monje llamado Thomas Rowley e hizo pasar sus poemas por originales manuscritos de ese falso autor.

Aquel maravilloso chico [marvellous Boy] –como lo definió el poeta William Wordsworth, en Resolution and Independence– se educó en la fundación caritativa de Colston donde adquirió las nociones comerciales y jurídicas necesarias para empezar a trabajar como escribano de un abogado de Bristol, John Lambert. Gracias a que, en 1768 consiguió publicar su primera narración histórica sobre un puente en un periódico local, su peculiar estilo llamó la atención de un médico coleccionista de antigüedades llamado William Barrett, al que Chatterton vendió los “originales” escritos por un supuesto prior de Durham del siglo XI y el mencionado monje Rowley del XV, narrando escenas épicas en las que recreaba la lucha del pueblo inglés contra los invasores, en defensa de su libertad.

En tan solo dos años, las falsificaciones de aquel adolescente que fingía haber encontrado los manuscritos en antiguos baúles, llegaron a Londres y le permitieron adquirir cierta notoriedad al tratar de engañar a otras personalidades de su tiempo, como el escritor Horace Walpole –que había triunfado con su novela de terror gótico El castillo de Otranto (1764)– hasta que empezó a levantar sospechas entre ciertos eruditos de Oxford, como el Dr. Thomas Fry; este hecho, unido a cierto desengaño amoroso con la misteriosa Mrs. Angel y la medicación que tomaba para mitigar los efectos de una enfermedad venérea le condujeron a suicidarse, tal día como hoy, el 24 de agosto de 1770. Tuvo que transcurrir más de un siglo hasta que el filólogo Walter W. Skeat revelase, a finales del XIX, las fuentes en las que se inspiró Chatterton para llevar a cabo sus falsificaciones.

Concepto, características y programas de la justicia restaurativa

En enero de 2006, un grupo internacional de expertos revisó el Manual sobre programas de justicia restaurativa que habían elaborado los criminólogos canadienses Yvon Dandurand y Curt T. Griffiths para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de desarrollar una herramienta práctica para los funcionarios encargados de la impartición de la justicia penal, las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios que trabajan en conjunto para mejorar las respuestas actuales al delito y a los conflictos en sus comunidades que les permitiera la implementación de respuestas participativas al delito basadas en una metodología de justicia restaurativa; todo ello, en el marco de una serie de medidas y programas inspirados por los valores de la justicia restaurativa, flexibles en su adaptación a los sistemas de derecho penal, a los cuales complementan, tomando en cuenta las circunstancias variables tanto en lo jurídico como en lo social y lo cultural.

Frente a la tradicional justicia retributiva impartida por los juzgados y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la justicia restaurativa es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo que ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países, respecto al cual no hay siempre un consenso perfecto. Esto se debe también a las dificultades para traducir de manera precisa el concepto en diversos países, en los cuales a menudo se usa una gran variedad de términos (…) entre otros, los de “justicia comunitaria”, “hacer reparaciones”, “justicia positiva”, “justicia relacional”, “justicia reparadora”, y “justicia restauradora”.

Para los fines de este manual, el término “programas de justicia restaurativa” tiene el mismo uso que el utilizado en los Principios Básicos sobre la Utilización de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal, que se adoptaron en 2002 por una resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos; donde, a su vez, el concepto de “proceso restaurativo” se definió como todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. En este contexto, la justicia restaurativa da tanta importancia al proceso como al resultado. Los individuos involucrados en este proceso son denominados “partes”. En Europa y en muchos otros lugares del mundo, a menudo se hace remisión al proceso mediante la técnica que la mayoría de los modelos tienen en común, que es la “mediación”, diferente de la adjudicación legal.

Según la UNODC, las cinco características de los programas de justicia restaurativa son: 1) Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el delincuente y la víctima que permite que cada caso sea considerado individualmente; 2) Una respuesta al crimen que respeta la dignidad y la igualdad de cada una de las personas, desarrolla el entendimiento y promueve la armonía social a través de la reparación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades; 3) Una alternativa viable en muchos casos al sistema de justicia penal formal y a sus efectos estigmáticos sobre los delincuentes; 4) Un método que puede usarse en conjunto con los procesos y las sanciones de la justicia penal tradicional; y 5) Un método que incorpora la solución de los problemas y está dirigido a las causas subyacentes del conflicto.

Dichos programas –que vienen a cubrir una amplia gama de procesos centrados en una metodología restaurativa– se pueden agrupar en cinco grandes categorías principales:

1. La mediación entre víctima y delincuente (son programas de reconciliación que deben cumplir tres requisitos básicos previos: el delincuente debe aceptar o no negar su responsabilidad por el delito; tanto la víctima como el delincuente deben estar dispuestos a participar; y tanto la víctima como el delincuente deben considerar si es seguro participar en el proceso);
2. La comunidad y conferencias de grupos familiares [cada proceso tiene un facilitador o mediador; su enfoque es más amplio que los programas de mediación normales porque implica reunir a la familia y amigos de la víctima y del delincuente, y a veces también a miembros de la comunidad, para que participen en un proceso facilitado profesionalmente para identificar resultados deseables por las partes, abordar las consecuencias del delito y explorar maneras adecuadas de prevenir el comportamiento delictivo. El propósito de una conferencia de grupo familiar es confrontar al delincuente con las consecuencias del delito, desarrollar un plan reparador y, en casos más serios (en el modelo de Nueva Zelanda), determinar la necesidad de supervisión más restrictiva y/o custodia];
3. Las sentencias en círculos (son, tal vez, el mejor ejemplo de justicia participativa en la que los miembros de la comunidad pueden involucrarse directamente en responder a los incidentes delictivos y de desorden social; todos los participantes, incluyendo el juez, el consejero de la defensa, el fiscal, el oficial de policía, la víctima, el delincuente y sus familias respectivas, sus residentes comunitarios, se sientan frente a los demás en un círculo. Las discusiones en el círculo están diseñadas para llegar a un consenso sobre la mejor manera de resolver el conflicto y disponer el caso, tomando en cuenta la necesidad de proteger a la comunidad, las necesidades de las víctimas y la rehabilitación y castigo del delincuente. El proceso de círculo de sentencia normalmente se lleva a cabo dentro del proceso de justicia penal, incluye a profesionales de la justicia y apoya el proceso de sentencia);
4. Los círculos promotores de paz; y 
5. La libertad condicional reparativa y las juntas y paneles comunitarios.

Por último, el manual de la UNODC también se refiere a diversos foros de justicia nativa y determinadas costumbres caracterizadas por ser sistemas informales basados en la comunidad [o sistemas de justicia no estatales], desarrollados mediante un procedimiento informal y deliberado, que vienen a demostrar que la justicia restaurativa forma parte de muchas culturas. En otros in albis ya hemos tenido ocasión de referirnos –por ejemplo– al Código de Lapir ugandés, el Zwelethemba sudafricano, el Fokonolona malgache, los duelos de canciones bosquimanos, la justicia tribal de la nación de los indios navajo, la yakala polinesia, los polémicos tribunales Gacaca de Ruanda, la peregrinatio ex poenitentia a Santiago de Compostela, los Shalish de Bangladés, los barangay de Filipinas, el ho´oponopono de Hawái o los modernos Teen Courts de Estados Unidos.

Como recuerda el Antiguo Testamento: Es un honor para el hombre evitar las disputas, pero el necio provoca su estallido (Proverbios, 20, 3).

La violencia en el arte rupestre

Hace entre 30.000 y 10.000 años, los seres humanos que vivieron en aquel tiempo se convirtieron en los autores de las primeras manifestaciones artísticas de la Humanidad al crear auténticas obras de arte [1] que consistían o bien en el denominado arte mobiliar (en relación con los útiles que podían transportar cuando se desplazaban: armas, adornos, bastones de mando, esculturas de bulto redondo, piezas rituales, etc.) o bien en el arte rupestre que ejecutaban sobre las paredes rocosas de las cuevas que habitaban, por ejemplo, en el arco mediterráneo de la Península Ibérica, desde el Algarve portugués hasta la comarca del Maestrazgo en Castellón. Aquellas pinturas consistían, en su mayoría, en trazos de signos (reales o imaginarios) o en figuras de animales (caballos, bisontes, renos, cabras, aves….) y, en mucha menor medida, en representaciones humanas. Es imposible creer –como ha señalado David Lewis-Williams [2]– que las comunidades del Paleolítico Superior fuesen socialmente idílicas porque los seres humanos vivieron en comunidades forjadoras de historia y eso significa que existieron tensiones y conflictos sociales; de ahí la singularidad de algunos barrancos del levante español, cuya decoración muestra no solo escaramuzas y combates de arqueros entre tribus sino lo que parece ser la imagen de ¿un magnicidio?

 

En 1916, un sacerdote de origen alemán, que acabó obteniendo la nacionalidad española, Hugo Obermaier, publicó en Madrid un libro [3] con el resultado de sus campañas e investigaciones paleontológicas y prehistóricas por muchos de los principales yacimientos del país. Dos años después, participó en el equipo que descubrió el Barranco castellonense de Valltorta y, en 1925, reescribió aquella obra para publicar una nueva edición más actualizada. En aquellas páginas describe una de las pinturas más sorprendentes de la Cueva Saltadora que reproduce a un personaje mortalmente herido, alcanzado por las flechas en la nuca, en la cadera y en ambas piernas, en el momento de desplomarse. En su caída despréndese la diadema de la cabeza, indicando este adorno, único en su género hasta la fecha en el arte rupestre levantino, que se debía tratar de un personaje muy importante, y, al parecer, la caída del guerrero debía de llevar aparejada la del símbolo de su fuerza y de su prestigio. Por el hecho de no estar representados los atacantes de la víctima, que, por lo tanto, aparece alcanzada por dardos disparados por manos invisibles, deducimos que estamos aquí en presencia de un ejemplo paleolítico de magia hostil o de inutilización (…) consideramos también las representaciones de escenas de combate (Alpera, Morella la Vella), no como acontecimientos históricos, sino como imágenes escénicas confeccionadas antes de haber tenido lugar las luchas, asaltos o sorpresas que representan.

 

La magia hostil de ese dibujo, según Obermaier, se representaba por el procedimiento de hechizar y “matar” previamente in effigie a un adversario que se deseaba inutilizar antes de efectuar realmente el ataque contra él. Aquellas figuras eran más temidas por los Primitivos que las armas e incluso la superioridad de los enemigos.

 

PD Citas: [1] MOURE, A. El origen del hombre. Madrid: Historia 16, 1997, p. 99. [2] LEWIS-WILLIAMS, D. La mente en la caverna. Madrid: Akal, 2005, p. 274. [3] OBERMAIER, H. El hombre fósil. Madrid: Istmo, 1985, pp. 290 a 292.

La copla también sabe de leyes

Ella que envolvía a sus enamorados igual que los vendavales cayó seducida por un hombre moreno que se llevó pa toda la vida la rosa de sus rosales. Mucho te quiero y me muero mujer, mucho te juro por Dios y si te vi no me acuerdo después. La mujer corrió como loca, buscando la reja a donde de otra los besos bebía. Y un grito de muerte se oyó en la calleja mientras que unos ojos quedaban sin vida. Vayan los jueces pasando vayan firmando, que está esperando Lola Puñales, que no me importa la pena de ir a la trena, que estoy serena y en mis cabales. Lo maté y a sangre fría por hacer burla de mí y otra vez lo mataría si volviera a revivir, con que apunte el escribano al causante de mis males por jurar cariño en vano sin siquiera temblarle la mano lo mató Lola Puñales. Así canta la magnífica creación -como se dijo en su época- que Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga compusieron en los años 40; una singular copla que popularizó Concha Piquer, en 1948.

Según la tradición popular, los afamados autores de otros grandes éxitos de este género como A la lima y al limón, Tatuaje, A tu vera, Y sin embargo te quiero o La zarzamora se basaron en un crimen que realmente debió ocurrir a finales del siglo XIX, cuando la cordobesa María de los Dolores Castro y León asesinó al hombre que la engañó con falsas promesas; siendo condenada a cadena perpetua en un presidio de Cartagena (Murcia) porque la Justicia de aquel tiempo, al parecer, tuvo en cuenta el atenuante de crimen pasional.

Lola Puñales es tan solo una buena muestra de la perspectiva jurídica con la que pueden analizarse las letras de la llamada canción española. Como ha reconocido la profesora Rosa Peñasco: ¿Quién puede negar que la copla sabe de leyes si describe como nadie la pasión, los amores tórridos, los abandonos más dañinos, los celos, el amor legalizado y el prohibido por las leyes, el cariño de los hijos y las más variadas relaciones amorosas….? Es evidente que todos deberíamos conocer este “Derecho de la pasión” porque rara es la persona que directa o indirectamente (…) no se encuentra en una de las situaciones contempladas por el Derecho de Familia [PEÑASCO, R. La copla sabe de leyes. Madrid: Alianza, 2000, pp. 21 y 22].

Las características de los tribunales, según el TEDH

El Art. 117.3 de la Constitución española dispone que El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. Este precepto es una buena muestra de la tradición jurídica que, en España, suele distinguir entre “juzgados” y “tribunales” para referirse a los órganos judiciales unipersonales y colegiados, respectivamente. Este es el criterio español pero, en el ámbito del Consejo de Europa –donde convivimos 47 sistemas jurídicos a veces tan distintos como distantes– cada Estado parte del sistema de Estrasburgo juzga y hace ejecutar lo juzgado de acuerdo con la estructura para administrar justicia que se ha establecido en su propio ordenamiento. Lógicamente, como esta organización es fruto de los rasgos característicos de cada nación, es posible que nos encontremos ante una pluralidad de órganos que planteen alguna dificultad a la hora de poder calificarlos –o no– como verdaderos “tribunales” en el sentido al que se refiere el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Por ese motivo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) viene afirmando que el término “tribunal” del Art. 6.1 [CEDH] no se refiere necesariamente a un órgano judicial en el sentido clásico, integrado en la organización judicial ordinaria del país [1]. Partiendo de esta base, en cada proceso que resuelve la Corte de Estrasburgo, hay que abstraerse de la mera denominación que emplee la legislación nacional para examinar lo que realmente importa: la función que desempeña ese órgano, en qué condiciones ejerce dicho cometido y que todo el procedimiento así como la misma existencia del “tribunal” se hallen previstos legalmente. Su objetivo último es evitar que la organización del sistema judicial se deje a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sino que se regule por una Ley emanada del Parlamento [2]. Lo más importante es la independencia del poder ejecutivo y de las partes en el asunto [3].

En esa misma línea, centrada más en el aspecto funcional del órgano que imparte justicia que en cuál sea su denominación particular, el criterio del TEDH ha reconocido que en esencia, un tribunal se caracteriza por su función jurisdiccional; es decir, decide sobre los asuntos que sean de su competencia, basándose en el imperio de la ley mediante un proceso llevado a cabo en la forma prescrita [4]; como viene resolviendo desde el caso Belilos contra Suiza [5], cuando la señora Marlène Belilos cuestionó que la Dirección General de Policía de su cantón fuese un verdadero “tribunal” que pudiera sancionarla con una multa de 200 francos suizos por haber participado en una manifestación no autorizada. En su opinión, el procedimiento sancionador de este órgano no respetó sus derechos y Estrasburgo le dio la razón.

Lo importante es que ese “tribunal” dicte resoluciones que sean obligatorias: En opinión de la Corte, la potestad de dictar resoluciones vinculantes que no puedan ser modificadas por autoridades no judiciales en detrimento de ninguna de las partes es inherente a la noción de “tribunal”, de acuerdo con la expresión: el que decide. Así podremos diferenciar un verdadero juzgado o tribunal de otros órganos que tan solo formulan recomendaciones o dictan opiniones; sin embargo, aunque no cabe duda de que el desempeño de la función jurisdiccional es la razón de ser de un órgano judicial, la jurisprudencia europea también ha remarcado que esa característica, por sí sola, no basta.

Un “tribunal”, además, debe cumplir con otras condiciones: Aceptando que ejercer funciones jurisdiccionales no es suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte (…) el uso del término “tribunal” se garantiza solo para aquellos órganos que reúnan una serie de requisitos: la independencia del poder ejecutivo y de las partes en el proceso, la duración del mandato de sus miembros y las garantías procesales ofrecidas, que aparecen en el Art. 6.1 [7].

Por ejemplo, cuando el Gobierno de Rabat expropió la finca que Pierre Beaumartin poseía en la provincia marroquí de Kenitra, este ciudadano francés consideró que la cantidad que recibió a cambio de sus 400 hectáreas no era justa y reclamó el justiprecio, por la vía contencioso-administrativa, a un tribunal parisino que, al examinar el asunto se inhibió en favor del Consejo de Estado y éste, a su vez, consultó al Ministerio de Asuntos Exteriores, al tratarse de una indemnización que se había pactado en el marco de un acuerdo internacional suscrito entre ambos países. Finalmente, este órgano administrativo fue el que resolvió el conflicto judicial y, disconforme con la decisión, el asunto acabó en Estrasburgo. La Corte consideró que se había violado su derecho a un proceso equitativo porque En résumé, la cause des requérants n’a pas été entendue par un "tribunal" indépendant et de pleine juridiction [8].

Esa misma presunción de que no nos encontramos ante un tribunal independiente y con plena jurisdicción ocurrió, por ejemplo, con los Court Martial [Tribunales Marciales] británicos, donde los oficiales eran nombrados ad hoc, carecían de formación jurídica y estaban sujetos a la disciplina del cuerpo militar [9]; o los National Security Courts [Tribunales Nacionales de Seguridad] de Turquía; órganos colegiados integrados por dos jueces civiles y uno militar que velan por resolver las conductas que afecten a la existencia y estabilidad de la República, su integridad y unidad nacional, “de forma rápida y adecuada”. La singular composición de estos tribunales especiales ha generado numerosas denuncias ante la Corte por dudarse de su independencia e imparcialidad, en concreto, del magistrado castrense que, por formar parte de las Fuerzas Armadas, está sujeto a la disciplina jerárquica militar, aspecto que cuestiona la posibilidad de que llegue a recibir órdenes de sus superiores en el Ejército o de la propia Administración [10].

Finalmente, otros elementos que se deben tener en cuenta para sembrar serias dudas sobre la independencia de un tribunal son: que sus miembros desempeñen la función jurisdiccional por periodos que se consideren demasiado breves (en el mismo asunto de Ibrahim Incal, el TEDH cuestionó que los polémicos magistrados fuesen renovados cada cuatro años); que no se garantice la inamovilidad de los jueces como un elemento clave de su independencia [11]; o, como es evidente, que los magistrados concedan entrevistas a los medios de comunicación, antes de dictar sentencia, dando a entender cuál será el sentido de su fallo [12]. Asimismo, el TEDH ha enfatizado la necesidad de vigilar la imparcialidad de todo el proceso: la Corte considera que el Art. 6.1 CEDH establece la obligación sobre todo órgano jurisdiccional nacional para comprobar si, en su composición, se trata de "un tribunal imparcial" en el sentido de dicha disposición [13]. Sin duda, la apariencia tanto de independencia como de imparcialidad son necesarias para que los ciudadanos puedan confiar en la Justicia y que ésta aleje su acción de la imagen de oscurantismo y secretismo que caracterizó el sistema penal inquisitivo.

PD Citas de jurisprudencia: [1] Caso Campbell y Fell contra Reino Unido (nº 7819/77, de 28 de junio de 1984, §76). [2] Caso Oleksadr Volkov contra Ucrania (nº 21722/11, de 9 de enero de 2013, §150). [3] Caso de Wilde, Ooms y Versyp contra Bélgica (nº 2899/66, de 18 de junio de 1971, §78). [4] Caso Julius Kloiber Schlachthof GmbH y otros contra Austria (nº 21565/07, de 4 de abril de 2013, §28). [5] Caso Belilos contra Suiza (nº 10328/83, de 29 de abril de 1988, §64). [6] Caso van de Hurk contra los Países Bajos (nº 16034/90, de 19 de abril de 1994, §45). [7] Caso Le Compte, van Leuven y de Meyere contra Bélgica (nº 7238/75, de 23 de junio de 1981, §55). [8] Caso Beaumartin contra Francia (nº 15287/89, de 24 de noviembre de 1994, §39)]. [9] Caso Morris contra Reino Unido (nº 38784/97, de 26 de febrero de 1992, §72)]. [10] Caso Incal contra Turquía (nº 41/1997/825/1031, de 9 de junio de 1988, §68)]. [11] Caso Baka contra Hungría (nº 20261/12, de 27 de mayo de 2014, §99). [12] Caso Buscemi contra Italia (nº 29569/95, de 16 de septiembre de 1999, §68). [13] Caso Remli contra Francia (nº 16839/90, de 23 de abril de 1996, §48).

San Judas Tadeo: el abogado de los casos difíciles

En la tradición católica, la oración que se reza a este santo ya nos recuerda que El nombre del traidor que entregó a tu amado Maestro en las manos de sus enemigos [en referencia a su tocayo: Judas Iscariote], ha sido la causa de que tú hayas sido olvidado por muchos; pero la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Por ese motivo, sus devotos le piden: Ruega por mí. Estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Aunque san Judas Tadeo no es el patrono de los abogados –privilegio que le corresponde a san Ivo o a san Raimundo de Peñafort, según la costumbre de cada lugar– a este apóstol se le suele calificar como el “abogado de las causas perdidas”. ¿Por qué?

El curtidor de pieles Simón y el carpintero Judas Tadeo (…) eran hermanos de Santiago el Menor y tenían por padres a María, hija de Cleofás, y a Alfeo, quien según se dice, era hermano carnal de san José. Jesús acogió a sus primos entre los doce apóstoles. Predicó en Mesopotamia, Arabia y Persia donde acabó siendo decapitado. Según el periodista alemán Albert Christian Sellner: la veneración de san Judas como auxiliador en situaciones desesperadas fue fomentada sobre todo por los jesuitas, por lo cual, a veces se le denomina, en broma, el ministro de hacienda de la Compañía de Jesús [SELLNER, A. C. Calendario perpetuo de los santos. Barcelona: Edhasa, 1994, pp. 384 y 385].

¿Cómo se resuelven las controversias marítimas, aéreas y espaciales?

Los Arts. 279 a 299 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –hecha en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982 (según el profesor Tullio Treves, los más de 400 artículos de su texto y los nueve anexos que forman parte integrante de ella son el producto más extenso y detallado de actividad codificadora que los Estados jamás hayan emprendido y completado con éxito bajo el patrocinio de las Naciones Unidas– regulan la solución de controversias, obligando a los Estados Parte a procurar su solución por los medios indicados en el párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas; en referencia los medios dispuestos en este precepto para el arreglo pacífico de conflictos: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Los mecanismos establecidos en esta Convención se aplicarán sólo cuando no se haya llegado a una solución por ese medio y el acuerdo entre las partes no excluya la posibilidad de aplicar otro procedimiento (Art. 281). A continuación, el Art. 287 dispone los cuatro medios que los Estados pueden elegir libremente mediante una declaración escrita, para la solución de las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención: a) El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (…); b) La Corte Internacional de Justicia; c) Un tribunal arbitral constituido de conformidad con el Anexo VII; y d) Un tribunal arbitral especial, constituido de conformidad con el Anexo VIII, para una o varias de las categorías de controversias que en él se especifican.

Por lo que se refiere al espacio aéreo, la resolución de controversias sobre la interpretación o la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que se adoptó en Chicago, en 1944, se regula en el capítulo XVIII de este tratado internacional: Si surge un desacuerdo entre dos o más Estados contratantes (…) que no pueda ser solucionado mediante negociaciones, será decidido por el Consejo [uno de los principales órganos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), junto a la Asamblea], a petición de cualquier Estado interesado en el desacuerdo. Asimismo, su Art. 85 establece que Si un Estado contratante parte en una controversia en que se ha apelado de la decisión del Consejo, no ha aceptado el Estatuto de la Corte Permanente Internacional de Justicia [esta referencia, escrita en 1944, debe entenderse que se refiere a la actual CIJ] y si los Estados contratantes partes en la controversia no pueden concordar en la elección del tribunal de arbitraje, cada uno de los Estados contratantes partes en la controversia designara un Árbitro y éstos nombrarán un tercero.

Por último, en el conjunto de tratados internacionales que conforman el denominado Corpus Iuris Spatialis, tan solo el Convenio sobre la Responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales [A/RES/2777 (XXVI), de 29 de noviembre de 1971] prevé un sistema para tratar de resolver las controversias que puedan surgir en la exploración del espacio ultraterrestre: la Comisión de Reclamaciones, prevista en los Arts. XIV a XX. Si no se logra resolver una reclamación mediante negociaciones diplomáticas (…), en el plazo de un año a partir de la fecha en que el estado demandante haya notificado al estado de lanzamiento que ha presentado la documentación relativa a su reclamación, las partes interesadas, a instancia de cualquiera de ellas, constituirán una comisión de reclamaciones; compuesta por tres miembros. Su decisión será firme y obligatoria si las partes así lo han convenido; en caso contrario, la comisión formulará un laudo definitivo que tendrá carácter de recomendación y que las partes atenderán de buena fe.

La regulación internacional de la protección civil

No es difícil establecer un cierto paralelismo entre la iniciativa que tuvo Henri Dunant, tras presenciar los horrores de la batalla de Solferino, para crear la Cruz Roja y sentar las bases del moderno Derecho Internacional Humanitario; con la propuesta del médico castrense francés, Georges Saint-Paul, que fundó la Association des Lieux de Genève [literalmente: Asociación de los Lugares de Ginebra] en París, el 28 de mayo de 1931, tras participar en la I Guerra Mundial y comprobar, en primera persona, las atrocidades que se cometían contra la población civil; por ese motivo, se planteó la necesidad de crear unos lugares concebidos como zonas neutrales o áreas seguras para que determinados colectivos –como mujeres, niños, enfermos o ancianos– encontraran refugio durante el desarrollo de una contienda. Seis años más tarde, aquella Asociación trasladó su sede a Ginebra (Suiza) y pasó a denominarse The International Association for the Protection of Civilian Populations and Historic Buildings in Wartime [Asociación internacional para la protección de la población civil y los monumentos históricos en tiempo de guerra] que ejerció una notable influencia en la redacción del IV de los Convenios de Ginebra de 1949, como veremos a continuación. Finalmente, en 1958, esta ONG adquirió su actual seña de identidad y se convirtió en la International Civil Defence Organisation (ICDO) u Organización Internacional de Protección Civil (OIPC).

La primera gran referencia normativa sobre protección civil, en el ámbito del Derecho Internacional, la encontramos implícita en el Art. 10 del IV Convenio de Ginebra, de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, cuando –al establecer las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja– señaló que Las disposiciones del presente Convenio no serán óbice para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como cualquier otro organismo humanitario imparcial, emprenda para la protección de las personas civiles y para los socorros que, previa aceptación de las Partes en conflicto interesadas, se les haya de proporcionar. A continuación, el Art. 14 de aquel acuerdo humanitario introdujo la idea propuesta por Saint-Paul de establecer zonas y localidades sanitarias y de seguridad: En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, después del comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto, podrán designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de manera que se pueda proteger contra los efectos de la guerra a los heridos y a los enfermos, a los inválidos, a los ancianos, a los niños menores de quince años, a las mujeres encintas y a las madres de niños de menos de siete años.

De forma más explícita, la «protección civil» se definió –tres décadas más tarde, en el Art. 61.a) del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (PAI CG), de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales– como el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas son las siguientes: 1. Servicio de alarma; 2. Evacuación; 3. Habilitación y organización de refugios; 4. Aplicación de medidas de oscurecimiento; 5. Salvamento; 6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa; 7. Lucha contra incendios; 8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas; 9. Descontaminación y medidas similares de protección; 10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas; 12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables; 13. Servicios funerarios de urgencia; 14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; 15. Actividades complementarias necesarias para el desempleo de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización.

La letra b) del mismo precepto dispuso qué debemos entender por «organismos de protección civil»: son los establecimientos y otras unidades creados o autorizados por la autoridad competente de una Parte en conflicto para realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y destinados y dedicados exclusivamente al desempleo de esas tareas. Este articulado forma parte del capítulo VI (Arts. 61 a 67 PAI CG) que regula los servicios de protección civil. Paradójicamente, el Protocolo Adicional II –relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional– no reguló nada similar ni previó ningún régimen específico para las tareas desarrolladas por las personas, el material o los bienes pertenecientes al servicio de protección civil del Estado Solidario en esta segunda clase de confrontaciones bélicas (un buen ejemplo de vacío legal).

Por último, el marco jurídico internacional de la protección civil se completa con otras tres disposiciones: 1) la Constitución de la OIPC, de 1966 (en vigor, desde 1972), redactada por los Estados contrastantes (…) a fin de intensificar y coordinar a escala mundial, el desarrollo y perfeccionamiento de la planificación, de los métodos y de los medios técnicos que permitan prevenir y atenuar las consecuencias de las catástrofes naturales en tiempo de paz, o del empleo de las armas en tiempo de guerra; 2) El Reglamento Interior de la OIPC, que desarrolló aquella norma fundamental, en 1974; y 3) El Convenio marco de asistencia en materia de protección civil [Framework Convention on Civil Defence Assistance], hecho en Ginebra, en 2000, con el propósito de fomentar la cooperación internacional en materia de protección civil tanto en los ámbitos de la prevención, la previsión, la preparación, la intervención y la gestión tras la crisis en beneficia de las víctimas de las catástrofes y para la salvaguarda de los bienes y del media ambiente.

PD: Junto a estas disposiciones internacionales convive un ingente catálogo de normativa local (por ejemplo: el Plan territorial de protección civil del municipio de Valladolid), autonómica (Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León), nacional (Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil), bilateral (Convenio sobre cooperación técnica y asistencia mutua en materia de Protección Civil entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de 21 de enero de 1987) y comunitaria (Decisión nº 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, que tiene por objetivo reforzar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros y facilitar la coordinación en el ámbito de la protección civil con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales o de origen humano).

Las organizaciones intergubernamentales africanas

Junto a la actual Unión Africana [(UA) antigua Organización para la Unidad Africana] y la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA) –a las que ya hemos tenido ocasión de referirnos en anteriores in albis– hoy vamos a repasar otras organizaciones intergubernamentales del continente, citándolas de forma cronológica porque, como recuerda el profesor Remiro Brotóns, dentro de la sopa de siglas que África ofrece a la cooperación interestatal, las distintas regiones -Magreb, Occidente, Centro, Oriente y Sur- cuentan al menos con una organización de bandera [1]. Sin olvidar que la fragmentación es endémica en África. La fragmentación étnica, lingüística y política es en parte responsable de (...) la debilidad política del continente [2]. Con más de 2.500 grupos étnicos, y lenguas correspondientes, confinados en fronteras arbitrarias y artificiales (...) el Estado heredado de la colonización se caracteriza por la ausencia total de conciencia nacional y por la dependencia del exterior [3]; de ahí la trascendencia que han ido adquiriendo las distintas agrupaciones regionales.

En 1965, gracias a la iniciativa del presidente liberiano, William Tubman, Costa de Marfil, Guinea, Liberia y Sierra Leona firmaron un acuerdo para avanzar en la integración económica de sus respectivas naciones que se desarrolló plenamente diez años después cuando se adoptó el Tratado de Lagos, el 28 de mayo de 1975, por el que se creó la Comunidad Económica de Estados de África Occidental [Economic Community of West African States (ECOWAS)] con el objetivo de configurar un gran bloque comercial, basado en la cooperación económica, que fuera capaz de lograr su plena autosuficiencia. Hoy en día, la ECOWAS engloba a quince países de la región: los cuatro fundadores más Benín, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Nigeria, Senegal y Togo. Otros tres miembros (Burkina Faso, Malí y Níger) fueron suspendidos entre 2021 y 2023 (creando la Alianza de Estados del Sahel); además del Estado fundador Guinea (2021). 

De forma análoga, en 1980, los Estados meridionales se reunieron en la Southern African Development Co-ordination Conference (SADCC) que se desarrolló en Lusaka (Zambia) y que se convirtió en el germen de la actual Comunidad de Desarrollo de África Austral [Southern African Development Community (SADC)], establecida el 17 de agosto de 1992 mediante el Tratado SADC que se aprobó durante la cumbre de Jefes de Estado que se celebró en Windhoek (Namibia). Como la anterior, también engloba a quince países: Angola, Botsuana, R. D. del Congo, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue que persiguen lograr el desarrollo y el crecimiento económico, reducir la pobreza, mejorar el nivel y calidad de vida de los pueblos del sur de África y apoyar a las personas socialmente desfavorecidas a través de la integración regional.

En ese contexto, era inevitable que este proceso también afectase al norte del continente y, el 17 de febrero de 1989, los representantes de Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez crearon la Unión del Magreb Árabe (UMA), retomando los principios que se habían debatido en la Declaración de Zeralda (Argelia), un año antes, basados en los tres elementos que unen a las naciones magrebíes (historia, religión e idioma comunes).

Asimismo, conviene reseñar otras siete entre las más de 200 organizaciones interafricanas de toda índole, destinadas a resolver los problemas complejos del desarrollo; como ha señalado el profesor congoleño Mbuyi Kabunda Badi son un buen ejemplo de que los gobernantes africanos han adoptado la integración regional como estrategia de desarrollo [4]:

• La Autoridad Liptako-Gourma (ALG) creada en la capital burkinesa, Uagadugú, en 1970, por Malí, Burkina Faso y Níger para desarrollar sus regiones fronterizas;
• La Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL) [Economic Community of the Great Lakes Countries o Communauté Économique des Pays des Grand Lacs] creada, en 1976, por los estados ribereños de esta región: Burundi, la República Democrática del Congo y Ruanda, donde tiene establecida su sede en al ciudad de Gisenyi.
• La Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) se estableció en 1985 y cuenta, en la actualidad, con diez Estados miembro: Angola, Burundi, Camerún, Congo, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Su misión es promover y reforzar la cooperación armoniosa y el desarrollo equilibrado de sus integrantes. Tiene su sede en la capital gabonesa: Libreville.
• La COMESA [Common Market for Eastern and Southern Africa (Mercado Común de África Oriental y Austral)] que se estableció por el Tratado de Kampala (Uganda), en 1993, y se ratificó al año siguiente en Lilongue (Malaui);
• La Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA, del francés Union économique et monétaire ouest-africaine) está integrada por Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. Se creó en Dakar el 10 de enero de 1994 con el objetivo de lograr su integración.
• La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo [Intergovernmental Authority on Development (IGAD)] que reúne ocho Estados del Cuerno de África [Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uganda y Yibuti], desde 1996, para incrementar la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la cooperación e integración económica y el mantenimiento de la paz y seguridad en la región;
• La Comunidad del África Oriental [East African Community (EAC)] de Kenia, Tanzania y Uganda, formada el 30 de noviembre de 1999 por un Tratado que se firmó en la Estrasburgo africana: Arusha (Burundi y Ruanda se incorporaron en 2007; y Sudán del Sur, en 2016), para profundizar en su integración social, cultural, política y económica.
• Y la mencionada Alianza de Estados del Sahel (AES) creada el 16 de septiembre de 2023 por las juntas militares de tres de los estados miembros suspendidos por la ECOWAS: Malí, Níger y Burkina Faso.

Finalmente, la Unión Aduanera de África del Sur [Southern African Customs Union (SACU)] presume de ser heredera de la unión aduanera más antigua del mundo ya que sus orígenes se remontan a la Customs Union Convention entre la colonia británica del Cabo de Buena Esperanza y la República Bóer del Estado Libre de Orange, de 1889, que en 1910 -cuando se creó la Unión Sudafricana- se extendió a los actuales territorios de Lesotho, Bostsuana, Namibia y Suazilandia. Desde entonces, los tratados se han renovado en 1969 y 2002, estableciendo su sede en Windhoek (Namibia).

Cita: [1] REMIRO BROTÓNS, A. "El riesgo de un continente fallido". En: KABUNDA BADI, M. La integración africana. Problemas y perspectivas. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1993, p. 21. [2] BURGOS, B. Culturas africanas y desarrollo. Intentos africanos de renovación. Madrid: Fundación Sur, 2007, pp. 566 y 567. [3] KABUNDA BADI, M. "Relaciones internacionales africanas y relaciones interafricanas en la era de la globalización". En: África en el horizonte. Madrid: Catarata, 2006, p. 75. [4] KABUNDA BADI, M. La integración africana. Problemas y perspectivas. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 1993, p. 24.

La apostilla de La Haya

Según el Diccionario de la RAE, una apostilla es una acotación que comenta, interpreta o completa un texto. En el ámbito jurídico, este trámite –como recuerda el Ministerio de Justicia español– consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación del mismo, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo; es decir, gracias a esta nota, los documentos emitidos en un país que haya firmado este Convenio de la ciudad holandesa y sean certificados por una apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro Estado parte del Convenio sin necesidad de ningún otro tipo de autenticación. Este acuerdo entró en vigor, en España, el 25 de septiembre de 1978.

En sentido contrario, la falta de apostilla de La Haya en los documentos aportados por la beneficiaria –a la hora de cobrar su pensión de jubilación, la demandante no pudo acreditar el tiempo que cotizó en Venezuela– no pueden ser considerados documento público extranjero, en los términos previstos en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suscitando incluso dudas de su autenticidad como documentos privados, tal y como igualmente la representación de la entidad gestora [la Tesorería General de la Seguridad Social] ha puesto reiteradamente de manifiesto, como ha señalado la sentencia del Tribunal Superior de Galicia 3642/2015, de 7 de mayo [ECLI:ES:TSJGAL:2015:3642].