El origen del término «lawfare»

En España fue a partir del inicio de la XV legislatura en 2023 cuando, de forma más acusada, la crónica política nacional ha popularizado el uso de la palabra inglesa «lawfare» que la Fundéu (*) recomienda sustituir por las alternativas: persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política; pero, a pesar de su uso tan cotidiano, este anglicismo no se menciona expresamente en ninguna disposición de nuestro ordenamiento jurídico y tan solo se cita -a la hora de redactar esta entrada del blog- en apenas seis resoluciones judiciales y todas ellas se dictaron en 2024: por un lado, tres autos del Tribunal Supremo [por ejemplo, el 30 de septiembre de 2024, el ATS 11629/2024, se refería a las situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política]; y, por otro, tres sentencias: una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la segunda del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander y la tercera, de modo tangencial, del Juzgado de lo Social nº 1 de Orense.

Para la politóloga Tirado Sánchez: (…) El concepto lawfare (o guerra judicial) remite, sin duda, al ámbito jurídico pero tiene un origen que da pistas sobre su naturaleza: el ámbito militar. El mismo término está compuesto por una suerte de contracción de dos palabras en inglés law y warfare, ley y guerra. Y tanto en su surgimiento como su desarrollo la guerra es un aspecto no menor. No obstante, este detalle suele eludirse en los análisis hasta el punto de difuminar la naturaleza eminentemente militar del lawfare.

Y añade: Se suele considerar al general estadounidense Charles Dunlap como el creador del concepto por el impacto que tuvo su trabajo a la hora de asentarlo en la comunidad de los estudios militares y de seguridad, pero en realidad fue quien lo popularizó. En 2001 publicó un artículo en el que acuñó el vocablo lawfare como el uso de la ley para lograr objetivos políticos y militares. Aunque ya venía utilizando el término desde finales de los años noventa e, incluso, existen registros con distintas aplicaciones de la palabra lawfare en el ámbito jurídico desde 1957, no necesariamente vinculadas a lo militar o al ámbito del derecho internacional, Dunlap pretendía destacar cómo la ley estaba cambiando la guerra, así como la nueva relación existente entre ambas esferas. A partir de este momento, se fue popularizando cada vez más en la literatura militar hasta llegar a formar parte del vocabulario político y periodístico [1].

En idéntico sentido se expresó el investigador Wagner Albujas: (…) el uso de la palabra lawfare comienza a ganar relevancia a partir de los aportes al tema del General de División Charles Dunlap, asesor Jurídico de la Fuerza Aérea estadounidense, quien, en una conferencia en la Universidad de Harvard en el año 2001, la definió como: “el uso de la ley como arma de guerra, es la característica más reciente del combate del siglo XXI” (…). En ese mismo escenario aseveró: “el lawfare describe un método de guerra en el que el derecho se utiliza como medio para la realización de un objetivo militar” (…). Esta posición ilustra su visión con respecto al lawfare, insertándolo en la dimensión de lo militar y lo vincula a la doctrina de Defensa Nacional estadounidense [2]; pero, al precisar su origen, diversos autores -como el capitán Suberviola Gilabert [3] o el investigador León Castro [4]- aun reconociendo la relevancia divulgativa que tuvo Dunlap también coinciden en reconocer que la expresión «lawfare» ya había sido empleada con anterioridad en el artículo de prensa titulado «Whither Goes the Law. Humanity or Barbarity» [“A dónde va la ley: humanidad o barbarie”] publicado en Melbourne (Australia) en 1975 por John Carlson y Neville Yeomans; donde ambos autores contraponen lo que ellos llaman el “derecho utilitario” frente al “derecho humanista” (…) Haciendo evidente una lógica perversa de recuperar poder por la vía de la judicialización del actuar político en la toma de decisiones [4].

Al otro lado del Atlántico, el «lawfare» -entendido como una guerra judicial con fines políticos [5]- ha sido uno de los temas más polémicos desde que finalizó la Guerra Fría en los años 90, donde se dirige expresamente a “desmoralizar o deslegitimar” al adversario político por la vía jurídica. Se articula con medios de comunicación que quitan el apoyo popular al líder, mediante la criminalización y estigmatización;  incluye otras herramientas de desestabilización económica (por ejemplo, sanciones económicas o presión mediante decisiones de las IFI) [los autores se refieren con esta abreviatura a  las Instituciones Financieras Internacionales] y política (aislamiento diplomático, votaciones en organismos internacionales) que fluyen a través de la arquitectura institucional construida desde hace décadas en torno a la asistencia para el desarrollo [6].

Citas: [1] TIRADO SÁNCHEZ, A. “El lawfare en América Latina: lecciones para el Estado español”. En: Jueces para la Democracia, 2024, nº 109, pp. 7 y 8. [2] WAGNER ALBUJAS, J.  G. “El lawfare y  su  inserción  en América Latina”, En: Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho, 2020, vol. 1, nº 2, p. 5. [3] SUBERVIOLA GILABERT, J. R. “Lawfare. El uso del derecho como arma”. En: Revista Española de Derecho Militar. 2016, nº 106. [4] LEÓN CASTRO, E. “La encrucijada del Lawfare entre la judicialización y mediatización de la política”. En: Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho, 2020, vol. 1, nº 1, p. 87. [5] ROMANO, S. Mª (Compiladora) Lawfare: guerra  judicial  y  neoliberalismo  en  América  Latina. Buenos Aires: CELAG, 2019, p. 19. [6] ROMANO; S. Mª; LAJTMAN, T. & GARCÍA FERNÁNDEZ, A. “Imperialismo “soft”: asistencia de Estados Unidos y lawfare en América Latina”. En: Reoriente, 2023, vol. 3, nº 2, p. 101.