¿Qué es la deslegitimación institucional?

Esta curiosa doctrina criminológica formula una teoría relativamente sencilla: cuanta mayor confianza tengamos en las instituciones de un país, será menor su tasa de criminalidad y –por el contrario– si la sociedad considera que sus gobernantes carecen de legitimidad para desempeñar sus funciones, aumentarán las desigualdades sociales, se creará un clima de desconfianza y crispación hacia sus instituciones y, en último término, todo ello generará un incremento de la comisión de delitos, porque la gente no se sentirá representada por sus líderes y, por lo tanto, tampoco considerará que deba cumplir con unas reglas que ya no se estima que sean justas. Esta doctrina –que considera el crimen como un fenómeno social, poniendo la delincuencia en relación con la deslegitimación de las instituciones– fue formulada en 1998 por el profesor de la Universidad de Maryland (EE.UU.) Gary LaFree, en su libro Losing Legitimacy: Street Crime And The Decline Of Social Institutions In America.

Pensemos en un ejemplo reciente: ¿podría explicar esta doctrina la situación que se vive actualmente en Egipto con Mohamed Morsi, presidente del país y líder de los Hermanos Musulmanes, deslegitimando a golpe de decreto la autoridad que obtuvo en unas elecciones democráticas?

En opinión de este autor –que elaboró su doctrina para explicar el boom criminal que sufrieron los EE.UU. tras la II Guerra Mundial– el fracaso de las instituciones políticas, económicas y familiares agudiza las tasas de criminalidad de una nación. En ese contexto, los ciudadanos cumplirán con las normas, y cometerán menos delitos, cuando reconozcan que esas reglas son justos patrones de conducta y, al respetarlas, estarán otorgando legitimidad a las instituciones públicas, lo que -a su vez- vendrá a disuadir a los potenciales delincuentes.

Como sucede con cualquier teoría criminológica, el planteamiento de LaFree cuenta con fervientes defensores y acérrimos detractores; en todo caso, su constatación en la práctica necesita que existan unas estadísticas muy específicas –y fiables– para poder comparar las magnitudes económicas y sociales con las tasas de criminalidad.