Bajo la denominación de Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, este tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional –tal y como señala el Art. 268 de la actual Constitución Política del país, de 1985– fue el primero que se estableció en Latinoamérica. Tuvo su origen en las ponencias que se presentaron en el III Congreso Jurídico Guatemalteco, que se celebró en la capital en septiembre de 1964, donde se propuso crear un órgano con la facultad específica de examinar la conformidad de las disposiciones legislativas con los preceptos básicos de la Constitución, basándose en la doctrina de Hans Kelsen y en la experiencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania; como resultado, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó la Corte en los Arts. 262 a 265 de la Constitución de 15 de septiembre de 1965, aunque con un carácter transitorio –se reunía solo cuando tenía causas que resolver– y sin autonomía del poder judicial. Aquella primera etapa concluyó en 1982, como consecuencia del golpe de Estado que dio el ejército; cuando se retomó el orden constitucional, se reinstauró la Corte el 9 de junio de 1986, esta vez, ya como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado.
El segundo país fue Chile, mediante la reforma que introdujo la Ley 17.284, de 23 de enero de 1970, creándose el Tribunal Constitucional con la peculiaridad de que sus orígenes pueden remontarse a la Constitución Política de 1925, donde se estableció la posibilidad de que la constitucionalidad de la ley fuera controlada por un órgano ajeno al mismo Congreso Nacional; en el caso chileno, como el modelo que sirvió de referencia fue el Consejo Constitucional de la V República Francesa, al Tribunal se le asignaron facultades de control de constitucionalidad preventiva de la ley. Posteriormente, otras naciones fueron configurando sus propios órganos de garantía constitucional, como Ecuador, en 1978, o Perú, en 1980 (influenciado por su homólogo español).
Como nota curiosa, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana no es el más antiguo de las Américas –de hecho, se creó recientemente: el 26 de enero de 2010– pero sí puede presumir de que su sede albergó el primer tribunal del continente, la Real Audiencia de Santo Domingo, que el rey Fernando el Católico creó por una Real Cédula en 1511.
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