El ejército de EE.UU. y la política de Stop-loss

Desde el 30 de junio de 1926, el US Code [United States Code; literalmente, el Código de los Estados Unidos] recopila todas las leyes generales que se encuentran vigentes en este país norteamericano, ordenándolas por materias en 51 títulos y 5 apéndices. El órgano responsable de su revisión y publicación periódica es la Office of the Law Revision Counsel (OLRC) que depende del U.S. House of Representatives [la Cámara Baja del Congreso]. Dentro del Título 10 del Código –que reúne la legislación relativa a las Fuerzas Armadas [Armed Forces]– el subapartado E se refiere a la situación de reserva; su Parte II (secciones 12.001 a 12.774) regula el régimen del personal y, en concreto, el capítulo 1.209 se refiere al servicio activo. Es allí donde se incluye el parágrafo 12.305 sobre la autoridad del Presidente para suspender ciertas leyes relativas a la promoción, el paso a la reserva y la separación del cuerpo [Authority of President to suspend certain laws relating to promotion, retirement, and separation] que habitualmente reciben el sobrenombre de Política de Stop-loss [Stop-loss Policy] o prórroga involuntaria del alistamiento de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas. Su nombre procede de una herramienta bursátil que utilizan los inversores para establecer un punto a partir del cual quieren detener [stop] su actividad en la Bolsa para vender sus valores sin dañar su patrimonio ni llegar a perder [loss] el dinero que habían invertido si la cotización cae por debajo de ese umbral. Con este sistema, metafóricamente, el Ejército de EE.UU. no puede licenciar a ningún soldado si ello supone quedarse sin tropas.

Su puesta en práctica se remonta a la Guerra de Vietnam; durante aquel conflicto, cuando finalizaba el contrato laboral de un soldado con el Ejército, su puesto era ocupado por otra persona sin experiencia que necesitaba aclimatarse, lo que restaba efectividad a toda la unidad; por ese motivo, se decidió extender el alistamiento en diversas circunstancias: a los soldados que se licenciaran durante los 90 días previos a que su unidad se hubiera desplegado, a los que cumplieran el término de ese plazo mientras su unidad estuviese desplegada e incluso durante los 90 días posteriores a que su unidad hubiese regresado [URADNIK, K et al. (ed.) Battleground: Government and Politics. Santa Bárbara: ABC-CLIO, 2011, p. 562].

Esta política se retomó durante la Guerra del Golfo y fue entonces cuando el asunto acabó, por primera vez, en los tribunales estadounidenses. Los veteranos David W. Qualls y siete soldados a los que se anonimizó bajo el habitual apelativo de John Doe volvieron a alistarse en el marco del programa Try One durante un único año de contrato para servir en Iraq y Kuwait; pero, una vez que transcurrió ese tiempo, los mandos militares les ordenaron que se mantuvieran en sus puestos. En 2004, aquel caso fue desestimado por la Justicia al entender que, aunque los contratos no incluían ninguna cláusula relativa a su hipotética prórroga involuntaria, esa posibilidad estaba prevista expresamente en el US Code y, por lo tanto, al formar parte de las Fuerzas Armadas, se les podía aplicar si las circunstancias lo requerían. El juicio puso de relieve que el polémico Stop-loss podía acabar convirtiéndose en una servidumbre que atentara contra la libertad de los soldados que hubieran firmado un contrato laboral con el Ejército.