El TEDH y la singular crisis escolar de Transnistria (I)

El 19 de octubre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el asunto Catan y otros contra Moldavia y Rusia, declarando casi por unanimidad –dieciséis votos contra uno– que los 80 demandantes, un grupo de ciudadanos moldavos residentes en la región separatista de Transnistria, habían sufrido una injerencia en los derechos de los padres (…) a garantizar una educación y una enseñanza a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas, tal y como se proclama en el Art. 2 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, por ese motivo, el fallo de la Corte de Estrasburgo condenó a las autoridades que habían violado sus derechos, pero no sancionó a los poderes públicos de Moldavia, como podríamos haber supuesto, sino a los de Rusia porque, durante el período en cuestión, el Gobierno de Moscú era el Estado que ejercía un control efectivo sobre aquel territorio moldavo situado al Este del río Dniéster; es decir, los magistrados tuvieron en cuenta las verdaderas circunstancias políticas que rodeaban el caso antes de impartir justicia.

Para comprender el sentido de este singular fallo es conveniente que, en primer lugar, conozcamos los antecedentes histórico-jurídicos que motivaron esa crisis escolar. En 1978, la Constitución de la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia –entidad territorial que la URSS había creado el 2 de agosto de 1940, con amplias zonas de la Besarabia rumana, tras firmar con Alemania el Pacto Molotov-Ribbentrop– reconoció que sus idiomas oficiales eran el ruso y el moldavo escritos con el alfabeto cirílico pero, en el verano de 1989, volvió a introducir los caracteres latinos y convirtió el moldavo-rumano en su primera lengua oficial. A finales de aquel año, en su región oriental fronteriza con Ucrania se originó un movimiento de resistencia para su independencia de Moldavia que culminó el 2 de septiembre de 1990 cuando los separatistas anunciaron la creación de la “República de Moldavia de Transdniestria” («MRT») que, de forma unilateral, se independizó el 25 de agosto de 1991. Apenas dos días más tarde, tras el colapso de la antigua Unión Soviética, la actual República de Moldavia también declaró su independencia de Moscú incluyendo a la región secesionista de Transnistria, cuya población estaba compuesta, en aquel momento, por un 40% de ciudadanos de origen moldavo, un 28% de ucranianos, un 24% de rusos y el 8% restante pertenecían a otras nacionalidades.

La tensión entre Moldavia y Transnistria se recrudeció a finales de 1991 y comienzos de 1992 cuando el 14º Ejército de la URSS que, desde 1956, había tenido su sede en la capital moldava, Chisináu, fue acusado de distribuir material militar a los separatistas de Transnistria y de organizar a los separatistas en destacamentos militares que aterrorizaban a la población civil. Gracias a la intervención de la OSCE se alcanzó un Memorando de acuerdo entre ambas partes, en 1997, y se firmaron los Compromisos de Estambul, en 2002, por los que Rusia mostró su voluntad de retirar los efectivos militares de la zona; circunstancia que aún no se ha verificado por completo. Desde entonces, este conflicto todavía se mantiene latente y expectante por la guerra civil que afecta a la vecina Ucrania.

El asunto que llegó a Estrasburgo tuvo su base legal en tres preceptos que originaron la crisis escolar: 1) Según el Art. 12 de la Constitución de la MRT, sus lenguas oficiales son el moldavo, el ruso y el ucraniano; 2) El artículo 6 de la Ley de la MRT de Lengua, de 8 de septiembre de 1992, estableció que, a todos los efectos, el moldavo debe ser escrito con el alfabeto cirílico y que el uso del alfabeto latino puede constituir un delito; y 3) El Art. 200-3 del Código de la MRT sobre Infracciones Administrativas, de 19 de julio de 2002, reguló que: El incumplimiento por parte de las personas que ocupen cargos públicos, y otros cargos como en la administración del Estado, asociaciones públicas, así como en otras organizaciones, independientemente de su condición jurídica y forma de propiedad y en otras entidades, situadas en el territorio de la MRT, deberán respetar la legislación de la MRT sobre el funcionamiento de las lenguas en el territorio de la MRT... cuya infracción implica una responsabilidad en forma de multa equivalente al monto de 50 (cincuenta) salarios mínimos.

Como consecuencia, el 18 de agosto de 1994, las autoridades de la MRT prohibieron el uso de la escritura latina en los colegios; y, el 14 de julio de 2004, comenzaron a tomar medidas para cerrar todos los centros que enseñasen con este alfabeto. Ese mismo año, la policía de Transnistria asaltó diversas escuelas, desalojó a los niños y, en compañía de funcionarios de su Departamento de Educación, visitó a los padres para que les matricularan en un colegio inscrito en el régimen de la MRT. Presuntamente –como señala la sentencia– se les informó a los progenitores, que si no lo hacían, serían despedidos de sus puestos de trabajo y que incluso podrían ser privados de la patria potestad. Como resultado de esta persuasión, muchos de los progenitores sacaron a sus hijos del colegio y los matricularon en otra. Estos hechos ocurrieron en las localidades de Rîbniţa, Bender y Grigoriopol que, oficialmente, continúan siendo ciudades moldavas aunque este Gobierno admitió que no tiene competencia, en cuanto a la autoridad y control sobre el territorio de Transnistria.